Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08213-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08213-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-08213-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-08213-01
Accionante: SOCIEDAD COMERCIAL OGB SCS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN C
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se revoca el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con los requisitos generales de subsidiariedad y de relevancia
constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
12 de marzo de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. LaSociedad Comercial OGB SCS solicitó, a través de apoderado judicial, la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 14 de julio de 2025, proferida por el la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado dentro del medio de control de reparación directa
con radicado número 20001-23-33-000-2019-00324-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Señaló que promovió el medio de control de reparación directa con radicado núm.
20001-23-33-000-2019-00324-00/01 contra el municipio de Valledupar y el
departamento del Cesar, con el fin de que se declarara la falla en el servicio por
omisión, debido a los daños y perjuicios causados al permitir la consolidación de una
invasión con carácter permanente en el predio de su propiedad y al no ejecutar sus
correspondientes deberes legales.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08213-01
Accionante: Sociedad Comercial OGB SCS
2.2. Precisó
que el asunto le fue asignado al Tribunal Administrativo del Cesar,
autoridad judicial que, mediante providencia de 11 de julio de 2024, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
2.3. Adujo que las partes interpusieron recurso de apelación y mediante sentencia de
14 de julio de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró de oficio la caducidad
del medio de control.
2.4. Expuso que la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y
a la igualdad, al incurrir en un defecto fáctico, una decisión sin motivación y un
desconocimiento del precedente.
2.5. Respecto al defecto fáctico por indebida valoración probatoria, señaló que la
autoridad judicial omitió pronunciarse sobre la totalidad de pruebas y controvertir la
valoración realizada por el Tribunal Administrativo del Cesar en el auto de fecha 9 de
septiembre de 2021, mediante el cual se negó la excepción de caducidad propuesta
por el departamento del Cesar; decisión que quedó debidamente ejecutoriada.
2.6. Añadió que la providencia no valoró el auto de 9 de julio de 2018, a través del cual,
el Inspector Primero Civil Urbano de Policía de Valledupar fijó como fecha para la
práctica de la diligencia de desalojo el día 30 de agosto de 2018, momento que, en
su criterio, realmente constituía el punto de partida para contar el término de
caducidad, dado que el procedimiento policivo de lanzamiento de los invasores no
había concluido. Precisó que dicha prueba “[…] ni siquiera fue mencionada en el
análisis realizado por el Ad quem para declarar de oficio la caducidad […]”.
2.7. Alegó que la autoridad judicial demandada redujo indebidamente el daño alegado
a las omisiones en el cumplimiento de un fallo de tutela de 2012, cuando en realidad,
la demanda de reparación directa también fundamentó el daño en la falla del servicio
por omisión del municipio de Valledupar y del departamento del Cesar, al permitir la
consolidación de una invasión ilegal sobre el predio de la sociedad demandante. El
daño antijurídico, por tanto, no solo proviene del incumplimiento del fallo de tutela,
sino también de la omisión del deber de desalojar a los ocupantes ilegales, imputable
a las entidades demandadas.
2.8. Frente al defecto de una decisión sin motivación, la sentencia cuestionada no
indicó los argumentos fácticos y jurídicos que justificaran la caducidad declarada y
omitió emitir pronunciamiento sobre las consideraciones expuestas por el Tribunal
Administrativo del Cesar respecto del auto de 9 de septiembre de 2021, que negó la
excepción de caducidad.
2.9. Finalmente resaltó que la providencia desconoció la sentencia de 5 de marzo de
2021 proferida por el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A1, aplicada
1 Radicado núm. 19001 23-31-000-2004-00653-01(46197). M.P. María Adriana Marín.
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Accionante: Sociedad Comercial OGB SCS
por el Tribunal Administrativo del Cesar para negar la excepción de caducidad y la
sentencia del 8 de julio de 2024, proferida por el Consejo de Estado - Sección Tercera
• Subsección B2, la cual indicó que, en casos como el presente, la caducidad debía
contarse desde la fecha en que debió llevarse a cabo la diligencia de lanzamiento.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO
Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA) Y A LA IGUALDAD que resultaron vulnerados en detrimento de la
sociedad actora, con ocasión del fallo de 14 de julio de 2025, proferido por la
Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, dentro del proceso de
reparación directa identificado con el número de Radicación
20001233300020190032401 (71737).
SEGUNDA: En consecuencia de la declaración anterior, dejar sin efectos el
fallo de 14 de julio de 2025, proferido por la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación directa identificado con
el número de Radicación 20001233300020190032401 (71737) y, en su lugar,
se profiera decisión judicial de fondo.
TERCERA: Que, subsidiariamente, con el propósito de materializar en favor de
la accionante los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO Y AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA) Y A LA IGUALDAD, el Juez Constitucional de Tutela adopte las
medidas que con tal propósito considere efectivas y suficientes para
materializar el derecho de acción de la sociedad actora y amparar sus derechos
fundamentales […]”. [Negrilla del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 20 de enero de 2026, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso de la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la presente acción
de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés directo en
el resultado del proceso al alcalde de Valledupar y al gobernador del Cesar.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó que
se declarara improcedente la solicitud de amparo en razón de que la petición
presentada por la accionante no satisface los requisitos generales para la
procedencia de la acción de tutela, específicamente el de relevancia constitucional,
pues lo que pretende es reabrir el debate con miras a obtener la prosperidad de sus
pretensiones.
2 Radicado interno 59652.
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Accionante: Sociedad Comercial OGB SCS
5.2. Sostuvo que la decisión que se considera desconocida por la accionante fue
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, lo que no
la hace vinculante pues no tiene el carácter de unificación. Precisó que el caso
analizado en la providencia presuntamente desconocida no tenía los mismos
presupuestos fácticos que el que aquí se analiza, para lo cual debe tenerse en
cuenta que cada asunto litigioso goza de una identidad procesal y probatoria propia,
luego, la valoración de las piezas procesales y la decisión judicial que se adopte en
cada caso no puede suponer el desconocimiento de una decisión que con
antelación se adoptó por hechos disímiles.
5.3. Resaltóque pretender que las otras autoridades judiciales acojan un
pronunciamiento de un par en casos que no son semejantes y que carecen de
fuerza vinculante de unificación, desatiende los postulados de autonomía judicial,
seguridad jurídica y de sometimiento de las autoridades judiciales al imperio de la
ley.
5.4. El municipio de Valledupar solicitó negar las pretensiones de la acción de
tutela, en razón a que las sentencias fueron resueltas en derecho. Agregó que no
existe vulneración a los derechos fundamentales expuestos por la accionante, ni en
lo fáctico ni en lo jurídico, toda vez que la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado actuó en debida forma declarando de oficio la caducidad del
medio de control de reparación directa, conforme a un estudio exhaustivo que fue
expuesto en las consideraciones de la providencia.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 12 de marzo de 2026, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, luego de hacer un estudio de manera conjunta de los defectos alegados,
negó las pretensiones de la acción de tutela con base en los siguientes argumentos:
“[…] Que conforme a la posición de la Sección Tercera de esta Corporación, el
término de caducidad para el ejercicio del medio de control de reparación
directa no puede quedar suspendido permanentemente, por lo que es un deber
verificar en cada caso concreto el punto de partida para el cómputo de la
caducidad.
Que en los casos de incumplimiento de una orden judicial, debe computarse el
término de caducidad desde el momento en que se conoce del vencimiento del
plazo establecido en la Ley para cumplir la obligación impuesta por el juez14,
lo que en este caso ocurrió el 13 de septiembre de 2012, día siguiente al
vencimiento de los plazos estipulados en el fallo de tutela del 6 de julio de 2012
para que el Departamento para de la Prosperidad Social y la Alcaldía de
Valledupar cumplieran, entre otras, las órdenes de reubicación de los
ocupantes ilegales.
Que como consecuencia de lo anterior, a partir del 13 de septiembre de 2012,
la Sociedad O.G.B. S.C.S. evidenció materialmente que las entidades
accionadas no cumplieron en el término previsto lo ordenado en el fallo de
tutela, omisiones que a la postre significan, según lo sostenido en la acción de
reparación directa, la concreción del daño aducido en la medida en que
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constituyen el incumplimiento de la orden de tutela, y de paso, la consolidación
de la situación de hecho de la ocupación del inmueble de su propiedad. Que,
en consecuencia, se configuró la caducidad porque el término perentorio para
accionar expiraba el 15 de septiembre de 2014 y la demanda se presentó el 22
de octubre de 2019.
Ahora, en la solicitud de amparo el (sic) accionante sostuvo que la sentencia
cuestionada no tuvo en cuenta que en el expediente estaba probado que para
el año 2018, el proceso policivo seguía en trámite, pues no había sido posible
que se cumplieran las órdenes encaminadas a salvaguardar el derecho de
propiedad de la Sociedad OGB SCS y en tal medida, el término de caducidad
no podía contabilizarse desde las sentencias de tutela que ordenaron medidas
tendientes al desalojo de los ocupantes ilegales, sino a partir de la fecha
designada para ejecutar la última diligencia de desalojo, la cual, al no haberse
llevado a cabo, provocó el incumplimiento de las funciones policivas del
municipio de Valledupar. Que se entendió de manera equivocada que el daño
alegado en la demanda de reparación directa solamente fue planteado por las
omisiones en que incurrieron las entidades demandadas por el incumplimiento
del fallo de tutela proferido el 6 de julio de 2012 cuando, dice, también alegó
“falla en el servicio por omisión en que incurrieron el MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR y el DEPARTAMENTO DEL CESAR, al permitir la consolidación
de una invasión ilegal sobre el predio de propiedad de la sociedad demandante”
La Sala empieza por precisar que, no resulta irracional o arbitrario el
entendimiento sobre el hecho dañoso al que arribó la autoridad judicial
demandada, pues, tal como se expuso en los hechos de la demanda, la
sociedad accionante promovió el medio de control de reparación directa con el
propósito de que se declarara responsables al departamento del Cesar y al
municipio de Valledupar “a título de falla en el servicio por omisión, debido a los
daños y perjuicios causados a la sociedad comercial O.G.B. S.C.S., al permitir
la consolidación de una invasión con carácter permanente en el predio de su
propiedad descrito en esta demanda, al no ejecutar sus correspondientes
deberes legales”. Para ese efecto, como se vio, en los hechos 14, 15, 16, 17 y
20 de la demanda explicó que la falla se configuraba por el incumplimiento de
las órdenes de tutela del 6 de julio de 2012, que, se insiste, dispusieron
reanudar la diligencia de lanzamiento de los ocupantes del predio de su
propiedad.
[…]
En ese sentido, la Sala no advierte que la decisión cuestionada contenga
errores sustanciales y que estos provengan directamente de deficiencias en la
valoración probatoria, a tal punto que no corresponda con la sana crítica o que
no atienda a criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación. Por
el contrario, se observa un análisis integral del material probatorio, que permitió
arribar a la conclusión razonable que la parte actora presentó la demanda de
reparación directa por fuera del término previsto para el efecto.
En el presente caso, se insiste, que la tesis del hecho generador del daño
estuvo sustentada desde el momento de presentación de la demanda de
reparación directa en una “falla en el servicio por omisión, debido a los daños
y perjuicios causados a la sociedad comercial O.G.B. S.C.S., al permitir la
consolidación de una invasión con carácter permanente en el predio de su
propiedad descrito en esta demanda, al no ejecutar sus correspondientes
deberes legales” (Negrilla fuera de texto).
En consecuencia, del análisis de las pruebas que fueron relacionadas con
antelación, no se considera desproporcionado que la Sección Tercera,
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Subsección C de esta Corporación, haya concluido que, para este caso
particular, la omisión en el cumplimiento de deberes tuvo su origen en el
momento en que se dictaron órdenes judiciales que no fueron cumplidas por
las demandadas, máxime si se tiene en cuenta que al tenor de lo dispuesto en
el numeral 2 del artículo 164, para este caso, la caducidad se contabiliza desde
el momento en que se materializa la omisión que causa el daño, sin que se
señalen más condiciones.
[…] En efecto, en providencia del 26 de abril de 2018 (Exp. 58242), se observa
que la decisión de confirmar la caducidad se basó en que la parte demandante,
tras el vencimiento del plazo de 18 meses del artículo 177 del C.C.A. no ejerció
las acciones judiciales de cobro, limitándose a invocar trámites administrativos
ante la entidad.
Asimismo, en sentencia del 24 de septiembre de 2020 (Exp. 65716), se
confirmó la caducidad porque el demandante dejó transcurrir más de
diecinueve años desde la ejecutoria de la sentencia (1998) hasta la
presentación de la demanda de reparación directa (2019), limitando su defensa
a la teoría del daño continuado por la falta de restitución del inmueble, tesis que
fue desestimada al considerar que el daño se configuró una vez venció el plazo
legal para el cumplimiento del fallo.
En fallo de 29 de agosto de 2016 (Exp. 51797), se declaró la caducidad debido
a que los demandantes pretendían revivir un término fenecido alegando un
hecho reciente (una cesión gratuita de 2011), pese a que el daño real (la
ocupación permanente de su inmueble por el Ejército Nacional) había iniciado
en 1952 y fue conocido por el causante sin que ejerciera acción alguna durante
décadas.
También en pronunciamiento del 9 de octubre de 2014 (Exp. 32074), se
concluyó que la acción estaba caducada respecto de la omisión de tramitar una
querella policiva presentada en 1994, dado que el demandante dejó transcurrir
más de ocho años sin ejercer las acciones judiciales pertinentes frente a dicho
incumplimiento administrativo […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
7. La accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó revocar la decisión
de 12 de marzo de 2026, para en su lugar amparar los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la igualdad en razón a
que “[…] el término de caducidad debió contarse a partir de la diligencia de desalojo
el día 30 de agosto de 2018, a partir de las 8:00 de la mañana, sin que esta se haya
realizado por falta de voluntad de la Administración Municipal de Valledupar, lo que
configuró el daño de la parte actora consistente en la perdida (sic) permanente del
inmueble de su propiedad. […]”.
8. Señaló que “[…] En el fallo apelado, no se tuvo en cuenta que la última actuación
registrada por la Alcaldía Municipal de Valledupar dentro de la querella policiva de
lanzamiento por ocupación de hecho que se tramitó por la sociedad actora para
recuperar el bien de su propiedad, fue el auto expedido por el Inspector Primero
Civil Urbano de Policía de Valledupar, funcionario comisionado por el Alcalde
Municipal de Valledupar, para realizar la diligencia de lanzamiento de los invasores
del predio. Dicha diligencia de fecha 9 de julio de 2018, fue notificada a mi mandante
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el 19 de julio de 2018, en la cual fijó como fecha para la práctica de la diligencia de
desalojo el día 30 de agosto de 2018, a partir de las 8:00 de la mañana, diligencia
que nunca se realizó por falta de voluntad de la Administración Municipal de
Valledupar de dar solución a este asunto con el desalojo de los invasores y la
entrega del referido inmueble a mi poderdante, conducta con la cual se incurrió en
una falla del servicio de la administración por omisión de no practicar dicha
diligencia, la cual es causante del daño alegado por la sociedad demandante, en el
proceso de reparación directa. […]”.
9. Argumentó que “[…] es a partir de la omisión en realizar la diligencia de desalojo,
como lo ha puesto de presente la Sección Tercera del Consejo de Estado en
amplios pronunciamientos, que debió contarse el término de caducidad del medio
de control de reparación directa y no desde los fallos de tutela, como erróneamente
lo consideró la decisión de 14 de julio de 2025 […]”.
10. Indicó que “[…] el fallo de 14 de julio de 2025, así como la decisión de tutela
objeto de este recurso, no tuvieron en cuenta la prueba relevante aportada con la
demanda contenida en el auto de fecha 9 de julio de 2018, mediante el cual el
Inspector Primero Civil Urbano de Policía de Valledupar fijó como fecha para la
práctica de la diligencia de desalojo el día 30 de agosto de 2018, a partir de las 8:00
de la mañana, sin que esta se haya realizado por falta de voluntad de la
Administración Municipal de Valledupar de dar solución al asunto con el desalojo
de los invasores y la entrega del referido inmueble a su propietario, conducta con
la cual se afirmó en la demanda que se había incurrido en una falla del servicio de
la administración por omisión de no practicar dicha diligencia. […]”.
11. Resaltó que “[…] Esta prueba omitida, lo que configura un claro defecto fáctico
de la decisión de segunda instancia del proceso de reparación directa, constituye
la prueba fundamental para contar el término de caducidad del medio de control de
reparación. Sin embargo, no solo se omitió valorar esta prueba esencial para la
decisión sino que ni siquiera fue mencionada en el análisis realizado por el Ad quem
de la reparación directa para declarar de oficio la caducidad, siendo que la misma
constituía el punto de partida para contar el término de caducidad, por el hecho de
que el procedimiento policivo de lanzamiento de los invasores no ha había
concluido […]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
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de 6 de abril de 20215 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20256, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20197, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20248.
VIII.2. Problemas jurídicos
13. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado9, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
14. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
15. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201210, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
16. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
17. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
5 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector
Justicia y del Derecho”.
7 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
8
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
9
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
18. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial11, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución12.
19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”13 que encaje en dichos
parámetros.
20. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
11
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
12
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
13
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08213-01
Accionante: Sociedad Comercial OGB SCS
VIII.4. El caso concreto
22. La Sociedad Comercial OGB SCS solicitó, a través de apoderado judicial, la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 14 de julio de 2025, proferida por el la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado dentro del medio de control de reparación directa
con radicado número 20001-23-33-000-2019-00324-00/01.
23. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional.
VIII.4.1. Del incumplimiento del requisito general de procedencia de
subsidiariedad
24. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
25. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto]
26. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza14), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
27. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:
14
Corte Constitucional, Sala Plena. Auto 132 de 16 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08213-01
Accionante: Sociedad Comercial OGB SCS
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”15.
28. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser
utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los
derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”16.
29. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
30. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
30.1. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que la parte accionante
alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales
citados supra por, presuntamente, haber incurrido en una decisión motivación, al
considerar que la sentencia cuestionada no indicó los argumentos fácticos y jurídicos
que justificaran la caducidad declarada y omitió emitir pronunciamiento sobre las
15
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Iván
Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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consideraciones expuestas por el Tribunal Administrativo del Cesar respecto del auto
de 9 de septiembre de 2021, que negó la excepción de caducidad.
31. En criterio de la Sala, tal reparo adolece del requisito de subsidiariedad, por
cuanto el demandante tiene a su disposición el recurso extraordinario de revisión,
previo al cumplimiento de los requisitos legales, de conformidad con la causal
establecida en el numeral 5.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 18 de enero de
2011, esto es, por presuntamente existir una nulidad en la sentencia acusada.
32. En ese orden de ideas, la Sala considera que el argumento objeto de estudio es
susceptible de plantearse a través de otro mecanismo de defensa judicial y,
además, en el asunto de la referencia no se demostró la configuración de un
perjuicio irremediable17.
VIII.4.2. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
33. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental18 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones19.
34. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales20, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces21.
35. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación22, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
17 Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como
consecuencia de acciones u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez
producido, es irreversible y por tanto no puede ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio
irremediable cuando concurran los siguientes requisitos: (1) el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá
indefectiblemente si no opera la protección judicial transitoria; (2) las medidas que se requieren para conjurar
el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de ser grave, esto es, que una vez que aquel se
haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la urgencia y la gravedad
determinan que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997).
18
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
19
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
20
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
21
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
22
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
13
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de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto]
36. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202223 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
23
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08213-01
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65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]
37. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202324.
38. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por la parte accionante se
pueda concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii)
que la discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad
respecto de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de
apreciación judicial que no involucre derechos fundamentales25.
39. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
40. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e
igualdad, al incurrir en un defecto fáctico, una decisión sin motivación y un
desconocimiento del precedente.
24
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
15
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08213-01
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41. Respecto al defecto fáctico por indebida valoración probatoria, señaló que la
autoridad judicial omitió pronunciarse sobre la totalidad de pruebas y controvertir la
valoración realizada por el Tribunal Administrativo del Cesar en el auto de fecha 9 de
septiembre de 2021, mediante el cual se negó la excepción de caducidad propuesta
por el departamento del Cesar; decisión que quedó debidamente ejecutoriada.
42. Añadió que la providencia no valoró el auto de 9 de julio de 2018, a través del cual,
el Inspector Primero Civil Urbano de Policía de Valledupar fijó como fecha para la
práctica de la diligencia de desalojo el día 30 de agosto de 2018, momento que, en
su criterio, realmente constituía el punto de partida para contar el término de
caducidad, dado que el procedimiento policivo de lanzamiento de los invasores no
había concluido. Precisó que dicha prueba “[…] ni siquiera fue mencionada en el
análisis realizado por el Ad quem para declarar de oficio la caducidad […]”.
43. Alegó que la autoridad judicial demandada redujo indebidamente el daño alegado
a las omisiones en el cumplimiento de un fallo de tutela de 2012, cuando en realidad,
la demanda de reparación directa también fundamentó el daño en la falla del servicio
por omisión del Municipio de Valledupar y del Departamento del Cesar, al permitir la
consolidación de una invasión ilegal sobre el predio de la sociedad demandante. El
daño antijurídico, por tanto, no solo proviene del incumplimiento del fallo de tutela,
sino también de la omisión del deber de desalojar a los ocupantes ilegales, imputable
a las entidades demandadas.
44. Finalmente resaltó que la providencia desconoció la sentencia de 5 de marzo de
2021 proferida por el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A26, aplicada
por el Tribunal Administrativo del Cesar para negar la excepción de caducidad y la
sentencia del 8 de julio de 2024, proferida por el Consejo de Estado - Sección Tercera
• Subsección B27, la cual indicó que, en casos como el presente, la caducidad debía
contarse desde la fecha en que debió llevarse a cabo la diligencia de lanzamiento
45. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y, ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
instancia adicional, con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural.
46. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones
por las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
26 Radicado núm. 19001 23-31-000-2004-00653-01(46197). M.P. María Adriana Marín.
27 Radicado interno 59652.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08213-01
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47. Al respecto, como lo ha considerado la Sala en otras oportunidades 28, la parte
accionante no está exponiendo que la providencia cuestionada haya incurrido en
una arbitrariedad judicial, sino que el motivo de su inconformidad consiste en que
el juez de segunda instancia en el proceso contencioso revocó la decisión del a quo
que había accedido a sus pretensiones y en su lugar, declaró la caducidad del
medio de control.
48. En este punto, se observa que la discusión expuesta en esta instancia
constitucional fue analizada por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado en la providencia cuestionada:
“[…] En el plenario se demostró que, mediante sentencia del 6 de julio de 2012,
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar, tuteló
parcialmente los derechos fundamentales invocados por los ocupantes del
predio “No. 1 de la Urbanización O.B.G”, y en consecuencia, levantó la
suspensión del trámite de la diligencia de desalojo, ordenó al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social que en un plazo de veinte (20) días
contados a partir de la notificación de la decisión debía realizar un censo de las
familias asentadas y ordenó a la Alcaldía de Valledupar que, una vez culminado
el censo procediera a fijar nueva fecha para la diligencia de desalojo que no
excediera de veinte (20) días, previa notificación de los ocupantes del inmueble
(hecho probado 6.1.5).
Asimismo, quedó demostrado que la anterior sentencia de tutela quedó
ejecutoriada el 13 de julio de 2012 (hecho probado 6.1.6).
En suma, se deduce que el juez de tutela ordenó al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social realizar un censo de las familias
asentadas en el predio “No. 1 de la Urbanización O.B.G” en un plazo de 20 días
hábiles desde la notificación de la sentencia de amparo constitucional.
Seguidamente, dispuso que, una vez efectuado el referido censo, le
correspondía a la alcaldía de Valledupar en un término de 20 días hábiles fijar
fecha para la diligencia de lanzamiento (hecho probado 6.1.5)
Así las cosas, en el sub examine se advierte que el término de caducidad para
ejercer el medio de control de reparación directa empezó a correr el 13 de
septiembre de 2012, toda vez que de conformidad con lo probado en el
proceso, esta fecha corresponde al día siguiente del vencimiento de los plazos
estipulados en el fallo de tutela del 6 de julio de 2012, proferido por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar, esto es, el plazo de veinte
(20) días hábiles para la realización del censo por parte del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, así como del término de veinte (20)
días hábiles para la fijación de una nueva fecha para llevar a cabo la diligencia
de lanzamiento a cargo de la alcaldía de Valledupar, los cuales en total, suman
40 días hábiles.
Precisamente, a partir del 13 de septiembre de 2012, la Sociedad O.G.B. S.C.S.
evidenció materialmente que las entidades accionadas no cumplieron en el
término previsto lo ordenado en el fallo de tutela, en tanto el Departamento para
la Prosperidad Social no realizó el censo y la Alcaldía de Valledupar tampoco
fijó fecha para la realización de la diligencia de lanzamiento en el plazo
establecido, omisiones que a la postre significan, según lo sostenido en la
28 Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente 11001031500020250177900 y
11001031500020250605101.
17
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08213-01
Accionante: Sociedad Comercial OGB SCS
acción de reparación directa, la concreción del daño aducido en la medida en
que tales omisiones en el cumplimiento de la orden de tutela, permitió la
consolidación de la situación de hecho de la ocupación del inmueble de su
propiedad.
En este sentido, se tiene que el término de caducidad para ejercer el medio de
control de reparación directa comenzó a correr el 13 de septiembre de 2012 –
día siguiente a aquel en que la Sociedad O.G.B. S.C.S. tuvo conocimiento
materialmente del daño que le causó la omisión en el cumplimiento de la orden
de tutela y la no realización de la diligencia de desalojo en el término del
previsto judicial, término perentorio al derecho de accionar que expiraba el 15
de septiembre de 2014.
Sin embargo, como la demanda solo se presentó hasta el 22 de octubre de
2019, se advierte que para esa fecha ya había acaecido el término preclusivo
dispuesto por el legislador pues el término perentorio había acaecido algo más
de 5 años atrás.
Es más, aunque el 17 de julio de 2019 el extremo activo presentó solicitud de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos
Administrativos, lo cierto es que para ese momento no había término de
caducidad susceptible de ser suspendido porque, como se explicó
anteriormente, ya había operado el fenómeno preclusivo que extinguía para
esa causa la posibilidad de invocar el medio de control de reparación directa
frente al menoscabo alegado por la demandante.
Por todo lo anterior, fuerza es revocar la sentencia del 11 de julio de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda para, en su lugar, declarar de oficio la
caducidad del medio de control de reparación directa, toda vez que
transcurrieron más de 2 años contados desde la fecha en que acaeció el hecho
lesivo que aquí se debate y aquella en la que se presentó la demanda […]”.
[Subrayado fuera del texto].
49. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la autoridad contenciosa administrativa y no se
observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.
50. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”29.
51. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
29
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
18
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08213-01
Accionante: Sociedad Comercial OGB SCS
[…]”30. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”31.
52. Con fundamento en lo anterior, esta Sección revocará el fallo impugnado, para
en su lugar declarar improcedente la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 12 de marzo de 2026, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE
la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
30
Ibidem.
31
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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