Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05812-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05812-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05812-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
20 de febrero de 2025
Demandante: Yolanda Eugenia Sarmiento Suárez
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05812-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05812-01
Demandante: YOLANDA EUGENIA SARMIENTO SUÁREZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Revoca por falta de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida en primer grado por la Sección Segunda, Subsección B, del
Consejo de Estado, el 19 de noviembre de 2024. En ese fallo se negaron las
pretensiones de la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La señora Yolanda Eugenia Sarmiento Suárez, actuando a nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y el
Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga1. Con la solicitud
de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la defensa.
2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica a las
providencias del 11 de octubre de 2021 y del 19 de septiembre de 2024 proferidas
por el Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal
Administrativo de Santander, en primera y segunda instancia, respectivamente. En
tales decisiones se negaron las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la accionante en contra de la Nación –
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (en adelante,
DEAJ)2.
1
La solicitud de amparo fue radicada el 14 de diciembre de 2024 a través de la ventanilla virtual del
Consejo de Estado.
2
Ello al interior del proceso identificado con el radicado 68001-33-33-012-2017-00081-01.
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Demandante: Yolanda Eugenia Sarmiento Suárez
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05812-01
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de
defensa vulnerados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Santander y
Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bucaramanga, mediante las
providencias emitidas dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del derecho
bajo el Radicado No. 680013333002 2017 00081 01.
2. Que como consecuencia de lo anterior se deje sin efecto los fallos proferidos en
primera y segunda instancia en fechas 11 de octubre de 2021 y 19 de septiembre de
2024 respectivamente. (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos
4. A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la presente sentencia:
5. La señora Yolanda Eugenia Sarmiento Suárez ingresó a trabajar en la Rama
Judicial el 9 de diciembre de 1988. En los años 2015 y 2016 se desempeñó como
juez 16 Civil Municipal de Bucaramanga.
6. Del 26 de enero al 18 de diciembre de 2015, del 1 al 26 de marzo de 2016,
del 1 al 15 de abril de 2016, y del 1 al 15 de mayo de 2016, la accionante estuvo
incapacitada, y durante los meses de enero a julio de 2015, recibió su sueldo básico,
bonificación judicial y demás emolumentos en su totalidad.
7. Mediante oficio DESRJ05571 del 9 de junio de 2016, la DEAJ le informó a la
señora Sarmiento Suárez que se le había pagado en exceso los emolumentos
salariales y prestacionales, debido a que no informó oportunamente sobre las
incapacidades generadas en el año 2015. Por ello, le solicitó el reintegro de la suma
de $13.331.973.
8. Luego, en oficio DESAJUBUR16-5275 del 14 de octubre de 2016, la DEAJ le
reliquidó la deuda y ordenó el reintegro mediante un descuento de $9.394.940 por
concepto de diferencias en la liquidación de: i) sueldos, ii) prima especial y de
servicios, y iii) bonificación de servicios.
9. El anterior acto administrativo fue confirmado en sede de apelación, mediante
Resolución No. DESAJBUC15-5482 del 21 de noviembre de 2018.
10. Por los anteriores hechos, la señora Sarmiento Suárez ejerció el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Solicitó que se anulara la
Resolución DESAJUBUR16-5275 del 14 de octubre de 2016 y los actos fictos
generados por el silencio administrativo negativo de:
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A) El recurso de apelación interpuesto el 26 de octubre de 2016 contra dicha
Resolución y;
B) La petición del 24 de mayo de 2016 que buscaba obtener la reliquidación de sus
cesantías del año 2015, su bonificación especial por productividad y la prima
especial de servicios.
11. La demanda correspondió en primera instancia al Juzgado 12 Administrativo
del Circuito Judicial de Bucaramanga. Esta autoridad judicial dictó la sentencia del
11 de octubre de 2021, en la que negó las pretensiones de la demanda. En concreto,
estimó que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de tales actos
administrativos, en la medida que; a partir del día 4 al 180 de su incapacidad, tenía
derecho a percibir una remuneración por auxilio por enfermedad de las 2/3 partes
de su asignación salarial y no de su remuneración salarial, dado que, durante su
licencia estaba temporalmente retirada del servicio.
12. Inconforme con la anterior decisión, la demandante interpuso recurso de
apelación. Como fundamento de la alzada, puso de relieve que el error
administrativo en que incurrió la autoridad le generó una confianza legítima basada
en la presunción de legalidad de los actos administrativos, por lo que no podía
posteriormente limitarse a alegar su propia culpa para recuperar un dinero recibido
de buena fe, sin que se probara lo contrario, máxime cuando sí presentó sus
incapacidades en tiempo.
13. El conocimiento de la segunda instancia correspondió a la Tribunal
Administrativo de Santander, quien mediante providencia del 19 de septiembre de
2024 confirmó la decisión adoptada por el a quo.
14. Como fundamento de su decisión, estimó que la señora Sarmiento Suárez
recibió, en efecto, pagos en exceso durante sus periodos de incapacidad en 2015 y
2016, ya que recibió el 100% de su salario, en lugar del 66.6%, como correspondía
legalmente a partir del día 4 de su incapacidad. En ese orden, indicó que los pagos
en exceso no se fundamentaron en un acto administrativo y tampoco generaban
derechos adquiridos, dado que fueron producto de un error en el sistema de nómina
«Kactus», pues la incapacidad se informó de manera tardía.
15. Por lo anterior, estimó que la administración tenía la facultad y el deber de
corregir el yerro operativo y recuperar los pagos realizados en exceso, como
efectivamente lo hizo.
16. En lo que respecta a las pretensiones de nulidad de los actos fictos derivados
del silencio administrativo, adujo que no había operado tal fenómeno pues la entidad
sí se pronunció respecto a sus peticiones en oficios del 29 de junio y del 12 de
octubre de 2016. No obstante, tales actos no fueron objeto de demanda.
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1.4. Sustento de la vulneración
17. En sentir de la parte actora, las decisiones proferidas en primera y segunda
instancia incurrieron en una «vía de hecho». Alegó que el error del sistema Kactus
no le era imputable, dado que no tuvo injerencia alguna, y en que se omitió el deber
de darle aplicación a la regla del derecho según la cual «no se escucha a quien
alega su propia culpa».
18. En lo que respecta a este último punto, manifestó que, pese a no hay
jurisprudencia abundante de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado sobre
dicho principio, este sí era aplicable al caso concreto dado que guarda
compatibilidad con las disposiciones de la Constitución Política de 1991; en
particular, el artículo 95, que se refiere al deber de respetar los derechos ajenos y
no abusar los propios, así como, al de buena fe.
1.5. Trámite de primera instancia
19. En auto del 30 de octubre del 2024, la magistrada ponente de primera
instancia admitió la acción de tutela de la referencia. En consecuencia, ordenó la
notificación del Tribunal Administrativo de Santander y del Juzgado 12
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga. Adicionalmente, dispuso la
vinculación de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.
1.6. Intervenciones e informes
1.6.1. Tribunal Administrativo de Santander
20. A través de la magistrada titular del despacho judicial, solicitó que se nieguen
las pretensiones de la tutela. Expuso que la decisión es ajustada a derecho, toda
vez que se profirió en cumplimiento del régimen normativo y probatorio aplicable al
caso.
21. Asimismo, señaló que la solicitud de amparo es una reiteración de los
argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación frente a: i) el
deber de la administración de incorporar oportunamente las incapacidades en el
sistema Kactus, ii) la ausencia de culpa, iii) la regla de derecho según la cual «no
se escucha a quien alega su propia culpa» y iv) el principio de buena fe. Por ende,
lo perseguido es hacer de esta, una tercera instancia.
1.6.2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bucaramanga
– Santander.
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22. La autoridad indicó que el trámite adelantado en sede ordinaria fue ajustado
a derecho; especialmente, las sentencias de primera y segunda instancia, en las
cuales se reconoció su facultad y deber de corregir el yerro frente a los pagos
excesivos que se le realizaron a la aquí accionante.
23. Solicitó que se declare la improcedencia de la tutela, toda vez que no se
advierte vulneración alguna de los derechos de la accionante y lo pretendido es que
se surta una tercera instancia en la que se despachen favorablemente las
pretensiones de la demanda. Ello, máxime cuando el sustento de la vulneración se
fundamentó en que las decisiones reprochadas tienen «vías de hecho» y aquella
teoría fue destacada desde hace varios años y no se ocupó por comprobar los
requisitos generales y específicos de procedencia de la tutela.
24. De otro lado, recalcó el carácter excepcional de la acción de tutela, e hizo
hincapié en que solo resulta procedente para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable, sin que en el presente caso se argumentara.
1.6.3. Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga
25. La autoridad judicial realizó una exposición sobre el trámite impartido al
medio de control. En seguida, se pronunció sobre los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Al respecto, enfatizó
en que el asunto no acredita el presupuesto de la relevancia constitucional, dado
que versa sobre un asunto económico de raigambre netamente legal y la
demandante busca un tercer pronunciamiento.
26. Aunado a lo anterior, mencionó que la parte no identificó de manera
razonable los hechos y tampoco acreditó el requisito de la subsidiariedad, pues
cuenta con el recurso extraordinario de revisión. De otro lado, expuso que la señora
Sarmiento Suárez no señaló la existencia de una irregularidad determinante en la
vulneración de derechos fundamentales deprecada y lo único a lo que hizo
referencia fue a una presunta «vía de hecho». En vista de ello, solicitó la declaratoria
de improcedencia de la acción de tutela.
1.6.4. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
27. Luego de hacer un recuento de la naturaleza de la acción de tutela contra de
providencias judiciales, refirió que el medio de control fue tramitado con observancia
de las directrices constitucionales y legales y en salvaguarda de los principios que
regulan el debido proceso. También manifestó que la solicitud de amparo se
interpuso para revivir un debate ya agotado y para obtener una opinión diversa a la
que ya emitió la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
28. En ese orden de ideas, solicitó que se despache en sentido desfavorable la
solicitud de amparo y se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva de
dicha autoridad.
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1.7. Sentencia de primera instancia
29. En sentencia del 19 de noviembre de 20243, la Sección Segunda, Subsección
B del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo constitucional. Como
fundamento de su decisión, expuso que los reparos de la señora Sarmiento Suárez
podrían encuadrarse en un defecto por violación directa de la constitución, toda vez
que se centran en el desconocimiento de la regla «no se escucha a quien alega su
propia culpa». Por ello, estimó que el asunto acredita el requisito general de la
relevancia constitucional.
30. Acto seguido, el a quo realizó un estudio de fondo en relación con el defecto
aludido y encontró que, pese a que la accionante demostró al interior del proceso
ordinario que su actuar fue producto de la buena fe, lo cierto es que no se comprobó
la mala de fe la entidad al pagarle de más. En ese sentido, no era posible darle
aplicación a la regla de «no se escucha a quien alega en su propia culpa».
31. Refirió que las autoridades judiciales actuaron conforme a derecho, dado que
le dieron la oportunidad de pronunciarse durante todo el trámite, al igual al extremo
demando, respecto de quien también se corroboró su buena fe. Por lo tanto, adujo
que el Tribunal Administrativo de Santander no incurrió en violación directa de la
Constitución, puesto que actuó conforme a derecho, al no desconocer alguna
garantía fundamental.
1.8. Impugnación
32. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia. Solicitó que se
revocara y, en su lugar, se accediera al amparo sus derechos fundamentales.
33. Iteró los cargos presentados en el escrito de tutela. Para el efecto, expuso
que, de haber existido unos pagos en exceso, tal circunstancia no le era imputable,
dado que la administración tuvo información de sus incapacidades. Y, en lo que
respecta al argumento del a quo relacionado con la mala fe de la autoridad
demandada en el proceso ordinario, refirió que ese no era asunto que le
correspondiera acreditar.
34. De otro lado, señaló que las autoridades judiciales accionadas desconocieron
el precedente y no resolvieron de fondo sus pretensiones. En este punto, citó
extractos jurisprudenciales relacionados con dicho requisito específico de
procedencia de la tutela.
3
Esta decisión fue notificada el 20 de octubre de 2023. Cfr. Índice SAMAI N. º17. Exp. 11001-03-15-
000-2023-04749-00.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
35. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 19 de noviembre de
2024 por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Cuestiones previas
36. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial alegó su falta de
legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, se negará la solicitud propuesta,
dado que su vinculación fue realizada en calidad de tercero con interés, y no como
parte accionada, por haber sido la autoridad demandada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la tutelante.
37. De otro lado, la Sala advierte que el actor adjudica tanto al Tribunal
Administrativo del Santander, como al Juzgado 12 Administrativo del Circuito
Judicial de Bucaramanga, la vulneración de sus garantías constitucionales con
ocasión de las providencias proferidas el 11 de octubre de 2021 y el 19 de
septiembre de 2024, respectivamente.
38. No obstante, esta Sala de decisión se limitará a analizar la providencia
proferida el 19 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Santander,
comoquiera que fue la que puso fin al medio de control con radicado 68001-33-33-
012-2017-00081-01.
2.3. Legitimación en la causa
39. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
40. La Sala advierte que la señora Yolanda Eugenia Sarmiento Suárez está
legitimada en la causa por activa. Esto, porque integró el extremo demandante en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la
providencia aquí cuestionada.
41. Por su parte, esta Colegiatura advierte que el Tribunal Administrativo de
Santander y el Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga se
encuentran legitimados en la causa por pasiva al ser las autoridades judiciales que
profirieron las decisiones reprochadas en esta oportunidad.
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2.4. Problema jurídico
42. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida por la Sección Segunda, Subsección B de esta
Corporación el 19 de noviembre de 2024.
43. Para ello, se deberá resolver si concurren los requisitos generales de
procedibilidad y, en caso afirmativo, dar respuesta al siguiente interrogante: ¿el
Tribunal Administrativo de Santander vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, con la expedición de la providencia del 19 de
septiembre de 2024 que confirmó la sentencia del 11 de octubre de 2021 dictada
por el Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga que negó las
pretensiones?
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20124. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema5. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales6.
45. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20147. En esta sentencia se
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
6
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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establecieron seis requisitos generales de procedencia8 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial9.
46. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
47. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.
8
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
9
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
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48. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
49. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.6. Análisis sobre el requisito general de relevancia constitucional
50. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que
los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda
advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional10.
51. De esta manera, esta Sala de Decisión en esta oportunidad, se planteó que
el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios
establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales
fueron acogidos por esta corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren
a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia.
52. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Yolanda Eugenia Sarmiento Suárez
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05812-01
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».
53. Asimismo, enfatizó que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda
de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía,
en la materialización del principio de igualdad».
54. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».
55. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir
si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional, de
conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines acogidos por
la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.7. Relevancia constitucional en el caso concreto
56. Con tales precisiones, la sala anticipa que revocará la decisión de primera
instancia proferida la Sección Segunda, Subsección B de esta corporación. Esto,
porque se considera que el asunto no supera el requisito general de la relevancia
constitucional.
57. Debe recordarse que la parte accionante atribuye al Tribunal Administrativo
de Santander haber incurrido en una «vía de hecho» por desconocimiento de la
regla de derecho que dicta «no se escucha a quien alega su propia culpa». Cargo
que fue encuadrado por el juez de la primera como un defecto por violación directa
de la Constitución.
58. Centró su argumentación en que su actuar siempre fue de buena fe, en la
medida que reportó sus incapacidades a tiempo y recibió los dineros bajo la creencia
de que tenía derecho a ellos.
59. Asimismo, en su escrito de impugnación iteró sus argumentos y, además,
señaló que la autoridad judicial accionada también desconoció el precedente judicial
sobre la materia.
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60. En ese orden de ideas, salta a la vista que, contrario a lo referido en primera
instancia, el asunto no supera el requisito de la relevancia constitucional. De un
lado, hay ausencia absoluta de carga argumentativa y, de otro, es evidente que lo
pretendido es que se emita un nuevo pronunciamiento sobre la controversia
ordinaria y que el mismo, sea favorable a las pretensiones de la señora Sarmiento
Suárez.
61. Se destaca que, la actora no encuadró sus reparos en ninguno de los
requisitos específicos establecidos por la jurisprudencia constitucional en lo que
respecta a la tutela contra providencia judicial. Y, sin perjuicio de que el cargo de
desconocimiento de la regla «no se escucha a quien alega su propia culpa» pueda
entenderse como una manifestación de la violación directa de la constitución, lo
cierto es que no se expuso mínimamente las razones por las cuales hay una tensión
iusfundamental que releve la necesidad de proteger las garantías que le asisten.
62. Debe recordarse que la Corte Constitucional ha establecido los supuestos de
configuración de este defecto, así:
[…] Así, se ha sostenido que esta figura se estructura cuando el juez en la
decisión desconoce la Carta. Ello puede ocurrir, primero, porque no se aplica
una norma fundamental al caso en estudio, lo cual se presenta porque: (a)
en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal
de conformidad con el precedente constitucional; (b) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron
derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación
conforme con la Constitución11.
63. No obstante, de la solicitud de amparo no es posible extraer algún argumento
que encuadre en los supuestos definidos por el alto tribunal constitucional y que,
por tanto, permitan inferir la relevancia constitucional de sus reparos y la necesidad
de hacer una excepción al principio de cosa juzgada que le asiste a la decisión acá
cuestionada.
64. Se pone de presente que formular un simple desacuerdo con una decisión
judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de una garantía fundamental, no
conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista
necesariamente relevancia constitucional. En estos casos, se requiere que en el
escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la
controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.
65. En realidad, se encuentra que lo pretendido en esta instancia, es que se
suplante la competencia del juez natural de la controversia, de manera que se
anulen los actos administrativos que le impusieron a la actora el deber de devolver
las sumas pagadas de más y a las que no tenía derecho. Este último aspecto,
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Corte Constitucional, sentencia SU-069 de 2018.
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demuestra que se pretende hacer de esta acción una tercera instancia, máxime
cuando versa en una cuestión de índole económica.
66. En este punto, conviene resaltar lo siguiente:
[…] la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de relevancia
constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente
económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictamente
privado o particular.[140]. Esto no significa, claro está, que jamás proceda la
tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental […] y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.12
67. Con tal precisión, la sala advierte que la presente controversia se limita a la
inconformidad de la parte actora con la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Santander. Esto, porque está en desacuerdo con las
consideraciones del operador jurídico en relación con la competencia y el deber de
la administración de corregir y recuperar el pago de sumas de dinero que no eran
correspondientes.
68. En este punto, se reitera que en materia de tutelas contra providencias
judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita
de los jueces naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por los
actores dentro del trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran solo los
argumentos del accionante en torno a los perjuicios a los que tiene derecho, sin el
contraste de un indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial, se
atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría la
demanda constitucional en una tercera instancia13.
69. Finalmente, en lo que respecta al cargo de desconocimiento del precedente
alegado en el escrito de impugnación, la Sala advierte que la parte actora, además
de alegar un hecho nuevo respecto del cual las accionadas no tuvieron oportunidad
de pronunciarse, ni siquiera cumplió con la carga de identificar las providencias que
alude como desconocidas en la decisión judicial cuestionada, la regla de derecho,
ni los argumentos que tienden a demostrar porque esa sentencia resultaba aplicable
a su situación particular.
70. Es necesario tener presente que, de acuerdo con la posición de la Sala, por
regla general, se entiende como precedente aquella sentencia o conjunto de
sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en
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Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de
diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.
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materia de patrones fácticos, problemas jurídicos y ratio decidendi que fija una regla
para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el caso reciente14.
71. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos15 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.
72. En consecuencia, este defecto se configura cuando una autoridad se aparta
del precedente establecido por los tribunales de cierre, sin cumplir con la carga de
justificar de forma suficiente y razonada por qué no va a aplicar aquel.
70. Con tales precisiones, se tiene que, este cargo tampoco supera el requisito
de relevancia constitucional, en la medida que no se cumple la carga argumentativa
necesaria para que esta Sala advierta la vulneración a los derechos fundamentales
del accionante, y que, en consecuencia, se haga necesario el estudio de fondo de
este cargo respecto a la sentencia reprochada.
73. En ese orden, esta Sala revocará la decisión de primera instancia adoptada
por la Sección Segunda, Subsección B de esta colegiatura. Esto, porque el asunto
carece de relevancia constitucional, porque no acredita la carga argumentativa
necesaria y está dirigido a una que esta acción constitucional se convierta en una
nueva instancia en la que se discuta un tema eminentemente económico. Por ende,
la tutela resulta improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de falta de legitimación en la causa por pasiva
elevada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 19 de noviembre de 2024 proferida por la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, que negó la solicitud de
amparo. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela, por falta de
relevancia constitucional.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de
julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
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TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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