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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06836-00

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06836-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción constitucional interpuesta por David Leonardo Carrillo Martínez, en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-06836-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06836-00
Accionante: DAVID LEONARDO CARRILLO MARTÍNEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B

Tema: Tutela contra providencia judicial – improcedencia por no
superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por la parte
actora en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

Por auto del 27 de agosto de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor David Leonardo Carrillo Martínez, por conducto de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial
efectiva y a la igualdad, así como de las garantías de seguridad jurídica, buena
fe, confianza legítima y protección de los derechos adquiridos.

2. El accionante atribuyó la transgresión de esas garantías a la sentencia del
27 de febrero de 2026, mediante la cual la autoridad judicial accionada revocó la
decisión que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda de

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 4 de Samai. Se precisa que se notificó como accionado al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, y se vinculó en calidad de terceros con interés al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, al municipio de Facatativá, al Ministerio
Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610
del Código General del Proceso.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
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Accionante: David Leonardo Carrillo Martínez
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
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reparación directa promovida contra el municipio de Facatativá y, en su lugar,
declaró de oficio la caducidad de la acción3.

3. En concreto, formuló las siguientes pretensiones:

Primera. Que se AMPAREN los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la igualdad del señor DAVID
LEONARDO CARRILLO MARTÍNEZ, así como las garantías de seguridad
jurídica y confianza legítima que le asisten.

Segunda. Que se deje sin efecto la sentencia del 27 de febrero de 2026 proferida
por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado dentro del proceso
25000-23-26-000-2011-00816-01 (67838).

Tercera. Que se ORDENE a la SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE
ESTADO, dentro del término que se le señale, una nueva providencia que
resuelva de fondo los recursos de apelación, con observancia del régimen del
Decreto 01 de 1984 y del precedente que gobierna el cómputo de la caducidad
en los eventos de vía de hecho y de daño continuado o de tracto sucesivo, y sin
declarar una caducidad que desatiende los efectos de la sentencia de tutela del
24 de junio de 2009 y la situación jurídica consolidada en primera instancia.

Cuarta, subsidiaria. En subsidio, que se DECLARE que en el sub examine no
se configuró la caducidad y que se disponga que el Consejo de Estado emita
decisión de mérito sobre la responsabilidad y los perjuicios4.

1.2. Hechos

4. El señor David Leonardo Carrillo Martínez era propietario de un inmueble
ubicado en el municipio de Facatativá, en el que pretendía construir una estación
de servicio. Mediante la Resolución 970 del 28 de diciembre de 2007, la
Secretaría de Desarrollo Urbanístico y Ordenamiento Territorial de ese municipio
le otorgó la respectiva licencia de construcción, decisión que le fue notificada
personalmente el 31 de diciembre siguiente, oportunidad en la que se dejó
constancia de la entrega de una copia íntegra, auténtica y gratuita.

5. El 30 de enero de 2008, el interesado solicitó la entrega de la licencia,
frente a lo cual la administración municipal le informó, mediante oficio del 13 de
febrero siguiente, que no procedía acceder a su petición porque la Resolución
970 de 2007 había sido expedida con una «aparente falsa motivación». Esa
determinación fue confirmada al resolver los recursos de reposición y apelación,
mediante decisiones del 8 de abril de 2008 y 4 de mayo de 2009,
respectivamente.

6. El accionante promovió una acción de tutela para obtener el documento.
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Facatativá, mediante sentencia del 24
de junio de 2009, amparó su derecho de petición y ordenó al municipio entregarle
la Resolución 970 de 2007, al considerar que no podía negarse la copia de un

3
Medio de control de reparación directa identificado con el radicado 25000-23-26-000-2011-
00816-00/01, número interno 67838.
4
Transcripción literal del original que puede contener errores.

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acto vigente con fundamento en una manifestación unilateral sobre su posible
ilegalidad. La orden fue cumplida en esa misma fecha.

7. El 24 de junio de 2011, el interesado presentó solicitud de conciliación
extrajudicial con el municipio de Facatativá, diligencia que fue declarada fallida el
8 de agosto siguiente. El 9 de agosto de 2011, promovió demanda de reparación
directa, en la que atribuyó a la falta de entrega oportuna de la licencia la
imposibilidad de adelantar los trámites requeridos para construir y poner en
funcionamiento la estación de servicio.

8. La Sección Tercera, Subsección C, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del 31 de julio de 20195 accedió parcialmente
a las pretensiones, declaró responsable al municipio por no entregar
oportunamente la Resolución 970 de 2007 y reconoció al demandante perjuicios
morales equivalentes a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes
y daño emergente por $14.395.234,76.

9. Ambas partes apelaron la anterior decisión. El demandante cuestionó que
no se reconocieran la totalidad de los perjuicios materiales reclamados, mientras
que el municipio sostuvo que la copia de la licencia sí había sido entregada al
momento de la notificación y que el daño alegado no le era imputable.

10. La Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 27 de febrero de 2026, revocó la decisión de primera instancia y
declaró de oficio la caducidad de la acción. Como cuestión previa, señaló que
ese presupuesto procesal debía ser examinado por el juez aun cuando no hubiera
sido advertido en primera instancia ni planteado por los apelantes, dado su
carácter indisponible, irrenunciable y de orden público.

11. Para determinar el momento inicial del término, la autoridad judicial
distinguió entre el hecho generador del daño, y los perjuicios, y estableció que la
omisión atribuida al municipio consistió en no entregar la copia de la licencia,
mientras que el daño correspondía a la imposibilidad de adelantar los trámites
necesarios para desarrollar la estación de servicio.

12. Con fundamento en lo anterior, concluyó que la omisión se produjo el 31
de diciembre de 2007, cuando fue notificada la Resolución 970 sin que se hubiera
entregado su copia o, a más tardar, el 30 de enero de 2008, fecha en la cual el
actor presentó la petición y ya conocía la conducta atribuida al municipio.
También consideró que el término no podía contabilizarse desde el 24 de junio
de 2009, pues esa fecha correspondía a la cesación de los efectos de la omisión
por orden del juez de tutela y no al momento en que se produjo o fue conocido el
daño.

5
En la decisión de segunda instancia, en reiteradas oportunidades se establece como fecha el
31 de julio de 2017. Sin embargo, verificado el expediente, se pudo establecer que la fecha
correcta corresponde al 31 de julio de 2019.

3
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13. En consecuencia, estimó que la solicitud de conciliación extrajudicial del
24 de junio de 2011 fue presentada cuando ya había vencido el término de dos
años previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo y, por tanto, no tuvo la virtualidad de suspenderlo. Como la
demanda se radicó el 9 de agosto de 2011, declaró de oficio la caducidad de la
acción.

1.3. Sustento de la vulneración

14. El accionante sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en defecto
fáctico, porque ubicó el daño en la falta de entrega de un documento y no valoró
que la conducta del municipio se prolongó mediante decisiones sucesivas hasta
el 24 de junio de 2009, cuando se cumplió la orden de tutela. A su juicio, la
retención de la licencia durante dieciocho meses consumió su vigencia útil e
impidió desarrollar el proyecto de estación de servicio, de manera que el daño no
se consolidó en diciembre de 2007 ni en enero de 2008.

15. Además, afirmó que la autoridad judicial omitió considerar integralmente
la Resolución 970 de 2007, las decisiones administrativas que negaron su
entrega, la sentencia de tutela del 24 de junio de 2009, los actos que
posteriormente negaron la prórroga de la licencia y los documentos relacionados
con la negociación celebrada con Biomax. En su criterio, esos elementos
demostraban el carácter continuado de la conducta y la pérdida de la oportunidad
de ejecutar el proyecto.

16. También alegó un defecto sustantivo, porque la Subsección B interpretó
aisladamente el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo, sin armonizarlo con el agotamiento de la vía gubernativa, la
irrevocabilidad de los actos administrativos particulares y la acción de lesividad,
instituciones reguladas en el Decreto 01 de 1984. Según indicó, ese marco
normativo imponía contabilizar la caducidad desde la cesación de la conducta
lesiva, ocurrida el 24 de junio de 2009, y no desde su manifestación inicial.

17. Respecto de la conciliación extrajudicial, sostuvo que, si el término se
contabilizaba desde el 24 de junio de 2009, su solicitud fue presentada
oportunamente el mismo día de 2011 y suspendió la caducidad conforme al
artículo 21 de la Ley 640 de 2001. Por ello, afirmó que la demanda radicada el 9
de agosto de 2011, esto es, al día siguiente de declararse fallida la conciliación,
fue oportuna.

18. Asimismo, atribuyó a la providencia un desconocimiento del precedente
y, para sustentarlo, invocó las sentencias del 6 de julio de 2022, expediente
58.824, y del 14 de septiembre de 2022, expediente 55.683, proferidas por la
Sección Tercera del Consejo de Estado, relacionadas, según afirmó, con el
cómputo de la caducidad cuando los efectos del daño se prolongan en el tiempo.
También cuestionó el alcance otorgado a las sentencias de unificación del 9 de
febrero de 2012, expediente 21.060, y del 6 de abril de 2018, expediente 46.005,
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pues consideró que la facultad del superior para examinar de oficio los
presupuestos procesales debía armonizarse con las reglas sobre la
consolidación del daño y la confianza legítima.

19. Finalmente, alegó la violación directa de la Constitución, en particular
de los artículos 29, 58, 83, 90, 228, 229 y 243, relacionados con el debido
proceso, la protección de los derechos adquiridos, la buena fe y la confianza
legítima, la responsabilidad patrimonial del Estado, la prevalencia del derecho
sustancial, el acceso a la administración de justicia y la cosa juzgada
constitucional. Sostuvo que la declaratoria oficiosa de caducidad desconoció la
situación jurídica que, según afirmó, se había consolidado con la sentencia
ordinaria de primera instancia y los efectos del fallo de tutela del 24 de junio de
2009. Agregó que ninguno de los apelantes cuestionó la oportunidad de la acción
y que la decisión del órgano de cierre eliminó los reconocimientos obtenidos en
primera instancia.

1.4. Intervención

20. La Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado solicitó
declarar improcedente la acción por falta de relevancia constitucional o,
subsidiariamente, negar el amparo. Sostuvo que la tutela pretende convertir el
mecanismo constitucional en una tercera instancia para controvertir una
providencia del órgano de cierre, sin cumplir la carga argumentativa cualificada
exigida en estos casos.

21. Explicó que la sentencia cuestionada examinó los hechos y las pruebas
del proceso, distinguió entre el hecho generador, el daño y el perjuicio, y
concluyó que el término de caducidad debía contabilizarse desde la omisión en
la entrega de la licencia, y no desde la cesación de sus efectos. Por ello, afirmó
que no se configuró el defecto fáctico, pues la Sala no redujo el daño a la falta
de entrega del documento, sino que identificó como tal la imposibilidad de
adelantar los trámites necesarios para construir y poner en funcionamiento la
estación de servicio.

22. En cuanto al defecto sustantivo, señaló que la providencia aplicó el
numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y explicó por
qué la caducidad debía contarse desde el día siguiente a la omisión, en lugar de
la fecha en que cesaron sus efectos. Agregó que se tuvo en cuenta la
jurisprudencia sobre daños instantáneos y continuados, así como las decisiones
que impedían iniciar el cómputo desde una sentencia de tutela favorable al
interesado.

23. También descartó el desconocimiento del precedente, porque la autoridad
judicial identificó y aplicó la jurisprudencia que estimó pertinente, mientras que
el accionante no demostró la existencia de una regla aplicable de la cual la Sala
se hubiera apartado sin justificación. Asimismo, sostuvo que el fallo de tutela de
2009 no hizo tránsito a cosa juzgada respecto de la caducidad de la acción de
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reparación directa, pues se limitó a ordenar la entrega de la licencia, ni la
sentencia ordinaria de primera instancia generó derechos adquiridos, dado que
fue apelada por ambas partes y no había adquirido firmeza.

24. Finalmente, manifestó que la referencia al 31 de julio de 2017, en lugar del
31 de julio de 2019, como fecha de la sentencia ordinaria de primera instancia,
correspondió a un error formal sin incidencia en el cómputo de la caducidad.
Añadió que el actor podía solicitar su corrección y que la Subsección iniciaría de
oficio el trámite correspondiente. En consecuencia, reiteró que los cargos reflejan
una divergencia con la interpretación adoptada, pero no una actuación arbitraria
que justifique la intervención del juez constitucional.

II. CONSIDERACIONES

25. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por no
encontrarse acreditado el requisito de relevancia constitucional, por los motivos
que pasan a explicarse a continuación.

2.1. Caso concreto

La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

26. El Consejo de Estado6 y la Corte Constitucional7, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales8 y a la configuración de algún
defecto especial9 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

27. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura
uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
8
(i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
9
(i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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contra providencia judicial.

28. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

29. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

30. La Sala advierte que Cristian Leonardo Carrillo Martínez está legitimado
en la causa por activa, porque fue el demandante dentro del medio de control en
el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta vía. Por otro lado,
se evidencia que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, está
legitimado en la causa por pasiva por haber proferido la decisión cuestionada a
través del presente trámite.

31. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional10, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que
el actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que
el debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

32. Adicionalmente, se precisa que esa exigencia es especialmente rigurosa
cuando se cuestiona una providencia proferida por una alta corte que actúa como
órgano de cierre, pues en estos eventos debe guardarse una mayor deferencia
frente a la interpretación jurídica y la valoración probatoria efectuadas por
aquella. Por tanto, la parte interesada debe demostrar que la decisión presenta
una anomalía de tal entidad que hace necesaria la intervención del juez
constitucional, sin que resulte suficiente reiterar los argumentos del proceso
ordinario o proponer una lectura alternativa de las normas aplicables.

33. En este caso, el accionante atribuyó a la sentencia del 27 de febrero de
2026 los defectos fáctico y sustantivo, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. Sin embargo, todos los cargos se sustentan
en una misma inconformidad: considera que el término de caducidad debía
contabilizarse desde el 24 de junio de 2009, cuando el municipio entregó la

10 Sentencia SU-215 de 2022.

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licencia por orden del juez de tutela, y no desde el 31 de diciembre de 2007 o, a
más tardar, desde el 30 de enero de 2008, como concluyó la autoridad judicial
accionada.

34. De la revisión de la providencia cuestionada se observa que la Sección
Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado identificó el régimen aplicable,
examinó los hechos acreditados y explicó que la caducidad es un presupuesto
procesal de orden público, indisponible e irrenunciable, que puede ser declarado
oficiosamente por el juez, incluso si no fue advertido en primera instancia ni
alegado por alguno de los apelantes.

35. Para sustentar esa facultad, la autoridad judicial acudió a las sentencias
de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera del 9 de febrero de 201211
y del 6 de abril de 201812, según las cuales el superior puede examinar de oficio
presupuestos procesales como la caducidad, la legitimación en la causa y la
aptitud de la demanda, con independencia de que hayan sido advertidos por el
juez de primera instancia o planteados como fundamento del recurso de
apelación.

36. Asimismo, la Subsección hizo un recuento las actuaciones adelantadas
por el actor entre 2007 y 2009, incluida la notificación de la Resolución 970 de
2007, la petición presentada para obtener su entrega, las decisiones
administrativas adversas y la sentencia de tutela del 24 de junio de 2009.
Después, distinguió entre el hecho generador, el daño y el perjuicio, y señaló que
la omisión atribuida al municipio consistió en no entregar la licencia, mientras
que el daño se concretó en la imposibilidad de adelantar los trámites necesarios
para construir y poner en funcionamiento la estación de servicio.

37. A partir de esa delimitación, la autoridad judicial explicó por qué no acogía
el 24 de junio de 2009 como punto de partida:

[…] si bien [el Tribunal] tomó como punto de partida el 24 de junio de 2009, bajo
el entendido de que en esa fecha “el hecho dañoso cesó”, lo cierto es que dicha
interpretación no se compagina con lo prescrito en el entonces vigente Código
Contencioso Administrativo, el cual establecía de manera expresa que la
caducidad debía contabilizarse a partir del día siguiente al acaecimiento de la
omisión, y no desde su cesación.

38. En la providencia, el tribunal acusado también indicó que no era
jurídicamente viable contabilizar el término desde la decisión favorable proferida
en sede de tutela, pues ello haría depender el inicio de la caducidad desde el
momento en el que el interesado promoviera ese mecanismo. En consecuencia,
consideró que la omisión ocurrió el 31 de diciembre de 2007, oportunidad en la
que debía entregarse la copia del acto notificado o, a más tardar, el 30 de enero

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera,
sentencia del 9 de febrero de 2012, expediente 21.060, M. P. Mauricio Fajardo Gómez.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera,
sentencia del 6 de abril de 2018, expediente 46.005, M. P. Danilo Rojas Betancourth.

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de 2008, cuando el actor presentó la petición y ya tenía conocimiento de la
conducta atribuida al municipio.

39. En ese contexto, no se advierte que el supuesto defecto fáctico plantee
una cuestión constitucional autónoma, pues el actor pretende que se efectúe una
nueva valoración de los acontecimientos posteriores a la notificación de la
licencia para concluir que la conducta fue continuada y que el daño solo se
consolidó cuando aquella fue entregada. No obstante, esos hechos fueron
identificados por la Subsección, que les atribuyó una consecuencia jurídica
diferente de la defendida en la tutela.

40. Lo mismo ocurre con el defecto sustantivo, dado que el reproche está
dirigido a controvertir el alcance otorgado al numeral 8 del artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo y a sostener que dicha disposición debía
interpretarse junto con las normas sobre el agotamiento de la vía gubernativa, la
irrevocabilidad de los actos administrativos particulares y la acción de lesividad.
Por tanto, se propone una lectura alternativa del régimen legal aplicable, con el
fin de que el juez constitucional sustituya la conclusión del órgano de cierre sobre
el momento inicial de la caducidad.

41. Tampoco el alegado desconocimiento del precedente permite superar este
requisito. El actor invocó las sentencias del 6 de julio de 2022, expediente
58.824, y del 14 de septiembre de 2022, expediente 55.683, relacionadas con la
distinción entre daños de efectos inmediatos y aquellos cuyos efectos se
prolongan en el tiempo. Sin embargo, no explicó suficientemente por qué la regla
de decisión de esos asuntos resultaba aplicable a su caso, ni demostró que la
Subsección se hubiera apartado injustificadamente de una postura uniforme y
vinculante.

42. Además, del contenido de la sentencia cuestionada se observa que la
autoridad judicial reconoció expresamente que existen asuntos en los que las
particularidades del daño inciden en el cómputo de la caducidad, pero explicó
por qué estimó que, en este caso, la prolongación de los efectos de la omisión
no desplazaba la fecha en la que aquella ocurrió y fue conocida. En
consecuencia, el cargo refleja una divergencia con la aplicación de la
jurisprudencia, mas no la ausencia de análisis sobre el problema planteado.

43. De otra parte, las alegaciones relacionadas con la cosa juzgada
constitucional y los derechos adquiridos tampoco plantean una cuestión
constitucional autónoma, pues el fallo de tutela del 24 de junio de 2009 ordenó
la entrega de la licencia, pero no definió la caducidad de la posterior acción de
reparación directa, mientras que la sentencia ordinaria de primera instancia fue
apelada por ambas partes y no había adquirido firmeza. En consecuencia, estos
reproches reflejan nuevamente el desacuerdo del actor con el alcance otorgado
a aquellas decisiones por el órgano de cierre.

44. Así las cosas, los cargos formulados no evidencian una cuestión
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Accionante: David Leonardo Carrillo Martínez
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06836-00

constitucional distinta del debate legal y probatorio resuelto por la Sección
Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, sino la inconformidad del actor
con la determinación del momento inicial de la caducidad y con la declaratoria
oficiosa de ese presupuesto procesal. Acceder al estudio pretendido supondría
revisar nuevamente cuál de las interpretaciones propuestas resulta
jurídicamente más acertada, finalidad ajena al juicio de validez constitucional.

45. Se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces
naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en
los argumentos de raigambre constitucional esgrimido por el actor dentro del
trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones
judiciales desfavorables, sin el contraste de un indebido e irracional estudio por
parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial
y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera
instancia13.

46. Por esto, la sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo, al
no encontrar acreditado el presupuesto de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción constitucional interpuesta
por David Leonardo Carrillo Martínez, en contra del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15
de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06836-00

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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