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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2025-00072-01

Fecha
7 de mayo de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2025-00072-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia del 27 de marzo de 2025 11 Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional. www.consejodeestado.gov.co 6 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00072-01 Accionante: Andrés Grajales Delgado proferida por Tribunal Administrativo de Caldas, en el sentido de declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Andrés Grajales Delgado, por las razones expuestas en la presente providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 17001-23-33-000-2025-00072-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

7 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 17001-23-33-000-2025-00072-01
Accionante: Andrés Grajales Delgado
Accionado: Pagaduría de la Rama Judicial-Seccional Caldas y Fiscalía
General de la Nación

Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso, la protección a la familia y
el mínimo vital

Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia en el sentido de
declarar improcedente la acción de tutela por no agotar el
requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 27 de
marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera
de Decisión, mediante la cual se “negó por improcedente” la acción de tutela al
no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos1

2. Al señor Andrés Grajales Delgado, quien ha laborado en la Rama Judicial
desde el año 2005, le fue concedida una licencia no remunerada2 desde el 6
de diciembre de 2024 para ocupar otro cargo en la Fiscalía General de la Nación.

3. El 20 de febrero de 2025, a través de su correo electrónico, el actor elevó una
solicitud a las autoridades accionadas para que le informaran acerca del pago
proporcional de su bonificación por servicios prestados, considerando que su
último año de servicio en la Rama Judicial se cumplió en esa fecha.

4. La Fiscalía General de la Nación le respondió a través de ese mismo medio,
que según el Decreto núm. 021 de 2014, la bonificación solo aplica para quienes

1 Extraídos del escrito de tutela presentado el 12 de marzo de 2025. Índice 2 del aplicativo SAMAI, exp. núm.

11001-03-15-000-2025-00072-00.
2 Mediante la Resolución núm. 244 del 4 de diciembre de 2024: “Por medio de la cual se reconoce una

licencia no remunerada renunciable.”, concedida hasta por el término de tres años a partir del 6 de diciembre
de 2024, para ocupar otro cargo en la Fiscalía General de la Nación.

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Acción de Tutela
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Accionante: Andrés Grajales Delgado

han trabajado un año ininterrumpido en esa entidad, salvo en el caso de
vacaciones, por lo que no era posible acceder a su solicitud.

5. Por su parte, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales3,
le indicó que tampoco le era posible acceder a su requerimiento para el pago
proporcional de la bonificación solicitada, toda vez que esta se causa por un año
completo de servicio y el solicitante ha laborado en la Fiscalía desde diciembre
de 2024.

6. Asimismo, le aclaró que en el caso de que decidiera vincularse de forma
permanente a la Fiscalía General de la Nación, en la liquidación definitiva se
incluiría el concepto de bonificación por servicios y que si decidía regresar a
su cargo en propiedad en la Rama Judicial se correría la fecha de causación
para el pago de la bonificación por servicios.

2.2. Fundamento jurídico

7. El profesional del derecho invocó como sustento de su acción, sin realizar
ningún tipo de argumentación al respecto, más allá de afirmar que: “De lo
anteriormente expuesto se concluye que la bonificación por año que fue causada
el día 20 de febrero de 2025, debe ser reconocida y pagada por considerarse que
la ley lo ordena claramente”, la siguiente normativa y jurisprudencia:

8. El artículo 86 constitucional y el Decreto 2591 de 1991, así como los Decretos
306 de 1992 y 1382 de 20004. Asimismo, los artículos 10 y 45 la Ley 1042 de
1978 referentes a la bonificación por servicios, y las sentencias T-716 de 2017
referente al mínimo vital y C-163 de 2019, relacionada con los derechos al debido
proceso y el acceso a la administración de justicia.

2.3. Pretensiones

9. La parte accionante solicitó:

«[…] Con fundamento en lo anteriormente expuesto le solicito señor juez de la
república que se tutelen mis derechos fundamentales invocados como
amenazados, violados y vulnerados de debido proceso, protección a la familia,
seguridad social, entre otros por parte de la RAMA JUDICIAL Y/O LA
FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

Que se ordene a la entidad que corresponda, reconozca y pague a mi favor la
bonificación por año de servicios que se encuentra causada el día 20 de
febrero de 2025. […]». (sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

10. La acción de tutela fue admitida por el Tribunal Administrativo de Caldas
mediante auto del 14 de marzo de 20255, en el que ordenó notificar como

3
A través de correo electrónico remitido el 20 de febrero de 2025 por el jefe del área de Talento Humano.
4 Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000 compilados en la Ley 1069 de 2015.
5 Índices 4 y 7 del aplicativo SAMAI, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-00072-00.

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Accionante: Andrés Grajales Delgado

accionadas a la Pagaduría de la Rama Judicial Seccional Caldas y a la Fiscalía
General de la Nación.

2.4.1. La Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo
Eje Cafetero6, a través de su subdirectora, solicitó su desvinculación de la acción
al no haber vulnerado los derechos fundamentales invocados por el actor. Indicó
que la bonificación por servicios no le fue reconocida, pues el servidor no ha
cumplido un año continuo en la entidad y su causación solo se dará hasta el 5
de diciembre de la presente anualidad.

2.4.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Manizales-Caldas
del Consejo Superior de la Judicatura7, a través de la directora seccional,
solicitó negar las pretensiones de la acción y declararla improcedente al no
presentarse en el asunto ninguna vulneración ius fundamental ni existir un
perjuicio irremediable.

11. Sostuvo que no era posible acceder a lo pretendido por el accionante pues
si bien la bonificación se venía cancelando el día 25 de febrero de cada año, con
la nueva situación administrativa de la licencia, el actor no cumplió con el año
completo de prestación de servicios para su reconocimiento, por lo que esa
entidad no puede incumplir con la disposición legal al respecto.

12. Adicionalmente, puso de presente que, con ocasión de la licencia, el vínculo
con la Rama Judicial no ha finalizado, por lo que no se podría manejar como una
liquidación definitiva de una prestación económica y/o un posible reconocimiento
proporcional de la prestación.

13. En ese sentido recordó que, como se le manifestó en la respuesta del 20 de
febrero de 2025 el jefe del Talento Humano al accionante, no es posible acceder
a dicho reconocimiento, no solo por no existir retiro de la entidad, sino porque no
se ha dado cumplimiento al año de prestación de servicios, lo que posteriormente
conllevaría solo a la modificación de la fecha de causación, una vez finalice la
licencia.

2.5. Sentencia Impugnada8

14. El Tribunal Administrativo de Caldas negó la acción interpuesta por el señor
Grajales Delgado por improcedente, toda vez que existen otros mecanismos
judiciales para reclamar la bonificación por servicios prestados. En ese
entendido, sostuvo que la tutela no es el medio idóneo para resolver
controversias sobre derechos económicos. Además, indicó que el accionante no
ha probado una vulneración grave de sus derechos fundamentales, como el
debido proceso o el mínimo vital ni aportó evidencia de un perjuicio irremediable
que justifique la intervención del juez constitucional mediante tutela.

6
Índice 10 del aplicativo SAMAI.
7
Índice 16 del aplicativo SAMAI.
8 Índice 13 del aplicativo SAMAI.

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Acción de Tutela
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Accionante: Andrés Grajales Delgado

2.6. Impugnación9

15. El 28 de marzo de 2025 la parte accionante se limitó a remitir un correo
electrónico en el que indicó que impugnaba el fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Caldas, pero no realizó ningún comentario adicional.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

16. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás
normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

17. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si la Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo
Eje Cafetero - y la Pagaduría de la Rama Judicial -Seccional Caldas, incurrieron
en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, la protección
a la familia y el mínimo vital, del señor Andrés Grajales Delgado, con ocasión de
la respuesta negativa a su solicitud de pago de la bonificación por servicios
prestados.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

18. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

19. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

20. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se

9 Índice 16 del aplicativo SAMAI.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00072-01
Accionante: Andrés Grajales Delgado

inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en
esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

3.3.1. Del requisito de subsidiariedad

21. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

22. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que
resultan idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se
consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

23. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia10.

24. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el
cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.

3.3.2. Análisis del caso concreto

25. Al respecto, esta Sala considera, como lo hizo el Tribunal Administrativo de
Caldas en la providencia de primer grado, que la presente acción de tutela es
improcedente, porque el actor no agotó todos los recursos ante las entidades
accionadas y las instancias judiciales ordinarias antes de acudir a la acción de
tutela.

26. En ese entendido, se advierte que el actor elevó ante las entidades
accionadas unas peticiones en interés particular solicitando el pago de la
bonificación por servicios prestados, prestación que le fue negada por el mismo

10 En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic)

un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar
el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines
del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela,
que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de
protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».

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Acción de Tutela
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Accionante: Andrés Grajales Delgado

medio electrónico.

27. Así las cosas, ante la negativa de su petición el actor debió instaurar los
recursos procedentes en sede administrativa, y agotados los mismos, o por lo
menos el recurso obligatorio de apelación si fuere procedente, y en caso de
mantenerse la situación desfavorable, podría acudir a la jurisdicción contencioso-
administrativa para debatir su legalidad a través del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de
2011.

28. Así las cosas, dado que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario que
permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda
de los derechos, ese reconocimiento obliga a los asociados a incoar los recursos
jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva
de sus derechos.

29. Adicionalmente, se recuerda a la parte accionante que la jurisprudencia
constitucional11 ha sido clara en reiterar que las personas deben hacer uso de
todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha
dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de tal
manera que se impida el uso indebido de la acción de tutela como vía
preferente o instancia judicial adicional de protección.

30.. De tal modo, al no comprobarse la inminencia, ni existencia de un perjuicio
irremediable, no resulta procedente un estudio de fondo cuando la parte
accionante no ha hecho uso de los medios de defensa judicial que son idóneos
y efectivos para obtener el amparo de sus derechos, razón por la cual se
declarará improcedente la presente acción de tutela.

31 . Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia que “negó por improcedente” la presente acción, en el sentido de
declarar su improcedencia, pues, se reitera, dentro de las facultades del juez
constitucional no se encuentra la de sustituir las herramientas judiciales idóneas
para obtener la protección iusfundamental quebrantada, porque de lo contrario,
la acción de tutela se convertiría irremediablemente en un medio de protección
alternativo que lejos de amparar un derecho vulnerado, propiciaría un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones que le encomendó la Carta a los
jueces constitucionales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia del 27 de marzo de 2025

11
Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00072-01
Accionante: Andrés Grajales Delgado

proferida por Tribunal Administrativo de Caldas, en el sentido de declarar la
improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Andrés Grajales
Delgado, por las razones expuestas en la presente providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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