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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01132-01

Fecha
2 de junio de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01132-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 7 de abril de 2022 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no superar el requisito de la relevancia constitucional. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y los principios de prevalencia al derecho sustancial y de seguridad jurídica de la señora María del Carmen Sánchez Plazas. TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 7 de mayo de 2021 y ORDENAR a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de este fallo, profiera una decisión de reemplazo dentro del expediente No. 11001-33- 35-023-2019-00012-00/01 en la que atienda los argumentos expuesto en el presente fallo de tutela. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto N°. 2591 de 1991. QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: María del Carmen Sánchez Plazas Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B Radicación: 11001-03-15-000-2022-01132-01

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-01132-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

2 de junio de 2022

Demandante: María del Carmen Sánchez Plazas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01132-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01132-01
Demandante: MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ PLAZAS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial – revoca improcedencia –
configuración del defecto sustantivo – ampara

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA1

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la señora María del Carmen
Sánchez Plazas en contra de la sentencia de primera instancia del 7 de abril de
2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta. En la providencia en
cuestión se declaró improcedente la solicitud de amparo, por no encontrarse
configurado el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 16 de febrero de 2022 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la señora María del Carmen
Sánchez Plazas, por intermedio de apoderada judicial, interpuso acción de tutela
contra la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. La parte actora considera que la autoridad judicial accionada
vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia y los principios de prevalencia al derecho sustancial y

1
En el mismo sentido consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencias del 27 de octubre
de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-04441-01; y del 7 abril de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2021-
07051-01 en las que se reiteró lo considerado en la providencia dictada el 20 de agosto de 2020.
Rad. 11001-03-15-000-2020-03102-00.

1
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Demandante: María del Carmen Sánchez Plazas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01132-01

de seguridad jurídica.

2. La accionante consideró violadas las referidas garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 5 de mayo de 2021. Esta providencia
confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por María del Carmen Sánchez
Plazas en contra del Ministerio de Defensa Nacional2, con el fin de obtener el
reconocimiento de un subsidio familiar y por tanto, el reajuste de la sustitución
pensional que devengaba la peticionaria.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la accionante solicitó:

”1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales invocados y que están siendo
vulnerados por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, al proferir la
sentencia de fecha 5 de mayo de 2021 en virtud de la cual se negaron las pretensiones
de la demanda, en lo relativo al reconocimiento del subsidio familiar con fundamento en
las disposiciones del artículo 11 del decreto 1794 del 2000.

2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados se
declare la NULIDAD de la sentencia en mención, en cuanto negó el reconocimiento del
subsidio familiar en la cuantía establecida en el artículo 11 del decreto 1794 del 2000.

3. Que una vez ordenada la nulidad solicitada, se ordene a la autoridad judicial
accionada, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, a que profiera nueva
sentencia en la que se declare que el actor tenía derecho a que el subsidio familiar fuese
reconocido, liquidado y pagado conforme lo establece el artículo 11 del decreto 1794
del 2000 desde la fecha en que el actor consolidó el derecho objetivo de reconocimiento
de tal prestación, hasta la fecha de retiro de la institución.

4. Que se advierta a las Entidades tuteladas, sobre las consecuencias que conlleva el
incumplimiento de la providencia que su Despacho profiera”3.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. El señor Amadeo Torres Urrea contrajo matrimonio con la señora María del
Carmen Sánchez Plazas el 29 de julio de 2011. De esa unión, nació el menor Miguel
Ángel Torres Sánchez.

5. Por otro lado, el señor Torres Urrea ingresó a prestar su servicio militar en el
Ejército Nacional el 16 de junio de 1994. Posteriormente, se vinculó como soldado
voluntario el 15 de abril de 1996 y como soldado profesional desde el 1º de
noviembre de 2003.

2
Rad. 11001-33-35-023-2019-00012-00/01.
3
Folio 2 del escrito de tutela. Documento 11 cargado a SAMAI.
2
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6. Sin embargo, el 21 de julio de 2013, el señor Torres Urrea fue retirado del
servicio, al declararse una pérdida de capacidad laboral del 100%. Por esto, el
Ministerio de Defensa Nacional, mediante la Resolución No. 2460 de 2013, le
reconoció el pago de una pensión de invalidez.

7. El 27 de junio de 2017, el señor Torres Urrea falleció, razón por la que el
Ministerio de Defensa Nacional, mediante la Resolución No. 3439 del 20 de
septiembre de 2017, reconoció la sustitución pensional en favor de la cónyuge
supérstite, la señora María del Carmen Sánchez Plazas.

8. El 18 de julio de 2018, la señora Sánchez Plazas solicitó el reajuste de la
sustitución pensional para que se le liquidara con base en el salario mínimo legal
mensual vigente incrementado en un 60%; y el reconocimiento del subsidio familiar,
de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

9. En concreto, respecto de la petición formulada sobre el otorgamiento del
subsidio familiar, la tutelante señaló que en sentencia del 8 de junio del 2017 de la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado se declaró la nulidad del
Decreto 3770 de 20094, con efectos ex tunc. De modo que nuevamente quedó
vigente el Decreto 1797 de 2000 que reconoce el subsidio familiar a favor de
soldados profesionales, razón por la que era procedente su pago.

10. El Ministerio de Defensa Nacional mediante oficio No. OFI18-70325-
MDNSGDAPSAP del 26 de julio de 2018, negó la petición de la actora.

11. Inconforme con la respuesta que le brindó la entidad, la accionante presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra del anterior acto administrativo. Como pretensiones solicitó el reajuste de
su mesada pensional para que fuera liquidada con base en un SMLMV
incrementado en un 60% y el reconocimiento del subsidio familiar establecido el
Decreto 1794 de 2000.

12. En primera instancia, el asunto correspondió al Juzgado 23 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá. Esta autoridad judicial, en sentencia del 17 de
septiembre de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y en
consecuencia ordenó el reajuste de la pensión sustitutiva de invalidez de la
accionante a un SMLMV incrementado en un 60% y negó lo relacionado con el
subsidio familiar. Esto, al advertir que el señor Amadeo Torres Urrea no solicitó el
reconocimiento y pago de esta prestación, desde la fecha que contrajo matrimonio

4
ARTÍCULO 1°. Derógase el artículo 11 del decreto 1794 de 2000.
PARÁGRAFO PRIMERO. Los Soldados profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las
Fuerzas Militares que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto estén percibiendo el
subsidio familiar previsto en el derogado artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, continuarán
devengándolo hasta su retiro del servicio.PARÁGRAFO SEGUNDO. Aclárese que el valor del
subsidio familiar a que se refiere el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 es el resultado de aplicar la
siguiente fórmula: 4% Salario Básico Mensual + 100% Prima de Antigüedad Mensual.(…)
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y hasta antes de la entrada en vigencia del Decreto 1161 de 20145, siendo este un
requisito indispensable para poder percibirlo.

13. El fallo referenciado fue apelado por la accionante. No obstante, la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en sentencia del 5 de mayo de 2021, confirmó la decisión de primera instancia. En
concreto, concluyó que no había lugar al reconocimiento del subsidio familiar, pues
para la fecha en que el causante se retiró del servicio activo (21 de julio de 2013)
no existía norma que permitiera acceder a dicho beneficio a favor de los soldados
profesionales.

1.4. Fundamentos de la vulneración

14. Para la accionante, la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto
sustantivo al no aplicar la norma que regía la situación del causante, esto es, el
Decreto 1794 de 2000, con ocasión de la nulidad del Decreto 3770 del 2009 y los
efectos ex tunc dispuestos en la sentencia de nulidad, que trajo como
consecuencias que las cosas volviesen al estado anterior. Por tanto, indicó que el
derecho que tenía el señor Torres Urrea al subsidio familiar nació con la ejecutoria
del fallo en cita y el pago de dicha prestación debió ordenarse desde la fecha en la
que la peticionaria contrajo matrimonio con aquel.

15. La peticionaria señaló que se casó con el señor Torres Urrea el 29 de julio de
2011, razón por la que en esa fecha se consolidó el derecho al subsidio familiar de

5
ARTÍCULO 1º. Subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales.
Créase a partir del 1º de julio de 2014, para los soldados profesionales e infantes de marina
profesionales de las Fuerzas Militares en servicio activo, que no perciben el subsidio familiar regulado
en los decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009 un subsidio familiar que se liquidará y reconocerá
mensualmente sobre su asignación básica así: a. Para los soldados profesionales e infantes de
marina profesionales casados o con unión marital de hecho vigente, tendrán derecho a percibir por
subsidio familiar el veinte por ciento (20%) de la asignación básica por la cónyuge o compañera
permanente, más los porcentajes a que se pueda tener derecho por los hijos conforme al literal c de
este artículo. b. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales viudos siempre
y cuando hayan quedado a cargo de los hijos habidos dentro del matrimonio o dentro de la unión
marital de hecho, tendrán derecho a percibir por subsidio familiar el veinte por ciento (20%) de la
asignación básica más los porcentajes a que se pueda tener derecho por los hijos conforme al literal
c del presente artículo. c. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales con
hijos, tendrán derecho a percibir subsidio familiar por este concepto calculado sobre su asignación
básica así: Por el primer hijo el tres por ciento (3%), por el segundo hijo el dos por ciento (2%) y el
uno por ciento (1%) por el tercer hijo. En ningún caso el soldado profesional o el infante de marina
profesional por este concepto podrá percibir más del seis por ciento (6%) de su asignación básica.
PARÁGRAFO 1. El subsidio familiar previsto en el presente artículo en ningún caso podrá
sobrepasar el veintiséis por ciento (26%) de la asignación básica de los soldados profesionales e
infantes de marina profesionales. PARÁGRAFO 2. Para los efectos previstos en este artículo los
soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares a partir del 01 de
Julio de 2014, podrán elevar al Comando de Fuerza. la solicitud de reconocimiento del subsidio
familiar previsto en el presente decreto, y el reconocimiento tendrá efectos fiscales a partir de la
fecha de presentación de la solicitud de que trata el presente parágrafo, siempre y cuando cumplan
con los requisitos para su reconocimiento y pago. PARÁGRAFO 3. Los soldados profesionales e
infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares que estén percibiendo el subsidio familiar
previsto en los decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, no tendrán derecho a percibir el subsidio
familiar que se crea en el presente decreto.
4
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conformidad con el Decreto 1794 de 2000 en los términos de la sentencia de nulidad
del Consejo de Estado.

1.5. Trámite de la acción de tutela

16. En auto del 18 de febrero de 2022, el magistrado ponente de primera
instancia admitió la demanda, dispuso su notificación a la Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (en su condición de
accionada). Así como del Juzgado 23 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
(que dictó la sentencia de primera instancia dentro del proceso ordinario); y a la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional (entidad demandada
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho), como
terceros con interés.

1.6. Intervenciones

17. Realizadas las notificaciones ordenadas6, de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B

18. Mediante escrito enviado al buzón web de la Secretaría General del Consejo
de Estado7, la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca señaló que se atenía a lo que se demostrara durante el trámite del
proceso de la referencia. Puso de presente que las razones que sirvieron de
fundamento para negar las pretensiones de la demanda se encuentran consignadas
en la parte motiva de la sentencia reprochada, las cuales deben dar suficiente
cuenta de las razones por las que no era procedente acceder a las pretensiones de
la peticionaria.

19. El Juzgado 23 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá allegó el
expediente en medio digital.

20. El Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional pese a que fueron
notificadas, guardaron silencio.

1.7.- Fallo impugnado

21. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 7 de abril
de 20228, notificada el 21 de abril de 2022, declaró improcedente la acción de tutela

6
Documento denominado “notificación” cargado a SAMAI.
7
Documento No. 17 cargado a SAMAI.
8
Documento No. 21 cargado a SAMAI.
5
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por no satisfacerse el requisito de relevancia constitucional. Esto, porque los cargos
expuestos en la solicitud de amparo son una reiteración de los argumentos que ya
habían sido ventilados por los demandantes en el recurso de apelación del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho y que fueron analizados por el Tribunal
accionado en la sentencia del 5 de mayo de 2021.

1.8. Impugnación

22. El 25 de abril de 2022, la apoderada judicial de la accionante presentó escrito
de impugnación en contra de la decisión de primera instancia en el que reiteró los
motivos de inconformidad mencionados en el escrito de tutela. En ese orden, señaló
que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo toda vez que,
pese a reconocer que el señor Torres Urrea le resultaba aplicable las disposiciones
del artículo 11 del Decreto 1794 del 2000, consideró que tras efectuarse su retiro de
la institución el 21 de julio de 2013, el subsidio se regía por el Decreto 3770 de 2009.

23. Además de lo anterior, en la impugnación se trajo a colación dos sentencias
de tutela proferida por la Sección Primera9 y esta Sala de Decisión10, en las que se
resolvió amparar los derechos fundamentales de los accionantes, por cuanto la
autoridad judicial de segunda instancia incurrió en un defecto sustantivo por falta de
interpretación sistemática de las normas que regulan el reconocimiento del subsidio
familiar.

1.9. Trámite de impugnación

24. Mediante auto del 4 de marzo de 202211, el juez de tutela de primera instancia
concedió la impugnación interpuesta por el accionante en contra de la sentencia del
21 de octubre del mismo año.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

25. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela
del 7 de abril de 2022 dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.

9
Sentencia del 8 de abril de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-00197-00.
10
Sentencia del 27 de octubre de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-04441-01.
11
Documento 32 cargado a SAMAI.
6
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2.2. Cuestión previa – limite de la impugnación

26. En este punto resulta pertinente aclarar que la Sala limitará su análisis al
defecto sustantivo alegado por la accionante, en virtud del cual puso de presente la
indebida aplicación de la disposición normativa que disponía el reconocimiento del
subsidio familiar. Sin embargo, no podrá tener en cuenta las exposiciones
relacionadas con lo mencionado en los fallos de tutela citados en el escrito de
impugnación, pues no fueron señaladas en la solicitud de amparo, ni tampoco objeto
de decisión por parte del a quo, razón por la que estudiarla en esta instancia
implicaría desconocer el derecho de defensa y contradicción de la autoridad judicial
accionada.

2.3. Legitimación en la causa

27. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

28. Sobre el estudio de este presupuesto procesal en materia de tutela, la Corte
Constitucional, en la SU- 454 de 2016, señaló que el estudio de la legitimación en
la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un
presupuesto procesal de la demanda12.

29. Con fundamento en lo anterior, la Sala procede a verificar la existencia de la
legitimación en la causa, en su orden: i) por activa y ii) por pasiva.

2.3.1. Legitimación en la causa por activa

30. En materia de tutela, el inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el
derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento
preferente y sumario.

31. En desarrollo de lo anterior, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991
establece que cada persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí misma, mediante

12
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 2017. Así mismo, Corte
Constitucional, Sentencia T-318 de 2018, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de
amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del
artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de
legitimación en la causa por activa y por pasiva (…), entre otros”.
7
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representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos
vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

32. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la
señora María del Carmen Sánchez Plazas se encuentra legitimada en la causa por
activa, en razón a que figuraban como demandante dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se profirió la providencia aquí cuestionada.

2.3.2. Legitimación en la causa por pasiva

33. La legitimación en la causa por pasiva en la acción de tutela hace referencia
a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente
la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental. En
la medida que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el
interés sustancial que se discute en el proceso”, la misma, en principio, no se
predica del funcionario que comparece o es citado al proceso, sino de la entidad
accionada, quien finalmente será la llamada a responder por la vulneración del
derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello13.

34. En el caso concreto, la Sala encuentra que la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al ser la autoridad judicial
de segundo grado que resolvió confirmar la negativa del reconocimiento del subsidio
familiar pretendido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.4. Problemas jurídicos

35. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el 7 de
abril de 2022, por medio de la cual se declaró improcedente el amparo por no
encontrarse superado el requisito de relevancia constitucional, para lo cual se
deberán resolver los siguientes interrogantes:

• Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial?

36. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

• ¿La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y los principios de
prevalencia al derecho sustancial y de seguridad jurídica, con ocasión de la
sentencia proferida el 7 de mayo de 2021, en la que confirmó la decisión de

13
Corte Constitucional, sentencia T-1015 de 2016.
8
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primera instancia consistente en negar el reconocimiento del subsidio familiar
pretendido en la demanda instaurada en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho Esto, por cuanto, incurrió en un
defecto sustantivo por la no aplicación del artículo 11 del Decreto 1794 de
2000, que reconoce esta prestación a favor de soldados profesionales?

37. En el evento de encontrarse acreditada la carga argumentativa mínima en la
impugnación, se analizará si en el caso concreto concurren los requisitos de
procedibilidad y, de superarse estos, se resolverá si la sentencia censurada incurrió
en el defecto sustantivo aludido.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

38. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201214. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema15. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales16.

39. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201417. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia18 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial19.

14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
15
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
16
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
18
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
19
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
9
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Demandante: María del Carmen Sánchez Plazas
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01132-01

40. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura
los defectos especiales, es obligatorio que la Sala determine si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia i) que no se trate de tutela contra
tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado, iv) relevancia constitucional, v) que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.

41. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

42. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

43. Se advierte que no se ataca una decisión de tutela, sino una sentencia
proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-
33-35-023-2019-00012-00/01. También se cumple el requisito de subsidiariedad

margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
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toda vez que contra la providencia objeto de esta solicitud de amparo, no existe otro
medio de impugnación ni proceden los recursos extraordinario de revisión y de
unificación de jurisprudencia. Finalmente, se acredita el requisito de inmediatez,
pues la sentencia de segunda instancia reprochada cobró ejecutoria el 27 de
septiembre de 202120 y la solicitud de amparo se interpuso el 16 de febrero de 2022,
esto es dentro del término razonable de 6 meses señalado por la jurisprudencia21.

44. Por otro lado, la accionante presentó una explicación clara y suficiente de los
hechos y argumentos por los que considera le fueron vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y fueron desconocidos los principios de prevalencia al derecho sustancial y
de seguridad jurídica. Así, la peticionaria precisó que el juez de segunda instancia
no aplicó la normatividad que correspondía en su caso, esto es, el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000 que reconoce el subsidio familiar a favor de los soldados
profesionales.

45. En este punto, se debe hacer énfasis en que la accionante cumplió con la
carga argumentativa mínima en dar las razones por las cuales la Subsección B de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en el
defecto sustantivo por inaplicación de la disposición normativa que correspondía
para su caso, esto es, se reitera, aquella que reconoce el subsidio familiar a favor
de soldados profesionales.

46. Así las cosas, la tutelante justificó suficientemente en clave constitucional los
motivos por los que considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca su desconocimiento.

47. En ese orden de ideas, contrario a lo considerado por el a quo constitucional,
esta Sala de Decisión no percibe este mecanismo de amparo como un medio
dirigido a reabrir el debate jurídico frente a la calificación efectuada por la autoridad
judicial accionada de los hechos y las pretensiones que dieron lugar al ejercicio del
medio de control contencioso por parte del demandante.

48. Bajo esta línea argumentativa, la Sala encuentra que el asunto sí reviste de
relevancia constitucional, pues se advierte que los reparos contra la providencia
bajo cuestionamiento pretenden poner de presente las irregularidades en que
presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada que además comprometen
una serie de garantías de orden superior. Esto, más allá del debate legal surtido en
las instancias del caso, por lo que el asunto es relevante desde el punto de vista
constitucional ante la evidente tensión entre los derechos fundamentales invocados
y la decisión judicial que se controvierte.

20
Folio 173 del documento 1 – expediente cargado a SAMAI.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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49. Finalmente, no se observa que se haya alegado una irregularidad procesal,
razón por la que no es procedente su análisis en el caso concreto.

50. Así las cosas, habiéndose cumplido los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la Sala analizará si en el caso concreto se
encuentra configurado el defecto sustantivo alegado por el accionante, para lo cual
pasará en un primer momento a realizar una explicación general sobre el defecto
invocado.

2.7. Noción del defecto sustantivo

51. La Corte Constitucional ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja
de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe
los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”22.

52. Este concepto se fue desarrollando, y posteriormente el Alto Tribunal precisó
que este se configura cuando “en ejercicio de su autonomía e independencia, [el
juez] desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios,
derechos y deberes superiores. Lo cual puede ocurrir, entre otros, por la errónea
interpretación o aplicación de la norma. Como puede suceder, por ejemplo, cuando
se desborda el contenido de la norma y se imponen mayores barreras a las exigidas
por el legislador para conceder el derecho o se desconocen normas que debían
aplicarse” 23.

53. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos: a) el fundamento de la
decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente
o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos
distintos a los otorgados por el legislado; b) no se hace una interpretación razonable
de la norma; c) la disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución; d)
el ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en
la disposición; e) la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la
norma; y f) se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

2.8. Caso concreto

54. La señora María del Carmen Sánchez Plazas alegó que la Subsección B de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al proferir la
sentencia del 5 de mayo de 2021, desconoció que la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional debió reconocer el subsidio familiar a su favor. Esto,
por cuanto su ex esposo se desempeñó como soldado profesional, razón por la que

22
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002.
23
Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2017.
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de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 era
procedente su otorgamiento.

55. En ese orden explicó que, aunque para ese momento se encontraba
derogada la citada norma, esta cobró efectos legales nuevamente a partir de la
sentencia del 8 de junio de 2017 en la que el Consejo de Estado declaró la nulidad
del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc; razón por la que era aplicable al caso
concreto.

56. De ese modo, para la Sala es claro que la accionante planteó un defecto
sustantivo en la providencia objeto de censura, consistente en el desconocimiento
de una disposición normativa que le era aplicable en razón de los efectos ex tunc
de la sentencia del 8 de junio de 2017 en la que se anuló el Decreto 3770 de 2009
y trajo nuevamente a la vida jurídica el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, que a
juicio de la accionante, es el que se ajusta a su sub judice, teniendo en cuenta que
para la fecha en la que declaró su matrimonio esta era la norma vigente.

57. Al respecto, la Sala anticipa desde ya, que el defecto aquí invocado se
encuentra configurado en el caso concreto, con fundamento en las razones que se
pasan a explicar.

58. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la sentencia del 7 de mayo de 2021 hizo un recuento normativo
sobre el subsidio familiar que se reconoce a los miembros de las Fuerzas Militares
en Colombia y respecto a la norma sobre la que la accionante adujo que se debió
reconocer esta prestación así como los efectos de la sentencia de nulidad del 8 de
junio de 201724. Al respecto explicó que:

Tal como se expuso anteriormente, el subsidio familiar fue creado por el artículo 11
del Decreto 1794 de 2000, derogado por el Decreto 3770 de 2009, quedando
únicamente vigente para aquellos soldados profesionales e infantes de marina
profesionales que al 30 de septiembre de 2009, lo estuvieron percibiendo.

Mediante sentencia del 8 de junio de 2017, la Sección Segunda del Consejo de
Estado encontró que las disposiciones contenidas en el Decreto 3770 de 2009 y que
eliminaban el subsidio familiar para los soldados profesionales, resultaron contrarias
a los fines esenciales del Estado y al principio de progresividad consignado en el
artículo 48 de la Constitución Política, además de vulnerar los principios que
proscriben la regresividad de los derechos sociales y la discriminación, afectaban el
principio de confianza legítima, la garantía a la igualdad, el derecho al trabajo y a la
seguridad social, razones más que suficientes para declarar la nulidad total con
efectos ex tunc.

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 8 de junio de 2017. Rad. 11001-03-25-000-2010-00065-00 (0686-10).
13
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Estos efectos, implican que una vez en firme la decisión del Consejo de Estado que
anuló el Decreto 3770 de 2009, se entiende vigente y desde el momento mismo que
había sido derogado el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

Así las cosas, para los soldados profesionales que contrajeron matrimonio o
declararon su unión marital de hecho a partir del 14 de septiembre de 2000 y hasta el
23 de junio de 2014, el subsidio familiar se rige en un todo por el Decreto 1794 de
2000; para aquellos soldados profesionales que contrajeron matrimonio o declararon
su unión marital de hecho a partir del 24 de junio de 2014, el subsidio familiar les será
reconocido conforme al Decreto 1161 de 201425.

59. Sin embargo, para llegar a la conclusión de confirmar el fallo del a quo que
denegó las pretensiones de reconocimiento del subsidio familiar de la accionante,
el operador judicial accionado señaló que para la fecha en la que el señor Torres
Urrea se retiró del servicio activo (21 de julio de 2013), no existía en el ordenamiento
jurídico el reconocimiento de esa prestación, por lo que consideró que el caso debía
circunscribirse a los postulados regulados por el Decreto 3770 de 2009 que derogó
su reconocimiento, por ser la norma llamada a regular la situación fáctica del ex
militar.

60. Por lo anterior, el tribunal accionado concluyó:

La Sala puede extraer que, en efecto, el demandante, contrajo matrimonio con el
señor TORRES URREA (QEPD), el 29 de julio de 2011, es decir, en vigencia del
Decreto 1794 de 2000, pues tal como se dijo en líneas anteriores, la sentencia del
8 de junio de 2017 revivió́ los efectos de la citada norma.

Empero, como quiera que el ex servidor público, se retiró del servicio activo el día
21 de julio de 2013, sin que para ese momento existiera en el ordenamiento jurídico,
el reconocimiento del beneficio del Subsidio Familiar en cabeza de los Soldados
Profesionales, ello implica que en cumplimiento del principio de legalidad, el
presente caso deba circunscribirse de manera estricta, bajo los postulados
regulados por el Decreto 3770 de 2009, por ser la norma llamada a regular la
situación fáctica del ex militar, hasta el momento que presto sus servicios.

En consecuencia, esta Sala determina que no surge para la actora el derecho al
reconocimiento del reajuste de la mesada pensional, por el reconocimiento del
beneficio del subsidio familiar en la forma prevista en el artículo 11 del mentado
Decreto, equivalente al 4% de su salario básico mensual más la prima de
antigüedad, tal como lo estableciera el juzgador de primera instancia.

61. Por otro lado, la Sala precisa que al estudiar la demanda de nulidad
propuesta contra el Decreto 3770 de 2009, la Sección Segunda del Consejo de
Estado en el fallo del 8 de junio de 201726 resolvió:

25
Folios 14-15 de la sentencia reprochada. Documento 16 cargado a SAMAI.
26
Exp. 11001-03-25-000-2010-00065-00 de FUNDACIÓN COLOMBIANA SENTIMIENTO PATRIO
DE LOS SOLDADOS E INFANTES DE MARINA PROFESIONALES “SEDESOL” contra GOBIERNO
NACIONAL. M.P. César Palomino Cortés.
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DECLARAR, con efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770 de 2009, “por el
cual se deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y se dictan otras
disposiciones”, expedido por el Gobierno Nacional.

62. Para arribar a dicha conclusión, se sostuvo que:

(…) [L]a medida incorporada al ordenamiento jurídico mediante el Decreto 3770 de
2009, que suprime el reconocimiento al derecho prestacional del subsidio familiar a
los soldados profesionales al revocar el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, se
constituye en regresiva y por tanto carente de legalidad, al no solamente contravenir
los principios y normas en los que debería fundarse, sino también porque no es
compatible con el contenido esencial de los derechos a la protección y seguridad
social, al trabajo, y a la seguridad jurídica, toda vez que su objeto no se encuentra
dirigido a promover el bienestar general de los soldados profesionales como
integrantes de la fuerza pública en una sociedad democrática.

Además del análisis efectuado fundado en el juicio de razonabilidad de la medida
regresiva cuestionada, esta Subsección considera que con base en la cláusula del
Estado Social de Derecho, resulta imperativo favorecer en su decisión la vigencia de
la norma de derecho social de mayor alcance, acogiéndose a la regla hermenéutica
que rige en materia de derechos sociales, in dubio pro justitia socialis, e interpretar
las normas a favor de los soldados profesionales, por cuanto que al serle aplicadas
con este sentido consiguen o tienden a alcanzar el “bienestar”, esto es, las
condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse
conforme a su excelsa dignidad.

63. Posteriormente, con ocasión de las solicitudes de adición y aclaración
formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio
de Defensa y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, frente a la citada sentencia
de 8 de junio de 2017, se profirió la providencia de 8 de septiembre de 2017, en la
cual se precisó:

De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto
3770 de 2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia de
vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada por la ausencia de
regulación particular y específica respecto de situaciones jurídicas no consolidadas
desde el momento de su promulgación hasta cuando fue subrogado por el Decreto
1161 de 2014, que permanece en vigor desde su entrada en vigencia hasta nuestros
días, por cuanto que no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico por ninguna de
las vías legalmente establecidas.

64. De acuerdo al análisis esbozado, para la Sala sí se configuró el defecto
sustantivo por desconocimiento de los efectos ex tunc con los que se declaró la
nulidad del Decreto 3770 de 2009, dado que a la accionante le asiste el derecho a
que se le reconozca el subsidio familiar del que goza, de acuerdo con el artículo 11
del Decreto 1794 de 2000, por lo que pasa a explicarse.
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65. En el caso concreto se encontró probado que el señor Amadeo Torres Urrea
ingresó a prestar el servicio militar el 16 de junio de 1994, para el 1º de noviembre
de 2003 se oficializó su vinculación como soldado profesional y que el 21 de julio de
2013, fue retirado del servicio, al declararse su pérdida de capacidad laboral del
100%.

66. Así mismo, esta acreditado que el 29 de julio de 2011 contrajo matrimonio
con la señora María del Carmen Sánchez Plazas. Así, al haber sido removido del
ordenamiento jurídico el Decreto 3770 de 30 de septiembre 2009; se encontraba en
la hipótesis que estableció el artículo 11 del Decreto 1794 de 200027, lo cual, lo hacía
acreedor de la prestación de marras a partir del 29 de julio de 2011.

67. A modo de ilustración se expone cronológicamente la situación fáctica y
jurídica antes mencionada así:

FECHA 14 de 30 de 29 de julio de 24 de junio de 8 de junio de 18 de julio de
septiembre septiembre 2011 2014 2017 2018
de 2000 de 2009
SUCESO Decreto 1794 Decreto 3770 El señor Decreto 1161 Sentencia de Solicitud de
de 2000 – de 2009 – Torres Urrea de 2014 – crea la Sección reconocimiento
creación del derogó el contrajo nuevamente Segunda del del subsidio
subsidio subsidio matrimonio un subsidio Consejo de familiar, de
familiar para familiar para con la familiar para Estado que acuerdo al
soldados los soldados accionante. . los soldados declaró la artículo 11 de
profesionales. profesionales. profesionales, nulidad del Decreto 1794
pero en Decreto 3770 de 2000.
cuantía inferior de 2009 con
al del Decreto efectos ex
1794 de 2000. tunc.

68. Lo anterior implica que la autoridad accionada debía analizar lo atinente a la
situación concreta planteada por la accionante desde la óptica de la norma
sustancial; esto es que inicialmente no pudo acceder al subsidio familiar consignado
en el Decreto 1794 de 2000, por cuanto para el momento en el que contrajo
matrimonio con el señor Torres Urrea, esa norma había sido derogada. Sin
embargo, con ocasión del fallo de la Sección Segunda del Consejo de Estado que
declaró la nulidad del Decreto 3770 de 30 de septiembre 2009 con efectos

27
Articulo 11. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente Decreto, el soldado profesional
de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho vigente, tendrá derecho al
reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al cuatro por ciento (4%) de su salario
básico mensual más la prima de antigüedad.
Para los efectos previstos en este artículo, el soldado profesional deberá reportar el cambio de
estado civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza de conformidad con la reglamentación
vigente.

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retroactivos, dicha situación imponía verificar si en el periodo comprendido entre el
29 de julio de 2011 - fecha en la que cambió el estado civil el soldado profesional- y
la expedición del Decreto 1161 de 24 de junio de 2014, se debía reconocer y pagar
tal prestación.

69. Así, es claro que el cambio del estado civil del ex soldado profesional
aconteció el 29 de julio de 2011, es decir, antes de la entrada en vigencia del
Decreto 1161 de 2014 que data del 24 de junio del mismo año.

70. Lo anterior demuestra que, pese a resolver el litigio que conoció por cuanto
realizó un pronunciamiento frente a las pretensiones planteadas en la demanda, la
autoridad judicial accionada erró en el ejercicio de selección de las normas; puesto
que omitió lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, teniendo en
cuenta que para el momento de su decisión se había declarado la nulidad del
Decreto 3770 de 2009 que derogó la anterior norma, lo que implicaba que estaba
vigente para la fecha en la que el señor Torres Urrea contrajo matrimonio con la
accionante; y no había nacido a la vida jurídica aún el Decreto 1161 de 2014.

71. Vale aclarar que el ex soldado no contó con la oportunidad de solicitar en
vida el reconocimiento de su prestación de acuerdo con el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, precisamente porque fue solo hasta que cobró ejecutoria la
providencia del 8 de junio de 2017 que, se reitera, fue la que declaró la nulidad del
Decreto 3770 de 2009, que se contó con la certeza de que los soldados
profesionales podrían solicitar el pago de esta prestación, de acuerdo con la norma
que revivió al mundo jurídico.

72. Sobre el mismo tema, en reciente oportunidad esta Sala resolvió un asunto
en el que amparó los derechos fundamentales de un soldado profesional y ordenó
dictar una sentencia de reemplazo en similares términos28, bajo los siguientes
argumentos:

88. Lo anterior implica que, pese a resolver el litigio que le fue puesto en
conocimiento, por cuanto realizó un pronunciamiento frente a las pretensiones
planteadas en la demanda, la autoridad judicial accionada erró en el ejercicio de
selección de las normas; puesto que omitió lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, teniendo en cuenta que para el momento de su decisión se había
declarado la nulidad del Decreto 3770 de 2009 que derogó la anterior norma, lo que
implica que estaba vigente para la fecha en la que el señor Millán Moreno declaró
la existencia de su unión marital, esto es, para el 21 de ,mayo de 2014, fecha en la
que incluso no había nacido a la vida jurídica aún el Decreto 1161 de 2014.

28
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 7 abril de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2021-
07051-01. C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

17
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Demandante: María del Carmen Sánchez Plazas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01132-01

89. Vale aclarar que el actor no solicitó previamente el reajuste de su prestación de
acuerdo con el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, precisamente porque fue solo
hasta que cobró ejecutoria la providencia del 8 de junio de 2017 que, se reitera, fue
la que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, que el demandante contó con
la certeza de que debía de solicitar el reajuste de su subsidio de acuerdo con la
norma que revivió al mundo jurídico, teniendo en cuenta que convive en unión
marital de hecho desde el 3 de junio de 2011.

(…) 93. Con base en lo expuesto, se revocará la sentencia de primera instancia del
3 de febrero de 2022 que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo. En su
lugar, se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad
del señor Milton Fabián Millán Moreno, en el entendido de que, dentro de los 20 días
siguientes a la notificación de esta providencia, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca deberá proferir una sentencia de reemplazo dentro del expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho de radicado N. ° 76001-33-33-012-2018-
00150-01, en la cual atienda los argumentos expuestos en la parte considerativa de
la presente providencia.

73. Para finalizar, es importante resaltar que no se le podía exigir al exsoldado
profesional y difunto cónyuge de la accionante que declarara ante las autoridades
militares su cambio de estado civil tan pronto esto ocurrió, sobre la base de
considerar que para la fecha en que esta se produjo (2011) no existía el subsidio
familiar, por la derogación expresa que en su momento realizó el Decreto 1794 de
2000. Por ende, tal como lo consideró esta Sección en una reciente oportunidad29
para esa fecha era innecesario que el actor declarara su vínculo familiar.

74. En consecuencia, el fallo censurado mediante esta tutela incurrió en el
defecto sustantivo propuesto, porque realizó una indebida interpretación de la
norma cuya reviviscencia fue declarada por la Sección Segunda de esta
Corporación. Lo anterior al exigir una solicitud de reconocimiento en el periodo en
el que esta disposición no estaba produciendo efectos jurídicos.

75. En suma, el defecto sustancial invocado por la parte accionante se configura
desde dos puntos de vista: i) en primer lugar, por cuanto para la resolución del caso,
la autoridad judicial accionada empleó normas que no tenían cabida, dado que su
análisis se circunscribió a referir que la persona ya recibía la prestación en virtud
del Decreto 1161 de 24 de junio de 2014 sin estudiar que matrimonio estaba vigente
desde el 29 de julio de 2011; y ii) en segundo lugar, como consecuencia de la
anterior situación, omitió aplicar las normas que efectivamente eran las llamadas a
resolver el conflicto, en consonancia con lo resuelto por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en el fallo pluricitado.

2.8. Conclusión

76. Con base en lo expuesto, se revocará la sentencia de primera instancia del

29
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 7 abril de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2021-
07051-01. C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

18
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7 de abril de 2022 que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo. En su
lugar, se ampararán los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia y los principios de prevalencia al derecho
sustancial y de seguridad jurídica de la accionante. En consecuencia, se dejará sin
efectos la sentencia del 7 de mayo de 2021 y se ordenará que, dentro de los 20 días
siguientes a la notificación de esta providencia, la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profiera una sentencia de
reemplazo dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho de
radicado No. 11001-33-35-023-2019-00012-00/01, en la cual atienda los
argumentos expuestos en la parte considerativa del presente fallo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 7 de abril de 2022 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia por no superar el requisito de la relevancia constitucional.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y los principios de prevalencia al derecho sustancial y de seguridad jurídica
de la señora María del Carmen Sánchez Plazas.

TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 7 de mayo de 2021 y
ORDENAR a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de
este fallo, profiera una decisión de reemplazo dentro del expediente No. 11001-33-
35-023-2019-00012-00/01 en la que atienda los argumentos expuesto en el
presente fallo de tutela.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto N°. 2591 de 1991.

QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.

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