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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05432-00

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05432-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 R a d ic a d o: 1 1 00 1- 03 - 1 5- 0 00- 2 0 25- 0 54 3 2- 0 0 Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05432-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05432-00
Accionantes: William Richard Salinas Zety
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión.

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reajuste subsidio familiar. NIEGA AMPARO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor William Richard
Salinas Zety en contra del Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de
Decisión, con ocasión de la sentencia del 25 de febrero de 2025 proferida en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001-33-
33-004-2023-00153-00/01.

ANTECEDENTES

La parte actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, junto con los derechos
adquiridos y los principios de prevalencia del derecho sustancial y seguridad
jurídica.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

La parte actora señaló que el 24 de enero de 2023, presentó reclamación
administrativa ante el Ejército Nacional, solicitando, entre otros aspectos, el reajuste
del subsidio familiar con fundamento en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, en
virtud de la nulidad del Decreto 3770 de 2009 decretada por el Consejo de Estado,
mediante la sentencia del 8 de junio de 2017.

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Que mediante Oficio 202331100636191 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-
COPER-DIPER 1.10 del 27 de marzo de 2023, el Ejército Nacional negó su petición,
por lo cual instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Que el 14 de marzo de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva accedió a
las pretensiones y ordenó el reconocimiento del subsidio familiar conforme al
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, desde el 9 de marzo de 2019 hasta la fecha
en que se produjera su retiro de la institución, con la aclaración de que la entidad
debía descontar los valores ya cancelados con base en el Decreto 1161 de 2014.

Que interpuso recurso de apelación en contra de esa decisión y el 25 de febrero de
2005, el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión, revocó la
sentencia y negó el reconocimiento pedido porque determinó que no reportó
oportunamente su cambio de estado civil durante la vigencia del Decreto 3770 de
2009, sino que lo hizo hasta la entrada en vigor del Decreto 1161 de 2014, por lo
que el subsidio familiar debía regirse por este último.

Considera que la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en un defecto
sustantivo, pues no interpretó íntegramente el marco normativo relativo al subsidio
familiar de los soldados profesionales ni tuvo en cuenta los efectos ex tunc con los
que se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, mediante la sentencia del 8 de
junio del 2017.

Que no resultaba procedente que la Sala le exigiera haber reportado oportunamente
su cambio de estado civil ante el Ministerio de Defensa, ya que para la fecha en que
contrajo matrimonio, esto es, el 8 de febrero de 2012, el artículo 11 del Decreto 1794
de 2000, que establecía el derecho al subsidio familiar y consagraba la obligación
de reportar ese cambio, ya se encontraba derogado como consecuencia del Decreto
3770 de 2009.

Que exigir prueba de dicho reporte durante la vigencia de una norma derogada
carece de sentido jurídico y hace nugatoria la declaratoria de nulidad de este último
Decreto, en tanto esa decisión no habría tenido ningún efecto legal en su momento.

Al respecto, aludió a las sentencias de tutela del 16 de junio de 2022 (exp. 11001-
03-15-000-2022-01201-01) y 11 de mayo de 2023 (exp. 11001-03-15-000-2023-
00816-01) proferidas por la Sección Quinta y la Sección Primera del Consejo de
Estado.

Concluyó que el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión, debió
realizar un análisis integral del caso, atendiendo a los efectos retroactivos de la
sentencia de nulidad y reconociendo que la norma vigente y aplicable cuando
consolidó el derecho objetivo al subsidio familiar es el artículo 11 del Decreto 1794
de 2000.

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PRETENSIONES

Solicitó que se declare la nulidad de la sentencia del 25 de febrero de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión, y, en
consecuencia, se ordene a esa autoridad judicial dictar una nueva decisión, en la
que reconozca su derecho al subsidio familiar conforme al artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, a partir de la fecha en que consolidó el derecho objetivo.

ACTUACIÓN PROCESAL

El 2 de septiembre de 2025, se admitió la acción; se vinculó a la Nación-Ministerio
de Defensa-Ejército Nacional, como tercero con interés; y se corrió el traslado
respectivo.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión, indicó que la
decisión de revocar la sentencia de primera instancia obedeció al análisis del marco
normativo aplicable y al hecho de que no existía prueba de que el demandante
hubiera informado oportunamente al Ejército Nacional sobre el matrimonio ni estaba
acreditado que hubiera devengado el subsidio en el porcentaje establecido en el
Decreto 1794 de 2000, pues el derecho se causó en actividad y en vigencia del
Decreto 1161 de 2014.

Mencionó que en una acción de tutela la Sección Cuarta del Consejo de Estado
analizó una decisión que adoptó en un caso similar y negó el amparo porque el
accionante no percibió el subsidio con base en el Decreto 1161 de 2014 y no
acreditó que hubiera reportado el cambio del estado civil al Ejército Nacional antes
de la vigencia de esa norma.

Concluyó que no vulneró los derechos fundamentales reclamados, pues la
determinación cuestionada no fue arbitraria ni carente de motivación.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Ejército Nacional manifestó su oposición a las pretensiones porque en la
sentencia discutida no se vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora,
sino que, por el contrario, se ajustó a derecho y se soportó en una interpretación
razonable y sistemática de la normativa aplicable y el acervo probatorio.

Que la autoridad judicial accionada acertadamente estableció que la norma
aplicable para el reconocimiento del derecho era la vigente al momento en que la
administración tuvo conocimiento del hecho y el actor presentó la solicitud, esto es,
el Decreto 1161 de 2014.

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Consideró que la acción es improcedente, pues el accionante pretende utilizarla
como una tercera instancia para reabrir un debate legal y probatorio ya concluido,
simplemente porque la decisión le fue desfavorable y con base en una discrepancia
interpretativa sobre cuándo y en qué condiciones se consolidó el derecho, sin que
se haya incurrido en algún defecto.

Que el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión, no desconoció
los efectos de la nulidad del Decreto 3770 de 2009, pues los analizó y definió que
para que el derecho se consolidara bajo el amparo del Decreto 1794 de 2000 era
indispensable cumplir con el requisito allí establecido, esto es, el reporte del cambio
del estado civil al comando de la Fuerza a partir de su inicio.

Que la tesis anterior es jurídicamente sólida y razonable, pues el derecho al subsidio
acorde con el último Decreto referido no nacía por el simple hecho de contraer
matrimonio, sino que estaba condicionado a dicha actuación positiva del interesado,
lo que no ocurrió sino hasta el año 2014, esto es, cuando la norma que regía el
subsidio familiar ya era el Decreto 1161 de 2014.

Expresó que el hecho de que el Decreto 1794 de 2000 estuviere derogado no le
impedía al actor efectuar su reclamación en sede administrativa ni discutir su
reconocimiento judicialmente, y que la norma que lo derogó fue el Decreto 1161 de
2014, aplicado a su caso.

Adujo que su actuación siempre ha estado enmarcada en el principio de legalidad,
por lo que no ha transgredido derechos fundamentales del actor. En consecuencia,
solicitó negar el amparo pedido.

El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Neiva aludió a la decisión que
adoptó en el proceso ordinario y remitió el enlace del expediente digital.

Se decidirá previo a las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de

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defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»

3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.

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En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Caso concreto

En primer lugar, esta Subsección debe verificar si se superan los requisitos
generales de procedencia que habilitan el estudio de la providencia controvertida,
pues solo en el evento de encontrarse satisfechos habría lugar a examinar los
disensos esgrimidos.

Se encuentran reunidas las exigencias generales, pues: i) el asunto a resolver es
de marcada relevancia constitucional, en la medida en que se centra en establecer
si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos fundamentales
reclamados en protección por la incursión en los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial7; ii) la acción se presentó con inmediatez,
pues la sentencia discutida en esta sede adquirió ejecutoria el 12 de marzo de 2025
y esta acción fue instaurada el 1 de septiembre de este año; iii) se agotaron los
mecanismos judiciales con los que se contaba; iv) se identificaron claramente los
hechos generadores de la vulneración y los derechos estimados como
transgredidos; y v) no se trata de una sentencia de tutela. Además, no se está
invocando una irregularidad procesal, por lo que hay lugar al análisis de ese
presupuesto.

En la sentencia discutida en esta sede, el Tribunal Administrativo del Huila, Sala
Cuarta de Decisión, analizó el marco jurídico aplicable al subsidio familiar como
partida computable para los soldados profesionales, esto es, entre otros, el artículo
11 del Decreto 1794 de 2000, el Decreto 3770 de 2009, la sentencia del 8 de junio
de 2017 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Decreto 1161
de 2014, estudio que le permitió concluir que al demandante no le asistía el derecho
a que el subsidio familiar se reajustara retroactivamente en los términos del artículo
11 del Decreto 1794 de 2000 porque, si bien contrajo nupcias en vigencia de ese
Decreto, no existía prueba de que el cambio del estado civil fuera informado
oportunamente al Ejército Nacional.

Además, evidenció que tampoco se demostró que hubiera devengado esa partida
en el porcentaje del Decreto 1794 de 2000, sino que el Ejército Nacional le reconoció
el subsidio familiar aplicando el literal a) del artículo 1 del Decreto 1161 de 2014, lo
que acreditaba que el derecho se causó en actividad y en vigencia de este último.

7 Si bien la parte actora únicamente alegó el defecto sustantivo, lo cierto es que los argumentos planteados

encajan también en el desconocimiento del precedente judicial.

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En ese orden de ideas, no se observa que la autoridad judicial haya interpretado el
ordenamiento jurídico de forma arbitraria o irracional, sino que fundamentó su
decisión en el examen de las normas que rigen el subsidio familiar de los soldados
profesionales, y en el hecho de que el demandante no cumplió con los requisitos
previstos en el Decreto 1794 de 2000 para el reconocimiento de dicho subsidio en
los términos allí previstos, en tanto no reportó ante la institución militar el cambio de
su estado civil oportunamente.

Lo que se advierte es que el actor no está de acuerdo con la exegesis realizada por
la Sala accionada por no haberle sido favorable a sus pretensiones, pero ese
disenso no da lugar a acceder al amparo pretendido, pues el defecto sustantivo se
configura cuando la interpretación normativa contraría los postulados mínimos de
razonabilidad jurídica, lo que no está acreditado en el asunto bajo examen, en tanto
la decisión se basó en la normativa aplicable, en lo probado en el proceso y en los
principios de autonomía e independencia judicial que rigen la administración de
justicia.

Tampoco se encuentra demostrado que en la sentencia discutida se hayan
desconocido los efectos ex tunc de la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de
2009 ordenada en la sentencia del 8 de junio de 2017 proferida por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado (exp. 0686-10), pues para adoptar
la decisión la autoridad judicial analizó dicha declaratoria y tuvo en cuenta la
reviviscencia del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, distinto es que no hallara
demostradas las exigencias previstas en este para el reconocimiento del subsidio
familiar, dentro de las cuales estaba informar al Ejército Nacional la celebración del
matrimonio.

El accionante aludió a las sentencias de tutela del 16 de junio de 2022 (exp. 11001-
03-15-000-2022-01201-01) y 11 de mayo de 2023 (exp. 11001-03-15-000-2023-
00816-01) proferidas por la Sección Quinta y la Sección Primera del Consejo de
Estado, respectivamente, para soportar su dicho, pero esa decisión no puede
entenderse como un precedente de obligatorio acatamiento, en tanto en ella no se
fijó una regla de decisión y sus efectos son inter partes.

En ese entendido, ante la ausencia de los defectos analizados, se negará el amparo
pretendido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

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R a d ic a d o: 1 1 00 1- 03 - 1 5- 0 00- 2 0 25- 0 54 3 2- 0 0

Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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