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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04612-01

Tutela contra providencia judicial

Fecha
15 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
91 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04612-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Problema jurídico

  1. ¿Se presenta una vulneración a los derechos fundamentales advertidos por la accionante, por parte del Tribunal Administrativo de Casanare, con ocasión de la sentencia proferida en segunda instancia el 10 de febrero de 2022?

Reglas

  1. La tutela contra providencia judicial no es procedente cuando el actor solo busca imponer su propia valoración probatoria, pues carece de relevancia constitucional.

    «solo busca imponer su valoración probatoria frente a»
  2. Al juez de tutela le está vedado inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de la causa, por respeto a su autonomía judicial.

    «principio de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo»
  3. Si la tutela reabre debates probatorios de la jurisdicción ordinaria, se convierte en una tercera instancia, lo que es contrario a la autonomía judicial.

    «principio de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo»
  4. El requisito de relevancia constitucional no se acredita cuando la controversia se limita a insistir en la configuración del daño antijurídico, sin afectar una garantía iusfundamental.

    «se limita a su insistencia en la configuración del daño antijurídico»
  5. La controversia sobre la valoración probatoria y el daño es de competencia exclusiva del juez ordinario, no del juez constitucional.

    «de competencia exclusiva del juez ordinario»

Decisión

Accede a la desvinculación del municipio de San Vicente del Caguán. Revoca la sentencia de 20 de septiembre de 2022 que negó la tutela y, en su lugar, declara improcedente la solicitud de amparo. Ordena remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación del municipio de San Vicente del Caguán. 13 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU- 573 de 2017 y C-590 de 2005. 14 En el mismo sentido, esta Sala profirió la sentencia del 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Demandante: María Selia Sabala Arias Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare Radicado: 11001-03-15-000-2022-04612-01 SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 20 de septiembre de 2022 proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda de esta Corporación que negó la acción constitucional de la referencia, para en su lugar declarar la IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04612-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

15 de diciembre de 2022

Demandante: María Selia Sabala Arias
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04612-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04612-01
Demandante: MARÍA SELIA SABALA ARIAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE

Temas: Tutela contra providencia judicial – Reparación directa por
daños por aspersión de glifosato – Defecto fáctico – Revoca
negativa y declara improcedente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo de 20 de septiembre de 2022, por medio del cual la Subsección “B” de la
Sección Segunda del Consejo de Estado negó la acción de tutela de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud

El 24 de agosto de 20221 la señora María Selia Sabala Arias2, en nombre propio,
instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Casanare, con el fin
de que se protejan sus derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia e igualdad y el principio de buena fe.

Las referidas garantías las consideró vulneradas con la expedición de la sentencia
de 10 de febrero de 2022 proferida por la autoridad judicial en mención3 que
revocó la decisión de 19 de diciembre de 2018 del Juzgado Cuarto (4.º)
Administrativo del Circuito Judicial de Florencia – Caquetá, que había accedido
parcialmente a las pretensiones, para en su lugar negarlas, al interior del proceso
de reparación directa N.º 18001-33-31-001-2011-00075-01, interpuesto contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

1 En atención a que el mensaje de datos fue remito el 23 de agosto de 2022 a las 5:32 p.m.
2 Demandante única en el proceso contencioso N.º 18001-33-31-001-2011-00075-01.
3 En cumplimiento de unas medidas de descongestión judicial adoptadas por el Consejo Superior

de la Judicatura a través del Acuerdo PSCJA21-11814 de 16 de julio de 2021.

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Demandante: María Selia Sabala Arias
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04612-01

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela se establecen los siguientes presupuestos que, a juicio de
la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

 En el escrito de tutela se indicó que la señora María Selia Sabala Arias presentó
demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional, por los presuntos perjuicios ocasionados por la aspersión de
sustancias químicas –glifosato- sobre un inmueble de su propiedad denominado
“Las Palmeras”, en donde se afirmó que había cultivos agrícolas.

 El conocimiento de ese asunto le correspondió al Juzgado Cuarto (4.º)
Administrativo del Circuito Judicial de Florencia – Caquetá, que, el 19 de diciembre
de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control, al
encontrar acreditado el daño antijurídico por la destrucción de “los cultivos de pan
coger, en su predio como consecuencia de las fumigaciones realizadas por la fuerza
pública para el control y erradicación de cultivos ilícitos”.

 En segunda instancia, el 10 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de
Casanare revocó el fallo de su a quo, para lo cual, en primer lugar destacó el
alcance y el valor probatorio de las pruebas recaudadas y resaltó que:

I. La documental recopilada no fue tachada de falsa y por ello se apreciaría
en su integridad;
II. los testimonios no eran claros ni precisos, pues los declarantes no
expresaron la razón de sus afirmaciones, por lo que no contenían
elementos mínimos de credibilidad;
III. el dictamen pericial no cumplía con los requisitos formales y materiales para
su apreciación, porque no acreditaba los daños ocasionados ni mucho
menos la cuantía de estos; particularmente porque el perito se limitó a
exponer aspectos generales de los efectos del glifosato sobre diferentes
tipos de cultivos lícitos, pero no soportó los perjuicios que presuntamente se
causaron con sustento en aspectos científicos o técnicos, como resultado
“de las investigaciones realizadas en el predio”, además de que no estableció
“con pruebas fidedignas los costos en los cultivos (…) tales como facturas,
contratos, libros de contabilidad o pruebas similares”4;
IV. las fotografías que se acompañaron con el dictamen pericial no serían
valoradas, “por no estar probada su autenticidad, ni el origen ni en el lapso que
fueron tomadas; por tal motivo, tampoco hay certeza respecto a si corresponden al
predio (…)”.

4 En este punto el tribunal expuso que era “apenas obvio que, en cualquier cultivo, de la posible

producción, debe restarse los costos de la producción. El documento aportado como dictamen, ni
siquiera hacer (sic) referencia a ellos, (…), ni siquiera hay soporte técnico de la existencia de esos
cultivos, su extensión, estado en que se encontraban al tiempo de la fumigación (…)”.

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 Luego de destacar el alcance del material probatorio aportado, el tribunal
precisó que debía revocarse lo dispuesto por el juzgado, para en su lugar negar
las pretensiones de la acción toda vez que el daño no se probó, porque de un
análisis integral de las pruebas no se podía inferir que “las fumigaciones se hicier[a]n
en todo o en parte de la finca (…)”5.

 La sentencia de segunda instancia fue notificada el 23 de febrero de 2022, su
ejecutoria se dio el 28 siguiente y la presente acción Constitucional se radicó el 24
de agosto de 2022.

1.3. Fundamentos de la solicitud

La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos: “I) FÁCTICO, II) PROCEDIMENTAL III) DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE Y IV) VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN”. (Mayúsculas
sostenidas del texto original).

En primer lugar, frente al yerro de índole probatorio -fáctico-, la tutelante advirtió
que el tribunal valoró indebidamente las siguientes pruebas:

i. Oficio de la comunidad de la “Vereda La Florida”, en el que se presenta
queja formal de los hechos ocurridos el 9 de noviembre de 2008 en el
predio rural de propiedad de la señora Sabala Arias;
ii. certificación allegada por parte del Representante Legal de la Asociación de
Productores de Café Ecológico Amazónico6;
iii. la escritura pública número 1.056 de fecha 11 de mayo de 2004 y el
certificado de tradición de matrícula inmobiliaria N.º 420-41118, que
demuestran quién es la propietaria del inmueble;
iv. petición dirigida a la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional – Área
de Erradicación de Cultivos Ilícitos, la cual fue radicada dentro de los 20
días siguientes al hecho y donde se relacionan los presuntos perjuicios
acaecidos;
v. oficio No. S-2012 022359/ ARECI – GRUAQ -22 de 21 mayo de 2012, en el
que la Policía Nacional advierte que el 9 de diciembre de 2008 se realizaron
operaciones de aspersión en el municipio de Florencia7 y que la señora

5 En este punto se hizo énfasis del oficio N.º 023716 de 29 de mayo de 2012, emitido por la
Compañía de Antinarcóticos Regional N.º 2, en el que consta las áreas en donde se realizó la
aspersión, y del cual no se podía inferir que “las fumigaciones se hicier[a]n en todo o en parte de la
finca (…).
6 En la que se advierte que el predio de la demandante “tiene 4 hectáreas de plantaciones de

plátano, 1 hectárea de yuca, 3 hectáreas de café y media hectárea de frijol”.
7 En este documento también se dejó por sentado que “[e]n esta oportunidad no fue posible

determinar si las actividades se habían cumplido en el predio denominado “Las Palmeras”, en
razón a que no se contó con la información necesaria que permitiera la ubicación del mismo. (…)”.

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Sabala Arias formuló queja por la presunta afectación a su patrimonio con
ocasión de la aspersión de glifosato por parte de la entidad;
vi. documento de 16 septiembre de 2011, suscrito por el teniente coronel
Mauricio Pérez Cáceres en el cual también se afirmó que se realizaron
operaciones de aspersión, en el municipio de Florencia departamento del
Caquetá;
vii. oficio N.º S-2012-023716 ARECI-GRUAQ-22 de 29 de mayo de 2012 y Acta
N.º 092 del 09 de noviembre de 2008, en el que se advierte el tipo de
sustancia que se dispersó y las consecuencias que tiene en las plantas;
viii. Acta N.º 092 de 09 de noviembre de 2008, que trata de la aspersión con
herbicida glifosato a cultivos ilícitos (hoja de coca) en la jurisdicción del
departamento del Caquetá́ , en la que se indica que “en los PLOTS
anteriormente descritos, no se establece el propietario del inmueble donde se
localizaron los cultivos por tal razón, no se pudo dar cumplimiento al artículo 77 de
la ley 30 de 1986” ;
ix. oficio N.º S-2012-022359 ARECI-GRUAQ-22 de 21 de mayo de 2012, de la
Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en el que se insiste que
en el municipio de Florencia – Caquetá, el día 9 de noviembre de 2008, se
realizaron operaciones de aspersión;
x. el dictamen pericial elaborado por el señor Angelino Gualtero Gámez-
administrador de Empresas Agropecuarias,
xi. las certificaciones expedidas por las diferentes asociaciones, en las que “se
desprende que el predio “Las Palmeras” ha sido afectado por la aspersión aérea
efectuada el 9 de noviembre de 2008 sobre los cultivos agrícolas de café, plátano,
frijol, y yuca” y
xii. los testimonios de los señores Gilberto Vargas y el señor Víctor Aníbal
Motta, “quienes manifestaron haber observado las avionetas mientras transitaban
por el predio de la señora MARIA SELIA SABALA ARIAS y que estas fumigaron
los cultivos de su propiedad, situación que corroboraron al visitar la finca”.

Resulta pertinente destacar que la tutelante expone diferentes apreciaciones de
las pruebas enunciadas, que se procedieron a sintetizar, donde en general expone
su punto de vista frente a la valoración que debió efectuar el ad quem del proceso
ordinario.

Respecto al defecto denominado violación directa de la Constitución y
sustantivo, precisó que el tribunal “realizó un análisis limitado y exclusivo de la falla
del servicio, desconociendo el alcance” del artículo 90 de la Carta Magna.

Frente al desconocimiento del precedente, la demandante citó un fallo de tutela
de 19 de agosto de 2021, al interior del expediente N.º 11001-03-15-2021-04382-
00 y una sentencia de 2 de noviembre de 2016, emitida en el proceso N.º 23001-
23-31-000-2008-00107-01 (41.467) de la Subsección “B” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en la que se accede a las pretensiones de una demanda de
reparación directa por los daños causados a los cultivos de una finca como
consecuencia de la fumigación con glifosato.

Frente al yerro por error inducido, afirmó que este se configuró “porque la defensa

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omisiva y dilatoria de la entidad demandada desvió el curso normal del acontecer factico
(sic) y probatorio, que terminara en la negativa de pretensiones”.

Finalmente, expuso que el defecto procedimental absoluto por exceso ritual
manifiesto, se materializó “toda vez que aun avalando la teoría del TRIBUNAL DEL
CASANARE, se ha probado exhaustivamente la ocurrencia del daño, la atribución del
mismo al Estado y la omisión de información por parte de los demandados como técnica
para no responder por los perjuicios, motivo por el cual, y pese a existir sentencia de
primera instancia que avala nuestra causa, el TRIBUNAL EN SU EXCESIVO RITUAL
MANIFIESTO, es desconocedor de nuestro daño”.

1.4. Petición de amparo constitucional

Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:

“1. Sean tutelados los derechos fundamentales al Debido Proceso, Seguridad
Jurídica, Acceso a la Administración de Justicia, que fueran vulnerados producto de
la sentencia de primera instancia y segunda instancia, dentro del proceso de
Reparación Directa que se surtió en contra de LA NACIÓN- MINISTERIO DE
DEFENSA- POLICIA NACIONAL.

2. Se deje sin efectos la Sentencia del 10 febrero de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare, que REVOCÓ la sentencia de primera instancia de 19
de diciembre de 2018 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del circuito de
Florencia – Caquetá.

3. Se confirme fallo proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del circuito de
Florencia – Caquetá el día 19 de diciembre de 2018, respecto de la declaratoria y
condena a la nación por los perjuicios materiales causados a la suscrita, y a su vez
me sean reconocidos los perjuicios inmateriales que, con ocasión a la aspersión de
glifosato, afectara tal como se probara dentro del plenario mi salud en el
componente físico y psíquico.

4. Que en su lugar se ordene al Tribunal Administrativo de Casanare, proferir
sentencia de fondo, que corresponda en derecho, se ajuste al amparo, garantía real
y efectiva protección del derecho fundamental al debido proceso, seguridad jurídica
y con ello el derecho de acceso a la administración de justicia, donde eventualmente
y en caso tal de persistir la necesidad a fin de calcular los perjuicios, se emita fallo
en abstracto, y proceder mediante incidente de regulación de perjuicios la tasación
de los mismos.

5. Atendiendo a las amplias facultades otorgadas a los jueces constitucionales,
imploro a su corporación, acceder a cualquier otra decisión que garantice los
derechos vulnerados de la suscrita.” (Sic a toda la cita)

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 29 de agosto de 2022, el magistrado ponente de la primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó la notificación de la tutelante y de los
magistrados que integran el tribunal accionado.

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Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés en las resultas del
proceso a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y a
municipio de San Vicente del Caguán.

El despacho sustanciador, al percatarse de una nulidad saneable, esto es, por la
no vinculación al trámite de la referencia del Juzgado Cuarto (4.º) Administrativo
del Circuito Judicial de Florencia – Caquetá, quien fue la autoridad judicial de
primera instancia, procedió a vincularla, por medio de auto de 7 de diciembre de
2022.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. El Tribunal Administrativo de Casanare por intermedio del magistrado
ponente de la decisión que puso fin al proceso de reparación en directa, solicitó
que se declarara la improcedencia de la acción, al considerar que la “tutela no es
una tercera instancia ni un procedimiento adicional al de reparación directa establecido en
nuestra legislación, para seguir debatiendo la situación juzgada, sino un medio de control
extraordinario cuando se han transgredido derechos fundamentales, lo que aquí brilla por
su ausencia”.

Resaltó que el “hecho de que el apoderado (sic) de la accionante no comparta la
valoración de las pruebas y la conclusión a la que llegó el Tribunal, no implica que tal
valoración no corresponda a la realidad procesal, pues si se revisa el contenido de dichas
pruebas, ellas no demuestran la relación de causalidad entre el hecho y el daño, (…)”.

1.6.2. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, por
conducto del jefe del área jurídica de la entidad, también solicitó declarar
improcedente la tutela, pues no avizora la trasgresión de algún derecho
fundamental, ni mucho menos la materialización de un perjuicio irremediable.

Manifestó que la valoración probatoria que hizo el tribunal fue acorde con la
normatividad. Frente al dictamen pericial que se aportó en el proceso contencioso,
afirmó que este no cumplía con los requisitos esenciales establecidos en el
artículo 226 del Código General del Proceso.

Precisó que el ad quem explicó de manera clara y precisa las razones que
fundaron la decisión de negar las pretensiones del medio de control, sin que se
pueda afirmar que existió una errada apreciación probatoria.

1.6.3. El municipio de San Vicente del Caguán, a través del alcalde encargado,
requirió la desvinculación del ente territorial, comoquiera que tal dependencia no

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integró la parte pasiva del medio de control identificado con radicado N.º 18001-
33-31-001-2011-00075-01.

1.7. Fallo impugnado

La Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó la acción
de tutela de la referencia, el 20 de septiembre de 2022, para lo cual, en primer
lugar consideró que, si bien se aludieron varios defectos, en realidad el fondo del
asunto se circunscribía en dos yerros, esto es, el fáctico y el de desconocimiento
del precedente.

Frente al defecto fáctico expuso que “las aserciones enunciadas en la sentencia objeto
de censura no constituyen una valoración probatoria arbitraria o caprichosa, porque de los
elementos de convicción no era dable colegir inequívocamente que el terreno de la actora
fue objeto de fumigación con glifosato por la Policía Nacional ni tampoco que dicha
actividad fuera la causa del perjuicio económico reclamado, máxime cuando ella siquiera
logró comprobar la existencia de los cultivos de los cuales, según menciona, derivaba su
sustento diario”.

Aclaró que “el hecho de que los accionados no hayan valorado las pruebas en el sentido
que pretendía la demandante, no comporta la causal específica de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales denominada defecto fáctico, (…)”.

Por su parte resolvió que si bien en el expediente Nº. 23001-23-31-000-2008-
00107-01, la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado analizó
un caso similar, tal asunto difiere del que hoy nos ocupa, porque en el primero en
mención se logró acreditar el daño, “lo cual no aconteció en la acción de reparación
directa 18001-33-31- 001-2011-00075-00, pues las practicadas en este expediente no dan
certeza de que la Policía Nacional haya fumigado con herbicida el predio de la
demandante, situación que impedía aplicar las mismas deducciones probatorias a las que
se arribó en dicho pronunciamiento judicial”.

Concluyó que tampoco era “dable reprocharles que no hayan acogido la postura
contenida en la sentencia de 19 de agosto de 2021 de esta Corporación, por cuanto esta
fue emitida dentro de un trámite de tutela, por lo que produce efectos inter partes
(conforme lo prevé el numeral 2 del artículo 48 de la Ley 270 de 1996), en esa medida, no
es factible exigir su aplicación en este asunto”.

1.8. Impugnación8

La accionante solicitó revocar el fallo de primera instancia, para lo cual insistió en
la configuración del defecto fáctico; particularmente porque en su sentir “ de las
pruebas testimoniales y documentales arrimadas al proceso, no cabe duda que el hecho

8 El fallo fue notificado el 10 de noviembre de 2022 y la impugnación se presentó el 16 siguiente.

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causante del daño, lo constituye la actividad riesgosa de fumigación con glifosato a
cultivos ilícitos que terminaron por afectar cultivos lícitos de mi propiedad, porque está
acreditada la aspersión aérea en el departamento del Caquetá, el día 9 de noviembre de
2008 y que este herbicida genera la muerte de las plantas tras su aplicación (ACTA No.
092 QUE TRATA DE LA ASPERSIÓN CON GLIFOSATO A CULTIVOS ILICITOS DE
COCA EN LA JURISDICCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ”. (Mayúsculas
sostenidas del texto original)

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la parte
accionante, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de
2015, modificado los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, así como con el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa – Solicitud de desvinculación

Se recuerda que en este asunto el municipio de San Vicente del Caguán, pidió
su desvinculación, y si bien el a quo Constitucional no se pronunció al respecto,
esta Colegiatura accederá a tal requerimiento, comoquiera que la entidad territorial
en mención no conformó el extremo pasivo del proceso de reparación directa en
donde se expidió la sentencia que hoy se controvierte en sede de tutela, razón
suficiente para concluir que no le asiste ningún interés en las resultas de este
mecanismo.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por la accionante, por parte
del Tribunal Administrativo de Casanare, como autoridad judicial accionada, con
ocasión de la sentencia proferida en segunda instancia el 10 de febrero de 2022.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva;
de encontrarse superados, (iii) las generalidades de los defectos alegados y; (iv)
el caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

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Demandante: María Selia Sabala Arias
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04612-01

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 9
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema10.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 12, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto no es relevante
constitucionalmente, según los argumentos que se pasan a exponer.

En efecto, resulta pertinente recordar el criterio adoptado por H. la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción
Constitucional de cara a este requisito, así:

“(…) 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la
relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de
tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y
previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la

9 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE

TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
11 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Demandante: María Selia Sabala Arias
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04612-01

entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política
o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente
una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia
judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales (…)”.

Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto carece de relevancia
constitucional frente al cargo por defecto fáctico que se insistió en la
impugnación, pues si bien la tutelante alega la trasgresión de algunos derechos
fundamentales, en realidad solo busca imponer su valoración probatoria frente a
las pruebas recaudadas y no justifica en qué consiste la indebida o irracional
valoración que efectuó el tribunal frente a estas.

Luego, es posible concluir que los argumentos expuestos apuntan a convertir este
mecanismo Constitucional en una tercera instancia, máxime cuando ninguna de
las pruebas presuntamente destendidas busca controvertir la decisión que
estableció que no había certeza del daño antijurídico, sin que se advierta alguna
tensión o contradicción entre las garantías invocadas y la decisión que puso fin al
proceso, que se reitera, fue sustentada en la documental y testimonial aportada.

Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le
está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de
los jueces naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre Constitucional esgrimidos por los
actores dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los
argumentos de los accionantes frente a la apreciación de las pruebas del proceso
contencioso expuestos en la solicitud de amparo, sin el debido contraste de un
indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial; atentaría contra el
principio de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo
constitucional en una tercera instancia.

En este orden de ideas, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por
la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este
presupuesto, en atención a que no se justificó la presencia de una posible
trasgresión de las garantías Constitucionales de la tutelante, sino que por el
contrario, se advierten argumentos con el fin de acreditar el daño antijurídico
expuesto en la demanda por la presunta afectación por la aspersión de sustancias
químicas –glifosato- sobre un inmueble de su propiedad, sin que a la postre se
hubiese puesto de presente algún medio probatorio que desvirtuara la conclusión
del tribunal demandado, o, como ya se expuso, una irracional evaluación de estos.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04612-01

De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la
controversia planteada por la accionante, la Sala advierte que esta no se
encuentra ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza Constitucional,
máxime cuando sus argumentos fueron resueltos por los jueces naturales de la
causa, lo que implica que la tutela se torna improcedente.

En este sentido, para esta Sección, resulta claro que este aspecto específico de la
controversia se circunscribe a una inconformidad de la tutelante, de modo que la
situación descrita es “de competencia exclusiva del juez ordinario”13 y, por ello, al
funcionario constitucional no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.

Ahora, cabe resaltar que a esta misma conclusión llegó el a quo Constitucional, a
pesar de resolver de fondo el mecanismo, cuando expuso que “el hecho de que los
accionados no hayan valorado las pruebas en el sentido que pretendía la
demandante, no comporta la causal específica de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales denominada defecto fáctico, (…)”. (Énfasis de
la Sala)

En consecuencia, la acción de tutela del vocativo de la referencia, frente al cargo
por defecto fáctico, no supera el requisito de procedibilidad adjetiva de la
relevancia constitucional, en el entendido que la discusión planteada por la
accionante se limita a su insistencia en la configuración del daño antijurídico y no a
la afectación de una garantía iusfundamental que haga necesaria la intervención
del juez de tutela14.

2.6. Conclusión

Así las cosas, se revocará el fallo de primera instancia que negó el mecanismo
constitucional, para en su lugar declararlo improcedente, al no encontrar
acreditado el presupuesto de relevancia Constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

3. FALLA

PRIMERO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación del municipio de San
Vicente del Caguán.

13 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-
573 de 2017 y C-590 de 2005.
14 En el mismo sentido, esta Sala profirió la sentencia del 29 de septiembre de 2022, expediente

11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04612-01

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 20 de septiembre de 2022 proferida por la
Subsección “B” de la Sección Segunda de esta Corporación que negó la acción
constitucional de la referencia, para en su lugar declarar la IMPROCEDENCIA de
la solicitud de amparo.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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