Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03989-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03989-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03989-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
26 de junio de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03989-00
Demandante: JESÚS GABRIEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ
Demandado: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y
OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: MORA JUDICIAL EN LA RESOLUCIÓN DE LA
IMPUGNACIÓN EN OTRA ACCIÓN DE TUTELA.
CONSECUENCIAS SOBRE EL EJERCICIO DEL
DERECHO AL VOTO.
Síntesis del caso: la parte demandante consideró que las autoridades judiciales demandadas
en el proceso de acción de tutela vulneraron sus derechos constitucionales fundamentales con
ocasión de la presunta mora en la resolución de una impugnación. La Sala negará el amparo
invocado, por cuanto no se demostró la supuesta vulneración.
La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela1 presentado por el señor Jesús
Gabriel Martínez Álvarez en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, para la protección de sus derechos fundamentales del
debido proceso, acceso a la administración de justicia, petición, igualdad y defensa
consagrados en los artículos 13, 23, 29 y 229 de la Carta Política, presuntamente
vulnerados con ocasión de la mora judicial en resolver la impugnación en contra de la
sentencia de tutela de primera instancia en el proceso con radicación no. 11001-33-
34-002-2026-00076-01.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1 La acción de tutela fue presentada el 29 de mayo de 2026, índice 1, Samai.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03989-00
Demandante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez
Acción de tutela
1) El 2 de marzo de 2026, presentó una acción de tutela2 relacionada con la protección
de su derecho fundamental a elegir mediante sufragio y otros derechos conexos, con
el fin de obtener una orden judicial para que las autoridades electorales y consulares
le garantizaran materialmente la posibilidad de votar desde Ecuador en las elecciones
de 2026.
2) Inicialmente, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
inadmitió la demanda, decisión frente a la cual presentó escrito de subsanación el 3
de marzo de 2026.
3) Mediante auto del 4 de marzo de 2026, el despacho declaró su incompetencia y
ordenó remitir el asunto; sin embargo, posteriormente asumió el conocimiento de la
acción y la admitió el 9 de marzo del mismo año.
4) El 13 de marzo de 2026, el juzgado profirió sentencia de primera instancia,
notificada el 16 de marzo siguiente, mediante la cual negó el amparo solicitado, por
cuanto las demandadas respondieron oportunamente la solicitud presentada, en la
cual le explicaron de manera clara el procedimiento y los requisitos para votar desde
el exterior, especialmente la necesidad de inscribir previamente la cédula en el censo
electoral en las fechas previamente establecidas por el órgano electoral.
5) El 18 de marzo de 2026, impugnó la sentencia de primera instancia, la cual fue
concedida y remitida ese mismo día al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
6) El 24 de marzo de 2026, se repartió y radicó la acción de tutela a la Subsección C
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
7) El 28 de abril del presente año3, el tribunal confirmó el fallo, en la medida que no se
probó que hubiera realizado oportunamente la inscripción de su cédula en el censo
electoral del exterior para los comicios correspondientes; por el contrario, se demostró
que dicha inscripción fue efectuada únicamente el 11 de marzo de 2026 para las
elecciones presidenciales posteriores.
2 11001-33-34-002-2026-00076-00/01.
3 Decisión que fue notificada el 6 de mayo de 2026.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03989-00
Demandante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez
Acción de tutela
2. El fundamento de la vulneración
La parte demandante señaló que las autoridades judiciales demandadas vulneraron
sus derechos fundamentales con ocasión de la mora judicial en la resolución de la
impugnación, con lo cual incurrieron en un defecto procedimental absoluto.
El tribunal profirió y notificó la sentencia de segunda instancia por fuera del término
previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 para resolver la impugnación,
irregularidad que constituyó una omisión o retardo injustificado que, a su vez, afectó
su derecho al voto porque la acción de tutela tenía precisamente como finalidad
obtener una protección judicial urgente para garantizar su participación en las
elecciones presidenciales de 2026 desde Ecuador.
No resolverse la impugnación dentro del término de veinte (20) días previsto en la ley,
frustró la finalidad expedita del mecanismo constitucional y redujo o eliminó la
posibilidad de obtener una decisión oportuna que ordenara a las autoridades adoptar
medidas para permitirle ejercer el sufragio.
La demora del tribunal no constituyó una simple irregularidad procesal, sino que tuvo
un efecto material sobre la protección solicitada, porque la controversia estaba
relacionada con un proceso electoral sujeto a fechas determinadas.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“1. Disponer y asegurar la totalidad de medios y condiciones materiales y
logísticas, en coherencia y garantía con el derecho al mínimo vital; y en
función del pleno ejercicio del derecho humano y fundamental del solicitante
a elegir mediante el sufragio en condiciones de secreto, e igualdad, y en
garantía de los derechos de asilo, refugio, protección internacional, y de
principios jurídicos y políticos de orden superior, como los de ciudadanía
universal y garantía de no devolución. En atención a la situación fáctica
descrita y a los hechos que sean de su conocimiento.
2. Adóptense las medidas pertinentes para evitar la ocurrencia de
posteriores perjuicios irremediables de la misma o de diversa naturaleza, con
ocasión de la expuesta situación fáctico – jurídica; y con respecto al proceso
electoral del presidente Iván Cepeda Castro, en la primera vuelta que
concluirá el 31 de mayo de 2026.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03989-00
Demandante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez
Acción de tutela
3. Ordénese la reparación material y simbólica de los daños antijurídicos
emergentes, la indemnización de perjuicios causados, y el reconocimiento
de costas y agencias en derecho a favor del solicitante, respecto de cada
una de las fallas en el servicio y de los agravios reprochados por la
injustificada vulneración a su derecho de elegir en el proceso 8 de marzo de
la calenda, y por las restricciones injustificadas de acceso a la administración
de justicia
4. Ordénese la reparación material y simbólica de los daños antijurídicos
emergentes, la indemnización de perjuicios causados, y el reconocimiento
de costas y agencias en derecho a favor del solicitante, respecto de cada
una de las fallas en el servicio y de los agravios identificados en los hallazgos
del proceso.
5. Ordene a las Autoridades administrativas y entidades de la Organización
Electoral – Ministerio de Relaciones Internacionales, Registraduría Nacional
del Estado Civil, disponer y asegurar la totalidad de medios y condiciones
materiales para el ejercicio del derecho humano y fundamental del
solicitante, a elegir mediante el sufragio en condiciones de secreto e
igualdad, y en garantía de los derechos de asilo, refugio, protección
internacional, y de principios jurídicos y políticos de orden superior, como los
de ciudadanía universal y garantía de no devolución. En atención a la
situación fáctica descrita y a los hechos que sean de su conocimiento.
6. Compulse copias y remita las denuncias ante los órganos de
investigación competentes a saber, Procuraduría General de la Nación,
fiscalía general de la nación, Comisión de disciplina Judicial.
7. Falle ultra y extra patita.”. (archivo disponible en SAMAI, índice 2,
negrillas y mayúsculas del original).
4. Actuación procesal
Mediante auto de 26 de mayo de 20264 se admitió el proceso de acción de tutela y se
ordenó la notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección
C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al titular del
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, al secretario de la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al
titular del Juzgado Primero promiscuo Municipal de Funes (Nariño), al registrador
Nacional del Estado Civil, al ministro de Relaciones Exteriores, al defensor del Pueblo
y al director del Centro de Servicios Judiciales para el Sistema Penal Acusatorio de
Girardot (Cundinamarca) con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que
motivaron el ejercicio de la acción.
4 Índice 4, Samai.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03989-00
Demandante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez
Acción de tutela
5. Actuación de las autoridades demandadas
El Ministerio de Relaciones Exteriores5 solicitó su desvinculación, en atención a que
los hechos que sustentan la acción se refieren exclusivamente a actuaciones judiciales
adelantadas por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de una acción de tutela y su
impugnación, asuntos en los que la Cancillería no intervino ni tiene competencia para
supervisar, controlar o modificar.
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá6 realizó una
relación cronológica del trámite surtido y manifestó que las actuaciones cuestionadas
relacionadas con la impugnación y su decisión correspondieron al tribunal y no a ese
despacho judicial.
El Juzgado Primero promiscuo Municipal de Funes (Nariño)7 solicitó su desvinculación
del trámite constitucional, por cuanto nunca tuvo conocimiento efectivo de la acción de
tutela que el demandante afirma haber radicado.
Al revisar su correo institucional con ocasión de la vinculación a ese proceso, constató
que el mensaje enviado por el actor había sido clasificado automáticamente por el
sistema de la Rama Judicial en la carpeta de correos no deseados (spam), razón por
la cual no fue advertido ni tramitado oportunamente.
Los archivos adjuntos aparecían bloqueados por razones de seguridad del sistema
informático institucional, situación que obedeció a mecanismos automáticos de
protección del correo institucional y no a una conducta omisiva o arbitraria del
despacho judicial.
El demandante ha promovido numerosas acciones de tutela8 ante distintos despachos
judiciales del país con pretensiones similares relacionadas con el ejercicio del derecho
al voto, pese a que dichas controversias ya han sido objeto de decisiones judiciales, lo
cual deja en evidencia el uso reiterado y abusivo del mecanismo constitucional.
5 Índice 16, Samai.
6 Índice 12, Samai.
7 Índice 21, Samai.
8 En el escrito no identifica concretamente cuáles son esas acciones, ni suministra números de
radicación, fechas, despachos judiciales o copias de las decisiones que respalden esa afirmación.
6
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03989-00
Demandante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez
Acción de tutela
Por último, indicó que una vez tuvo conocimiento del correo enviado, procedió a dar
trámite a la acción de tutela correspondiente, por lo que cualquier eventual afectación
quedó superada.
La Registraduría Nacional del Estado Civil9 solicitó su desvinculación de la presente
acción de tutela, en la medida que los hechos alegados se relacionan exclusivamente
con actuaciones jurisdiccionales adelantadas por el tribunal dentro del trámite de una
tutela y no con actuaciones propias de la entidad.
El magistrado ponente de la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca10 adujo que no incurrió en mora judicial ni vulneró
derecho fundamental alguno del demandante.
La impugnación de la acción de tutela fue repartida el 24 de marzo de 2026 y el término
de veinte (20) días previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 vencía el 28 de
abril de 2026, fecha en la cual precisamente se profirió la sentencia de segunda
instancia, por lo que la decisión fue adoptada oportunamente y dentro de la
competencia legal.
La providencia cuestionada estuvo debidamente motivada, resolvió de fondo los
planteamientos del actor y concluyó que no existió vulneración de los derechos de
petición y sufragio, pues, el demandante no acreditó haber cumplido oportunamente
los requisitos legales para votar desde el exterior.
La Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca11
solicitó negar el amparo, debido a que cumplió oportunamente las actuaciones que le
correspondían dentro del trámite de la tutela.
El expediente fue repartido y remitido al despacho sustanciador el 24 de marzo de
2026, la sentencia de segunda instancia fue registrada, firmada y notificada el 6 de
mayo de 2026, conforme consta en el sistema SAMAI, y posteriormente fue remitida a
la Corte Constitucional el 20 de mayo de 2026 dentro del término legal.
9 Índice 19, Samai.
10 Índice 20, Samai.
11 Índice 15, Samai.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03989-00
Demandante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez
Acción de tutela
El defensor del pueblo y el director del Centro de Servicios Judiciales para el Sistema
Penal Acusatorio de Girardot (Cundinamarca) guardaron silencio, pese a haber sido
notificados en debida forma.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales
fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional
a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con el fin de que
se protejan sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados con ocasión de la
mora judicial en la resolución de la impugnación, lo cual afectó su derecho a participar
en procesos electorales mediante el sufragio.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03989-00
Demandante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez
Acción de tutela
El Juzgado Primero promiscuo Municipal de Funes (Nariño) y la Registraduría Nacional
del Estado Civil solicitaron que se les desvinculara de la acción de tutela, debido a que
no les asiste responsabilidad alguna por la presunta vulneración de los derechos
invocados por la parte demandante.
Sin embargo, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a las solicitudes de
desvinculación en consideración a que dichas autoridades fueron vinculadas como
tercero con interés.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala negará el amparo
invocado, por las razones que procederán a exponerse:
2.1 La mora judicial en el trámite de los asuntos
En cuanto a la mora, la Sala debe afirmar que, en diferentes oportunidades, la Corte
Constitucional12 resaltó la importancia de que los jueces dicten las providencias dentro
de los términos legales con el fin de evitar que se vulneren los derechos fundamentales
del debido proceso y del acceso a la administración de justicia.
Sin embargo, también señaló que en la mayoría de los casos el incumplimiento de los
términos procesales no es imputable a las actuaciones de los funcionarios judiciales,
sino a las dificultades que debe afrontar la Rama Judicial por el exceso de carga laboral
o de congestión judicial y la complejidad de los asuntos, entre otras, lo cual justifica,
de cierto modo, el retardo para adelantar alguna actuación.
En esa medida, se ha dicho que para establecer si una dilación es o no injustificada es
preciso tener en cuenta i) la complejidad del asunto, ii) la actividad procesal del
interesado, iii) la conducta de las autoridades judiciales y iv) el análisis global del
procedimiento.
Por su parte, el Consejo de Estado13 manifestó que existen condiciones estructurales
en la Rama Judicial no imputables a los jueces que producen congestión y lentitud en
los despachos que dificultan la resolución oportuna de los asuntos.
12 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, sentencia T-052 de 22 de febrero de 2018.
13Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014, radicación: 11001-03-15-000-2014-
01444-00. MP Jorge Octavio Ramírez.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03989-00
Demandante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez
Acción de tutela
En conclusión, todo ciudadano tiene derecho a una pronta y oportuna resolución de
sus solicitudes; por lo cual, para que se estructure una violación del derecho
fundamental del debido proceso u otro por el incumplimiento de los términos judiciales
resulta imprescindible analizar i) si no existe un motivo razonable que justifique dicha
demora y ii) si la tardanza es imputable a la dilación en el cumplimiento de las funciones
por parte de la autoridad judicial.
2.2 La inexistencia de una mora judicial en el caso concreto
1) La parte demandante alegó una supuesta mora judicial debido al tiempo transcurrido
sin que se hubiere resuelto la impugnación que presentó en contra de la sentencia de
tutela de primera instancia, lo cual vulneró su derecho a participar en procesos
electorales mediante el sufragio.
2) No obstante, la Sala advierte que en el presente asunto no se configuró
incumplimiento del término previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 para
resolver la impugnación formulada contra el fallo de tutela de primera instancia.
3) En efecto, del análisis de las actuaciones procesales se evidencia que el expediente
fue recibido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 24 de marzo de 2026;
sin embargo, para el cómputo del término legal aplicable debe tenerse en cuenta que
entre el 30 de marzo y el 3 de abril de 2026 transcurrió el período de vacancia judicial
correspondiente a la Semana Santa, durante el cual los términos judiciales
permanecieron suspendidos, razón por la cual dicho lapso no resultaba computable
para efectos de determinar la oportunidad de la decisión adoptada por el juez de
segunda instancia.
4) Bajo esa premisa, una vez descontado el referido período de vacancia judicial, la
Sala constata que la sentencia de segunda instancia proferida el 28 de abril de 2026
fue adoptada dentro del término previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
5) En consecuencia, el supuesto fáctico sobre el cual la parte demandante edificó la
presente solicitud de amparo resulta equivocado, pues la alegada superación del
término legal se sustentó en un cómputo que incluyó días no hábiles y que, por lo
mismo, carece de aptitud jurídica para demostrar la configuración de una mora judicial.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03989-00
Demandante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez
Acción de tutela
6) En ese contexto, la afirmación según la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en retardo, omisión o incumplimiento de sus deberes
funcionales carece de sustento objetivo; por el contrario, el material probatorio obrante
en el expediente demuestra que la autoridad judicial demandada tramitó la
impugnación dentro del plazo legalmente establecido y ejerció oportunamente la
función jurisdiccional que le correspondía mediante la adopción de una decisión de
fondo respecto del asunto sometido a su consideración.
7) Además, obra en el expediente constancia de que la sentencia de segunda instancia
fue debidamente notificada a las partes, circunstancia que permite concluir que el
trámite constitucional culminó con una respuesta judicial efectiva frente a las
pretensiones formuladas por el actor, en garantía de su derecho de acceso a la
administración de justicia.
8) Por ello, no se configura vulneración alguna de los derechos fundamentales, debido
a que la actuación judicial se desarrolló dentro de los parámetros legales aplicables y
culminó con la expedición de la correspondiente providencia de segunda instancia.
9) De otra parte, la Sala observa que, si la inconformidad expresada por la parte
demandante no se dirige realmente contra una supuesta mora judicial, sino contra el
contenido y el sentido de la decisión adoptada por el tribunal dentro del trámite de
impugnación, ese aspecto desborda el objeto de la presente acción constitucional,
promovida bajo la premisa de una alegada tardanza en la resolución del recurso,
circunstancia que, como quedó demostrado, no ocurrió.
10) En ese orden de ideas, la Sala concluye que no existió mora judicial ni retardo
injustificado atribuible a la autoridad demandada, en la medida que la impugnación fue
resuelta dentro del término legal previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991,
una vez excluido del cómputo el período de vacancia judicial correspondiente a la
Semana Santa.
11) Por consiguiente, la premisa sobre la cual se edificó la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados carece de sustento fáctico y jurídico, circunstancia
que impide atribuir a la autoridad judicial accionada la transgresión alegada y conduce
a negar el amparo solicitado.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03989-00
Demandante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez
Acción de tutela
12) En consecuencia, la Sala negará las pretensiones, por las razones hasta aquí
expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
1º) Niégase el amparo invocado por la parte demandante, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2°) Niégase las solicitudes de desvinculación presentadas por el Juzgado Primero
promiscuo Municipal de Funes (Nariño) y la Registraduría Nacional del Estado Civil,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente de la Subsección Magistrado
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
Ausente con excusa
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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