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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00529-01

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00529-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevada por la Fiscalía General de la Nación y el Tribunal Administrativo de Bolívar. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de marzo de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Rafael Jaramillo Londoño Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-00529-01 CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00529-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

22 de mayo de 2025

Demandante: Rafael Jaramillo Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00529-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00529-01
Demandante: RAFAEL JARAMILLO LONDOÑO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B

Tema: Tutela contra providencia judicial. Confirma falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida en primer grado por la Sección Primera del Consejo de
Estado, el 27 de marzo de 2025. En ese fallo se negaron las pretensiones de la
acción de tutela.

I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela

1. El señor Rafael Jaramillo Londoño, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela contra la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado1.
Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales
al debido proceso a la dignidad humana y al acceso a la administración de justicia.

2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica a la providencia
del 8 de julio de 2024 proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo
de Estado. En tal decisión se confirmó la sentencia del 5 de junio de 2020 proferida
por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar que negó las
pretensiones del medio de control de reparación directa promovido por el accionante
en contra de la Fiscalía General de la Nación2.

1
La solicitud de amparo fue radicada el 3 de febrero de 2025 a través de la ventanilla virtual del
Consejo de Estado.
2
Ello al interior del proceso identificado con el radicado 13001-23-33-000-2017-00949-01.

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Demandante: Rafael Jaramillo Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00529-01

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

1. Tutelar el derecho fundamental al debido proceso, dignidad humana y acceso de la
administración de justicia conforme a la garantías que se invocan vulneradas,
desconocimiento del precedente, tutela jurisdiccional efectiva) que fuere conculcado
por el CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
– SECCION TERCERA – SUBSECCION B, con ocasión de la expedición de la
Sentencia del 8 de julio de 2024; acotando que de encontrarse que son otros los
derechos fundamentales a amparar, o por unas razones diferentes a las expuestas,
se proceda de conformidad según las posibilidades de fallar iura novit curia y extra
y ultra petita que rigen en sede de tutela.
2. Consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto la providencia del 8 de julio de 2024,
emanado del CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO – SECCION TERCERA – SUBSECCION B en contra de la
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
3. Ordenar al CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO – SECCION TERCERA – SUBSECCION B, que emita un nuevo
fallo debidamente motivado que en derecho corresponda. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

4. A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la presente sentencia:

5. El 30 de julio de 2014, la Fiscalía Seccional 43 de Carmen Bolívar ordenó el
allanamiento de, entre otros, el gimnasio conocido como «Miami Gym» de propiedad
del señor Rafael Jaramillo Londoño, así como su vivienda, a fin de investigar si era
responsable, junto con otras personas, del delito de distribución y comercialización
de imágenes fotográficas y videos con contenido pornográfico que incluía a menores
de edad. Ello, en atención a una denuncia presentada por el personero municipal
del Carmen de Bolívar.

6. El 31 de julio de 2014, la policía judicial ejecutó la orden de allanamiento. En
la diligencia, se incautaron equipos tecnológicos tales como computadores, discos
duros, teléfonos celulares, microSD, memorias USB, CD y DVD de propiedad del
señor Jaramillo Londoño.

7. El 15 de enero de 2015, la Fiscalía Seccional 43 del Carmen Bolívar ordenó
la devolución de los equipos incautados al señor Jaramillo Londoño, los cuales
fueron efectivamente entregados el 20 de enero del mismo año.

8. El 27 de noviembre de 2015, la Fiscalía Seccional 43 del Carmen de Bolívar
archivó la investigación, dado que no se pudo determinar que el señor Jaramillo

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Londoño y demás, fueran responsables de la conducta penal investigada.

9. En razón a los anteriores hechos, el señor Jaramillo Londoño ejerció el medio
de control de reparación directa en contra de la Fiscalía General de la Nación por el
daño especial que le ocasionó la investigación penal adelantada en su contra por
un delito que no cometió. Para el efecto, alegó que, durante el tiempo en que sus
elementos fueron incautados no pudo ejercer negocios que tenía en Estados
Unidos, los equipos dejaron de funcionar una vez le fueron devueltos, los clientes
del establecimiento comercial dejaron de asistir, entre otros perjuicios.

10. El asunto correspondió en primera instancia a la Sala Primera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Bolívar, autoridad que el 5 de junio de 2020 negó las
pretensiones tras encontrar que la investigación penal –incluida la diligencia de
allanamiento– se llevó a cabo bajo los parámetros de la Ley 906 de 2004. Por
consiguiente, no fue injusta y el demandante «estaba en el deber de soportarla».

11. Inconforme con lo resuelto por el a quo, el demandante interpuso recurso de
apelación. En dicha oportunidad pidió la revocatoria de la sentencia de primera
instancia y la condena de la entidad demandada. Soportó su solicitud en que la
autoridad de primer grado no tuvo en cuenta las irregularidades en las que incurrió
la Fiscalía durante su investigación, tales como: i) allanó a personas inocentes, ii)
no allanó a quienes sí tenían las imágenes pornográficas de los menores, iii) tardó
más de 5 meses en devolver los equipos y iv) la orden de allanamiento no fue
diligenciada dentro del término previsto en el artículo 224 de la Ley 906 de 2004.

12. En sentencia del 8 de julio de 2024, la Sección Tercera, Subsección B de
esta corporación desató la alzada3. En tal decisión, confirmó la providencia de
primera instancia, tras advertir que no se comprobó que la Fiscalía le hubiera
causado un daño antijurídico al demandado.

13. Como fundamento, mencionó que la jurisprudencia de la corporación ha
resaltado que, por regla general, la vinculación de una persona a una actuación
penal no causa un daño antijuridico que deba ser reparado en los términos del
artículo 90 de la Constitución Política, en consideración a que las investigaciones
se adelantan en interés de la comunidad. Y, en todo caso, consideró que no se
demostró que el proceso penal y la diligencia de allanamiento hubieran sido
adelantados de forma irregular o trascendido socialmente, ni que el actor hubiera
padecido afectaciones indemnizables.

1.4. Sustento de la vulneración

14. En primer lugar, la parte accionante afirmó que en el sub judice concurren los
requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela. De otro lado, con

3
La referida providencia fue notificada a los sujetos procesales mediante correo electrónico del 31
de julio de 2024.

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relación a los cargos específicos, arguyó que la Sección Tercera, Subsección B, al
proferir la sentencia del 8 de julio de 2024, incurrió en defecto fáctico, por indebida
valoración de los elementos de convicción.

15. En sentir de la parte actora, contrario a lo expuesto en la decisión
cuestionada, sí existen elementos de juicio que demuestran el daño que le fue
ocasionado por la Fiscalía General de la Nación, al retenerle sus elementos de
trabajo.

16. Mencionó las generalidades de los derechos cuya protección reclama en esta
instancia y, concluyó con que hubo una vulneración de ellos por parte de la Sección
Tercera de esta colegiatura al desconocer el precedente jurisprudencial y las
pruebas debidamente aportadas al proceso ordinario.

1.5. Trámite en primera instancia

17. En auto del 5 de febrero del 2025, el magistrado ponente de primera instancia
admitió la acción de tutela de la referencia. En consecuencia, ordenó la notificación
del Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado. Adicionalmente, dispuso
la vinculación de la Nación – Fiscalía General de la Nación y el Tribunal
Administrativo de Bolívar.

1.6. Intervenciones e informes

1.6.1. Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado

18. A través del magistrado titular del despacho judicial, informó que no
participaría de la presente acción constitucional como parte ni como tercero y
acataría estrictamente las disposiciones que aquí se adopten.

1.6.2. Fiscalía General de la Nación

19. La autoridad alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, tras
considerar que no existe relación de causalidad entre su actuar o su omisión y los
supuestos fácticos a los que se le atribuye la vulneración de derechos
fundamentales.

20. Aunado a lo anterior, indicó que la presente tutela no supera el requisito de
la subsidiariedad, toda vez que la parte actora dispone de otros recursos para
solicitar el amparo de los derechos invocados, no obstante, no se ejercieron.

21. A la par de lo anterior, indicó que el señor Jaramillo Londoño no sustentó de
manera adecuada las causales de procedencia de la tutela, teniendo la carga de la
prueba y el deber de justificar debidamente su solicitud de amparo. En esa línea,
explicó que en el asunto no se evidencia una vulneración de sus derechos

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fundamentales, sino que está haciendo uso de este instrumento para reabrir un
debate ya concluido.

1.6.3. Tribunal Administrativo de Bolívar

22. La autoridad judicial realizó una exposición sobre el trámite impartido al
medio de control. En seguida, mencionó que no vulneró las garantías
constitucionales deprecadas en esta instancia, por cuanto las decisiones adoptadas
se fundamentaron en el marco establecido por el Consejo de Estado y los
parámetros definidos por ley.

23. Además, advirtió que la presente tutela se dirige en contra de la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de estado. Por tanto, solicitó su desvinculación.

1.7. Sentencia de primera instancia

24. En sentencia del 27 de marzo de 20254, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de relevancia
constitucional. Como fundamento de su decisión, expuso que los reparos del señor
Jaramillo Londoño no fueron realizados desde una óptica constitucional, no
superaron la carga mínima argumentaba y, además, lo pretendido es utilizar este
mecanismo como tercera instancia para reabrir la discusión resuelta por el órgano
de cierre.

25. Para el efecto, el a quo indicó que, aun cuando lo alegado fue un defecto
fáctico, la parte actora no cumplió la exigencia de identificar las pruebas dejadas de
valorar o valoradas indebidamente y tampoco identificó las reglas de la lógica,
experiencia y de la sana critica ni porque la omisión fue determinante en la decisión
adoptada.

1.8. Impugnación

26. La parte accionante solicitó que se revocara la decisión de primera instancia
y, en su lugar, se accediera al amparo sus derechos fundamentales.

27. Manifestó que el debate sí tiene implicaciones constitucionales, pues la
tutela propende por la protección de sus derechos fundamentales. Agregó que el
escrito petitorio superó con creces los argumentos fácticos y jurídicos que dan
origen a la demanda, al tiempo que, aportó las pruebas que la sustentan y
argumentó una a una su conducencia y pertinencia.

4
Esta decisión fue notificada el 20 de octubre de 2023. Cfr. Índice SAMAI N. º17. Exp. 11001-03-15-
000-2023-04749-00.

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28. Finalmente, refirió que no está haciendo uso de la solicitud de amparo como
una tercera instancia. Por el contrario, refirió que está alegando un defecto fáctico
por omisión el análisis probatorio de las pruebas aportadas al proceso de reparación
directa.

1.9. De la manifestación de impedimento y su trámite

29. Previo a que el proyecto de fallo de segunda instancia fuera decidido por los
integrantes de la Sección Quinta de esta Corporación, mediante escrito enviado el
21 de mayo de 2025, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez se manifestó
impedimento para conocer y decidir el presente mecanismo constitucional, con
fundamento en la causal contemplada en el numeral 1º del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal.

30. Expuso que su cónyuge es fiscal adscrita a una unidad nacional de la Fiscalía
General de la Nación, entidad que fue demandada en el proceso ordinario dentro
del cual se profirió la decisión a la cual la actora le atribuye la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales y que fue vinculada a la tutela de la referencia.

31. Vistos los supuestos fácticos por los cuales el referido magistrado elevó su
manifestación, mediante auto del 22 de mayo de 2025 la Sala encontró infundado
el impedimento por la causal dispuesta en el numeral 1º del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal, comoquiera que no se reunían los requisitos para su
configuración.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

32. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 27 de marzo de
2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado. Lo anterior de conformidad con
lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Cuestión previa

33. La Fiscalía General de la Nación y el Tribunal Administrativo de Bolívar
solicitaron su desvinculación del presente trámite constitucional. Sin embargo, se
negarán esas peticiones, dado que su vinculación fue realizada en calidad de
terceros con interés, y no como accionados. Esto, al haber sido la autoridad
demandada en el proceso de reparación directa y el juez de primera instancia del
medio de control, respectivamente.

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2.3. Legitimación en la causa

34. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

35. La Sala advierte que el señor Rafael Jaramillo Londoño está legitimado en
la causa por activa. Esto, porque integró el extremo demandante en el proceso de
reparación directa en el que se profirió la providencia aquí cuestionada.

36. Por su parte, esta Colegiatura advierte que la Sección Tercera, Subsección
B del Consejo de Estado se encuentra legitimada en la causa por pasiva al ser la
autoridad judicial que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.

2.4. Problema jurídico

37. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida por la Sección Primera de esta Corporación el 27 de
marzo de 2025.

38. Para ello, se deberá resolver si concurren los requisitos generales de
procedibilidad y, en caso afirmativo, dar respuesta al siguiente interrogante: ¿la
Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, con la expedición de la
providencia del 8 de julio de 2024, que confirmó la sentencia del 5 de junio de 2020
dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar que negó las pretensiones?

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

39. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20125. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema6. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales7.

5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
7
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.

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40. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20148. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia9 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial10.

41. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

42. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
10
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.

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la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.

43. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

44. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Análisis sobre el requisito general de relevancia constitucional

45. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que
los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda
advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional11.

46. De esta manera, esta Sala de Decisión en esta oportunidad, se planteó que
el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios
establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales
fueron acogidos por esta corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren
a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que
se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en
el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el
actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente
legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un derecho
fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces
ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia.

47. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».

48. Asimismo, enfatizó que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda
de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía,
en la materialización del principio de igualdad».

49. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».

50. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir
si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional, de
conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines acogidos por
la Corte Constitucional y esta Corporación.

2.7. Relevancia constitucional en el caso concreto

51. La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia proferida la
Sección Primera de esta corporación. Ello, al constatar que el asunto no supera el
requisito general de la relevancia constitucional.

52. Debe recordarse que la parte accionante atribuye a la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado haber incurrido en un defecto fáctico, por
cuanto realizó una interpretación irrazonable de las pruebas que reposan dentro del
expediente y que demuestran el daño que le ocasionó la Fiscalía General de la
Nación.

53. Pues bien, debe recordarse que la jurisprudencia constitucional ha
establecido que el defecto fáctico se presenta cuando: i) existe una omisión en el
decreto de pruebas que eran necesarias en el proceso; ii) se verifica una valoración
caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; o iii) no se valora en su

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00529-01

integridad el material probatorio. Y, en todo caso, el error en el juicio valorativo debe
ser «ostensible, flagrante y manifiesto»12.

54. Al revisar la solicitud de amparo, se encuentra que la parte actora no realizó
un ejercicio hermenéutico encaminado a demostrar la configuración del defecto
fáctico como causal de procedencia de la tutela contra providencia judicial.
Encuentra esta Sala de Decisión que, contrario a lo señalado en el escrito de
impugnación, la parte actora ni siquiera identificó los elementos de juicios que no
fueron valorados o que, sí lo fueron, pero en su criterio, de forma irrazonable.

55. Se resalta que el señor Jaramillo Londoño indicó:

Contrario a lo manifestado por el CONSEJO DE ESTADO en la sentencia de fecha 8 de julio
de 2024, si existen pruebas suficientes que demuestren el daño que me fue ocasionado por
la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, al retener mis elementos de trabajo, lo que me llevó
a perder el trabajo y cerrar el local comercial por la baja afluencia de personas y
posteriormente mal venderlo por las amenazas que fui víctima y que fueron puesta en
conocimiento de la FISCALIA.

56. Como puede apreciarse, la parte actora no hizo referencia a cuáles fueron
los elementos de convicción cuyo análisis habría omitido la autoridad accionada.
Tampoco cumplió con el deber de brindar elementos que permitieran advertir que
se transgredió una máxima de la experiencia o de la sana crítica, ni como ello incidió
en la decisión que le negó las pretensiones de la demanda.

57. Se pone de presente que formular un simple desacuerdo con una decisión
judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de una garantía fundamental, no
conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista
necesariamente relevancia constitucional. En estos casos, se requiere que en el
escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la
controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.

58. En realidad, se encuentra que lo pretendido en esta instancia, es que se
suplante la competencia del juez natural de la controversia, de manera que se deje
sin efectos la negativa de las pretensiones de reparación directa y, con ello, se
acceda a una indemnización por los perjuicios que aduce haber padecido al haber
sido objeto de una investigación penal. Este último aspecto, demuestra que se
pretende hacer de esta acción una tercera instancia, máxime cuando versa en una
cuestión de índole económica.

59. En este punto, conviene resaltar lo siguiente:

[…] la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de relevancia constitucional
cuando el contenido de la controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra
el interés general sino uno estrictamente privado o particular.[140]. Esto no significa, claro
está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,

12
Corte Constitucional, sentencia SU-159 de 2021.

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pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental […] y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.13

60. Con tal precisión, la sala advierte que la presente controversia se limita a la
inconformidad de la parte actora con la decisión adoptada por el Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado. Esto, porque está en desacuerdo con las
consideraciones del operador jurídico que fundaron la negativa de las pretensiones
de reparación directa.

61. En este punto, se reitera que, en materia de tutela contra providencias
judiciales, le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita
de los jueces naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por los
actores dentro del trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran solo los
argumentos del accionante en torno a los perjuicios a los que tiene derecho, sin el
contraste de un indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial, se
atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría la
demanda constitucional en una tercera instancia14.

62. En ese orden, esta Sala confirmará la decisión de primera instancia proferida
por la Sección Primera de esta colegiatura. Como viene de verse, el asunto carece
de relevancia constitucional, porque no acredita la carga argumentativa necesaria y
está encaminado a que esta acción constitucional se convierta en una nueva
instancia en la que se discuta un tema eminentemente económico. Por ende, la
tutela resulta improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevada por la Fiscalía
General de la Nación y el Tribunal Administrativo de Bolívar.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de marzo de 2025 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de
diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.

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CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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