Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02373-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02373-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-02373-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
20 de junio de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Veinte (20) de junio de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02373-01
Demandante: CARLOS VALENCIA RINCÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SUBSIDIO FAMILIAR SOLDADO.
Síntesis del caso: el demandante consideró que las autoridades judiciales demandadas
vulneraron sus derechos fundamentales en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con ocasión de los fallos que negaron el reconocimiento y pago del subsidio familiar,
por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del
precedente judicial. Sin embargo, la Sala modificará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional
respecto del desconocimiento del precedente judicial y la negó frente a los defectos sustantivo y
fáctico para, en su lugar, declarar su improcedencia por el mismo requisito y por falta de
subsidiariedad, en cuanto a los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente
judicial contenido en la sentencia del Consejo de Estado y la negará frente al desconocimiento
del precedente judicial contenido en un fallo de tutela.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 22 de mayo de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por
el señor Carlos Valencia Rincón en contra del Tribunal Administrativo del Meta
y el Juzgado 1 Administrativo de San José del Guaviare, en lo que respecta a
los defectos de decisión sin motivación, violación directa de la Constitución (sic)
y desconocimiento del precedente.
SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Carlos Valencia Rincón
respecto de los defectos fáctico y sustantivo, por las razones aquí expuestas.”.
(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI, índice
17, primera instancia- negrillas y mayúsculas del original)
2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02373-01
Demandante: Carlos Valencia Rincón
Acción de tutela
I. ANTECEDENTES
La demanda
El 24 de abril de 20251, el señor Carlos Valencia Rincón, por medio de apoderado judicial,
promovió proceso de acción de tutela en contra de Juzgado Primero Administrativo de
San José del Guaviare y el Tribunal Administrativo del Meta, con el fin de que se
protegieran sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, acceso a
la administración de justicia, igualdad y seguridad social y, por tanto, se accediera a las
siguientes súplicas:
“Como consecuencia de todo lo anterior, solicito al honorable Consejo de
Estado que actuando como Juez Constitucional, ampare los derechos
fundamentales al debido proceso, el derecho al acceso a la administración de
justicia, el derecho a la igualdad de trato en la aplicación de la ley y los
precedentes jurisprudenciales, a los principios de favorabilidad e
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales
configurándose vías de hecho judicial, que han sido vulnerados por la
autoridades judiciales al señor CARLOS VALENCIA RINCÓN y en
consecuencia deje sin efectos las sentencias de fecha 21 de junio de 2024 (sic)
y 5 de diciembre de 2024, emitidas respectivamente por el JUZGADO
PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE META dentro del proceso
ejecutivo (sic) No. 50001333300620200005200 en cuanto decidieron el
reconocimiento del subsidio familiar en servicio con base en artículo 11 del
decreto 1794 del 2000.”. (archivo disponible en medio magnético a través del
aplicativo SAMAI, índice 2, primera instancia-negrillas y mayúsculas del
original).
Hechos
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Ingresó al Ejército Nacional como soldado voluntario desde el 10 de julio de 1994 hasta
el 31 de octubre de 2003, y, a partir del 1 de noviembre de 2003, fue homologado como
soldado profesional, hasta la fecha de su retiro del servicio activo el 18 de mayo de 2013.
1 Índice 2, Samai, primera instancia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02373-01
Demandante: Carlos Valencia Rincón
Acción de tutela
2) Mediante escritura pública no. 1.058 del 10 de agosto de 2009 de la Notaría Única del
Círculo de San José del Guaviare se registró su unión marital de hecho con la señora
Sandra Milena Hincapié Bernal desde el 8 de mayo de 2004.
3) Por Oficio no. 20115590193761: MDN-CGFM-CEJEDEH DIPER-EJP del 9 de marzo
de 2011, se le negó la solicitud del reconocimiento de subsidio familiar, en el entendido
que con la expedición del Decreto 3770 del 20092 que derogó el artículo 11 del Decreto
1794 del 2000, no era viable jurídicamente el reconocimiento y pago del subsidio familiar
al personal de soldados profesionales, a partir del 30 de septiembre de 2009.
4) Mediante sentencia de 8 de junio de 2017, la Sección Segunda del Consejo de Estado
declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc.
5) A través del Oficio no. 202031100029273:MDN-CEFM-COEJC-SECEJ JEMGF-
COPER- DIPER110 del 19 de febrero de 2020, el Ejército Nacional le negó nuevamente
el reconocimiento, reliquidación y/o pago por concepto de subsidio familiar, establecido
en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, dentro de la asignación mensual que devengó
como soldado profesional3.
6) En consideración a lo anterior, formuló demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional con el fin de
que se declarara la nulidad de la resolución citada en precedencia y se ordenara el
reconocimiento y pago del subsidio familiar desde la fecha en la cual se constituyó la
unión marital de hecho.
7) El Juzgado Primero Administrativo de San José del Guaviare4, mediante sentencia de
25 de junio de 2024, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que el
demandante no informó su nueva situación civil en el tiempo correspondiente, puesto que
solo hasta el año 2011 presentó la solicitud de subsidio familiar, momento para el cual ya
estaba derogado el artículo 11 el Decreto 1794 de 2000.
2 Del 30 de septiembre de 2009.
3 “Estando vigente el decreto 1794 de 2000 y siéndole exigible a CARLOS VALENCIA RINCON acreditar
ante el Comandante de Fuerza el cambio de estado civil, ya que su constitución de unión marital de hecho
surgió con ocasión del otorgamiento de la escritura pública No. 1058 del 10 de agosto de 2009, no cumplió
con la carga que se le imponía en dicho decreto”.
4 Proceso con radicación no. 50001-33-33-006-2020-00052-00/01.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02373-01
Demandante: Carlos Valencia Rincón
Acción de tutela
8) Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el
cual indicó que no se realizó un análisis integral y sistemático del momento en que
consolidó su derecho a devengar el subsidio familiar en servicio activo, esto es, el día 10
de agosto de 2009, fecha en la cual se declaró la configuración de la unión marital de
hecho con la señora Sandra Milena Hincapié Bernal.
9) El recurso fue desatado por el Tribunal Administrativo del Meta en sentencia de 5 de
diciembre de 20245, en la que confirmó el fallo de primera instancia, por cuanto se probó
que el demandante no reportó el cambio de su estado civil en el instante en el cual se
constituyó la unión marital de hecho, esto es, el 10 agosto del 2009 y que ello era
determinante en este caso en específico porque para esa fecha aún se encontraba
vigente el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
El fundamento de la vulneración
La parte demandante señaló que las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus
derechos constitucionales fundamentales antes mencionados, con ocasión de los fallos
proferidos el 25 de junio y 5 de diciembre de 2024, por cuanto, a su juicio, incurrieron en
los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.
Frente al defecto fáctico sostuvo que las autoridades judiciales demandadas no valoraron
el material probatorio que ofrecía certeza acerca de que reportó oportunamente el cambio
en el estado civil y, además, que dicha modificación no requería notificación al Ministerio
de Defensa Nacional, debido a que dicho organismo contaba con la información
pertinente en sus archivos, tales como i) la escritura pública no.1058 de 10 de agosto de
2009, en la que consta la existencia de la unión marital de hecho con la señora Hincapié
Bernal; ii) el oficio no. 20115590193761 MDN CGFM-CE- JEDEH-DIPER-EJP del 9 de
marzo de 2011, que negó el subsidio familiar como soldado activo y iii) el Oficio
202031100029273:MDN-CEFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER- DIPER 110 del 19 de
febrero de 2020, que negó la inclusión de esa prestación en la asignación de retiro.
5 Decisión que fue notificada por correo electrónico el 10 de diciembre de 2024.
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Demandante: Carlos Valencia Rincón
Acción de tutela
Respecto del defecto sustantivo señaló que el reporte del cambio de estado civil era
innecesario, por cuanto el Ejército Nacional tenía pleno conocimiento de dicha
información.
Como mediante la sentencia de 8 de junio de 2017, la Sección Segunda del Consejo de
Estado declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc, los operadores
jurídicos debieron aplicar las disposiciones del Decreto 1794 de 2000, como si aquel
“nunca hubiere existido”.
Debía aplicarse lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, en la medida
que se consolidó el derecho al subsidio familiar el 10 de agosto de 2009, fecha en la que
constituyó la unión marital con la señora Sandra Milena Hincapié Bernal y en la cual no
se había derogado esa norma.
Se le debe reconocer el subsidio familiar en los términos previstos en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, teniendo en cuenta la unión marital de hecho con la señora Sandra
Milena Hincapié, declarada el 10 de agosto de 2009 mediante escritura pública, por
cuanto el Decreto 3770 del 2009, mediante el cual se había eliminado el subsidio familiar
como factor salarial, fue declarado nulo con efectos ex tunc.
En cuanto al desconocimiento del precedente judicial afirmó que no se observó la
sentencia de 8 de junio de 2017 y, en particular, los efectos ex tunc de la declaratoria de
nulidad del Decreto 3770 de 20096.
Asimismo, advirtió que se desconoció una sentencia de tutela del 20 de febrero del año7
en curso, en la cual el Consejo de Estado reconoció que era inconcebible que se le
exigiera al actor que reportara el cambio de su estado civil antes del 2014, cuando el
subsidio familiar para los soldados profesionales se encontraba derogado.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Magistrado
Ponente: César Palomino Cortés, sentencia del 8 de junio de 201, proceso radicación no. 11001-03-25-
000-2010-00065-00 y número interno: 0686-2010.
7 Proceso con radicación no. 11001-03-15-000-2024-05703-01.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02373-01
Demandante: Carlos Valencia Rincón
Acción de tutela
Actuación procesal
Por medio de auto de 25 de abril de 20258, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó la notificación a los magistrados integrantes del
Tribunal Administrativo del Meta, al Titular del Juzgado Primero Administrativo de San
José del Guaviare y a la Nación -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, con el fin de
que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
Sentencia de primera instancia
La Sección Quinta de esta Corporación en sentencia de 20 de febrero de 20259 negó el
amparo invocado respecto de los defectos fáctico y sustantivo, debido a que, si bien es
cierto que las pruebas acreditan que el demandante sí solicitó el reconocimiento del
subsidio familiar, ninguno de los documentos mencionados daba cuenta de que dicha
comunicación o el reporte del cambio del estado civil se hubiese realizado antes del 1 de
octubre de 2009, es decir, durante la vigencia del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
Del análisis de las pruebas documentales y de los otros elementos probatorios aportados
al proceso ordinario se evidencia que el actor estaba obligado a comunicar el cambio de
su estado civil en vigencia del Decreto 1794 de 2000, como requisito para el
reconocimiento del subsidio familiar previsto en esa norma, deber que estuvo vigente
hasta el 30 de septiembre de 2009, esto es, antes del inicio de la unión marital (8 de mayo
de 2004) y de su declaratoria (10 de agosto de 2009).
Asimismo, declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, frente al desconocimiento del precedente judicial10, en atención
a que el deber contenido en el inciso segundo del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
no constituye una interpretación o aplicación errónea de la norma ni un desconocimiento
de los efectos ex tunc de la sentencia de 8 de junio de 2017 proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
8 Índice 5, Samai,
9 Índice 17, Samai, primera instancia.
10 Si bien el a quo indicó que declaraba improcedente la acción de tutela respecto de los defectos de
decisión sin motivación, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial, lo
cierto es que ello obedece a un error de transcripción pues, en la acción de tutela solamente se esbozaron
argumentos frente a este último.
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Demandante: Carlos Valencia Rincón
Acción de tutela
En criterio de la primera instancia, el actor parte de un entendimiento equivocado del
precedente jurisprudencial, inclusive de esa misma Sección, porque el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000 sí impone el deber de reportar “el cambio de estado civil a partir
de su inicio a la autoridad competente” y, por tanto, los soldados profesionales que
pretendan el reconocimiento del subsidio familiar previsto en dicho decreto debían
notificar su matrimonio o su unión marital de hecho tan pronto como esta fuese
conformada, por lo que “tal requisito solo resulta «inaplicable y carente de validez
jurídica», como lo califica el actor, a quienes se vieron afectados «por el Decreto 3770 de
2009; esto es, a quienes se les privó, por la derogatoria de la norma que establecía el
subsidio familiar, de la posibilidad de indicarle al empleador el cambio de su estado civil
y solicitar tal reconocimiento. No así, para quienes sí contaron con esa posibilidad y
tenían el deber de reportarlo a tiempo»”, como lo ha reconocido esa Sala en diferentes
ocasiones11.
Impugnación
La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 6 de mayo de 202512.
A partir de la ejecutoria de la sentencia de nulidad del Decreto 3770 de 2009, que revivió
la vigencia del artículo 11, se entiende que el Decreto 3770 de 2009 no tuvo vida jurídica,
luego entonces, en cualquier momento, hasta la declaratoria de nulidad, podía realizarse
el reporte de cambio de estado civil en cualquier momento.
El derecho no nació de la comunicación del cambio de estado civil, sino por virtud de la
ley, una vez se constituyó la unión marital de hecho.
Si bien no existe un documento que dé cuenta de la fecha de presentación de la solicitud
de reconocimiento del subsidio familiar, del Oficio no. 20115590193761 MDN-CGFM-CE-
11 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 20 de marzo de 2025. Radicado no. 11001- 03-15-
000-2025-00072-01. MP Pedro Pablo Vanegas Gil; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de
noviembre de 2022, radicado no. 11001-03-15-000-2022-04249-01, MP Carlos Enrique Moreno Rubio. En
el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 24 de agosto de 2023, radicado
no. 11001- 03-15-000-2023-03940-00, MP Pedro Pablo Vanegas Gil; Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 20 de marzo de 2025, radicado no. 11001-03-15-000-2025-00072-01, MP Pedro Pablo
Vanegas Gil.
12 El proceso ingresó al despacho para fallo el 16 de junio del presente año, índice 3, Samai.
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Demandante: Carlos Valencia Rincón
Acción de tutela
JEDEH DIPER-EJP de 9 de marzo de 2011, es posible acreditar que la demandada
aceptó que esta sí existió.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Juzgado Primero
Administrativo de San José del Guaviare y al Tribunal Administrativo del Meta con el fin
de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes mencionados,
presuntamente vulnerados por motivo de las sentencias proferidas el 25 de junio y 5 de
diciembre de 2024, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos sustantivo, fáctico
y desconocimiento del precedente judicial.
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Demandante: Carlos Valencia Rincón
Acción de tutela
La Sección Quinta de esta Corporación en la sentencia de tutela de primera instancia
declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, frente al desconocimiento del precedente judicial, y la negó respecto de
los defectos sustantivo y fáctico.
En su escrito de impugnación la parte demandante insistió en que podía reportar el
cambio de su estado civil en cualquier momento, hasta la declaratoria de nulidad del
Decreto 3770 de 2009.
Ahora bien, la Sala considera preciso advertir que, si bien la acción de tutela se dirigió
indistintamente contra los fallos de primera y segunda instancia, proferidos en el trámite
del proceso ordinario, lo cierto es que en este caso el análisis se limitará a este último
por cuanto fue el que definió la situación jurídica particular.
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala modificará la sentencia de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional respecto del desconocimiento del precedente
judicial y la negó frente a los defectos sustantivo y fáctico y, en su lugar, declarará su
improcedencia por el mismo requisito en cuanto a los defectos sustantivo, fáctico y
desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia del Consejo de Estado
y la negará frente al desconocimiento del precedente judicial contenido en un fallo de
tutela, por las razones que se procederán a exponer:
2.1 Análisis de la relevancia constitucional y subsidiariedad frente a los defectos
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial contenido en una
sentencia del Consejo de Estado
1) El demandante alegó que el tribunal no valoró el material probatorio que ofrecía certeza
acerca del reporte oportuno del cambio en el estado civil y, además, que dicha
modificación no requería notificación al Ministerio de Defensa Nacional, debido a que
dicho organismo contaba con la información pertinente en sus archivos.
2) A su vez, sostuvo que se le debía reconocer el subsidio familiar en los términos
previstos en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, teniendo en cuenta la unión marital
de hecho con la señora Sandra Milena Hincapié, declarada el 10 de agosto de 2009
mediante escritura pública, por cuanto el Decreto 3770 del 2009, mediante el cual se
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Demandante: Carlos Valencia Rincón
Acción de tutela
había eliminado el subsidio familiar como factor salarial, fue declarado nulo con efectos
ex tunc por el Consejo de Estado en sentencia del 8 de junio de 2017.
3) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del recurso de apelación
presentado en contra del fallo del 25 de junio de 2024, oportunidad en la cual la
demandante indicó, en los mismos términos que ahora pretende, que debía declararse
la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento del subsidio familiar, por
cuanto no era cierto que hubiese solicitado el reconocimiento de ese derecho el 13 de
febrero de 2020, en tanto que lo que hizo en esa fecha fue reiterar la solicitud del
reconocimiento y pago, por lo cual, en virtud de la sentencia del 8 de junio de 2017 del
Consejo de Estado, que anuló los efectos del Decreto 3770 de 2009, se le debía aplicar
lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 con efectos ex tunc.
4) Tales planteamientos fueron abordados y resueltos en la providencia del 5 de
diciembre de 2024 por parte del Tribunal Administrativo del Meta cuando confirmó la
decisión de primera instancia, en el sentido de declarar que no había lugar a anular el
acto administrativo demandado, en atención a que el demandante no reportó el cambio
de su estado civil en el instante en el cual se constituyó la unión marital de hecho, esto
es, el 10 agosto del 2009, fecha en la cual aún se encontraba vigente el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000.
5) Además, señaló que, si bien los efectos retroactivos (ex tunc) de la sentencia del
Consejo de Estado permitieron revivir el derecho contenido en el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, este beneficio no podía aplicarse a quienes (como el actor) adquirieron el
derecho mientras la norma estaba en vigor y que incumplieron con las obligaciones
formales previstas en ella, tal como reportar el cambio del estado civil.
6) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional el demandante expuso similares planteamientos a los expuestos en el
recurso de apelación dirigidos de manera exclusiva a que se declarara la nulidad del acto
administrativo que negó el reconocimiento del subsidio familiar, debido a que era
inconcebible que se le exigiera que reportara el cambio de su estado civil antes del 2014,
cuando el subsidio familiar para los soldados profesionales se encontraba derogado.
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7) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de
tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso de
apelación y resueltos en el fallo del 5 de diciembre de 2024.
8) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
meramente legal que era propio del trámite del proceso ordinario y al juez constitucional
le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.
9) No puede el juez constitucional entrar a resolver sobre cuestiones que no tienen una
clara y marcada relevancia constitucional y que fueron abordadas por el juez natural de
la causa solo porque el demandante tenga un criterio distinto o mucho menos para
proponer una mejor solución al caso.
10) Por último, respecto del argumento relacionado con la falta de valoración del material
probatorio que ofrecía certeza acerca de que la modificación del estado civil no requería
notificación al Ministerio de Defensa Nacional, debido a que dicho organismo contaba con
la información pertinente en sus archivos, para la Sala resulta claro que el interés de la
parte demandante consiste en debatir un argumento nuevo que no fue planteado ni
discutido en el trámite del proceso ordinario, por lo que la autoridad judicial demandada
no podía ni debía efectuar ningún análisis sobre tal aspecto, debido a que no fue puesto
de presente en esa etapa procesal y tampoco durante el trámite de la primera instancia.
11) En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional y subsidiariedad, frente a estos
cargos.
2.2 Análisis del desconocimiento del precedente judicial en el caso concreto
1) En primer lugar, en cuanto a este defecto la Sala advierte que se cumplen los requisitos
genéricos de procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional por cuanto i)
se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la persona
afectada; ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la
acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia
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Demandante: Carlos Valencia Rincón
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atacada13; iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba ser
tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los
derechos fundamentales de la parte actora; iv) se identificó de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron; v) no
se ataca una sentencia de tutela y, finalmente; vi) la cuestión que se discute resulta de
relevancia constitucional por cuanto se alegó el presunto desconocimiento de una
providencia que resolvió que no era posible que se le exigiera al actor que reportara el
cambio de su estado civil antes del 2014, cuando el subsidio familiar para los soldados
profesionales se encontraba derogado, argumentos que no constituyen una reiteración
de lo discutido ante el juez natural de la causa.
2) El demandante sostuvo que se desconoció una sentencia de tutela del 20 de febrero
del año14 en curso, en la cual el Consejo de Estado reconoció que era inconcebible que
se le exigiera al actor que reportara el cambio de su estado civil antes del 2014, cuando
el subsidio familiar para los soldados profesionales se encontraba derogado.
3) No obstante, la Sala considera que no se configura el defecto invocado, puesto que
esa decisión no era vinculante ni obligatoria para la autoridad judicial demandada, debido
a que se trata de fallos de tutela con efectos inter partes; además, la situación del
demandante es diferente al caso estudiado en la sentencia invocada como desconocida,
por cuanto difiere de la fecha en la cual se hizo el cambio del estado civil.
4) La decisión que se invocó como desconocida fue proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, quien fue precisamente la misma Sala de Decisión que emitió el fallo
de primera instancia en este proceso, en el cual le explicó al demandante que sí tenía el
deber de reportar el cambio de su estado civil, en la medida que constituyó su unión
marital antes de la derogatoria del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, contrario a lo
ocurrido en el proceso de tutela que el actor invoca como precedente, en el cual la parte
actora contrajo matrimonio durante el periodo en que estuvo derogada esa norma.
5) En esa medida, para la Sala, a partir de la decisión expuesta no se advierte un análisis
desmedido del que se pueda concluir la imposición caprichosa del criterio del juez
13 La notificación de la sentencia se surtió el 10 de diciembre de 2024 y la tutela se presentó el 24 de abril
del año en curso.
14 Proceso con radicación no. 11001-03-15-000-2024-05703-01.
13
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02373-01
Demandante: Carlos Valencia Rincón
Acción de tutela
ordinario, pues se resolvió en virtud de la independencia y autonomía judicial y con
fundamento en razones debidamente sustentadas y el juez de tutela no puede intervenir
para proponer una mejor solución al caso ni imponer su criterio porque la acción de tutela
está concebida como un juicio de validez y no de corrección de las decisión de los jueces
naturales.
6) Por consiguiente, se negará el amparo invocado frente al desconocimiento del
precedente judicial en relación con el fallo de tutela citado.
7) En consecuencia, la Sala modificará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, respecto del desconocimiento del precedente judicial, y la negó frente a
los defectos sustantivo y fáctico, para, en su lugar, declarar su improcedencia, por los
requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad, en cuanto a los defectos
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia
del 8 de junio de 2017 del Consejo de Estado y la negará frente al desconocimiento del
precedente judicial contenido en un fallo de tutela, por las razones hasta aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
Modifícase la sentencia de 22 de mayo de 2025 proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, la cual quedará así:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela, por el incumplimiento de los requisitos
de relevancia constitucional y subsidiariedad frente a los defectos sustantivo, fáctico y
desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia del 8 de junio de 2017
del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
2°) Niégase el amparo invocado, respecto del desconocimiento del precedente judicial
contenido en un fallo de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
14
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02373-01
Demandante: Carlos Valencia Rincón
Acción de tutela
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.
4º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.
5º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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