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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-33-000-2019-00324-01

Fecha
14 de julio de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-33-000-2019-00324-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 11 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió parcialmente a las pretensiones de la 42 Cfr. Art. 365 y ss. CGP. 22 Radicado: 20001233300020190032401 (71737) Demandante: Sociedad comercial O.G.B. S.C.S. demanda, para en su lugar DECLARAR de oficio la caducidad de la pretensión de reparación directa, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 20001-23-33-000-2019-00324-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

14 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 20001233300020190032401 (71737)
Demandante: SOCIEDAD COMERCIAL O.G.B. S.C.S.
Demandado: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y OTRO

Tema: Omisión en el cumplimiento de una orden impartida por una
autoridad judicial. Caducidad del medio de control de reparación
directa. No se configuraron costas procesales en el trámite de
segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la sociedad O.G.B. S.C.S.
y el municipio de Valledupar, contra la sentencia del 11 de julio de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Según se narra en la demanda, desde el 29 de mayo 2011, un grupo de personas
indeterminadas ocuparon de hecho y de forma permanente el predio denominado
“Lote número uno (1) de la Unidad Residencial O.G.B.”, ubicado en el municipio de
Valledupar (Cesar), cuya propietaria es la sociedad O.G.B. S.C.S. Por lo anterior, la
citada sociedad presentó una querella policiva ante la alcaldía de Valledupar.

Posteriormente, mediante Resolución No. 2604 del 4 de octubre de 2011, la alcaldía
decretó el lanzamiento por ocupación de hecho en contra de personas
indeterminadas. No obstante, de forma paralela, un grupo de ocupantes del predio
presentaron una acción de tutela en contra del departamento del Cesar, el municipio
de Valledupar y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con el
propósito de obtener soluciones de vivienda de manera previa a ser desalojados del
lote. Así las cosas, mediante fallo de tutela proferido el 6 de julio de 2012, el Juzgado

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Radicado: 20001233300020190032401 (71737)
Demandante: Sociedad comercial O.G.B. S.C.S.

2º Administrativo de Valledupar amparó los derechos fundamentales a la vivienda
digna y salud de los ocupantes del predio, y ordenó: i) realizar un censo de las
familias asentadas en el inmueble, para lo cual fijó un plazo de veinte (20) días, ii)
levantar la suspensión de la diligencia de desalojo, la cual de acuerdo con el relato
factico de la providencia había sido suspendida mediante fallo de tutela del 27 de
abril de 2012, y iii) que, una vez culminado el censo, se fijara nueva fecha para la
práctica de la diligencia de desalojo dentro de un término de veinte (20) días.

No obstante lo anterior, vencido el término establecido, las entidades accionadas no
dieron cumplimiento a las órdenes impartidas en el fallo de tutela, razón por la cual
no se realizó la diligencia de lanzamiento.

La demandante solicita declarar patrimonialmente responsables al departamento
del Cesar y al municipio de Valledupar “a título de falla en el servicio por omisión,
debido a los daños y perjuicios causados a la sociedad comercial O.G.B. S.C.S., al
permitir la consolidación de una invasión con carácter permanente en el predio de
su propiedad descrito en esta demanda, al no ejecutar sus correspondientes
deberes legales”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 22 de octubre de 20191, la sociedad O.G.B. S.C.S., mediante apoderado judicial
y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda en
contra del departamento del Cesar y el municipio de Valledupar, para que fueran
declarados patrimonialmente responsables por la “invasión” de la que fue objeto el
predio “Lote número uno (1) de la Unidad Residencial O.G.B.”, ocasionada por el
incumplimiento de las ordenes impartidas por el Juzgado Segundo Administrativo
de Valledupar mediante fallo de tutela del 6 de julio de 2012.

1 “116ED_01ExpedeinteDigitalC”, Pg. 3 a 31, Índice 107, Samai, Tribunal Administrativo del

Cesar. Expediente digital.

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Radicado: 20001233300020190032401 (71737)
Demandante: Sociedad comercial O.G.B. S.C.S.

Como pretensiones de su demanda, la sociedad actora solicita condenar a las
entidades accionadas a pagarle, por concepto de daño emergente, la suma de
$37.098.985.000; y por concepto de lucro cesante, como pretensión principal, la
suma de $42.102.896.600,30 y de manera subsidiaria, la suma de
$14.222.213.294,06.

En apoyo de las pretensiones, la parte accionante afirma que es propietaria del
predio denominado “Lote número uno (1) de la Unidad Residencial O.G.B.”,
identificado con el folio de matrícula No. 190-90267 y ubicado en el municipio de
Valledupar (Cesar). Asimismo, que el referido inmueble tiene una extensión de
103.434 M2.

Indica que, desde el 29 de mayo de 2011, el inmueble ha sido objeto de ocupación
por un grupo de personas indeterminadas, sin el consentimiento y en contra de la
voluntad del propietario, consolidándose de manera permanente la invasión
denominada “Villa Luz (Emmanuel)”.

A raíz de lo anterior, sostiene que el 22 de junio de 2011 presentó querella policiva
ante la alcaldía de Valledupar, por lo que mediante Resolución No. 2604 del 4 de
octubre de 2011, esa autoridad decretó el lanzamiento por ocupación de hecho en
contra de personas indeterminadas.

Afirma que, de forma paralela, un grupo de ocupantes del predio presentaron una
acción de tutela en contra del municipio de Valledupar, el departamento del Cesar,
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el representante Legal
de O.G.B. S.C.S., con el propósito de que se les brindara soluciones de vivienda
antes de efectuarse el desalojo.

Manifiesta que, mediante fallo de tutela proferido el 6 de julio de 2012, el Juzgado
2o Administrativo de Valledupar amparó los derechos fundamentales a la vivienda
digna y salud de las ocupantes del predio, y ordenó: i) al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, realizar un censo de las familias
asentadas en el inmueble en un plazo de veinte (20) días; ii) a la Alcaldía de

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Radicado: 20001233300020190032401 (71737)
Demandante: Sociedad comercial O.G.B. S.C.S.

Valledupar, levantar la suspensión de la diligencia de desalojo; y, iii) que, una vez
culminado el censo, procediera a fijar nueva fecha para la realización de la diligencia
en un término de veinte (20) días, previa notificación a los ocupantes del predio.

Advierte que, las ordenes impartidas en el fallo de tutela no fueron cumplidas por
las entidades accionadas, por lo que no se realizó la diligencia de lanzamiento.

La demandante considera que el departamento del Cesar y el municipio de Valledupar
son patrimonialmente responsables por permitir la consolidación de una “invasión” en
el predio su propiedad, al haber incumplido las ordenes impartidas en el fallo de tutela
proferido el 6 de julio de 2012 por el Juzgado 2o Administrativo de Valledupar.

Textualmente solicita en la demanda: “Declarar que el departamento del Cesar y el
municipio de Valledupar, son administrativa y patrimonialmente responsables, en
forma solidaria, a título de falla en el servicio por omisión, debido a los daños y
perjuicios causados a la sociedad comercial O.G.B. S.C.S., al permitir la
consolidación de una invasión con carácter permanente en el predio de su
propiedad descrito en esta demanda, al no ejecutar sus correspondientes deberes
legales”.

2. Contestaciones

El 6 de febrero de 20202 el Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda y
ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público.

2.1. El Departamento del Cesar3 manifestó que el hecho lesivo alegado por la
sociedad demandante no le era imputable, toda vez que la obligación de realizar la
diligencia de lanzamiento corresponde exclusivamente al municipio de Valledupar.
Formuló como excepciones la falta de legitimación en la causa por pasiva, la
caducidad del medio de control de reparación directa, la inexistencia del nexo

2 “122ED_01ExpedeinteDigitalC”, Pg.122, Índice 107, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar.
Expediente digital.
3 “73ED_03ContestaDptoCesarC”, Índice 107, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar. Expediente

digital.

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Radicado: 20001233300020190032401 (71737)
Demandante: Sociedad comercial O.G.B. S.C.S.

causal, el hecho de un tercero, la culpa exclusiva de la víctima y la “Genérica e
innominada”.

2.2. El municipio de Valledupar contestó la demanda de forma extemporánea4.

3. Audiencia inicial

El 22 de marzo de 20225, el Tribunal Administrativo del Cesar celebró la audiencia
inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, decretó pruebas y fijó el objeto
del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría
a determinar si “hay lugar o no a declarar que el departamento del Cesar y el
municipio de Valledupar, son administrativa y patrimonialmente responsables, en
forma solidaria, a título de falla en el servicio por omisión, debido a los daños y
perjuicios presuntamente causados a la sociedad comercial O.G.B. S.C.S., al
permitir la consolidación de una invasión con carácter permanente en el predio de
su propiedad descrito en la demanda, al no ejecutar sus correspondientes deberes
legales”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 28 de marzo de 20236 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. El extremo activo7 y el departamento del Cesar8, reiteraron lo expuesto en la
demanda y en la contestación de esta, respectivamente.

4 “123ED_02ContesMpioVparPode”, Índice 107, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar.
Expediente digital.
5 “88ED_18ActaAudienciaInici”, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar. Expediente digital.
6 Índice 68, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar.
7 Índice 73, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar.
8 Índice 71, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar.

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Radicado: 20001233300020190032401 (71737)
Demandante: Sociedad comercial O.G.B. S.C.S.

4.2. El municipio de Valledupar9 sostuvo que el daño alegado no le era imputable
porque adelantó todos los procedimientos administrativos y policivos que le
correspondían. Asimismo, afirmó que la demandante actuó negligentemente al no
acudir a los mecanismos judiciales y policivos previstos para obtener la
reivindicación de su inmueble. Por último, alegó que operó la caducidad del medio
de control de reparación directa.

4.3. El ministerio público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 11 de julio de 202410 el Tribunal Administrativo del Cesar
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al establecer que el
municipio de Valledupar, como autoridad de policía, ocasionó un daño especial a la
demandante por la “ocupación definitiva o invasión masiva” del predio de su
propiedad en tanto las medidas para obtener la restitución del inmueble resultaban
imposibles de cumplir.

Al efecto, en la sentencia el Tribunal indicó que “[…] esta controversia debe
analizarse bajo la óptica del daño especial, comoquiera que se encuentra acreditado
que el daño [...] tuvo lugar en el marco de una invasión masiva […] que, con el
transcurrir de los años, derivó en la consolidación de una urbanización irregular que
afectó su derecho de propiedad al no ser posible su restitución. […]. Las medidas
para obtener la restitución de la posesión del lote de terreno urbano de propiedad
de la parte demandante […] resultan imposibles de cumplir por razones de interés
general, de orden público y social […]. La Sala encuentra en este caso que se
produjo un daño especial a la parte demandante, que impone la necesidad de
declarar la existencia de responsabilidad en cabeza del Municipio de Valledupar,
por ser la entidad que tiene a su cargo la función de policía […]”.

9 Índice 74. Samai, Tribunal Administrativo del Cesar.
10Índice 93, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar.

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Radicado: 20001233300020190032401 (71737)
Demandante: Sociedad comercial O.G.B. S.C.S.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Cesar condenó en abstracto al
municipio de Valledupar por concepto de daño emergente y negó el reconocimiento
del lucro cesante al no encontrar acreditada la explotación económica del bien.

6. Recurso de apelación

Los días 29 de julio11 y 1 de agosto de 202412, el municipio de Valledupar y la sociedad
accionante, respectivamente, interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron
concedidos el 8 de agosto de 202413 y admitidos el 13 de septiembre siguiente14.

6.1. La demandante15 manifiesta que, con respecto al daño emergente, el tribunal
debió condenar en concreto y no en abstracto, con base en el dictamen pericial
aportado con la demanda. Asimismo, sostiene que el daño le es imputable al
departamento del Cesar, toda vez que también incumplió las ordenes impartidas en
el fallo de tutela del 6 de julio de 2012, lo cual impidió la realización de la diligencia
de lanzamiento. Por último, considera que debió reconocerse la indemnización por
lucro cesante solicitada como pretensión subsidiaria, a pesar de que no se haya
acreditado la explotación económica del predio, en tanto la ocupación le impidió
usar el inmueble.

6.2. El municipio de Valledupar16 sostuvo que el daño alegado no le era imputable,
dado que se ocasionó por la culpa exclusiva de la víctima, toda vez que la diligencia
de lanzamiento no pudo realizarse debido a que la demandante no cumplió con la
carga de suministrar los medios logísticos para su realización. Además, argumentó
que la accionante actuó negligentemente al asumir una posición pasiva frente al
proceso policivo, lo cual coadyuvó a que se incrementara el número de ocupantes
del predio. De igual manera, manifestó que O.G.B. S.C.S. actuó de mala fe al
solicitar que se le indemnizara a título de lucro cesante por la imposibilidad de
desarrollar un proyecto de urbanización en el inmueble ocupado, en tanto solicitó la

11 Índice 99, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar.
12 Índice 101, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar.
13 Índice 103, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar.
14 Índice 3, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar.
15 Índice 101, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar.
16 Índice 99, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar.

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Radicado: 20001233300020190032401 (71737)
Demandante: Sociedad comercial O.G.B. S.C.S.

respectiva licencia para el desarrollo del proyecto diecinueve (19) meses después
de que iniciara la ocupación y teniendo pleno conocimiento de dicha situación.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

No se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, puesto que de
conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), modificado por el numeral 5° del
artículo 67 de la Ley 2080 del 202117, no se decretaron pruebas en segunda instancia.

7.1. No obstante lo anterior, la parte demandante18 se pronunció reiterando los
argumentos expuestos en el recurso de apelación. Asimismo, manifestó que el
municipio de Valledupar realizó afirmaciones carentes de sustento probatorio.

7.2. El ministerio público19 consideró que había operado el fenómeno de la
caducidad, en tanto el respectivo terminó debía contabilizarse a partir del
vencimiento del plazo de veinte (20) días que tenían las entidades accionadas para
dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela proferido el 6 de julio de 2012.
En consecuencia, y tomando en cuenta que las demandadas tenían plazo hasta el
26 de julio de 2012 para cumplir con lo ordenado en la sentencia de amparo
constitucional, el término de caducidad venció el 26 de julio de 2014, por lo que la
demanda fue interpuesta extemporáneamente el 22 de octubre de 2019.

17 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra
sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará
de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la
apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán
pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si
fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de
alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no
habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar
sentencia”.
18 Índice 11, Samai.
19 Índice 12, Samai

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III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer los recursos de apelación presentados en
contra de la sentencia del 11 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
del Cesar, puesto que la cuantía, dada por el valor de la mayor pretensión de la
demanda, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia
ante esta Corporación20, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y 157
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14021 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama la reparación de un daño por hechos imputables a una omisión del
departamento del Cesar y el municipio de Valledupar.

20 El valor de la pretensión se estima en la suma de $37.098.985.000.
21 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la

persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del
daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la
proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del
hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.

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3. Problema jurídico

En la medida en que se trata de un presupuesto procesal, en primer término,
corresponde a la Sala determinar si el medio de control se ejerció oportunamente o si,
por el contrario, la pretensión de reparación directa se encontraba caducada al
momento en que se presentó la demanda.

4. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la vigencia del medio de control.

5. Vigencia del medio de control

Comoquiera que el ministerio público en el trámite de segunda instancia señaló que
había operado la caducidad de la pretensión de reparación directa, es necesario
verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto
procesal22.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
a la protección del interés general23, estableció unos plazos para poder ejercer

22 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó́ previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. [...] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó́
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
23 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.

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oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción24, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando

Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
24 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos”.

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como una sanción ipso iure25 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia26, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, señala que el medio de control de reparación directa caducará al
vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

6. Caso concreto

Mediante sentencia del 11 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del Cesar
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que el
municipio de Valledupar, como autoridad de policía, ocasionó un daño especial a la
Sociedad O.G.B. S.C.S., por la “ocupación definitiva o invasión masiva” de su
inmueble en tanto “las medidas para obtener la restitución de la posesión del lote
[…] resultan imposibles de cumplir por razones de interés general, de orden público
y social”. En consecuencia, condenó en abstracto al municipio de Valledupar por

25 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
26 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.

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Radicado: 20001233300020190032401 (71737)
Demandante: Sociedad comercial O.G.B. S.C.S.

concepto de daño emergente y negó el reconocimiento del lucro cesante al no
encontrar acreditada la explotación económica del bien.

La Sociedad O.G.B. S.C.S. argumentó en el recurso de apelación que debió
condenarse en concreto, y no en abstracto, tanto al municipio de Valledupar como
al departamento del Cesar. Con respecto a este último, considera que también se
le debió condenar solidariamente dado que la diligencia de lanzamiento no pudo
realizarse porque el departamento no cumplió con las órdenes dadas en la
sentencia de tutela del 6 de julio de 2012. Asimismo, alegó que debió reconocerse
la indemnización por lucro cesante a pesar de que no se acreditara la explotación
económica del predio.

A su turno, el municipio de Valledupar sostuvo que el daño alegado no le era
imputable, toda vez que se ocasionó por culpa exclusiva de la víctima, en tanto que
la diligencia de lanzamiento no pudo realizarse por negligencia de la accionante.
Además, señaló que la accionante actuó de mala fe al solicitar que se le indemnizara
por concepto de lucro cesante argumentando que no pudo desarrollar un proyecto
de urbanización en el predio ocupado, teniendo en cuenta que solicitó la
correspondiente licencia urbanística para el desarrollo del proyecto cuando el predio
ya estaba ocupado, pese a tener conocimiento de dicha situación.

En este sentido, y comoquiera que ambos extremos presentaron recurso de
apelación contra el fallo proferido el 11 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo
del Cesar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código de General
del Proceso, se resolverá el asunto sub lite sin limitación alguna27. Por ello, a
continuación, se analizará si el departamento del Cesar y el municipio de Valledupar
son patrimonialmente responsables por la “invasión” del que fue objeto el predio

27 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos

expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón
de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el
trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia”.

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Radicado: 20001233300020190032401 (71737)
Demandante: Sociedad comercial O.G.B. S.C.S.

“Lote número uno (1) de la Unidad Residencial O.G.B.”, ocasionado por el
incumplimiento de las ordenes impartidas por el Juzgado Segundo Administrativo
de Valledupar mediante fallo de tutela del 6 de julio de 2012.

No obstante, antes de estudiar si el daño alegado es atribuible a las demandadas o
a la culpa exclusiva de la demandante, se analizará si el medio de control de
reparación directa se presentó en tiempo, pues de no haber sido así habrá lugar a
declarar probada de oficio dicha excepción y, por sustracción de materia, no podrán
estudiarse los demás presupuestos procesales ni el fondo del asunto.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si la demanda se presentó en tiempo.

6.1. Hechos probados

Antes de enunciar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
proceso, es necesario precisar que la Sala valorará sin restricción alguna las
pruebas documentales trasladadas del proceso de controversias contractuales de
radicado No. 2018-00234 adelantando por el departamento del Cesar contra el
municipio de Valledupar y de la acción de tutela e incidente de desacato
adelantados por los Juzgados Administrativos Segundo y Cuarto de Valledupar de
radicado No. 20001333300420120016000, allegados al plenario28, dado que fueron
debidamente solicitadas y decretadas en el proceso y una vez allegadas quedaron
a disposición de las partes, de manera que ambos extremos procesales conocieron
su contenido y contaron con la oportunidad de ejercer la contradicción de las
mismas.

De igual manera, es menester poner de presente que a los videos y las fotografías
aportadas por la parte demandante29 se les dará el valor correspondiente, según

28 Según el artículo 174 del Código General del Proceso, las pruebas practicadas válidamente en un

proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, “siempre que
en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con
audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están
destinadas”.
29 “100ED_31PruebasSustituirIn”, Índice 107, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar. Expediente

digital.

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Radicado: 20001233300020190032401 (71737)
Demandante: Sociedad comercial O.G.B. S.C.S.

criterio uniforme de esta Sala30, conforme al artículo 244 del Código General del
Proceso, esto es, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
las que fueron tomadas, de manera que permitan dar certeza de los hechos que
pretenden acreditar. Sin embargo, dadas las condiciones en que el material
videográfico y fotográfico fue presentado, no ofrece certeza de la persona que los
realizó ni tampoco de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se
obtuvieron las grabaciones y las imágenes fotográficas, pues carecen de
georreferenciación y de otros datos que indiquen el momento, lugar y tiempo en que
se realizaron.

Así pues, de acuerdo con el material probatorio arrimado al proceso, se encuentra
probado lo siguiente:

6.1.1. Se demostró que, mediante escritura pública No. 207 del 7 de diciembre de
2002 otorgada en la Notaría Única del Círculo de San Diego (Cesar), Guerra
Asociados Limitada vendió a la sociedad O.G.B. S.C.S. el predio denominado “Lote
Número Uno (1) de la Unidad residencial O.B.G.”, ubicado en el municipio de
Valledupar (Cesar) e identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 190-
90267, según da cuenta copia auténtica de la referida escritura31.

6.1.2. Se encuentra probado que, el 22 de junio de 2011 la sociedad O.G.B. S.C.S.,
actuando a través de apoderado, formuló querella policiva ante la Alcaldía de
Valledupar y solicitó decretar el lanzamiento por ocupación de hecho contra
personas indeterminadas que vendrían ocupando, desde el 29 de mayo de 2011,
sin su consentimiento y en contra de su voluntad, el predio de su propiedad
denominado “Lote Número Uno (1) de la Unidad residencial O.B.G.”, según da
cuenta copia auténtica de la referida querella32.

30 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto

de 2014, Rad. 28.832.
31 “116ED_01ExpedeinteDigitalC”, Pg. 37 a 114, Índice 107, Samai, Tribunal Administrativo del

Cesar. Expediente digital.
32 “116ED_01ExpedeinteDigitalC”, Pg. 211 a 213, Índice 107, Samai, Tribunal Administrativo del

Cesar. Expediente digital.

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Radicado: 20001233300020190032401 (71737)
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6.1.3. Consta que, en atención a lo anterior, mediante auto del 12 de agosto de
2011, la Alcaldía de Valledupar avocó conocimiento de la querella policiva de
lanzamiento por ocupación de hecho seguida por la Sociedad O.G.B. S.C.S. en
contra de personas indeterminadas sobre el inmueble denominado “No. 1 de la
Urbanización O.B.G.”, según da cuenta copia auténtica del mencionado auto33.

6.1.4. Se probó que, mediante Resolución No. 2604 del 4 de octubre de 2011, la
Alcaldía de Valledupar admitió la querella policiva y decretó el lanzamiento por
ocupación de hecho solicitado por la Sociedad O.G.B. S.C.S. en contra de personas
indeterminadas, según da cuenta copia auténtica de la respectiva resolución34.

6.1.5. Está probado que, mediante sentencia del 6 de julio de 2012, el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar tuteló parcialmente los
derechos fundamentales “a la vivienda digna, derecho a la salud en conexidad con
el derecho a la vida, el derecho de los niños contemplados en los artículos 11, 49 y
51 de la Constitución Política” de los ocupantes del predio “No. 1 de la Urbanización
O.B.G.”. En el resumen factico de dicha providencia se relata que la orden de
lanzamiento concretada mediante la Resolución No. 2604 del 4 de octubre de 2011
no se logró realizar en dos ocasiones, que se tramitó otra querella policiva en la que
se fijó como fecha de la diligencia de lanzamiento el 8 de mayo de 2012 y que dichas
diligencias fueron suspendidas mediante fallo de tutela del 27 de abril de 2012
impartido por el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar. De ello, da cuenta
copia autentica de la mencionada providencia35, de cuya parte resolutiva se
destacan las siguiente ordenes:

“[…] SEGUNDO: ORDENAR al Departamento Administrativo para la prosperidad Social,
para que en un plazo no superior a veinte (20) días contados a partir de la notificación
de esta decisión, la realización de un censo de las familias asentadas en el predio
denominado La Sabana 1 de que trata este proceso. con el fin de identificar quienes
tienen la condición de personas desplazadas por la violencia, de acuerdo a los
parámetros establecidos en la jurisprudencia constitucional.

33 “116ED_01ExpedeinteDigitalC”, Pg. 214 a 215, Índice 107, Samai, Tribunal Administrativo del

Cesar. Expediente digital.
34 “116ED_01ExpedeinteDigitalC”, Pg. 216 a 219, Índice 107, Samai, Tribunal Administrativo del

Cesar. Expediente digital.
35 “116ED_01ExpedeinteDigitalC”, Pg. 220 a 242, Índice 107, Samai, Tribunal Administrativo del

Cesar. Expediente digital.

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Radicado: 20001233300020190032401 (71737)
Demandante: Sociedad comercial O.G.B. S.C.S.

TERCERO: ORDENAR al Alcalde Municipal de Valledupar levantar la suspensión de la
diligencia de desalojo fijada sobre los predios de propiedad del señor OSCAR GUERRA
BONILLA denominados Villa Luz (Emmanuel) y Tierra Prometida. En consecuencia, una
vez culminado el censo ordenado en el numeral anterior, deberá proceder a fijar una
nueva fecha para efectuar la diligencia de desalojo que no podrá exceder de veinte (20)
días. Notificando para ello a las personas que ocupan el inmueble en mención con una
antelación mínima de quince (15) días a la fecha prevista para el desalojo. […]”

6.1.6. Consta que la sentencia de tutela del 6 de julio de 2012, proferida por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, cobró
ejecutoria el 13 de julio de esa misma anualidad, según da cuenta copia de la
constancia expedida por ese mismo Juzgado36.

6.2. Análisis de caducidad del medio de control de reparación directa

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en el menoscabo al
derecho al goce, disfrute y disposición del predio identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria No. 190-90267, propiedad de la Sociedad O.G.B. S.C.S.,
ocasionado por las supuestas omisiones en que incurrieron el departamento del
Cesar y el municipio de Valledupar en el cumplimiento del fallo de tutela proferido
el 6 de julio de 2012 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Valledupar.

Ahora bien, el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, señala que el medio de control de reparación directa
deberá ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día
siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando
el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior
y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia.

A su vez, conforme a la posición de la Sección Tercera de esta Corporación, el
término de caducidad para el ejercicio del medio de control de reparación directa no

36 “116ED_01ExpedeinteDigitalC”, Pg. 220 a 242, Índice 107, Samai, Tribunal Administrativo del

Cesar. Expediente digital.

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puede quedar suspendido permanentemente37, por consiguiente, corresponde
verificar en cada caso concreto el punto de partida para el cómputo de la caducidad.

En esta línea, el Consejo de Estado38 ha indicado que el término para presentar la
demanda de reparación directa, en los casos de incumplimiento de una orden
judicial, debe computarse desde el momento en que se conoce del vencimiento del
plazo establecido en la Ley para cumplir la obligación impuesta por el juez, a pesar
de que sus efectos se extiendan en el tiempo o que se presenten de forma reiterada
o continuada.

En el plenario se demostró que, mediante sentencia del 6 de julio de 2012, el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar, tuteló parcialmente los
derechos fundamentales invocados por los ocupantes del predio “No. 1 de la
Urbanización O.B.G”, y en consecuencia, levantó la suspensión del trámite de la
diligencia de desalojo, ordenó al Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social que en un plazo de veinte (20) días contados a partir de la notificación de la
decisión debía realizar un censo de las familias asentadas y ordenó a la Alcaldía de
Valledupar que, una vez culminado el censo procediera a fijar nueva fecha para la
diligencia de desalojo que no excediera de veinte (20) días, previa notificación de
los ocupantes del inmueble (hecho probado 6.1.5).

Asimismo, quedó demostrado que la anterior sentencia de tutela quedó ejecutoriada
el 13 de julio de 2012 (hecho probado 6.1.6).

En suma, se deduce que el juez de tutela ordenó al Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social realizar un censo de las familias asentadas en el predio
“No. 1 de la Urbanización O.B.G” en un plazo de 20 días hábiles desde la notificación
de la sentencia de amparo constitucional. Seguidamente, dispuso que, una vez
efectuado el referido censo, le correspondía a la alcaldía de Valledupar en un
término de 20 días hábiles fijar fecha para la diligencia de lanzamiento (hecho

37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 29 de agosto de 2016, Rad.: 51797.
38Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencias del 23 de noviembre de 2017, Rad.: 42.953 y 24 de septiembre de 2020, Rad. 65.716.
Asimismo, ver: Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 16 de febrero de 2017, Rad.: 58.242.

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probado 6.1.5)

Así las cosas, en el sub examine se advierte que el término de caducidad para
ejercer el medio de control de reparación directa empezó a correr el 13 de
septiembre de 2012, toda vez que de conformidad con lo probado en el proceso,
esta fecha corresponde al día siguiente del vencimiento de los plazos estipulados
en el fallo de tutela del 6 de julio de 2012, proferido por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Valledupar, esto es, el plazo de veinte (20) días
hábiles para la realización del censo por parte del Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social, así como del término de veinte (20) días hábiles para la
fijación de una nueva fecha para llevar a cabo la diligencia de lanzamiento a cargo
de la alcaldía de Valledupar, los cuales en total, suman 40 días hábiles.

Precisamente, a partir del 13 de septiembre de 2012, la Sociedad O.G.B. S.C.S.
evidenció materialmente que las entidades accionadas no cumplieron en el término
previsto lo ordenado en el fallo de tutela, en tanto el Departamento para la
Prosperidad Social no realizó el censo y la Alcaldía de Valledupar tampoco fijó fecha
para la realización de la diligencia de lanzamiento en el plazo establecido, omisiones
que a la postre significan, según lo sostenido en la acción de reparación directa, la
concreción del daño aducido en la medida en que tales omisiones en el
cumplimiento de la orden de tutela, permitió la consolidación de la situación de
hecho de la ocupación del inmueble de su propiedad.

En este sentido, se tiene que el término de caducidad para ejercer el medio de
control de reparación directa comenzó a correr el 13 de septiembre de 2012 – día
siguiente a aquel en que la Sociedad O.G.B. S.C.S. tuvo conocimiento
materialmente del daño que le causó la omisión en el cumplimiento de la orden de
tutela y la no realización de la diligencia de desalojo en el término del previsto
judicial, término perentorio al derecho de accionar que expiraba el 15 de septiembre
de 201439.

39 Se observa que la demandante tenía hasta el 13 de septiembre de 2014 (sábado) para ejercer el

derecho de acción. No obstante, como ese día fue festivo, los demandantes tendrían que haber
presentado la demanda el día hábil siguiente a esa fecha, esto es, el lunes 15 de septiembre de

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Sin embargo, como la demanda solo se presentó hasta el 22 de octubre de 201940,
se advierte que para esa fecha ya había acaecido el término preclusivo dispuesto
por el legislador pues el término perentorio había acaecido algo más de 5 años atrás.

Es más, aunque el 17 de julio de 201941 el extremo activo presentó solicitud de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos
Administrativos, lo cierto es que para ese momento no había término de caducidad
susceptible de ser suspendido porque, como se explicó anteriormente, ya había
operado el fenómeno preclusivo que extinguía para esa causa la posibilidad de
invocar el medio de control de reparación directa frente al menoscabo alegado por
la demandante.

Por todo lo anterior, fuerza es revocar la sentencia del 11 de julio de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda para, en su lugar, declarar de oficio la caducidad del
medio de control de reparación directa, toda vez que transcurrieron más de 2 años
contados desde la fecha en que acaeció el hecho lesivo que aquí se debate y
aquella en la que se presentó la demanda.

7. Condena en costas

Se procede a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia conforme
a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del Código
General del Proceso, entre las que se encuentra la relativa a su composición, esto
es, por expensas y gastos procesales, honorarios de auxiliares de la justicia y

2014. Al efecto, es pertinente resaltar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la
Ley 4 de 1913: “[…] en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden
suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se
computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo
hasta el primer día hábil”.
40 “116ED_01ExpedeinteDigitalC”, Pg. 3 a 31, Índice 107, Samai, Tribunal Administrativo del

Cesar. Expediente digital.
41 “117ED_01ExpedeinteDigitalC”, Pg. 4 a 6, Índice 107, Samai, Tribunal Administrativo del

Cesar. Expediente digital.

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agencias en derecho que deben ser “[…] tasadas y liquidadas con criterios objetivos
y verificables en el expediente”.

Precisamente, frente a las reglas para la imposición de la condena, la norma
procesal general establece que ésta procede en contra de la parte vencida o contra
quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación y, que “[…] solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación”.

En virtud de lo anterior, la Sala en la parte resolutiva condenará en costas en
segunda instancia a la demandante, toda vez que el recurso de apelación que
interpuso no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada
el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando
en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en
cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas
en el proceso.

En lo relativo a las agencias en derecho42, entendidas como “la porción de las costas
imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa”, se evidencia que
en atención a lo previsto en el numeral 8º del artículo 365 del Código General del
Proceso y tomando en consideración que las entidades demandadas no
desplegaron actuación en segunda instancia, no se impondrá una orden para que
proceda su pago, pues, no existe una causación material que así las sustente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 11 de julio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, que accedió parcialmente a las pretensiones de la

42 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.

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demanda, para en su lugar DECLARAR de oficio la caducidad de la pretensión de
reparación directa, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.

TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Aclaración de voto

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

VF

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