Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05274-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05274-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-05274-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05274-00
Accionante: LEONOR CRUZ DE FRANKLIN
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela contra la providencia judicial – improcedencia por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción constitucional
incoada por la parte actora en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591
de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como con el Acuerdo 080 de 20191 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 10 de julio de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La señora Leonor Cruz de Franklin, actuando por conducto de su
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado. Con la presentación de la solicitud de
amparo, pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, «al juez natural,
a la seguridad jurídica y a la confianza legítima».
2. La trasgresión de las anteriores garantías constitucionales se las adjudica
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 6 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B. Asimismo, se vinculó en condición de terceros con interés al
Tribunal Administrativo de Antioquia, a los juzgados 26 y 27 Administrativos de Medellín, al Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en los términos del
artículo 610 del Código General del Proceso.
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al auto del 28 de mayo de 2026 dictado por la autoridad judicial accionada.
Mediante dicha decisión resolvió el recurso de súplica, y confirmó el auto del 15
de diciembre de 2025 que adecuó la demanda al medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho, declaró la falta de competencia del Consejo de
Estado para conocer del proceso y ordenó remitir el expediente al Juzgado 27 de
Administrativo de Medellín3.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, juez natural,
igualdad, seguridad jurídica, confianza legítima y acceso efectivo a la
administración de justicia de la señora Leonor Cruz de Franklin.
SEGUNDA. Dejar sin efectos el auto de veintiocho (28) de mayo de dos mil
veintiséis (2026), proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dentro del proceso 11001-03-25-000-2025-00292-00, que
resolvió el recurso de súplica y confirmó la remisión del expediente al Juzgado
27 Administrativo Oral del Circuito de Medellín.
TERCERA. Ordenar que se profiera una nueva decisión sobre la competencia
funcional, en la cual se valore integralmente que la demanda acumuló
pretensiones de nulidad contra actos administrativos generales expedidos por
autoridades del orden nacional con pretensiones de nulidad y restablecimiento
del derecho.
CUARTA. Ordenar que en la nueva decisión se valore expresamente el
precedente contenido en el caso José Darío Rodríguez Zapata, radicado 11001-
03-25-000-2025-00031-00, así como la regla allí aplicada sobre el juez de la
nulidad y la competencia del Consejo de Estado.
QUINTA. Que, dada la divergencia objetiva entre Subsecciones de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, se ordene adoptar una nueva decisión que
resuelva de manera expresa la solicitud de unificación formulada por la parte
actora y, de estimarse procedente, se remita el asunto al órgano de unificación
competente, preferiblemente la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, con el fin de fijar una regla clara sobre la competencia
funcional en demandas que acumulen pretensiones de nulidad contra actos
administrativos generales expedidos por autoridades del orden nacional con
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral,
pensional o prestacional.
SEXTA. Ordenar que se adopten las medidas necesarias para evitar que la
accionante sea sometida nuevamente a remisiones sucesivas entre tribunales,
juzgados administrativos y Consejo de Estado, en detrimento de su derecho
fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia.
SÉPTIMA. Como medida provisional, suspender los efectos de la providencia
cuestionada y cualquier actuación posterior ante el Juzgado 27 Administrativo
Oral del Circuito de Medellín, hasta tanto se resuelva de fondo la presente acción
constitucional4.
3 El proceso se identificó con el radicado 11001-03-25-000-2025-00292-00.
4 Cita textual del original que puede contener errores.
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1.2. Hechos
4. La señora Leonor Cruz de Franklin promovió demanda de nulidad y
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional, con el fin de obtener, de una parte, la nulidad del
Decreto 301 de 20245, del artículo 2 del Decreto 305 de 20246 y de otros decretos
salariales expedidos entre 1993 y 2024, relacionados con la remuneración de los
ministros del despacho y el sueldo básico del personal de la Fuerza Pública y del
sector defensa; y, de otra, la nulidad del Oficio GS-2024-007637/ARPRE-
GRUPE-13.0 del 31 de enero de 2024, atribuido a la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional, mediante el cual se negó el reajuste de su
pensión de sobreviviente.
5. El conocimiento inicial del asunto correspondió al Tribunal Administrativo
de Antioquia7, autoridad que, mediante auto del 10 de julio de 2024, declaró su
falta de competencia y remitió el expediente a los juzgados administrativos del
circuito de Medellín, al considerar que se trataba de un medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral. Contra esa decisión,
la parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de súplica.
6. La primera autoridad mantuvo su postura y, posteriormente, mediante
providencia del 18 de septiembre de 2024, la Sala integrada por los magistrados
Martha Nury Velásquez Bedoya y Carlos Cristhoper Viveros Echeverri, resolvió
el recurso de súplica, lo negó y confirmó la falta de competencia del tribunal, al
estimar que, pese a los argumentos relacionados con la nulidad de actos
administrativos generales, la controversia conservaba naturaleza laboral y
pensional, pues las pretensiones principales estaban dirigidas al reconocimiento,
reliquidación y pago de una prestación pensional. En consecuencia, el
expediente fue remitido a los juzgados administrativos de Medellín.
7. Posteriormente, el 10 de octubre de 2024, el Juzgado 26 Administrativo
Oral del Circuito de Medellín8, profirió auto admisorio de la demanda. Sin
embargo, el 7 de julio de 2025, declaró su falta de competencia, al advertir que
la demanda acumulaba pretensiones de nulidad simple y de nulidad y
restablecimiento del derecho, por lo que remitió el expediente al Consejo de
Estado.
5 «Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos que sean desempeñados
por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del orden nacional, y se dictan otras
disposiciones».
6 «Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares; Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional; Personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional; Patrulleros de Policía de la Policía Nacional, y Empleados
Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; se establecen
bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y Soldados, se modifican las
comisiones y se dictan otras disposiciones en materia salarial».
7 Expediente con radicado 05001-23-33-000-2024-00845-00.
8 Expediente con radicado 05001-33-33-026-2024-00289-00.
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8. El asunto correspondió a la Sección Segunda, Subsección B del Consejo
de Estado, que en providencia del 15 de diciembre de 20259 adecuó la demanda
al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, declaró la falta de
competencia del Consejo de Estado y ordenó remitir el expediente al Juzgado 27
Administrativo Oral del Circuito de Medellín10. Como fundamento, sostuvo que,
aunque se solicitó la nulidad de actos generales, el interés de la parte
demandante era obtener un beneficio económico individual derivado del reajuste
pensional pretendido.
9. La parte actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de súplica
contra esa decisión. En síntesis, alegó que la providencia desconoció el artículo
165 del CPACA, pues, al acumularse pretensiones de nulidad contra actos
generales con pretensiones de restablecimiento del derecho, la competencia
debía corresponder al juez de la nulidad. Además, sostuvo que existía una
diferencia de criterio entre las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por lo que solicitó la unificación de la postura sobre la
materia.
10. A través de auto del 13 de abril de 2026, el despacho sustanciador decidió
no reponer la decisión y concedió la súplica. Frente a lo primero, reiteró que la
demanda debía tramitarse como nulidad y restablecimiento del derecho, porque
los reproches contra los actos generales estaban dirigidos a desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos particulares que negaron el reconocimiento
pensional. Asimismo, consideró que no procedía activar un trámite de unificación,
al estimar que el pronunciamiento invocado de la Subsección A no constituía una
línea jurisprudencial consolidada. A su vez, en cuanto a lo segundo, señaló que
el recurso es procedente conforme lo dispone el artículo 246 del CPACA.
11. La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado 11, mediante
decisión del 28 de mayo de 2026, resolvió el recurso de súplica y confirmó el auto
del 15 de diciembre de 2025. La Sala concluyó que el asunto no tenía por
finalidad la protección abstracta del ordenamiento jurídico, sino la obtención de
un restablecimiento económico individual, por lo que debía tramitarse como
nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral ante el juez
administrativo.
12. En esa decisión, la Subsección B precisó que, aunque la demanda incluyó
reproches contra actos administrativos generales, estos podían ser valorados por
el juez del caso concreto mediante la excepción de ilegalidad prevista en el
artículo 148 del CPACA, sin que fuera necesario un pronunciamiento general de
9 Firmado por el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar.
10 Se precisa, que, una vez verificado el expediente, las actuaciones procesales fueron emitidas
por el Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín.
11 Integrada por los magistrados Jorge Edison Portocarrero Banguera y Elizabeth Becerra
Cornejo.
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nulidad por parte del Consejo de Estado. En consecuencia, confirmó la remisión
del expediente al Juzgado 27 Administrativo Oral del Circuito de Medellín.
1.3. Sustento de la vulneración
13. La accionante sostuvo que la providencia cuestionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, juez natural, igualdad, seguridad
jurídica, confianza legítima y acceso efectivo a la administración de justicia,
porque confirmó la remisión del proceso al Juzgado 27 Administrativo Oral del
Circuito de Medellín, pese a que la demanda ordinaria contenía pretensiones
expresas de nulidad contra actos administrativos generales expedidos por
autoridades del orden nacional.
14. Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto orgánico,
pues remitió el asunto a un juzgado administrativo que, en su criterio, carece de
competencia para declarar la nulidad general de actos administrativos nacionales
con efectos erga omnes. Según la parte actora, esa decisión desconoció el juez
natural del control objetivo de legalidad de dichos actos.
15. También alegó la configuración de un defecto sustantivo, al estimar que la
Subsección B aplicó de manera preferente el artículo 155.2 del CPACA y redujo
la controversia a un asunto laboral individual, sin armonizar esa norma con los
artículos 137, 138, 149 y 165 del mismo código. En su criterio, cuando se
acumulan pretensiones de nulidad con otras pretensiones, debe conocer el juez
de la nulidad.
16. De igual forma, señaló que en la decisión se configuró un defecto
procedimental, porque, bajo la figura de adecuación de la demanda, transformó
pretensiones expresas de nulidad contra actos generales nacionales en simples
argumentos de ilegalidad susceptibles de ser analizados por vía de excepción.
Para la accionante, esa sustitución alteró la causa pretendida y redujo el alcance
del control judicial solicitado.
17. La parte actora reprochó, además, que la autoridad judicial hubiera
considerado suficiente la eventual aplicación de la excepción de ilegalidad, pues,
a su juicio, esa figura produce efectos inter partes y no equivale a la nulidad del
acto general ni permite retirarlo del ordenamiento jurídico. Por ello, sostuvo que
la remisión al juzgado administrativo no garantizaba un acceso efectivo a la
administración de justicia.
18. Así mismo, alegó desconocimiento del precedente horizontal y trato
desigual, con fundamento en el caso José Darío Rodríguez Zapata, radicado
11001-03-25-000-2025-00031-00. Según indicó, en ese asunto la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado habría reconocido la competencia
del Consejo de Estado para conocer demandas con acumulación de pretensiones
de nulidad de actos generales nacionales y de nulidad y restablecimiento del
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derecho, mientras que en su caso la Subsección B adoptó una solución distinta.
19. En esa línea, sostuvo que la divergencia entre Subsecciones afectaba la
igualdad, la seguridad jurídica y la confianza legítima, pues demandas
estructuralmente semejantes podían recibir soluciones procesales opuestas
según el despacho o Subsección que conociera el asunto. Por ello, afirmó que el
debate no se limitaba a una inconformidad subjetiva, sino que involucraba una
regla de competencia funcional de orden público.
20. También adujo que la providencia cuestionada incurrió en insuficiencia de
motivación frente a la solicitud de unificación y la estructura real de la demanda.
En particular, señaló que la parte actora solicitó expresamente la unificación de
criterio ante la contradicción que, en su concepto, existía entre las Subsecciones
A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Sin embargo, reprochó que
la autoridad judicial accionada se hubiera limitado a descartar esa solicitud con
el argumento de que la decisión invocada no constituía una línea consolidada,
sin resolver de fondo si la existencia de criterios divergentes exigía una definición
uniforme para preservar la igualdad, el juez natural y la seguridad jurídica.
21. Finalmente, sostuvo que hubo violación directa de la Constitución, porque
se afectó el juez natural, la igualdad, la seguridad jurídica, la confianza legítima y
el acceso efectivo a la administración de justicia de una beneficiaria de sustitución
pensional. A su juicio, la vulneración se concretó en que la accionante fue
remitida a un juez que no podía resolver integralmente las pretensiones
formuladas en la demanda, en particular aquellas relacionadas con la nulidad
general de actos administrativos expedidos por autoridades nacionales.
1.4. Intervenciones
22. El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó su desvinculación del
trámite constitucional. Señaló que no profirió la providencia cuestionada, pues el
reproche de la parte actora se dirige contra el auto del 28 de mayo de 2026
emitido por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, mediante
el cual se resolvió el recurso de súplica y se confirmó la remisión del expediente
al Juzgado 27 Administrativo Oral del Circuito de Medellín.
23. Además, realizó un recuento de las actuaciones surtidas ante esa
corporación y concluyó que no existía una actuación atribuible al tribunal de la
cual pudiera derivarse la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Por último, remitió copia de lo actuado en el expediente 05001-23-33-000-2024-
00845-00.
24. El Juzgado 27 Administrativo Oral del Circuito de Medellín indicó que
no vulneró los derechos fundamentales de la accionante, pues no intervino en la
actuación judicial que dio origen a la tutela. Explicó que, si bien el Consejo de
Estado ordenó la remisión del expediente a dicho juzgado, revisado el sistema
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SAMAI, no encontró radicada en ese despacho la demanda promovida por
Leonor Cruz de Franklin; por el contrario, advirtió que las actuaciones referidas
correspondían al Juzgado 26 Administrativo de Medellín, dentro del radicado
05001333302620240028900. Por ello, sostuvo que no existía actuación atribuible
a esa judicatura.
25. Por su parte, la Policía Nacional solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva. Señaló que la acción de tutela se dirige
contra el auto del 28 de mayo de 2026 proferido por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, mediante el cual se resolvió el recurso de
súplica y se confirmó la remisión del expediente al Juzgado 27 Administrativo
Oral del Circuito de Medellín. En ese sentido, sostuvo que los hechos y
pretensiones de la tutela no se derivan de una acción u omisión atribuible a esa
entidad, sino de decisiones judiciales adoptadas por autoridades de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.
26. La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, solicitó
negar el amparo. Como sustento, explicó que la providencia cuestionada sí
analizó la competencia para conocer demandas en las que se acumulaban
pretensiones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, y concluyó
que, aunque la actora solicitó la nulidad de actos generales, el propósito real de
la demanda era obtener un restablecimiento particular y económico,
concretamente el reajuste de su pensión de sobreviviente.
27. Señaló que, bajo ese entendimiento, la controversia debía tramitarse
conforme al parágrafo del artículo 137 y al inciso segundo del artículo 138 del
CPACA, esto es, por el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Agregó que, en asuntos laborales en los que se acude a una vía
procesal inadecuada, resulta procedente la adecuación del trámite en aplicación
del principio pro actione y en garantía del acceso efectivo a la administración de
justicia.
28. También indicó que la demanda estaba restringida a los intereses
subjetivos de la accionante, por lo que no procedía tramitarla como una
acumulación autónoma de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del
derecho. En su criterio, los actos administrativos generales cuestionados podían
ser examinados por el juez vía el control por vía de excepción previsto en el
artículo 148 del CPACA, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho de carácter laboral.
29. Por último, sostuvo que la decisión cuestionada obedeció a una línea
pacífica y reiterada de esa Subsección en asuntos con contornos fácticos y
jurídicos similares, varios de ellos promovidos por el mismo apoderado. Por ello,
afirmó que la tutela reflejaba una inconformidad con el criterio adoptado por el
juez natural, pero no demostraba la configuración de un defecto sustantivo,
procedimental u orgánico que habilitara la intervención del juez constitucional.
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30. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva y,
subsidiariamente, que se declarara improcedente la acción o se negaran las
pretensiones en su contra. Señaló que no fue parte del proceso ordinario ni
profirió la providencia cuestionada, y que carece de competencia para revisar,
modificar o intervenir en decisiones judiciales, en virtud de los principios de
separación de poderes, autonomía e independencia judicial. Agregó que no se
identificó una acción u omisión atribuible a esa entidad que hubiera vulnerado los
derechos fundamentales invocados por la accionante.
1.5 Solicitud de emitir decisión con vocación de unificación
31. La Sala advierte que en la demanda de tutela la parte actora solicitó que
se profiriera una decisión con vocación de unificación, al considerar que existe
una divergencia entre las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado sobre la autoridad competente para conocer demandas que acumulan
pretensiones de nulidad contra actos administrativos generales del orden
nacional con pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho.
32. Dicha solicitud fue reiterada mediante memorial allegado el 24 de julio de
2026, en el que la parte actora sostuvo que la contestación rendida por la
autoridad judicial accionada no desvirtuaba la vulneración alegada, sino que
confirmaba la existencia de una divergencia interpretativa estructural sobre una
regla de competencia funcional de orden público.
33. En ese escrito, además, insistió en que la remisión del expediente a los
juzgados administrativos sustituía indebidamente la pretensión de nulidad
general por una eventual excepción de ilegalidad, invocó nuevamente el caso
José Darío Rodríguez Zapata como antecedente procesal relevante, pidió dejar
sin efectos los autos del 28 de mayo de 2026 y 15 de diciembre de 2025, y solicitó
ordenar o exhortar a la autoridad competente para activar un mecanismo
institucional de unificación, preferiblemente ante la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado. La Sala se pronunciará sobre esa petición
al estudiar el caso concreto.
II. CONSIDERACIONES
34. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo presentada
por el accionante. En ese sentido, esta Sección explicará las razones por las
cuales en el asunto objeto de estudio no se supera el requisito general de
relevancia constitucional.
2.1. Cuestión previa
35. La parte accionante solicitó que la presente acción de tutela fuera resuelta
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mediante una decisión con vocación de unificación o, en su defecto, que se
ordenara o exhortara a la autoridad competente para activar un mecanismo
institucional de unificación, preferiblemente ante la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado. Como fundamento, sostuvo que existe una
divergencia entre las Subsecciones A y B de la Sección Segunda de esta
Corporación sobre la autoridad competente para conocer demandas que
acumulan pretensiones de nulidad contra actos administrativos generales del
orden nacional con pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho de
carácter laboral, pensional o prestacional. Dicha solicitud fue reiterada mediante
memorial allegado el 24 de julio de 2026, en el que insistió en que la controversia
reviste relevancia institucional y que debe fijarse una regla uniforme sobre la
competencia funcional aplicable a este tipo de asuntos.
36. La Sala negará dicha solicitud. Si bien la parte actora plantea la existencia
de criterios distintos entre Subsecciones de la Sección Segunda, lo cierto es que
el trámite de la acción de tutela se rige por el Decreto 2591 de 1991 y por el
reglamento interno de esta Corporación, normas que no prevén una facultad de
las partes para exigir que el asunto sea asumido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ni para imponer la emisión de una decisión con
vocación de unificación. Además, la intervención de los órganos de unificación
tiene carácter excepcional y responde a las reglas propias de la Corporación, sin
que la simple solicitud de una de las partes desplace la competencia de la
Sección a la que correspondió el conocimiento del asunto por reparto.
37. En todo caso, se advierte que la solicitud de unificación formulada por la
parte actora se encuentra estrechamente relacionada con los cargos de fondo de
la tutela, en particular con el alegado desconocimiento del precedente horizontal,
la insuficiencia de motivación y la presunta afectación del juez natural. Por tanto,
sin perjuicio de negar la remisión o asunción del asunto por la Sala Plena, tales
argumentos serán valorados al estudiar la procedencia de la acción constitucional
contra la providencia judicial cuestionada.
2.2. Caso concreto. La solicitud no cumple con los requisitos de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
38. El Consejo de Estado12 y la Corte Constitucional13, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales14 y a la configuración de algún
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.
María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez,
Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
13 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388
de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
14 (i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad (iv) relevancia constitucional; (v) efecto
decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y
(vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de control
abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
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defecto especial15 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
39. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
40. Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con
especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la decisión atacada
se presenta una afectación, a primera vista, desproporcionada a un derecho
fundamental producto de una actuación arbitraria del órgano de cierre16.
41. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
42. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
43. La Sala advierte que la señora Leonor Cruz de Franklin está legitimada en
la causa por activa, porque es la parte demandante al interior del medio de control
en el que se emitió la decisión que se cuestiona mediante esta vía.
44. Por otro lado, se evidencia que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, está legitimado en la causa por pasiva por haber proferido la
decisión objeto de estudio el presente trámite constitucional.
45. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Antioquia, la Policía Nacional y
el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitaron su
desvinculación o alegaron falta de legitimación en la causa por pasiva. La Sala
negará dichas solicitudes, toda vez que les puede asistir interés en las resultas
del presente trámite constitucional, en tanto guardan relación con el proceso
ordinario en el que se profirió la providencia cuestionada, ya sea por haber
inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz.
15 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
16 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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intervenido en las actuaciones previas relacionadas con la definición de
competencia o por integrar el extremo demandado dentro del medio de control
promovido por la parte actora.
46. Finalmente, aunque el Juzgado 27 Administrativo Oral del Circuito de
Medellín no solicitó expresamente su desvinculación, del contenido de su
intervención se advierte que su manifestación se dirige a que se excluya del
presente trámite constitucional, al señalar que no intervino en la actuación judicial
que dio origen a la tutela. La Sala accederá a su desvinculación, toda vez que,
revisado lo informado por dicho despacho, no se advierte que hubiera conocido
o tramitado el proceso ordinario promovido por la señora Leonor Cruz de Franklin,
pues las actuaciones referidas corresponden al Juzgado 26 Administrativo de
Medellín, dentro del radicado 05001333302620240028900. En consecuencia, no
se evidencia interés directo del Juzgado 27 Administrativo Oral del Circuito de
Medellín en las resultas de esta acción constitucional.
47. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional17, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
48. En el caso bajo estudio, la parte actora cuestiona el auto del 28 de mayo
de 2026, proferido por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado,
mediante el cual se resolvió el recurso de súplica y confirmó el del 15 de
diciembre de 2025, que adecuó la demanda al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, declaró la falta de competencia del Consejo de
Estado y ordenó remitir el expediente al Juzgado 27 (se precisa que en realidad
se trata del Juzgado 26) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín.
49. A juicio de la accionante, la autoridad judicial accionada incurrió en
defectos orgánico, sustantivo, procedimental, insuficiencia de motivación,
desconocimiento del precedente horizontal y violación directa de la Constitución,
por cuanto no habría reconocido que la demanda ordinaria acumulaba
pretensiones autónomas de nulidad contra actos administrativos generales
expedidos por autoridades del orden nacional con pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho.
17 Sentencia SU-215 de 2022.
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50. No obstante, la Sala advierte que la solicitud de amparo no supera el
requisito de relevancia constitucional. En efecto, lo que se evidencia es que la
parte actora pretende reabrir el debate sobre la competencia funcional para
conocer del proceso ordinario, asunto que fue planteado, discutido y resuelto
dentro del trámite contencioso administrativo mediante los recursos judiciales
previstos para tal efecto.
51. Desde el trámite inicial ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, la
parte actora discutió que el asunto no debía remitirse a los juzgados
administrativos, por la existencia de pretensiones de nulidad contra actos
generales. Sin embargo, esa corporación declaró su falta de competencia y, al
resolver la súplica, confirmó dicha determinación, al considerar que el litigio
conservaba naturaleza laboral y pensional.
52. Posteriormente, el Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín
declaró su falta de competencia y remitió el expediente al Consejo de Estado, al
advertir la acumulación de pretensiones. Sin embargo, una vez el asunto llegó a
la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, el despacho
sustanciador, mediante auto del 15 de diciembre de 2025, realizó una
interpretación integral de la demanda y concluyó que, aunque se solicitó la
nulidad de actos generales, el interés real de la parte demandante era obtener
un beneficio económico individual derivado del reajuste pensional pretendido. En
esa providencia se indicó:
Del análisis de las pretensiones se advierte que, si bien se solicitó la nulidad de
unos actos administrativos de contenido general, lo cierto es que el interés de la
parte demandante no se orienta a la protección del ordenamiento jurídico en
abstracto, sino a la obtención de un beneficio económico individual, lo que revela
un interés particular y concreto. Por tanto, el tratamiento procesal adecuado para
la totalidad de las pretensiones acumuladas debe realizarse el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.
53. Esa determinación fue objeto de reposición y, en subsidio, de súplica. En
la providencia del 13 de abril de 2026, el despacho no repuso la decisión y explicó
que los cuestionamientos contra los actos generales no tenían autonomía dentro
del proceso, sino que estaban dirigidos a sustentar las pretensiones de
restablecimiento del derecho. Al respecto, sostuvo que «aunque la parte actora
cuestiona la validez de actos administrativos de carácter general, lo cierto es que
dichos reproches se formulan únicamente con el propósito de desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos particulares que negaron el reconocimiento
pensional». Además, precisó que «la alegada nulidad de los decretos salariales
carece de autonomía dentro del proceso, en tanto solo cobra sentido como
fundamento para sustentar la prosperidad de las pretensiones de
restablecimiento del derecho».
54. Finalmente, la providencia cuestionada del 28 de mayo de 2026 resolvió
el recurso de súplica y confirmó la decisión. Para ello, la Subsección B analizó la
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competencia del Consejo de Estado frente a los medios de control de nulidad y
nulidad y restablecimiento del derecho, la naturaleza de las pretensiones
formuladas y la finalidad perseguida en la demanda.
55. En particular, concluyó que el asunto debía tramitarse como nulidad y
restablecimiento del derecho, porque el juicio de legalidad de los actos generales
tenía incidencia directa en un restablecimiento económico individual. La Sala
accionada sostuvo: «los motivos y pretensiones que propone la parte actora no
se orientan a discutir, en abstracto, la legalidad o constitucionalidad de los actos
administrativos de carácter general objeto de control, sino a obtener una
reparación de los daños presuntos que alude sobre sus derechos subjetivos».
56. Y agregó: «el juicio de legalidad que se realice sobre los actos
administrativos demandados necesariamente conlleva un restablecimiento
automático de los intereses patrimoniales de la actora, esto es, el reajuste de la
pensión de sobrevivientes que le fue reconocida».
57. Así, contrario a lo sostenido por la parte actora, del estudio de la
providencia cuestionada, se extrae que contiene razones suficientes para
confirmar la adecuación de la demanda y la remisión del expediente al juez
administrativo, pues, por ejemplo, estudió la existencia de pretensiones contra
actos generales, y concluyó que tales reproches no perseguían la protección
abstracta del ordenamiento jurídico, sino que estaban subordinados a la
obtención de un restablecimiento particular de contenido pensional.
58. En ese mismo sentido, la autoridad accionada explicó que, aunque en la
demanda se cuestionaron actos de contenido general, ello no impedía que el juez
de nulidad y restablecimiento del derecho analizara su eventual
inconstitucionalidad o ilegalidad por vía de excepción. En la providencia
censurada se indicó que, «si bien la demanda promueve un examen de actos de
contenido general, este se encuentra restringido a los intereses subjetivos de la
parte actora», razón por la cual no resultaba viable acudir a la acumulación de
pretensiones de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho, sino al
control por vía de excepción previsto en el artículo 148 del CPACA.
59. De esta manera, el debate propuesto por la accionante se contrae a
cuestionar la interpretación que realizó el órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo sobre la competencia funcional, la adecuación del
medio de control, la autonomía de las pretensiones de nulidad simple y la
posibilidad de examinar actos generales por vía de excepción de ilegalidad. Tales
asuntos, aunque relevantes dentro del proceso ordinario, corresponden a
discusiones de legalidad procesal ya definidas por el juez natural y no evidencian,
prima facie, una actuación arbitraria, irrazonable o caprichosa que habilite la
intervención del juez constitucional.
60. Tampoco se advierte que el alegado desconocimiento del precedente
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horizontal permita superar el requisito de relevancia constitucional. La parte
actora invoca como antecedente el caso José Darío Rodríguez Zapata, decidido
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Sin embargo,
esa providencia no constituye una sentencia de unificación ni una postura
consolidada y vinculante de la Sección Segunda sobre la materia. Además,
aunque las decisiones provienen de la misma Sección, corresponden a
Subsecciones distintas, integradas por magistrados diferentes, de modo que no
se evidencia la existencia de un precedente horizontal obligatorio en los términos
planteados por la parte actora.
61. En todo caso, la autoridad judicial accionada sí se pronunció sobre la
solicitud de unificación que formuló la demandante. En el auto del 13 de abril de
2026, el despacho sustanciador explicó que no advertía una divergencia
jurisprudencial estructurada que ameritara la intervención de la Sala Plena de
Sección, porque la decisión invocada de la Subsección A no reflejaba una línea
interpretativa consolidada.
62. Al respecto, señaló: «no se advierte la existencia de una divergencia
jurisprudencial estructurada que amerite la intervención de la Sala Plena de
Sección. En efecto, el pronunciamiento señalado en el recurso de reposición no
configura una línea interpretativa consolidada, sino una postura reciente que no
refleja un criterio reiterado en el tiempo. Por ello, no se advierte la necesidad de
que se unifique el asunto en cuestión».
63. Así, aun si se aceptara que existían interpretaciones diferentes sobre la
competencia para conocer asuntos con pretensiones de nulidad contra actos
generales acumuladas con pretensiones subjetivas, lo cierto es que la autoridad
judicial accionada expuso las razones por las cuales no consideraba procedente
activar un trámite de unificación. Por tanto, la inconformidad de la parte actora
con esa conclusión no transforma el debate en un asunto de relevancia
constitucional ni habilita al juez de tutela para imponer una determinada
interpretación sobre las reglas de competencia del CPACA.
64. En ese orden, la Sala considera que la accionante busca que por vía de
tutela se reabra un debate procesal ya resuelto dentro del medio de control
ordinario y que se sustituya el criterio del órgano de cierre sobre la competencia
funcional aplicable a la demanda presentada. Esa finalidad desnaturaliza el
mecanismo constitucional, pues no le corresponde al juez de tutela determinar
cuál de las interpretaciones posibles del CPACA debe prevalecer, ni convertir la
acción de amparo en una instancia adicional para revisar decisiones adoptadas
en ejercicio de la autonomía judicial.
65. Por consiguiente, se recuerda que la administración de justicia garantiza
que los funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus
decisiones, circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprocharlas
vía acción de tutela. Máxime cuando, como ocurre en el presente caso, la
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discusión fue estudiada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por el juzgado
administrativo que recibió el expediente y, finalmente, por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado al resolver el recurso de súplica, esto es,
por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
66. Se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces
naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en
los argumentos de raigambre constitucional esgrimido por el actor dentro del
trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones
judiciales desfavorables, sin el contraste de un indebido e irracional estudio por
parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial
y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera
instancia18.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por
Leonor Cruz de Franklin contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud interpuesta por la accionante de emitir una
decisión con vocación de unificación.
TERCERO: NEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación por
pasiva del Tribunal Administrativo de Antioquia, la Policía Nacional y el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
CUARTO: DESVINCULAR del presente trámite al Juzgado 27 Administrativo
Oral del Circuito de Medellín.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SEXTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de diciembre
de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.
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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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