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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04969-01

Fecha
14 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04969-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada que denegó el Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 45 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-04969-01 ACTOR: LUIS EVELIO GARAY GUERRERO amparo solicitado y, en su lugar: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad del señor LUIS EVELIO GARAY GUERRERO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR sin efecto la providencia de 29 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 68081- 33-33-002-2019-00291-01 y, en su lugar: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, profiera una nueva sentencia en la que tenga en cuenta las directrices aquí señaladas, según las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 46 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-04969-01 ACTOR: LUIS EVELIO GARAY GUERRERO

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04969-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

14 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04969-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: LUIS EVELIO GARAY GUERRERO

TESIS: SE REVOCA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DENEGÓ LA
PRESENTE SOLICITUD Y, EN SU LUGAR, SE AMPARAN LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS. LA AUTORIDAD
ACCIONADA INCURRIÓ EN LOS DEFECTOS SUSTANTIVO POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE Y DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE JUDICIAL. RECONOCIMIENTO DEL SUBSIDIO
FAMILIAR A SOLDADOS PROFESIONALES PREVISTO EN EL
DECRETO 1794 DE 2000.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA IGUALDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 20 de octubre de 2022, proferida por la Sección

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ACTOR: LUIS EVELIO GARAY GUERRERO

Segunda -Subsección “A”- del Consejo de Estado1 que denegó

el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor LUIS EVELIO GARAY GUERRERO, actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y a la igualdad, los cuales, a su juicio, le

fueron vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

SANTANDER2 al proferir la providencia de 29 de abril de 2022,

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 68081-33-33-002-

2019-00291-01.

I.2.- Hechos

1 En adelante la Sección Segunda.

2 En adelante el Tribunal.

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Refirió que en el artículo 11 del Decreto 1794 de 14 de septiembre

de 2000, “Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para

el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares”, se

estableció el subsidio familiar para el soldado profesional casado o

con unión marital de hecho vigente y la obligación de reportar el

cambio de estado civil con el fin de obtener tal reconocimiento.

Sostuvo que, posteriormente, mediante Decreto 3770 de 30 de

septiembre de 2009, el Gobierno Nacional derogó el artículo antes

mencionado, por lo que ya los soldados profesionales no tenían la

obligación expresa de reportar el cambio de estado civil, en la medida

que el reporte no generaría ningún efecto.

Indicó que a través del Decreto 1161 de 24 de junio de 2014, se

reactivó el reconocimiento del subsidio familiar para los soldados

profesionales, pero en una cuantía inferior a la anterior.

Relató que el Consejo de Estado, en sentencia de 8 de junio de 2017,

declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, con efectos ex tunc, de

tal forma que al considerar que le era aplicable la mencionada

providencia, debido a la fecha de consolidación de su derecho tras

contraer matrimonio el 31 de diciembre de 2013, solicitó ante el

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Ejército Nacional el reconocimiento del subsidio familiar de

conformidad con el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, petición

que le fue negada mediante oficio de 29 de abril de 2019.

Adujo que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en

ejercicio del medio de control nulidad y restablecimiento del derecho

contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a la cual

le fue asignado el número único de radicación 2019-00291-00 y

correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo Oral del

Circuito de Barrancabermeja que, en sentencia de 15 de diciembre

de 2020, denegó las pretensiones de la demanda.

Manifestó que, inconforme con ello, interpuso recurso de apelación,

que fue conocido por el Tribunal que, mediante sentencia de 29 de

abril de 2022, confirmó la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en

defecto sustantivo, toda vez que dejo de interpretar en debida forma

la situación jurídica del subsidio familiar de los soldados

profesionales, pues desechó los efectos ex tunc de la sentencia de 8

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de junio de 2017, de tal forma que en la providencia cuestionada se

afirmó y cuestionó el hecho de que no reportó el cambio de estado

civil, pasando por alto que la disposición que prevé tal requisito fue

derogada.

En efecto, adujo que al declarar la nulidad con efectos ex tunc del

Decreto 3770 de 2009, revivió a la vida jurídica el artículo 11 del

Decreto 1794 de 2000, la cual le era aplicable al asunto.

De otra parte, arguyó que el Tribunal incurrió en desconocimiento del

precedente judicial establecido por el Consejo de Estado3, en las

cuales se ordenó proferir nuevas decisiones en las que se realizara

un estudio íntegro de las normas que regulan el caso.

3 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sentencia de 8 de abril de 2021,

C.P: Hernando Sánchez Sánchez. Radicación núm. 11001-03-15-000-2021-00197-00.

Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sentencia de 27 de octubre de
2021, C.P: Carlos Enrique Moreno Rubio. Radicación núm. 11001-03-15-000-2021-04441-
01

Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sentencia de 7 de abril de 2022
C.P: Pedro Pablo Vanegas Gil. Radicación núm. 11001-03-15-000-2021-07051-01

Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sentencia de 2 de junio de 2022
C.P: Pedro Pablo Vanegas Gil. Radicación núm. 11001-03-15-000-2022-01132-01

Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sentencia de 16 de junio de 2022
C.P: Carlos Enrique Moreno Rubio. Radicación núm. 11001-03-15-000-2022-01201-01

Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sentencia de 28 de julio de 2022
C.P: Luis Alberto Álvarez Parra. Radicación núm.11001-03-15-000-2022-03285-00.

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I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales

invocados y, en consecuencia:

“[…] se declare la NULIDAD de la sentencia en mención, en
cuanto negó el reconocimiento del subsidio familiar en la cuantía
establecida en el artículo 11 del decreto 1794 del 2000.

3. Que una vez declarada la nulidad solicitada, se ordene a la
autoridad judicial accionada, Tribunal Administrativo de
Santander, a que profiera nueva sentencia en la que se declare
que el actor tiene derecho a que el subsidio familiar sea liquidado
y pagado conforme lo establece el artículo 11 del decreto 1794
del 2000 desde la fecha en que el actor consolidó el derecho
objetivo de reconocimiento de tal prestación […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El Tribunal solicitó declarar improcedente la acción de tutela

de la referencia, comoquiera que no existe actuación de la cual se

derive violación alguna de los derechos fundamentales invocados.

De otra parte, resaltó que el actor no aportó prueba de la cual fuera

posible advertir que presentó de manera oportuna los documentos

que dieran cuenta de su estado civil, lo cual impidió el reconocimiento

del subsidio pretendido.

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Sumado a lo anterior, destacó que al actor se le reconoció el subsidio

familiar a partir del 30 de julio de 2014, de conformidad con el

Decreto 1161 de 2014, normativa que estableció nuevamente el

reconocimiento de tal beneficio.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

pese a haber sido notificado en debida forma, guardó silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Segunda, mediante sentencia de 20 de octubre de 2022,

denegó el amparo solicitado al considerar que la posición jurídica

asumida por el Tribunal no configura defecto sustantivo, toda vez

que a partir de la valoración integral del material probatorio obrante

en el expediente y las normas sobre el subsidio familiar, la decisión

se encontró ajustada a derecho, pues el actor no acreditó que

presentó la solicitud de cambio de estado civil de manera oportuna

aun cuando tenía la carga de hacerlo, además, ya le había sido

reconocido el subsidio familiar en virtud del Decreto 1161 de 2014.

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De otra parte, en cuanto al aludido desconocimiento del precedente

judicial, resaltó que no eran de recibo los argumentos del señor

GARAY GUERRERO, pues dentro de tales providencias se acreditó

la solicitud de cambio de estado civil ante el empleador, lo cual no

ocurrió en el caso concreto.

Sumado a lo anterior, sostuvo que la negativa del Tribunal en el

reconocimiento del subsidio familiar conforme el Decreto 1794 de

2000 en aquellos casos en los que ya ha sido reconocido dicho

emolumento con fundamento en el Decreto 1161 de 2014 no

configura causal alguna de procedencia de la acción de tutela, sino

que, por el contrario, constituye una interpretación razonable y

plausible, en la medida que debe ser respetada en virtud de los

principios de autonomía judicial.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Segunda, en

los siguientes términos:

Refirió que la providencia impugnada no interpretó de manera

acertada el desconocimiento del precedente judicial alegado, pues

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contrario a lo afirmado por el a quo, el Consejo de Estado en esos

casos accedió al amparo de los derechos fundamentales al encontrar

desproporcionado el hecho de exigir el reporte o comunicación del

cambio de estado civil para el reconocimiento del derecho, pues

acertadamente en ellas se indicó que tal requisito no era exigible por

encontrarse derogado al momento de la consolidación objetiva del

derecho.

Reiteró que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, estuvo vigente

hasta el 30 de septiembre de 2009 y fue en virtud de la sentencia de

8 de junio de 2017 – a través de la cual se declaró la nulidad del

Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc-, que volvió a la vida

jurídica la primera disposición, de tal forma que a la fecha de

consolidación del derecho objetivo, esto es, al haber contraído

matrimonio, el mencionado decreto estaba derogado.

Así las cosas, que la decisión acusada resulta desproporcional, pues

no es posible exigir al soldado profesional que hubiese cumplido con

una obligación que se encontraba derogada, pues ello significaría

castigarlo por un actuar que desbordaba sus obligaciones.

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Por lo anterior, adujo que le correspondía al Tribunal observar,

analizar y aplicar las normas que regulan las particularidades del caso

y tras proferirse la sentencia del 8 de junio de 2017, es claro que

tenía derecho al reconocimiento del subsidio familiar dispuesto en el

artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por lo que solicitó que se

revoque la decisión del a quo y, en su lugar, se acceda al amparo

solicitado.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave

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lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o

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inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se deje sin efecto la providencia de 29 de abril de 2022,

proferida por el TRIBUNAL, por medio de la cual confirmó la

providencia del a quo, que denegó las pretensiones de la demanda,

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 2019-00291-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de

justicia y a la igualdad, habida cuenta que, a juicio de la actora, la

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autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo y

desconocimiento del precedente judicial.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

Sección Segunda que, mediante sentencia 20 de octubre de 2022,

denegó el amparo deprecado al considerar que la autoridad judicial

accionada no incurrió en los defectos endilgados.

Inconforme con lo anterior, la actora impugnó la decisión proferida

en primera instancia, para lo cual indicó que el a quo no interpretó

de manera acertada el desconocimiento del precedente judicial

alegado, pues el Consejo de Estado ha dispuesto que no es exigible

el reporte del cambio del estado civil, por haberse encontrado

derogada la norma al momento de la consolidación objetiva del

derecho.

Así las cosas, el actor reiteró los argumentos expuestos en el escrito

de tutela, por lo que solicitó que se revoque la decisión del a quo y,

en su lugar, se acceda al amparo solicitado.

En este punto la Sala conviene destacar que, aun cuando el actor

alegó un defecto sustantivo en el asunto, de los argumentos

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expuestos se evidencia que lo pretendido realmente es poner de

presente un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

judicial, toda vez que las inconformidades están encaminadas a

evidenciar que la autoridad judicial accionada desconoció los efectos

ex tunc de la sentencia de 8 de junio de 2017, por medio de la cual

se declaró la nulidad del Decreto núm. 3770 de 2009.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, ii)

establecer si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos

sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y

desconocimiento del precedente judicial dentro del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 2019-00291-01.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la

Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación.

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La Sala observa que, en el presente caso se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto el actor plantea con

suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su

criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos

sustantivo por desconocimiento del precedente y desconocimiento

del precedente judicial y vulneró sus derechos fundamentales

invocados; contra la decisión cuestionada no proceden recursos y

tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios

de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de

jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se

interpuso en un plazo razonable4 y, por último, la solicitud identifica

los hechos y derechos que se estiman lesionados.

Verificado lo anterior, corresponde determinar si la autoridad judicial

accionada incurrió en los defectos sustantivo por desconocimiento del

precedente y desconocimiento del precedente judicial endilgados a la

providencia de 29 de abril de 2022, proferida dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

número único de radicación 2019-00291-01.

4 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en

sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero
ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

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Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

judicial

En nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las

decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras

jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente

jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de

unificación y la extensión de la jurisprudencia.

Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4º de

la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 5 y el 270 de la Ley 1437 de

18 de enero de 20116; así como su respaldo jurisprudencial las

sentencias C-836 de 9 de agosto de 20017; C-816 de 1o. de

noviembre de 20118; C-179 de 13 de abril de 20169; y T-102 de 25

5 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
6 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya
proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social
o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos
extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A
de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
7 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(Doctrina probable).
8 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1o. de noviembre de 2011. M.P. Mauricio

González Cuervo. (Sentencias de unificación jurisprudencial).
9 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016. M.P. Luis Guillermo

Guerrero Pérez. (Sentencias de unificación jurisprudencial).

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de febrero de 201410.

En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado,

ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:

“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de
resolver que por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al
momento de dictar sentencia […].”11 (Destacado fuera de
texto).

Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso

determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos

fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y

a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del

debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.

Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por

la Corte Constitucional12, según el cual la actividad interpretativa que

se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial

está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación

de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los

funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por

10 Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(Antecedente jurisprudencial).
11 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
12 Corte Constitucional, Sentencia T- 760A de 2011. M. P.: Juan Carlos Henao Pérez.

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la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado

por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el

mismo juez (precedente horizontal).

En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 13 de mayo

de 200813, indicó:

“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de
Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la
correcta utilización del precedente judicial implica que un
caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad
con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes
que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los
supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla
jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho
para su aplicación […]”. (Destacado fuera de texto).

Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia

constitucional, cuya doctrina es obligatoria14, la regla del respeto del

precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no

puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse,

o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación

concreta.

13 Corte Constitucional, Sentencia T-457 del 13 de mayo de 2008, M. P. Humberto Antonio

Sierra Porto.
14 Ver sentencias Corte Constitucional C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998.

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Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de

supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente

judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en

pronunciamientos anteriores de la Sala15, a saber: i) la disanalogía o

falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y

el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación

significativa de la situación social, política o económica en la que se

debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de

precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que

sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como

precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la

jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la

consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser

contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se

fundamenta el ordenamiento jurídico.

En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el

juez que se separa del precedente asume una especial carga de

argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara,

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13
de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001-03-15-
000-2012-02074-00.

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razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio

de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse

a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y

fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se

sustenta la decisión de apartarse.

Así las cosas, y como lo ha sostenido la Sala, solo el desconocimiento

injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración

del defecto sustantivo, como causal de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencias judiciales16.

Desconocimiento del precedente judicial

Por su parte, en lo que respecta al desconocimiento del

precedente judicial se ha determinado que de acuerdo con lo

establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, el

poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces en sus

providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta regla

general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que

16 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia 13 de marzo de 2013. C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de
radicación 11001-03-15-000-2012-02074-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia 18 de abril de 2013. C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-01797-00.

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encuentra sus límites en la realización de otros valores

constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia

constitucional.

En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional

puntualizó:

“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el

respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta), que

supone no solamente la igualdad ante la ley sino también de trato

por parte de las autoridades y concretamente igualdad en la

interpretación y aplicación de la ley por las autoridades judiciales,

garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y con ella la

certeza de la comunidad respecto a la forma en la que se van a

decidir los casos iguales. Como resultado de lo anterior, surge como

límite a la autonomía e independencia de los Jueces el respeto por el

precedente17”.

De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte

Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente

17 Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de

2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de
la Corte Constitucional.

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constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando

la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En

especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa

Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está

vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la

igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que

su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos

fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial18.

No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha

admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio

precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y

cuando se sustenten debidamente las razones de su posición

(principio de razón suficiente)19.

Caso en concreto

Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que el TRIBUNAL

mediante sentencia de 29 de abril de 2022, para efectos de

determinar si había lugar a confirmar la decisión del a quo, que

18 Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
19 Ver sentencia T-292 de 2006.

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denegó las pretensiones de la demanda, estableció lo siguiente:

“[…] Con respecto al derecho al reconocimiento y pago del
subsidio familiar en favor de los soldados profesionales, se tiene
que, inicialmente, a través del Decreto 1794 de 2000, en su
artículo 11 otorgó dicho derecho en favor del aludido personal de
la fuerza pública en los siguientes términos:

[…]

Posteriormente, a través del Decreto 3770 de 2009 se derogó la
antes referida disposición creándose, en defensa del personal
beneficiado con el reconocimiento del subsidio familiar, un
régimen de transición para asegurar que continuarían
percibiendo la prestación. […]

Ahora bien el Consejo de Estado en sentencia de fecha 8 de junio
de 2017 declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 haciendo
explícitos los efectos ex tunc los efectos de dicha decisión, y
exponiendo las siguientes consideraciones:

[…]

Conforme a lo anteriormente expuesto, se tiene que una vez
anulado el contenido del Decreto 3770 de 2009, cobraron
vigencia las disposiciones contenidas en la normativa anterior,
de manera que, a efectos de determinar el derecho al
reconocimiento y pago del subsidio familiar en favor de los
soldados profesionales, resultaba aplicable lo dispuesto en el
artículo 11 del Decreto 1794 antes citado.

A este respecto, el Consejo de Estado mediante auto de 8 de
diciembre de 2017 proferido al interior del proceso antes
identificado, aclaró los alcances de la sentencia anulatoria del
Decreto 3770 de 2009 en los siguientes términos:

[…]

Finalmente, se destaca que a través del Decreto 1161 de 2014,
se creó nuevamente el subsidio familiar en favor de los soldados
profesionales a partir del 1o. de julio de 2014 en los siguientes
términos:

[…]

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Pues bien, atendiendo el marco normativo y jurisprudencial antes
citado, resulta claro para la Sala que, si bien a través del Decreto
3770 de 2009 se suprimió el derecho a percibir el subsidio
familiar en favor de los soldados profesionales, lo cierto es que a
partir de la anulación de dicha disposición por parte del Consejo
de Estado a través de la sentencia proferida el 8 de junio de
2017, antes citada, revivieron las disposiciones normativas que
se encontraban vigentes en la materia con anterioridad a su
expedición y para el caso corresponden a las contenidas en el
Decreto 1794 de 2000, artículo 11.

De manera que, atendiendo a que el demandante aduce ostentar
el derecho al reconocimiento del subsidio familiar a partir del 31
de diciembre de 2013, esto es, con anterioridad a la expedición
del Decreto 1161 de 2014, la prosperidad de tal pretensión habrá
de analizarse a la luz de las disposiciones contenidas en el
Decreto 1794 de 2000.

Con tal propósito, una vez analizadas las pruebas documentales
aportadas al plenario, se encuentra acreditado que el señor Luis
Evelio Garay Guerrero ingresó al Ejército Nacional en condición
de soldado profesional a partir del 1o. de abril de 2004 (Fol.31)
y que, contrajo matrimonio con la señora Mayda Fanei Beltrán
Ascanio el 31 de diciembre de 2013, siendo registrado dicho acto
el 25 de junio de 2014, como consta a folio 37 del expediente.
[…]

Aplicando la norma en cita al caso particular del actor, se tiene
que, bajo el entendido que encontrándose vinculado al Ejército
Nacional contrajo matrimonio el día 31 de diciembre de 2013,
podría afirmarse que su situación se subsume en los supuestos
de hecho previstos en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000
para ser beneficiario del subsidio familiar.

No obstante, precisa la Sala que, conforme lo dispuesto el inciso
segundo de la norma antes referida, la adquisición del derecho
en controversia está supeditada a que el interesado reporte ante
el Comando de la Fuerza el correspondiente cambio de su estado
civil, lo que, constituye una carga razonable si en cuenta se tiene
que es el trabajador quien conoce de primera mano su situación
particular y por tal virtud es a este, en su condición de
interesado, al que le corresponde el deber de informar a su
empleador el hecho de haber contraído nupcias o haber
constituido una unión marital de hecho, con el fin de obtener un
pronunciamiento en sede administrativa sobre el reconocimiento
del subsidio familiar.

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Frente al cumplimiento de este requisito, no se aporta al plenario
prueba alguna que acredite que el demandante informó
oportunamente ante el Comando del Ejército su cambio de
estado civil, ya que, según se afirma en el hecho No. 6 de la
demanda, al intentar elevar la respectiva solicitud, no le fueron
recibidos los documentos, manifestándole que se encontraba
vigente el decreto 3770 de 2009.

[…]

Lo anterior para recalcar que, con anterioridad a la fecha en que
cobró firmeza la anulación del Decreto 3770 de 2009, el actor no
tenía en trámite y pendiente decisión, solicitud alguna referida al
reconocimiento del subsidio familiar al amparo de lo dispuesto en
el Decreto 1794 de 2000, pretensión que solo fue ventilada ante
el empleador, se insiste, en vigencia del Decreto 1161 de 2014 y
que concluyó en el reconocimiento del pretendido derecho
prestacional a partir del 30 de julio de 2014.

[…]

En consecuencia, al no acreditarse por la parte actora que
oportunamente elevó la petición dirigida a la entidad accionada
con el fin de solicitar el reconocimiento del subsidio familiar,
aportando los documentos necesarios para acreditar el cambio
de estado civil, se colige que no es posible acceder a tal
reconocimiento en se judicial, dado el incumplimiento de lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 11 del Decreto 1794
de 2000 […]”.

De lo anterior se infiere que el Tribunal, al conocer en segunda

instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho, confirmó la decisión del a quo al considerar que el actor no

acreditó que presentó oportunamente petición dirigida al Ejército

Nacional a fin de solicitar el reconocimiento del subsidio familiar,

aportando los documentos que certificaban el cambio del estado civil,

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de tal forma que no era posible acceder al reconocimiento del

beneficio previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

Para lo anterior, sostuvo que, revisadas las pruebas allegadas al

plenario, no era posible establecer que el actor hubiese informado

respecto de su cambio de estado civil a la entidad en el momento

oportuno, además, con anterioridad a la sentencia de 8 de junio de

2017 no tenía pendiente trámite ni decisión respecto de alguna

solicitud de subsidio familiar.

Sumado a lo anterior, resaltó que el referido derecho prestacional le

fue reconocido al actor a partir del 30 de julio de 2014, con

fundamento en el Decreto 1161 de 2014, por lo que no era posible

acceder a sus pretensiones.

Frente a lo anterior, el actor alegó que la autoridad judicial accionada

incurrió en el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

judicial al pasar por alto los efectos ex tunc de la sentencia de 8 de

junio de 2017, por medio de la cual se declaró la nulidad del Decreto

núm. 3770 de 2009.

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Antes de entrar a analizar las inconformidades expuestas por el actor,

es importante hacer algunas precisiones respecto del régimen del

subsidio familiar para soldados profesionales.

Con base en las facultades otorgadas en la Ley 4ª de 18 de mayo de

199220, el Presidente de la República estableció el régimen salarial y

prestacional de los soldados profesionales de las fuerzas militares a

través del Decreto 1794 de 2000.

En el artículo 11 del decreto en mención se creó el subsidio familiar

como una prestación mensual a la que tendrían derecho los soldados

profesionales casados o con unión marital de hecho.

La norma en comento al respecto preveía:

“[…] Artículo 11. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del
presente Decreto, el soldado profesional de las Fuerzas Militares
casado o con unión marital de hecho vigente, tendrá derecho al
reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al
cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual más la
prima de antigüedad.

20 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación
de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política».

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Para los efectos previstos en este artículo, el soldado profesional
deberá reportar el cambio de estado civil a partir de su inicio al
Comando de la Fuerza de conformidad con la reglamentación
vigente […]”.

La disposición en cita fue derogada con el Decreto 3770 de 2009, con

lo que la prestación aludida dejó de ser un beneficio para los nuevos

soldados profesionales que se encontraran en las condiciones para

percibirla.

Posteriormente, a través del Decreto 1161 de 2014, a partir del 1o.

de julio de esa anualidad, el Gobierno Nacional volvió a crear el

subsidio familiar para los soldados profesionales que no lo estuvieran

percibiendo con forme con lo previsto en el artículo 11 del Decreto

1794 de 2000, así:

“[…] ARTÍCULO 1º. Subsidio Familiar para soldados
profesionales e infantes de marina profesionales. Créase, a
partir del 1° de julio del 2014, para los soldados profesionales e
infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares en
servicio activo, que no perciben el subsidio familiar regulado en
los decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, un subsidio familiar
que se liquidará y reconocerá mensualmente sobre su asignación
básica, así:

a. Para los soldados profesionales e infantes de marina
profesionales casados o con unión marital de hecho vigente,
tendrán derecho a percibir por subsidio familiar el veinte por
ciento (20%) de la asignación básica por la cónyuge o
compañera permanente, más los porcentajes a que se pueda
tener derecho por los hijos conforme al literal c. de este artículo.
b. Para los soldados profesionales e infantes de marina

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profesionales viudos siempre y cuando hayan quedado a cargo
de los hijos habidos dentro del matrimonio o dentro de la unión
marital de hecho, tendrán derecho a percibir por subsidio
familiar el veinte por ciento (20%) de la asignación básica más
los porcentajes a que se pueda tener derecho por los hijos
conforme al literal c. del presente artículo.

c. Para los soldados profesionales e infantes de marina
profesionales con hijos, tendrán derecho a percibir subsidio
familiar por este concepto calculado sobre su asignación básica
así: Por el primer hijo el tres por ciento (3%), por el segundo
hijo el dos por ciento (2%) y el uno por ciento (1%) por el tercer
hijo. En ningún caso el soldado profesional o el infante de marina
profesional por este concepto podrá percibir más del seis por
ciento (6%) de su asignación básica.

PARÁGRAFO 1. El subsidio familiar previsto en el presente
artículo en ningún caso podrá sobrepasar el veintiséis por ciento
(26%) de la asignación básica de los soldados profesionales e
infantes de marina profesionales.

PARÁGRAFO 2. Para los efectos previstos en este artículo los
soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las
Fuerzas Militares a partir del 01 de Julio de 2014, podrán elevar
al Comando de Fuerza. la solicitud de reconocimiento del
subsidio familiar previsto en el presente decreto, y el
reconocimiento tendrá efectos fiscales a partir de la fecha de
presentación de la solicitud de que trata el presente parágrafo,
siempre y cuando cumplan con los requisitos para su
reconocimiento y pago.

PARÁGRAFO 3. Los soldados profesionales e infantes de marina
profesionales de las Fuerzas Militares que estén percibiendo el
subsidio familiar previsto en los decretos 1794 de 2000 y 3770
de 2009, no tendrán derecho a percibir el subsidio familiar que
se crea en el presente decreto […]”.

Ahora bien, mediante sentencia de 8 de junio de 201721, la Sección

Segunda -Subsección “B”- del Consejo de Estado declaró la nulidad

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B, sentencia
de 8 de junio de 2017, CP César Palomino Cortés, número único de radicación 11001-03-25-000-2010-
00065-00.

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del Decreto 3770 de 2009, a través del cual se había derogado el

artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por las siguientes razones:

“[…] De la revisión en conjunto de las dos disposiciones
normativas transcritas es dable establecer con facilidad que la
derogatoria contemplada en el Decreto 3770 de 2009 expulsa
del mundo jurídico, a partir de su entrada en vigencia, la
prerrogativa estatuida con el artículo 11 del Decreto 1974 de
2000, consistente en el reconocimiento de la prestación del
subsidio familiar para los soldados profesionales que para ese
momento hubieren contraído matrimonio o tuvieren unión
marital de hecho.

El Decreto 1794 de 2000 fue publicado el 14 de septiembre de
ese año en el diario oficial número 44.161, no obstante, por
virtud de su artículo 17 entró en vigencia a partir del 1 de enero
de 2001; por su parte, el Decreto 3770 de 2009, entró a regir a
partir de su publicación, esto aconteció el 30 de septiembre de
ese año en el diario oficial número 47.488. Lo que significa que
la previsión contenida en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000
produjo efectos jurídicos entre el 1 de enero de 2001 y el 30 de
septiembre de 2009, o en otras palabras, el derecho al subsidio
familiar para los soldados profesionales pervivió en el mundo
jurídico por el lapso de ocho (8) años y ocho (8) meses, contados
desde la entrada en vigencia del decreto que lo reconoció hasta
la entrada en vigencia del acto que lo derogó.

Para la Sala es claro que los soldados profesionales tuvieron
reconocido el derecho objetivo al subsidio familiar por razón o
con ocasión de la previsión contenida en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, y que contrario a lo dicho por las
entidades demandadas en sus escritos de defensa, este derecho
fue revertido, eliminado y suprimido por virtud de lo normado
en el artículo 1 del Decreto 3770 de 2009, acto posterior que al
derogar la disposición que lo reconocía cesó por completo su
vigencia al expulsarla del ordenamiento jurídico.

Salta a la vista entonces que las disposiciones contenidas en el
Decreto 3770 de 2009, en la medida en que desalojan del
universo jurídico el derecho objetivo a la prestación del subsidio
familiar para los soldados profesionales, constituyen per se un
retroceso. Se trata de normas regresivas que afectan el derecho
al trabajo y a la seguridad social de estos integrantes de las

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fuerzas militares, y por tanto, deben ser consideradas como
inconstitucionales prima facie.

Ahora bien, dado que la sala ha considerado que las normas
contenidas en el Decreto 3770 de 2009 se presumen afectadas
de invalidez dado su carácter regresivo al no simplemente tornar
nugatorio el derecho objetivo a la prestación del subsidio familiar
para los soldados profesionales, sino al erradicarlo por completo
y privar a un grupo poblacional de trabajadores del Estado de
cualquier posibilidad de goce; se hace necesario realizar un
escrutinio más riguroso respecto de la razonabilidad, legitimidad
y proporcionalidad de la medida.

Cabe señalar que al considerar que la norma que garantizaba el
reconocimiento y goce del derecho a la prestación del subsidio
familiar de los soldados profesionales fue expulsada del
ordenamiento por virtud de su derogatoria, podría pensarse que
estos quedarían inmersos en la regla general de reconocimiento
de dicha prestación a cualquier trabajador con bajos ingresos
salariales contenida en la Ley 789 de 2002. Sin embargo, tal
interpretación no es posible de realizar, toda vez que como se
explicó el régimen prestacional de los integrantes de la fuerza
pública es especial, habida cuenta de la necesidad de que sus
integrantes alcancen la igualdad real y efectiva frente a otros
trabajadores del Estado, y debido a lo riesgoso de la actividad
que desempeñan.

Resulta entonces paradójico y contrario a los principios y fines
esenciales del Estado que los destinatarios de un régimen
especial estatuido para que sus beneficiarios alcancen la
igualdad material y sean compensados por exponer su vida e
integridad personal a partir del riesgo al que están sometidos en
el desempeño de sus funciones, no sean sujetos activos del
reconocimiento del derecho objetivo a la prestación del subsidio
familiar, la que además persigue el propósito de contribuir en el
alivio de las necesidades básicas de los sectores más pobres de
la población, dentro de los cuales se hallan, generalmente, los
soldados profesionales.

La Sala encuentra además que la medida contenida en el decreto
3770 de 2009 encarna en sí misma un acto discriminatorio.
Discriminación que se presenta en dos posibles hipótesis
normativas: (i) respecto de los soldados profesionales que
dentro del término de vigencia del artículo 11 del Decreto 1794
de 2000 hubieren adquirido el derecho subjetivo al subsidio
familiar por haber contraído matrimonio o constituir unión
marital de hecho, frente a los soldados profesionales que

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teniendo el reconocimiento al derecho objetivo no hubieren
alcanzado el expreso reconocimiento al derecho subjetivo,
existiendo la probabilidad cierta de consolidación futura del
correspondiente derecho, dentro del lapso en el que el artículo
11 ibídem se mantuvo vigente, por encontrarse incursos en una
expectativa legítima; y (ii) en relación con los soldados
profesionales que contrajeron matrimonio o constituyeron unión
marital de hecho con posterioridad a la entrada en vigencia de
la derogatoria del derecho a la prestación del subsidio familiar,
frente a los soldados profesionales, a quienes se les reconoció el
derecho a la mencionada prestación social, y se encuentran en
su goce efectivo, como respecto de los suboficiales y oficiales a
quienes se les reconoce dicho derecho objetivo.

En efecto, el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, no solamente
estipuló un derecho objetivo con vocación de subjetivación en
cabeza de quienes contraigan matrimonio o constituyan una
unión marital del hecho, sino que también reconoció este
derecho a todos los soldados profesionales en servicio activo,
por cuanto que al ejercer el derecho al libre desarrollo de la
personalidad y ser titulares del derecho a la familia tienen la
probabilidad cierta de consolidar en el futuro el correspondiente
derecho a la prestación del subsidio familiar.
[…]

En conclusión, la medida incorporada al ordenamiento jurídico
mediante el Decreto 3770 de 2009, que suprime el
reconocimiento al derecho prestacional del subsidio familiar a los
soldados profesionales al revocar el artículo 11 del Decreto 1794
de 2000, se constituye en regresiva y por tanto carente de
legalidad, al no solamente contravenir los principios y normas
en los que debería fundarse, sino también porque no es
compatible con el contenido esencial de los derechos a la
protección y seguridad social, al trabajo, y a la seguridad
jurídica, toda vez que su objeto no se encuentra dirigido a
promover el bienestar general de los soldados profesionales
como integrantes de la fuerza pública en una sociedad
democrática.

Además del análisis efectuado fundado en el juicio de
razonabilidad de la medida regresiva cuestionada, esta
Subsección considera que con base en la cláusula del Estado
Social de Derecho, resulta imperativo favorecer en su decisión
la vigencia de la norma de derecho social de mayor alcance,
acogiéndose a la regla hermenéutica que rige en materia de
derechos sociales, in dubio pro justitia socialis, e interpretar las
normas a favor de los soldados profesionales, por cuanto que al

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serle aplicadas con este sentido consiguen o tienden a alcanzar
el “bienestar”, esto es, las condiciones de vida mediante las
cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme a
su excelsa dignidad.

Por consiguiente, estos cargos estarán llamados a prosperar y
se declarará la nulidad del Decreto 3770 de 2009 […]”.

Corolario a lo anterior, el Decreto 3770 de 2009 fue declarado nulo,

porque en la medida que eliminaba el reconocimiento del subsidio

familiar a los soldados profesionales, constituía una medida regresiva

y carente de legalidad.

Por lo anterior, la Sección Segunda de esta Corporación resolvió “[…]

DECLARAR, con efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770

de 2009, “por el cual se deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de

2000 y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Gobierno

Nacional […]”.

En relación con los efectos de la declaratoria de nulidad con efectos

“ex tunc”, mediante auto de 8 de septiembre de 2017, la autoridad

judicial al resolver unas solicitudes de aclaración y adición señaló:

“[…] De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con
efectos “ex tunc” del Decreto 3770 de 2009 revivió las
disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de
evitar la existencia de vacíos normativos y, por ende, la

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inseguridad jurídica generada por la ausencia de regulación
particular y específica respecto de situaciones jurídicas no
consolidadas desde el momento de su promulgación hasta
cuando fue subrogado por el Decreto 1161 de 2014, que
permanece en vigor desde su entrada en vigencia hasta nuestros días,
por cuanto que no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico por
ninguna de las vías legalmente establecidas […]”. (Destacado fuera
del texto)

En ese orden de ideas, el subsidio familiar se reconoce con base en

el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, a los soldados profesionales

que causen el derecho hasta el 1o. de julio de 2014, fecha a partir

de la cual entró a regir el Decreto 1161 de esa anualidad, sin que

este, hasta el momento haya sido suspendido, anulado, subrogado o

derogado.

Al abordar el asunto sub examine, la Sala encuentra que aun

cuando el Tribunal hizo referencia a la sentencia de 8 de junio de

2017, proferida por el Consejo de Estado, no tuvo en cuenta dicho

pronunciamiento para sustentar su decisión de denegar las

pretensiones de la demanda, en la medida que se abstuvo de

reconocer el subsidio familiar solicitado de conformidad con el

artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

En efecto, al analizar los supuestos fácticos y jurídicos del caso

concreto, se observa que el señor GARAY GUERRERO i) ingresó a

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prestar el servicio militar el 16 de agosto de 2001 y el 1º. De abril

de 2004 fue designado soldado profesional y, ii) contrajo nupcias el

31 de diciembre de 2013.

Así las cosas, es dable establecer que el actor cumplía con los

presupuestos para ser beneficiario de la mencionada prestación con

fundamento en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, a partir del

31 de diciembre de 2013, lo cual lleva a concluir que el Tribunal no

analizó la situación concreta del señor GARAY GUERRERO frente a

los efectos ex tunc de la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de

2009.

Lo anterior, en la medida que la autoridad judicial accionada

desconoció que el actor no pudo acceder al subsidio familiar

establecido en la anterior normativa por cuanto para dicho momento

que contrajo matrimonio, tal disposición estaba derogada, por lo que

con ocasión de la nulidad del Decreto 3770 de 2009, lo que

correspondía era verificar si en el período comprendido entre la fecha

de la celebración del matrimonio – 31 de diciembre de 2013- y la

expedición del Decreto 1161 de 2014, se debía reconocer y pagar la

prestación.

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Ahora, para la Sala no resulta de recibo el argumento del Tribunal

según el cual el señor GARAY GUERRERO ya gozaba del subsidio

familiar de conformidad con el Decreto 1161 de 2014, toda vez que

dicha normativa no le era aplicable pues el hecho generador que

justificó el reconocimiento de tal prestación se dio con anterioridad a

la fecha de su entrada en vigencia, esto es, el 31 de diciembre de

2013, momento en la cual contrajo nupcias.

Sumado a lo anterior, tal como lo sostuvo esta Sala22 de Sección en

otra oportunidad, aun cuando con ocasión de la declaratoria de

nulidad del Decreto 3770 de 2009, los decretos 1794 de 2000 y 1161

de 2014 existieron de manera concomitante, lo cierto es que el

primero de estos resulta más favorable para el actor, razón adicional

para que el Tribunal hubiese accedido a las pretensiones, pues se

insiste, el hecho generador se consolidó durante su vigencia.

Ahora, en cuanto al argumento expuesto por el Tribunal, según el

cual el actor no acreditó que presentó oportunamente petición

dirigida al Ejército Nacional a fin de solicitar el reconocimiento del

22 Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, sentencia

de 8 de abril de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. 11001-31-50-
000-2021-00197-00.

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subsidio familiar, aportando los documentos que certificaban el

cambio del estado civil, es del caso advertir que la Sala no comparte

tal sustento.

En efecto, para la Sala la autoridad judicial accionada no realizó un

análisis integral y armónico de los efectos de la sentencia de 8 de

junio de 2017 y el reconocimiento del derecho establecido en el

Decreto 1794 de 2000, pues no resulta razonable exigir el reporte

del cambio del estado civil desde el momento en que se causó el

derecho, toda vez que tal normativa volvió a la vida jurídica hasta el

8 de junio de 2017 y sólo hasta dicha fecha se contó con la certeza

de ser beneficiario de ello, de tal forma que exigir el informe de ello

para el momento en que la norma estaba derogada, resulta

desproporcional.

Lo anterior ha sido acogido por esta Corporación23 en múltiples

decisiones, de las cuales se desprende que aun cuando el artículo 11

23 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sentencia de 27 de octubre de
2021, C.P: Carlos Enrique Moreno Rubio. Radicación núm. 11001-03-15-000-2021-04441-
01

Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sentencia de 7 de abril de 2022
C.P: Pedro Pablo Vanegas Gil. Radicación núm. 11001-03-15-000-2021-07051-01

Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sentencia de 2 de junio de 2022
C.P: Pedro Pablo Vanegas Gil. Radicación núm. 11001-03-15-000-2022-01132-01

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del Decreto 1794 de 2000 estableció que para el reconocimiento del

subsidio familiar debía presentarse solicitud e informar el cambio de

estado civil, la mencionada normativa se encontraba derogada y fue

sólo hasta finales del año 2017 que cobró firmeza la sentencia que

declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, por lo que la autoridad

judicial debe analizar las particularidades del caso a fin de determinar

la procedencia de la solicitud.

En efecto, en sentencia de 16 de junio de 202224, la Sección Quinta

del Consejo de Estado, dispuso:

“[…] No obstante, en el proveído cuestionando se confirmó la
decisión que negó las pretensiones de la demanda en atención
a que la norma aplicable a la situación prestacional del actor
estableció el deber de reportar el cambio de estado civil a
partir de su inicio al Comando de la Fuerza, actuación que
echó de menos en el caso sometido a su consideración, bajo
la siguiente línea argumentativa:

[…]

Ahora bien, para la Sala el caso analizado debe
abordarse desde una interpretación armónica entre el
marco normativo que prevé el subsidio familiar para los
soldados e infantes de marina profesionales de las
Fuerzas Militares y lo señalado por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
providencia de 8 de junio de 2017, bajo la siguiente línea
argumentativa:

24 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sentencia de 16 de junio de

2022 C.P: Carlos Enrique Moreno Rubio. Radicación núm. 11001-03-15-000-2022-
01201-01

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[…]
En este orden de ideas, la Sala advierte que el tribunal
accionado no realizó una interpretación sistemática de las
normas que regulan el caso en concreto aunado a los efectos
de la declaratoria de nulidad contenido en la sentencia del 8
de junio de 2017 proferida por la Sección Segunda del Consejo
de Estado al concluir que el demandante no tenía derecho a
que se le reconociera el subsidio familiar.

La razón de ello obedece a que es desacertado que la
autoridad cuestionada considerara que no procedía el
reconocimiento del subsidio familiar dado que el señor
Jiménez Quintero no había cumplido con uno de los
requisitos contemplados en el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, esto es, el de reportar el cambio de
estado civil a partir de su inicio, justamente porque solo
hasta que cobró ejecutoria la providencia de 8 de junio
de 2017 era que éste contaba con la certeza de informar
a la institución tal novedad, lo que finalmente sucedió
el 18 de diciembre de 2017

Aun cuando el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 estableció
que para el reconocimiento del subsidio familiar se debía
reportar, informar o presentar la solicitud, lo cierto es que el
actor cambió su estado civil mediante declaración de unión
marital de hecho el 13 de noviembre de 2012, fecha para la
cual dicha exigencia se encontraba derogada expresamente
por el Decreto 3770 de 2009 y solo hasta finales del año 2017
fue que cobró firmeza la sentencia que declaró la nulidad de
esta última norma.

Así que la colegiatura enjuiciada no analizó lo relativo a las
particularidades de la situación administrativa del señor
Jiménez Quintero, que conllevó a que inicialmente no pudiera
acceder al subsidio familiar bajo el amparo del artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, por cuanto para el año 2012 –cuando
cambió su estado civil– tal norma había sido derogada.

Visto así el asunto, la Sala encuentra configurado el
defecto sustantivo invocado pues se advierte una
indebida aplicación del artículo 11 del Decreto 1794 de
2000 y, por otro lado, la falta de interpretación
sistemática de las normas que regulan el caso
analizado en concordancia con los efectos de la
declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009 con
ocasión de la sentencia del 8 de junio de 2017 proferida

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por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado […]” (Destacado fuera de texto).

En igual sentido, más adelante en providencia de 28 de julio de

202225, esta Corporación discurrió sobre el particular así:

“[…] Que el accionante no hubiese reportado su nuevo estado
civil antes del 24 de junio de 2014, cuando entró a regir el
Decreto 1161 de 2014, requisito de orden formal contenido
en el inciso 2° del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
deviene llanamente de la inexistencia en la vida jurídica de tal
norma, razón suficiente para que durante el término de su
derogatoria no fuera posible exigir su cumplimiento.

Ahora, si bien es cierto que el actor no solicitó el
reajuste de su prestación de conformidad con lo
estipulado en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
ello obedece a que, solo hasta el momento en que
quedó ejecutoriada la sentencia de la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado de 8 de junio
de 2017, se daba por hecho la nulidad del Decreto 3770
de 2009, supuesto a partir del cual el tutelante contaba
con la certeza de que debía presentar su petición,
máxime porque el requisito principal, de orden
sustancial, consistente en la variación de su estado
civil, ocurrió el 31 de mayo de 2014 cuando contrajo
nupcias.

En efecto, no puede pasarse por alto que en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, la exigencia principal, a partir de la
cual se puede reclamar el derecho al subsidio familiar, radica
en que se constituya una sociedad conyugal o una sociedad
patrimonial en el caso de las uniones maritales de hecho,
presupuesto sin el cual no es posible en ningún momento ni
bajo ninguna normativa acceder al reconocimiento del
beneficio comentado.

25 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sentencia de 28 de julio de

2022 C.P: Luis Alberto Álvarez Parra. Radicación núm.11001-03-15-000-2022-03285-
00.

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La información o el reporte del cambio en el estado civil
es la formalidad requerida para conseguir la
materialización del derecho, lo cual no le resta
virtualidad al hecho de que el accionante satisfizo el
requisito sustancial y que, al encontrase derogado el
Decreto 1794 de 2000, no le era exigible su
acatamiento […]” (Destacado fuera de texto).

Así las cosas, para la Sala resulta desacertado exigir prueba del

reporte de cambio de estado civil, comoquiera que para la fecha en

la cual el actor contrajo matrimonio, el Decreto 1794 de 2000 estaba

derogado y, por tanto, ello no surtiría ningún efecto, por lo que

imponer tal exigencia resulta desproporcionada e irrazonable, de tal

forma que, tal como se expuso en líneas anteriores, la autoridad

judicial accionada debe realizar un análisis armónico y sistemático de

los efectos de la sentencia de 8 de junio de 2017 y el Decreto 1794

de 2000.

De manera que la omisión de la autoridad judicial accionada de tener

en cuenta los pronunciamientos del Consejo de Estado y analizar las

particularidades del caso de forma armónica y sistemática con los

efectos ex tunc de la sentencia de 8 de junio de 2017 y el Decreto

1794 de 2000, vulnera los derechos fundamentales del actor.

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En ese orden de ideas, para la Sala el Tribunal incurrió en los defectos

sustantivo por desconocimiento del precedente y desconocimiento

del precedente judicial, de los cuales era posible concluir que al actor

se le debió reconocer la prestación de subsidio familiar con

fundamento en el Decreto 1794 de 2000, máxime cuando exigirle

reporte del cambio del estado civil no resulta razonable.

En virtud de lo anterior, la Sala revocará la providencia impugnada,

que denegó la solicitud de amparo y, en su lugar, accederá al amparo

deprecado y, en consecuencia, se ordenará al Tribunal que, en el

término de cuarenta (40) días siguientes a la ejecutoria de la

presente providencia, profiera una nueva sentencia en la que se

tenga en cuenta las directrices aquí señaladas, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada que denegó el

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amparo solicitado y, en su lugar: AMPARAR los derechos

fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de

justicia y a la igualdad del señor LUIS EVELIO GARAY GUERRERO,

por las razones expuestas en la parte motiva de la presente

providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR sin efecto la providencia de 29

de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de

Santander dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho identificado con el número único de radicación 68081-

33-33-002-2019-00291-01 y, en su lugar: ORDENAR al Tribunal

Administrativo de Santander que dentro de los cuarenta (40) días

siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, profiera una

nueva sentencia en la que tenga en cuenta las directrices aquí

señaladas, según las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de diciembre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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