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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04071-01

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04071-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de agosto de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04071-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04071-01
Accionante: GLORIA INÉS OROZCO DE JAIMES
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SALA 23 ESPECIAL DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la acción
por no superar el requisito de relevancia constitucional.
Confirma.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la parte
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 13 de agosto de
2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto
1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como
el Acuerdo 080 de 20191,de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 22 de junio de 20262, la Sección Cuarta admitió la solicitud de
amparo. Mediante auto de 17 de septiembre de la presente anualidad, se declaró
fundado el impedimento manifestado por la magistrada Gloria María Gómez
Montoya).

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Gloria Inés Orozco de Jaimes, actuando a través de apoderada judicial,
interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sala 23 Especial de
Decisión. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad.

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2
Índice 4, Samai. Al respecto, se notificó como accionado al Consejo de Estado, Sala 23 Especial
de Decisión. Asimismo, se dispuso notificar como terceros con interés a la UGPP, a la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander. Finalmente, se requirió en medio digital la copia íntegra del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de radicado 54001-23-33-000-2017-00561-00/01.

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Accionante: Gloria Inés Orozco de Jaimes
Accionado: Consejo de Estado, Sala 23 Especial de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04071-01

2. Le atribuyó la transgresión de sus garantías constitucionales a la sentencia
proferidas el 4 de febrero de 2026 dentro del recurso extraordinario de revisión
identificado con el radicado núm. 11001-03-15-000-2025-01360-00 (2096).

3. En concreto, la parte tutelante solicitó dejar sin efectos la providencia
cuestionada en atención a los hechos y fundamentos jurídicos que se relacionan
a continuación.

1.2. Hechos

4. Mediante la Resolución 15170 del 28 de diciembre de 1994, la extinta
Cajanal reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia a favor de Luis Alberto
Jaimes Vega. Posteriormente, dicha prestación fue reliquidada mediante la
Resolución 9356 del 8 de mayo de 2002.

5. Con posterioridad, la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) promovió una demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho contra los referidos actos administrativos. En
dicho medio de control, además, solicitó la devolución de las sumas percibidas
por el demandado, al considerar que fueron recibidas sin tener derecho a ellas.

6. Mediante sentencia del 21 de mayo de 2020, el Tribunal Administrativo de
Santander accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido
de declarar la nulidad de la Resolución 9356 del 8 de mayo de 2002, la cual
reliquidó la mesada pensional. Asimismo, negó la solicitud de devolución de
dineros.

7. La anterior decisión fue apelada por la UGPP, que sostuvo que el a quo
omitió pronunciarse sobre la legalidad de la Resolución 15170 de 1994.
Igualmente, insistió en que se condenara al ciudadano a devolver las sumas de
dinero percibidas sin derecho.

8. La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado revocó
parcialmente el fallo de primera instancia, en ese sentido, declaró la nulidad de
la Resolución 15170 de 1994, mediante la cual se reconoció y ordenó el pago de
la pensión gracia. En lo demás, confirmó la decisión y reconoció a Gloria Inés
Orozco de Jaimes, cónyuge del fallecido Luis Alberto Jaimes Vega, como su
sucesora procesal.

9. La señora Gloria Inés Orozco de Jaimes interpuso recurso extraordinario
de revisión con fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250
del CPACA. Para ello, sostuvo que el señor Jaimes Vega fue representado en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho por un curador ad litem, quien
«no contaba con las pruebas documentales que habrían variado el sentido de la

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Accionante: Gloria Inés Orozco de Jaimes
Accionado: Consejo de Estado, Sala 23 Especial de Decisión
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decisión».

10. Señaló que dicha situación se produjo porque «la UGPP informó
erradamente la dirección para notificar al involucrado en las resoluciones objeto
de litigio, pese a que esa información estaba consignada en el expediente
administrativo» correspondiente al trámite pensional.

11. Sin embargo, mediante providencia del 4 de febrero de 2026, la Sala 23
Especial de Decisión del Consejo de Estado declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión. Lo anterior, al considerar que no existía prueba que
acreditara que los documentos hubieran sido recobrados en los términos exigidos
por la causal invocada, ni que demostrara la razón por la cual no pudieron ser
aportados durante el proceso ordinario. Asimismo, destacó que dentro de dicho
trámite no se alegó irregularidad alguna relacionada con la notificación del auto
admisorio de la demanda.

12. Adicionalmente, precisó que Luis Alberto Jaimes Vega compareció al
proceso ordinario mediante apoderado judicial antes de la audiencia de pruebas.
También advirtió que, aunque los documentos que la parte actora pretendía
aportar databan del período comprendido entre 1950 y 1980, «no se indicó que
estuvieras extraviados o en poder de algún tercero, ni siquiera se explicaron las
condiciones en que supuestamente fueron recobrados, mencionándose
únicamente que la señora Gloria Inpes Orozco de Jaimes los encontró luego de
finalizado el proceso».

1.3. Sustento de la vulneración

13. La parte accionante sostuvo que la vulneración de sus derechos
fundamentales se materializó como consecuencia de la configuración de los
defectos sustantivo y fáctico.

14. En relación con el defecto fáctico, hizo referencia a seis medios de prueba
que, en su criterio, fueron «ignorados» por la Sala 23 Especial de Decisión del
Consejo de Estado. Afirmó que dichos elementos probatorios no fueron
conocidos oportunamente cuando se resolvió el proceso ordinario promovido por
la UGPP.

15. No obstante, no explicó las razones que le impidieron aportarlos con
anterioridad, más allá de señalar que se trata de documentos que datan del
período comprendido entre 1950 y 1980.

16. Respecto del defecto sustantivo, cuestionó la oportunidad con la que fue
promovido el medio de control, al considerar que los actos administrativos
demandados permanecieron en firme «por casi 24 años», por lo que, a su juicio,
se desconoció el término de cinco años previsto para el ejercicio de la acción de

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Accionante: Gloria Inés Orozco de Jaimes
Accionado: Consejo de Estado, Sala 23 Especial de Decisión
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lesividad, dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. Asimismo, sostuvo
que se vulneró el principio de favorabilidad desarrollado en la Sentencia C-207
de 2003.

17. Adicionalmente, señaló que se interpretó de manera errónea el artículo
250 del CPACA en lo concerniente a las pruebas sobrevinientes, respecto de las
cuales se habrían desconocido «desarrollos doctrinales y jurisprudenciales» que
exigían un análisis más profundo y detallado.

1.4. Intervenciones

18. La UGPP solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela,
al considerar que no se configuraron los defectos invocados por la parte
accionante y que dicho mecanismo constitucional estaba siendo utilizado como
una cuarta instancia. Asimismo, sostuvo que no se vulneró el derecho al debido
proceso, toda vez que las autoridades judiciales observaron las garantías
procesales y respetaron cada una de las etapas del trámite. Finalmente, advirtió
que respecto de los asuntos planteados operó el fenómeno de la cosa juzgada.

19. La Sala 23 Especial de Decisión del Consejo de Estado manifestó que
la solicitud de amparo resultaba improcedente, por carecer de relevancia
constitucional.

1.5. Sentencia de primera instancia

20. Mediante sentencia del 13 de agosto de 2026, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela. Para tal efecto,
consideró que el asunto carecía de relevancia constitucional, toda vez que los
argumentos expuestos por la parte accionante coincidían con aquellos
planteados al interponer el recurso extraordinario de revisión.

1.4. Impugnación

21. La parte accionante solicitó que se revoque la sentencia de tutela de
primera instancia y se acceda a la protección constitucional.

22. Insistió en que se desconocieron las pruebas aportadas al recurso
extraordinario de revisión, las cuales «demuestran el derecho infringido que se
acusó ante la SALA 23 y se reiteró en el presente amparo», además de ser
decisivas para decidir el asunto. En ese sentido, acusó al fallo de primer grado
de ser contrario a «la realidad sustantiva».

23. Afirmó que se desconoció el «marco normativo y jurisprudencial de la
pensión gracia», lo cual sustentó en los «más de 24 años» que permanecieron
en firme los actos administrativos que reconocieron el derecho pensional

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1.5. Trámite de segunda instancia

24. Mediante auto del 17 de septiembre de 2026, se separó del conocimiento
del presente asunto a la doctora Gloria María Gómez Montoya, al encontrarse
fundado el impedimento que manifestó con fundamento en la causal sexta
prevista en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

II. CONSIDERACIONES

25. La Sala confirmará la sentencia proferida el 13 de agosto de 2026 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la
solicitud de amparo porque no superó el estudio de relevancia constitucional.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

26. El Consejo de Estado3 y la Corte Constitucional4, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales5 y a la configuración de algún
defecto especial6 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

27. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
4
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
5
(i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
6
(i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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28. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

29. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

30. La Sala advierte que la accionante está legitimada en la causa por activa,
en su calidad de sucesora procesal del señor Luis Alberto Jaimes Vega, otorgada
al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado núm.
58001-23-33-000-2017-00561-01, cuya sentencia fue objeto del recurso
extraordinario de revisión que se declaró infundado mediante la decisión que se
acusa en esta tutela.

31. Por su parte, se evidencia que la Sala 23 Especial de Decisión del Consejo
de Estado se encuentra legitimada en la causa por pasiva por ser la autoridad
judicial que profirió la sentencia debatida.

32. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

33. En el sub judice, la parte actora atribuye la vulneración de sus derechos
fundamentales a la sentencia del 4 de febrero de 2026, la cual señala de incurrir
en defecto fáctico, por el presunto desconocimiento de seis elementos
probatorios que considera determinantes para la resolución de su caso, y en
defecto sustantivo, por la supuesta interpretación indebida de la causal invocada
en el recurso extraordinario de revisión (art. 250.1 del CPACA) y de la regla de
caducidad prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

34. Como se indicó previamente, se declarará improcedente la acción de
tutela por falta de relevancia constitucional. Lo anterior, en atención a la
insuficiente carga argumentativa que sustenta la solicitud de amparo y a la
reiteración de planteamientos que ya fueron analizados y resueltos por el juez del
recurso extraordinario de revisión.

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35. Conviene destacar que, en la providencia cuestionada, se explicó que la
señora Gloria Inés Orozco de Jaimes no expuso las razones que le impidieron
aportar durante el proceso ordinario las pruebas que únicamente allegó con
ocasión del recurso extraordinario de revisión, más allá de afirmar que se trata
de documentos de antigua data. Esta misma deficiencia argumentativa se
advierte en el escrito de tutela.

36. En ese contexto, para la Sala 23 Especial de Decisión del Consejo de
Estado resultó imposible enmarcar los planteamientos de la recurrente dentro de
la causal invocada, debido, precisamente, a la ausencia de argumentos
encaminados a justificar la imposibilidad de aportar dichas pruebas en la
oportunidad procesal correspondiente.

37. Por otra parte, en relación con el cuestionamiento acerca de la caducidad
del medio de control, se observa que se trata de un planteamiento ajeno a los
aspectos debatidos en el marco del recurso extraordinario de revisión.

38. En consecuencia, la Sala comparte la conclusión alcanzada por el a quo
en cuanto a la falta de relevancia constitucional del asunto.

39. En efecto, cuando se alega la configuración de un defecto fáctico, no basta
con afirmar de manera genérica la existencia de un desconocimiento probatorio.
Por el contrario, corresponde a la parte actora, especialmente cuando
controvierte providencias judiciales, identificar con precisión el medio de prueba
presuntamente omitido, explicar su incidencia en la decisión adoptada y
demostrar de qué manera fue ignorado o indebidamente valorado. Asimismo,
tratándose de un recurso extraordinario de revisión fundado en pruebas
recobradas, es indispensable justificar tal condición y acreditar las circunstancias
que permitan concluir que dichas pruebas satisfacen los requisitos exigidos para
la prosperidad de la causal invocada.

40. En otras palabras, los argumentos de la tutela se centran en la
inconformidad de la parte actora con que el tribunal no haya accedido a las
pretensiones, porque, desde su perspectiva, se debió estudiar los seis elementos
de prueba que trajo hasta el recurso extraordinario de revisión, en procura de
dejar en firme los actos que le reconocieron y ordenaron el pago de la pensión
gracia. En tales términos, la accionante pretende reabrir el debate probatorio
zanjado, para que el juez de tutela acceda a las pretensiones.

41. No obstante, se reitera que en materia de tutelas contra providencias
judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la
órbita de los jueces naturales de la causa, especialmente cuando el debate se
centra en una inconformidad sin enfoque de derechos fundamentales.
Especialmente cuando se cuestionan las sentencias de las altas cortes como
órgano de cierre.

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42. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos
de raigambre constitucional esgrimidos por los actores dentro del trámite de
tutela, toda vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones judiciales
desfavorables, sin el contraste de un indebido e irracional estudio por parte de la
autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en
últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia7.

43. Por esto, la Sala confirmará la sentencia del 13 de agosto de 2026 que
declaró la improcedencia de la tutela porque no superó el examen de relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de agosto de 2026, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de
diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.

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