Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04794-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04794-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04794-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
17 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04794-00
Accionante: Jhoan Darío Carrillo González
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Tercera instancia – la parte
actora pretende reabrir el debate al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez
natural.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por el señor Jhoan Darío Carrillo
González contra el Tribunal Administrativo de Bolívar.
I. ANTECEDENTES
A. La demanda y sus fundamentos
1.- El 4 de septiembre de 2023, el señor Jhoan Darío Carrillo González presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar con el fin de que se deje
sin efectos la sentencia de 28 de noviembre de 20222, proferida por dicha autoridad
judicial en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3 que
promovió contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.
2.- Dicho proceso fue iniciado con el propósito de que declarara la nulidad del Acta
012 - ADEHU - GRUAS- 2.25 // APROP - GRURE - 3.22, del 21 de noviembre de
2018, por la cual se consideró viable recomendar al Gobierno Nacional el retiro del
accionante por la causal de retiro "voluntad del Gobierno Nacional", así como de la
Resolución 9148 del 27 de diciembre de 2018, mediante la cual se hizo efectivo dicho
retiro.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Notificado el 24 de mayo de 2023.
3 Radicado: 13001-33-33-003-2019-00136-01
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04794-00
Accionante: Jhoan Darío Carrillo González
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
3.- En primera instancia, el asunto fue resuelto por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Cartagena, quien en fallo de 16 de diciembre de 2021
negó las pretensiones, al considerar que no se configuraron los cargos de nulidad
invocados en la demanda. Estimó que el retiro discrecional obedeció a la
recomendación dada por la respectiva Junta Asesora, sustentada en las anotaciones
realizadas en los formularios de seguimiento del actor, debido al incumplimiento de
objetivos concertados para cada anualidad. Además, afirmó que las felicitaciones y
condecoraciones que reposan en su hoja de vida no le confieren fuero de estabilidad,
puesto que la Policía Nacional debe propender por la prestación eficiente del servicio,
el cual, fue el motivo que sustentó su retiro del servicio.
4.- El Tribunal Administrativo de Bolívar, en sentencia de 28 de noviembre de 2022
confirmó la decisión de primera instancia. Explicó que el único punto de
inconformidad del actor estuvo relacionado con la indebida valoración de las
anotaciones positivas y felicitaciones consignadas en su hoja de vida, por parte del
a quo. Conforme a ello, manifestó que en la sentencia censurada sí se analizó lo
referente a las anotaciones positivas y felicitaciones consignadas en la hoja de vida
del demandante, y ello correspondió al análisis del cargo de nulidad por falsa
motivación; no obstante, tal como lo explicó el juez de primera instancia, las
mentadas anotaciones no confieren fuero de inamovilidad al agente.
5.- Finalmente, adujo que la entidad no cuestionó la falta de idoneidad del señor
Jhoan Darío Carrillo González para el ejercicio de las funciones, sin embargo, como
se realizaron cuestionamientos que se vieron reflejados en su hoja de vida, a partir
del incumplimiento de objetivos concertados para cada anualidad, aquello hizo que
no existiera una excelencia en la prestación del servicio, y fue la base de su retiro.
6.- En su escrito de tutela el accionante indica que la autoridad judicial vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, mínimo vital y acceso
a la administración de justicia, así como los principios de confianza legítima,
seguridad jurídica y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, al incurrir en
los siguientes defectos:
7.- Defecto fáctico: Adujo que el tribunal accionado no valoró de forma adecuada
los siguientes documentos
(i). Informes de evaluación de desempeño Policial Código 2DH-FR-0008: El
estudio de las anotaciones consignadas en los mismos, fue parcializado en
tanto se dejó de tener en cuenta las positivas.
(ii). Certificación de evaluación dada por la capitán Diana Marcela Aranzalez
González: sus evaluaciones desde el año 2007 fueron siempre destacadas, lo
que denota que es un oficial destacado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04794-00
Accionante: Jhoan Darío Carrillo González
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
(iii). Oficio del 17 de mayo de 2019: el contenido de dicho documento permite
concluir que no era posible exigirle el comportamiento que dio lugar a dos de
las anotaciones negativas que se consignaron en su hoja de vida.
8.- Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial: Citó
apartes de las sentencias SU-091 de 2016 y SU-172 de 2015 proferidas por la Corte
Constitucional, relacionadas con el retiro del servicio por voluntad del Gobierno.
9.- Igualmente expuso que la resolución que ordenó su retiro no fue motivada
suficientemente, dado que únicamente se hizo alusión a la potestad discrecional y
las escasas anotaciones negativas en su hoja de vida, sin tener en cuenta de manera
todas las anotaciones, y sin informársele las razones objetivas y hechos ciertos en
los que se sustentó tal decisión. En ese sentido, estima que no existió
proporcionalidad entre la medida adoptada y sus escasas faltas. Y concluyó que la
desvinculación no obedeció a razones del servicio, en tanto mostraba un excelente
desempeño.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
10.- Por auto del 6 de septiembre de 20234, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad judicial demandada, y se vinculó a la Nación – Ministerio de
Defensa –Policía Nacional, como tercero interesado. Así mismo, se ordenó
comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo
de su cargo.
(i) Tribunal Administrativo de Bolívar5
11.- Manifestó que el actor esquematiza con porcentajes su desempeño, endilgando
omisiones al aspecto cuantitativo y proponiendo un ejercicio de promediar cuantas
anotaciones negativas le fueron consignadas en relación con las felicitaciones
obtenidas; todo lo cual supone un cuestionamiento desde el control de legalidad que
se agotó con las respectivas sentencias de instancia.
12.- Aunado a ello, adujo que el despacho se ratifica en los argumentos y razones
que quedaron consignados en la decisión de cierre, la cual encuentra sustento en
que el retiro del servicio del actor por voluntad de la dirección nacional, estuvo
precedido de la recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación de la Policía
Nacional con su respectivo trámite; enfocándose el estudio en la verificación de las
condiciones de razonabilidad de dicha decisión, tal y como lo dispuso la reciente
jurisprudencia del Consejo de Estado, donde además se destacó que las
anotaciones positivas, condecoraciones y felicitaciones consignadas en la hoja de
vida del agente, así como excelentes calificaciones, en modo alguno confieren fuero
de inamovilidad. Estas situaciones si bien demuestran la idoneidad para el ejercicio,
4 Notificada el 11 de septiembre de 2023.
5 Contestación enviada a través de correo electrónico el 13 de septiembre de 2023, consta de 3 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04794-00
Accionante: Jhoan Darío Carrillo González
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
se ven superadas por anotaciones que ponen en duda el compromiso del agente con
la institución y la prestación del servicio.
(ii) Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional6
13.- Manifestó que mediante Acta Nro. 012-ADEHU-GRUAS-2.25 // APROP-
GRURE-3.22, del 21 de noviembre de 2018 proveniente de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, se estableció la motivación
por la cual se retiró del servicio activo al señor Jhoan Darío Carrillo González,
cumpliéndose con los parámetros establecidos por la normatividad y por los altos
tribunales para adoptar la medida.
14.- Indicó que el retiro del accionante fue fundado en el mejoramiento del servicio
y pérdida de la confianza, teniendo en cuenta que al estar adscrito a la Policía
Metropolitana de Cartagena, se vio inmerso en múltiples comportamientos contrarios
al ejercicio de sus funciones incumpliendo las exigencias propias del cargo, al ser
objeto de registro de anotaciones en el formulario de seguimiento por incumplimiento
de órdenes, falta de resultados operativos, omisión en acciones de trabajo en equipo,
compromiso, servicio y control del personal bajo su mando, inadecuado uso de las
herramientas informáticas motivos determinantes de la pérdida de la confianza y de
la afectación del servicio de Policía por el hoy tutelante.
15.- Precisó que las solicitudes del actor no tienen mérito de prosperidad, pues
además de no tener ningún sustento jurídico, se orientan a reabrir una discusión que
ya culminó en el proceso ordinario, de ahí que se deba declarar la improcedencia del
amparo.
II. CONSIDERACIONES
C. La acción de tutela contra providencias judiciales
16.- El Consejo de Estado ha enunciado de manera consistente y reiterada, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales7. Así, tales requisitos se refieren, a: (i) que la cuestión que
se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado
todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de
manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que
esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.
6 Contestación enviada a través de correo electrónico el 13 de septiembre de 2023, consta de 7 folios.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017,
exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04794-00
Accionante: Jhoan Darío Carrillo González
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
17.- La relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto
que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que
el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el
ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no
puedan relacionarse con un derecho constitucional8.
18.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario
examinar dos elementos9: (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa dicha
relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de
derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole
constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya
fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada.
D. Análisis del caso concreto
19.- La lectura conjunta de la demanda de tutela, las pruebas allegada al proceso y
el expediente del proceso ordinario, permite advertir que el accionante acude a la
acción de tutela con el propósito de reabrir y continuar el debate surtido ante el juez
natural en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
en el que fue dictado el fallo enjuiciado.
20.- En el asunto objeto de estudio, resulta evidente que la parte demandante busca
un nuevo análisis de los aspectos definidos por el juez ordinario, pues varios de los
argumentos planteados en el escrito de tutela fueron, a su vez, formulados en el
recurso de apelación presentado contra el fallo de 16 de diciembre de 2021. Los
mismos se centraron en sostener que hubo una inadecuada valoración probatoria de
los Informes de evaluación de desempeño Policial en donde su puntaje era superior
a 1.185 puntos y tenía más anotaciones positivas que negativas.
21.- Dichos reproches fueron analizados por el Tribunal accionado en el fallo de 28
de noviembre de 2022, de la siguiente manera:
<<(…) Sea lo primero señalar, conforme se indicó en párrafos precedentes, la parte
demandante en su recurso de apelación se circunscribió censurar el fallo de primera
instancia, en tanto que, en su consideración, no realizó una correcta valoración de las
pruebas. Particularmente, se mostró inconforme con la omisión de valorar las
anotaciones positivas consignadas en los formularios de seguimiento del actor. Esa
inobservancia, en su sentir, genera que la decisión adoptada en el fallo apelado no se
amolde a los principios de proporcionalidad y racionalidad para el retiro del servicio de
agentes por voluntad de la Dirección Nacional.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
9 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Accionante: Jhoan Darío Carrillo González
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Precisado lo anterior, con arreglo al material probatorio allegado al proceso, se
encuentra probado que el señor Jhoan Darío Carrillo González, ostentaba el grado de
capitán de Policía Nacional, y desempeñaba el cargo de comandante de la Estación
de Policía del barrio los Caracoles, de la ciudad de Cartagena de Indias.
Seguidamente, está probado que cuando fungía como comandante de la Estación de
Policía del barrio los Caracoles, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional
para la Policía Nacional, en sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2018 y
protocolizada mediante acta 012 - ADEHU - GRUAS- 2.25 // APROP – GRURE, emitió
concepto en el que recomendó el retiro del servicio del señor Jhoan Darío Carrillo
González, pues luego de revisar su hoja de vida y formularios de seguimiento para los
años 2016 a 2019, halló que no cumplió en su integridad con las concertaciones de
gestiones realizadas para cada anualidad.
En consecuencia, la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional, dispuso el retiro
del servicio activo del señor Jhoan Darío Carrillo González, a través de Resolución
9148 del 27 de diciembre de 2018, por voluntad de la Dirección General, de acuerdo
al con concepto emitido por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional.
Coherente con lo anterior, revisada la sentencia de primera instancia, se encuentra
que en la misma se resolvió de forma detallada cada uno de los cargos de nulidad
propuestos en la demanda, referente a violaciones de normas de orden constitucional
y legal. Este análisis satisface la regla de unificación trazada en la sentencia de
unificación CE – SUJ.SII-26-2022 de 7 de abril de 2022, bajo el entendido que se
analizaron las razones que se adujeron para el retiro del accionante, y fueron hallados
proporcionales y racionales. Frente a dicho a análisis, la parte demandante sólo mostró
inconformidad con relación a la presunta ausencia de valoración de las anotaciones
positivas y felicitaciones consignadas en la hoja de vida del actor.
Visto lo anterior, en consideración de la sala, la sentencia de primera instancia será
confirmada, a partir de los siguientes argumentos:
Revisada la sentencia censurada, encuentra la corporación, contario a lo afirmado en
el recurso, que sí se analizó lo referente a las anotaciones positivas y felicitaciones
consignadas en la hoja de vida del actor. Ciertamente, ello correspondió al análisis del
cargo de nulidad por falsa motivación. 42. Según se consignó en el fallo apelado, las
felicitaciones y anotaciones positivas en la hoja de vida, así como la idoneidad en el
ejercicio de las funciones, no confieren al uniformado fueron de estabilidad. Dicha
consideración fue sustentada a partir de diferentes pronunciamientos de la
Corporación de cierre de la jurisdicción.
Sin perjuicio de lo anterior, no debe perderse de vista que la estructura de la planta
global de la Fuerza Pública es de naturaleza piramidal. Tal situación conlleva a que,
con el paso del tiempo, al personal escalar a grados superiores, también se disminuya
de forma directamente proporcional, las plazas entre grados. Particularmente, en este
caso el actor estaba a la espera de ser llamado a curso para asenso al grado de mayor.
Sin embargo, se itera, a medida que aumentan los grados o rangos, también
disminuyen la cantidad de estos frente a los rangos inmediatamente inferiores.
De este modo, no basta para el personal que aspira ascender en la institución tener
calificaciones y anotaciones positivas en la hoja de vida, pues en realidad la entidad
debe propender por mantener en la institución, no sólo a este tipo de empleados, si
no, además, aquellos que muestren un grado cercano a la excelencia en la
prestación del servicio.
Precisamente, en el caso del señor Jhoan Darío Carrillo González, en modo alguno la
entidad, en sede administrativa, al igual que la juez a quo, a través de la sentencia
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censurada, indicaron que el actor no tuviera la idoneidad para el ejercicio de las
funciones. Sin embargo, si se realizaron cuestionamientos que se ven reflejados en su
hoja de vida, a partir del incumplimiento de objetivos concertados para cada anualidad.
Estos cuestionamientos fueron expuestos de forma precisa en el acta de la Junta
Asesora del Ministerio en la que se recomendó el retiro del demandante, los cuales,
tal como se indicó en el fallo apelado, le fueron puestos de presente para que ejerciera
su derecho de defensa.
De este modo, las afectaciones en su hoja de vida, a no dudarlo, no reflejan la
excelencia en la prestación del servicio sobre la misión institucional de la fuerza
pública. Es por ello que, a la Fuerza Pública se le conceden las facultades del retiro
del servicio de sus agentes cuando se advierta que es posible mejorar la prestación
del servicio, con el ascenso de empleados que tengan mayor compromiso con la
institución.
Para abundar en razones, conforme lo estableció el Consejo de Estado a través de la
sentencia de unificación citada en el marco normativo de esta providencia, las
anotaciones positivas y felicitaciones en la hoja de vida, no confieren fuero de
inamovilidad del agente. Ello, en atención a lo que se ha venido exponiendo, sobre la
excelencia en la prestación del servicio que siempre debe propender las Fuerzas
militares.
Basten los anteriores argumentos para confirmar la sentencia de primera
instancia, toda vez que la presunción de legalidad que reviste al acto acusado, no fue
desvirtuada por la parte accionante, por lo que su permanencia en el ordenamiento
jurídico es incuestionable (…)>>
22.- Bajo este escenario, no hay duda de que los argumentos antes mencionados,
expuestos por el señor Jhoan Darío Carrillo en la presente acción, fueron los mismos
que expresó en el proceso ordinario, los cuales, a su vez, fueron resueltos en su
totalidad por el Tribunal Administrativo de Bolívar en el fallo de 28 de noviembre de
2022; en el sentido de determinar que el juez de primera instancia sí analizó lo
referente a las anotaciones positivas y felicitaciones consignadas en la hoja de vida
del actor, y que ello correspondió al análisis del cargo de nulidad por falsa motivación.
Aunado a ello, también explicó de forma clara y concreta que las felicitaciones y
anotaciones positivas en la hoja de vida, así como la idoneidad en el ejercicio de las
funciones, no confieren al uniformado de forma alguna estabilidad o inamovilidad del
cargo.
23.- Sumado a lo anterior, precisó que los cuestionamientos que se ven reflejados
en la hoja de vida del actor, a partir del incumplimiento de objetivos concertados para
cada anualidad, permitieron a la Junta Asesora del Ministerio advertir situaciones
contrarias a la excelente prestación del servicio, que llevaron a recomendar el retiro
del demandante. Con fundamento en ello, el Tribunal recordó que a la Fuerza Pública
se le concede la facultad del retiro discrecional de sus agentes cuando se advierta
que es posible mejorar la prestación del servicio, por lo que aquello fue la base del
retiro del actor.
24.- En consonancia con lo anterior, la Sala advierte que la autoridad accionada hizo
un análisis completo, adecuado y coherente del caso, sin desconocer o darle una
interpretación irracional a alguna de las pruebas allegadas al plenario, empleando
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Accionante: Jhoan Darío Carrillo González
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las normas y jurisprudencia actual relacionada con el retiro del servicio por voluntad
del Gobierno Nacional; no obstante, de los mismos concluyó que el actor no logró
desvirtuar la legalidad de la resolución demandada. Por ende, a juicio de esta
Subsección no se advierte la vulneración de los derechos fundamentales alegados
por la parte actora.
25.- Se precisa, además, que fue esa instancia judicial la que tuvo a su cargo valorar
los alegatos de derecho y hecho que el demandante sometió a su consideración, así
como analizar las pruebas allegadas al plenario, sin que ahora quepa prolongar el
debate sobre los mismos, pues la acción de tutela es mecanismo principal, no
complementario al del medio control ordinario, y no tiene por fin revisar las bases del
debate judicial, para definir como instancia final las razones del derecho que se
debate o la interpretación probatoria realizada. De ahí que verificado que el malestar
que se formula contra la providencia judicial fue el mismo que se debatió y definió
ante los jueces de la causa, ningún espacio cabrá para el juez constitucional.
26.- Además de ello, frente al argumento relacionado con la indebida valoración del
oficio del 17 de mayo de 2019, a través del cual se pretende explicar que el actor no
contaba con medios tecnológicos y por ello no le era exigible el comportamiento que
determinó las anotaciones negativas del 3 de febrero de 2016, 11 de febrero de 2017
y 15 de febrero de 2017, situación que, su juicio, no fue tenida en cuenta por el
tribunal; la Sala advierte que dicho argumento tiene como finalidad discutir el
contenido de las mentadas anotaciones, y no una inadecuada valoración probatoria
realizada por la autoridad judicial accionada en el fallo acusado; por ende, es claro
que esa alegación no tiene relación alguna con el objeto del presente debate. Lo que
se censura es la supuesta configuración de un defecto fáctico al proferir el fallo de
28 de noviembre de 2022, no el contenido de las actas de evaluación del actor, las
cuales se dieron en el 2016 y 2017. Sumado al hecho que en el escrito de apelación
el actor guardó silencio frente a esta prueba y su valoración.
27.- Ahora, en relación con el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, se advierte una falta de carga argumentativa, pues el actor frente
a las sentencias citadas (SU-091 de 2016 y SU-172 de 2015) no hizo una explicación
tendiente a exponer por qué las mismas constituían precedentes aplicables a su
caso, es decir, la parte actora omitió precisar si los hechos, fundamentos de derecho,
problemas jurídicos a resolver y ratio decidendi eran similares y, por ende, aplicables
a su asunto. Máxime cuando la explicación dada en el mentado defecto va dirigida a
cuestionar que la resolución que ordenó el retiro del tutelante no fue motivada
suficientemente, y que el señor Carrillo contaba con un excelente desempeño del
servicio; alegatos que son propios del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento
del derecho, para desvirtuar la legalidad de la resolución acusada, y no de esta
acción constitucional.
28.- En ese contexto, se advierte que, no basta con que el accionante enuncie los
derechos presuntamente vulnerados y los defectos en que, a su sentir, incurrió la
autoridad accionada, sino que tal vulneración debe estar justificada, es decir, tener
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una carga argumentativa mínima, en la que se exprese con suficiencia las razones y
motivos que desde la perspectiva constitucional, revelan un juicio de desvalor de los
derechos fundamentales de quien la promueve de cara a la acción y definición que
ha adoptado el juez encargado por mandato constitucional de definir el derecho y,
se debe argumentar los motivos de la presunta vulneración.
29.- Así las cosas, para la Sala es claro que el actor acude a la acción de tutela con
el fin de continuar de forma indefinida con un debate que ya fue resuelto de manera
clara y razonable por los jueces naturales de la causa.
30.- De acuerdo con lo esbozado, las presuntas deficiencias alegadas respecto de
la decisión adoptada en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, responden,
en realidad, a una discrepancia valorativa sobre el resultado desfavorable del
proceso que no es susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad
especial, pues siempre que se trate de interpretaciones diversas y razonables, es el
juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al caso de que se trate,
conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su autonomía e
independencia.
31.- Por lo demás, no sobra mencionar que la jurisprudencia constitucional no ha
considerado factible la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, cuando quiera que estas se fundamentan en un determinado criterio
jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables a la causa
y en una valoración adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así,
habría una intromisión arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera
grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los
cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal10.
32.- Por todo lo anterior, habrá de declararse improcedente el amparo impetrado
por el señor Jhoan Darío Carrillo González.
33.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
10 Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04794-00
Accionante: Jhoan Darío Carrillo González
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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