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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06051-01

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06051-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 20 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por las razones expuestas en esta providencia. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001 03 15 000 2025 06051 01 Accionante: José Carlos Luna Pérez Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Sala Segunda de Decisión SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06051-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2025 06051 01
Accionante: José Carlos Luna Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Sala Segunda de
Decisión
Acción: Acción de tutela
Tema: La acción de tutela es improcedente cuando el debate planteado
por la parte actora pretende reabrir la controversia resuelta por
el juez natural
Decisión: Confirmar el fallo de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte accionante contra el fallo de
tutela proferido el 20 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, mediante el cual se declaró improcedente la acción de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor José Carlos Luna Pérez, actuando por conducto de apoderado judicial, promovió
acción de tutela en contra de la providencia dictada el 1 de septiembre de 2025 por
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Sala Segunda de Decisión, con el fin que se
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la
administración de justicia, al mínimo vital y a la igualdad; y para ello, formuló las
siguientes pretensiones1:

[…] 1. TUTELAR los derechos fundamentales invocados y que están siendo
vulnerados por el por el (sic)TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA SALA SEGUNDA DE DECISIÓN, en lo relativo a confirmar la decisión de
primera instancia por encontrar probada la prescripción extintiva del derecho y
negar las pretensiones de la demanda.

2. Como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados se
declare la NULIDAD de la sentencia en mención, en cuanto negó las pretensiones
de la demanda por encontrar probada la prescripción extintiva del derecho.

3. Que, una vez declarada la nulidad solicitada, se ordene a la autoridad judicial,
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA SALA SEGUNDA DE
DECISIÓN, a que profiera una nueva sentencia en la que se acceda a las
pretensiones de la demanda.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06051 00.

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Accionante: José Carlos Luna Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Sala Segunda de Decisión

4. Que se advierta a las Entidades tuteladas, sobre las consecuencias que
conlleva el incumplimiento de la providencia que su Despacho profiera. […]
(Mayúsculas originales del escrito de tutelas).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El actor informó que presta sus servicios a la Armada Nacional de Colombia como infante
de marina profesional.

Indicó que “constituyó Unión Marital de Hecho el día 17 de marzo de 2010 con la señora
MAYRA LUCIA GOMEZ OSORIO; como lo indica el Acta de Conciliación de la Comisaría
de Familia (Casa de Justicia) de la Alcaldía Distrital de Buenaventura”2.

Manifestó que el 11 de mayo de 2010 se acercó a la oficina de personal de la unidad de
la Armada Nacional, con el objetivo de solicitar reconocimiento del subsidio familiar
establecido por el Decreto 1794 de 2000, no obstante, el funcionario encargado de la
dependencia sostuvo que no era posible conceder de dicho beneficio dado que la norma
había sido derogada por el Decreto 3770 de 2009.

Relató que, en julio de 2014, solicitó nuevamente el reconocimiento del subsidio familiar,
siendo negado bajo el argumento que “el acta de conciliación no era el documento idóneo
para comprobar la legalización de su vida conyugal”3.

Señaló que “declaró nuevamente la Unión Marital de Hecho mediante escritura No. 85 de
fecha 02 de febrero de 2018, con el fin de poder acceder al beneficio del subsidio familiar,
siéndole reconocido el subsidio establecido en el decreto 1161 de 2014 mediante orden
administrativa de personal No. 0770 de fecha 10 de julio de 2018”.

Anotó que el día 30 de agosto de 2021, presentó derecho de petición solicitando el
reconocimiento del subsidio familiar fijado en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
Agregó que “Mediante el acto administrativo contenido en el oficio N°
20210423330389631 de fecha septiembre 22 de 2021, suscrito por Oficial Jefe División
de Nóminas Armada Nacional, negó la solicitud realizada”4.

Expuso que el 30 de agosto de 2022 presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional,
con fin que se declarara la nulidad del acto administrativo contenido en el precitado oficio.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Buenaventura que, en sentencia del 31 de marzo de 2025 negó las pretensiones.

Inconforme con la decisión anterior, interpuso recurso de apelación y la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia el día 1 de
septiembre de 2025 la confirmó.

Alegó que la sentencia de segunda instancia, al confirmar la de primera, vulneró sus
derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, igualdad, mínimo

2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06051 00.
3 Ibidem.
4 Ibidem.

2

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Accionante: José Carlos Luna Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Sala Segunda de Decisión

vital, igualmente, quebrantó principios constitucionales como: seguridad jurídica,
derechos adquiridos y expectativa legítima por falta de reconocimiento del subsidio
familiar establecido en el Decreto 1794 de 2000.

Anotó que el Consejo de Estado ha explicado que el subsidio familiar lo deben recibir las
personas de bajos ingresos, como lo son los infantes de marina. Igualmente, resaltó que
en la providencia con radicado nro. 11001 03 15 000 2021 07051 01, del 7 de abril de
2022, se indicó que el subsidio familiar contemplado en el artículo 11 del Decreto 1794
de 2000 tiene efectos retroactivos frente a los infantes de marina profesionales.

Aseveró que no devenga más de 4 salarios mínimos y que para el momento de constituir
una unión marital de hecho— que según el actor fue en el año 2010— no podía acceder
a los beneficios del Decreto 1794 de 2000, por expresa prohibición del Decreto 3770 de
2009.

Adujo que “para el caso que nos ocupa es procedente como se dijo, declarar la nulidad
del acto atacado y en consecuencia el reconocimiento del derecho debe ordenarse desde
el momento en que el actor contrajo vida marital, de conformidad con la fecha de
legalización de su vida marital”.

Frente a la procedencia de acción de tutela contra providencia judicial, sostuvo que su
solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de inmediatez, relevancia
constitucional y subsidiariedad.

En cuanto a los requisitos especiales, manifestó que la providencia acusada incurrió en
defecto sustantivo. Al efecto, manifestó lo siguiente:

[…] la sentencia accionada adolece de defecto sustantivo porque, el accionante
consolida su derecho con el cambio de su estado civil al constituir Unión Marital
de Hecho el día 17 de marzo de 2010 y teniendo que la sentencia del 8 de junio
de 2017 declaró la nulidad del decreto 3770 de 2009, con efectos ex tunc; la norma
vigente para la fecha de la constitución de la sociedad patrimonial del accionante
sería el artículo 11 del decreto 1794 de 2000. Situación que es desconocida por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA SALA SEGUNDA DE
DECISIÓN, quien niega las pretensiones de la demanda bajo el argumento de
encontrar probada la prescripción extintiva del derecho, frente a un derecho que
evidentemente no está prescrito, aplicando una norma claramente inaplicable al
caso […].

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 26 de septiembre de 20255 a través del aplicativo de tutela
en línea de la rama judicial, y correspondió por reparto a la Sección Tercera, Subsección
B del Consejo de Estado, que por auto del 30 de septiembre de 20256 la admitió y dispuso

5 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 06051 00.
6 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 06051 00.
3

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 06051 01
Accionante: José Carlos Luna Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Sala Segunda de Decisión

notificar7 a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
como parte accionada y vincular al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Buenaventura y a la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional, como terceros
con interés directo en el resultado del proceso constitucional8.

De igual forma, requirió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Buenaventura y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de
Decisión, para que allegara el expediente digital del proceso identificado con radicado
nro. 76109 33 33 002 2022 00127 00/01, el cual fue remitido por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca9.

3.2. El magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca rindió informe10 en el
que solicitó que se nieguen las pretensiones del accionante.

Indicó que la inconformidad del actor está encaminada a modificar ordenes emitidas en
una sentencia judicial que está en firme, lo cual resulta improcedente.

3.3. La apoderada del Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional allegó escrito11,
en el que manifestó que la acción de tutela es improcedente por incumplir con los
requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y que el
mecanismo constitucional no puede ser usado como una tercera instancia.

Explicó que el defecto sustantivo alegado por la parte actora no tiene fundamento dado
que el Tribunal accionado, profirió la sentencia de acuerdo con una interpretación
sistemática de las normas.

3.4. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura guardó silencio.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 20 de
octubre de 202512, declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional, al considerar que el accionante tiene como propósito reabrir el debate
concluido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Para ello, expuso que los argumentos presentados por el accionante en el escrito de
amparo ya fueron expuestos en el recurso de apelación que formuló contra la sentencia
proferida el 31 de marzo de 2025 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Buenaventura.

7 Esta orden se cumplió el 1 de octubre de 2025. Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06051 00.
8 Ibidem.
9 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 06051 00.
10 Ibidem.
11 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 06051 00.
12 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 06051 00.
4

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 06051 01
Accionante: José Carlos Luna Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Sala Segunda de Decisión

Explicó que:

El accionante insistió tanto en el recurso de apelación como en la tutela en los
siguientes argumentos: i) existen dos decretos que regulaban una misma situación
jurídica por lo que en su caso debió ajustarse el beneficio a lo dispuesto en el
Decreto 1794 de 2000 pues, por una parte, cumple con los requisitos establecidos
en la normativa dado que la unión marital de hecho se inició en vigencia de la
norma y, por otra, le es más favorable, y ii) se desconoció la sentencia del 8 de
junio de 2017 del Consejo de Estado que declaró la nulidad del Decreto 3770 de
2009 con efectos ex tunc, por lo que el derecho a reclamar surgió a partir de la
ejecutoria de la sentencia.

En ese sentido, anotó que:

[…] la discusión planteada en la demanda de tutela ya fue resuelta por la autoridad
judicial competente, la cual explicó, de manera suficiente y razonable que el
demandante sí tenía derecho al subsidio familiar previsto en el Decreto 1794 de
2000 por lo que los argumentos de la demanda de tutela en ese sentido carecen
de relevancia constitucional, de hecho es evidente que no hubo aplicación errada
de las normas ni se desconoció los efectos fijados en la sentencia del 8 de junio
de 2017 del Consejo de Estado que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009.
[…]

Resaltó que13:

La novedad en la decisión cuestionada estuvo en que, pese a que el Tribunal
encontró que el actor tenía derecho al beneficio en el Decreto 1794 de 2000, no
lo reconoció porque encontró que el derecho estaba prescrito. Sobre este punto
el accionante únicamente refirió que su derecho no estaba prescrito y que el
Tribunal justificó la decisión en una norma claramente inaplicable, pero no precisó
las normas ni explicó por qué su derecho no estaba prescrito, incumpliendo de esa
manera la carga de argumentar o exponer mínimamente las razones por las cuales
la decisión en ese sentido resultaba contraría a la Constitución o vulneraba los
derechos fundamentales invocados.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora lo impugnó14
manifestando, inicialmente, lo siguiente15:

El fallo atacado adolece de defecto sustantivo en tanto deja de lado la vulneración
de los derechos fundamentales tutelados y la relevancia de los mismos.

En el fallo tutelado es evidente la desatención a los efectos de la sentencia de
fecha junio 08 de 2017, dentro del radicado 11001-03-25-000-2010-00065-00,
numero interno 0686-2010, actor. FUNDACIÓN COLOMBIANA SENTIMIENTO
PATRIO DE LOS SOLDADOS E INFANTES DE MARINA PROFESIONALES, que
declaró la nulidad del decreto 3770 de 2009, con efectos ex tunc. En tanto que el
actor constituyó Unión Marital de Hecho el día 17 de marzo de 2010, la norma

13 Ibidem.
14 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 06051 00.
15 Ibidem.

5

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Accionante: José Carlos Luna Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Sala Segunda de Decisión

vigente y aplicable para dicha situación es el artículo 11 del decreto 1794 de 2000.
En razón que a los soldados profesionales que legalizaron su vida conyugal en
vigencia del Decreto 3770 de 2009 se le vulneró su derecho subjetivo al subsidio
familiar, comparado con quienes lo hicieron antes de la aplicación de esta norma.

Así mismo el precedente jurisprudencial del Contencioso administrativo ha
señalado que el subsidio familiar lo deben recibir las personas con nivel de
ingresos bajos; lo cual es el caso del demandante quien en su condición de Infante
de Marina Profesional; percibe uno de los salarios más bajos respecto de los
demás miembros de la fuerza pública, por tanto no es coherente que estando
vigente el subsidio familiar del artículo 11 del decreto 1794 de 2000, le sea
reconocido el subsidio del decreto 1161 de 2014 que supone un porcentaje
considerablemente inferior respecto del otro. Esto supone una clara vulneración
al debido proceso y a la seguridad jurídica que debe garantizar el estado en
función de los fines del mismo y respecto de los principios de no regresividad,
solidaridad, proporcionalidad etc. Siendo un tema ampliamente estudiando en
tanto es muy relevante por la protección a los derechos familiares.

Posteriormente, reiteró, en términos prácticamente iguales, los argumentos expuestos en
el escrito de tutela inicial y solicitó que sean protegidos sus derechos fundamentales
invocados en el escrito de tutela, además, se ordene al Tribunal accionado a proferir una
nueva decisión.

5.2. Por auto proferido del 14 de noviembre de 2025 se concedió la impugnación16 y la
misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto el 26 de noviembre de 2025.17

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 18, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201519, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202120, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201921, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por

16 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 06051 00.
17 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 06051 01.
18 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
19 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
20 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
21 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
6

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 06051 01
Accionante: José Carlos Luna Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Sala Segunda de Decisión

la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.

6.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente22:

6.2.1. El señor José Carlos Luna Pérez, por intermedio de apoderado judicial, promovió
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Armada Nacional, con el fin que para que se declarara la nulidad
del Oficio nro. 20210423330389631 del 22 de septiembre de 2021 “mediante el cual fue
negada al demandante la petición elevada para que se le reconociera el subsidio familiar
establecido en el artículo 11 del decreto 1794 de 2000”23.

6.2.2. A título de restablecimiento del derecho solicitó que24:

SE CONDENE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
ARMADA NACIONAL, a pagar a favor del demandante por concepto de subsidio
familiar el 4% del salario básico más la prima de antigüedad, de conformidad con
el artículo 11 del decreto 1794 de 2000.

SE CONDENE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
ARMADA NACIONAL, a pagar todas las sumas reconocidas debidamente
indexadas conforme al IPC certificado por el DANE.

SE CONDENE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
ARMADA NACIONAL, a pagar los intereses de qué trata el numeral 3° del artículo
192 de la ley 1437 de 2011.

SE CONDENE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
ARMADA NACIONAL, al pago de costas, gastos procesales y agencias en
derecho, en caso de oposición a la presente demanda. […]

6.2.3. La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Buenaventura que, mediante sentencia del 31 de marzo de 2025 negó las pretensiones.

6.2.4. Inconforme con la decisión anterior, interpuso el recurso de apelación y la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia
del 1 de septiembre de 2025 la confirmó.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el accionante en el escrito
de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

22 Lo que se desprende del expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con radicado nro. 76109 33 33 002 2022 00127 00/01.
23 Ibidem.
24 Ibidem.

7

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6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe
indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver
es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes […]25.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades26:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 27. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.

6.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

25 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
26 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
27 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
8

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Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que28

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […] (Se
destaca)

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.

La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.

Ello, por cuanto el accionante emplea la acción de tutela como un mecanismo para reabrir
el debate resuelto en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dado
que sus inconformidades están dirigidas a controvertir a la interpretación normativa
realizada por el tribunal accionado respecto a la aplicación del Decreto1794 de 2000. Lo
anterior, con el fin de insistir en que sí tiene derecho al reconocimiento del subsidio
familiar, lo cual ya fue objeto de debate.

Bajo dicho contexto, la Sala observa que la parte accionante está utilizando la acción de
tutela como una instancia o recurso adicional al proceso ordinario y cuestionar lo resuelto
por el juez natural de la causa, por lo que se concluye que, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional aludida en referencia, la petición de amparo no cumple con
el tercer criterio de la relevancia constitucional.

En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la decisión del

28 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de la contestación, las
pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que
la ley prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes,
simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución
y la ley, en el ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales
atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por
fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia, entraría
en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del juez
competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el
evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre las
cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le fueron
planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones, excepciones y
hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado a
decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre
las partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido el
debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando ella está
por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han formulado
demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede comprometer el núcleo
fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero ese no es el supuesto en la
decisión que aquí se examina.

En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por cuanto
no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, por lo que se confirmará
el fallo proferido el 20 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 20 de octubre de 2025 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por las razones expuestas en esta
providencia.

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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro del término legal.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión, del 29
de enero de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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