Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05144-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05144-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-05144-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05144-00
Accionante: JESÚS GABRIEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela contra la providencia judicial – improcedencia por no
superar los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591
de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como con el Acuerdo 080 de 20191 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 7 de julio de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Jesús Gabriel Martínez Álvarez, actuando en nombre propio,
interpuso acción de tutela en contra de la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad, a la participación política, al
sufragio, al habeas data, al buen nombre, al asilo, y al «refugio y protección
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B. Asimismo, se vinculó en condición de terceros con interés a Sección
Tercera, Subsección C Tribunal Administrativo de Cundinamarca; al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, al secretario de la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al titular del Juzgado Primero promiscuo Municipal de Funes (Nariño), al
registrador Nacional del Estado Civil, al ministro de Relaciones Exteriores, al defensor del Pueblo, al director
del Centro de Servicios Judiciales para el Sistema Penal Acusatorio de Girardot (Cundinamarca) y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en los términos del artículo 610 del Código
General del Proceso.
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Accionante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
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internacional».
2. La trasgresión de las anteriores garantías constitucionales se las adjudica
a la providencia del 4 de junio de 2026 dictada por la autoridad judicial accionada.
En dicha decisión, se negó la medida provisional solicitada por la parte
demandante al interior de la acción de tutela 11001-03-15-000-2026-03989-00.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PETITUM
En este sentido es procedente que su señorío reconozca todas y cada una de las
pretensiones postuladas en el escrito de tutela originario del asunto, así como las
planteadas en el escrito de impugnación, y las que se desprenden de la causa
del proceso sub examine, en aras de garantizar los derechos amenazados o en
riesgo, evitar la ocurrencia de nuevas vulneraciones sobre los mismos, y reparar
los agravios causados, imputables a la inoperancia, negligencia y o mala fe. Su
señoría, necesito que usted asegure el derecho del solicitante a elegir mediante
sufragio en condiciones de igualdad, así de simple. Además, necesito que ordene
el pago de las indemnizaciones y el reconocimiento de costas, establecido en el
artículo 25 del decreto 2591 de 1991. Porque todos los intervinientes que le he
reseñado han obrado arbitrariamente, entonces se cumple la causal, así
PRETENSIONES
En abstracto
I. Revise la constitucionalidad y la legalidad de todo lo actuado dentro los
procesos en referencia y en la providencia censurada.
II. Revoque esas providencias junto a todo lo actuado; y conceda la totalidad de
pretensiones de cada una de las acciones promovidas.
III. Evite que se restrinja el derecho del solicitante a participar en la segunda
vuelta electoral de las presidenciales.
IV. Asegure la totalidad de medios necesarios para el ejercicio del derecho al
sufragio.
V. Ordene la reparación y el reconocimiento de costas y agencias en derecho
conforme al artículo 25 del decreto 2591 de 1991.
VI. Falle ultra y extra petita.
En concreto
1. Disponer y asegurar la totalidad de medios y condiciones materiales y
logísticas, en coherencia y garantía con el derecho al mínimo vital; y en función
del pleno ejercicio del derecho humano y fundamental del solicitante a elegir
mediante el sufragio en condiciones de secreto, e igualdad, y en garantía de los
derechos de asilo, refugio, protección internacional, y de principios jurídicos y
políticos de orden superior, como los de ciudadanía universal y garantía de no
devolución. En atención a la situación fáctica descrita y a los hechos que sean de
su conocimiento.
2. Adoptar las medidas pertinentes para evitar la ocurrencia de posteriores
perjuicios irremediables de la misma o de diversa naturaleza, con ocasión de la
expuesta situación fáctico – jurídica; y con respecto al proceso electoral del
presidente Iván Cepeda Castro, en la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales de 2026.
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3. Ordénese la reparación material y simbólica de los daños antijurídicos
emergentes, la indemnización de perjuicios causados, y el reconocimiento de
costas y agencias en derecho a favor del solicitante, respecto de cada una de las
fallas en el servicio y de los agravios reprochados por la injustificada vulneración
a su derecho de elegir en los procesos del 8 de marzo y del 31 de mayo de la
calenda, y por las restricciones injustificadas de acceso a la administración de
justicia.
4. Ordénese la reparación material y simbólica de los daños antijurídicos
emergentes, la indemnización de perjuicios causados, y el reconocimiento de
costas y agencias en derecho a favor del solicitante, respecto de cada una de las
fallas en el servicio y de los agravios identificados en los hallazgos del proceso3.
5. Ordene a las Autoridades administrativas y entidades de la Organización
Electoral – Ministerio de Relaciones Internacionales, Registraduría Nacional del
Estado Civil, disponer y asegurar la totalidad de medios y condiciones materiales
para el ejercicio del derecho humano y fundamental del solicitante, a elegir
mediante el sufragio en condiciones de secreto e igualdad, y en garantía de los
derechos de asilo, refugio, protección internacional, y de principios jurídicos y
políticos de orden superior, como los de ciudadanía universal y garantía de no
devolución. En atención a la situación fáctica descrita y a los hechos que sean de
su conocimiento.
6. Compulse copias y remita las denuncias ante los órganos de investigación
competentes a saber, Procuraduría General de la Nación, fiscalía general de la
nación, Comisión de disciplina Judicial4.
1.2. Hechos
4. El señor Jesús Gabriel Martínez Álvarez presentó acción de tutela contra
la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá5, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales con ocasión de
la supuesta mora en la resolución de la impugnación formulada dentro de otra
acción de tutela relacionada con su derecho al sufragio desde el exterior 6.
5. Dicha acción de tutela (2026-03989-00) le fue repartida a la Subsección B
3 Al respecto, el accionante citó a pie de página un fragmento del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, que
dispone: […] Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea
manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los
dos artículos anteriores, en el fallo que conceda la tutela el juez, de oficio, tiene la potestad de ordenar en
abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce
efectivo del derecho así como el pago de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás
perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante el juez competente, por el
trámite incidental, dentro de los seis meses siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela
remitirá inmediatamente copia de toda la actuación. […]
4 Cita textual del original que puede contener errores.
5 Identificada con radicado 11001-03-15-000-2026-03989-00. En dicha acción de tutela, el actor alegó que
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en mora al resolver la impugnación formulada dentro
del trámite constitucional relacionado con su derecho al sufragio desde el exterior. Solicitó que se adoptaran
las medidas necesarias para garantizarle el ejercicio del voto en condiciones de secreto e igualdad, así como
la reparación material y simbólica de los daños que afirmó causados, la indemnización de perjuicios, el
reconocimiento de costas y agencias en derecho, y la compulsa de copias ante las autoridades competentes
por las presuntas irregularidades advertidas.
6 Identificada con radicado 11001-33-34-002-2026-00076-00/01. En concreto, pretendía que, en atención a
que actualmente se encontraba en Ecuador ejerciendo materialmente el derecho de asilo y refugio tras haber
solicitado protección internacional, se ordenara a las autoridades electorales y consulares adoptar las
medidas necesarias para garantizarle el ejercicio del voto en las elecciones de 2026.
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de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Durante su trámite, el 1 de junio
de 20267, el actor solicitó como medida provisional de urgencia que se ordenara
a las autoridades competentes adoptar los medios logísticos necesarios para
garantizarle el ejercicio del derecho al voto en las elecciones presidenciales del
31 de mayo de 2026, así como la actualización inmediata de su lugar de votación
conforme a la residencia que afirmó tener en Ecuador.
6. La autoridad judicial accionada, mediante auto del 4 de junio de 2026,
negó la medida provisional solicitada. Como fundamento, consideró que los
argumentos del actor exigían un análisis integral del fondo de la tutela,
relacionado con la actuación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el
cumplimiento de los requisitos para actualizar el puesto de votación y la eventual
afectación del derecho al sufragio. Además, indicó que no se acreditó una
amenaza cierta, actual e inminente ni un perjuicio irremediable que justificara
anticipar una orden antes de proferir la decisión de fondo8.
7. Inconforme con la anterior decisión, el señor Martínez Álvarez interpuso la
presente acción de tutela.
1.3. Sustento de la vulneración
8. El accionante sostuvo que la providencia del 4 de junio de 2026 vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad, a la participación política, al
sufragio, al habeas data, al buen nombre, al asilo, y al «refugio y protección
internacional». Ello, pues, en su criterio, la autoridad judicial accionada incurrió
en defectos sustantivo, fáctico y procedimental al negar la medida provisional
solicitada dentro del trámite de tutela 11001-03-15-000-2026-03989-00.
9. Alegó que la medida provisional era procedente porque había solicitado
oportunamente la actualización de su lugar de votación conforme a su residencia
en Ecuador, y porque, según afirmó, la Registraduría Nacional del Estado Civil
no realizó dicha actualización antes de las elecciones del 31 de mayo de 2026.
Por ello, consideró que la negativa de la medida impidió la protección efectiva de
su derecho al sufragio.
7 Al respecto, se precisa que el escrito fue remitido por el accionante el viernes 29 de mayo a las 2:04 p. m.
a las siguientes direcciones de correo electrónico: Secretaría Sección Tercera - Consejo de Estado
<ces3secr@consejodeestado.gov.co>; Notificaciones Tutela Sección Tercera
<notiftutelas3@consejodeestado.gov.co>; Consejo de Estado Despacho 301
<despacho301@consejodeestado.gov.co>; samai samai@notificacionesrj.gov.co. El lunes 1 de junio de
2026 fue reenviado desde el correo de la secretaría de la Sección Tercera
(ces3secr@consejodeestado.gov.co) a la Secretaría General (secgeneral@consejodeestado.gov.co),
competente para el trámite de las acciones de tutela en virtud de lo establecido en el artículo 25 del Acuerdo
080 de 2019 proferido por la Sala Plena de la Corporación.
8 Mediante sentencia del 26 de junio de 2026, negó el amparo solicitado. Para ello, explicó que, en los
términos en que fue planteada la solicitud de amparo, no existió mora judicial en la resolución de la
impugnación pues, descontado el período de vacancia judicial correspondiente a Semana Santa, la
sentencia de segunda instancia del 28 de abril de 2026 fue proferida dentro del término previsto en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991.
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10. Frente al defecto sustantivo, afirmó que el despacho accionado
interpretó de manera restrictiva el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, pese a
que, en su criterio, estaban acreditados los presupuestos para adoptar una
medida provisional, a saber: apariencia de buen derecho, riesgo por la demora y
proporcionalidad de la orden solicitada. También sostuvo que el derecho al voto
debía garantizarse sin formalismos, dadas sus condiciones particulares como
ciudadano colombiano que afirmó residir en Ecuador y ser solicitante de
protección internacional.
11. En cuanto al defecto fáctico, señaló que la autoridad judicial no valoró
adecuadamente los documentos que, según él, demostraban que sí había
inscrito su cédula para votar en Cuenca, Ecuador, y que la plataforma de la
Registraduría continuaba registrando como lugar de votación la ciudad de Tunja,
Boyacá. A partir de ello, aseveró que existía prueba suficiente de la omisión
administrativa y del riesgo inminente de afectación de su derecho al sufragio.
12. Respecto del defecto procedimental, indicó que la solicitud de medida
provisional fue resuelta de manera tardía, pues se presentó antes de la jornada
electoral y solo se decidió después de que, en su criterio, se consolidó la
afectación del derecho. Por ello, afirmó que se desconocieron los principios de
celeridad, oportunidad, economía procesal, efectividad y prevalencia del derecho
sustancial.
13. Finalmente, el accionante solicitó que se revisara la legalidad y
constitucionalidad de lo actuado, se revocara el auto que negó la medida
provisional, se ordenaran las medidas necesarias para garantizar su derecho al
sufragio, se reconocieran reparaciones, indemnizaciones, costas y agencias en
derecho, y se compulsaran copias ante las autoridades disciplinarias y penales
correspondientes.
1.4. Intervenciones
14. El Centro de Servicios Judiciales para el Sistema Penal Acusatorio de
Girardot - Cundinamarca solicitó su desvinculación del trámite constitucional.
Señaló que el 30 de abril de 2026 recibió un correo del accionante con 36
archivos, dirigido al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Funes, Nariño y a
la Defensoría del Pueblo, por lo que le pidió aclarar el destinatario y objeto de la
solicitud. Indicó que, ante la falta de claridad de las respuestas recibidas y al
advertir que los documentos aludían a actuaciones surtidas ante el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá, redireccionó el mensaje a ese
despacho, con copia al usuario. Agregó que ese Centro de Servicios no era
competente para repartir acciones de tutela del circuito judicial de Bogotá y que,
en otros asuntos promovidos por el mismo accionante que sí correspondían a su
competencia, dio el trámite de reparto respectivo.
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15. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó
declarar improcedente la acción de tutela. Como sustento, señaló que, aunque el
actor afirmó cuestionar el auto del 4 de junio de 2026, mediante el cual se negó
la medida provisional dentro del radicado 11001-03-15-000-2026-03989-00, en
realidad sus reparos se dirigían contra la sentencia del 26 de junio de 2026, que
resolvió definitivamente esa tutela y concluyó que no existió mora judicial en la
resolución de la impugnación. En ese sentido, sostuvo que el accionante reiteró
los mismos argumentos ya analizados y pretendió reabrir el debate sobre la
supuesta mora judicial y sus efectos en el ejercicio del derecho al voto.
16. Agregó que, materialmente, la solicitud constituía una tutela contra
sentencia de tutela, supuesto que, conforme a la Sentencia SU-627 de 2015 de
la Corte Constitucional, solo procede de manera excepcional cuando se
demuestra fraude o cosa juzgada fraudulenta, carga que el actor no satisfizo.
Además, señaló que la demanda carecía de relevancia constitucional, porque no
planteaba una controversia iusfundamental autónoma distinta de la ya resuelta,
sino una inconformidad con el sentido de la decisión judicial.
17. Finalmente, indicó que, aún si se entendiera que la tutela se dirigía
exclusivamente contra el auto que negó la medida provisional, el amparo
tampoco sería procedente, pues esa decisión quedó superada con la sentencia
del 26 de junio de 2026, que definió de fondo el litigio constitucional. Al respecto,
concluyó que, en todo caso, la providencia cuestionada fue proferida por
autoridad competente, estuvo debidamente motivada y no incurrió en los defectos
alegados por la parte actora.
18. El Juzgado Promiscuo Municipal de Funes, Nariño solicitó que se
nieguen las pretensiones de la acción. Indicó que ya había sido vinculado al
trámite de tutela 11001-03-15-000-2026-03989-00, en el que se profirió el auto
que negó la medida provisional cuestionada, y explicó que el correo enviado por
el actor el 27 de abril de 2026 no fue dirigido para que ese despacho asumiera el
conocimiento de la tutela, sino para que se remitiera a reparto, como se
desprendía del propio mensaje del accionante.
19. Precisó que dicho correo ingresó a la bandeja de correos no deseados o
spam del despacho y fue advertido el 29 de mayo de 2026. Ese mismo día, al
verificar que la acción se dirigía contra la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, remitió el expediente a la Sección Tercera,
Subsección B, del Consejo de Estado, por ser la autoridad competente para
conocer del asunto.
20. Agregó que no era legalmente posible que un juzgado promiscuo
municipal asumiera el conocimiento de una tutela dirigida contra autoridades
judiciales de esa jerarquía, pues ello habría desconocido las reglas de
competencia y reparto aplicables. Por tanto, sostuvo que no incurrió en
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inoperancia, mora o vulneración de los derechos fundamentales del accionante,
sino que actuó conforme a la solicitud del propio actor y a las normas vigentes,
al remitir la tutela al juez competente el mismo día en que tuvo conocimiento
efectivo de su existencia.
21. El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó que se declare su falta de
legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, se disponga su
desvinculación del trámite constitucional. En su opinión, la controversia planteada
por el accionante se originó en su inconformidad con decisiones adoptadas por
autoridades judiciales dentro de otros procesos constitucionales, frente a las
cuales esa cartera no intervino, ni tenía competencia para controlar, modificar,
revocar o dejar sin efectos.
22. Agregó que del escrito de tutela no se advertía una actuación
administrativa, decisión u omisión concreta atribuible al Ministerio de
Relaciones Exteriores que tuviera relación directa con la presunta vulneración
de los derechos fundamentales invocados. En ese sentido, sostuvo que su
vinculación obedeció únicamente a la integración del contradictorio, sin que ello
implicara responsabilidad constitucional o aptitud jurídica para satisfacer las
pretensiones formuladas.
23. Por último, precisó que sus competencias se circunscriben a la formulación
y ejecución de la política exterior, asuntos consulares, migratorios y de protección
internacional, entre otros, pero no comprenden la revisión de providencias
judiciales ni la adopción de medidas dentro de los procesos cuestionados.
Subsidiariamente, pidió negar las pretensiones en su contra, al no existir prueba
de una conducta suya que hubiera vulnerado o amenazado los derechos
alegados por el actor.
24. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, indicó que la presente acción de tutela no se dirigió propiamente
contra esa corporación, sino contra el auto del 4 de junio de 2026 proferido por
la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, mediante el cual se
negó la medida provisional solicitada por el actor dentro de la tutela 11001-03-
15-000-2026-03989-00. En esa medida, señaló que, en principio, no se le
atribuyó en esta sede una actuación u omisión directa que hubiera vulnerado los
derechos fundamentales del accionante, lo cual podría justificar su falta de
legitimación en la causa por pasiva.
25. Indicó que, sin perjuicio de lo anterior, efectuaría algunas precisiones
frente a los cuestionamientos que el accionante ha formulado de manera
reiterada en distintos trámites. Al respecto, explicó que en la tutela anterior
promovida en su contra informó que no existió mora judicial en la resolución de
la impugnación, pues el expediente fue repartido al despacho el 24 de marzo de
2026 y la sentencia de segunda instancia se profirió el 28 de abril de 2026, dentro
del término previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, una vez
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descontada la vacancia judicial de Semana Santa. Además, precisó que la
decisión fue notificada el 6 de mayo de 2026.
26. También recordó que, en esa providencia, la Sala concluyó que la
Registraduría Nacional del Estado Civil respondió oportunamente la petición del
accionante y que no se acreditó una vulneración del derecho al sufragio, pues su
ejercicio desde el exterior estaba sujeto a la inscripción previa de la cédula en el
censo electoral. En particular, indicó que no obraba prueba de que el actor
hubiera realizado oportunamente ese trámite para las elecciones del 8 de marzo
de 2026, aunque sí se demostró que inscribió su documento el 11 de marzo de
2026 para las elecciones presidenciales, sin que se acreditaran obstáculos
atribuibles a las entidades accionadas.
27. Concluyó que la nueva acción constitucional parecía encaminarse a reabrir
debates ya decididos mediante providencias judiciales motivadas, sin demostrar
la configuración de mora judicial, vía de hecho o alguna causal específica de
procedencia contra providencias judiciales. Agregó que el uso sucesivo de la
acción de tutela frente a cada decisión desfavorable podría desnaturalizar el
mecanismo constitucional y contrariar los deberes ciudadanos de no abusar de
los propios derechos y colaborar con el buen funcionamiento de la administración
de justicia.
28. Por último, la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó que se
declare improcedente la acción de tutela o, en su defecto, que se nieguen las
pretensiones formuladas en su contra. Señaló que el amparo se dirigió contra el
auto del 4 de junio de 2026, proferido por la Sección Tercera, Subsección B, del
Consejo de Estado, mediante el cual se negó una medida provisional dentro de
otro trámite constitucional, por lo que no se advertía una acción u omisión
atribuible a esa entidad que hubiera vulnerado los derechos fundamentales
invocados por el actor.
29. Agregó que actuó dentro del marco de sus competencias constitucionales
y legales en la organización de los procesos electorales y que el accionante no
aportó prueba siquiera sumaria de una irregularidad imputable a la entidad. En
ese sentido, sostuvo que no estaba legitimada en la causa por pasiva, pues sus
funciones se circunscriben a la organización electoral y no comprenden la
revisión de providencias judiciales ni la adopción de decisiones sobre la medida
provisional cuestionada.
30. También expuso consideraciones generales sobre el trámite de
escrutinios, la diferencia entre preconteo y resultados oficiales, y las
competencias de los jurados de votación, comisiones escrutadoras y el Consejo
Nacional Electoral. Con base en ello, indicó que la tutela no podía utilizarse para
sustituir los mecanismos ordinarios previstos en materia electoral, como el medio
de control de nulidad electoral, y reiteró que no existía conducta atribuible a la
Registraduría que comprometiera los derechos alegados por el accionante.
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1.5 Solicitud de remitir la acción constitucional a otra autoridad competente
31. Mediate memorial allegado el 10 de julio de 2026, el accionante solicitó
que la Sección Quinta se abstuviera de conocer la presente acción de tutela y
remitiera el asunto a otra autoridad judicial. Como sustento, señaló que la tutela
se dirigía contra una Sala de la misma corporación, esto es, contra la Sección
Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, por lo que, en aplicación del
principio nemo iudex in causa sua y de la excepción de inconstitucionalidad,
consideró necesario que el despacho se apartara del conocimiento para
garantizar transparencia y lealtad procesal.
1.6 Manifestación de impedimento
32. Encontrándose el asunto en trámite para proferir sentencia de primera
instancia, el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez mediante escrito del 4 de
agosto de 2026, manifestó su impedimento para conocer del caso, con
fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal. No obstante, mediante auto del 6 de agosto de 2026, el
magistrado ponente declaró infundada la aludida manifestación.
II. CONSIDERACIONES
33. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo presentada
por el accionante. En ese sentido, esta Sección explicará las razones por las
cuales en el asunto objeto de estudio no se supera los requisitos generales de
relevancia constitucional y subsidiariedad.
2.1. Cuestión previa
34. El accionante solicitó que esta Sección se abstuviera de conocer la
presente acción constitucional y remitiera el expediente a otra autoridad judicial,
al considerar que como la tutela se dirige contra una Sección de la misma
Corporación, se vería afectada la transparencia y lealtad procesal. La Sala
negará dicha solicitud, toda vez que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral
8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, las acciones dirigidas en
contra del Consejo de Estado serán resueltas «por la Sala de Decisión, Sección
o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento [interno de la
corporación]».
35. En ese orden, el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019 prevé que las
acciones de tutela de competencia del Consejo de Estado se reparten entre los
magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y son resueltas por la
Sección o Subsección de la cual haga parte el ponente, con exclusión, en casos
de tutela contra providencias de la Corporación, de los magistrados que integran
la Sección o Subsección accionada o que hubiera decidido en primera instancia.
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Por lo tanto, la competencia de esta Sección para conocer del asunto se ajusta a
las reglas internas de reparto y no se advierte circunstancia concreta que
comprometa la imparcialidad del despacho o de la Sala para resolver la solicitud
de amparo.
2.2. Caso concreto. La solicitud no cumple con los requisitos de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
36. El Consejo de Estado9 y la Corte Constitucional10, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales11 y a la configuración de algún
defecto especial12 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
37. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
38. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
39. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
40. La Sala advierte que el señor Jesús Gabriel Martínez Álvarez está
legitimado en la causa por activa, porque es la parte demandante al interior de la
acción constitucional en la que se emitió la decisión que se cuestiona mediante
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.
María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez,
Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
10 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388
de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
11 (i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad (iv) relevancia constitucional; (v) efecto
decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y
(vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de control
abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz.
12 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o
sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y
(viii) violación directa de la Constitución.
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esta vía.
41. Por otro lado, se evidencia que Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, está legitimado en la causa por pasiva por haber proferido la
decisión objeto de estudio el presente trámite constitucional.
42. Ahora bien, el Centro de Servicios Judiciales para el Sistema Penal
Acusatorio de Girardot - Cundinamarca, el Ministerio de Relaciones Exteriores y
la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitaron su desvinculación o
alegaron falta de legitimación en la causa por pasiva.
43. La Sala negará la solicitud respecto del Ministerio de Relaciones
Exteriores y la Registraduría Nacional del Estado Civil, toda vez que, aunque no
profirieron el auto cuestionado, les puede asistir interés en las resultas del
presente trámite, en tanto fueron vinculadas a la acción de tutela 11001-03-15-
000-2026-03989-00, en la que se dictó la providencia censurada, y además
fueron accionadas dentro de la tutela previa en la que el actor reprochó la
supuesta mora judicial relacionada con su derecho al sufragio desde el exterior.
44. Por el contrario, esta Sección accederá a la desvinculación del Centro de
Servicios Judiciales para el Sistema Penal Acusatorio de Girardot -
Cundinamarca, pues no se advierte que hubiera intervenido en la providencia
cuestionada ni que de su actuación pueda derivarse la vulneración alegada; por
el contrario, la Sala pudo constatar que su actuación se limitó a redireccionar la
tutela al correo que estimó pertinente.
45. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional13, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
46. En el caso bajo estudio, la parte actora cuestiona el auto del 4 de junio de
2026, proferido por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado,
mediante el cual se negó la medida provisional solicitada dentro de la tutela
11001-03-15-000-2026-03989-00. A juicio del actor, dicha providencia incurrió en
defectos sustantivo, fáctico y procedimental, porque no accedió a ordenar las
medidas necesarias para garantizar su derecho al sufragio en las elecciones
13 Sentencia SU-215 de 2022.
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presidenciales de 2026 y porque, según afirmó, la solicitud cautelar fue decidida
cuando ya se había materializado la afectación alegada.
47. No obstante, la Sala advierte que los reproches formulados contra esa
providencia no superan el requisito general de relevancia constitucional. Si bien
el accionante invocó derechos como el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia, la tutela judicial efectiva, la participación política, el
sufragio, el habeas data, el buen nombre, el asilo y la protección internacional, lo
cierto es que sus argumentos no evidencian una controversia constitucional
autónoma frente al auto cuestionado, sino una inconformidad con la decisión del
juez de tutela de no anticipar, por vía de medida provisional, el análisis que
correspondía al fallo de fondo.
48. En efecto, la autoridad judicial accionada explicó que la solicitud cautelar
exigía valorar aspectos sustanciales de la tutela 11001-03-15-000-2026-03989-
00, relacionados, entre otros, con la existencia de una omisión atribuible a las
autoridades accionadas y la eventual afectación del derecho al sufragio. Por esa
razón, concluyó que acceder a la medida provisional implicaba anticipar el juicio
de fondo, sin que en esa etapa preliminar estuvieran acreditadas una amenaza
cierta, actual e inminente ni la configuración de un perjuicio irremediable.
49. Esa motivación descarta, prima facie, la existencia de una actuación
arbitraria o caprichosa con entidad constitucional. Por el contrario, muestra que
la autoridad judicial accionada resolvió la solicitud con fundamento en el artículo
7 del Decreto 2591 de 1991 y en el estándar excepcional aplicable a las medidas
provisionales, especialmente cuando estas se solicitan dentro de una tutela
contra providencia judicial. Así, aunque el actor discrepe de la conclusión
adoptada, su inconformidad no convierte la decisión cautelar en un asunto de
relevancia constitucional, pues no demuestra que el auto cuestionado hubiera
desconocido de manera directa, ostensible y autónoma el núcleo esencial de los
derechos invocados.
50. Además, debe tenerse en cuenta que, con posterioridad al auto
censurado, la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado profirió
sentencia el 26 de junio de 2026 dentro de la tutela 11001-03-15-000-2026-
03989-00. En esa decisión negó el amparo, al concluir que no existió mora judicial
en la resolución de la impugnación formulada por el actor, pues, descontado el
período de vacancia judicial de Semana Santa, la sentencia del 28 de abril de
2026 fue proferida dentro del término previsto en el artículo 32 del Decreto 2591
de 1991.
51. En ese contexto, surge evidente que la discusión sobre la medida
provisional quedó absorbida por el pronunciamiento de fondo que resolvió la
tutela en la que fue solicitada. Por ello, la presente acción no se dirige realmente
a evitar una afectación actual derivada del auto del 4 de junio de 2026, sino a
reabrir el debate ya decidido sobre la supuesta mora judicial y sus efectos en el
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ejercicio del derecho al voto desde el exterior. Admitir el estudio de fondo en estos
términos implicaría habilitar una nueva instancia constitucional para revisar la
corrección de una decisión cautelar y, de manera indirecta, de la sentencia que
resolvió definitivamente el trámite de amparo anterior.
52. La Sala tampoco puede perder de vista que la autoridad accionada advirtió
que, aunque formalmente la demanda se dirige contra el auto que negó la medida
provisional, materialmente reproduce los argumentos frente a la sentencia del 26
de junio de 2026, con el propósito de obtener una conclusión distinta sobre la
existencia de mora judicial y la supuesta afectación de su derecho al sufragio.
Esa circunstancia refuerza la ausencia de relevancia constitucional, pues la tutela
no plantea un cargo nuevo, específico y autónomo contra el auto del 4 de junio
de 2026, sino que pretende continuar la controversia que ya fue examinada por
el juez constitucional competente.
53. Así las cosas, frente a los reproches formulados contra la providencia que
negó la medida provisional, la Sala concluye que la solicitud de amparo no
satisface el requisito de relevancia constitucional. El actor no demostró que la
decisión censurada hubiera sido arbitraria, irrazonable o carente de motivación,
sino que pretende sustituir el criterio del juez natural de la tutela sobre la
procedencia de una medida cautelar, aspecto que no puede ser reabierto
mediante una nueva acción constitucional.
54. Se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces
naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en
los argumentos de raigambre constitucional esgrimido por el actor dentro del
trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones
judiciales desfavorables, sin el contraste de un indebido e irracional estudio por
parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial
y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera
instancia14.
55. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales 15: i) como
mecanismo de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial idóneo16 y eficaz17; y, ii) como mecanismo de protección
transitoria.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de diciembre
de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.
15 Sentencia T-183 de 2024.
16 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para producir el
efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de 2019.
17 La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está diseñado
para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
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56. La parte actora también solicitó la reparación material y simbólica de los
daños que afirmó causados, la indemnización de perjuicios, el reconocimiento de
costas y agencias en derecho, y la compulsa de copias contra distintas
autoridades judiciales y administrativas. En criterio de la Sala, esas pretensiones
económicas tampoco superan el requisito de subsidiariedad.
57. Es cierto que el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 faculta al juez de
tutela, en casos excepcionales, para ordenar en abstracto la indemnización del
daño causado. Sin embargo, dicha posibilidad está sometida a condiciones
estrictas: i) que el amparo sea concedido; ii) que el afectado no cuente con otro
medio judicial para obtener la reparación; iii) que la violación del derecho sea
manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria; iv)
que la indemnización sea necesaria para asegurar el goce efectivo del derecho;
y v) que se garantice el debido proceso de quien eventualmente resulte
condenado.
58. Al respecto, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-352 de 2016
determinó que, por regla general, la acción de tutela es improcedente para
ordenar el reconocimiento de obligaciones económicas o indemnizaciones
sujetas a litigio. Sin embargo, precisó que, de manera excepcional, el juez
constitucional puede decretar una indemnización cuando se acrediten las
condiciones previstas en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, entre ellas, que
el accionante no cuente con otro medio judicial para reclamar los perjuicios
derivados de la actuación arbitraria que vulneró sus derechos fundamentales.
59. En el presente caso, el accionante cuenta con mecanismos judiciales
ordinarios para reclamar los perjuicios que, en su criterio, se derivaron de las
actuaciones u omisiones que atribuye a autoridades judiciales o administrativas.
En particular, puede acudir al medio de control de reparación directa, escenario
natural para discutir la existencia del daño, su imputación, la eventual
responsabilidad estatal y la cuantificación de los perjuicios.
60. Además, no se advierte que dicho medio judicial resulte ineficaz ni que el
actor hubiera acreditado un perjuicio irremediable que habilite la intervención
excepcional del juez constitucional en materia indemnizatoria. A ello se suma
que, como en este asunto no hay lugar a conceder el amparo frente al auto
cuestionado, tampoco se cumple el presupuesto inicial previsto en el artículo 25
del Decreto 2591 de 1991 para ordenar una condena en abstracto.
61. Por tanto, la acción de tutela no es el medio idóneo para obtener la
reparación material y simbólica, la indemnización de perjuicios, las costas o las
agencias en derecho solicitadas.
62. Sobre este punto, es importante precisar que la acción de tutela, dada su
naturaleza subsidiaria, «pretende evitar que se soslayen los cauces ordinarios
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para la resolución de las controversias jurídicas, se convierta en un instrumento
supletorio cuando no se han utilizado oportunamente dichos medios, o sea una
instancia adicional para reabrir debates concluidos»18.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por
Jesús Gabriel Martínez Álvarez, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud interpuesta por el accionante de remitir la
presente acción constitucional a otra autoridad competente.
TERCERO: NEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación por
pasiva del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
CUARTO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación elevada por el Centro de
Servicios Judiciales para el Sistema Penal Acusatorio de Girardot -
Cundinamarca.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SEXTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
18 Sentencias SU-712 de 2013 y C-132 de 2028, Corte Constitucional.
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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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