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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-00816-01

Fecha
11 de mayo de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-00816-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 45 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-00816-01 ACTOR: DAIRO HERNANDO GALVIS SANABRIA TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-00816-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

11 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00816-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: DAIRO HERNANDO GALVIS SANABRIA

TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE AMPARÓ LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACTOR. LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA INCURRIÓ EN EL DEFECTO SUSTANTIVO POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE. RECONOCIMIENTO DEL
SUBSIDIO FAMILIAR A SOLDADOS PROFESIONALES DECRETO 1794
DE 2000.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, A LA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA Y AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL META1 contra la sentencia de 16 de marzo

de 2023, proferida por la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE

ESTADO2 que accedió al amparo solicitado.

1 En adelante el Tribunal.
2 En adelante la Sección Quinta

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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-00816-01
ACTOR: DAIRO HERNANDO GALVIS SANABRIA

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor DAIRO HERNANDO GALVIS SANABRIA, actuando a

través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la tutela

judicial efectiva, al debido proceso y al principio de confianza

legítima, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META3 al proferir la

providencia de 27 de octubre de 2022, dentro del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 5001-33-33-003-2020-00116-01.

I.2.- Hechos

Refirió que, en el Decreto 1794 de 14 de septiembre de 2000 “Por el

cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de

3 En adelante el Tribunal.

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soldados profesionales de las Fuerzas Militares”, en su artículo 11 se

estableció el subsidio familiar para el soldado profesional casado o

con unión marital de hecho vigente y la obligación de reportar el

cambio de estado civil con el fin de obtener tal reconocimiento.

Sostuvo que, posteriormente, mediante Decreto 3770 de 30 de

septiembre de 2009, el Gobierno Nacional derogó el artículo antes

mencionado, por lo que ya los soldados profesionales no tenían la

obligación expresa de reportar el cambio de estado civil, en la medida

en que el reporte no generaría ningún efecto.

Indicó que a través del Decreto 1161 de 24 de junio de 2014, se

reactivó el reconocimiento del subsidio familiar para los soldados

profesionales, pero en una cuantía inferior a la anterior.

Relató que el Consejo de Estado mediante sentencia de 8 de junio de

2017, declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, con efectos ex

tunc, de tal forma que al considerar que le era aplicable la

mencionada providencia debido a la fecha de consolidación de su

derecho, esto es, 19 de febrero de 2010, momento en el que contrajo

matrimonio, solicitó ante el Ejército Nacional el reconocimiento del

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subsidio familiar de conformidad con el artículo 11 del Decreto 1794

de 2000, petición que no fue resuelta por lo que se generó acto ficto

o presunto, negándosele así su solicitud.

Adujo que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en

ejercicio del medio de control nulidad y restablecimiento del derecho

contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a la cual

le fue asignado el número único de radicación 2020-00116-00 y le

correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo Oral del

Circuito de Villavicencio4 que, en sentencia de 28 de julio de 2022,

denegó las pretensiones de la demanda.

Manifestó que, inconforme con ello, interpuso recurso de apelación,

el cual fue conocido por el Tribunal que, mediante sentencia de 27

de octubre de 2022, confirmó la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en

defecto sustantivo al desconocer los efectos ex tunc de la declaratoria

4 En adelante el Juzgado.

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de nulidad del Decreto 3770 de 2009, toda vez que contrajo

matrimonio el 19 de febrero de 2010, es decir, el cambio de estado

civil se dio antes de la entrada en vigencia del Decreto 1161 de 2014,

por lo que con la sentencia de 8 de junio de 2017 recobró vigencia el

Decreto 1794 de 2000, normativa aplicable para el reconocimiento

del subsidio familiar solicitado.

Destacó que el subsidio familiar conforme el Decreto 1161 de 2014

solamente se debe aplicar a aquellos soldados profesionales que

contrajeron matrimonio o declararon su unión marital de hecho a

partir del 24 de junio de 2014, lo cual no ocurrió en el asunto, pues

contrajo matrimonio el 19 de febrero de 2010, de tal forma que al

declarar la nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009,

revivió a la vida jurídica el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, la

cual le era aplicable a su caso.

Sumado a lo anterior, trajo a colación como referente jurisprudencial

y no como precedente, la sentencia de tutela proferida por la Sección

Quinta el 7 de abril de 2022, identificada con el número único de

radicación 11001-03-15-000-2021-07051-01, a través de la cual en

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un asunto con identidad fáctica a la presente, se accedió al amparo

solicitado.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó la protección de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] se declare la NULIDAD de la sentencia en mención, en
cuanto negó el reconocimiento y reajuste del subsidio familiar en
la cuantía establecida en el artículo 11 del decreto 1794 del 2000.

3. Que una vez ordenada la Nulidad se ordene al Tribunal
Contencioso Administrativo del Meta proferir nueva sentencia
dentro del expediente No. 50001-33-33-003-2020-00116-01 y
en su lugar proceda a preferir fallo concediendo el derecho al
Subsidio familiar como lo establece el decreto 1794 de 2000 […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El Tribunal ratificó en todos los argumentos jurídicos que

sustentaron la providencia cuestionada, en especial la circunstancia

que dentro del trámite de tutela no fue acreditada la configuración

del vínculo que daba derecho al reconocimiento del subsidio familiar.

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Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo,

dado que resolvió el asunto en debida forma y con sujeción a los

principios y garantías que orientan el ejercicio de la función

jurisdiccional.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El Ministerio de Defensa Nacional solicitó denegar la

solicitud de amparo al estimar que los planteamientos propuestos por

el actor ya fueron resueltos y desvirtuados por la administración de

justicia, al dejar en evidencia la carencia de prueba que sirviera de

sustento de los argumentos con los que pretendía acreditar la nulidad

solicitada.

Adujo que la acción de tutela no cumple con los requisitos para

habilitar el estudio de fondo, pues a pesar de que el actor menciona

la vulneración de los derechos fundamentales invocados, no

argumentó ni justificó tal aseveración.

Finalmente, adujo que este mecanismo constitucional no puede ser

una tercera instancia en la que se controvierta una decisión adversa.

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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Quinta mediante sentencia de 16 de marzo de 2023,

amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a

la administración de justicia del actor, al considerar que el

TRIBUNAL incurrió en defecto sustantivo por falta de interpretación

sistemática de las normas que regulan el caso en concreto, aunados

a los efectos de la declaratoria de nulidad contenido en la sentencia

de 8 de junio de 2017, proferida por la Sección Segunda del Consejo

de Estado.

Para lo anterior, agregó que la autoridad judicial accionada concluyó

que no le asistía derecho al actor, pese a que obtuvo las condiciones

requeridas para ser beneficiario del subsidio familiar en cuanto al

nacimiento de sus hijos, pues solicitó su reconocimiento en el

momento en el que el Decreto 1794 de 2000 había perdido vigencia,

encontrándose en aplicación los decretos 1161 y 1162 de 2014,

según se evidencia de la hoja de servicios.

Señaló que no encuentra razonable cuestionar que el demandante

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presentó su reclamación en vigencia de los decretos 1161 y 1162 de

2014, precisamente porque solo hasta que cobró ejecutoria la

providencia de 8 de junio de 2017, era que el actor contaba con la

certeza de informar a la institución acerca de su estado civil, lo que

finalmente ocurrió en el 2018.

Indicó que aun cuando la norma dispone para el reconocimiento del

subsidio familiar informar o presentar solicitud, para el momento en

el que el actor contrajo nupcias, esto es, el año 2010, el artículo 11

del Decreto 1794 de 2000 se encontraba derogado y, solo hasta

finales del año 2017, fue que cobró firmeza la sentencia que revivió

a la vida jurídica dicha norma.

Finalmente, añadió que no resultan de recibo los argumentos en

virtud de los cuales el TRIBUNAL indicó que no había lugar a acceder

a lo pretendido, pues no advertía ni los registros civiles de los hijos

del actor ni el matrimonio con la señora NOREIDA PÉREZ

BECERRA, pues la misma autoridad mencionó que podía colegir que

el señor GALVIS SANABRIA sí solicitó su reconocimiento, según lo

indicado en la hoja de servicios en la que se reconoció el subsidio

familiar con fecha de 18 de julio de 2014.

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III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El TRIBUNAL impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta,

en los siguientes términos:

Adujo que si bien uno de los argumentos centrales de la negativa de

las pretensiones es el no haber informado por parte del solicitante a

la entidad sobre el cambio de su estado civil, no es menos cierto que

se omitió analizar que el actor no cumplió con la carga de la prueba,

lo que llevaba de una u otra forma a la negativa del reconocimiento

de subsidio familiar.

En efecto, en la providencia acusada se expuso que, si bien se puede

encontrar una mención de los hijos o de matrimonio, los documentos

que demuestran el estado civil o el vínculo paterno filial no fueron

aportados por el actor al proceso ordinario, lo que imposibilitaba

corroborar el presunto derecho del actor.

Adicionalmente, alegó que la carencia probatoria señalada traería

consigo proferir una decisión de reemplazo estimatoria, sin contar

con los medios de prueba necesarios para ello.

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Adicionalmente, reiteró que la acción de tutela no cumple con el

primer requisito de procedibilidad, en la medida en que el accionante

no logró probar que el asunto sometido a estudio tenga una

relevancia constitucional, de tal forma que lo pretendido por el actor

es revivir la discusión sobre los fundamentos legales y probatorios

utilizados en la sentencia acusada.

Por lo anterior, advirtió que acogió los criterios que correspondían

para el asunto, por lo que no se quebrantaron los derechos

fundamentales invocados, pues no se incurrió en defecto sustantivo.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

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proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

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unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían

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los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 27 de octubre de 2022, proferida

por el TRIBUNAL, por medio de la cual confirmó la decisión del a

quo que denegó las pretensiones de la demanda, dentro del medio

de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con

el número único de radicación 2020-00116-01.

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A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, al debido

proceso y al principio de confianza legítima, habida cuenta que, a

juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto

sustantivo.

La inconformidad del accionante radica en que, a su juicio, el

TRIBUNAL desconoció los efectos ex tunc de la declaratoria de

nulidad del Decreto 3770 de 2009, toda vez que contrajo matrimonio

el 19 de febrero de 2010, es decir, el cambio de estado civil se dio

antes de la entrada en vigencia del Decreto 1161 de 2014, por lo que

con la sentencia de 8 de junio de 2017 recobró vigencia el Decreto

1794 de 2000, normativa aplicable para el reconocimiento del

subsidio familiar solicitado.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

Sección Quinta que amparó los derechos fundamentales del actor,

al considerar que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto

sustantivo alegado.

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Inconforme con lo anterior, el TRIBUNAL impugnó la decisión

proferida en primera instancia, para lo cual indicó que si bien uno de

los argumentos centrales de la negativa de las pretensiones es el no

haber informado por parte del solicitante a la entidad sobre el cambio

de su estado civil, no es menos cierto que se omitió analizar que el

actor no cumplió con la carga de la prueba, lo que llevaba de una u

otra forma a la negativa del reconocimiento de subsidio familiar.

Destacó la autoridad judicial accionada que los documentos que

demuestran el estado civil o el vínculo paterno filial no fueron

aportados por al proceso ordinario, lo que imposibilitaba corroborar

el presunto derecho del actor; además, reiteró que la acción de tutela

no cumple con el requisito de la relevancia constitucional, de tal

forma que lo pretendido es revivir la discusión sobre los fundamentos

legales y probatorios utilizados en la sentencia acusada.

En este punto la Sala conviene destacar que aun cuando el actor

alegó un defecto sustantivo en el asunto, de los argumentos

expuestos se evidencia que lo pretendido realmente es poner de

presente un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

judicial, toda vez que las inconformidades están encaminadas a

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evidenciar que la autoridad judicial accionada desconoció los efectos

ex tunc de la sentencia de 8 de junio de 2017, por medio de la cual

se declaró la nulidad del Decreto núm. 3770 de 2009.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, ii)

establecer si la autoridad judicial accionada incurrió en el defectos

sustantivo por desconocimiento del precedente judicial dentro del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 2020-00116-01.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la

Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación.

La Sala observa que, en el presente caso se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto la parte actora plantea con

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suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su

criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto

sustantivo por desconocimiento del precedente y vulneró sus

derechos fundamentales invocados; contra la decisión cuestionada

no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los

recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y

unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de

tutela se interpuso en un plazo razonable5 y, por último, la solicitud

identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados.

Verificado lo anterior, corresponde determinar si la autoridad judicial

accionada incurrió en el defecto sustantivo por desconocimiento del

precedente endilgado a la providencia de 27 de octubre de 2022,

proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho identificado con el número único de radicación 2020-

00116-01.

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

judicial

5 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en

sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero
ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

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En nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las

decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras

jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente

jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de

unificación y la extensión de la jurisprudencia.

Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4º de

la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 6 y el 270 de la Ley 1437 de

18 de enero de 20117; así como su respaldo jurisprudencial las

sentencias C-836 de 9 de agosto de 20018; C-816 de 1o. de

noviembre de 20119; C-179 de 13 de abril de 201610; y T-102 de 25

de febrero de 201411.

En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado,

ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:

6 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
7 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya
proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social
o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos
extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A
de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
8 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(Doctrina probable).
9 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1o. de noviembre de 2011. M.P. Mauricio

González Cuervo. (Sentencias de unificación jurisprudencial).
10 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016. M.P. Luis Guillermo

Guerrero Pérez. (Sentencias de unificación jurisprudencial).
11 Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(Antecedente jurisprudencial).

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“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de
resolver que por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al
momento de dictar sentencia […].”12 (Destacado fuera de
texto).

Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso

determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos

fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y

a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del

debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.

Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por

la Corte Constitucional13, según el cual la actividad interpretativa que

se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial

está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación

de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los

funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por

la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado

por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el

mismo juez (precedente horizontal).

12 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
13 Corte Constitucional, Sentencia T- 760A de 2011. M. P.: Juan Carlos Henao Pérez.

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En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 13 de mayo

de 200814, indicó:

“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de
Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la
correcta utilización del precedente judicial implica que un
caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad
con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes
que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los
supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla
jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho
para su aplicación […]”. (Destacado fuera de texto).

Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia

constitucional, cuya doctrina es obligatoria15, la regla del respeto del

precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no

puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse,

o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación

concreta.

Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de

supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente

judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en

14 Corte Constitucional, Sentencia T-457 del 13 de mayo de 2008, M. P. Humberto Antonio

Sierra Porto.
15 Ver sentencias Corte Constitucional C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998.

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pronunciamientos anteriores de la Sala16, a saber: i) la disanalogía o

falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y

el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación

significativa de la situación social, política o económica en la que se

debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de

precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que

sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como

precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la

jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la

consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser

contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se

fundamenta el ordenamiento jurídico.

En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el

juez que se separa del precedente asume una especial carga de

argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara,

razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio

de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse

a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13
de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001-03-15-
000-2012-02074-00.

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fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se

sustenta la decisión de apartarse.

Así las cosas, y como lo ha sostenido la Sala, solo el desconocimiento

injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración

del defecto sustantivo, como causal de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencias judiciales17.

Caso en concreto

Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que el TRIBUNAL

mediante sentencia de 27 de octubre de 2022, para efectos de

determinar si había lugar a confirmar la decisión del a quo, que

denegó las pretensiones de la demanda, estableció lo siguiente:

“[…] De la hoja de servicios aportada al expediente, se puede
concluir que el señor DAIRO HERNANDO GALVIS
SANABRIA tiene tres (03) hijos que responden al nombre
de OSCAR DAVID GALVIS PÉREZ nacido el 17 de
septiembre de 2004, DAIRO ANDRÉS GALVIS PÉREZ
nacido el 03 de febrero de 2001 y HEIDY YIDITH GALVIS
PÉREZ nacida el 27 de enero de 2000. De igual forma el 19
de febrero de 2010, contrajo nupcias con la señora

17 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia 13 de marzo de 2013. C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de
radicación 11001-03-15-000-2012-02074-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia 18 de abril de 2013. C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-01797-00.

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NOREIDA PÉREZ BECERRA, por lo que para el 18 de julio
de 2014 la entidad accionada le reconoció el pago del
Subsidio Familiar. No obstante, no se advierte ni los registros
civiles de los hijos del accionante ni el de matrimonio con la
señora NOREIDA PÉREZ BECERRA, carga que tenía la parte
accionante.

Ahora bien, en gracia de discusión lo que quiere decir que el
nacimiento de los menores ocurrió con anterioridad al 30 de
septiembre del 2009, empero el matrimonio ocurrió posterior a
dicha fecha; en otras palabras, en vigencia del Decreto 3770 del
2009, mediante el cual se había eliminado el subsidio familiar
como factor salarial. Sin embargo, el mismo fue declarado nulo
con efectos ex tunc, tal como se señaló en el acápite de marco
jurídico.

[…]

Conforme lo anterior, la carencia de pruebas allegadas por
la parte accionante al expediente no permite determinar
que la modificación de la situación civil del accionante
hubiera sido informada a la entidad demandada,
incumpliendo el segundo requisito establecido en el
Decreto 1794 de 2000. Cuestionando a su vez que en el
presente proceso no fueron aportados los registros civiles de
nacimiento de los hijos ni el de matrimonio – el cual fue realizado
presuntamente en vigencia del Decreto 3770 del 2009.

En ese sentido, pese a que el accionante obtuvo las
condiciones requeridas para ser beneficiario del subsidio
familiar en cuanto al nacimiento de sus hijos, solicitó su
reconocimiento cuando el Decreto 1794 de 2000 había
perdido vigencia, encontrándose en aplicación los
Decretos 1161 y 1162 de 2014, según se colige de la hoja
de servicios en la que reconocen el subsidio familiar con
fecha de vigencia el 18 de julio de 2014. Razón por la que,
corresponde a la Sala confirmar la decisión proferida por el a quo,
respecto de esta pretensión.

[…]”.

De lo anterior se infiere que el TRIBUNAL, al conocer en segunda

instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del

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derecho, confirmó la decisión del a quo al considerar que el señor

GALVIS SANABRIA no presentó oportunamente la petición dirigida

al Ejército Nacional a fin de solicitar el reconocimiento del subsidio

familiar, aportando los documentos que certificaban el cambio del

estado civil, de tal forma que no era posible acceder al

reconocimiento del beneficio previsto en el artículo 11 del Decreto

1794 de 2000.

Así las cosas, advirtió que no era posible establecer que el actor

hubiese informado respecto de su cambio de estado civil a la entidad

en el momento oportuno; además, destacó que el referido derecho

prestacional fue solicitado por el actor cuando estaban vigentes los

decretos 1161 y 1162 de 2014, esto es, cuando el Decreto 1794 de

2000 había perdido vigencia, por lo que no era posible acceder a sus

pretensiones.

Para arribar a la anterior conclusión, la autoridad judicial accionada

estimó que, de conformidad con la hoja de servicios aportada, era

dable advertir que el actor tenía tres hijos, los cuales nacieron con

anterioridad al 30 de septiembre de 2009, así también, que contrajo

matrimonio el 19 de febrero de 2010, esto es, en vigencia del Decreto

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3770 de 2009, por medio del cual se había eliminado el subsidio

familiar solicitado.

En efecto, el TRIBUNAL sostuvo que aun cuando el actor contaba

con las condiciones requeridas para ser beneficiario del subsidio

familiar establecido en el Decreto 1794 de 2000, al momento de

solicitarlo este había perdido vigencia, encontrándose en aplicación

los decretos 1161 y 1162 de 2014, norma que se aplicó de

conformidad con lo que se evidencia de la hoja de servicios que

reconoció al señor GALVIS SANABRIA el subsidio familiar.

Antes de entrar a analizar los alegatos expuestos por el TRIBUNAL

en el escrito de impugnación, es importante hacer algunas

precisiones respecto del régimen del subsidio familiar para soldados

profesionales.

Con base en las facultades otorgadas en la Ley 4ª de 18 de mayo de

199218, el Presidente de la República estableció el régimen salarial y

18 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de
las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política».

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prestacional de los soldados profesionales de las fuerzas militares a

través del Decreto 1794 de 2000.

En el artículo 11 del decreto en mención se creó el subsidio familiar

como una prestación mensual a la que tendrían derecho los soldados

profesionales casados o con unión marital de hecho.

La norma en comento al respecto preveía:

“[…] Artículo 11. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del
presente Decreto, el soldado profesional de las Fuerzas Militares
casado o con unión marital de hecho vigente, tendrá derecho al
reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al
cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual más la
prima de antigüedad.

Para los efectos previstos en este artículo, el soldado profesional
deberá reportar el cambio de estado civil a partir de su inicio al
Comando de la Fuerza de conformidad con la reglamentación
vigente […]”.

La disposición en cita fue derogada con el Decreto 3770 de 2009, con

lo que la prestación aludida dejó de ser un beneficio para los nuevos

soldados profesionales que se encontraran en las condiciones para

percibirla.

Posteriormente, a través del Decreto 1161 de 2014, a partir del 1o.

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de julio de esa anualidad, el Gobierno Nacional volvió a crear el

subsidio familiar para los soldados profesionales que no lo estuvieran

percibiendo con forme con lo previsto en el artículo 11 del Decreto

1794 de 2000, así:

“[…] ARTÍCULO 1º. Subsidio Familiar para soldados
profesionales e infantes de marina profesionales. Créase, a
partir del 1° de julio del 2014, para los soldados profesionales e
infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares en
servicio activo, que no perciben el subsidio familiar regulado en
los decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, un subsidio familiar
que se liquidará y reconocerá mensualmente sobre su asignación
básica, así:

a. Para los soldados profesionales e infantes de marina
profesionales casados o con unión marital de hecho vigente,
tendrán derecho a percibir por subsidio familiar el veinte por
ciento (20%) de la asignación básica por la cónyuge o
compañera permanente, más los porcentajes a que se pueda
tener derecho por los hijos conforme al literal c. de este artículo.
b. Para los soldados profesionales e infantes de marina
profesionales viudos siempre y cuando hayan quedado a cargo
de los hijos habidos dentro del matrimonio o dentro de la unión
marital de hecho, tendrán derecho a percibir por subsidio
familiar el veinte por ciento (20%) de la asignación básica más
los porcentajes a que se pueda tener derecho por los hijos
conforme al literal c. del presente artículo.

c. Para los soldados profesionales e infantes de marina
profesionales con hijos, tendrán derecho a percibir subsidio
familiar por este concepto calculado sobre su asignación básica
así: Por el primer hijo el tres por ciento (3%), por el segundo
hijo el dos por ciento (2%) y el uno por ciento (1%) por el tercer
hijo. En ningún caso el soldado profesional o el infante de marina
profesional por este concepto podrá percibir más del seis por
ciento (6%) de su asignación básica.

PARÁGRAFO 1. El subsidio familiar previsto en el presente
artículo en ningún caso podrá sobrepasar el veintiséis por ciento
(26%) de la asignación básica de los soldados profesionales e

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infantes de marina profesionales.

PARÁGRAFO 2. Para los efectos previstos en este artículo los
soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las
Fuerzas Militares a partir del 01 de Julio de 2014, podrán elevar
al Comando de Fuerza. la solicitud de reconocimiento del
subsidio familiar previsto en el presente decreto, y el
reconocimiento tendrá efectos fiscales a partir de la fecha de
presentación de la solicitud de que trata el presente parágrafo,
siempre y cuando cumplan con los requisitos para su
reconocimiento y pago.

PARÁGRAFO 3. Los soldados profesionales e infantes de marina
profesionales de las Fuerzas Militares que estén percibiendo el
subsidio familiar previsto en los decretos 1794 de 2000 y 3770
de 2009, no tendrán derecho a percibir el subsidio familiar que
se crea en el presente decreto […]”.

Ahora bien, mediante sentencia de 8 de junio de 201719, la Sección

Segunda -Subsección “B”- del Consejo de Estado declaró la nulidad

del Decreto 3770 de 2009, a través del cual se había derogado el

artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por las siguientes razones:

“[…] De la revisión en conjunto de las dos disposiciones
normativas transcritas es dable establecer con facilidad que la
derogatoria contemplada en el Decreto 3770 de 2009 expulsa
del mundo jurídico, a partir de su entrada en vigencia, la
prerrogativa estatuida con el artículo 11 del Decreto 1974 de
2000, consistente en el reconocimiento de la prestación del
subsidio familiar para los soldados profesionales que para ese
momento hubieren contraído matrimonio o tuvieren unión
marital de hecho.

El Decreto 1794 de 2000 fue publicado el 14 de septiembre de
ese año en el diario oficial número 44.161, no obstante, por

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección

B, sentencia de 8 de junio de 2017, CP César Palomino Cortés, número único de radicación
11001-03-25-000-2010-00065-00.

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virtud de su artículo 17 entró en vigencia a partir del 1 de enero
de 2001; por su parte, el Decreto 3770 de 2009, entró a regir a
partir de su publicación, esto aconteció el 30 de septiembre de
ese año en el diario oficial número 47.488. Lo que significa que
la previsión contenida en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000
produjo efectos jurídicos entre el 1 de enero de 2001 y el 30 de
septiembre de 2009, o en otras palabras, el derecho al subsidio
familiar para los soldados profesionales pervivió en el mundo
jurídico por el lapso de ocho (8) años y ocho (8) meses, contados
desde la entrada en vigencia del decreto que lo reconoció hasta
la entrada en vigencia del acto que lo derogó.

Para la Sala es claro que los soldados profesionales tuvieron
reconocido el derecho objetivo al subsidio familiar por razón o
con ocasión de la previsión contenida en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, y que contrario a lo dicho por las
entidades demandadas en sus escritos de defensa, este derecho
fue revertido, eliminado y suprimido por virtud de lo normado
en el artículo 1 del Decreto 3770 de 2009, acto posterior que al
derogar la disposición que lo reconocía cesó por completo su
vigencia al expulsarla del ordenamiento jurídico.

Salta a la vista entonces que las disposiciones contenidas en el
Decreto 3770 de 2009, en la medida en que desalojan del
universo jurídico el derecho objetivo a la prestación del subsidio
familiar para los soldados profesionales, constituyen per se un
retroceso. Se trata de normas regresivas que afectan el derecho
al trabajo y a la seguridad social de estos integrantes de las
fuerzas militares, y por tanto, deben ser consideradas como
inconstitucionales prima facie.

Ahora bien, dado que la sala ha considerado que las normas
contenidas en el Decreto 3770 de 2009 se presumen afectadas
de invalidez dado su carácter regresivo al no simplemente tornar
nugatorio el derecho objetivo a la prestación del subsidio familiar
para los soldados profesionales, sino al erradicarlo por completo
y privar a un grupo poblacional de trabajadores del Estado de
cualquier posibilidad de goce; se hace necesario realizar un
escrutinio más riguroso respecto de la razonabilidad, legitimidad
y proporcionalidad de la medida.

Cabe señalar que al considerar que la norma que garantizaba el
reconocimiento y goce del derecho a la prestación del subsidio
familiar de los soldados profesionales fue expulsada del
ordenamiento por virtud de su derogatoria, podría pensarse que
estos quedarían inmersos en la regla general de reconocimiento

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de dicha prestación a cualquier trabajador con bajos ingresos
salariales contenida en la Ley 789 de 2002. Sin embargo, tal
interpretación no es posible de realizar, toda vez que como se
explicó el régimen prestacional de los integrantes de la fuerza
pública es especial, habida cuenta de la necesidad de que sus
integrantes alcancen la igualdad real y efectiva frente a otros
trabajadores del Estado, y debido a lo riesgoso de la actividad
que desempeñan.

Resulta entonces paradójico y contrario a los principios y fines
esenciales del Estado que los destinatarios de un régimen
especial estatuido para que sus beneficiarios alcancen la
igualdad material y sean compensados por exponer su vida e
integridad personal a partir del riesgo al que están sometidos en
el desempeño de sus funciones, no sean sujetos activos del
reconocimiento del derecho objetivo a la prestación del subsidio
familiar, la que además persigue el propósito de contribuir en el
alivio de las necesidades básicas de los sectores más pobres de
la población, dentro de los cuales se hallan, generalmente, los
soldados profesionales.

La Sala encuentra además que la medida contenida en el decreto
3770 de 2009 encarna en sí misma un acto discriminatorio.
Discriminación que se presenta en dos posibles hipótesis
normativas: (i) respecto de los soldados profesionales que
dentro del término de vigencia del artículo 11 del Decreto 1794
de 2000 hubieren adquirido el derecho subjetivo al subsidio
familiar por haber contraído matrimonio o constituir unión
marital de hecho, frente a los soldados profesionales que
teniendo el reconocimiento al derecho objetivo no hubieren
alcanzado el expreso reconocimiento al derecho subjetivo,
existiendo la probabilidad cierta de consolidación futura del
correspondiente derecho, dentro del lapso en el que el artículo
11 ibídem se mantuvo vigente, por encontrarse incursos en una
expectativa legítima; y (ii) en relación con los soldados
profesionales que contrajeron matrimonio o constituyeron unión
marital de hecho con posterioridad a la entrada en vigencia de
la derogatoria del derecho a la prestación del subsidio familiar,
frente a los soldados profesionales, a quienes se les reconoció el
derecho a la mencionada prestación social, y se encuentran en
su goce efectivo, como respecto de los suboficiales y oficiales a
quienes se les reconoce dicho derecho objetivo.

En efecto, el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, no solamente
estipuló un derecho objetivo con vocación de subjetivación en
cabeza de quienes contraigan matrimonio o constituyan una

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unión marital del hecho, sino que también reconoció este
derecho a todos los soldados profesionales en servicio activo,
por cuanto que al ejercer el derecho al libre desarrollo de la
personalidad y ser titulares del derecho a la familia tienen la
probabilidad cierta de consolidar en el futuro el correspondiente
derecho a la prestación del subsidio familiar.
[…]

En conclusión, la medida incorporada al ordenamiento jurídico
mediante el Decreto 3770 de 2009, que suprime el
reconocimiento al derecho prestacional del subsidio familiar a los
soldados profesionales al revocar el artículo 11 del Decreto 1794
de 2000, se constituye en regresiva y por tanto carente de
legalidad, al no solamente contravenir los principios y normas
en los que debería fundarse, sino también porque no es
compatible con el contenido esencial de los derechos a la
protección y seguridad social, al trabajo, y a la seguridad
jurídica, toda vez que su objeto no se encuentra dirigido a
promover el bienestar general de los soldados profesionales
como integrantes de la fuerza pública en una sociedad
democrática.

Además del análisis efectuado fundado en el juicio de
razonabilidad de la medida regresiva cuestionada, esta
Subsección considera que con base en la cláusula del Estado
Social de Derecho, resulta imperativo favorecer en su decisión
la vigencia de la norma de derecho social de mayor alcance,
acogiéndose a la regla hermenéutica que rige en materia de
derechos sociales, in dubio pro justitia socialis, e interpretar las
normas a favor de los soldados profesionales, por cuanto que al
serle aplicadas con este sentido consiguen o tienden a alcanzar
el “bienestar”, esto es, las condiciones de vida mediante las
cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme a
su excelsa dignidad.

Por consiguiente, estos cargos estarán llamados a prosperar y
se declarará la nulidad del Decreto 3770 de 2009 […]”.

Corolario a lo anterior, el Decreto 3770 de 2009 fue declarado nulo,

toda vez que en la medida en que eliminaba el reconocimiento del

subsidio familiar a los soldados profesionales, constituía una medida

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regresiva y carente de legalidad.

Por lo anterior, la Sección Segunda de esta Corporación resolvió “[…]

DECLARAR, con efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770

de 2009, “por el cual se deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de

2000 y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Gobierno

Nacional […]”.

En relación con los efectos de la declaratoria de nulidad con efectos

“ex tunc”, mediante auto de 8 de septiembre de 2017, la autoridad

judicial al resolver unas solicitudes de aclaración y adición señaló:

“[…] De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con
efectos “ex tunc” del Decreto 3770 de 2009 revivió las
disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de
evitar la existencia de vacíos normativos y, por ende, la
inseguridad jurídica generada por la ausencia de regulación
particular y específica respecto de situaciones jurídicas no
consolidadas desde el momento de su promulgación hasta
cuando fue subrogado por el Decreto 1161 de 2014, que
permanece en vigor desde su entrada en vigencia hasta nuestros días,
por cuanto que no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico por
ninguna de las vías legalmente establecidas […]”. (Destacado fuera
del texto)

En ese orden de ideas, el subsidio familiar se reconoce con base en

el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 a los soldados profesionales

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que causen el derecho hasta el 1o. de julio de 2014, fecha a partir

de la cual entró a regir el Decreto 1161 de esa anualidad, sin que

este, hasta el momento haya sido suspendido, anulado, subrogado o

derogado.

Al abordar el asunto sub examine, la Sala encuentra que aun

cuando el TRIBUNAL hizo referencia a que el actor no aportó los

registros civiles de sus hijos ni el de matrimonio con la señora

NOREIDA PÉREZ BECERRA, la verdadera motivación que llevó a

confirmar la sentencia del a quo que denegó las pretensiones de la

demanda fue el hecho, según el cual, el actor no cumplió con el

requisito de informar la modificación de su situación civil en vigencia

del Decreto 1794 de 2000, pues ello se realizó encontrándose vigente

los decretos 1161 y 1162 de 2014.

En efecto, la autoridad judicial accionada reconoció que de

conformidad con la hoja de servicios aportada, al actor le fue

reconocido subsidio familiar por tener 3 hijos y haber contraído

matrimonio el 19 de febrero de 2010 con la señora NOREIDA PÉREZ

BECERRA.

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Al analizar los supuestos fácticos y jurídicos del caso concreto, se

observa que el señor GALVIS SANABRIA i) ingresó a prestar el

servicio militar el 30 de marzo de 2004 y el 18 de julio de 2006 fue

vinculado como soldado profesional y, ii) de conformidad con la hoja

de servicios, contrajo nupcias el 19 de febrero de 2010 con la señora

NOREIDA PÉREZ BECERRA, con la cual procreó 3 hijos.

Así las cosas, es dable establecer que si el actor cumplía con los

presupuestos para ser beneficiario de la mencionada prestación con

fundamento en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, el

TRIBUNAL debió analizar su situación concreta frente a los efectos

ex tunc de la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009.

Lo anterior, en la medida en que la autoridad judicial accionada

desconoció que el actor no pudo acceder al subsidio familiar

establecido en la anterior normativa por cuanto para dicho momento

que contrajo matrimonio, tal disposición estaba derogada, por lo que

con ocasión de la nulidad del Decreto 3770 de 2009, lo que

correspondía era verificar si en el período comprendido entre la fecha

de la celebración del matrimonio – 19 de febrero de 2010- y la

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expedición del Decreto 1161 de 2014, se debía reconocer y pagar la

prestación.

Ahora, tal como lo sostuvo esta Sala20 de Sección en otra

oportunidad, aun cuando con ocasión de la declaratoria de nulidad

del Decreto 3770 de 2009, los decretos 1794 de 2000 y 1161 de

2014 existieron de manera concomitante, lo cierto es que el primero

de estos resulta más favorable para el actor, razón adicional para

que el TRIBUNAL hubiese estudiado su aplicación, pues se insiste,

el hecho generador se consolidó durante su vigencia, en razón a los

efectos ex tunc otorgados por la Sección Segunda de esta

Corporación.

Así las cosas, en cuanto al argumento expuesto por el TRIBUNAL

según el cual el actor no acreditó que presentó oportunamente

petición dirigida al Ejército Nacional a fin de solicitar el

reconocimiento del subsidio familiar, aportando los documentos que

certificaban el cambio del estado civil, es del caso advertir que la Sala

no comparte tal sustento.

20 Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, sentencia de

8 de abril de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. 11001-31-50-000-
2021-00197-00.

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En efecto, para la Sala la autoridad judicial accionada no realizó un

análisis integral y armónico de los efectos de la sentencia de 8 de

junio de 2017 y el reconocimiento del derecho establecido en el

Decreto 1794 de 2000, pues no resulta razonable exigir el reporte

del cambio del estado civil desde el momento en que se causó el

derecho, toda vez que tal normativa volvió a la vida jurídica hasta el

8 de junio de 2017 y solo hasta esta fecha se contó con la certeza de

ser beneficiario de ello, de tal forma que exigir el informe de ello para

el momento en que la norma estaba derogada, resulta

desproporcional.

Lo anterior ha sido acogido por esta Corporación21 en múltiples

decisiones, de las cuales se desprende que aun cuando el artículo 11

del Decreto 1794 de 2000 estableció que para el reconocimiento del

subsidio familiar debía presentarse solicitud e informar el cambio de

21 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sentencia de 27 de octubre de

2021, C.P: Carlos Enrique Moreno Rubio. Radicación núm. 11001-03-15-000-2021-04441-
01

Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sentencia de 7 de abril de 2022
C.P: Pedro Pablo Vanegas Gil. Radicación núm. 11001-03-15-000-2021-07051-01

Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sentencia de 2 de junio de 2022
C.P: Pedro Pablo Vanegas Gil. Radicación núm. 11001-03-15-000-2022-01132-01

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estado civil, la mencionada normativa se encontraba derogada y fue

solo hasta finales del año 2017 que cobró firmeza la sentencia que

declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, por lo que la autoridad

judicial debe analizar las particularidades del caso a fin de determinar

la procedencia de la solicitud.

En efecto, en sentencia de 16 de junio de 202222, la Sección Quinta

del Consejo de Estado, dispuso:

“[…] No obstante, en el proveído cuestionando se confirmó la
decisión que negó las pretensiones de la demanda en atención
a que la norma aplicable a la situación prestacional del actor
estableció el deber de reportar el cambio de estado civil a
partir de su inicio al Comando de la Fuerza, actuación que
echó de menos en el caso sometido a su consideración, bajo
la siguiente línea argumentativa:

[…]

Ahora bien, para la Sala el caso analizado debe
abordarse desde una interpretación armónica entre el
marco normativo que prevé el subsidio familiar para los
soldados e infantes de marina profesionales de las
Fuerzas Militares y lo señalado por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
providencia de 8 de junio de 2017, bajo la siguiente línea
argumentativa:
[…]

En este orden de ideas, la Sala advierte que el tribunal
accionado no realizó una interpretación sistemática de las
normas que regulan el caso en concreto aunado a los efectos

22 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sentencia de 16 de junio de

2022 C.P: Carlos Enrique Moreno Rubio. Radicación núm. 11001-03-15-000-2022-01201-
01

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de la declaratoria de nulidad contenido en la sentencia del 8
de junio de 2017 proferida por la Sección Segunda del Consejo
de Estado al concluir que el demandante no tenía derecho a
que se le reconociera el subsidio familiar.

La razón de ello obedece a que es desacertado que la
autoridad cuestionada considerara que no procedía el
reconocimiento del subsidio familiar dado que el señor
Jiménez Quintero no había cumplido con uno de los
requisitos contemplados en el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, esto es, el de reportar el cambio de
estado civil a partir de su inicio, justamente porque solo
hasta que cobró ejecutoria la providencia de 8 de junio
de 2017 era que éste contaba con la certeza de informar
a la institución tal novedad, lo que finalmente sucedió
el 18 de diciembre de 2017

Aun cuando el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 estableció
que para el reconocimiento del subsidio familiar se debía
reportar, informar o presentar la solicitud, lo cierto es que el
actor cambió su estado civil mediante declaración de unión
marital de hecho el 13 de noviembre de 2012, fecha para la
cual dicha exigencia se encontraba derogada expresamente
por el Decreto 3770 de 2009 y solo hasta finales del año 2017
fue que cobró firmeza la sentencia que declaró la nulidad de
esta última norma.

Así que la colegiatura enjuiciada no analizó lo relativo a las
particularidades de la situación administrativa del señor
Jiménez Quintero, que conllevó a que inicialmente no pudiera
acceder al subsidio familiar bajo el amparo del artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, por cuanto para el año 2012 –cuando
cambió su estado civil– tal norma había sido derogada.

Visto así el asunto, la Sala encuentra configurado el
defecto sustantivo invocado pues se advierte una
indebida aplicación del artículo 11 del Decreto 1794 de
2000 y, por otro lado, la falta de interpretación
sistemática de las normas que regulan el caso
analizado en concordancia con los efectos de la
declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009 con
ocasión de la sentencia del 8 de junio de 2017 proferida
por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado […]” (Destacado fuera de texto).

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En igual sentido, más adelante en providencia de 28 de julio de

202223, esta Corporación discurrió sobre el particular así:

“[…] Que el accionante no hubiese reportado su nuevo estado
civil antes del 24 de junio de 2014, cuando entró a regir el
Decreto 1161 de 2014, requisito de orden formal contenido
en el inciso 2° del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
deviene llanamente de la inexistencia en la vida jurídica de tal
norma, razón suficiente para que durante el término de su
derogatoria no fuera posible exigir su cumplimiento.

Ahora, si bien es cierto que el actor no solicitó el
reajuste de su prestación de conformidad con lo
estipulado en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
ello obedece a que, solo hasta el momento en que
quedó ejecutoriada la sentencia de la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado de 8 de junio
de 2017, se daba por hecho la nulidad del Decreto 3770
de 2009, supuesto a partir del cual el tutelante contaba
con la certeza de que debía presentar su petición,
máxime porque el requisito principal, de orden
sustancial, consistente en la variación de su estado
civil, ocurrió el 31 de mayo de 2014 cuando contrajo
nupcias.

En efecto, no puede pasarse por alto que en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, la exigencia principal, a partir de la
cual se puede reclamar el derecho al subsidio familiar, radica
en que se constituya una sociedad conyugal o una sociedad
patrimonial en el caso de las uniones maritales de hecho,
presupuesto sin el cual no es posible en ningún momento ni
bajo ninguna normativa acceder al reconocimiento del
beneficio comentado.

La información o el reporte del cambio en el estado civil
es la formalidad requerida para conseguir la
materialización del derecho, lo cual no le resta
virtualidad al hecho de que el accionante satisfizo el
requisito sustancial y que, al encontrase derogado el

23Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sentencia de 28 de julio de
2022 C.P: Luis Alberto Álvarez Parra. Radicación núm.11001-03-15-000-2022-03285-00.

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Decreto 1794 de 2000, no le era exigible su
acatamiento […]” (Destacado fuera de texto).

Por su parte, esta Sala en sentencia de 14 de diciembre de 202224,

en un asunto con identidad fáctica y jurídica a la presente, accedió al

amparo deprecado al considerar que la autoridad judicial accionada

incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento de precedente al

no analizar de forma armónica y sistemática los efectos ex tunc de

la sentencia de 8 de junio de 2017.

Así las cosas, para la Sala resulta desacertado exigir prueba del

reporte de cambio de estado civil, comoquiera que para la fecha en

la cual el actor contrajo matrimonio, el Decreto 1794 de 2000 estaba

derogado y, por tanto, ello no surtiría ningún efecto, por lo que

imponer tal exigencia resulta desproporcionada e irrazonable, de tal

forma que tal como se expuso en líneas anteriores, la autoridad

judicial accionada debe realizar un análisis armónico y sistemático de

los efectos de la sentencia de 8 de junio de 2017 y el Decreto 1794

de 2000.

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

14 de diciembre de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación número 11001-03-
15-000-2022-04969-01.

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De manera que la omisión de la autoridad judicial accionada de tener

en cuenta los pronunciamientos del Consejo de Estado y analizar las

particularidades del caso de forma armónica y sistemática con los

efectos ex tunc de la sentencia de 8 de junio de 2017 y el Decreto

1794 de 2000, vulnera los derechos fundamentales del actor.

Finalmente, la Sala no comparte el reparo expuesto por el

TRIBUNAL en el escrito de impugnación al advertir que de dar

cumplimiento a la providencia del a quo, traería consigo proferir una

decisión de reemplazo estimatoria, sin contar con los medios de

prueba necesarios para ello, comoquiera que el amparo emitido por

la SECCIÓN QUINTA y, que en este trámite de segunda instancia

se confirma, está encaminado a ordenarle a la autoridad judicial

accionada que emita una sentencia en reemplazo, en la cual realice

una correcta y sistemática aplicación de las normas que regulan el

caso, aunado a los efectos de la declaratoria de nulidad contenida en

la sentencia de 8 de junio de 2017.

Así las cosas, se reitera que lo ordenado en este trámite

constitucional no es que se reconozca el subsidio familiar solicitado,

sino que con fundamento en el criterio aquí expuesto, se analicen y

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estudien las pruebas obrantes en el proceso, con el fin de que se

determine si procede o no acceder a las pretensiones de la demanda.

En virtud de lo anterior, la Sala confirmará la providencia impugnada,

que amparó los derechos fundamentales del actor por encontrarse

configurado el defecto sustantivo por desconocimiento del

precedente, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la

presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 11 de mayo de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Salva voto

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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