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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05703-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05703-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ejército Nacional. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 28 de noviembre de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. TERCERO: AMPARAR el derecho al debido proceso de Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez. CUARTO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 4 de julio de 2024 dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, para que, dentro de un término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una sentencia de reemplazo de acuerdo con las consideraciones de esta providencia. QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. SEXTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-05703-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

20 de febrero de 2025

Demandante: Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y
otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05703-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado 11001-03-15-000-2024-05703-01
Demandante: WILSON DE JESÚS UPEGUI GUTIÉRREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Subsidio familiar.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte accionante contra el fallo de
28 de noviembre de 2024, por medio del cual la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado negó el amparo.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez, actuando por intermedio de apoderado,
interpuso el 23 de octubre de 20241 la presente acción de tutela en la que solicitó la
protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, familia, seguridad social,
mínimo vital, debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró transgredidas con lo
resuelto en la sentencia de 4 de julio de 2024, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Santander confirmó el fallo de 23 de febrero de 2023 en el que el
Juzgado 3. ° Administrativo del Circuito Judicial de San Gil negó las pretensiones en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68679-33-33-003-
2021-00015-00.

1.2. Peticiones de amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

Como consecuencia de todo lo anterior, solicito al honorable Consejo de Estado
que actuando como Juez Constitucional, ampare los derechos fundamentales al
debido proceso, el derecho al acceso a la administración de justicia, el derecho a
la igualdad de trato en la aplicación de la ley y los precedentes jurisprudenciales,
a los principios de favorabilidad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales configurándose vías de hecho judicial, que han
sido vulnerados por la autoridades judiciales al señor WILSON DE JESUS
UPEGUI y en consecuencia deje sin efectos las sentencias de fecha 23 de febrero
del 2023 y 04 de julio del 2024 , emitidas respectivamente por el JUZGADO

1 Según consta en el registro de Samai.

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Demandante: Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y
otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05703-01

TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SAN GIL y el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER dentro del proceso ejecutivo No.
68679333300320210001500 en cuanto decidieron el reconocimiento del subsidio
familiar en servicio con base en artículo 11 del decreto 1794 del 2000.2

1.3. Hechos

De la narración realizada en el escrito inicial y lo evidenciado en el expediente, se
resaltan las siguientes premisas fácticas:

El accionante se vinculó al Ejército Nacional como soldado voluntario en 1998,
posteriormente, fue homologado a soldado profesional a partir del 1. ° de noviembre
de 2003.

El 28 de octubre de 2009, el señor Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez contrajo
matrimonio con Martha Liliana Vergel Cárdenas.

Mediante el acto administrativo 1956 de 30 de septiembre de 2014 el Ejército Nacional
reconoció el subsidio familiar, a favor del actor, de acuerdo con lo estipulado en el
Decreto 1161 de 2014.

El 9 de marzo de 2020, el soldado Upegui Gutiérrez solicitó que se reliquidara la
mencionada prestación, pero con las disposiciones del Decreto 1794 de 2000. La
petición fue resuelta negativamente con el oficio 2020311000467431: MDN – CEFM –
COEJC – SECEJ – JEMGF – COPER – DIPER – 1. 10 de 13 de marzo de 2020.

Por lo anterior, el militar inició el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que fue asignado al Juzgado 3. ° Administrativo del Circuito Judicial de San
Gil con el radicado 68679-33-33-003-2021-00015-00. La primera instancia fue resuelta
con sentencia desestimatoria de las pretensiones de 23 de febrero de 2023, esto por
cuanto no se encontró reportada la novedad del cambio de estado civil del actor en
vigencia del Decreto 1794 de 2000.

Inconforme, el accionante presentó apelación que fue resuelta por el Tribunal
Administrativo de Santander que, con sentencia de 4 de julio de 2024, confirmó lo
resuelto por su a quo, por cuanto no se evidenció que hubiera informado sobre su
matrimonio sino hasta el 9 de marzo de 2020.

1.4. Fundamentos de la solicitud

Para la parte actora, las autoridades accionadas incurrieron en los defectos fáctico,
sustantivo, desconocimiento del precedente, decisión sin motivación y de violación
directa a la constitución.

Señaló que en las providencias atacadas se desconoció sin razón lo dispuesto en la
sentencia de 08 de junio de 20173, mediante la cual el Consejo de Estado declaró nulo,
con efecto retroactivo, el Decreto 3770 de 2009, que había revocado el Decreto 1794

2 Texto transcrito del original con posibles errores. Por otra parte, en el escrito inicial se incluyó en el

acápite de pretensiones 10 numerales; no obstante, se suprime de esta cita aquellos que corresponden
a enunciaciones probatorias.
3 Se refiere al fallo proferido dentro del expediente 11001-03-25-000-2010-00065-00 (0686-10)

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de 2000. Al respecto, resaltó que no reportó la variación de su estado civil en vigencia
del Decreto 1794 de 2000 por cuanto para ese momento el factor denominado subsidio
familiar había sido derogado por el Decreto 3770 de 2009, por lo que se trata de un
requisito de imposible cumplimiento en ese momento.

Argumentó que no fue sino hasta la declaratoria de nulidad, proferida el 8 de junio de
2017, que pudo aspirar nuevamente a aquel beneficio. En todo caso, ya que la
autoridad demandada había reconocido el subsidio familiar el 30 de septiembre de
2014, considera que es claro que ya conocía de su matrimonio. En todo caso, enfatizó
que para cuando informó sobre su vínculo al Ejército Nacional, aun no había entrado
en vigencia el Decreto 1161 de 2014, por lo que la norma aplicable a su caso debe ser
el Decreto 1794 de 2000.

Aseguró que los falladores del medio de control no valoraron adecuadamente (i) el
registro civil de matrimonio del actor; (ii) el acto administrativo 1956 de 30 de
septiembre de 2014 con el que se concede el subsidio familiar a favor del actor ni; (iii)
la resolución No. 2408 del 31 de marzo del 2017, con la que se reconoció la asignación
de retiro al señor Upegui Gutiérrez, con la inclusión de la referida prestación.

Con base en estos documentos, concluyó que no es cierto, como afirmaron los jueces
de instancia, que el reporte sobre el cambio del estado civil del accionante se hiciera
solo hasta el 2020. En todo caso, a su juicio, dicha formalidad no puede ser obstáculo
para la efectividad del derecho sustancial, en especial, si se tiene en cuenta que el
artículo 15 del Decreto 1794 de 2000 establece que el reconocimiento de prestaciones
sociales es oficioso, así:

Artículo 15. Procedimiento oficioso. El reconocimiento de las prestaciones sociales
a que tiene derecho el soldado profesional de las Fuerzas Militares o sus
beneficiarios, será tramitado oficiosamente por el Ministerio de Defensa Nacional,
quien podrá delegar esta función. Cuando las oficinas de personal no puedan
producir de oficio las pruebas pertinentes, corresponderá allegarlas al interesado, y
si no existiere la prueba principal será reemplazada por la prueba supletoria que
admita la ley.

Fundamentó el presunto desconocimiento del precedente, en el hecho que no se
hubiera tenido en cuenta el efecto retroactivo que tiene la sentencia de nulidad de 8
de junio de 2017, lo que implica que las cosas vuelvan a su estado anterior y, en
consecuencia, que el subsidio familiar reconocido al accionante debía ser calculado
de acuerdo con la norma vigente al momento del matrimonio, esto es, el Decreto 1794
de 2000.

1.5. Trámite de la acción

Mediante proveído de 28 de octubre de 2024, el magistrado ponente de la Subsección
A de la Sección Segunda de esta corporación admitió la acción de tutela y ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Santander y al Juzgado 3. ° Administrativo del
Circuito Judicial de San Gil, como autoridades accionadas.

Adicionalmente, vinculó como terceros con interés directo a la Nación-Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional.

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1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con las
constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Santander

La magistrada ponente de la decisión cuestionada defendió lo resuelto, con
fundamento en que de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, el reconocimiento del subsidio familiar depende de la fecha en
que se informe la novedad del cambio de estado civil.

Partiendo de lo anterior, transcribió lo resuelto en la sentencia proferida por esa
corporación, según la cual:

Fluye de lo expuesto, que si bien el demandante modificó su estado civil el 28 de
octubre de 2009 no se aportó prueba, siquiera sumaria, de que hubiera informado
esa situación a la entidad o solicitado el reconocimiento y pago del subsidio familiar
a partir del 8 de junio de 2017, cuando la norma de la que hoy pretende su aplicación
volvió a cobrar vigencia; por el contrario, solo se acreditó la radicación de la petición
el 9 de marzo de 2020.

En ese sentido, consideró que la decisión se encuentra amparada por el principio de
la autonomía judicial y que la intención del actor es convertir el medio constitucional
en una tercera instancia.

1.6.2. Ministerio de Defensa

La apoderada de la entidad, afirmó que el actor tenía el deber de comunicar sobre su
matrimonio y que «el hecho de estar la norma derogada no le impedía al actor reclamar
el reconocimiento por vía administrativa o judicial». Adicionalmente, aseguró que la
prestación debe reconocerse con la norma vigente al momento que el soldado
presente el respectivo informe, lo que, para este caso, solo se hizo hasta el 2020.

1.6.3. Ejército Nacional

El director de negocios generales del Departamento Jurídico Integral del Ejército
Nacional afirmó que la entidad que representa carece de legitimación en la causa por
pasiva, por cuanto las presuntas acciones u omisiones que atentaron contra los
derechos fundamentales del actor son imputadas en el escrito inicial al Tribunal
Administrativo de Santander. En esos términos solicitó su desvinculación.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 28 de noviembre de 2024, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado superó los requisitos de procedibilidad, pero al entrar
al fondo del asunto manifestó:

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Pues bien, de la transcripción realizada en capítulos previos, frente a la decisión
objeto de cuestionamiento, la Sala considera que la autoridad judicial accionada sí
valoró de manera adecuada los elementos probatorios que el accionante invoca,
pues fue a partir de estos que encontró probado que a este último le era aplicable
el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, en virtud de la sentencia del 8 de junio de
2017, en la que el Consejo de Estado declaró la nulidad, con efectos ex tunc del
Decreto 3770 de 2009, comoquiera que contrajo matrimonio el 28 de octubre de
2009, empero al analizar los requisitos allí previstos para el reconocimiento
del subsidio familiar no encontró demostrado que el accionante hubiese
informado el cambio de su estado civil, por lo que no había lugar a reconocer
ese beneficio económico en los términos del artículo precitado. (Resaltado
incluido por la Sala)

A su juicio, las autoridades accionadas realizaron una adecuada valoración probatoria
por cuanto no se observa que el señor Upegui Gutiérrez hubiera comunicado sobre su
cambio de estado civil.

1.8. Impugnación4

El apoderado del actor consideró que el a quo constitucional incurrió en el mismo error
que los jueces de instancia, esto es, desconocer el caudal probatorio que demuestra
que sí se informó del cambio de estado civil, cosa distinta es que para ese momento
no estaba vigente el Decreto 1794 de 2000 el cual, al recobrar su vigor con ocasión de
la sentencia de 8 de junio de 2017, debió ser aplicado al caso particular.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el actor
contra la sentencia de 28 de noviembre de 2024, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de
1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestiones previas

Aunque la demanda fue dirigida contra las sentencias de primera y segunda instancia
proferidas en el proceso ordinario, este fallo se centrara en lo resuelto por el Tribunal
Administrativo de Santander, en tanto que se trata de la decisión que dirimió la
controversia.

Por otra parte, el Ejército Nacional solicitó ser desvinculado del proceso, porque, a su
juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva, petición que no fue resuelta en
primera instancia. Sobre el particular, la Sala considera que, dado que su llamado a
esta acción constitucional fue en calidad de tercero interesado por haber sido parte del
proceso ordinario, no hay lugar a acceder a lo requerido.

4 La sentencia de primera instancia se notificó el 16 de diciembre de 2024 y el actor la impugnó mediante

escrito de 19 de diciembre siguiente.
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2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 28 de noviembre de 2024, a través de la cual la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó las pretensiones
del amparo.

Para resolver, se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse acreditados; (iii)
las generalidades de los defectos alegados, y (iv) el caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20125 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Sobre la relevancia constitucional debe tenerse en cuenta que en la sentencia
SU – 215 de 2022, la Corte Constitucional refirió que las finalidades de este requisito
son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica

5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal9
(Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico10; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”11

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”12 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”13
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto14, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no
debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección
legal15. (Resaltado de la Sala)

Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la argumentación
de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el Consejo de Estado
ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C – 590 de 2005, en la cual se
explica que los accionantes deben exponer los defectos16 en los que incurrió la
decisión atacada.

Para esta Sala, la controversia no se limita a un debate meramente legal, sino que

9 Sentencia SU-573 de 2019.
10 Sentencia SU-103 de 2022.
11 Sentencia SU-103 de 2022.
12 Sentencia SU-103 de 2022.
13 Sentencia SU-128 de 2021.
14 Sentencia SU-573 de 2019.
15 Ibid.
16 Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error
inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.
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trasciende a una esfera constitucional relativo a la norma aplicable para el
reconocimiento del subsidio familiar para casos como el que aquí se ventila, máxime,
cuando ha sido esta Sección la que ha mantenido un criterio uniforme, por vía de tutela,
respecto de la aplicación retroactiva del Decreto 1794 de 2000.

A su vez, se observa que en el escrito inicial se enunciaron las pruebas presuntamente
desconocidas y, especialmente, la trascendencia que tenían aquellas para llegar a una
decisión distinta. Del mismo modo, se explicó con suficiencia porque, a juicio del
accionante, se desconocieron los efectos ex tunc de la sentencia de 8 de junio de 2017.

Siendo así, se entiende superado el requisito de la relevancia constitucional, en tanto
que el debate gira en torno al debido reconocimiento de una prestación cuya finalidad
es brindar mayor sustento al núcleo familiar de los miembros de la fuerza pública de
menor rango, como son, los soldados profesionales y la argumentación realizada en
la solicitud de amparo tiene una marcada trascendencia en materia de derechos
fundamentales.

2.4.2. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, se tiene
que contra la sentencia proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento en
segunda instancia no procede recurso ordinario alguno y, de los argumentos de la
parte actora, no se observa la posibilidad de ejercer los mecanismos de revisión o de
unificación de jurisprudencia, por lo que el requisito se encuentra acreditado.

2.4.3. Por otra parte, esta Sala de Decisión evidencia que en el presente asunto se
cumple el requisito de inmediatez puesto la última sentencia cuestionada data de 4
de julio de 2024, por lo que, sin necesidad de verificar su ejecutoria, es claro que la
acción de tutela iniciada el 22 de octubre siguiente fue oportuna.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201417, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200518, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y,
reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.

2.4.4. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la
providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.

Por todo lo anterior, la Sala procederá a realizar el análisis del desconocimiento del
precedente.

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
18 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.”
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2.5. De las generalidades de los defectos alegados

De los argumentos presentados por el actor, la Sección estima que todos se agrupan
en tres defectos puntuales, estos son, el sustantivo, el fáctico y el desconocimiento del
precedente.

2.5.1. Referente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional19, ha
explicado que este se presenta cuando «la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por
una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica»20.

Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente21 o porque ha sido derogada22, es inexistente23,
inexequible24 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador25.

b) No se hace una interpretación razonable de la norma26.

c) La disposición aplicada es regresiva27 o contraria a la Constitución28.

d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición29.

e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma30 .

f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó
o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un
defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.

19 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
20 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del
27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime Córdoba
Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio, T-792 del 1.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
25 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
26 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101

del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
28 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
29 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
30 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.

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2.5.2. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201531 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia del defecto
fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente
decisión así:

i) Omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de
los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación
del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento Características

Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega,
solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver
Omisión de el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue
decreto y práctica negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de
de pruebas negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia,
indispensables pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar
para fallar el que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad
asunto a la configuración del defecto, ya que este procederá cuando se
rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada
oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.

De esta manera, se requiere que:

a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada
era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse
decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido
otro.

Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que
se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el
Desconocimiento fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma
del acervo específica, se concrete en el escrito de amparo, cuáles pruebas,
probatorio aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el
determinante para juez.
identificar la
veracidad de los Así las cosas, se configura siempre:
hechos alegados
por las partes a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por
el juez.
b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma legal
y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para la
decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos
para variar el sentido del fallo.

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador, resulta

31
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso
otorgado a la prueba se entiende alterado.

Valoración Requiere entonces que:
irracional o
arbitraria de las a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
pruebas aportadas objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas
de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en
relación con la conclusión a la cual arribó el juez de
instancia, de ninguna manera puede ser razón para
ordenar el amparo constitucional por este aspecto.
Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria
del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado

Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
Dictar sentencia asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos
con fundamento legales para su producción o introducción al proceso. Así las
en pruebas cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su
obtenidas con apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir
violación del el problema jurídico que le fue planteado, al ser esta una prueba
debido proceso que desconoce el debido proceso de las partes.

Para su configuración corresponde:

a) Señalar con claridad los elementos probatorios aportados
con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.

Como se observa de los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en
su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto,
sino también, su incidencia en la decisión judicial.

Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr
la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia
judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son
la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad jurídica, la buena fe y los
derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.

Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que
los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal manera
que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele
ocurrir, pues es desacertado.

2.5.3. Referente al desconocimiento del precedente, esta Sección precisa que el
precedente es aquella regla creada por una Alta Corte como órgano de cierre en
determinada materia para solucionar un conflicto jurídico en particular, sin que sea
necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea
considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente las

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sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte
Constitucional, como por el Consejo de Estado.

Sin embargo, resulta necesario advertir que «debe aceptarse que no todas las
decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla,
pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso,
sin una actividad creadora del juez.»32.

2.6. Caso concreto

En el presente asunto se tiene que el actor laboró como soldado profesional para el
Ejército Nacional y que contrajo matrimonio el 29 de octubre de 2009, como se observa
en el respectivo registro civil de matrimonio33, momento en el cual, no existía el
subsidio familiar de que trata el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por cuanto había
sido derogado por el Decreto 3770 de 2009, el cual fue publicado el 30 de septiembre
de ese año, en el Diario Oficial 47488.

No obstante, con la expedición del Decreto 1161 de 2014, publicado en el Diario Oficial
49193 de 25 de junio de 2014, se creó nuevamente aquella prestación, motivo por el
cual, mediante las órdenes administrativas 2170 de 30 de octubre y 1956 de 30 de
septiembre, ambas de 2014, se reconoció a su favor el subsidio familiar. Esto de
acuerdo con lo manifestado por el Ejército Nacional en el acto administrativo
demandado en el proceso ordinario.

Tras la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009, dispuesta por el Consejo de
Estado en sentencia de 8 de junio de 2017, el señor Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez
solicitó el reajuste del subsidio familiar que venía devengando en actividad, mediante
petición de 9 de marzo de 2020, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1794 de
2000.

Una vez llevado el caso a esta jurisdicción, el Tribunal Administrativo de Santander
consideró que «si bien el demandante modificó su estado civil el 28 de octubre de 2009
no se aportó prueba, siquiera sumaria, de que hubiera informado esa situación
a la entidad o solicitado el reconocimiento y pago del subsidio familiar a partir
del 8 de junio de 2017, cuando la norma de la que hoy pretende su aplicación volvió
a cobrar vigencia; por el contrario, solo se acreditó la radicación de la petición el 9 de
marzo de 2020» (Resaltado incluido por la Sala).

En este punto, al confrontar la argumentación del Tribunal Administrativo de
Santander, las disposiciones normativas y la explicación de la parte actora, para la
Sala, sí se configuran los defectos sustantivo, fáctico y de desconocimiento del
precedente, por cuanto la decisión se basó en una interpretación no sistemática de las
normas aplicables, se fundó en una apreciación contraevidente con lo allegado al
proceso y, no dio aplicación al efecto retroactivo de la sentencia de 8 de junio de 2017,
como pasa a explicarse.

32 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.

11001-03-15-000-2013-02690-01.
33 Visible a imágenes 31 y 36 del documento denominado «demanda» e incluido en el registro del índice

31 del proceso ordinario en la plataforma Samai.
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Como lo ha expuesto esta Sala en múltiples ocasiones34, la sentencia de 8 de junio de
2017, mediante la cual se anuló el Decreto 3770 de 2009 tuvo efectos ex tunc, esto
es, que su exclusión del ordenamiento jurídico opera como si dicha norma nunca
hubiera existido, lo que tiene como consecuencia, que el artículo 11 del Decreto 1794
de 2000 no solo retornara, sino que lo hiciera como si no hubiera sido derogado.

Por su parte, el restablecimiento de un derecho, cuando se ordena a través del medio
de control de que trata el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 implica, por regla
general35, la finalidad de volver las cosas al estado anterior, de ahí que se hable de
restablecimiento y no de reparación.

Ahora bien, en el presente caso, se tiene que el fundamento para que se negara la
aplicación del Decreto 1794 de 2000 al accionante es que, a juicio del Tribunal
Administrativo de Santander, no se allegó prueba ni «siquiera sumaria» de que el señor
Upegui Gutiérrez hubiera informado de su matrimonio antes del 2020.

No obstante, de la sola lectura del acto administrativo demandado, esto es, el oficio
2020311000467431: MDN – CEFM – COEJC – SECEJ – JEMGF – COPER – DIPER
– 1. 10 de 13 de marzo de 2020, se observa que el propio Ejército Nacional aceptó
que el demandante venía devengando el subsidio familiar desde el 30 de septiembre
de 2014, el cual se concedió con ocasión del matrimonio con la señora Martha Liliana
Vergel Cárdenas, todo esto, de acuerdo con el acto administrativo 1956 de esa fecha.

Llama la atención a la Sala que el juzgador del proceso ordinario asegure
categóricamente que no existe prueba en el plenario de que el accionante hubiera
informado sobre el cambio de su estado civil antes de radicar la petición de 2020,
cuando expresamente el Ejército Nacional está afirmando lo contrario en el propio acto
administrativo que suscitó la controversia.

De hecho, siguiendo la línea argumentativa del escrito inicial, se observa que, en
efecto, en la resolución 2408 de 31 de marzo de 2017, por la cual se reconoció la
asignación de retiro del accionante, también se hace referencia a que su estado civil
es casado con Martha Liliana Vergel Cárdenas desde el 28 de octubre de 2009.

Incluso, se encuentra que, en el plenario obran los desprendibles de pago del
accionante y desde la mensualidad de octubre de 2014 se incluye como concepto de
ingresos el del subsidio familiar, lo que es concordante con el acto administrativo 1956
de 30 septiembre de 2009 mencionado en el oficio controvertido.

Siendo así, aunque, en efecto, no se observa la petición radicada por el accionante en
el 2014, en el expediente abundan pruebas que demuestran que dicha solicitud sí
debió presentarse, no de otra forma el Ejército Nacional hubiera concedido dicho
emolumento al actor y mucho menos habría realizado su pago. Es decir, las
consideraciones realizadas por el Tribunal Administrativo de Santander son
ostensiblemente contraevidentes.

34 Ver, entre otras, sentencia de 27 de octubre de 2021, proceso: 11001-03-15-000-2021-04441-01, m.

p. Carlos Enrique Moreno Rubio y sentencia de 2 de febrero de 2023, proceso 11001-03-15-000-2022-
06534-00, m. p. Luís Alberto Álvarez Parra.
35 Exclúyase de esta regla, aquellos casos en que el restablecimiento es materialmente imposible y debe

ordenarse en modalidad de indemnización.
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Por otra parte, aun si esta solicitud se hubiera realizado en vigencia del Decreto 1161
de 2014, lo cierto es que el hecho constitutivo de la prestación se causó en vigencia
del Decreto 1794 de 2000, norma que al recuperar su vigor con ocasión de la sentencia
de 8 de junio de 2017 era la que debía ser aplicada al caso del señor Wilson de Jesús
Upegui Gutiérrez, esto en virtud de los efectos ex tunc de la mencionada providencia.

A esta conclusión ya había llegado esta Sala en providencia de 27 de octubre de 2021,
así:

A su vez, la Sala estima que no resulta de recibo el argumento en virtud del cual se
indica que el accionante ya goza del subsidio familiar en virtud del Decreto 1161 de
2014, toda vez que, el hecho que justifica el reconocimiento de la partida se
dio con antelación a la fecha de expedición del mencionado decreto, esto es,
el 20 de marzo de 2013; por lo que la norma aplicable es el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, que se reitera recobró su vigencia con la declaratoria de
nulidad de la norma que lo había derogado.

Es inconcebible que se le exija al actor que reportara el cambio de su estado civil antes
del 2014, cuando el subsidio familiar para los soldados profesionales se encontraba
derogado. Nótese que la razón por la que no se agotó dicho trámite en ese momento
fue a causa de una decisión ilegal, como lo era el Decreto 3770 de 2009, y no se le
debe trasladar a los particulares las fallas de la administración.

En este punto, debe decirse que, si bien los jueces en la interpretación de las normas
son autónomos, también es cierto que en este caso lo que existió fue un
desconocimiento del Tribunal Administrativo de Santander: (i) del sistema normativo,
por cuanto no acudió al decreto aplicable al caso particular; (ii) de las pruebas
allegadas al proceso, toda vez que afirmó que no se reportó el cambio de estado civil
del actor antes del 2020, cuando la entidad demandada aceptó lo contrario, y (iii) de lo
dispuesto por el órgano de cierre respecto de los efectos de la sentencia de 8 de junio
de 2017, en tanto que no tuvo en cuenta que, al margen del momento en que se radicó
la novedad, lo cierto es que la retroactividad dispuesta en aquella providencia obligaba
a que se tuviera en cuenta el momento en que se causó el derecho, esto es, el 28 de
octubre de 2009.

En consecuencia, verificado que sí se configuraron los defectos: sustantivo, fáctico y
de desconocimiento del precedente, se amparará el derecho fundamental al debido
proceso del señor Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez y, en consecuencia, se ordenará
al Tribunal Administrativo de Santander que, dentro de un término de diez (10) días,
profiera una sentencia de reemplazo de acuerdo con las consideraciones de esta
providencia.

Frente a los demás derechos fundamentales invocados por la parte accionante, se
evidencia que todos confluían en el debido proceso.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

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FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ejército Nacional.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 28 de noviembre de 2024, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

TERCERO: AMPARAR el derecho al debido proceso de Wilson de Jesús Upegui
Gutiérrez.

CUARTO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 4 de julio de 2024 dictada por el
Tribunal Administrativo de Santander, para que, dentro de un término de diez (10) días
siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una sentencia de reemplazo
de acuerdo con las consideraciones de esta providencia.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

SEXTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación
en el siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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