Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06910-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06910-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06910-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
11 de abril de 2024
Demandante: José James Bedoya Castro
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06910-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06910-01
Demandante: JOSÉ JAMES BEDOYA CASTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS
Tema: Tutela contra providencia judicial – confirma – falta de
relevancia constitucional y niega.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida en primera instancia por la Sección Tercera, Subsección B
del Consejo de Estado, el 19 de febrero de 2024. En ese fallo se declaró
improcedente la acción de tutela por no superar el cargo de defecto sustantivo el
requisito de la relevancia constitucional y se negó el defecto procedimental.
1. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor José James Bedoya Castro, actuando a través de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas1. Con
la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso, trabajo y acceso a la administración de justicia.
2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica a la providencia
del 11 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas. En dicha
decisión se revocó la decisión del 4 de noviembre de 2020 proferida por el Juzgado
3° Administrativo de Manizales, que ordenó seguir adelante con la ejecución en
contra del municipio de Manizales, para en su lugar, declarar probada la excepción
de pago total de la obligación y negar las pretensiones de la demanda2.
1.2. Pretensiones
1
La solicitud de amparo fue radicada el 14 de noviembre de 2023 a través de la ventanilla virtual del
Consejo de Estado.
2
Ello al interior del proceso ejecutivo identificado con el radicado 17001-33-33-003-2018-00535-02.
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Demandante: José James Bedoya Castro
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
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3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
PRIMERO. TUTELAR sus derechos fundamentales de cumplimiento de sentencias
judiciales, debido proceso, derecho al trabajo y acceso a la administración de
justicia, que están siendo vulnerados dentro del trámite judicial ejecutivo No.
170013339003-2018-00535-00, a raíz de la providencia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CALDAS – SALA PRIMERA DE DECISIÓN, que incurren en
defecto procedimental absoluto, defecto sustantivo, decisión sin motivación y
violación directa de la Constitución.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, se sirva ORDENAR a esta autoridad
judicial que revoque dicha decisión y se deje en firme el auto de seguir adelante con
la ejecución proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Manizales. (Sic a
toda la cita).
1.3. Hechos
4. A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la presente sentencia:
5. El señor José James Bedoya Castro promovió el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra el municipio de Manizales. La demanda tuvo
como pretensión el reconocimiento de las prestaciones sociales producto del trabajo
suplementario efectuado en el equipo de bomberos del ente territorial y consistente
en horas extras, recargo nocturno, dominicales y festivos, durante los años 2007 a
20133.
6. En providencia del 30 de noviembre de 2012, el Juzgado 1° Administrativo
de Descongestión de Manizales accedió a las pretensiones de la demanda. En
consecuencia, condenó al municipio de Manizales a pagar en favor del señor
Bedoya Castro los conceptos pecuniarios a los que tenía derecho.
7. Mediante Resolución 509 del 20 de agosto de 2014, la entidad demandada
dio cumplimiento a la decisión anterior. En consecuencia, reconoció en favor del
señor Bedoya Castro la suma de $80.731.298 por concepto del trabajo
suplementario causado entre el 24 de marzo de 2007 y el 31 de diciembre de 2013.
Aunado a ello, liquidó el valor de $9.350.230 por concepto de indexación.
8. En Resolución 512 del 21 de agosto de 2014, el ente territorial repuso
parcialmente el acto anterior, por solicitud del interesado. En consecuencia, accedió
a la reliquidación de cesantías parciales y negó la solicitud de reconocimiento de
otros valores que fueron descontados como pagos efectuados por concepto de
dominicales y festivos.
9. Inconforme con lo recibido hasta ese momento, el señor José James Bedoya
Castro promovió demanda ejecutiva en contra del municipio de Manizales. Solicitó
3
El proceso se identificó con el radicado: 2011-00093-00.
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que se librara mandamiento de pago contra el ente territorial, de un lado, por
concepto del saldo insoluto que fue ordenado en la sentencia del 30 de noviembre
de 2012 por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Manizales, y
de otro, por los intereses moratorios generados hasta el 31 de julio de 2018.
10. El conocimiento del asunto correspondió en primera instancia al Juzgado 3°
Administrativo del Circuito de Manizales. Dicha autoridad judicial, en providencia del
2 de julio de 2019, libró mandamiento de pago en contra de la demandada, allí
incluyó el capital insoluto y los intereses moratorios causados del 17 de enero de
2013 hasta julio de 2018 y, los que se causaran desde esa última fecha hasta el
pago total de la obligación.
11. En providencia del 4 de noviembre de 2020, la autoridad judicial de la primera
instancia profirió sentencia. Allí, declaró no probadas las excepciones propuestas
por el ente territorial y ordenó seguir adelante con la ejecución.
12. Como fundamento de su decisión, el a quo consideró que las resoluciones
que pretendieron dar cumplimiento de la sentencia declarativa no incluyeron la
totalidad de conceptos devengados por el señor Bedoya Castro a efectos de liquidar
su trabajo suplementario, así como tampoco, el cómputo de los intereses
moratorios, situación que, en últimas, evidenciaba un pago parcial de la obligación.
13. En contra de dicha decisión el municipio de Manizales interpuso recurso de
apelación. El mismo, fue desatado en sentencia del 11 de mayo de 2023 por la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas. Esta corporación revocó
la providencia de primer grado para, en su lugar, declarar probada la excepción de
pago total de la obligación y negar las pretensiones de la demanda.
14. Para fundamentar su decisión, el fallador de segundo grado consideró que,
aunque en apariencia el ente territorial no reconoció todos los factores indicados por
la sentencia judicial declarativa, lo cierto es que su liquidación reconoció el pago por
todo el trabajo suplementario. Incluso, señaló que la misma superó los límites de 50
horas extras al mes.
1.4. Sustento de la vulneración
15. En primer lugar, la parte accionante afirmó que en el sub judice concurren los
requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela. De otro lado, con
relación a los cargos específicos, arguyó que el Tribunal Administrativo de Caldas
incurrió en un defecto procedimental absoluto, sustantivo, decisión sin motivación y
violación directa de la Constitución.
16. Al efecto, en lo que concierne al defecto procedimental absoluto, precisó que
tiene lugar, en la medida que el tribunal accionado realizó la liquidación de crédito
omitiendo el procedimiento previsto para ello y sin darle la oportunidad de objetarla.
Además, hizo una tabulación del tiempo de servicio de manera genérica, sin que se
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conociera de dónde venían los valores allí insertados y calculando de forma anual,
cuando la misma debía realizarse mes a mes.
17. En lo que respecta al defecto sustantivo, alegó que el tribunal enjuiciado
actuó en realidad como juez declarativo, creando una tesis sobre recargos
nocturnos y horas extras nocturnas no compatibles. Agregó que, extendió el
concepto de continuidad y habitualidad que el Decreto 1042 de 1978 establece para
el trabajo desarrollado los dominicales y festivos a la jornada ordinaria.
18. Ahora bien, en lo que concierne a la decisión sin motivación, reiteró que el
tribunal creó la tesis de los recargos nocturnos y las horas extras nocturnas, sin que
las mismas sean compatibles, pues mientras los recargos nocturnos operan dentro
de la jornada ordinaria de las 44 horas semanales, las horas extras tanto diurnas
como nocturnas tienen cabida a partir de la hora 45, de manera que la autoridad
judicial se extralimitó y abusó de su autonomía funcional.
19. En relación con la violación directa de la Constitución, el accionante trajo a
colación el Decreto 1042 de 1978 para destacar las irregularidades en las que, en
su sentir, incurrió el tribunal accionado. En este punto, iteró sus argumentos
respecto a las horas extras y el reconocimiento de intereses moratorios.
1.5. Trámite de primera instancia
20. En auto del 16 de noviembre 2023, el magistrado ponente de primera
instancia admitió la acción de tutela de la referencia y dispuso la notificación al
Tribunal Administrativo de Caldas. Adicionalmente, dispuso la vinculación del
Juzgado 3° Administrativo de Manizales y del municipio de Manizales, como
terceros interesados.
1.6. Intervenciones e informes
1.6.1. Juzgado 3° Administrativo de Manizales
21. Se limitó a remitir copias del expediente ejecutivo identificado con radicado
17001-33-33-003-2018-00535-02.
22. El accionado y los demás terceros vinculados, pese a ser debidamente
notificados, guardaron silencio4.
1.7. Sentencia de primera instancia
23. En sentencia del 19 de febrero de 20245, la Sección Tercera, Subsección B
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela en relación con el
4
Cfr. Índice 8 Samai.
5
Esta decisión fue notificada el 20 de octubre de 2023. Cfr. Índice SAMAI N. º17. Exp. 11001-03-15-
000-2023-04749-00.
4
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defecto sustantivo por falta de relevancia constitucional. De otro lado, dispuso negar
la solicitud de amparo respecto al defecto procedimental absoluto. Esto, por los
siguientes motivos:
24. En primer lugar, consideró que, aunque la accionante encuadró sus
reproches en los defectos procedimental, sustantivo, decisión sin motivación y
violación directa de la Constitución, en realidad los 2 últimos pueden ser subsumidos
en el sustantivo. Esto, porque en realidad sus argumentos están dirigidos a
cuestionar una interpretación caprichosa del Decreto 1042 de 1978 en relación con
el recargo nocturno y horas extras diurnas y nocturnas.
25. En relación con dicho defecto, consideró que lo pretendido por el accionante
través de este instrumento es: (1) revivir el debate propio del juez natural sobre una
situación definida y consolidada, pues busca en realidad que se imponga su
interpretación respecto de las ordenas dadas en el título ejecutivo; y (2) que se
discuta una controversia de carácter legal, con contenido económico y no de
derechos fundamentales, porque en realidad persigue un pago mayor al valor que
le fue proporcionado. En ese orden de ideas, expuso que no se acreditó el requisito
de relevancia constitucional.
26. Distintas fueron las consideraciones en lo que atañe al defecto procedimental
absoluto, pues tratándose de ese cargo la Sección Tercera señaló que si se
acreditaron los requisitos generales de procedibilidad de la tutela, en particular, el
de relevancia constitucional. En esos términos, entró a resolver si hubo
configuración del mismo por el aparente desconocimiento de la etapa de liquidación
del crédito en el proceso ejecutivo.
27. Recordó que, a juicio de la parte accionante, el defecto tuvo lugar comoquiera
que la autoridad judicial accionada no podía realizar la liquidación del crédito en la
sentencia, en la medida que para ello existía una etapa posterior en el proceso
ejecutivo.
28. Al respecto, consideró que el tribunal sí se encontraba habilitado para realizar
la liquidación en la sentencia, con el fin de verificar si realmente se configuró la
excepción de pago de la obligación. La misma, lo habilitó para acudir ante el
contador del cuerpo colegiado y establecer si realmente hubo o no cumplimiento de
la obligación dineraria.
29. Aunado a ello, precisó que la etapa de liquidación del crédito que echa de
menos el accionante, no ocurre en todos los casos, sino únicamente en aquellos en
los que se ordenó seguir adelante la ejecución. De esta manera, en casos como el
suyo, en los que prospera una excepción y se niegan las pretensiones de la
demanda, no había lugar a continuar con ese trámite.
30. Con base en esas dos razones, descartó la configuración del defecto
procedimental absoluto y negó las pretensiones de la solicitud de amparo.
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1.8. Impugnación
31. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia. Solicitó
revocar la decisión de primera instancia y en su lugar amparar sus derechos
fundamentales.
32. Iteró que en el presente asunto se discute que el juez natural se hubiera
apartado de la sentencia que sirve de título ejecutivo y la interpretara trayendo
nuevos elementos, como, por ejemplo, el de la jornada de 176 horas al mes en el
trabajo nocturno y desconociendo horas extras nocturnas. Esta situación, a su juicio,
desconoce su derecho fundamental al trabajo.
33. Señaló que en el presente asunto no se pretende la aplicación de normas de
rango legal, sino, por el contrario, que se respete la sentencia proferida en el medio
de control ordinario.
34. Agregó que el presente asunto sí goza de relevancia constitucional, pues el
eje central de su inconformidad gira en torno a una liquidación realizada por el
tribunal de manera unilateral y definitiva y sin la posibilidad de que la misma hubiera
sido susceptible a objeciones. Finalmente, trajo a colación jurisprudencia
constitucional relacionada con este requisito de procedencia.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
35. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 19 de febrero de
2024 por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Legitimación en la causa
36. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
37. La Sala advierte que el señor José James Bedoya Castro, está legitimado
en la causa por activa. Esto porque integró el extremo accionante en el proceso
ejecutivo en el que se profirió la providencia aquí cuestionada.
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38. Por su parte, esta Colegiatura advierte que el Tribunal Administrativo de
Caldas se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial
que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.
2.3. Problema jurídico
39. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida por la Sección Tercera, Subsección B de esta
Corporación el 19 de febrero de 2023.
40. Para ello, se deberá resolver si concurren los requisitos generales de
procedibilidad y en caso afirmativo dar respuesta al siguiente interrogante: ¿el
Tribunal Administrativo de Caldas vulneró los derechos fundamentales invocados
por la parte accionante, con la expedición de la providencia del 11 de mayo de 2023
que revocó la providencia del 4 de noviembre de 2020 dictada por el Juzgado 3°
Administrativo de Manizales que accedió a las pretensiones, para en su lugar
negarlas?
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
41. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20126. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema7. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales8.
42. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20149. En esta sentencia se
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
8
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7
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establecieron seis requisitos generales de procedencia10 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial11.
43. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
44. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.
10
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
11
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
8
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45. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
46. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5. Análisis sobre el requisito general de relevancia constitucional
47. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que
los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda
advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional12.
48. De esta manera, esta Sala de Decisión en esta oportunidad, se planteó que
el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios
establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales
fueron acogidos por esta corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren
a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia.
49. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
50. Asimismo, enfatizó que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda
de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía,
en la materialización del principio de igualdad”.
51. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución”.
52. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir
si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional, de
conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines acogidos por
la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.6. Relevancia constitucional en el caso concreto
53. Con tales precisiones, debe recordarse que la parte accionante atribuye al
Tribunal Administrativo de Caldas, haber incurrido en un defecto sustantivo y
procedimental absoluto, lo que generó una vulneración a sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo y al acceso a la administración de
justicia.
2.6.1. Defecto sustantivo
54. Pues bien, respecto este yerro, fundamentó su reproche en el hecho que el
tribunal acusado pasó por alto el contenido del Decreto 1042 de 1978 y se apartó
de los recargos nocturnos y horas extras nocturnas definidas. Refirió que el
accionado extendió el concepto de continuidad y habitualidad.
55. Sobre el particular, esta Sala de Decisión confirmará la decisión de primer
grado que declaró el cargo improcedente por falta de relevancia constitucional. Esto,
pues como fue señalado en esa instancia, se advierte que la solicitud de amparo no
pone de presente algún debate relacionado con el contenido de los derechos
fundamentales, sino que versa sobre un asunto de mera legalidad.
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56. El señor Bedoya Castro trae a colación su inconformidad con la decisión
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, porque difiere del cómputo de las
horas extras diurnas y nocturnas realizado por la autoridad accionada, al momento
de realizar la liquidación correspondiente.
57. En ese orden de ideas, salta a la vista que lo pretendido en esta instancia, es
que se suplante la competencia del juez natural de la controversia, de manera que
se adelante el conteo de las horas extras de la manera descrita por él y finalmente
aumente su liquidación y, por tanto, se le proporcione un pago mayor al efectuado.
Este último aspecto, a su vez, refleja que lo perseguido es un tema de índole
económico.
58. Valga señalar que prima facie tampoco se advierte alguna irregularidad o
transgresión palmaria de sus derechos fundamentales con la providencia descrita,
puesto que en el sustento de los cargos presentado por la parte actora, no se realizó
una explicación suficiente respecto de la manera en que el Tribunal Administrativo
de Caldas desconoció, añadió o modificó la decisión adoptada en la sentencia base
de recaudo.
59. En ese orden, esta Sala de Decisión confirmará la decisión adoptada por el
juez de la primera instancia en lo que respecta al defecto sustantivo. Esto, porque
el asunto carece de relevancia constitucional.
2.6.2. Defecto procedimental absoluto
60. Ahora bien, con relación a este cargo, el señor José James Bedoya manifestó
tanto en el escrito de tutela como en el de impugnación, que el Tribunal
Administrativo de Caldas adelantó la liquidación del crédito en la sentencia y no en
una etapa específica en el que se le permitiera presentar sus objeciones, situación
que le cercenó su derecho de contradicción, comoquiera que no tuvo la oportunidad
procesal para pronunciarse sobre el particular.
61. El anterior reproche, a juicio de la Sala, supera el requisito de relevancia
constitucional como fue anotado por el a quo. Esto es así, porque de asistirle razón
a la parte actora en cuanto a que, si la autoridad judicial omitió una etapa procesal,
se le habría impedido acceder a la administración de justicia y ello a su vez, hubiera
derivado en una afectación al debido proceso.
62. Así las cosas, más allá de proponerse un debate legal o económico, se
establece que a la parte actora se le pudo haber privado de la posibilidad de
presentar sus objeciones respecto a la liquidación de un crédito a su favor. Por ello
es necesario revisar si se acreditaron los demás presupuestos generales de
procedencia de la tutela contra providencia judicial, y en caso afirmativo, si se
cumplen los requisitos de configuración del defecto.
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2.7. Estudio de los demás requisitos generales
2.7.1. Tutela contra tutela
63. La Sala no encuentra reparo alguno frente a este requisito. En efecto, a través
de la presente acción constitucional se cuestiona la sentencia del 11 de mayo de
2023, proferida en el curso del proceso ejecutivo con radicado 17001-33-33-003-
2018-00535-02.
2.7.2. Inmediatez
64. La tutela se ejerció en un término razonable, contado desde el día siguiente
a la ejecutoria de la decisión que resolvió el proceso en segunda instancia (art. 302
CGP13). Lo anterior toda vez que se profirió el 11 de mayo de 2023, se notificó el 15
de mayo siguiente, por lo que quedó ejecutoriada el 23 de mayo de 2023 y la acción
constitucional se radicó el 14 de noviembre de 2023 a través de la ventanilla virtual
del Consejo de Estado.
65. Así, la Sala considera oportuno el término transcurrido entre la providencia
referida y la presentación de la solicitud de amparo, aún sin establecer las fechas
de ejecutoria y notificación de la decisión objetada. Lo anterior, a la luz de la
sentencia de unificación del 5 de agosto de 201414, en la que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200515. Esto, con el fin de determinar
la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial16.
2.7.3. Subsidiariedad
66. Para obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora
considera vulnerados, no existe otro mecanismo de defensa judicial ordinario.
Al respecto, la Sala precisa que la providencia cuestionada resolvió el recurso de
13
«Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no
sean impugnadas o no admitan recursos. || No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. || Las
que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos».
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
16
Sobre este requisito, la Sala Plena reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir
y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.
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apelación presentado por la parte actora contra la sentencia de primera instancia.
De ese modo, es evidente que se agotaron los recursos ordinarios.
67. Igualmente, frente a los argumentos del extremo accionante, se advierte que
no es procedente el recurso extraordinario de revisión, pues los motivos en los que
sustenta su acción de tutela no se encuadran en los requisitos y causales
establecidos en la ley para que proceda este mecanismo judicial. En el mismo
sentido, tampoco lo es el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
Esto, debido a que en la situación bajo estudio no se cumplen los presupuestos de
los artículos 258 y 270 de la Ley 1437 de 201117.
2.7.4. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
68. Se observa que, la parte actora cumplió con este requisito en tanto que
identificó los hechos y explicó detalladamente las razones por las que considera que
la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto procedimental y le conculcó sus
derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso.
2.8. Exposición del defecto especial de procedencia de la acción de tutela
en el caso concreto
2.8.1. Defecto procedimental
69. La Corte Constitucional18 precisó que se incurre en defecto procedimental cuando
la autoridad judicial se aparta por completo del procedimiento establecido legalmente para
el trámite de un asunto específico, y establece las siguientes posibilidades para la
configuración del cargo en mención: i) el juez se ciñe a un trámite completamente ajeno al
pertinente, esto es, desvía el cauce del asunto; ii) omite etapas sustanciales del
procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y contradicción de
una de las partes del proceso; iii) pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en todo
proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no
permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación.
70. Para que resulte procedente el amparo en sede de tutela de este defecto, la
jurisprudencia constitucional19 ha precisado que deberán concurrir los siguientes
elementos: i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra
vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; ii) que el defecto
procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador de
los derechos fundamentales; iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior
del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico; y iv) que como consecuencia de lo anterior se
presente una vulneración a los derechos fundamentales.
17
Modificado por el artículo 78 de la Ley 2080 de 2021.
18
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-620 de 2013.
19
Ibidem.
13
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2.8.2. El defecto procedimental en el caso concreto
71. Como se ha expuesto hasta este punto, en sentencia del 11 de mayo de
2023, la autoridad acusada revocó la decisión de primer grado que había accedido
a sus pretensiones del proceso ejecutivo, para en su lugar negarlas. Esto, tras
encontrar probada la excepción de pago total de la obligación.
72. El actor aduce que, en la misma providencia, el tribunal adelantó la
liquidación del crédito, cercenándole la posibilidad de objetar y cuestionar las cifras
señaladas.
73. La Sección Tercera de esta colegiatura, como juez de la primera instancia en
el vocativo de la referencia, adujo que el tribunal accionado estaba facultado para
liquidar el crédito en la misma decisión, pues el municipio de Manizales propuso
como excepción el pago de la obligación. Por lo tanto, para poder resolver la
procedencia de la misma, era necesario que adelantara dicho procedimiento.
Además, porque no todos los procesos ejecutivos deben contar con dicha etapa.
74. Así las cosas, conviene destacar el contenido del artículo 446 del CGP que
dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 446. LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y LAS COSTAS. Para la
liquidación del crédito y las costas, se observarán las siguientes reglas:
1. Ejecutoriado el auto que ordene seguir adelante la ejecución, o notificada la
sentencia que resuelva sobre las excepciones siempre que no sea totalmente
favorable al ejecutado cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del
crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de
su presentación, y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquel y
de estos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento ejecutivo, adjuntando los
documentos que la sustenten, si fueren necesarios.
2. De la liquidación presentada se dará traslado a la otra parte en la forma prevista
en el artículo 110, por el término de tres (3) días, dentro del cual sólo podrá formular
objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo trámite deberá acompañar, so
pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se precisen los errores
puntuales que le atribuye a la liquidación objetada.
3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto
que solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta
respectiva. El recurso, que se tramitará en el efecto diferido, no impedirá efectuar el
remate de bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto
de apelación.
4. De la misma manera se procederá cuando se trate de actualizar la liquidación en
los casos previstos en la ley, para lo cual se tomará como base la liquidación que
esté en firme.
PARÁGRAFO. El Consejo Superior de la Judicatura implementará los mecanismos
necesarios para apoyar a los jueces en lo relacionado con la liquidación de
créditos.[Énfasis propio]
75. De la letra de la disposición en cita, se advierte que la etapa para la
liquidación del crédito y las costas es necesario que concurra uno de estos eventos;
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(1) que el auto que ordena seguir adelante la ejecución este ejecutoriado, o (2) que
se notifique la sentencia que no encontró probadas todas las excepciones
propuestas por la parte ejecutada.
76. En ese orden de ideas, la sala considera que el trámite impartido por el
Tribunal Administrativo de Caldas no desconoció las formas propias del juicio. En el
caso particular, la autoridad judicial encontró necesario desatar la excepción de
pago total de la obligación propuesta por el municipio de Manizales, y la manera de
efectuarlo, consistió en el cruce de saldos insolutos y comprobantes de pago,
respecto de las obligaciones decretadas en la sentencia que prestó mérito ejecutivo.
77. Nótese, además, que en dicha oportunidad, el tribunal no efectúo una
reliquidación total del trabajo suplementario reconocido al actor. Allí, verificó la
liquidación de horas extras de conformidad con las bitácoras.
[…] para evaluar si es acorde la determinación de continuar adelante con la
ejecución, sólo resta por realizar la liquidación en los estrictos términos dispuestos
en la sentencia base de recaudo.
78. Por lo anterior, la sala considera que no le asiste razón al accionante con
relación al cargo propuesto. El tribunal no se saltó la etapa procesal referida por el
señor Bedoya Castro, si no que se vio en el deber de resolver la excepción
propuesta por el ente territorial demandado, como le habilita la Ley. Esta sola razón
es suficiente para confirmará la decisión de primera instancia que negó el defecto
invocado.
2.9. Conclusión
79. Con base en lo expuesto, se confirmará en su totalidad la sentencia de
primera instancia de 19 de febrero de 2024 que declaró improcedente las
pretensiones acción de tutela respecto al defecto sustantivo, por no acreditar el
cumplimiento del requisito general de la relevancia constitucional, y las negó
respecto al procedimental absoluto, comoquiera que el tribunal no se apartó del
trámite previsto para el proceso ejecutivo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida 19 de febrero de 2024 por la
Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, que declaró improcedente
la acción de tutela respecto al defecto sustantivo y negó la solicitud de amparo
respecto al defecto procedimental, de conformidad con lo expuesto.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.
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