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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03186-01

Fecha
30 de julio de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03186-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de junio de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01. 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionantes: Víctor Manuel Santamaría Bran y otros Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro Radicado: 11001-03-15-000-2026-03186-01 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-03186-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

30 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03186-01
Accionantes: VÍCTOR MANUEL SANTAMARÍA BRAN Y OTROS
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO

Temas: Confirma. Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de
la acción por no superar el requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la parte
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 11 de junio de
2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto
1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como
el Acuerdo 080 de 20191,de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 29 de abril de 20262, la autoridad judicial que asumió el conocimiento
del asunto en primera instancia admitió la acción constitucional, posteriormente
profirió auto de mejor proveer del 20 de mayo de 20263 y, mediante la providencia
del 2 de julio de 2026 concedió la impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Víctor Manuel Santamaría Bran, Elizabeth Bran Valenzuela, Manuel
Enrique Santamaría Álvarez y Leidy Yuliana Santamaría Bran, actuando a través
de apoderada judicial, interpusieron acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia y el Juzgado Veintiuno Administrativo de Medellín.

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2 Índice 4, Samai. Al respecto, se notificó como accionados al Tribunal Administrativo de Antioquia

y al Juzgado Veintiuno Administrativo de Medellín. Asimismo, se dispuso notificar como tercero
con interés a la Fiscalía General de la Nación y se requirió en medio digital la copia íntegra del
proceso de reparación directa de radicado 05001-33-33-021-2015-00043-01.
3 Índice 16, Samai. Mediante el cual se vinculó como tercero con interés al Ministerio de Defensa

Nacional – Policía Nacional.

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Accionantes: Víctor Manuel Santamaría Bran y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03186-01

Con la solicitud de amparo pretenden que se les protejan los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad.

2. Le atribuyeron la transgresión de sus garantías constitucionales a las
sentencias proferidas el 8 de septiembre de 2017 y el 7 de noviembre de 2025,
por las autoridades judiciales accionadas, dentro del proceso de reparación
directa de radicado 05001-33-33-021-2015-00043-00/1.

3. En concreto, la parte tutelante solicitó lo siguiente:

• Amparar el derecho fundamental al debido proceso.
• Dejar sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
y
• Ordenar que se profiera una nueva decisión en la que:
a. Se valoren integralmente las pruebas
b. Se aplique el régimen de daño especial conforme al precedente del Consejo de
Estado.

1.2. Hechos

4. Víctor Manuel Santamaría Bran resultó herido en su pie izquierdo con un
arma de fuego, el 5 de noviembre de 2012, mientras se encontraba departiendo
en una fiesta con vecinos de la zona 5 del barrio Robledo Miramar, ubicado en
Medellín.

5. Al ser valorado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses le dieron incapacidad por fractura de tibia, y más tarde fue
diagnosticado con pérdida de capacidad laboral del 6.5%. Con ocasión de ello,
junto con sus padres y hermana4 presentaron demanda de reparación directa
contra el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

6. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Veintiuno
Administrativo de Medellín, autoridad judicial que negó las pretensiones mediante
sentencia del 18 de septiembre de 2017. Al respecto, consideró probado el hecho
de un tercero como causal de exoneración de responsabilidad, porque «fue la
comunidad la que propició los hechos dañosos» a partir de un ataque con armas
de fuego a la fuerza pública.

7. En todo caso, explicó que «los maltratos y golpes» aludidos por el
demandante no fueron si quiera probados sumariamente, ni se acreditó que el
arma de fuego hubiera sido de dotación oficial.

8. La decisión fue apelada por el grupo actor. En síntesis, manifestaron que
se debía aplicar la teoría del daño especial, «entendida como un daño causado
a un particular por el desequilibrio de las cargas públicas que el Estado le impone

4 Mismos integrantes del grupo tutelante.

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a los ciudadanos». Ello, por cuanto la lesión fue causada por un cruce de disparos
en los que participó la Policía Nacional, sin que la víctima estuviera armado o
participando de los hechos.

9. En sentencia del 7 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Decisión, confirmó lo resuelto en primera instancia.
Consideró que no era procedente aplicar la teoría del riesgo excepcional porque
las pruebas arrojaron que la herida no fue ocasionada con un arma de dotación
oficial, sino que provino de un «arma botada por uno de los delincuentes que era
perseguido por la Policía».

10. Frente al régimen de daño especial, expuso que no se acreditó que la
Policía Nacional incumpliera sus obligaciones, como cuando hay uso excesivo de
la fuerza pública o falta de diligencia, y tampoco se generó un rompimiento no
ordinario de las cargas públicas.

1.3. Sustento de la vulneración

11. La parte accionante indicó que las sentencias cuestionadas incurrieron en
defecto fáctico, porque se apartaron «de manera injustificada del material
probatorio», especialmente, porque se aportaron «pruebas idóneas y
conducentes» para establecer que la lesión sufrida por el señor Santamaría Bran
ocurrió en medio de un intercambio de disparos en el que intervino la fuerza
pública.

12. Precisó que la sentencia del tribunal contiene «una contradicción lógica»
porque afirma que no hay certeza sobre el origen del proyectil, pero concluye que
el daño fue ocasionado por un tercero.

13. Aludió que se condicionó la responsabilidad a la identificación del arma o
al autor del disparo, tesis que es contraria a la zanjada por el Consejo de Estado
en las sentencias del 19 de abril de 2012 y 28 de agosto de 2014 en las que se
indicó que «no es necesario identificar al autor material del daño cuando este
ocurre en el marco de un enfrentamiento armado en el que intervienen agentes
estatales».

1.4. Intervenciones

14. El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó que se negaran las
pretensiones, toda vez que la inconformidad del grupo actor frente a lo decidido
no constituye un argumento suficiente para cuestionar la providencia mediante el
ejercicio de la tutela. Además, expuso que los argumentos traídos no contienen
relevancia constitucional, ni evidencian actuaciones arbitrarias; y que la sentencia
se respaldó «en pruebas técnicas y documentales que permitieron establecer la
correspondencia entre el proyectil extraído del cuerpo de la víctima y el arma
hallada en el lugar de los hechos».

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15. El Juzgado Veintiuno Administrativo de Medellín pidió que se niegue el
amparo porque lo perseguido por la parte actora recae en abrir el debate del
proceso ordinario. Mencionó que las pruebas arrimadas al proceso acreditan que
el hecho ocurrió por un tercero, evento en el que no intervino ningún arma de
dotación oficial.

16. La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional indicó que con la
tutela se pretendía insistir en la tesis de responsabilidad para que resultaran
favorables las pretensiones de la parte actora, pero al no mediar un posible
perjuicio irremediable, no se justifica la intervención del juez de tutela.

17. La Fiscalía General de la Nación solicitó su desvinculación, con
fundamento en que carece de legitimación en la causa por pasiva.

1.4. Sentencia de primera instancia

18. En sentencia del 11 de junio de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado desvinculó del trámite a la Fiscalía General de la Nación y declaró
improcedentes las pretensiones de la demanda. En resumen, adujo que no se
superó el requisito de relevancia constitucional porque la discusión recae en una
inconformidad con las conclusiones del juez ordinario.

1.4. Impugnación

19. La parte accionante solicitó que se revoque la sentencia de tutela de
primera instancia y se acceda a la protección constitucional.

20. Cuestionó el estudio de relevancia constitucional, para lo cual citó las
sentencias C-590 de 2005 y SU-128 de 2021 de la Corte Constitucional, e indicó
que no buscó reabrir el debate probatorio o sustituir al juez natural, sino que
cuestionó que se reconociera la falta de certeza del origen del proyectil, y a la
vez el hecho de un tercero, que se descartara la procedencia del daño especial
a partir de exigir que el arma con la que se ocasionó la lesión fuera de dotación
oficial y se le impusiera una carga probatoria «imposible».

II. CONSIDERACIONES

21. La Sala confirmará la sentencia proferida el 11 de junio de 2026 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la
solicitud de amparo porque no superó el estudio de relevancia constitucional.

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2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

22. El Consejo de Estado5 y la Corte Constitucional6, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales7 y a la configuración de algún
defecto especial8 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

23. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

24. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

25. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

26. La Sala advierte que los accionantes están legitimados en la causa por
activa, por haber promovido el proceso de reparación directa en el que se dictaron
las providencias que reprocha.

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
6 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
7 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
8 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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27. Por su parte, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Antioquia y el
Juzgado Veintiuno Administrativo de Medellín, se encuentran legitimados en la
causa por pasiva por ser las autoridades judiciales que profirieron las sentencias
debatidas9.

28. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

29. En el sub judice, la parte actora le endilga la vulneración de sus derechos
fundamentales a la sentencia del 7 de noviembre de 2025, la cual acusa de
defecto fáctico, con fundamento en que omitió el material probatorio aportado al
proceso ordinario que acredita que la lesión se produjo en el marco de un
enfrentamiento armado entre civiles y personal de la Policía Nacional.

30. Además, aduce que se presenta una contradicción al indicar la ausencia
de certeza sobre el origen del proyectil, pero a la vez, se exoneró de
responsabilidad al Estado por el hecho de un tercero. Y, finalmente, estima que
se debió aplicar el régimen de daño especial.

31. Sin necesidad de estudiar el fondo del asunto, la Sala advirtió que el
tribunal, al igual que el a quo, encontraron probado el daño configurado a la parte
actora, a partir de la lesión ocasionada a Víctor Manuel Santamaría Bran en
medio de una confrontación con arma de fuego entre presuntos delincuentes y la
Policía Nacional. Lo anterior, a partir de la amplia relación de todo el material de
prueba que se aportó al proceso de reparación directa.

32. Asimismo, se descartó la posibilidad de aplicar la teoría del daño especial,
porque no se acreditó un uso excesivo de la fuerza, o el rompimiento de las
cargas públicas.

33. Por otro lado, la parte tutelante invocó el defecto fáctico con fundamento
en desconocimiento del acervo, el cual acredita que la lesión se produjo en el
marco de una confrontación armada de civiles y policiales, al tiempo que solicita
la aplicación del régimen de daño especial porque hubo un rompimiento de las

9 No obstante, el estudio se realizará de cara a la sentencia de segunda instancia por ser la que

le puso fin al proceso ordinario.

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cargas públicas.

34. En ese sentido, se comparte la conclusión a la que llegó el a quo
relacionada con la falta de relevancia constitucional. Se advierte que, cuando se
propone la configuración de un defecto fáctico, no basta con mencionar
abiertamente un supuesto desconocimiento de pruebas, sino que es carga de la
parte actora, especialmente cuando se cuestionan providencias judiciales,
precisar el elemento, su incidencia en la decisión y de qué forma fue omitido, o
se valoró inadecuadamente.

35. En otras palabras, los argumentos de la tutela se centran en la
inconformidad de la parte actora con que el tribunal no haya accedido a las
pretensiones, porque, desde su perspectiva, se debió aplicar la teoría del daño
especial y condenar a la autoridad demandada. En tales términos, los
accionantes pretenden reabrir el debate probatorio zanjado, para que el juez de
tutela acceda a las pretensiones.

36. No obstante, se reitera que en materia de tutelas contra providencias
judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la
órbita de los jueces naturales de la causa, especialmente cuando el debate se
centra en una inconformidad sin enfoque de derechos fundamentales, con el fin
de que se determine que el Estado debió proteger a su esposo pese a que no
presentó previamente ningún tipo de denuncia o solicitud de protección.

37. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos
de raigambre constitucional esgrimidos por los actores dentro del trámite de
tutela, toda vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones judiciales
desfavorables, sin el contraste de un indebido e irracional estudio por parte de la
autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en
últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia10.

38. Por esto, la Sala confirmará la sentencia del 11 de junio de 2026 que
declaró la improcedencia de la tutela porque no superó el examen de relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

II. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de junio de 2026, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15

de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.

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Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03186-01

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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