Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00072-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00072-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-00072-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
6 de febrero de 2025
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00072-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00072-00
Accionante: Luis Eduardo Gutiérrez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B
Temas: Acción de tutela contra providencia que revocó decisión de primera
instancia en lo atinente al reconocimiento y pago de subsidio familiar,
conforme al artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Luis Eduardo Gutiérrez,
mediante apoderado, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B.
ANTECEDENTES
El accionante solicita que se ampare su derecho fundamental al debido proceso,
el cual considera vulnerado con la providencia de 28 de junio de 2024, proferida
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-33-35-017-2019-00402-00 [02].
HECHOS
Manifestó que su apoderado promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra del Ejército Nacional- Ministerio de Defensa pretendiendo
el reajuste salarial del 20% y el reconocimiento y pago de la prima de navidad y
el subsidio familiar.
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El Juzgado 17 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda; la parte demandada interpuso recurso de
apelación, el cual resolvió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B el 28 de junio de 2024 revocando los numerales 1, 2 y 3
y, en su lugar, negó la inclusión del subsidio familiar y confirmó en lo demás.
Considera el actor que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto fáctico
dimensión positiva, en la medida que no valoró la totalidad de la “declaración
segunda de la Escritura Pública núm. 4890 del 15 de octubre de 2014 de la
Notaría Tercera de Popayán”, por medio de la cual se acredita la unión marital.
Dicha omisión ocasionó que se «desconociera el ingrediente normativo del
artículo 11 de decreto (sic) 1794 que señala que, el soldado profesional, entre las
fechas del 1° de enero de 2001 hasta el 23 de junio de 2014, deber (sic) tener
UNIÓN MARITAL DE HECHO VIGENTE, como requisito para reconocer el subsidio de
familia».
PRETENSIONES
Solicita que se ampare el derecho invocado, dejando sin efectos la providencia
del 28 de junio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B y, en consecuencia, ordenar al Tribunal proferir
una nueva decisión en la que se reconozca y pague el subsidio familiar desde el
17 de octubre de 2003, fecha en la que inició la unión marital de hecho.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 20 de enero de 2025 se dispuso su admisión, se ordenó la notificación
de la autoridad judicial accionada y se vinculó a la Nación- Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional, como terceros interesados.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
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B fue debidamente notificado de la acción de tutela; sin embargo, decidió guardar
silencio.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional fueron debidamente
notificados de la acción de tutela; pero no se pronunciaron al respecto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: i)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales y III) caso concreto.
I) Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
II) Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumplan la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la
Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la
Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a
la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar
a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen
de lesa humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que
no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial,
la Corte Constitucional identificó los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
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“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten
providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura
algún defecto que habilite el amparo constitucional.
III) Caso concreto
En síntesis, el señor Luis Eduardo Gutiérrez solicita la protección del derecho
fundamental al debido proceso, el cual considera vulnerado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B al proferir la
sentencia de 28 de junio de 2024 en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-017-2019-00402-00 [02].
Alega el actor que la autoridad judicial accionada al revocar los numerales 1.°, 2.°
y 3.° de la sentencia de 2 de septiembre de 2022 y, en su lugar, negar la
pretensión relativa al subsidio familiar, incurrió en el defecto fáctico “dimensión
positiva”, por no valorar en su totalidad la Escritura Pública núm. 4890 del 15 de
octubre de 2014 de la Notaría Tercera de Popayán, por medio de la cual en su
criterio se acreditó la unión marital, requisito sine qua non para acceder a dicho
beneficio.
Encuentra la Sala que la acción de tutela contra la providencia del 28 de junio de
2024 cumple los requisitos de procedencia, pues a) la relevancia constitucional
está dada, en la medida en que se debe examinar la presunta vulneración del
derecho fundamental por el defecto fáctico, el demandante argumentó
suficientemente la solicitud; b) el accionante no cuenta con otro medio de defensa
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para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con el requisito de inmediatez, pues
la acción se presentó dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la
providencia o su ejecutoria; d) no se invoca una irregularidad procesal y e) la
tutela no se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.
En lo que respecta al subsidio familiar el Tribunal argumentó que dicho factor
había sido regulado por el legislador, pero específicamente para los oficiales y
suboficiales, tal y como lo establece la Ley 126 de 1959 y los decretos ley 325
del 5 de febrero de 1959, 2337 de 1971, 612 de 1977, 89 de 1984 y 95 de 1989;
no obstante, a través del Decreto 1211 del 8 de junio de 1990 se estableció ese
beneficio para los soldados profesionales, el cual equivale al 4% del salario
básico y de la prima de antigüedad.
Seguido a esto, expuso que mediante el Decreto 1794 de 2000 el Gobierno
Nacional le reconoció a los soldados profesionales el derecho a devengar una
asignación mensual incrementado en un 40% más las primas de antigüedad,
servicio anual, vacaciones, navidad y subsidio familiar, éste último equivalente al
4% del salario básico mensual más la prima de antigüedad, tal y como lo
consagró el artículo 11 ibidem. El Decreto 4433 de 2004 incluyó el subsidio
familiar para la liquidación de la asignación de retiro.
Mencionó que el Decreto 3770 de 2009 derogó el artículo 11 del Decreto 1794
de 2000, de ahí que, los soldados profesionales e infantes de marina que a la
fecha de entrada en vigor se encontraban disfrutando de dicha prestación la
continuaron percibiendo hasta la fecha de retiro. Este decreto fue declarado nulo
por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en sentencia del
8 de junio de 2017 proceso 11001-03-25-000-2010-00065-00 (0686-2010), con
efecto ex tunc.
Que posteriormente, el Decreto 1161 del 24 de junio de 2014 consagró el subsidio
familiar para soldados e infantes de marina profesionales, en servicio activo, a
partir del 1o de julio del mismo año.
De lo expuesto concluyó el Tribunal que el subsidio familiar se rige: por el Decreto
1794 de 2000 para los soldados profesionales que contrajeron matrimonio o
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declararon la unión marital de hecho, a partir del 14 de septiembre de 2000 y
hasta el 23 de junio de 2014 y, por el Decreto 1161 de 2014 cuando el matrimonio
o la declaración de la unión marital de hecho fue a partir del 24 de junio de 2014.
Descendiendo al caso concreto y en lo tocante al subsidio familiar el Tribunal
evidenció que el demandante se vinculó como soldado profesional por voluntad
propia, su vinculación se rige por las disposiciones normativas del Decreto 1794
de 2000.
Aunado a lo anterior, indicó que al demandante en su calidad de soldado
profesional se le reconoció el subsidio familiar conforme a las disposiciones del
Decreto 1161 de 2014 con un 25% que corresponde a: 20% por su estado civil al
haber contraído unión marital con la señora Deisy Johanna Bermúdez Sotelo,
«cuyo reconocimiento se produjo el 30 de noviembre de 2014 (sic)»; 3% por su
hijo menor y 2% por otro hijo menor.
Evidenció la autoridad judicial que la novedad del reconocimiento del subsidio
familiar se produjo mediante Orden Administrativa de Personal OAP núm. 2374
del 30 de noviembre de 2014 y «está acreditado que el día 15 de octubre de 2014,
el señor Gutiérrez contrajo (sic) unión marital con la señora Deisy Johanna
Bermúdez Sotelo, hecho que fue objeto de conocimiento de la entidad el 18 de
octubre de 2014 mediante el formulario único de solicitud de subsidio familiar del
Ejército Nacional, situaciones acaecidas, en vigencia del Decreto 1161 de 2014».
El Tribunal consideró que el demandante no es beneficiario de las disposiciones
normativas del Decreto 1794 de 2000 en relación con el subsidio familiar, dado
que para la fecha en la que se declaró la unión marital, esto es, el 15 de octubre
de 2014, estaba vigente el Decreto 1161 de 2014.
Con base en lo anterior, decidió confirmar parcialmente la decisión de primera
instancia, en lo relativo a que no hay lugar a ordenar el reajuste salarial del 20%,
ni reconocer y pagar la prima de actividad y, revocar el reconocimiento del
subsidio familiar y, en su lugar, negar dicha prestación.
Por otra parte, es del caso recordar que el defecto fáctico dimensión positiva se
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presenta cuando el juez valora pruebas ilícitas, que fueron obtenidas con
violación de los derechos fundamentales, o da por probados hechos carentes de
prueba3.
Aclarado lo anterior, encuentra la Sala que, si bien el actor alegó el defecto fáctico
por dimensión positiva, lo cierto es que del análisis del escrito de tutela se infiere
que en realidad el actor hizo referencia a la dimensión negativa, ya que aduce
que la autoridad judicial accionada no valoró la totalidad de la Escritura Pública
núm. 4890 del 15 de octubre de 2014 de la Notaría Tercera de Popayán.
En esa medida, no encuentra la Subsección que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B haya incurrido en el defecto
fáctico dimensión negativa, toda vez que sí valoró íntegramente la Escritura
Pública núm. 4890 de la Notaría Tercera de Popayán, lo que le permitió concluir,
que el señor Gutiérrez convive con la señora Bermúdez desde el 17 de octubre
de 2003, pero que hasta el 15 de octubre de 2014 se declaró la unión marital de
hecho.
En vista de que la norma establece que son beneficiarios del subsidio familiar,
conforme al artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, quienes hayan declarado la
unión marital de hecho hasta el 23 de junio de 2014 y, en este caso se declaró
posterior a esa fecha, motivo por el cual no existe error en la apreciación de la
prueba.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que lo planteado en esta sede
constitucional se limita a evidenciar la inconformidad del actor con la decisión
adoptada por el Tribunal, lo que no es suficiente para calificar una providencia de
arbitraria o caprichosa, y menos aún, violatoria de derecho fundamental alguno,
pues, como quedó visto, la autoridad judicial accionada resolvió el asunto bajo un
análisis plausible, con una carga de argumentación suficiente y razonable que
debe ser respetada en virtud de los principios de autonomía e independencia
judicial.
En consecuencia, se negará el amparo invocado por no configurarse el defecto
3 Corte Constitucional, sentencia T 041 de 2018.
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alegado ni cualquier otro.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Negar el amparo invocado por el señor Luis Eduardo Gutiérrez,
conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
HAPC
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