Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00072-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00072-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-00072-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
20 de marzo de 2025
Demandante: Luis Eduardo Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00072-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00072-01
Demandante: LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra providencia judicial – niega solicitud de amparo
constitucional – inexistencia del defecto fáctico – subsidio
familiar.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante
contra la sentencia proferida en primer grado por la Sección Segunda,
Subsección A, del Consejo de Estado, el 6 de febrero de 2025. En ese fallo se
negaron las pretensiones de la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Luis Eduardo Gutiérrez, actuando por intermedio de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra la Sección Segunda, Subsección B del
Tribunal Administrativo del Cundinamarca. Con su solicitud de amparo pretende
que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad.
2. Las anteriores garantías constitucionales, a su juicio, fueron vulneradas
con la expedición de la sentencia del 28 de junio de 2024, por la autoridad
judicial accionada. En dicha decisión, se confirmó parcialmente el fallo de
primera instancia del 2 de septiembre de 2022 por el Juzgado 17 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda y, en su lugar, negó las pretensiones relativas al subsidio familiar.
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Demandante: Luis Eduardo Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B
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Ello al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 11001-33-35-017-2019-00402-021.
1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
1. PRIMER GRUPO DE PRETENSIONES DECLARATIVAS:
1.1. Se declare que, en la sentencia, proferida por el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO, se estructura la causal especifica de procedibilidad de
tutela contra providencias judiciales, denomina ERROR FÁCTICO
1.2. Como consecuencia de lo anterior, se declare que Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO, con la expedición de la sentencia aquí cuestionada vulneró
el DERECHO FUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO Y DEBIDO
PROCESO PROBATORIO de mi poderdante.
2. SEGUNDO GRUPO DE PRETENSIONES DECLARATIVAS,
CONSECUTIVAS DE LAS ANTERIORES:
2.1. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, le ruego
encarecidamente al Honorable Despacho, que proceda a dejar, sin efectos, LA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: Luis Gilberto Ortegón Ortegón
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Expediente : 11001-33-35-017-2019-00402-02 Demandante : Luis Eduardo
Gutiérrez Demandado : Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho Tema : Reajuste
salarial (20%); reconocimiento prima de actividad y subsidio familiar.
2.2. Como consecuencia de lo anterior, le ruego al Honorable Despacho que
ordene al Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO proferir nueva sentencia
en la cual se ordene a la entidad que se haga el reconocimiento y pago del
subsidio de familia desde el 17 de octubre de 2003, fecha en la que inicio la
unión marital de hecho. [Sic a toda la cita]
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. El señor Luis Eduardo Gutiérrez se vinculó al servicio del Ejército
Nacional, en calidad de soldado profesional, siendo retirado mediante Orden
Administrativa de Personal 1025 del 20 de marzo de 2002.
1Adelantado por el accionante en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional.
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6. El 10 de enero de 2019, elevó solicitud de reconocimiento y pago de las
acreencias laborales consistentes en la diferencia salarial del 20% de la prima
de actividad y el reajuste del subsidio familiar ante el Ejército Nacional.
7. Mediante oficio 20193170204881: MDN-CGFM-COEJC-SEJEC-JEMGF-
COPER-DIPER-1-10 del 06 de febrero de 2019, la entidad despachó en sentido
desfavorable su solicitud.
8. A raíz de ello, el señor Gutiérrez ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional. Con la demanda solicitó la nulidad del acto administrativo
reseñado en el numeral anterior y, de manera subsidiaria, pidió que se
inaplicara tal oficio mediante excepción de constitucionalidad o de
convencionalidad. El primero, de conformidad con los artículos 13 y 53 de la
Constitución Política y, el segundo, según lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 23
y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
9. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condenara a la
entidad demandada a reconocer y pagar en su factor, la diferencia salarial del
20% dejada de percibir por el no pago, de conformidad con la Ley 131 de 1985
y el Decreto 1794 y la prima de actividad y demás prestaciones y factores
sociales conforme al salario básico conformado por el mínimo incrementado en
un 60%.
10. En sentencia de 2 de septiembre de 2022, el Juzgado 17 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda. En consecuencia, declaró la nulidad parcial del acto administrativo y
reconoció a título de restablecimiento del derecho, el subsidio familiar de
conformidad con el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, mientras que negó el
reajuste del salario básico mensual y la prima de actividad.
11. Como sustento de su decisión, el a quo consideró que el señor Luis
Eduardo Gutiérrez tenía derecho al reconocimiento del subsidio familiar en los
términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, dado que el hecho
generador de aquella prestación surgió el 17 de octubre de 2003. En aquella
fecha estaba vigente la norma dados los efectos ex tunc de la sentencia de
nulidad del 8 de junio de 2017 de la Sección Segunda, Subsección F del
Consejo de Estado le otorgó a la norma en mención.
12. No obstante, consideró que el Decreto 1794 de 2000 no previó dentro de
las prestaciones sociales devengadas la prima de actividad, por lo que no había
lugar a su reconocimiento y pago. Y, en relación con el reajuste del 20% del
salario básico mensual, indicó que el actor nunca ostentó la calidad de soldado
voluntario, por lo tanto, no era beneficiario de la prerrogativa dispuesta en el
inciso 2 del artículo 1 de la norma referida.
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13. Los sujetos procesales, inconformes con lo anterior, apelaron el fallo de
primer grado. El demandante adujo, en esencia, que la negativa a reconocer el
reajuste salarial pretendido y la prima de actividad, resultaba transgresor del
principio de igualdad en relación con los soldados profesionales que no tuvieron
la condición de soldados voluntarios. En su sentir, no existe un argumento
objetivamente válido que permita hacer la diferencia y justificar el trato desigual
y discriminatorio.
14. Por su parte, el Ejército Nacional solicitó la revocatoria total o parcial de
la providencia de primera instancia. Para el efecto, expuso que el demandante
mediante escritura pública 4890 del 15 de octubre de 2014 declaró la unión
marital de hecho y el 18 de octubre de 2014 elevó solicitud de reconocimiento
del subsidio familiar, por lo que mediante Orden Administrativa de Personal
2374 del 30 de noviembre de 2014 la entidad le reconoció al actor el subsidio
en un 25%.
15. Al respecto, la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal
Administrativo del Cundinamarca confirmó parcialmente la decisión recurrida en
sentencia del 28 de junio de 2024. Para el efecto, estimó que el demandante no
tenía derecho al reajuste del salario básico mensual dado que en ningún
momento ostentó la calidad de soldado voluntario. Por el contrario, fue
incorporado por voluntad propia y de forma directa como soldado profesional.
Además, señaló que, como existía norma especial que regula los factores
salariales y prestacionales de los soldados profesionales, su aplicación era
obligatoria y en aquellas disposiciones no estaba prevista la prima de actividad.
16. De otro lado, revocó la decisión de acceder al reconocimiento del
subsidio familiar de conformidad con el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
en la medida que el demandante «contrajo unión marital el 15 de octubre de
2014, siendo a partir de aquella fecha que se causó el derecho». Esto es, con
posterioridad a la entrada en vigencia del decreto 1161 de 2014 y, por tanto, era
esta la norma vigente y aplicable al caso.
1.4. Sustento de la vulneración
17. En primer lugar, la parte accionante afirmó que en el sub judice
concurren los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela. De
otro lado, con relación a los cargos específicos, arguyó que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al proferir la sentencia del 28 de junio de
2024, incurrió en un defecto fáctico en su dimensión positiva.
18. En sentir de la parte actora, la autoridad accionada omitió valorar la
escritura pública 4890 del 15 de octubre de 2024, en la cual consta que tiene
unión marital de hecho con la señora Deisy Johanna Bermúdez Sotelo desde el
17 de octubre de 2003.
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19. En su sentir, se valoró el cambio de su estado civil a partir de la fecha de
la declaración, esto es, desde el 15 de octubre de 2014, y no desde la
constitución de la unión marital de hecho; 17 de octubre de 2003. Ello, llevó a
que se considerara de manera errada que la normativa aplicable a su caso es la
contenida en el Decreto 1161 de 2014, y no la estipulada en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000.
1.5. Trámite de primera instancia
20. Por auto de 20 de enero de 2025, el despacho ponente de la decisión
admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de
accionado a la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo del
Cundinamarca.
21. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, al Juzgado 17
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, está última en los términos del artículo 610 del
Código General del Proceso.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Juzgado 17 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
22. La autoridad se limitó a remitir el expediente digital identificado con el
radicado 11001-33-35-017-2019-00402-02.
1.6.2. La Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo del
Cundinamarca y los terceros vinculados al presente proceso, pese a ser
debidamente notificados, guardaron silencio2.
1.7. Sentencia de primera instancia
23. En sentencia del 6 de febrero de 20253, la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo constitucional. En primer
lugar, consideró que, si bien el actor alegó la configuración de un defecto fáctico
en su dimensión positiva, en realidad sus reparos encuadran en su dimensión
negativa, en la medida que alegó que la accionada no valoró la totalidad de la
escritura pública 4890 del 15 de octubre de 2025.
24. Precisado lo anterior, refirió que la autoridad judicial no incurrió en el
yerro dado que, sí valoró integralmente el documento público, de allí que haya
2 Cfr. Índice 7 Samai.
3 Esta decisión fue notificada el 20 de octubre de 2023. Cfr. Índice SAMAI N. º17. Exp. 11001-
03-15-000-2023-04749-00.
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concluido que el señor Gutiérrez vive con la señora Bermúdez desde el 17 de
octubre de 2003 y solo hasta el 15 de octubre de 2014 declaró la unión marital.
25. No obstante, dado que la norma establece que son beneficiarios del
subsidio familiar, conforme al artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, quienes
hayan declarado la unión marital de hecho hasta el 23 de junio de 2014, y el
señor Gutiérrez lo hizo con posterioridad a esa fecha, no hubo error en la
apreciación de la prueba.
1.8. Impugnación
26. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia. Solicitó
que se revocara y, en su lugar, se accediera al amparo sus derechos
fundamentales.
27. Para el efecto, refirió que el despacho de primera instancia debió dar
aplicación a la presunción de veracidad, contenida en el artículo 20 del Decreto
2591 de 1991, dado que la autoridad judicial accionada guardó silencio.
28. Enseguida, iteró que el Tribunal lo único que valoró fue la fecha de
creación del documento, pero no el contenido de la escritura pública que daba
cuenta de que su estado civil cambió el 17 de octubre del año 2003, máxime
cuando ello no fue desvirtuado al interior del proceso.
29. Mencionó que lo alegado en esta acción constitucional no se ciñe a una
mera inconformidad de la parte actora con la decisión proferida en sede
ordinaria, sino una verdadera transgresión de sus garantías constitucionales.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
30. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por
el accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 6 de febrero
de 2025 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. Lo
anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019.
2.2. Legitimación en la causa
31. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
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32. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que el señor Luis
Eduardo Gutiérrez conformó el extremo accionante del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-017-2019-00402-02.
Por tanto, es el titular de los derechos fundamentales cuya protección reclama
por esta vía y goza de legitimación en la causa por activa4.
33. Por otro lado, la Sala evidencia que la Sección Segunda, Subsección B
del Tribunal Administrativo del Cundinamarca se encuentra legitimado en la
causa por pasiva, por ser el operador judicial que profirió la decisión
cuestionada en esta oportunidad.
2.3. Problemas jurídicos
34. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas
jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes:
● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?
35. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
analizará lo siguiente:
• ¿La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo del
Cundinamarca vulneró el derecho fundamental al debido proceso que reclama
el accionante, al dictar la sentencia de 28 de junio de 2024?
36. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto, (iii)
requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela respecto a la
providencia controvertida, y finalmente, (iv) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
4
El señor Luis Eduardo Gutiérrez está representado por el señor Wilmer Yackson Peña
Sánchez, a quien le fue reconocida personería jurídica a través de providencia judicial
del 20 de enero de 2025 por el juez de primera instancia. En todo caso, el 19 de marzo
de 2025, el señor Wilmer Yackson Peña Sánchez allegó el poder que le fue conferido
por el accionante para adelantar la presente actuación judicial, documento que se
advierte como auténtico en virtud del artículo 244 del Código General del Proceso4,
máxime si se tiene en cuenta que el señor Peña Sánchez ejerce la defensa judicial del
accionante desde el proceso ordinario.
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37. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra
providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 20125. Lo anterior, porque
hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían
diferentes posturas sobre este tema6. En la referida sentencia se estableció que
la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos
requisitos especiales y excepcionales7.
38. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena
de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 8. En esta
sentencia se establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia9 y ocho
defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial10.
39. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y examinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del
2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii)
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
10 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando
el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la
Constitución.
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i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
40. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala
ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
41. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
42. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5. Estudio de los requisitos generales de la acción de tutela
2.5.1. Tutela contra tutela
43. La Sala no encuentra reparo alguno frente a este requisito. En efecto, a
través de la presente acción constitucional se cuestiona la providencia de 28 de
junio de 2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal
Administrativo del Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de radicado 11001-33-35-017-2019-00402-02.
2.5.2. Inmediatez
44. La tutela se ejerció en un término razonable, contado desde el día
siguiente a la ejecutoria de la decisión que resolvió el proceso ordinario en
segunda instancia (art. 302 CGP11). Lo anterior, toda vez que se profirió el 28
11 «Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando
no sean impugnadas o no admitan recursos. || No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. ||
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de junio de 2024, se notificó el 12 de julio siguiente y la acción constitucional se
radicó el 14 de enero de 2025, a través del correo electrónico de recepción para
tutelas y habeas corpus.
45. Así, la Sala considera oportuno el término transcurrido entre la
providencia referida y la presentación de la solicitud de amparo, aún sin
establecer la fecha de ejecutoria de la decisión objetada. Lo anterior, a la luz de
la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201412, en la que la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios
fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200513. Esto, con el
fin de determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial14.
2.5.3. Subsidiariedad
46. Para obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte
actora considera vulnerados, no existe otro mecanismo de defensa judicial
ordinario. Al respecto, la Sala precisa que la providencia de 28 de junio de
2024 resolvió el recurso de apelación presentado por el señor Luis Eduardo
Gutiérrez contra el fallo de primera instancia. De ese modo, es evidente que se
agotaron los recursos ordinarios.
47. Igualmente, frente a los argumentos del extremo accionante, se advierte
que no es procedente el recurso extraordinario de revisión, pues los motivos en
los que sustenta su acción de tutela no se encuadran en los requisitos y
causales establecidos en la ley para que proceda este mecanismo judicial. En el
mismo sentido, tampoco lo es el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia. Esto, debido a que en la situación bajo estudio no se cumplen
los presupuestos de los artículos 258 y 270 de la Ley 1437 de 201115.
2.5.4. Relevancia constitucional
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos».
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
14 Sobre este requisito, la Sala Plena reiteró que seis (6) meses es el término razonable para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
ocasión de providencias judiciales.
15 Modificado por el artículo 78 de la Ley 2080 de 2021.
10
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48. Como se expuso con antelación, desde la perspectiva del señor
Gutiérrez la sentencia de 28 de junio de 2024 está viciada, toda vez que
desconoció el contenido de la escritura pública 4890 del 15 de octubre de 2014.
En su sentir, le asistía derecho a que se le reconociera el subsidio familiar con
las prerrogativas del Decreto 1794 de 2000, comoquiera que su unión marital de
hecho inició en vigencia de dicha norma. En el mismo sentido, indicó que le
fueron transgredidos sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad.
49. De conformidad con lo anterior, se resalta que la parte actora cumplió
con la carga de identificar el defecto que le adjudica a la sentencia censurada.
De igual forma, sustentó en qué se concreta el mismo, puesto que identificó el
elemento de juicio y la razón por la cual fue indebidamente valorado, al tiempo
que puso de presente sus implicaciones.
50. En principio podría establecerse que lo propuesto por el accionante recae
en un debate meramente legal y económico. Sin embargo, el debate en
cuestión gira en torno al subsidio familiar de un soldado profesional.
51. La prestación objeto de debate ha sido definida por la Corte
Constitucional de la siguiente manera16:
Se trata de “una prestación social, porque su finalidad no es la de retribuir
directamente el trabajo-como sí lo hace el salario-, sino la de subvencionar las
cargas económicas del trabajador beneficiario”. Ha destacado que [t]iene por
objetivo fundamental la protección integral de la familia” señalando que
“[c]onstituye una valiosa herramienta para la consecución de los objetivos de la
política social y laboral del Gobierno” puesto que contribuye a “alcanzar la
universalidad de la seguridad social, en consonancia con el postulado
contemplado en el artículo 48 de la Carta Política”. Ha reiterado también que “es
una función pública, servida por el Estado a través de organismos intermediarios
manejados por empresarios y trabajadores” y su cumplimiento adecuado
compromete “el interés general de la sociedad, por los fines de equidad que
persigue”. Además de lo indicado, este tribunal ha precisado que el subsidio
supone “un sistema de compensación entre los salarios bajos y los altos, dentro
de un criterio que mira a la satisfacción de las necesidades básicas del grupo
familiar” y, bajo esa perspectiva, constituye “un mecanismo de redistribución del
ingreso, en especial si se atiende a que el subsidio en dinero se reconoce al
trabajador en razón de su carga familiar y de unos niveles de ingreso precarios,
que le impiden atender en forma satisfactoria las necesidades más apremiantes
en alimentación, vestuario, educación y alojamiento”. (Cursivas y comillas del
texto original).
52. Del aparte transcrito se extrae la conclusión que el subsidio familiar y, en
particular, el debate jurídico que se suscita en esta oportunidad reviste
relevancia constitucional. Como se indicó, esta prestación tiene por objeto la
protección integral de familias de medios y bajos recursos, especialmente en lo
que tiene relación directa con las necesidades básicas. Así las cosas, si bien se
podría considerar que al tratarse de una reliquidación económica el asunto no
16 Sentencia C-271 de 2021 de la Corte Constitucional.
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trasciende de allí, lo cierto es que supera ampliamente lo anterior, toda vez que
toca el mínimo vital de núcleos familiares a partir de una prestación que procura
por garantizarles el derecho a la igualdad frente a aquellos que por ingresos
económicos salariales tienen cierta ventaja.
53. De lo anterior se concluye que, los reproches propuestos por la parte
actora revisten relevancia constitucional. En efecto, a través de la presente
acción de tutela más allá de proponerse un debate legal o económico, se
establece que al señor Gutiérrez se le han podido ver vulnerados sus derechos
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la
seguridad social porque no le fue reconocido el subsidio familiar. Prestación
social que goza de un carácter protector del derecho a la igualdad desde una
óptica familiar.
2.5.5. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
54. Se observa que, la parte actora cumplió con este requisito en tanto que
identificó los hechos y explicó detalladamente las razones por las que considera
que la autoridad judicial accionada incurrió en un yerro y le vulneró sus
derechos al debido proceso y a la igualdad.
2.5.6. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
55. Sobre este requisito, la Sala considera que no es aplicable al presente
caso porque no se le reprocha ningún error procesal a la sentencia objeto de
censura.
56. Así las cosas, para esta Sala es relevante determinar si se conculcaron
los derechos deprecados por el actor al configurarse un defecto fáctico dentro
de la sentencia de 28 de junio de 2024.
2.6. Exposición del defecto especial de procedencia de la acción de tutela
en el caso concreto
2.6.1. Defecto fáctico
57. La Corte Constitucional ha considerado la procedencia excepcional de
este defecto en materia de tutela contra providencia judicial. Esto obedece al
respeto por los principios de autonomía e independencia judicial, conforme a los
cuales:
[…] los jueces tienen amplias facultades para efectuar el análisis del material
probatorio en cada caso concreto […] No obstante, tal poder debe estar
inspirado en los principios de la sana crítica, atender necesariamente criterios
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de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación, entre otros, y respetar la
Constitución y la ley. De lo contrario, el margen de apreciación del juez sería
entendido como arbitrariedad judicial, hipótesis en la cual se configuraría la
causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría dejar sin efectos la
providencia atacada17.
58. Por ello, la jurisprudencia constitucional ha establecido que este defecto
se presenta en tres hipótesis concretas: 1) existe una omisión en el decreto de
pruebas que eran necesarias en el proceso; ii) se verifica una valoración
caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; o iii) no se valora en su
integridad el material probatorio. Y, en todo caso, el error en el juicio valorativo
debe ser «ostensible, flagrante y manifiesto»18.
59. En últimas, se trata de una dimensión positiva y otra negativa. La primera
ocurre cuando se efectúa una valoración equivocada o con una prueba no apta
para ello. También, cuando el juez al otorgarle el mérito a una prueba se aparta
de las reglas de experiencia, es decir, no aplica los principios de la sana crítica.
La segunda, cuando el juez omite o ignora la valoración de una prueba
determinante o niega el decreto de su práctica sin justificación alguna.
60. En ese orden de ideas, la intervención del juez constitucional «no puede
realizar un nuevo examen como si se tratara de una instancia adicional, porque
su función se ciñe a verificar que la solución de los procesos judiciales sea
coherente con la valoración ponderada de los elementos fácticos presentes en
la actuación»19 y que sea de tal trascendencia que, de no haberse incurrido en
él, la solución del asunto hubiera sido distinta.
2.7. Análisis del caso concreto
• Marco normativo del reconocimiento del subsidio familiar
61. El Gobierno Nacional en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 creó un
subsidio familiar para los soldados profesionales de las fuerzas militares
casados o con uniones maritales de hecho vigentes. Esta situación debía
reportarse a partir de su inicio ante el comando de la fuerza, de conformidad
con la reglamentación vigente.
62. Posterior a ello, se dictó el Decreto 3770 de 2009, «por el cual se deroga
el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000», es decir, dejó sin efectos el
reconocimiento del subsidio familiar a favor de los soldados profesionales. Esta
norma empezó a regir a partir de su publicación, es decir, desde el 30 de
septiembre de 2009. Sin embargo, en contra de aquel, se interpuso una
demanda en ejercicio del medio de control de simple nulidad y mediante
17 Corte Constitucional, sentencia T-041 de 2018.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-159 de 2021.
19 Corte Constitucional, sentencia T-041 de 2018.
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sentencia del 8 de junio de 2017 la Sección Segunda del Consejo de Estado
resolvió declarar, con efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770 de
200920.
63. Es importante anotar que entre la interposición de la demanda contra el
Decreto 3770 de 2009 y la sentencia del 2017 de esta corporación, el Gobierno
Nacional expidió el Decreto 1161 de 2014, mediante el cual creó nuevamente
un subsidio familiar para los soldados profesionales, pero en una cuantía
inferior a la del Decreto 1794 de 200021.
64. A modo de ilustración, se expone cronológicamente la situación jurídica
antes mencionada:
14 de 30 de 24 de junio de 8 de junio de
Fecha septiembre de septiembre de 2014 2017
2000 2009
Decreto 1161 Sentencia de
de 2014 – crea la Sección
Decreto 3770 nuevamente el Segunda del
Decreto 1794 de de 2009 – subsidio familiar Consejo de
2000 – crea el derogó el para los Estado que
Suceso subsidio familiar subsidio familiar soldados declaró la
para soldados para los profesionales, nulidad del
profesionales soldados pero en cuantía Decreto 3770
profesionales. inferior al del de 2009 con
Decreto 1794 efectos ex
de 2000 tunc.
• De la configuración del defecto fáctico
65. Como se expuso en los antecedentes de este proveído, a juicio de la
parte tutelante la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca incurrió en defecto fáctico en su dimensión positiva. Ello, en
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 8
de junio de 2017. Rad. 11001-03-15-000-2010-00065-00. Como fundamento de su decisión,
indicó que la medida incorporada al ordenamiento jurídico mediante el Decreto 3770 de 2009
que suprime el reconocimiento al derecho prestacional del subsidio familiar a los soldados
profesionales al revocar el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, se constituye en regresiva y
por tanto carente de legalidad, al no solamente contravenir los principios y normas en los que se
debería fundar, sino también porque no es compatible con el contenido esencial de los hechos a
la protección y seguridad social, al trabajo y a la seguridad jurídica.
21 Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina
profesionales y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1.- Subsidio Familiar para soldados profesionales e infantes de marina
profesionales. Créase, a partir del 1° de julio del 2014, para los soldados profesionales e
infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares en servicio activo, que no perciben el
subsidio familiar regulado en los decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, un subsidio familiar
que se liquidará y reconocerá mensualmente sobre su asignación básica, así:
a. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales casados o con unión
marital de hecho vigente, tendrán derecho a percibir por subsidio familiar el veinte por ciento
(20%) de la asignación básica por la cónyuge o compañera permanente, más los porcentajes a
que se pueda tener derecho por los hijos conforme al literal c. de este artículo. (…)
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la medida en que valoró de forma indebida la escritura pública del 15 de octubre
de 2014, la cual permitía corroborar que inició la convivencia con la señora
Deisy Johanna Bermúdez Sotelo desde el 17 de octubre de 2003. Esto es, en
vigencia del Decreto 1794 de 2000, y no del Decreto 1161 de 2014, como lo
afirmó la accionada.
66. La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia proferida
por la Sección Segunda, Subsección A de esta colegiatura que negó las
pretensiones de la demanda, pero con base en las razones que se exponen a
continuación.
67. Al revisar con detenimiento la sentencia del 28 de junio de 2024 se tiene
que el Tribunal Administrativo del Cundinamarca consideró que, en virtud de los
efectos ex tunc de la sentencia del 8 de junio de 2017, el subsidio familiar que
fue creado por el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 rige para aquellos
soldados que contrajeron matrimonio o declararon su unión marital de hecho a
partir del 14 de septiembre de 2000 hasta el 24 de junio de 2014, fecha de
entrada en vigencia del Decreto 1161 de 2014.
68. Así las cosas, estimó que, como el señor Gutiérrez declaró la unión
marital de hecho el 15 de octubre de 2014, no tenía derecho al reconocimiento
de la prestación en los términos de la primera norma. En últimas, consideró que
la situación exigida por la norma para la causación del subsidio familiar no
estaba consolidada antes del 24 de junio de 2014, sino que tuvo lugar hasta la
vigencia del Decreto 1161 de 2014.
69. Ahora bien, el señor Gutiérrez mencionó de forma especial que, aun
cuando declaró la existencia de la unión marital de hecho el 15 de octubre de
2014 con la señora Deisy Johanna Bermúdez Sotelo, lo cierto es que inició
comunidad de vida permanente y singular el 17 de octubre de 2003. Es decir,
antes de la expedición del Decreto 1161 de 2014 y por lo mismo, le era
aplicable el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. Precisó que la anterior
situación daba cuenta la escritura pública 4890 del 15 de octubre de 2014.
70. Lo anterior es suficiente para advertir, en principio, que la autoridad
judicial accionada incurrió en un yerro al valorar el documento público en
mención. Esto es, al haberle otorgado efectos constitutivos a la escritura pública
y al desconocer que la misma tiene naturaleza meramente declarativa.
71. Al respecto, conviene recordar que «la unión marital de hecho se
configura por la unión de un hombre y una mujer que, sin formalidad alguna,
dan lugar a una comunidad de vida permanente y singular, sin que sea su
voluntad asumir los derechos y obligaciones que la ley impone a los
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cónyuges»22. Tal definición incluso le fue otorgada a esta institución por el
artículo 1 de la Ley 54 de 1990:
ARTÍCULO 1. A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos
civiles, se denomina Unión Marital de Hecho, la formada entre dos mayores de
18 años que, sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y
singular.
Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañeros
permanentes a los mayores de 18 años que forman parte de la unión marital de
hecho.
72. Por lo tanto, encuentra la Sala que al señor Luis Eduardo Gutiérrez le
asiste razón al afirmar que, de acuerdo con el contenido de la escritura pública,
su unión marital de hecho inició desde el 17 de octubre de 2003, y no el 15 de
octubre de 2014, esto es, en la fecha en la cual declaró la modificación de su
estado civil.
73. Sin perjuicio de la anterior consideración, este operador judicial
encuentra que tal juicio valorativo no tiene la identidad de configurar el defecto
fáctico en su dimensión positiva. Es decir, no fue determinante para la decisión
que condujo a despachar en sentido desfavorable las pretensiones de la
demanda, como pasa a explicarse.
74. En el caso concreto, se probó que el demandante:
• Se vinculó al Ejército Nacional en calidad de soldado profesional, siendo
retirado mediante Orden Administrativa de Personal 1025 del 20 de
marzo de 2002.
• Mediante Escritura Pública 4890 del 15 de octubre de 2014 declaró la
unión marital de hecho con la señora Bermúdez Sotelo desde el año
2003.
• El 18 de octubre de 2014 elevó solicitud de reconocimiento del subsidio
familiar, por lo que mediante Orden Administrativa de Personal 2374 del
30 de noviembre de 2014 la entidad le reconoció al actor el subsidio de
conformidad con el Decreto 1161 de 2014.
• El 8 de junio de 2017 se profiere la sentencia de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con
efectos ex tunc.
• El 10 de enero de 2019, elevó solicitud de reajuste del subsidio familiar
ante el Ejército Nacional, de conformidad con el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000.
75. Al respecto, la Sala advierte que, a diferencia de los otros casos
previamente analizados por la Sala23, el señor Luis Eduardo Gutiérrez, para ser
22 Corte Constitucional, Sentencia C-174 de 1996.
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beneficiario del subsidio familiar consagrado en el Decreto 1794 de 2000, tuvo
la oportunidad de reportar la existencia de su unión marital de hecho tan pronto
esta fue conformada. En efecto, para el 17 de octubre de 2003, fecha a partir de
la cual se conformó, el referido Decreto 1794 de 2000 estaba vigente. Lo
anterior, toda vez que el Decreto 3770 de 2009 solo se expidió hasta el 30 de
septiembre de ese año.
76. Al respecto, es pertinente recordar que el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000 establecía que, para ser acreedor del subsidio familiar, era necesario que
el soldado profesional reportara el cambio de estado civil a partir de su inicio
ante el comando de la fuerza correspondiente y, en consecuencia, para ser
beneficiario de dicho emolumento el señor Gutiérrez debió solicitar la
declaratoria de la unión marital de hecho e informar su nueva situación ante las
autoridades militares.
77. Lo anterior se acompasa con la tesis de la Sección Quinta, pues en un
asunto similar al que se debate en esta instancia24, la Sala consideró que no
había lugar a acceder al amparo de los derechos fundamentales del accionante,
dado que aquel inició su unión marial de hecho el 8 de agosto de 2009; esto es,
antes de la derogatoria del Decreto 1794 de 2000. Por ello, contó con la
oportunidad de reportar su cambio de estado civil cuando la norma en mención
estaba vigente y al haberlo hecho hasta el año 2015, no tenía derecho al
reconocimiento de la prestación en tales términos.
78. Dicha postura fue reiterada con posterioridad por esta misma Sala de
Decisión, a propósito de una tutela en la que también se pretendía el
reconocimiento del subsidio familiar de conformidad con el Decreto 1794 de
2000. En esa oportunidad, se reiteró que había lugar al amparo únicamente
para quienes habían sido afectados por el Decreto 3770 de 2009; esto es, a
quienes se les privó, por la derogatoria de la norma que establecía el subsidio
familiar, de la posibilidad de indicarle al empleador el cambio de su estado civil
y solicitar tal reconocimiento. No así, para quienes si contaron con esa
posibilidad y tenían el deber de repórtalo a tiempo:
[…] como la consolidación de la unión marital de hecho ocurrió en vigencia del
Decreto 1794 de 2000 era deber del actor reportar el cambio de su estado
civil25.
23 Véase, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 3 de noviembre de
2022. Radicado núm. 11001-03-15-000-2022-04249-01.MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
Sentencia del 24 de agosto de 2023. Radicado núm. 11001-03-15-000-2023-03940-00. MP.
Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia del 13 de junio de 2024. Radicado núm. 11001-03-15-000-
2024-02566-00. MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
24 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 3 de noviembre de 2022. Radicado núm.
11001-03-15-000-2022-04249-01. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
25 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 24 de agosto de 2023. Radicado núm.
11001-03-15-000-2023-03940-00. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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79. Por ende, aun si el fallador de segundo grado hubiera valorado el
nacimiento de la unión marital de hecho a partir de octubre del año 2003, lo
cierto es que ello no llevaba a considerar que el accionante tenía derecho al
reconocimiento del subsidio familiar en los términos del Decreto 1794 de 2000,
pues como viene de verse, el actor omitió el deber de reportar el cambio de su
estado civil, siendo una carga válida al menos hasta el año 2009, fecha en la
que la norma estuvo vigente y, no lo hizo.
80. Así las cosas, dado que el defecto fáctico no fue ostensible, ni tuvo la
identidad de alterar el sentido la decisión, la Sala confirmará la decisión de
primera instancia que negó la solicitud de amparo deprecada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de febrero de 2025 proferida por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado que negó las súplicas
de la demanda.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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