Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04794-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04794-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-04794-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
30 de noviembre de 2023
Demandante: Jhoan Darío Carrillo González
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04794-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04794-01
Demandante: JHOAN DARÍO CARRILLO GONZÁLEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
Tema: Tutela contra providencia judicial – confirma – falta de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida en primera instancia por la Sección Tercera, Subsección A
del Consejo de Estado, el 17 de octubre de 2023. En ese fallo se declaró la
improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Jhoan Darío Carrillo González, actuando a través de apoderado
judicial1, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar. Con
la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y acceso a la administración
de justicia, así como «a los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y
prevalencia del derecho sustancial».
2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica a la providencia
del 28 de noviembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativa de Bolívar. En
dicha decisión se confirmó la decisión del 16 de diciembre de 2021 proferida por el
Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena, que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, identificada con el radicado 13-
001-33-33-003-2019-00136-01 adelantado en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional.
1.2. Pretensiones
1 El señor Jonathan Velásquez, reconocido como apoderado de la parte actora en providencia del
06 de septiembre de 2023. Cfr. Índice n.º5SAMAI.Exp: 11001-03-15-000-2023-04794-00.
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3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
1. Amparar los derechos fundamentales la igualdad, al debido proceso, el trabajo, el
mínimo vital y acceso a la administración de justicia, así como los principios de
confianza legítima, seguridad jurídica y prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal, vulnerados por el Tribunal Administrativo de Bolívar con la decisión proferida
en segunda instancia el pasado 16 diciembre de 2022 y notificada el 24 de mayo de
2023, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
tramitado bajo el radicado No.13001-33-33-003-2019-00136-00, promovido por el
señor Jhon Darío Carrillo González.
2. Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la sentencia de fecha
16 diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar dentro del
medio de nulidad y restablecimiento del derecho, tramitado bajo el radicado
No.13001-33-33-003-2019-00136-00, promovido por el señor Jhon Darío Carrillo
González.
3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Bolívar que dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, profiera una nueva decisión en la cual
se valoren de forma adecuada los medios de convicción oportunamente allegados
y que fueron practicados en el trámite del proceso ordinario, se apliquen y adecúen
a las circunstancias fácticas puestas de manifiesto, bajo los parámetros
ampliamente desarrollados y reiterados por la jurisprudencia del Consejo de Estado.
(Sic a toda la cita).
1.3. Hechos
4. A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la presente sentencia:
5. El señor Jhoan Carrillo González promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio
de Defensa, Policía Nacional. Con ella pretendía que se anulara el acta 012 -
ADEHU - GRUAS- 2.25 // APROP - GRURE - 3.22, del 21 de noviembre de 2018,
por la cual se consideró viable recomendar al Gobierno Nacional el retiro del
accionante de la Policía Nacional, por la causal de retiro «voluntad del Gobierno
Nacional», así como de la Resolución 9148 del 27 de diciembre de 2018, mediante
la cual se hizo efectivo dicho retiro.
6. El asunto fue conocido por el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena
en primera instancia. Dicha autoridad judicial negó las pretensiones de la demanda
en sentencia del 16 de diciembre de 2021. Para el efecto, consideró que el acto
administrativo mediante el cual se dispuso el retiro del servicio del señor Carrillo
González no obedeció a un motivo oculto o destino a las razones del buen servicio,
ni que dicha decisión se fuera desproporcional o arbitraria respecto de su
desempeño al interior de la institución.
7. En contra de la providencia anterior, el señor Carillo González interpuso
recurso de apelación. Consideró que el acto discrecional de retiro se trató de una
medida desproporcional e irrazonable, teniendo en cuenta que el fallador no tuvo en
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consideración la totalidad de los elementos de convicción que integraban el proceso.
Resaltó que solo tenía 12 anotaciones negativas en su hoja de vida laboral, aspecto
que no resultaba coherente con la decisión de retiro. Agregó que la decisión había
incurrido en falsa motivación al no haber valorado la totalidad de las anotaciones
que le realizaron en los formularios de seguimiento.
8. La alzada correspondió al Tribunal Administrativo de Bolívar, quien en
providencia del 28 de noviembre de 20222 decidió confirmar lo resuelto en primer
grado. Como fundamento de su decisión, expuso que el a quo se pronunció de
manera detallada respecto de cada uno de los cargos de nulidad propuestos en la
demanda y valoró las anotaciones positivas y las felicitaciones que fueron
consignadas en la hoja de vida del actor.
9. Resaltó que la estructura de la planta global de la fuerza pública era
piramidal. Esto, para referir que a medida que aumentan los grados o rangos,
también disminuye la cantidad de estos frente a los cargos inmediatamente
inferiores. En ese orden, señaló que el personal que asciende no solo debe tener
calificaciones y anotaciones positivas, sino que, además, debe mostrar un grado
cercano a la excelencia en la prestación del servicio.
10. De manera que, si el accionante tenía anotaciones en su hoja de vida, pese
a que se le dio traslado en el momento oportuno para que ejerciera su derecho de
defensa y contradicción, el incumplimiento de objetivos concertados se distanciaba
de la excelencia que requería para ascender, motivo por el cual, la institución tenía
razones para recomendar su retiro.
11. Finalmente, refirió que en abundante jurisprudencia el Consejo de Estado ha
referido que las anotaciones positivas y felicitaciones en la hoja de vida, no confieren
fuero de inamovilidad del agente.
1.4. Sustento de la vulneración
12. A juicio de la parte actora, la sentencia reprochada incurrió en un defecto
fáctico por indebida valoración del material probatorio y sustantivo al desconocerse
el precedente judicial aplicable al caso concreto. Como sustento, expuso:
13. En lo que atañe a la indebida valoración probatoria, reafirmó que las
anotaciones positivas (alrededor de 63) sobrepasaban en gran medida las negativas
(12), aspecto que debió ser sopesado por la autoridad judicial. Para ello, se sirvió
de gráficas ilustrativas de los tipos de anotaciones y el porcentaje que
representaban en su hoja de vida.
14. Expuso que tampoco se consideró la certificación de evaluación de la capitán
Diana Marcela Aranzalez González, ni el Oficio de 17 de mayo de 2019 en los que
2 Notificada el 24 de marzo de 2023.
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se resaltó su labor al interior de la institución durante más de 13 años y que no era
posible exigirle el comportamiento que dio lugar a dos de las anotaciones negativas
que se consignaron en su hoja de vida.
15. Respecto del desconocimiento del precedente, citó apartados de las
sentencias SU-091 de 2016 y SU-172 de 2015 de la Corte Constitucional, en los
que se trata el tema de los requisitos para la aplicación del retiro discrecional. En
seguida, refirió que en el caso concreto la medida no fue proporcional, máxime
cuando 3 meses antes del retiro fue llamado a curso de ascenso.
16. Finalmente, sostuvo que la solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de tutela contra providencia judicial. A saber; relevancia constitucional,
subsidiariedad, inmediatez y que no se trate de tutela contra decisión de la misma
naturaleza.
1.5. Trámite de primera instancia
17. En auto del 06 de septiembre 2023, el magistrado ponente de primera
instancia admitió la acción de tutela de la referencia y dispuso la notificación al
Tribunal Administrativo de Bolívar. Adicionalmente, dispuso la vinculación del
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional como tercero interesado y se
requirió al Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena para que remitiera copia
del expediente ordinario.
1.6. Intervenciones e informes
1.6.1. Tribunal Administrativo de Bolívar
18. El magistrado ponente de la decisión solicitó la declaratoria de improcedencia
de la acción. Para el efecto, señaló que no se reúne el requisito de relevancia
constitucional, ni se incurrió en ninguno de los defectos invocados por el accionante.
19. Ratificó los argumentos de la decisión de cierre, los cuales encuentran
sustento en que el retiro del actor estuvo precedido de recomendación de la Junta
de Evaluación y Clasificación de la Policía Nacional, en donde además se destacó
que las anotaciones positivas, condecoraciones y felicitaciones consignadas en la
hoja de vida no confieren fuero inamovible.
20. Expuso que la solicitud del actor no tiene sustento jurídico y se orienta a
reabrir una discusión que culminó en el proceso ordinario.
1.6.2. Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena
21. Se limitó a remitir copias del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con radicado 13001-33-33-003-2019-00136-01.
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1.6.3. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
22. Reitero que la motivación de los actos administrativos de recomendación y
de retiro del accionante fue debidamente sustentada, teniendo en cuenta que se
fundaron en el criterio de mejoramiento del servicio o pérdida de la confianza. Esto,
porque el señor Carrillo González se vio inmerso en múltiples comportamientos
contrarios al ejercicio de sus funciones, incumplimiento con las exigencias propias
del cargo.
23. Destacó las consideraciones efectuadas por la autoridad judicial accionada
en la providencia ordinaria, para referir que el acto se cimentó en hechos reales,
objetivos y proporcionales.
24. En todo caso, mencionó que la solicitud de amparo debe declararse
improcedente pues busca un nuevo juicio de valor que le sea favorable, sin que
medien argumentos constitucionales o un perjuicio irremediable.
1.7. Sentencia de primera instancia
25. En sentencia del 17 de octubre de 20233, la Sección Tercera, Subsección A
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional. Esto, por los siguientes motivos:
26. Respecto al defecto fáctico, consideró que el accionante busca un nuevo
análisis de los aspectos definidos por el juez ordinario. Esto es así, porque los
argumentos traídos en sede de tutela fueron, a su vez, formulados en el recurso de
apelación presentado contra la decisión adoptada el 16 de marzo de 2021.
Reproches que fueron analizados y zanjados por la autoridad judicial accionada en
providencia del 28 de noviembre de 2022.
27. De ahí, expuso que el tribunal hizo un análisis completo, adecuado y
coherente del caso, sin desconocer o interpretar de manera irracional alguna de las
pruebas, empleó la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso y, no obstante,
no logró desvirtuar la legalidad de los actos demandados.
28. En ese punto, refirió que la tutela no es un mecanismo cuya finalidad sea la
de revisar las bases del debate judicial para definir como una tercera instancia la
controversia suscitada.
29. Aunado a ello, consideró que el defecto sustantivo «por desconocimiento del
precedente judicial» no contenía la carga argumentativa necesaria, comoquiera que
no refirió las razones por las cuales las providencias citadas constituían precedente
judicial.
3 Esta decisión fue notificada el 20 de octubre de 2023. Cfr. Índice SAMAI N. º17. Exp. 11001-03-15-
000-2023-04749-00.
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1.8. Impugnación
30. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia. Solicitó
revocar la decisión de primera instancia y en su lugar amparar los derechos
fundamentales de la parte accionante4.
31. Al efecto, iteró los argumentos del escrito de tutela relacionados con el
defecto fáctico. Además, expuso que el a quo incurrió en desconocimiento del
precedente constitucional fijado en las sentencias C-590 de 2005 y SU-116 de 2019.
Esto, porque a su juicio el asunto si goza de relevancia constitucional comoquiera
que comporta una violación al derecho al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, al trabajo y al mínimo vital.
32. Finalmente, expuso nuevamente las razones por las que se acreditan los
requisitos generales de tutela contra providencia judicial.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.1. Competencia
33. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 17 de octubre de
2023 por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.
1.2. Legitimación en la causa
34. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
35. La Sala advierte que el señor Jhoan Darío Carillo González se encuentra
legitimado en la causa por activa. Esto porque integró el extremo accionante en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la
providencia aquí cuestionada.
36. Por su parte, esta Colegiatura advierte que el Tribunal Administrativo de
Bolívar se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial
que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.
1.3. Problema jurídico
4 El escrito fue radicado
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37. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida por la Sección Tercera, Subsección A de esta
Corporación el 17 de octubre de 2023.
38. Para ello, se deberá resolver si concurren los requisitos generales de
procedibilidad y en caso afirmativo dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Tribunal
Administrativo de Bolívar vulneró los derechos fundamentales invocados por la
parte accionante, con la expedición de la providencia del 28 de noviembre de 2022
que confirmó en sede de apelación la providencia del 16 de diciembre de 2021
dictada por el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena, que negó las súplicas
de la demanda?
1.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
39. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20125. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema6. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales7.
40. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 8. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia9 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial10.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
10 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
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41. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
42. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.
43. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
44. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.6. Análisis sobre el requisito general de relevancia constitucional
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
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70. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el
término «relevancia constitucional» en la sentencia C-590 de 200511. En esta
providencia se señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es
procedente cuando se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad,
dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia,
en aquella oportunidad se advirtió:
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como
ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que
entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes12. (Subrayado fuera de texto).
71. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado
significativos avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se
cumple con esta exigencia. Así, en la sentencia SU-215 de 202213, el Alto Tribunal
unificó los criterios que se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste
o no de relevancia constitucional.
72. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto del 201414, adoptó de manera
expresa la posición de la Corte Constitucional establecida en la sentencia C-590 de
2005 sobre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.
73. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló
que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de
11
Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal
Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la acción
de tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión a ella, al
señalar que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b) que no se
instituyó para controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una decisión judicial;
c) que no es procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto, bajo el entendido que
las discusiones de orden legal escapan del radio de acción de garantías superiores.
12 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
13 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en
primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de
una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo
órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional
esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo
anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política
o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal;
(iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga
argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos
fundamentales invocados.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a
otras jurisdicciones.
74. Finalmente, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 15
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que
los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda
advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional.
75. De esta manera, esta Sala de Decisión planteó que el estudio de la relevancia
constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte
Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible
de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
76. Con tales precisiones, debe recordarse que la parte accionante atribuye al
Tribunal Administrativo de Bolívar, haber incurrido en una indebida valoración
probatoria y, a su vez, en desconocimiento del precedente judicial aplicable a la
situación en particular.
77. En ese orden, esta Sala de Decisión anticipa que confirmará la decisión
adoptada por el juez de la primera instancia. Esto, porque el asunto carece de
relevancia constitucional, conforme se expone a continuación.
78. Con relación al cargo expuesto por la accionante relacionado con la indebida
valoración probatoria, se indicó en el escrito petitorio que, el Tribunal al resolver el
recurso de apelación, ignoró que en el expediente obraban elementos de prueba
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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que permitían inferir que el señor Carrillo González tuvo un desempeño destacado
al interior de la Policía Nacional.
79. Hizo hincapié en las anotaciones positivas que obran en su hoja de vida, la
certificación de evaluación de la capitán Diana Marcela Aranzalez González y el
oficio del 17 de mayo de 2019 expedido por el departamento de Policía de Nariño.
Ello para referir que desarrolló sus funciones de manera óptima.
80. Al constatar los argumentos elevados al momento de interponer recurso de
apelación contra la decisión de primera instancia en el proceso ordinario, la Sala
advierte con detenimiento que son los mismos a los que ahora, vía acción de tutela,
pretende hacer valer.
81. Nótese que, en dicha oportunidad, el apoderado del accionante relacionó
alrededor de 177 anotaciones de su hoja de vida, en las que constan alrededor de
63 positivas, con sus respectivos porcentajes. Esto en los mismos términos del
escrito de tutela y de impugnación. Además, expuso:
Para tomar la decisión de retirar a mi representado del cargo, el comité evaluador
apreció algunas anotaciones negativas contenidas en los informes de los años 2016,
2017 y 2018, sin embargo, dejó de lado las anotaciones positivas que lo favorecían
por superar aquellas por mucho. Tampoco se tuvieron en cuenta las calificaciones
contenidas en los informes que daban cuenta del buen rendimiento del oficial de
policía en la prestación del servicio.16
82. De igual manera, al constatar el problema jurídico trazado por el Tribunal
Administrativo de Bolívar en la providencia reprochada, se avizora a simple vista
que la autoridad judicial se ocupó de verificar si el a quo ignoró las anotaciones
positivas consignadas en los formularios de seguimiento del actor y los demás
elementos de prueba. Para ello, elaboró un recuento de los elementos de convicción
necesarios para dilucidar la controversia referida, con especial énfasis en los
señalados por el señor Carrillo González en la alzada y las consideraciones
efectuadas por el fallador de primer grado.
83. No obstante lo anterior, concluyó que le asistía razón al a quo al negar las
pretensiones pues a pesar de que obraban elementos satisfactorios relacionados
con su desempeño laboral, lo cierto es que, con las particularidades propias de su
hoja de vida, era del caso la recomendación de su retiro. Recordó la naturaleza del
cargo, del sistema de funciones piramidal, el carácter discrecional de las
recomendaciones y de los derechos que se desprendían de sus calificaciones.
84. En esos términos, contrario a las apreciaciones realizadas por el accionante,
para esta Sección los argumentos esgrimidos apuntan en realidad a convertir este
mecanismo constitucional en una tercera instancia, tal y como fue advertido por la
16 Cfr. índice 9 Samai. Exp. 11001-03-15-000-2023-04749-00. Proceso ordinario rad.13-001-33-33-
003-2019-00136-01 – recurso de apelación.
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Sección Tercera, Subsección A de la corporación. Como fue visto, los reproches
aducidos en el escrito de tutela son los que fueron zanjados por el tribunal acusado
en el marco de sus competencias, sin que se advierta de manera a priori una
omisión palmaria de las reglas de la sana critica.
85. Mal haría el juez constitucional en flexibilizar el principio de seguridad jurídica
y de legalidad que les asiste a las providencias judiciales, para efectuar un nuevo
análisis del acervo probatorio porque el accionante está en desacuerdo con la
decisión, máxime cuando se evidencia que esta acción no se instauró para
desarrollar o establecer el alcance de una garantía superior, sino que se acudió al
amparo para insistir en los fundamentos ventilados ante los jueces administrativos,
lo cual, torna improcedente la intervención de este dispositivo constitucional17.
86. Así las cosas, para la Sala los argumentos presentados por la parte actora
en torno al defecto fáctico en realidad solo buscan que el juez constitucional retorne
a un asunto que fue zanjado por el juez ordinario de la causa.
87. Ahora bien, en lo que concierne al desconocimiento del precedente el
escenario es similar, pues a juicio de este fallador el asunto tampoco reviste de
relevancia constitucional.
88. A criterio de la parte actora, el Tribunal Administrativo de Bolívar al conocer
en segunda instancia del proceso contencioso-administrativo ignoró las sentencias
SU-091 de 2016 y SU-172 de 2015 de la Corte Constitucional.
89. Frente al particular, debe recordarse que esta Sección ha considerado que la
parte que invoca el desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir con la
carga mínima de identificar en su proceder argumentativo: (i) la decisión que
considera desatendida; (ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso
que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la
incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
90. Aunque la parte accionante cumple con la carga de identificar las
providencias que alude como desconocidas en la sentencia objeto de análisis, lo
cierto es que no se esboza la regla de derecho que resultaba aplicable a su caso
concreto, ni los argumentos que tienden a demostrar porque esa sentencia
resultaba aplicable a su situación particular. Por el contrario, se limitó a citar
apartados de las mismas relacionados con que el acto de retiro debe cumplir los
requisitos de proporcionalidad y razonabilidad.
91. Con tales precisiones, se tiene que, este cargo tampoco supera el requisito
de relevancia constitucional, en la medida que no se cumple la carga argumentativa
necesaria para que esta Sala advierta la vulneración a los derechos fundamentales
17 Corte Constitucional, sentencias SU-134 de 20222, SU-215 de 2022, SU-103 de 2022 y SU-573
de 2019.
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del accionante y que, en consecuencia, se haga necesario el estudio de fondo de
este cargo respecto a la sentencia reprochada.
92. En este punto, resulta oportuno traer a colación que en la sentencia SU-157
de 2022, el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional insistió en la necesidad
de que se cumpla con el requisito de la carga argumentativa mínima porque es un
deber del interesado «justificar razonablemente la existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental»18.
93. En ese orden de ideas, se estima que los argumentos en torno al
desconocimiento de precedente no expresan en realidad las razones mínimas por
las que consideraron que la autoridad judicial accionada había incurrido en el
defecto, más allá de señalar argumentos de instancia que ya fueron objeto de debate
en sede ordinaria.
2.7. Conclusión
94. Con base en lo expuesto, se confirmará la sentencia de primera instancia de
17 de octubre de 2023 que declaró improcedente las pretensiones acción de tutela,
por no acreditar el cumplimiento del requisito general de la relevancia constitucional
en relación con los cargos por defecto fáctico y desconocimiento del precedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida 17 de octubre de 2023 por la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, que declaró improcedente
la acción de tutela, de conformidad con lo expuesto.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
18 Ibíd.
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.
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