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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04749-00

Fecha
28 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04749-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniégase la acción de tutela promovida por las señoras María Eugenia Yépez Leyva y Jendy Isabel Zapata Yépez. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-04749-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

28 de septiembre de 2023

Demandantes: María Eugenia Yépez Leyva y otra
Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04749-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E)

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04749-00
Demandantes: MARÍA EUGENIA YÉPEZ LEYVA Y OTRA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Desconocimiento del
precedente. Caducidad. Deniega.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Petición de amparo constitucional

Las señoras María Eugenia Yépez Leyva y Jendy Isabel Zapata Yépez,
mediante escrito radicado el 31 de agosto de 2023, por conducto de apoderado
judicial, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar
y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, a la integridad personal, a la igualdad, al debido
proceso y a la reparación integral.

Lo anterior, con ocasión de las providencias proferidas el 27 de julio de 2023 y
28 de octubre de 2020 por las mencionadas autoridades judiciales,
respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa que
promovieron contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional y la Décima Brigada Blindada - Batallón de Artillería de Campaña 10

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Demandantes: María Eugenia Yépez Leyva y otra
Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04749-00

Santa Bárbara, identificado con radicado 20001-33-33- 001-2018-00126-00/01.

En consecuencia, solicitó lo siguiente:

Solicito a los honorables Magistrados del Consejo de Estado, que mediante este
mecanismo Constitucional se ordene LA REVOCATORIA DE LA SENTENCIA
PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, MAGISTRADO
PONENTE CARLOS MARIO ARANGO HOYOS, de fecha 27 de julio de 2023, y LA
SENTENCIA DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2020 PROFERIDA POR EL JUZGADO
PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR, por medio del
cual se declaró probada la excepción denominada caducidad de la acción propuesta
por la parte demandada, por falta de aplicación de disposiciones normativas
relevantes (errónea aplicación de los términos de caducidad) indebida interpretación
de la norma, no aplicación de la flexibilización de los estándares probatorios, exceso
ritual manifiesto en materia de derechos humanos, causales que quebrantan el
debido proceso, el legítimo derecho de defensa y la igualdad procesal, por ser
violatoria de los derechos fundamentales artículo 13, 29, 53 de la constitución
nacional y en su defecto se concedan las pretensiones rogadas en el libelo.

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.2. Hechos

La parte accionante sostuvo que el joven discapacitado Yarlis José Martínez
Yépez, era hijo de la señora María Eugenia Yépez Leiva y que residía junto con
su progenitora, padrastro y hermanos en la manzana 15 casa 8 del barrio Bello
Horizonte de Valledupar, de donde el 12 de mayo de 2007, salió a recoger unos
potes en el barrio La Ceiba de La Nevada de Valledupar.

Indicó que, según denuncia presentada el 17 de mayo de 2007, ante la Fiscalía
General de la Nación, la víctima fue desaparecida forzosamente y embarcado
en un vehículo de los que viajan a los pueblos cercanos a La Guajira, sin volver
a tener noticias de él.

Manifestó que, después de 2 horas y 20 minutos de haber sido desaparecido y
secuestrado forzosamente en la ciudad de Valledupar, la víctima fue presentada
por miembros del Batallón Artillería 10 Santa Bárbara, adscrito a la Décima
Brigada Blindada del Ejército Nacional de Valledupar, como N.N en combate
como miembro del ELN en la vereda YAYA jurisdicción del municipio de
Fonseca, La Guajira, portando una pistola de marca Ceska 9mml 9098, una
granada IM-26, y ocho vainillas de calibre 9 milímetros.

Refirió que, sin rastro, ni respuesta de su paradero o existencia a su madre y
hermanos, quienes comenzaron hacer diligencias de toda índole para indagar el
paradero de Yarlis José Martínez Yépez, lo cual agravó la situación emocional y
familiar de los demandantes. El 12 de diciembre de 2007, esto es, 7 meses
después, la señora María Eugenia Yepes Leyva, reconoció a su hijo mediante
fotografía que le suministro el CTI de Riohacha, La Guajira Fiscalía 001

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Seccional de Fonseca donde vestía jeans oscuros, suéter rojo, botas marrones
Brahama y gorra azul. Y que, luego fue identificado, según protocolo de
necropsia 024 del 13 de mayo de 2007, que reposa en el hospital San Agustín
de Fonseca.

Precisó que, por tales hechos presentó una demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa el 23 de marzo de 2018, contra la Nación –
Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, Decima Brigada Blindada - Batallón
de Artillería de Campaña 10 Santa Bárbara, la cual en primera instancia la
conoció el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar,
que mediante sentencia del 28 de octubre de 2020 declaró probada la
excepción denominada caducidad de la acción propuesta por el Ejército
Nacional, en calidad de entidad demandada.

Agregó que, en primera instancia se consideró que el término para demandar
en ejercicio de la acción de reparación directa empezó a correr el 26 de enero
de 2009, fecha de la declaración jurada de la señora María Eugenia Yépez
Leyva, madre de la víctima1, y expiró el 27 de enero de 2011; sin embargo, la
demanda solo fue presentada hasta la fecha en cita.

Expuso que, en dicha providencia también se indicó lo siguiente: “En este punto
es necesario resaltar que este Despacho acoge lo dispuesto por el Honorable
Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación de fecha 29 de enero de
2020, Rad. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033), C.P MARTA NUBIA
VELÁSQUEZ RICO, concretamente en lo relacionado a la manera en la que se
debe computar el plazo para efectos de determinar si se presenta el fenómeno
de caducidad en el medio de control de reparación directa, con fundamento en
el conocimiento del hecho dañoso.”

Manifestó que recurrió en apelación la anterior decisión y que, el Tribunal
Administrativo del cesar con fallo del 27 de julio de 2023 la confirmó, luego de
considerar que los demandantes presentaron su demanda de reparación directa
cuando ya se había superado el término que la ley concede para activar la
jurisdicción contenciosa administrativa. Hizo referencia a la aplicación de la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado.

1
En la providencia se indicó: “Ahora con la declaración jurada rendida por la señora MARÍA
EUGENIA YÉPEZ LEYVA, el 26 de enero de 2009, dentro del penal con radicado 6807 por los
delitos de Homicidio Agravado y Secuestro Simple y Agravado, en el cual aparece como víctima
el señor YARLIS JOSE MARTINEZ YEPEZ (Q.E.P.D), se evidencia que la demandante estaba
enterada desde aquella época, que su hijo había fallecido como consecuencia de un supuesto
enfrentamiento con miembros del Batallón Santa Bárbara, así quedó consignado.
…después de revisar el proceso penal, solo hasta el 26 de enero de 2009 se tiene la certeza de
que la señora Martínez Yépez, tenía conocimiento de que su hijo había fallecido como
consecuencia de unos hechos en los que participó el Ejército Nacional.”

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1.3. Sustento de la vulneración

La parte actora sostuvo que, con la sentencia demandada se incurrió en lo
siguiente:

1.3.1. Desconocimiento del precedente

Indicó que con la decisión acusada no se atendieron las siguientes providencias
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional:

Sentencia del 20 de junio de 2011 radicado 11001-03-15-000-2011-00655-00 (AC);
Auto de agosto 11 de 2011, radicado 85001-23-31-000-2010-00177-01; sentencia
del 5 de abril de 2013, radicado 19001-23-31-000-1999-0217-01 (24984); auto del
17 de septiembre de 2013, radicado 25000-23-26-000-2012-00537-01 (45092);
sentencia de tutela segunda instancia del 12 de febrero de 2015, radicado 11001-
0315-000-2014-00747-01; sentencia de tutela de segunda instancia del 12 de marzo
de 2015, radicado 11001-03-15-000-2014-01352-01; sentencia de tutela de segunda
instancia del 7 de septiembre de 2015, radicado 11001-03-15-000-2015-01676-00
(AC); sentencia del 7 de septiembre de 2015, radicado 85001-23-33-000-2013-
00035-01 (51388); sentencia del 7 de septiembre de 2015, radicado 85001-23-31-
000-2010-00178-01 (47671); auto del 02 de mayo de 2016, radicado18001-23-33-
000-2014-00069-01 (53518) ; auto del 5 de septiembre de 2016, radicado 05001-23-
33-000-2016-00587-01 (57265); auto del 24 de octubre de 2016, radicado 05001-
23-33-000-2016-01722-01 (58051); sentencia del 10 de noviembre de 2016,
radicado:19001-23-31-000-2010-00115-01(56282); auto del 30 de marzo de 2017,
radicado 25000-23-41-000-2014-01449-01 (AG); sentencia del 12 de marzo de
2017, radicado 05001-23-31-000-2010-01922-01 (49416) ; auto del 7 de diciembre
de 2017, radicado 05001-23-33-000-2017-01395-01 (59601); auto del 30 de agosto
de 2018, radicado 25000-23-36- 000-2017-01976-01 (61798); auto del 12 de
septiembre de 2019, radicado 44001-23-31-000-2010-00238-01 (53833); sentencia
de tutela de segunda instancia de 30 de julio de 2020, radicado 11001-03-15-000-
2019-04842-01; sentencia de tutela de segunda instancia de 20 de agosto de 202
(sic), radicado 11001-03-15-000-2019-01816-01; sentencia del 30 de abril de 2021,
radicado 11001-03-15-000-04068-01.

…

… Magistrado Rafael Francisco Suarez Vargas, de fecha 7 de julio de 2022
Rad.11001-03-15-000-2022-01694-01demandante José Barón Uribe y Otros
demandado Tribunal Administrativo del Casanare, Acción de tutela sección cuarta
Consejo de Estado M.P. Stella Jeannette Carvajal Bastos, Rad. 11001-03-15-000-
2021-11153-01 demandantes Gloria Damaris Gallego y Otros contra Tribunal
Administrativo de Antioquia sala cuarta de oralidad desconocimiento del precedente
judicial por aplicación indebida de la sentencia de unificación de la sección tercera
del Consejo de estado del 29 de enero del 2020. Sentencia de la Corte
Constitucional del 3 de mayo del 2018, dentro del expediente de reparación directa
N° 54001233100020100037001 (53704) demandantes Amelida Peña Rangel contra
Subsección tercera del Consejo de Estado. Sentencia de Unificación 167 de 2023
Corte Constitucional Sala Plena de fecha 18 de mayo del año 2023 expediente T-
8.473.096 Magistrada Ponente Diana Fajardo Rivera, Tutelante María Lucelly
Herrera Monsalve. Sentencia Consejo de Estado Sala Contencioso Administrativo
Sección Segunda, Subsección A, consejero Ponente Rafael Francisco Suarez
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Vargas, demandante Carmen Sofía Pérez Becerra y otros, demandado Tribunal
Administrativo del Cesar, de fecha 13 de julio de 2023, radicado11001-03-10-000-
2023-01922-01.

Sostuvo que la autoridad judicial demandada desconoció el precedente
jurisprudencial en mención, pues al momento de presentación de la demanda
existía un criterio definido de no aplicar la caducidad en las reparaciones
directas en casos de lesa humanidad y crímenes de guerra, en atención a su
naturaleza imprescriptible.

Refirió que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, que varió la
tesis sobre la caducidad en dichos asuntos, no moduló sus efectos, por lo que,
estos deben entenderse a futuro, pero el tribunal demandado omitió ponderar
los derechos fundamentales de igualdad y libre acceso a la administración de
justicia, para no hacer ilusorias sus garantías constitucionales.

Consideró que estaba en la obligación de aplicar el carácter vinculante en
términos de lo dispuesto en el artículo 27 del CPACA y en la sentencia C-836
de 2001.

Agregó que también se desconoció de la Corte Constitucional las sentencias T-
352 de 2016 y T-296 de 2018.

1.4. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto del 5 de septiembre de 2023 se admitió la solicitud de tutela y, en
consecuencia, se dispuso la notificación de los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo del Cesar y del juez Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar.

A su vez, se ordenó la notificación del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
y a la Décima Brigada Blindada - Batallón de Artillería de Campaña 10 Santa
Bárbara, así como a los señores Yarlenis Paola Zapata Yépez, Dairo Antonio
Zapata Vega, Orlando José Zuleta Yépez, Adriana Paola Yépez Leyva, Jorge
Leonardo Maya Yépez, Juana Rosa Zuleta Yépez y Rosiris María Yépez Leyva,
quienes también integraron la parte demandante del medio de control de
reparación directa dentro del cual se dictaron las providencias objeto de
controversia2.

De igual manera se dispuso lo siguiente: “[p]ara tal efecto, publíquese un aviso
en el sitio web del Consejo de Estado informando sobre la existencia de la
presente solicitud de tutela y, de igual manera, líbrese oficio al Tribunal

2
Con memorial recibido el 8 de septiembre de 2023, aportaron escrito con el cual señalaron que
conferían poder al abogado José Manuel Pérez Cantillo, el mismo de la parte actora
(documentos 31 y 32 Samai).

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Administrativo del Cesar para que surta la notificación de las personas antes
señaladas por el medio más expedito y acredite tal diligencia.”

1.5. Contestación

1.5.1. Tribunal Administrativo del Cesar

Esta autoridad judicial se opuso a la prosperidad de lo pretendido por la parte
actora, al considerar lo siguiente:

Resaltó que se apoyó en la providencia de unificación del Consejo de Estado,
proferida el 29 de enero de 2020 dentro del proceso con radicado número:
85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033), relacionada con la caducidad del
medio de control de reparación directa, en los casos en que se persigue el
resarcimiento de daños derivados de la ocurrencia de un crimen de lesa
humanidad.

Precisó que en dicho pronunciamiento, se concluyó que la regla de caducidad
de la reparación directa era aplicable a todas las demandas presentadas ante
esta jurisdicción, incluidas las que versen sobre conductas supuestamente
constitutivas de delitos de lesa humanidad y salvo aquellas controversias en las
que se presenten circunstancias particulares que ameriten recurrir a la
excepción de inconstitucionalidad de que trata el artículo 4 de la Constitución
Política.

Destacó que, en la providencia acusada se precisó que la imprescriptibilidad
que opera en materia penal frente a delitos de lesa humanidad y crímenes de
guerra, entre otros, no da lugar a la inaplicación del plazo para solicitar la
declaración de responsabilidad patrimonial del Estado.

Mencionó que, a partir de los hechos y material probatorio del proceso
ordinario, concluyó que, si bien la víctima desapareció desde el 12 de mayo de
2007, y ese mismo día se produjo su muerte, después de revisado el proceso
penal, se evidenció que, solo hasta el 26 de enero de 2009 es que la señora
Martínez Yépez, obtiene el conocimiento de que el Estado a través del Ejército
Nacional podría estar involucrado en la muerte de su familiar, pues así se relató
en la demanda, y se corroboró con las denuncias efectuadas por la propia
demandante y las declaraciones rendidas en el desarrollo de la causa penal, en
las que con claridad se denota el convencimiento que tenía de que su hijo fue
asesinado sin ninguna justificación, pero presentado como muerte en combate,
lo que demuestra un caso de falso positivo.

Consideró que como la solicitud de conciliación ante el Ministerio Público fue
presentada el 25 de enero de 2018, era claro que para esas fechas ya había
operado el fenómeno de la caducidad, pues de acuerdo con la jurisprudencia
vinculante vigente frente a los delitos considerados como de lesa humanidad,
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entre los que está considerado el fenómeno de los “falsos positivos”, no están
exceptuados per se de la aplicación de la caducidad.

La Secretaría de dicha corporación remitió copia digital del expediente ordinario
y señaló que conforme con lo ordenado mediante auto de fecha 5 de
septiembre de 2023, proferido dentro de la acción constitucional de la
referencia, se remitía copia del aviso publicado en la página web de la Rama
Judicial.

A su vez, mencionó que enviaba la notificación realizada a las personas
ordenadas dentro del auto, la cual se realizó a los correos electrónicos
aportados por su apoderado judicial, para que por conducto de éste se realizara
dicha notificación; sin embargo, dichos correos rebotaron y señaló que “[n]o
obstante, también se envió dicha notificación al correo electrónico aportado por
el apoderado judicial dentro de la presente acción, sin arrojar el respectivo
acuse.”

1.5.2. Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Esta entidad solicitó que se declarara la improcedencia de la presente acción, o
en su defecto, se nieguen las pretensiones de las accionantes.

Sostuvo que, no es de recibo el argumento del apoderado accionante respecto
del cual el tribunal Administrativo del Cesar incurrió en una vía de hecho por
desconocimiento y aplicación indebida del precedente jurisprudencial, al aplicar
el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control, pues según lo
establecido en sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 bajo la regla
de caducidad de la reparación directa es aplicable a todas las demandas
presentadas ante la jurisdicción contenciosa administrativa, incluidas las que
versen sobre conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad, como se
presenta en el sub examine.

Consideró que, la acción de tutela objeto de estudio, no cumple con los
requisitos para habilitar su análisis de fondo, porque no se acredita la presunta
vulneración de los derechos fundamentales alegados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en
atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.

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2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si se cumplen los presupuestos generales de
procedencia de la acción de tutela y, de ser así, si con las decisiones
demandadas se vulneraron los derechos fundamentales de la parte accionante,
al confirmar la sentencia que declaró probada la excepción de caducidad
propuesta por la entidad demandada en el proceso de reparación directa que
promovió la parte actora en contra de la Nación – Ministerio de Defensa -
Ejército Nacional, Decima Brigada Blindada - Batallón de Artillería de Campaña
10 Santa Bárbara, por incurrir en el defecto por desconocimiento del
precedente.

Previo a resolver, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial,
ii) el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse
superados se estudiará iii) el fondo del asunto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20123, mediante el cual
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales4, conforme al cual:

De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de
considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no
lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto
paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí
que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta
providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.5.

La corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las acciones de tutela que se
presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho

3
Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente número 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción
de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
4
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
5
Ibidem.

8

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fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por
la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio,
pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…”.

Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra
providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia6 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
(procedencia sustantiva) y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto (procedencia adjetiva).

En tales condiciones, debe verificarse en primer término que la solicitud de
tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que no
se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez, iii) relevancia constitucional y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos,
corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de
los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que
se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede
ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

6
Entre otras, se citan las sentencias T - 949 de 2003, T - 774 de 2004 y C - 590 de 2005 de la
Corte Constitucional.

9

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2.4. Examen de requisitos generales

2.4.1. Relevancia constitucional

Este requisito se encuentra cumplido, en consonancia con la postura fijada por
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, a través de la cual se
unificaron los criterios respecto del precitado presupuesto y se estableció que
los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión
judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, son los
siguientes:

i) Tener la suficiente entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,

ii) No involucrar un debate eminentemente legal,

iii) No limitarse a plantear una discusión preponderantemente económica y,

iv) Cumplir con la carga argumentativa y explicativa rígida tendiente a demostrar
la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

Para la Sala el asunto reviste de relevancia constitucional, puesto que la parte
actora cuestiona la providencia con la cual se confirmó la decisión que declaró
probada la excepción de caducidad del medio de reparación directa en un
asunto de “lesa humanidad” y, en tal sentido, considera que se afectaron sus
garantías constitucionales por desconocimiento del precedente jurisprudencial.

Esto, porque la autoridad judicial accionada aplicó de manera indebida la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 que prevé como regla que
cuando se ejerce el medio de control de reparación directa por los daños
sufridos con ocasión de los delitos de lesa humanidad, también se debe hacer
exigible el término para demandar establecido por el legislador en el artículo
164 de la Ley 1437 de 2011.

El presente asunto, se trata de una cuestión de carácter ius fundamental en la
medida en que no solo se invoca la protección de sus garantías superiores, sino
que el caso involucra el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, dado que el juez de segunda instancia descartó el estudio de la
responsabilidad del Estado, al declarar probada la excepción de caducidad del
medio de control de reparación directa.

Adicionalmente, se encuentra explicado de manera suficiente la tensión entre la
providencia censurada y el núcleo esencial del derecho de acceso a la
administración de justicia, al exponer que la autoridad judicial accionada aplicó
de manera indebida el precedente judicial que habilita el estudio de la

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caducidad del medio de control de reparación directa en los eventos en que se
cuestiona la responsabilidad del Estado.

Siendo así, el debate jurídico planteado por los tutelantes sobrepasa la mera
discusión legal, no comporta un interés netamente jurídico y se cumple con la
carga argumentativa que soporta la lesión de los derechos fundamentales con
ocasión de la providencia judicial demandada.

2.4.2. Tutela contra providencia de la misma naturaleza

Se advierte que no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia de segunda instancia censurada - que es sobre
la cual procede el análisis correspondiente-, se profirió en el trámite de un
proceso de reparación directa.

2.4.3. Inmediatez

Asimismo, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez,
puesto que la providencia demandada se dictó el 23 de julio de 2023, mientras
que la demanda de tutela se presentó el 31 de agosto de la misma anualidad;
por tanto, sin necesidad de establecer la ejecutoria de aquella, se advierte un
ejercicio oportuno de la acción constitucional.

2.4.4. Subsidiariedad

La Sala encuentra acreditado tal presupuesto, puesto que contra la decisión
demandada no procede recurso ordinario, ni extraordinario alguno.

Así las cosas, se procederá con el siguiente análisis.

2.5. Caso concreto

La parte accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales con
ocasión las providencias proferidas el 27 de julio de 2023 y 28 de octubre de
2020 por las mencionadas autoridades judiciales, respectivamente, dentro del
medio de control de reparación directa que promovieron contra la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y la Décima Brigada Blindada
• Batallón de Artillería de Campaña 10 Santa Bárbara, identificado con radicado
20001-33-33- 001-2018-00126-00/01, en las que se declaró probada l
excepción de caducidad porpuesta por la entidad demandada en dicho
expediente.

Al respecto, se precisa que, el análisis siguiente corresponderá a la providencia
de segunda instancia, pues con esta se puso fin a la controversia ordinaria.

11

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La sala observa que la parte actora consideró que con la decisión acusada se
incurrió en el desconocimiento del precedente jurisprudencial puesto que, para
la fecha en que radicó la demanda estaba vigente el criterio según el cual frente
a conductas constitutivas de violaciones a los derechos humanos, no debía
aplicarse el término de caducidad de la reparación directa. Esto, conforme a las
múltiples providencias que citó como fundamento de la presunta vulneración,
las cuales se encuentran en los antecedentes de esta decisión.

De modo que, según su tesis hasta antes del 29 de enero de 2020, la
jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado establecía que en aquellos
casos de delitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos no
operaba el fenómeno jurídico de la caducidad. En tal sentido, destacó que dicha
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 no podía ser aplicada en su
caso, pues presentó la demanda ordinaria en el año 2018.

Por su parte, para la autoridad judicial demandada no se incurrió en el defecto
específico en cita puesto que se edificó su decisión en la normativa y
jurisprudencia aplicable al caso concreto, en concordancia con el análisis de las
situaciones particulares del asunto, sin que se hubiese advertido alguna que
permitiera inaplicar las reglas de caducidad de la reparación directa.

De manera que, se debe indicar que en cuanto al precedente jurisprudencial,
esta sala ha considerado lo siguiente:

…es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez
que debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una
similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la
ratio decidendi constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en
determinado sentido’7, y que el desconocimiento de éste se materializa
‘…cuando el fallador -Alta Corporación-, sin motivación - omite referirse a un
caso anterior- o sin una motivación suficiente y razonable, decide separarse o
modificar la subregla de derecho expuesta por él en un caso anterior, o
cuando el juez de inferior jerarquía no lo aplica pese a estar obligado a ello8.

A su vez, la Corte Constitucional se ha referido al precedente de la siguiente
manera:

…el conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver, el cual
debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al
momento de dictar sentencia, teniendo en cuenta su pertinencia para la
resolución de un problema jurídico. El precedente debe ser anterior a la
decisión en la que se pretende aplicar y, además, debe presentarse una

7
Sentencia del 19 de febrero de 2015, Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, Radicado No. 2013-02690-01.
8
Ibídem.

12

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semejanza de problemas jurídicos, escenarios fácticos y normativos.9

De modo que, para que prospere el defecto por desconocimiento del
precedente, éste debe acreditarse con un pronunciamiento –o varios- que
sirvan de referencia al juez de la causa, respecto de un determinado asunto, por
guardar una similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos.

Adicionalmente, debe precisarse que esta Sección en reiterados
pronunciamientos ha indicado que el concepto de precedente hace referencia a
la regla de derecho determinante del sentido de la decisión y su contenido
específico, es decir, la ratio decidendi, la cual no está atada al número de
decisiones, dado que solo basta una providencia en donde se especifique una
regla o subregla de derecho.

Asimismo, se ha destacado que el carácter vinculante de las reglas o subreglas
de derecho creadas por las Altas Cortes, encuentra su fundamento en la
jerarquía del juez, a sus funciones asignadas por la norma superior y a la
garantía de los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como, en la
coherencia del ordenamiento jurídico.

Así las cosas, solo podría corresponder a un precedente la sentencia que
contenga una regla o subregla de derecho o que fije el alcance de una
disposición normativa, proferida por los órganos de cierre como lo son: i) la
Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado y iii) la Corte Suprema de
Justicia, las cuales deben ser tenidas en cuenta por todos los jueces, al
momento de resolver los casos concretos.

En lo particular, se encuentra que la autoridad judicial acusada previo a resolver
el caso concreto, precisó lo atinente al término de caducidad de la reparación
directa en casos como el analizado, a partir del criterio de unificación del
Consejo de Estado del 29 de enero de 202010.
Precisó que, respecto de la caducidad del medio de control en referencia, en
casos en que se persigue el resarcimiento de daños derivados de la ocurrencia
de un crimen de lesa humanidad, el Consejo de Estado recientemente emitió

9
Corte Constitucional. Sentencia T - 762 de 2011.
10 Radicación número: 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033). Actor: Juan José Coba Oros
y otros. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros. Referencia:
Reparación directa. En esta decisión se decidió: “PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de
guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta aplicable el
término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la
desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los
afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no
se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del
derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.”

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providencia de unificación del 29 de enero de 2020 dentro del proceso con
radicado número: 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033) en la que llega,
entre otras, a la conclusión que la regla de caducidad de la reparación directa
era aplicable a todas las demandas presentadas ante esta jurisdicción, incluidas
las que versen sobre conductas supuestamente constitutivas de delitos de lesa
humanidad y salvo aquellas controversias en las que se presenten
circunstancias particulares que ameriten recurrir a la excepción de
inconstitucionalidad de que trata el artículo 4 de la Constitución Política.

Adujo que, con todo, el Consejo de Estado aclaró que para computar el plazo
de caducidad no bastaba con la ocurrencia del hecho dañoso, porque se
requería determinar si el interesado advirtió o tuvo la posibilidad de saber que el
Estado participó en tales hechos y que le era imputable el daño, pues si ello no
se configura, el término para demandar no se cuenta desde el hecho dañoso,
sino desde que se conoció que resultaba procedente la pretensión de
reparación directa, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

Señaló que, de este modo, tal como lo ha seguido reiterando el Consejo de
Estado11 y la Corte Constitucional12 a partir de la referida sentencia de
unificación, en los casos en los que se demandan pretensiones indemnizatorias
derivadas de la ocurrencia de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra,
como en todos los demás casos, se deben computar los términos de caducidad
a los que se refiere el literal “i” del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de
2011.

Agregó que, sin embargo, excepcionalmente, es posible inaplicar tales
términos, pero únicamente en aquellos eventos en los que se acrediten
situaciones que afectaron de manera ostensible los derechos al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia y obstaculizaron objetivamente el
ejercicio del derecho de acción. Esto, para concluir en el caso concreto lo
siguiente:

… los demandantes conocían de la muerte de su familiar desde el momento mismo
en que se produjo.

Lo anterior, se corrobora con las manifestaciones hechas por la señora María
Eugenia Yépez Leyva, durante la declaración rendida el 26 de enero de 2009, ante
la Fiscalía 002 Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del
Cesar, cuando al indagársele por el conocimiento que tenía de la muerte de su hijo
Yarlis José Martínez Yépez, ocurrida el día 12 de mayo de 2007, contestó…

…

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 20 de mayo de 2022, exp: 05001-23-33-000-2020-00418-01 (67.891).
12
Sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022. Magistrado Ponente: Dra. Paola Andrea Meneses
Mosquera.

14

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De tal modo, que según lo muestra las documentales allegadas al proceso, al
menos para esta fecha en la que la madre de la víctima demandante rindió la
anterior declaración, los demandantes ya advertían que la Nación- Ministerio de
Defensa- Ejército Nacional-, podía responsabilizarse por los hechos victimizantes
padecidos, más aún cuando, en los supuesto facticos narrados en la demanda se
anota reiteradamente que la víctima “era un joven que padecía retardo mental y
movimientos coreotetosicos, condiciones que le impedían funciones como correr,
desarrollar marcha regular e incluso usar cualquier tipo de armamento”,
afirmaciones que se dirigen a desvirtuar la tesis del Ejército de haber sido dado de
baja en un enfrentamiento armado con una de sus tropas, y les hacía presumir que,
la muerte de Yarlis José Martínez Yépez, solo fue para mostrar resultados
eficientes, causando los daños alegados a víctimas indefensas, por la vulneración a
las facultades constitucionales de todo ciudadano.

En este orden de ideas, tal como lo analizó el a-quo es fácil concluir que, si bien la
víctima desapareció desde el 12 de mayo de 2007, y ese mismo día se produjo su
muerte, lo cierto es, que después de revisar el proceso penal, se evidencia que, solo
hasta el 26 de enero de 2009 es que la señora Martínez Yépez, obtiene el
conocimiento de que el Estado a través del Ejército Nacional podría estar
involucrado en la muerte de su familiar, pues así se relata en la demanda, y se
corrobora con las denuncias efectuadas por la propia demandante y las
declaraciones rendidas en el desarrollo de la causa penal, en las que con claridad
se denota el convencimiento que tenía de que su hijo fue asesinado sin ninguna
justificación, pero presentado como muerte en combate, lo que demuestra un caso
de Falso Positivo.

A partir de lo anterior, el tribunal demandado sostuvo que para el 26 de enero
de 2009, según la declaración de la propia madre de la víctima ya contaban con
elementos de juicio para inferir que el Ejército Nacional era susceptible de ser
demandado en ejercicio del medio de control de reparación directa y que, como
la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 25 de enero de 2018, esto
fue extemporáneo, pues ya había operado el fenómeno de la caducidad.

Adicionalmente, en la providencia acusada se indicó que, a través de sentencia
del 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado unificó su jurisprudencia en relación con la aplicación de las reglas de
caducidad en materia de reparación directa, para precisar lo siguiente:

Particularmente se itera que, conforme con lo señalado por el Consejo de Estado,
en la Sentencia de Unificación… muchas veces referenciada, no puede compartirse
el argumento de la parte demandante en el sentido de que el medio de control de
reparación directa no caduca en el presente caso por tratarse de un crimen de lesa
humanidad, toda vez que, como lo señaló el Máximo Órgano de lo Contencioso
Administrativo, excepcionalmente, es posible inaplicar el término de caducidad de la
pretensión de reparación directa cuando se advierta que la no comparecencia ante
la administración de justicia se encuentra justificada por razones materiales, pues el
paso del tiempo no puede empezar a correr contra quien no goza del acceso
efectivo a la administración de justicia, lo cual, se insiste, depende de las
circunstancias especiales de cada sujeto”, por ello, no basta que en el presente
caso se haya invocado una conducta supuestamente constitutiva de un delito de
lesa humanidad, sino que debía la parte demandante alegar y demostrar alguna
situación que hubiera afectado de manera ostensible los derechos al debido

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proceso y de acceso a la administración de justicia y que obstaculizaron
objetivamente el ejercicio del derecho de acción, lo que no sucedió por cuanto las
justificaciones dados en la demanda y en el recurso de apelación, no tienen tal
virtualidad.

Así las cosas, la sala observa que la declaratoria de la excepción de caducidad
estuvo fundamentada en un estudio razonable de la jurisprudencia que la
autoridad judicial consideró aplicable al caso concreto, sin que se configure una
arbitrariedad cuando la decisión no resulta favorable a las pretensiones de la
demanda.

De igual manera, resulta necesario precisar que el juez de segunda instancia
debía acudir al criterio unificatorio que estaba vigente para la fecha en que se
dictó la providencia en cuestión13, como lo fue para el asunto en particular de la
sentencia del 29 de enero de 2020, en la que la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en relación con la
aplicación de las reglas de caducidad en materia de reparación directa en el
sentido de que el cómputo de dicha figura en esta clase de procesos debe
realizarse de forma distinta a las establecidas en las disposiciones legales, en
los eventos en los que la no comparecencia del afectado ante la administración
de justicia se encuentre justificada.

En lo atinente, se indica que la Sala Plena del Consejo de Estado ha
considerado que, por regla general, el precedente se aplica en forma
retrospectiva cuando las reglas o subreglas de derecho fijadas cobijan trámites
cuya solución está pendiente, tanto en vía administrativa como judicial “salvo
los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables”14.

Además, se considera necesario recordar que la caducidad es una figura de
orden público, que traza un límite temporal, que no se puede renunciar y que
debe ser declarada por el juez oficiosamente.

De modo que, si bien la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 se
profirió después que los demandantes presentaron la demanda de reparación
directa (año 2018), lo cierto es que el carácter retrospectivo de estas vincula a
los jueces que conocen del proceso que no ha hecho tránsito a cosa juzgada,
por lo tanto, su aplicación resultaba obligatoria para el tribunal demandado.

13 En este mismo sentido se pronunció esta Sección, entre otras, en las sentencias de 2 de
marzo de 2022, rad. 11001-03-15-000-2022-05570-01, 25 de agosto de 2022, rad. 11001-03-
15-000-2022-02074-01 y 30 de marzo de 2023, rad. 11001-03-15-000-2023-01098-00.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto
de 18, M.P. César Palomino Cortés, rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ).

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En consecuencia, se denegará el amparo solicitado por la parte accionante, en
tanto que, no se encuentra configurado el defecto específico invocado, ni
alguna vulneración de sus derechos fundamentales.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniégase la acción de tutela promovida por las señoras María
Eugenia Yépez Leyva y Jendy Isabel Zapata Yépez.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

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