Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05324-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05324-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-05324-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05324-01
Accionante: RAFAEL GUILLERMO MUÑÓZ SANABRIA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela contra la providencia judicial – Confirma improcedencia
por no superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 30 de julio de
20261 por la Sección Primera del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto
1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como
el Acuerdo 080 de 20192 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 17 de julio de 20263, el a quo admitió la acción constitucional y,
mediante providencia del 20 de agosto de 20264 concedió la impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Rafael Guillermo Muñóz Sanabria, actuando por conducto de su
apoderado judicial5, presentó acción de tutela6 contra la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado. Con la solicitud de amparo, pretende
1 Índice 33 Samai del expediente de primera instancia.
2 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
3 Índice 11 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como parte accionada al
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Asimismo, se ordenó vincular como tercero
con interés la Nación - Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Defensa Nacional, la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) y el Departamento Administrativo de la Función
Pública (DAFP).
4 Índice 39 Samai.
5 Juan Carlos Arciniegas Rojas actúa como apoderado judicial del accionante conforme al poder
conferido y anexo en el expediente. Índice 9 Samai.
6 La acción de tutela fue presentada el 10 de julio de 2026
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la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al juez natural,
a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima y de acceso efectivo
a la administración de justicia.
2. La trasgresión de las anteriores garantías constitucionales se las adjudica
al auto del 19 de junio de 20267 dictado por la autoridad judicial accionada.
Mediante dicha decisión resolvió el recurso de súplica, y confirmó el auto del 19
de febrero de 2026 que adecuó la demanda al medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho, declaró la falta de competencia del Consejo de
Estado para conocer del proceso y ordenó remitir el expediente al Juzgado 27 de
Administrativo de Medellín.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones8:
PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, juez natural,
igualdad, seguridad jurídica, confianza legítima y acceso efectivo a la
administración de justicia del señor Rafael Guillermo Muñoz Sanabria.
SEGUNDA. Dejar sin efectos el auto de diecinueve (19) de junio de dos mil
veintiséis (2026), proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado dentro del proceso 11001-03-25-000-2026-00058-00 (0112-
2026), mediante el cual se resolvió el recurso de súplica y se confirmó la remisión
del expediente a los Juzgados Administrativos de Bogotá – Sección Segunda.
TERCERA. Dejar sin efectos, como consecuencia de lo anterior, el auto de
diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026), que adecuó la demanda
al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, declaró la falta de
competencia del Consejo de Estado y ordenó remitir el expediente a los Juzgados
Administrativos de Bogotá.
CUARTA. Ordenar que se profiera una nueva decisión sobre la competencia
funcional, en la cual se valore integralmente que la demanda acumuló
pretensiones de nulidad simple contra actos administrativos generales expedidos
por autoridades del orden nacional con pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho.
QUINTA. Ordenar que en la nueva decisión se valore expresamente el
precedente contenido en el caso José Darío Rodríguez Zapata, radicado 11001-
03-25-000-2025-00031-00, así como la regla allí aplicada sobre el juez de la
nulidad y la competencia del Consejo de Estado.
SEXTA. Ordenar que se valore expresamente la advertencia realizada por la
parte actora sobre la materialización de una indefinición competencial circular,
consistente en remitir procesos a juzgados administrativos que no pueden anular
actos generales nacionales y que, en procesos sustancialmente análogos, niegan
el restablecimiento porque dichos actos generales continúan vigentes y gozan de
presunción de legalidad.
SÉPTIMA. Que, dada la reiteración del conflicto competencial y la existencia de
decisiones divergentes dentro de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se
ordene o exhorte a la autoridad competente para que active el mecanismo
institucional de unificación jurisprudencial, preferiblemente ante la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
OCTAVA. Ordenar que se adopten las medidas necesarias para evitar que el
accionante sea sometido a remisiones sucesivas, adecuaciones judiciales o
decisiones de fondo por autoridades que no pueden resolver la nulidad general
de los actos administrativos nacionales demandados.
7 Índice Samai en el expediente ibidem.
8 Transcripción literal del escrito de tutelas, puede contener errores.
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NOVENA9. Como medida provisional, suspender los efectos de la providencia
cuestionada y cualquier actuación posterior ante los Juzgados Administrativos de
Bogotá – Sección Segunda, hasta tanto se resuelva de fondo la presente acción
constitucional.
1.2. Hechos
4. El accionante, Rafael Guillermo Muñoz Sanabria, mayor general (R) de la
Policía Nacional y titular de asignación de retiro, por intermedio de apoderado
judicial, presentó demanda ante el Consejo de Estado en ejercicio de los medios
de control de nulidad simple y de nulidad y restablecimiento del derecho, con
solicitud de medida cautelar de urgencia, la cual fue radicada bajo el No. 11001-
03-25-000-2026-00058-00 (0112-2026), dirigida contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur),
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de
la Función Pública.
5. En dicha demanda, solicitó la nulidad de los oficios No. 202421000103671
del 15 de octubre de 2024 y DICAS 686 del 6 de agosto de 2003, mediante los
cuales Casur negó el reconocimiento de la reliquidación de su asignación de
retiro conforme a lo dispuesto en la Ley 42 de 1980, los Decretos Ley 201 y 203
de 1987 y el Decreto Legislativo 335 de 1992.
6. Adicionalmente, formuló pretensiones de nulidad simple contra el Decreto
611 de 2025, el artículo 2 del Decreto 615 de 2025, los decretos salariales de
ministros del despacho desde 1993 en adelante y los decretos de Fuerza Pública
que reproducen la fórmula salarial cuestionada en la demanda, relativa al
incremento respecto al IPC.
7. Mediante auto del 19 de febrero de 2026, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado resolvió adecuar la demanda al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, declaró la falta de competencia del
Consejo de Estado y ordenó remitir el expediente a los Juzgados Administrativos
de Bogotá – Sección Segunda, al considerar que se trataba de un asunto de
naturaleza laboral relacionado con la reliquidación de una asignación de retiro,
conforme al artículo 155.2 del CPACA.
8. Contra dicho auto, el apoderado del accionante interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de súplica, en los cuales alegó el desconocimiento del
9 Respecto de la solicitud de medida provisional, en auto admisorio del diecisiete (17) de julio de
dos mil veintiséis (2026) la Sección Primera del Consejo, decidió no otorgarla en atención a que
«a juicio del despacho, las mismas no resultan suficientes para decretarla en esta etapa de
admisión, pues no existen elementos que, en principio, demuestren la amenaza de los derechos
fundamentales alegados, de ahí que el proceso deba continuar su curso y será en la sentencia
en la que se determine si con las providencias de 19 de febrero y 19 de junio de 2026,
cuestionadas, proferidas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
en mención, se vulneraron o no sus garantías cuya protección reclama, de acuerdo con las
pruebas que se aporten dentro de la acción constitucional de la referencia.»
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artículo 165 del CPACA, del fuero de atracción del juez de la nulidad, así como
la competencia privativa del Consejo de Estado según el artículo 149 del CPACA.
A su juicio, de ello deriva una imposibilidad de adecuar la demanda para eliminar
la pretensión de nulidad simple.
9. En el mismo recurso se puso de presente la existencia de un criterio
divergente adoptado por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado (expuesto en sentencia de radicado 11001-03-25-000-2025-00031-00),
en el cual se reconoció que la acumulación de pretensiones de nulidad contra
actos generales con pretensiones nulidad y restablecimiento del derecho activa
la competencia del Consejo de Estado como juez de la nulidad.
10. Mediante auto del 13 de abril de 2026, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado resolvió no reponer la decisión, manteniendo la
adecuación del medio de control de la demanda y la declaratoria de falta de
competencia.
11. En auto del 19 de junio de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado resolvió el recurso de súplica y confirmó la decisión
recurrida, ratificando la remisión del expediente a los Juzgados Administrativos
de Bogotá – Sección Segunda10.
12. Por medio de auto de 31 de agosto de 2026, el Juzgado 24 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, D.C. - Sección Segunda inadmitió la demanda
remitida por la Subsección B accionada11.
1.3. Sustento de la vulneración
13. El accionante sostuvo que la providencia cuestionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, al juez natural, a la igualdad, a la
seguridad jurídica, a la confianza legítima y de acceso efectivo a la administración
de justicia, porque confirmó la remisión del proceso a los juzgados
administrativos, pese a que la demanda ordinaria contenía pretensiones
expresas de nulidad contra actos administrativos generales expedidos por
autoridades del orden nacional.
14. Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto orgánico,
pues remitió el asunto a un juzgado administrativo que, en su criterio, carece de
competencia para declarar la nulidad general de actos administrativos nacionales
con efectos erga omnes. Según la parte actora, esa decisión desconoció el juez
natural del control objetivo de legalidad de dichos actos.
10 La providencia que resolvió el recurso de súplica fue notificada electrónicamente el 6 de julio
de 2026.
11 Índice 4 Samai del expediente de segunda instancia.
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15. También alegó la configuración de un defecto sustantivo, al estimar que la
Subsección B aplicó de manera preferente el artículo 155.2 del CPACA y redujo
la controversia a un asunto laboral individual, sin armonizar esa norma con los
artículos 137, 138, 149 y 165 del mismo código. En su criterio, cuando se
acumulan pretensiones de nulidad con otras pretensiones, debe conocer el juez
de la nulidad.
16. De igual forma, señaló que la providencia incurrió en defecto
procedimental, porque, bajo la figura de adecuación de la demanda, transformó
pretensiones expresas de nulidad contra actos generales nacionales en simples
argumentos de ilegalidad susceptibles de ser analizados por vía de excepción.
Para el accionante, esa sustitución alteró la causa pretendida y redujo el alcance
del control judicial solicitado.
17. La parte actora reprochó, además, que la autoridad judicial hubiera
considerado suficiente la eventual aplicación de la excepción de ilegalidad, pues,
a su juicio, esa figura produce efectos inter partes y no equivale a la nulidad del
acto general ni permite retirarlo del ordenamiento jurídico. Por ello, sostuvo que
la remisión al juzgado administrativo no garantizaba un acceso efectivo a la
administración de justicia.
18. Así mismo, alegó desconocimiento del precedente horizontal, con
fundamento en el caso identificado con el radicado 11001-03-25-000-2025-
00031-00. Según indicó, en ese asunto la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado habría reconocido la competencia del Consejo de Estado para
conocer demandas con acumulación de pretensiones de nulidad de actos
generales nacionales y de nulidad y restablecimiento del derecho, mientras que
en su caso la Subsección B adoptó una solución distinta.
19. En esa línea, sostuvo que la divergencia entre Subsecciones afectaba la
igualdad, la seguridad jurídica y la confianza legítima, pues demandas
estructuralmente semejantes podían recibir soluciones procesales opuestas
según el despacho o Subsección que conociera el asunto. Por ello, afirmó que el
debate no se limitaba a una inconformidad subjetiva, sino que involucraba una
regla de competencia funcional de orden público.
20. También adujo que la providencia cuestionada incurrió en insuficiencia de
motivación frente a la solicitud de unificación. En particular, señaló que la parte
actora solicitó expresamente la unificación de criterio ante la contradicción que,
en su concepto, existía entre las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. Sin embargo, reprochó que la autoridad judicial accionada
se hubiera limitado a descartar esa solicitud con el argumento de que la decisión
invocada no constituía una línea consolidada, sin resolver de fondo si la
existencia de criterios divergentes exigía una definición uniforme para preservar
la igualdad, el juez natural y la seguridad jurídica.
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21. Finalmente, sostuvo que la providencia incurrió en violación directa de la
Constitución, porque afectó el juez natural, la igualdad, la seguridad jurídica, la
confianza legítima y el acceso efectivo a la administración de justicia, porque su
demanda fue remitida a un juez que no podía resolver integralmente las
pretensiones, en particular aquellas relacionadas con la nulidad general de actos
administrativos expedidos por autoridades nacionales.
1.4. Intervenciones
22. Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado12. Estimó
en su informe13 que la providencia cuestionada no constituye una decisión aislada
de los pronunciamientos de la subsección, ya que corresponde a una línea
interpretativa que esta subsección ha sostenido de manera reiterada en asuntos
con supuestos fácticos y jurídicos sustancialmente análogos, en los cuales se ha
concluido que, pese a formularse pretensiones dirigidas contra actos
administrativos de carácter general, la controversia corresponde al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho y, por ende, su conocimiento
compete a los jueces administrativos.
23. En similares términos, sustentó en otro escrito14 que el accionante
pretende utilizar la acción de tutela como una instancia adicional para reabrir el
debate jurídico en torno a interpretaciones razonables sobre las reglas de
competencia, para lo cual invoca los mismos reparos que planteó en la demanda
y en el respectivo recurso de súplica, que se resolvió en el proveído del 19 de
junio de 2026 objeto del escrito de amparo.
24. Ministerio de Hacienda y Crédito Público15. Solicitó su desvinculación
del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.
25. Departamento Administrativo de la Función Pública16. Solicitó declarar
la improcedencia de la acción de tutela, como quiera que en el caso sub-examine
no se avizora quebrantamiento de algún derecho fundamental, pues el operador
judicial ha respetado todas las garantías y derechos inherentes al procedimiento
cuestionado, de suerte, que no es este el escenario para enjuiciar el actuar de
dicho despacho judicial.
26. En ese entendido, argumentó que la solicitud de amparo se funda en una
apreciación subjetiva del accionante de cara al actuar del operador judicial, lo que
va en contra de la autonomía judicial y la seguridad jurídica los cuales se erigen
12 Índice 16 y 27 Samai del expediente en primera instancia
13 Informe suscrito por el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, en calidad de ponente de la
providencia del del 19 de junio de 2026.
14 Informe suscrito por la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo, en calidad de ponente de la
providencia del 19 de febrero de 2026.
15 Índice 19 Samai
16 Índice 23 Samai
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como pilares de la organización judicial, propias de un estado de derecho.
1.5. Sentencia de primera instancia
27. En sentencia del 30 de julio de 202617, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo, toda vez que no cumplió con
el requisito general de la relevancia constitucional, pues la divergencia obedeció
a un debate de aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la autoridad
judicial accionada.
28. La Sala advirtió que la Sección Segunda se pronunció frente a los aspectos
que la parte actora aludió como desconocidos, sin evidenciar que hubiera
actuado de forma arbitraria o desbordado los límites del principio de la autonomía
judicial, por lo que el asunto carecía del requisito general de la relevancia
constitucional. Además, a criterio del a quo, tampoco cumplió con el requisito
general de la subsidiariedad, pues el medio de control objeto de estudio se
encuentra en curso.
1.6. Impugnación
29. El accionante indicó que la tutela tiene por objeto que el juez constitucional
controle si una autoridad judicial puede, a su criterio, mediante una decisión de
competencia, «desfigurar el objeto real de la demanda, suprimir la acumulación
de pretensiones, convertir la nulidad de actos administrativos generales
nacionales en simples argumentos instrumentales y remitir el asunto a jueces que
no pueden declarar la nulidad de esos actos con efectos generales».
30. Alegó que la sentencia impugnada redujo indebidamente el problema
constitucional al negar su relevancia, sin examinar si la interpretación de la
Subsección B podía eliminar la autonomía de las pretensiones de nulidad,
sustituir la nulidad general por una inaplicación inter partes y remitir el asunto a
jueces incompetentes.
31. Argumentó que la sentencia confundió el juicio de validez constitucional
con una aceptación «acrítica» de la tesis de la autoridad accionada, incurriendo
en un razonamiento circular, que desconoció que el asunto comprometía
directamente el juez natural, la predeterminación legal de la competencia, la
igualdad, la seguridad jurídica y el acceso efectivo a la administración de justicia.
32. Respecto de la subsidiariedad, sostuvo que fue interpretada de manera
mecánica, sin considerar que los recursos de reposición y súplica contra la
decisión de competencia ya habían sido agotados, y que el proceso en curso ante
el Juzgado 24 Administrativo no era un medio eficaz, pues ese despacho carecía
de competencia para anular con efectos generales los actos administrativos
17 Índice 33 Samai
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generales demandados.
33. Reprochó que la sentencia, en su parecer, no resolviera si la interpretación
cuestionada superaba el estándar de validez constitucional, pese a la existencia
de decisiones divergentes entre las Subsecciones A y B de la Sección Segunda.
Señaló que su petición de unificación no era abstracta sino consecuencia
institucional necesaria ante la reiteración del conflicto competencial, y objetó que
la sentencia no hubiera valorado materialmente la edad del accionante al analizar
la eficacia del medio ordinario.
34. Finalmente, solicitó, en esencia: (i) revocar la sentencia impugnada; (ii)
declarar que la tutela cumplía los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad; (iii) conceder el amparo; (iv) dejar sin efectos los autos del 19 de
febrero y del 19 de junio de 2026, que definieron la competencia funcional y
remitieron el proceso a los juzgados administrativos y que se orden la expedición
de decisiones de reemplazo; (v) exhortar la activación del mecanismo de
unificación previsto en el artículo 271 del C.P.A.C.A. ante la Sección Segunda en
pleno o, de ser procedente, ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo;
y (vi), como medida de conservación, suspender cualquier actuación de fondo en
el proceso radicado ante el Juzgado 24 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá
mientras se resolvía la impugnación.
II. CONSIDERACIONES
35. La Sala confirmará la decisión de la Sección Primera del Consejo de
Estado, que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo. En ese sentido,
esta Sección explicará las razones por las cuales en el asunto objeto de estudio
no se supera el requisito general de relevancia constitucional.
2.1. Cuestión previa
36. La parte accionante solicitó que la presente acción de tutela fuera resuelta
mediante una decisión con vocación de unificación o, en su defecto, que se
ordenara o exhortara a la autoridad competente para activar un mecanismo
institucional de unificación, preferiblemente ante la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado. Como fundamento, se refirió a la
divergencia que existe entre las Subsecciones A y B de la Sección Segunda
sobre la autoridad competente para conocer demandas que acumulan
pretensiones de nulidad contra actos administrativos generales del orden
nacional con pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter
laboral, pensional o prestacional.
37. La Sala negará dicha solicitud. Si bien la parte actora plantea la existencia
de criterios distintos entre las subsecciones de la Sección Segunda, lo cierto es
que el trámite de la acción de tutela se rige por el Decreto 2591 de 1991 y por el
reglamento interno de esta Corporación, normas que no prevén una facultad de
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las partes para exigir que el asunto sea asumido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ni para imponer la emisión de una decisión con
vocación de unificación. Además, la intervención de los órganos de unificación
tiene carácter excepcional y responde a las reglas propias de la Corporación, sin
que la simple solicitud de una de las partes desplace la competencia de la
Sección a la que correspondió el conocimiento del asunto por reparto.
38. En todo caso, se advierte que la solicitud de unificación formulada por la
parte actora se encuentra estrechamente relacionada con los cargos de fondo de
la tutela, en particular con el alegado desconocimiento del precedente horizontal,
la insuficiencia de motivación y la presunta afectación del juez natural. Por tanto,
sin perjuicio de negar la remisión o asunción del asunto por la Sala Plena, tales
argumentos serán valorados al estudiar la procedencia de la acción constitucional
contra la providencia judicial cuestionada.
2.2. Caso concreto. La solicitud no cumple con los requisitos de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
39. El Consejo de Estado18 y la Corte Constitucional19, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales20 y a la configuración de algún
defecto especial21 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
40. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
41. Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
19 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
20 (i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad (iv) relevancia constitucional; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
21 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05324-01
especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la decisión atacada
se presenta una afectación, a primera vista, desproporcionada a un derecho
fundamental producto de una actuación arbitraria del órgano de cierre22.
42. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
43. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
44. La Sala advierte que Rafael Guillermo Muñoz Sanabria está legitimado en
la causa por activa, porque es la parte demandante al interior del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que se emitió la decisión que se
cuestiona mediante esta vía.
45. Por otro lado, se evidencia que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, está legitimado en la causa por pasiva por haber proferido la
decisión objeto de estudio el presente trámite constitucional.
46. Ahora bien, el ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. La Sala negará
dicha solicitud, toda vez que le puede asistir interés en el resultado del presente
trámite constitucional, en tanto guarda relación con el proceso ordinario en el que
se profirió la providencia cuestionada donde figura como demandado.
47. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional23, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
48. En el caso bajo estudio, la parte actora cuestiona el auto del 19 de junio
de 2026, proferido por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado,
22 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
23 Sentencia SU-215 de 2022.
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Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
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mediante el cual se resolvió el recurso de súplica y se confirmó el auto del 19 de
febrero de 2026, que adecuó la demanda al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, declaró la falta de competencia del Consejo de
Estado y ordenó remitir el expediente a los Juzgados Administrativos.
49. A juicio de la parte accionante, la autoridad judicial accionada incurrió en
defectos orgánico, sustantivo, procedimental, insuficiencia de motivación,
desconocimiento del precedente horizontal y violación directa de la Constitución,
por cuanto no habría reconocido que la demanda ordinaria acumulaba
pretensiones autónomas de nulidad contra actos administrativos generales
expedidos por autoridades del orden nacional con pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho.
50. No obstante, la Sala advierte que la solicitud de amparo no supera el
requisito de relevancia constitucional. En efecto, lo que se evidencia es que la
parte actora pretende reabrir el debate sobre la competencia funcional para
conocer del proceso ordinario, asunto que fue planteado, discutido y resuelto
dentro del trámite contencioso administrativo mediante los recursos judiciales
previstos para tal efecto.
51. Desde el trámite inicial, la parte actora discutió que el asunto no debía
remitirse a los juzgados administrativos, por la existencia de pretensiones de
nulidad contra actos generales, competencia privativa del Consejo de Estado. Sin
embargo, esta corporación declaró su falta de competencia y, al resolver la
súplica, confirmó dicha determinación, al considerar que el litigio conservaba
naturaleza laboral y pensional.
52. En ese contexto, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado, mediante auto del 19 de febrero de 202624, realizó una interpretación de
la demanda y concluyó que, aunque se solicitó la nulidad de actos generales, el
interés real de la parte demandante era obtener un beneficio económico
individual derivado del reajuste pensional pretendido. En esa providencia se
indicó:
«Bajo tal entendimiento y en línea con lo expuesto, es claro que para asuntos
como el que nos ocupa, las pretensiones deben tramitarse a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, aun cuando se solicite la
anulación de actos de contenido general, dado que, el interés del señor Rafael
Guillermo Muñoz Sanabria no es la preservación del ordenamiento jurídico en
abstracto, sino que su intención radica en obtener la reliquidación de su
asignación de retiro con la inclusión de factores como la prima técnica, prima de
dirección y gastos de representación, lo que revela un interés particular, concreto
y económico.»
53. Esa determinación fue objeto de reposición y, en subsidio, de súplica. En
24 Índice 7 Samai en el expediente 11001-03-25-000-2026-00058-00
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el auto del 13 de abril de 202625, el despacho no repuso la decisión y explicó que
los cuestionamientos contra los actos generales no tenían autonomía dentro del
proceso, sino que estaban dirigidos a sustentar las pretensiones de
restablecimiento del derecho.
54. Al respecto, sostuvo:
«A partir de lo anterior, no es de recibo el argumento del recurrente. El hecho de
que esta Sección sea competente para conocer en única instancia de las
demandas de nulidad contra actos administrativos del orden nacional no implica
que deba asumir el conocimiento de todos los asuntos en los que se cuestionen
tales disposiciones. Cuando la controversia se orienta a la obtención de un
restablecimiento del derecho, como ocurre en el presente caso, corresponde
aplicar las reglas propias de este medio de control, en cuyo marco el juez
administrativo puede resolver de fondo la controversia, sin que sea necesario
acudir al control abstracto de los actos de carácter general.».
55. Finalmente, la providencia cuestionada del 19 de junio de 2026 resolvió el
recurso de súplica y confirmó la decisión. Para ello, la Subsección B analizó la
competencia del Consejo de Estado frente a los medios de control de nulidad y
nulidad y restablecimiento del derecho, la naturaleza de las pretensiones
formuladas y la finalidad perseguida en la demanda.
56. En particular, concluyó que el asunto debía tramitarse como nulidad y
restablecimiento del derecho, porque el juicio de legalidad de los actos generales
tenía incidencia directa en un restablecimiento económico individual. La Sala
accionada estimó que «aunque la parte actora cuestiona la validez de actos
administrativos de carácter general, lo cierto es que dichos reproches se formulan
únicamente con el propósito de desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
particulares que negaron la reliquidación pensional». También agregó: «la
alegada nulidad de los decretos salariales carece de autonomía dentro del
proceso, en tanto solo cobra sentido como fundamento para sustentar la
prosperidad de las pretensiones de restablecimiento del derecho».
57. En ese mismo sentido, la autoridad accionada explicó que, aunque en la
demanda se cuestionaron actos de contenido general, ello no impedía que el juez
de nulidad y restablecimiento del derecho analizara su eventual
inconstitucionalidad o ilegalidad por vía de excepción. En la providencia
censurada se indicó que, «si bien la demanda promueve un examen de actos de
contenido general, este se encuentra restringido a los intereses subjetivos de la
parte actora», razón por la cual no resultaba viable acudir a la acumulación de
pretensiones de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho, sino al
control por vía de excepción previsto en el artículo 148 del CPACA.
58. De esta manera, el debate propuesto por la accionante se contrae a
cuestionar la interpretación que realizó el órgano de cierre de la jurisdicción de lo
25 Índice 16 Samai Ibidem
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contencioso-administrativo sobre la competencia funcional, la adecuación del
medio de control, la autonomía de las pretensiones de nulidad simple y la
posibilidad de examinar actos generales por vía de excepción de ilegalidad. Tales
asuntos, aunque relevantes dentro del proceso ordinario, corresponden a
discusiones de legalidad procesal ya definidas por el juez natural y no evidencian,
prima facie, una actuación arbitraria, irrazonable o caprichosa que habilite la
intervención del juez constitucional.
59. En tal sentido, esta Sala concuerda con la Sección Primera en que el
hecho de que la parte actora no comparta la tesis de la Subsección B no significa
que la decisión sea arbitraria, sino que ello corresponde al ejercicio de la
autonomía judicial en la interpretación de la demanda y del alcance de las
pretensiones incoadas.
60. Tampoco se advierte que el alegado desconocimiento del precedente
horizontal permita superar el requisito de relevancia constitucional. La parte
actora invoca como antecedente un caso decidido por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado. Sin embargo, esa providencia no
constituye una sentencia de unificación ni una postura consolidada y vinculante
de la Sección Segunda sobre la materia. Además, aunque las decisiones
provienen de la misma Sección, corresponden a Subsecciones distintas,
integradas por magistrados diferentes, de modo que no se evidencia la existencia
de un precedente horizontal obligatorio en los términos planteados por la parte
actora.
61. En todo caso, la autoridad judicial accionada sí se pronunció sobre la
solicitud de unificación que formuló la demandante. En el auto del 13 de abril de
2026, el despacho sustanciador explicó que no advertía una divergencia
jurisprudencial estructurada que ameritara la intervención de la Sala Plena de
Sección, porque la decisión invocada de la Subsección A no reflejaba una línea
interpretativa consolidada.
62. Al respecto, señaló:
«este despacho reitera que no hay lugar a adelantar el trámite de unificación
jurisprudencial en el presente asunto. En efecto, el pronunciamiento invocado en
el recurso de reposición no configura una línea interpretativa consolidada, sino
una postura reciente que no refleja un criterio reiterado en el tiempo. Por ello, no
se advierte la necesidad de que la Sala Plena de Sección intervenga con fines de
unificación, en tanto no existe un desarrollo jurisprudencial estable que permita
estructurar posiciones jurídicas contradictorias».
63. Sobre el particular, estimó en similares términos la Sección Primera en el
fallo impugnado que las subsecciones, en el marco de sus competencias, gozan
de una independencia interpretativa legítima, por lo que los pronunciamientos de
una no atan ni configuran un dictado ineludible para la otra, salvo que se trate de
una sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de esta Corporación o
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de la Sección Segunda en pleno, supuesto que no se configura en este caso.
64. Así, aun si se aceptara que existían interpretaciones diferentes sobre la
competencia para conocer asuntos con pretensiones de nulidad contra actos
generales acumuladas con pretensiones subjetivas, lo cierto es que la autoridad
judicial accionada expuso las razones por las cuales no consideraba procedente
activar el trámite de unificación. Por tanto, la inconformidad de la parte actora con
esa conclusión no transforma el debate en un asunto de relevancia constitucional
ni habilita al juez de tutela para imponer una determinada interpretación sobre las
reglas de competencia del CPACA.
65. En ese orden, la Sala considera que la parte actora busca que por vía de
tutela se reabra un debate procesal ya resuelto dentro del medio de control
ordinario y que se sustituya el criterio del órgano de cierre sobre la competencia
funcional aplicable a la demanda presentada. Esa finalidad desnaturaliza el
mecanismo constitucional, pues no le corresponde al juez de tutela determinar
cuál de las interpretaciones posibles del CPACA debe prevalecer, ni convertir la
acción de amparo en una instancia adicional para revisar decisiones adoptadas
en ejercicio de la autonomía judicial.
66. Por consiguiente, se recuerda que la administración de justicia garantiza
que los funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus
decisiones, circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprocharlas
vía acción de tutela, con fundamento en simples inconformidades de la parte
actora.
67. Se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces
naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en
los argumentos de raigambre constitucional esgrimido por el actor dentro del
trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones
judiciales desfavorables, sin el contraste de un indebido e irracional estudio por
parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial
y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera
instancia26.
68. Por último, la Sala destaca que, comoquiera que se evidencia la
improcedencia la acción por no cumplir el requisito bajo estudio, no es necesario
revisar los otros requisitos generales de procedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15
de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.
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III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de 30 de julio de 2026 dictada por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la
acción de tutela presentada por Rafael Guillermo Muñoz Sanabria contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por los motivos expuestos
en esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud interpuesta por el accionante de emitir una
decisión con vocación de unificación.
TERCERO: NEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación por
pasiva del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente en Comisión de Servicios
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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