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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08213-00

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08213-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la Sociedad Comercial OGB SCS, conforme a lo expuesto en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-08213-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

12 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08213-00
Demandante: Sociedad Comercial OGB SCS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 12 de marzo de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08213-00
Demandante: SOCIEDAD COMERCIAL OGB SCS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa.
Excepción de caducidad. Procedencia de la acción de tutela. Defecto
fáctico, decisión sin motivación y desconocimiento del precedente.
Deniega

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la Sociedad Comercial OGB SCS contra
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 19 de diciembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado, la Sociedad Comercial OGB SCS pidió la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e igualdad.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia de
segunda instancia del 14 de julio de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, que revocó la decisión de primera instancia y declaró la
caducidad del medio de control de reparación directa con radicado
20001233300020190032400/01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (TUTELA JUDICIAL EFECTIVA) Y A LA IGUALDAD que
resultaron vulnerados en detrimento de la sociedad actora, con ocasión del fallo de 14 de julio de
2025, proferido por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, dentro del proceso de
reparación directa identificado con el número de Radicación 20001233300020190032401 (71737).

SEGUNDA: En consecuencia de la declaración anterior, dejar sin efectos el fallo de 14 de julio de
2025, proferido por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, dentro del proceso de
reparación directa identificado con el número de Radicación 20001233300020190032401 (71737) y,
en su lugar, se profiera decisión judicial de fondo.

TERCERA: Que, subsidiariamente, con el propósito de materializar en favor de la accionante los
derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA (TUTELA JUDICIAL EFECTIVA) Y A LA IGUALDAD, el Juez Constitucional de Tutela
adopte las medidas que con tal propósito considere efectivas y suficientes para materializar el
derecho de acción de la sociedad actora y amparar sus derechos fundamentales.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08213-00
Demandante: Sociedad Comercial OGB SCS

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Actuación administrativa

El 22 de junio de 2011, la Sociedad Comercial OGB SCS, en su calidad de propietaria de
un terreno en la ciudad de Valledupar, inició ante la alcaldía de dicho municipio un
proceso policivo de lanzamiento en atención a que un numeroso grupo de personas
ocuparon ilegalmente y de hecho el predio de su propiedad.

El asunto fue asumido por el alcalde municipal de Valledupar, quien, luego de practicadas
las pruebas pertinentes, determinó que efectivamente era ilegal la ocupación del
inmueble propiedad de la sociedad accionante. En consecuencia, la alcaldía profirió la
Resolución 2604 de 4 de octubre de 2011, por medio de la cual decretó el lanzamiento
por ocupación de hecho en contra de personas indeterminadas y comisionó para ejecutar
la orden a la Inspectora Primera Civil Urbana de Policía de Valledupar.

En atención a lo anterior, un grupo de ocupantes del predio presentó acción de tutela
contra el Municipio de Valledupar, el Departamento del Cesar, el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social y el Representante Legal de O.G.B. S.C.S., con
el fin de no ser lanzados del inmueble sin que antes se les brindaran soluciones de
vivienda. Dicha acción correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Valledupar, con el radicado número 20001-33-31-002-2012-00160-00.

En el trámite de la acción de tutela se dictó sentencia de 6 de julio de 2012, en la que se
ampararon los derechos fundamentales a la vivienda digna, la salud en conexidad con el
derecho a la vida y el derecho de los niños, y se ordenó:

(i) Al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, realizar un censo de las familias
asentadas, en un plazo de 20 días.

(ii) Al Alcalde Municipal de Valledupar, levantar la suspensión de la diligencia de desalojo fijada sobre
los predios de propiedad de la sociedad OGB SCS, fijar nueva fecha para la diligencia de desalojo previa
notificación de los ocupantes del inmueble, brindar a los accionantes soluciones de vivienda de carácter
temporal y asesorías sobre los procedimientos que deben seguir para tener acceso al subsidio familiar
de vivienda de interés social ante el Fondo Nacional de Vivienda, y vincularlos a los proyectos
productivos que permitan la estabilización socioeconómica, en un término de 45 días.

(iii) Al Gobernador del Departamento del Cesar y al Alcalde Municipal de Valledupar, en el término de
45 días, implementar las alternativas que incentiven el desarrollo y ejecución de proyectos de vivienda
para los accionantes, gestionando programas de mejoramiento de vivienda encaminados a dignificar
las condiciones de vivienda de los accionantes.

El caso fue objeto de revisión por la Corte Constitucional, que en sentencia T-946 de 16
de diciembre de 2012, modificó las órdenes dictadas, así:

(i) A la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, realizar un censo de
las familias asentadas en el predio con el fin de identificar quiénes reúnen la condición de personas
desplazadas por la violencia, en un plazo de 20 días.

(ii) Al alcalde Municipal de Valledupar, levantar la suspensión de la diligencia de desalojo fijada por la
Inspección Séptima de Policía de la Casa de la Justicia de la Nevada de Valledupar sobre el inmueble
y, una vez culminado el censo, fijar una nueva fecha para efectuar la diligencia de desalojo que no podrá
exceder de 20 días. Informar por escrito, de manera clara y detallada, a cada una de las personas que
ocupan el predio y que no ostentan la calidad de desplazados por la violencia, cuáles son las políticas
públicas -municipales, departamentales y/o nacionales-, destinadas a garantizar el acceso a una unidad
de vivienda de interés social y los procedimientos y requisitos que deben cumplir para ser incluidos en
éstos programas, teniendo en cuenta que dentro de este grupo de personas pueden encontrarse sujetos
de especial protección constitucional, en un plazo de 30 días.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08213-00
Demandante: Sociedad Comercial OGB SCS

(iii) A la alcaldía de Valledupar, y de forma mancomunada a la Gobernación del Cesar y la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, garantizar un albergue provisional a
todas las personas desplazadas asentadas en el predio, sin importar que no hayan acudido a la presente
acción de tutela en calidad de accionantes, hasta tanto adelanten las gestiones idóneas y necesarias
para que en un término inferior a 3 meses, si existe un plan de vivienda para la población desplazada
dentro de los planes de desarrollo municipales y departamentales, incluir a los accionantes en el mismo,
y en caso de que no exista un plan para ello, en el término de 6 meses adoptar un plan municipal de
realización plena del derecho a la vivienda digna que se incorpore a los planes municipales y
departamentales de desarrollo.

(iv) A la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, una vez culminado
el censo, y en un término inferior a 3 meses, valorar las condiciones de vulnerabilidad en las que se
encuentran las personas desplazadas asentadas en el predio y determinar el estado actual de las
ayudas recibidas por estas y sus núcleos familiares como víctimas del desplazamiento forzado.

El 19 de septiembre de 2016, la sociedad OGB SCS presentó incidente de desacato para
que el juez de tutela exigiera el cumplimiento de las anteriores órdenes e impusiera las
sanciones correspondientes a los accionados por su incumplimiento. En dicho trámite,
los juzgados Segundo y Tercero Administrativos de Valledupar se declararon impedidos
para continuar el trámite, hasta que el Juzgado Cuarto de ese circuito asumió el
conocimiento, por auto de 6 de febrero de 2017, negó el incidente de desacato y ordenó
el archivo del proceso.

Inconforme con esta decisión, la sociedad accionante interpuso acción de tutela contra la
decisión adoptada por el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar, con el fin de que
se ordenara dar trámite al incidente de desacato. Al asunto le fue asignado el radicado
20-001-23-39-001-2017-00211-00 y fue conocido por el Tribunal Administrativo del
Cesar1, que, a través de auto de 1.° de junio de 2017, dejó sin efectos el auto que archivó
el desacato y ordenó al Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar continuar con el
trámite incidental.

En cumplimiento de la orden de amparo, el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar
adelantó el trámite incidental y, por auto de 16 de junio de 2017 2, sancionó al alcalde de
Valledupar, al gobernador del Cesar y a la directora del Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social, por incumplimiento de la orden dictada en el fallo de tutela de 6 de
julio de 2012.

En cumplimiento de la orden de tutela, el inspector primero civil urbano de policía de
Valledupar, quien era el funcionario comisionado por el alcalde municipal, profirió auto de
9 de junio de 2018 en el que fijó como fecha para realizar la diligencia de lanzamiento el
30 de agosto de 2018; sin embargo, esta no pudo llevarse a cabo.

3.2. Actuación judicial

El 23 de octubre de 2019, la Sociedad Comercial OGB SCS, promovió demanda de
reparación directa contra el municipio de Valledupar y el Departamento del Cesar, “a título
de falla en el servicio por omisión, debido a los daños y perjuicios causados a la sociedad
comercial O.G.B. S.C.S., al permitir la consolidación de una invasión con carácter
permanente en el predio de su propiedad descrito en esta demanda, al no ejecutar sus
correspondientes deberes legales”.

En los hechos de la demanda se señaló que:

13°.- Por lo que en obedecimiento del aludido fallo de tutela de 1° de junio de 2017, proferido por el
Tribunal Administrativo del Cesar, el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar, reinicia el incidente
de desacato, y lo define por auto de fecha 16 de junio de 2017, mediante el cual sancionó con multa de
cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes al Alcalde del Municipio de Valledupar, doctor

1 Confirmada el 23 de agosto de 2017 por el Consejo de Estado- Sección Segunda – Subsección B
2 Confirmado en sede de consulta el 27 de junio de 2017 por el Tribunal Administrativo del Cesar.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08213-00
Demandante: Sociedad Comercial OGB SCS

AUGUSTO RAMÍREZ UHÍA, al Gobernador del Departamento del Cesar, doctor FRANCISCO OVALLE
ANGARITA y a la Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, doctora
TATIANA OROZCO DE LA CRUZ, por incurrir en desacato del fallo de tutela de fecha 6 dejulio de 2012,
emitido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar.

Y en grado de consulta, el Tribunal Administrativo del Cesar, a través de providencia de 27 de junio de
2017, confirmó la sanción por desacato impuesta a dichos funcionarios por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Valledupar en el referido auto de fecha 16 de junio de 2017.

14°.- A raíz de la sanción por desacato impuesta al Alcalde del Municipio de Valledupar y al Gobernador
del Departamento del Cesar, indicada en el hecho anterior, y por petición de mi poderdante presentada
el día 7 de junio de 2018, el Inspector Primero Civil Urbano de Policía de Valledupar, quien es el
funcionario comisionado por el Alcalde Municipal de Valledupar, para realizar la diligencia de
lanzamiento de los invasores del renombrado predio, mediante auto de fecha 9 de julio de 2018,
notificado a mi mandante el 19 de julio de 2018, fijó como fecha para la práctica de la diligencia de
desalojo el día 30 de agosto de 2018, a partir de las 8:00 de la mañana, pero esta diligencia nunca se
realizó por falta de voluntad de la Administración Municipal de Valledupar de dar solución a este asunto
con el desalojo de los invasores y la entrega del referido inmueble a mi poderdante, conducta con la
cual se ha incurrido en una falla del servicio de la administración por omisión de no practicar dicha
diligencia.

Esa omisión es la causante de que mi poderdante fuera despojado del predio de su propiedad, al no
brindarles soluciones de viviendas a los invasores del mismo por parte del Departamento del Cesar y
del Municipio de Valledupar, y no proceder a realizar la diligencia de desalojo, que fueron las órdenes
dadas en el referido fallo de tutela.

15°.- La ocupación de hecho del inmueble por invasores y la omisión del Municipio de Valledupar y del
Departamento del Cesar en darle cumplimiento al referido fallo de tutela emitido por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, impidieron a mi poderdante ejecutar el proyecto de
viviendas de interés social sobre el aludido predio, para lo cual ya se había obtenido la correspondiente
licencia de urbanización y construcción No. 02001-2-12-0420, con fecha de expedición 4 de enero de
2013 y fecha de ejecutoria 20 de febrero de 2013, por parte de la Curaduría Urbana No. 2 de Valledupar,
y se había realizado el respectivo loteo del predio.

16°.- El daño causado a mi poderdante es atribuible al DEPARTAMENTO DEL CESAR y al MUNICIPIO
DE VALLEDUPAR, por su pasividad al no actuar para dar soluciones de viviendas a los ocupantes de
hecho del predio aludido y no proceder a realizar la respectiva diligencia de desalojo, incumpliendo con
su omisión las órdenes que les fueron impartidas por el Juez Segundo Administrativo del Circuito de
Valledupar en el fallo de tutela de fecha 6 de julio de 2012, lo cual conllevó a que la sociedad
demandante perdiera sus derechos de dominio y posesión sobre el inmueble de su propiedad, el cual
nunca recuperó por la conducta omisiva de las entidades demandadas de desalojar a los invasores,
brindándoles a la vez soluciones de vivienda.

17°.- Es de recalcar que el Municipio de Valledupar y el Departamento del Cesar no actuaron con
eficiencia para llevar a cabo el lanzamiento de los invasores de hecho del predio de propiedad de mi
mandante, ya que si bien es cierto el Municipio de Valledupar, a través de la Inspección Primera Civil
Urbana de Policía, fijó algunas fechas para la continuación de esta diligencia, siendo la última fecha el
día 30 de agosto de 2018, a partir de las 8:00 de la mañana, no menos lo es que ésta no se concretó,
por causas atribuibles únicamente a los entes territoriales demandados, pues para que el lanzamiento
fuera realmente efectivo, por orden de tutela debían adelantar y brindar soluciones de viviendas para
los invasores, con un programa de reubicación de éstos, pero no lo hicieron. Por lo que, con esta
omisión, configura la responsabilidad por falla del servicio, comoquiera que es una obligación de las
autoridades públicas acatar las órdenes judiciales y proteger la vida, honra y bienes de las personas,
como función social del Estado y en este caso del Municipio y el Departamento, quienes no procedieron
de esta manera.

20°.- La omisión del Municipio de Valledupar y del Departamento del Cesar en cumplir sus deberes, ha
ocasionado a mi poderdante un daño antijurídico, pues su predio se encuentra actualmente ocupado en
forma permanente por familias desplazadas y víctimas de la ola invernal, a quienes el Municipio de
Valledupar y el Departamento del Cesar, están en la obligación de brindarles soluciones de vivienda
digna, tal como lo ordenó el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, en la
sentencia de tutela de 6 de julio de 2012, por lo tanto, al incumplir con sus obligaciones, generaron un
daño antijurídico a mi poderdante, quien ha visto limitada injustamente su propiedad sobre el bien, pues
en dichas condiciones, no puede venderlo, ni construir en él.

Además, como daño antijurídico y título de imputación, la parte demandante explicó lo
siguiente:

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08213-00
Demandante: Sociedad Comercial OGB SCS

Daño Antijurídico: El daño antijurídico lo constituye el perjuicio económico ocasionado a la sociedad
comercial O.G.B. S.C.S., por falla en el servicio por omisión en que incurrieron el MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR y el DEPARTAMENTO DEL CESAR, al permitir la consolidación de una invasión ilegal
sobre el predio de mi poderdante, ubicado en la carrera 7 No. 44-620 de Valledupar, y comprendido
dentro de los siguientes linderos: Norte: con terrenos del terminal de transporte; Sur: con predios que
son o fueron de JORGE DANGOND DAZA; Este: con lote número 3 de la Unidad Residencial O.G.B.,
de propiedad de Guerra y Asociados Limitada; y Oeste: con predios que son o fueron de propiedad del
Aeropuerto Alfonso López.

Título de imputación: Falla en el servicio por omisión.

El daño antijurídico soportado por la sociedad comercial O.G.B. S.C.S. es imputable a las demandadas,
por cuanto omitieron su deber de desalojar a los ocupantes ilegales de su inmueble, y la orden de tutela
dada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, que les imponía la
obligación de solucionar el problema de vivienda de los invasores, que en su mayoría son personas
desplazadas y víctimas de la ola invernal.

La demanda se adelantó bajo el radicado 20-001-23-33-000-2019-00324-00 y
correspondió al Tribunal Administrativo del Cesar, que, mediante auto del 9 de
septiembre de 2021 denegó, entre otras, la excepción de caducidad con fundamento en
la sentencia de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado del 5 de marzo
de 20213 en la que se señaló que “Como el hecho dañoso a partir del cual se edifican las
pretensiones es la conducta omisiva desplegada por las accionadas en el seno de un juicio
policivo, la caducidad de la acción debe computarse “desde el momento en que se incumpla la
obligación legal”, situación que, en el caso concreto, supuestamente ocurrió cuando se realizó la
última actuación en el procedimiento policivo, es decir, cuando se expidió la providencia mediante
la cual este se concluyó sin que se cumplieran los fines de restablecimiento del statu quo y
protección de los derechos del querellante que le son inherentes”. Esa decisión no fue apelada.

Luego, en sentencia de 11 de julio de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda.

Empezó por fijar el problema jurídico así:

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar o no a declarar que el DEPARTAMENTO DEL CESAR y
el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, son administrativa y patrimonialmente responsables, en forma
solidaria, debido a los daños y perjuicios presuntamente causados a la sociedad comercial O.G.B.
S.C.S., al permitir la consolidación de una invasión con carácter permanente en el predio de su
propiedad descrito en la demanda, al no ejecutar sus correspondientes deberes legales.

Para el efecto, construyó una línea jurisprudencial4 y concluyó que el Estado debe
responder cuando se demuestra que el propietario del predio cumple con la carga mínima

3 C.P. Dra. María Adriana Marín, Radicación número: 19001 23-31-000-2004-00653-01(46197)

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de noviembre de 1960, rad.: 298, M.P.: Carlos Gustavo Arrieta.
La responsabilidad en esta clase de eventos se predica como propia del régimen objetivo, a título de daño especial.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de octubre de 2011, rad.: 52001-23-31- 000-1998-00523-01
(18350), M.P.: Danilo Rojas Betancourth; y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de junio de 2021,
rad.: 76001-23-31-000-2005-05401-01 (39596), M.P.: María Adriana Marín. Presupuestos sustanciales para que la
responsabilidad extracontractual pública.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de julio de 1984, rad.: 646-CE-SEC3-1984-07-12- N3755, M.P.:
José Alejandro Bonivento Fernández. El Estado es garante de la propiedad privada y los derechos de dominio de los
particulares por la indebida actuación de la Administración que hace inefectiva la recuperación de la posesión o la
propiedad sobre el bien ocupado por negligencia.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2012, rad.: 19001-23-31-000-1996- 01600-01
(21276), M.P.: Stella Conto Díaz Del Castillo y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de agosto de
2015, rad.: 63001-23-31-000-2001-1358- 01 (30827), M.P.: Hernán Andrade Rincón. El Estado, de manera similar a
los casos en que ocupa directamente o autoriza a particulares para que ocupen bienes privados, puede responder por
la ocupación ilegítima de un bien que hace un tercero bajo un enfoque de responsabilidad objetiva, a título de daño
especial.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de mayo de 2015, rad.: 08001-23-31-000-1999-02289-
01(34121), M.P.: Hernán Andrade Rincón. la falla en el servicio, en los casos en que se haya omitido la ejecución de
una orden de desalojo, solo puede configurarse si hay una negación expresa de la entidad y esta no se encuentra
justificada.
Sección Tercera – Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Exp. 46197, C.P.
María Adriana Marín. este daño no puede ser causado por la omisión de las autoridades en ejecutar una orden de
desalojo, pues el objeto de las acciones policivas es proteger la posesión, más no definen o afectan el derecho a la
propiedad. Sin embargo, indicó que de manera excepcional, se puede causar la pérdida de la tenencia material del

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de intentar recuperar su posesión del bien, lo que en el caso de la sociedad O.G.B. S.C.S.
se cumplió, pues demostró que inició el proceso policivo correspondiente, el cual no fue
ejecutado en debida forma por el municipio demandado.

Inconformes, las partes apelaron la sentencia. La parte demandante solicitó que la
condena sobre el daño emergente se hiciera en concreto y no en abstracto. El municipio
de Valledupar pidió que se revocara la sentencia porque la sociedad demandante no
había actuado con diligencia en atención a que (i) no cumplió con la carga que le
correspondía para que se lograra el desalojo, (ii) asumió una posición pasiva en el
proceso policivo. Agregó que la sociedad demandante actuó de mala fe al pedir
indemnización a título de lucro cesante por la imposibilidad de construir en el predio
ocupado, sin informar que la licencia para realizar el presunto proyecto de urbanización
fallido se solicitó 19 meses después del inicio de la ocupación.

De igual forma, en los alegatos de conclusión de segunda instancia, el ministerio público
alegó que había operado el fenómeno de la caducidad y explicó que ese fenómeno debía
contarse desde el vencimiento de los plazos establecidos en el fallo de tutela del 6 de
julio de 2012.

En sentencia dictada el 14 de julio de 20255, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, revocó la decisión apelada para, en su lugar, declarar probada la
excepción de caducidad del medio de control.

Para el efecto, fijó el problema jurídico en torno a determinar si el medio de control se
ejerció oportunamente o si, por el contrario, la pretensión de reparación directa se
encontraba caducada al momento en que se presentó la demanda.

Explicó que el daño alegado consistió “en el menoscabo al derecho al goce, disfrute y
disposición del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 190-90267, propiedad
de la Sociedad O.G.B. S.C.S., ocasionado por las supuestas omisiones en que incurrieron el
departamento del Cesar y el municipio de Valledupar en el cumplimiento del fallo de tutela
proferido el 6 de julio de 2012 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar.”

Que conforme a la posición de la Sección Tercera de esta Corporación, el término de
caducidad para el ejercicio del medio de control de reparación directa no puede quedar
suspendido permanentemente y que, esa misma sección ha indicado que el término para
presentar la demanda de reparación directa, en los casos de incumplimiento de una orden
judicial, debe computarse desde el momento en que se conoce del vencimiento del plazo
establecido en la Ley para cumplir la obligación impuesta por el juez, a pesar de que sus
efectos se extiendan en el tiempo o que se presenten de forma reiterada o continuada 6

Señaló que, en el caso bajo examen, el término de caducidad empezó a correr el 13 de
septiembre de 2012, por ser el día siguiente del vencimiento de los plazos (40 días)
estipulados en el fallo de tutela del 6 de julio de 2012, proferido por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Valledupar. Explicó que a partir del 13 de septiembre de
2012, la Sociedad O.G.B. S.C.S. evidenció materialmente que las entidades accionadas
no cumplieron en el término previsto lo ordenado en el fallo de tutela, en tanto el
Departamento para la Prosperidad Social no realizó el censo y la Alcaldía de Valledupar
tampoco fijó fecha para la realización de la diligencia de lanzamiento en el plazo
establecido, omisiones que, según lo sostenido en la acción de reparación directa,
permitieron que se consolidara la ocupación del inmueble de su propiedad.

inmueble cuando la omisión en proteger la posesión estuvo justificada en razones de interés general o de protección
al orden público y social.
5 Comunicada por correo electrónico el 22 de agosto de 2025.
6 Cita del texto original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencias del 23 de noviembre de 2017, Rad.: 42.953 y 24 de septiembre de 2020, Rad. 65.716. Asimismo, ver:
Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 16 de febrero de 2017, Rad.: 58.242.

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Demandante: Sociedad Comercial OGB SCS

En consecuencia, se estableció que el término de caducidad para ejercer el medio de
control de reparación directa comenzó a correr el 13 de septiembre de 2012, día siguiente
a aquel en que la Sociedad O.G.B. S.C.S. tuvo conocimiento materialmente del daño; y
expiró el 15 de septiembre de 2014, lo que evidenció que la demanda se presentó por
fuera de término, como quiera que fue radicada el 22 de octubre de 2019.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia cuestionada incurrió en
los siguientes vicios de fondo:

Defecto fáctico por indebida valoración probatoria, pues omitió por completo
pronunciarse sobre la totalidad de pruebas y controvertir la valoración realizada por el
Tribunal Administrativo del Cesar en el auto de fecha 9 de septiembre de 2021, mediante
el cual se negó la excepción de caducidad propuesta por el departamento del Cesar;
decisión que quedó debidamente ejecutoriada.

Que no se tuvo en cuenta como prueba relevante el auto de fecha 9 de julio de 2018,
mediante el cual el Inspector Primero Civil Urbano de Policía de Valledupar fijó como
fecha para la práctica de la diligencia de desalojo el día 30 de agosto de 2018, momento
que, en su criterio, realmente constituía el punto de partida para contar el término de
caducidad, dado que el procedimiento policivo de lanzamiento de los invasores no había
concluido. Que la prueba “ni siquiera fue mencionada en el análisis realizado por el Ad quem
para declarar de oficio la caducidad” pues, dijo, constituía el punto de partida para contar el
término de caducidad, dado que el procedimiento policivo de lanzamiento de los
invasores no había concluido.

Sostuvo que la autoridad judicial demandada entendió de manera equivocada que el
daño alegado en la demanda de reparación directa solamente fue planteado por las
omisiones en que incurrieron las entidades demandadas por el incumplimiento del fallo
de tutela proferido el 6 de julio de 2012 por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Valledupar, cuando, dice, también alegó “falla en el servicio por omisión en
que incurrieron el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR y el DEPARTAMENTO DEL CESAR,
al permitir la consolidación de una invasión ilegal sobre el predio de propiedad de la
sociedad demandante”

Decisión sin motivación porque la sentencia cuestionada no indicó los argumentos
fácticos y jurídicos suficientes que justificaran la caducidad declarada y omitió emitir
pronunciamiento sobre las consideraciones expuestas por el Tribunal Administrativo del
Cesar en el auto de fecha 9 de septiembre de 2021, mediante el cual se negó la excepción
propuesta por la gobernación del Cesar.

Desconocimiento del precedente fijado en:

i) La sentencia del 5 de marzo de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A7, que sirvió de fundamento al Tribunal Administrativo del Cesar
para negar la excepción de caducidad.

ii) La sentencia del 8 de julio de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B8, en la que se indicó que, en casos como el presente, la caducidad debía
contarse desde la fecha en que debió llevarse a cabo la diligencia de lanzamiento.

7 Radicado 19001 23-31-000-2004-00653-01(46197), CP. María Adriana Marín.
8 Radicado 59652.

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5. Trámite procesal

El 20 de enero de 2026, el Despacho sustanciador admitió la demanda y, entre otras
cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, y en calidad de terceros con interés, a los
magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar y al alcalde del municipio de
Valledupar, Cesar.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 22 de enero de
2026.

6. Intervenciones

El magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, ponente de la
decisión cuestionada, solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo en
razón de que la petición elevada por el accionante no satisface los requisitos generales
para la procedencia de la acción de tutela, específicamente el de relevancia
constitucional, pues lo que pretende es reabrir el debate con miras a obtener la
prosperidad de sus pretensiones.

Manifestó que, en caso de encontrarse superados los requisitos generales de
procedibilidad de la acción, se deben denegar las pretensiones, como quiera que en la
sentencia proferida el 14 de julio de 2025 se realizó un análisis acertado e integral de las
pruebas jurídicamente relevantes que obraban en el plenario, las cuales permitieron
constatar en grado de certeza que el fenómeno de la caducidad del medio de control
había operado.

Señaló que la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar adoptada en su momento
para señalar que no había caducidad no era inmutable, pues este presupuesto procesal
debe ser verificado en cualquier estado del proceso e incluso oficiosamente.

Sostuvo que la decisión que se considera desconocida por la accionante fue proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, lo que no la hace
vinculante pues no tiene el carácter de unificación. Precisó que el caso analizado en la
providencia presuntamente desconocida no tenía los mismos presupuestos fácticos que
el que aquí se analiza, para lo cual debe tenerse en cuenta que cada asunto litigioso goza
de una identidad procesal y probatoria propia, luego, la valoración de las piezas
procesales y la decisión judicial que se adopte en cada caso no puede suponer el
desconocimiento de una decisión que con antelación se adoptó por hechos disímiles.

Resaltó que pretender que las otras autoridades judiciales acojan un pronunciamiento de
un par en casos que no son semejantes y que carecen de fuerza vinculante de unificación,
desatiende los postulados de autonomía judicial, seguridad jurídica y de sometimiento de
las autoridades judiciales al imperio de la ley.

El municipio de Valledupar, a través de su apoderada solicitó que se denegaran las
pretensiones de la acción de tutela, en razón a que las sentencias proferidas en primera
y segunda instancia fueron resueltas en derecho. Agregó que no existe vulneración a los
derechos fundamentales expuestos por la accionante, ni en lo fáctico ni en lo jurídico,
toda vez que Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado actuó en debida
forma declarando de oficio la caducidad del medio de control de reparación directa,
conforme a un estudio exhaustivo que fue expuesto en las consideraciones de la
providencia.

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El Tribunal Administrativo del Cesar se limitó a compartir el enlace del expediente con
radicado 25000-23-36-000-2016-00766 00, sin embargo, nada dijo sobre el fondo del
asunto.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la
Sociedad Comercial OGB SCS para dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia
del 14 de julio de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, que declaró la caducidad del medio de control de reparación directa con radicado
20001233300020190032401.

La Sala anticipa que denegará la solicitud de amparo, por cuanto, la autoridad judicial
demandada no incurrió en los defectos alegados por la parte actora.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial y, (iii) el análisis del caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales9 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos10 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que, el
asunto no trata sobre una instancia adicional, puesto que las decisiones de primera y
segunda instancia fueron adoptadas en sentidos diferentes, no alude a una discusión de
orden legal o económico y cumple con la carga argumentativa de señalar que, si
existieran los errores que alega la parte actora, se estarían vulnerando sus derechos
fundamentales al debido proceso, la propiedad privada y acceso a la administración de
justicia, pues la declaratoria de caducidad del medio de control pudo, eventualmente,
haber impedido que el demandante obtuviera una decisión de fondo en una controversia
de reparación directa.

La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo
con la verificación del expediente del proceso de reparación directa, la sentencia acusada
fue comunicada el 22 de agosto de 2025, de modo que quedó efectivamente notificada
el 26 del mismo mes y año, por su parte, la demanda de tutela fue radicada el 19 de

9 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
10 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

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diciembre de 2025, esto es, dentro de un término que no supera los seis meses fijados
por la Sala plena de esta Corporación como plazo razonable.

La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado
que promovió demanda de reparación directa y cuestiona la sentencia de segunda
instancia dictada en dicho proceso. Además, tampoco se evidencia la viabilidad del
recurso extraordinario de revisión contra la providencia atacada, puesto que no parece
que pueda encuadrarse en alguna de las causales de procedibilidad previstas en el
artículo 250 del CPACA, así como tampoco la procedencia del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, porque este solo procede cuando la decisión cuestionada
contraríe o se oponga a una sentencia de unificación.

También se identifican los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, esto es, expuso de manera clara que la vulneración de los derechos
fundamentales invocados proviene de advertir que la autoridad judicial demandada
incurrió en defecto fáctico, decisión sin motivación y desconocimiento del precedente al
proferir la sentencia del 14 de julio de 2025.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona
una sentencia de segunda instancia de un proceso de reparación directa.

4. Análisis del caso concreto

La parte actora adujo que la sentencia del 14 de julio de 2025, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, incurrió en defecto fáctico, decisión sin
motivación y desconocimiento del precedente al declarar probada la excepción de
caducidad del medio de reparación directa.

De manera previa, la Sala anuncia que estudiará los defectos invocados de manera
conjunta, como quiera que en la sustentación de todos ellos el demandante alude a que
no era posible declarar la caducidad del medio de control de reparación directa por cuanto
estaba probado que el proceso policivo no había finalizado para el 2018, de manera que
debían tenerse en cuenta las razones esbozadas por el Tribunal Administrativo del Cesar
cuando estudió la excepción de caducidad para concluir que en atención a la
jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, no podía contabilizarse el
término de caducidad mientras estuviera en trámite el proceso policivo.

Para resolver tales cargos, la Sala estima necesario referirse a las pruebas aportadas al
expediente con radicado 20001233300020190032401.

En el expediente del proceso de reparación directa11, entre otras, las siguientes pruebas
relevantes:

• Mediante escritura No. 207 del 7 de diciembre de 2002, la Sociedad Comercial OGB
SCS, demostró que era la propietaria del predio denominado “Lote Número Uno (1) de la
Unidad residencial O.B.G.”, ubicado en el municipio de Valledupar.

• El 22 de junio de 2011 la sociedad O.G.B. S.C.S. inició querella policiva ante la alcaldía
de Valledupar, trámite en el que solicitó el lanzamiento por ocupación de hecho contra
personas indeterminadas que venían ocupando su predio desde el 29 de mayo de 2011.

• El proceso policivo fue adelantado por la alcaldía de Valledupar, autoridad que expidió
la Resolución 2604 del 4 de octubre de 2011, por medio de la cual se ordenó el

11 Al que se allegaron como pruebas trasladadas las documentales del proceso de controversias contractuales de

Radicado 2018-00234 adelantando por el departamento del Cesar contra el municipio de Valledupar y de la acción de
tutela e incidente de desacato adelantados por los Juzgados Administrativos Segundo y Cuarto de Valledupar con
radicado 20001333300420120016000.

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lanzamiento por ocupación de hecho solicitado por la Sociedad O.G.B. S.C.S. en contra
de personas indeterminadas.

• Los ocupantes del predio que resultaron afectados con la orden de lanzamiento,
ejercieron la acción de tutela cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, trámite en el que se profirió sentencia
de 6 de julio de 2012, con la que se ampararon parcialmente los derechos fundamentales
de los accionantes. Cabe señalar que el caso fue revisado por la Corte Constitucional,
por lo que en sentencia T- 946 de 2012 se modificaron las órdenes dictadas en el
siguiente sentido:

Segundo. - ORDENAR a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, en un plazo no superior a veinte (20) días contados a partir de la notificación de esta
decisión, la realización de un censo de las familias asentadas en el predio denominado La Sabana
1 de que trata este proceso, con el fin de identificar quiénes reúnen la condición de personas
desplazadas por la violencia, de acuerdo a los parámetros establecidos en la jurisprudencia
constitucional.

Tercero. - ORDENAR al Alcalde Municipal de Valledupar levantar la suspensión de la diligencia de
desalojo fijada por la Inspección Séptima de Policía de la Casa de la Justicia de la Nevada de
Valledupar sobre el inmueble urbano denominado La Sabana 1, ubicado en la vía de la vereda
Cominos de Tamacal de propiedad del señor Alberto Pimienta Cotes. En consecuencia, una vez
culminado el censo ordenado en el numeral anterior, deberá proceder a fijar una nueva fecha para
efectuar la diligencia de desalojo que no podrá exceder de veinte (20) días, notificando para ello a
las personas que ocupan el inmueble en mención con una antelación mínima de quince (15) días a
la fecha prevista para el desalojo.

Cuarto.- ORDENAR a la Alcaldía de Valledupar, y de forma mancomunada a la Gobernación del
Cesar y a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, que dentro
de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente sentencia garantice un albergue
provisional a todas las personas desplazadas asentadas en el predio denominado La Sabana 1, sin
importar que no hayan acudido a la presente acción de tutela en calidad de accionantes, hasta tanto
adelanten las gestiones idóneas y necesarias para que en un término inferior a tres (3) meses, si
existe un plan de vivienda para la población desplazada dentro de los planes de desarrollo
municipales y departamentales, incluya a los accionantes en el mismo, y en caso de que no exista
un plan para ello, en el término de seis (6) meses se deberá adoptar un plan municipal de realización
plena del derecho a la vivienda digna que se incorpore a los planes municipales y departamentales
de desarrollo, para lo cual, las respectivas autoridades municipales, departamentales y nacionales,
deberán diseñar y ejecutar todas las medidas a su alcance para solucionar el problema de vivienda
planteado con la ocupación del inmueble.

Quinto.- ORDENAR a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
que una vez culminado el censo ordenado en el numeral segundo de esta sentencia, y en un término
inferior a tres (3) meses, valore las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las
personas desplazadas asentadas en el predio denominado La Sabana 1 y determine el estado actual
de las ayudas recibidas por éstas y sus núcleos familiares como víctimas del desplazamiento
forzado, para que adelante y concluya las acciones necesarias en orden a que se les garantice el
acceso efectivo a los planes y programas de atención y estabilización a los que tiene derecho. Esto
incluye el ofrecerles una solución definitiva mediante la ejecución de programas de estabilización
socioeconómica que se incorporen a los planes de desarrollo municipales y departamentales, hasta
tanto las condiciones que dieron origen a la vulneración de sus derechos fundamentales
desaparezcan.

Sexto.- ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Valledupar que, en un plazo no mayor a treinta (30)
días contados a partir de la notificación de este fallo, informe por escrito, de manera clara y detallada,
a cada una de las personas que ocupan el predio denominado La Sabana 1 y que no ostentan la
calidad de desplazados por la violencia, cuáles son las políticas públicas -municipales,
departamentales y/o nacionales-, destinadas a garantizar el acceso a una unidad de vivienda de
interés social y los procedimientos y requisitos que deben cumplir para ser incluidos en éstos
programas, teniendo en cuenta que dentro de este grupo de personas pueden encontrarse sujetos
de especial protección constitucional para quienes se deben adoptar medidas de diferenciación
positiva, que atiendan a sus condiciones de especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión y
propendan, a través de un trato preferente, por materializar el goce efectivo de sus derechos
fundamentales. (…)”.

11

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• El 6 de abril de 2015, el Municipio de Valledupar, el Departamento del Cesar y la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
suscribieron el Convenio Marco Tripartito Interinstitucional No. 2847 con el objeto de
“aunar esfuerzos entre las partes para la construcción de albergues para ofrecer
soluciones habitacionales temporales a familias en condición de vulnerabilidad y de
desplazamiento en el municipio de Valledupar – Cesar”.

• Asimismo, el 21 de julio de 2015 el municipio de Valledupar suscribió contrato de obra
para la construcción de 950 albergues con el fin de ofrecer soluciones habitacionales
temporales a familias en condición de vulnerabilidad, sin embargo, el 25 de abril de 2017,
el contrato finalizó cuando la obra que ya había avanzado en un 93% de la construcción
de albergues, sufrió ataques vandálicos de terceros indeterminados que la dejaron en
“estado de inutilidad”.

• El 19 de septiembre de 2016 la sociedad accionante presentó incidente de desacato, el
cual fue resuelto de forma negativa el 6 de febrero de 2017, por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar , sin embargo, el 1° de junio de 2017 el
Tribunal Administrativo del Cesar, en el marco de una nueva acción de tutela radicada
con el número 20-001-23-39-001-2017-00211-00, amparó los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia de la sociedad demandante y
ordenó reiniciar el trámite incidental. Esta decisión fue confirmada por el H. Consejo de
Estado el 23 de agosto de 2017.

• Como consecuencia de lo anterior, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Valledupar profirió auto de 16 de junio de 2017, por medio del cual sancionó al alcalde
municipal de Valledupar, al gobernador del departamento del Cesar y a la directora del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, decisión que fue confirmada por
el Tribunal Administrativo del Cesar mediante proveído de fecha 27 de junio de 2017.

• El 7 de junio de 2018, la sociedad demandante solicitó al Inspector Primero de Policía
de Valledupar darle cumplimiento al fallo de tutela de fecha 6 de julio de 2012 y para el
efecto fijar nueva fecha para efectuar la diligencia de desalojo en el predio invadido,
solicitud a la que accedió el Inspector, quien fijó como fecha para la práctica de la
diligencia de desalojo el 30 de agosto de 2018.

Hecho este recuento, la Sala precisa que, tal como lo infirmó la sociedad accionante, el
Tribunal Administrativo del Cesar al resolver las excepciones en primera instancia
consideró que si bien era cierto, que entre el fallo de tutela del Juzgado Segundo
Administrativo de Valledupar y la solicitud de incidente de desacato a ese fallo,
transcurrieron aproximadamente cuatro años, de acuerdo a la jurisprudencia de la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado12 , la omisión de lanzamiento de
los invasores del predio se concreta cuando concluye el procedimiento policivo, el cual
para el caso particular estaba en curso al momento de interposición del demanda ( 22 de
octubre de 2019), pues la última actuación fue la de fijación de fecha de diligencia de
lanzamiento para el 30 de agosto de 2018, de manera que la demanda se presentó en
tiempo.

Por su parte, el Consejo del Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia de
segunda instancia consideró que la caducidad debía contabilizarse desde el momento en
que se produjo la omisión (en este caso de cumplir las órdenes dictadas en sede de
tutela), lo cual ocurrió desde el momento en que la entidad accionante advirtió que no se
cumplieron las órdenes judiciales de desalojo. En efecto, se destacan las siguientes
conclusiones a las que se arribó en la decisión:

12 Subsección A, sentencia de 5 de marzo de 2021, C.P. Dra. María Adriana Marín, Radicación número: 19001-23-31-

000-2004-00653-01(46197).

12

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Que conforme a la posición de la Sección Tercera de esta Corporación, el término de
caducidad para el ejercicio del medio de control de reparación directa no puede quedar
suspendido permanentemente13, por lo que es un deber verificar en cada caso concreto
el punto de partida para el cómputo de la caducidad.

Que en los casos de incumplimiento de una orden judicial, debe computarse el término
de caducidad desde el momento en que se conoce del vencimiento del plazo establecido
en la Ley para cumplir la obligación impuesta por el juez14, lo que en este caso ocurrió el
13 de septiembre de 2012, día siguiente al vencimiento de los plazos estipulados en el
fallo de tutela del 6 de julio de 2012 para que el Departamento para de la Prosperidad
Social y la Alcaldía de Valledupar cumplieran, entre otras, las órdenes de reubicación de
los ocupantes ilegales.

Que como consecuencia de lo anterior, a partir del 13 de septiembre de 2012, la Sociedad
O.G.B. S.C.S. evidenció materialmente que las entidades accionadas no cumplieron en
el término previsto lo ordenado en el fallo de tutela, omisiones que a la postre significan,
según lo sostenido en la acción de reparación directa, la concreción del daño aducido en
la medida en que constituyen el incumplimiento de la orden de tutela, y de paso, la
consolidación de la situación de hecho de la ocupación del inmueble de su propiedad.
Que, en consecuencia, se configuró la caducidad porque el término perentorio para
accionar expiraba el 15 de septiembre de 2014 y la demanda se presentó el 22 de octubre
de 2019.

Ahora, en la solicitud de amparo el accionante sostuvo que la sentencia cuestionada no
tuvo en cuenta que en el expediente estaba probado que para el año 2018, el proceso
policivo seguía en trámite, pues no había sido posible que se cumplieran las órdenes
encaminadas a salvaguardar el derecho de propiedad de la Sociedad OGB SCS y en tal
medida, el término de caducidad no podía contabilizarse desde las sentencias de tutela
que ordenaron medidas tendientes al desalojo de los ocupantes ilegales, sino a partir de
la fecha designada para ejecutar la última diligencia de desalojo, la cual, al no haberse
llevado a cabo, provocó el incumplimiento de las funciones policivas del municipio de
Valledupar. Que se entendió de manera equivocada que el daño alegado en la demanda
de reparación directa solamente fue planteado por las omisiones en que incurrieron las
entidades demandadas por el incumplimiento del fallo de tutela proferido el 6 de julio de
2012 cuando, dice, también alegó “falla en el servicio por omisión en que incurrieron el
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR y el DEPARTAMENTO DEL CESAR, al permitir la
consolidación de una invasión ilegal sobre el predio de propiedad de la sociedad
demandante”

La Sala empieza por precisar que, no resulta irracional o arbitrario el entendimiento sobre
el hecho dañoso al que arribó la autoridad judicial demandada, pues, tal como se expuso
en los hechos de la demanda, la sociedad accionante promovió el medio de control de
reparación directa con el propósito de que se declarara responsables al departamento
del Cesar y al municipio de Valledupar “a título de falla en el servicio por omisión, debido a los
daños y perjuicios causados a la sociedad comercial O.G.B. S.C.S., al permitir la consolidación
de una invasión con carácter permanente en el predio de su propiedad descrito en esta
demanda, al no ejecutar sus correspondientes deberes legales”. Para ese efecto, como se vio,
en los hechos 14, 15, 16, 17 y 20 de la demanda explicó que la falla se configuraba por
el incumplimiento de las órdenes de tutela del 6 de julio de 2012, que, se insiste,

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 29 de agosto de 2016, Rad.: 51797.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 23 de
noviembre de 2017, Rad.: 42.953 y 24 de septiembre de 2020, Rad. 65.716.
Asimismo, ver: Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 16 de febrero de 2017, Rad.: 58.242.

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dispusieron reanudar la diligencia de lanzamiento de los ocupantes del predio de su
propiedad.

Precisado lo anterior, resulta oportuno advertir que la caducidad es un presupuesto
procesal instituido con la finalidad de garantizar que se cumplan los plazos previstos en
el ordenamiento jurídico para que las personas acudan a la administración de justicia,
con lo que se salvaguarda el principio de seguridad jurídica, ya que se evita que las
controversias permanezcan sin solución indefinidamente. En ese orden de ideas,
acontece la caducidad cuando no se promueve la respectiva acción dentro del término
previsto en el sistema normativo, cuya configuración impide emitir un pronunciamiento
de fondo sobre el litigio.

Ahora bien, el ordenamiento jurídico establece diferentes plazos dentro de los cuales se
deben promover las demandas, dentro del que se encuentra el estipulado para la de
reparación directa en el literal i del numeral 2 del artículo 164 del CPCA, que prevé:

La demanda deberá́ ser presentada: [...]

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: [...]

i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá́ presentarse dentro del término de
dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante
del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió́ tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Cabe advertir que, en los casos en los que la conciliación constituya un requisito de
procedibilidad, la presentación de la respectiva solicitud interrumpe el término de
caducidad por 3 meses o hasta que se decida ese trámite, lo que ocurra primero,
conforme al artículo 21 de la Ley 640 de 2001 (vigente al momento de presentarse la
demanda de reparación directa 20001233300020190032400).

Ahora bien, en el presente caso, la discusión recae en la fecha a partir de la cual se debe
contabilizar el término de caducidad, para lo cual se sostuvieron en el proceso de
reparación directa, dos tesis en cada una de las instancias agotadas.

En ese sentido, la Sala no advierte que la decisión cuestionada contenga errores
sustanciales y que estos provengan directamente de deficiencias en la valoración
probatoria, a tal punto que no corresponda con la sana crítica o que no atienda a criterios
de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación. Por el contrario, se observa un
análisis integral del material probatorio, que permitió arribar a la conclusión razonable que
la parte actora presentó la demanda de reparación directa por fuera del término previsto
para el efecto.

En el presente caso, se insiste, que la tesis del hecho generador del daño estuvo
sustentada desde el momento de presentación de la demanda de reparación directa en
una “falla en el servicio por omisión, debido a los daños y perjuicios causados a la sociedad
comercial O.G.B. S.C.S., al permitir la consolidación de una invasión con carácter
permanente en el predio de su propiedad descrito en esta demanda, al no ejecutar sus
correspondientes deberes legales” (Negrilla fuera de texto).

En consecuencia, del análisis de las pruebas que fueron relacionadas con antelación, no
se considera desproporcionado que la Sección Tercera, Subsección C de esta
Corporación, haya concluido que, para este caso particular, la omisión en el cumplimiento
de deberes tuvo su origen en el momento en que se dictaron órdenes judiciales que no
fueron cumplidas por las demandadas, máxime si se tiene en cuenta que al tenor de lo
dispuesto en el numeral 2 del artículo 164, para este caso, la caducidad se contabiliza
desde el momento en que se materializa la omisión que causa el daño, sin que se señalen
más condiciones.

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Demandante: Sociedad Comercial OGB SCS

De igual manera, para este caso particular debe tenerse en cuenta, que además de la
existencia del proceso policivo y de las órdenes que se dictaron durante este trámite, (el
cual en efecto no había concluido para el momento de interposición de la demanda de
reparación directa), se profirieron providencias judiciales en sede de tutela en las que se
dieron órdenes concretas al municipio de Valledupar y a la Gobernación del Cesar, que
buscaron garantizar, por una parte, los derechos fundamentales de los habitantes ilegales
del predio, entre quienes se encontraban sujetos de especial protección constitucional y
por otra, el derecho de propiedad de la sociedad OGB SCS. Esa situación que resulta
relevante para efectos de contabilizar la caducidad en este caso, en el que, para la
autoridad accionada la omisión que generó el daño se causó a partir del desconocimiento
de órdenes dictadas en la dicha sentencia de tutela.

Así entonces, como para la sociedad demandante el hecho generador del daño fue la
omisión en el cumplimiento de deberes policivos por parte de, entre otras, la alcaldía de
Valledupar, con los hechos probados en el proceso, era razonable que el Ad quem
considerara que la omisión alegada se configuró desde el momento en que se
incumplieron las órdenes judiciales de carácter obligatorio y vinculante que garantizaron
su derecho de propiedad, lo que le imponía el deber de acudir desde ese momento al
medio de control de reparación directa con el fin de obtener el resarcimiento del daño que
sufrió.

Por otra parte, la Sala pone de presente que la providencia de 5 de marzo de 202115
dictada por la Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación, y que fue citada por
el Tribunal Administrativo del Cesar para concluir que no había operado la caducidad en
el presente caso, no era vinculante para la Sección Tercera Subsección C, pues se trata
de precedente horizontal, dictado por una Subsección diferente, caso en el que la
observancia no es tan rigurosa como la que se predica del precedente vertical, pues, es
apenas comprensible que, en virtud de la autonomía judicial, entre jueces de igual nivel
funcional existan criterios de interpretación y decisión distintos frente a casos análogos.

En otras palabras, cuando el precedente invocado no fue proferido por el superior
funcional (precedente vertical) ni por el propio funcionario (precedente horizontal propio),
la autoridad judicial puede decidir libremente el asunto, conforme con su criterio, que, en
todo caso, debe enmarcarse en los límites de la razonabilidad que fue lo que se observó
en el presente caso, donde la Sección Tercera Subsección C, justificó las razones por las
cuales encontró configurado el fenómeno de la caducidad.

Cabe señalar que en la sentencia expedida por la Sección Tercera, Subsección A se
aplicó un criterio diferente al estudiado en la presente tutela. En efecto, en dicha
providencia la razón por la que se consideró que no había operado la caducidad se
basaron en que, en ese proceso se discutió un caso en el que las pretensiones
resarcitorias se fundamentaron en los daños antijurídicos consistentes en el despojo
definitivo de un bien y en la pérdida de los ingresos que producía la actividad económica
que se desarrollaba en el predio, al no practicarse el desalojo de las personas que lo
ocuparon, y a causa de las omisiones en que incurrieron las entidades accionadas en el
transcurso del procedimiento policivo de lanzamiento por ocupación de hecho. Sin
embargo, también se advierte que los supuestos fácticos en uno y otro caso no son los
mismos pues, en el caso del 5 de marzo de 2021 no había mediado una orden de tutela
que le impusiera a las partes el deber de adelantar la diligencia de lanzamiento dentro de
un plazo concreto, como si ocurrió en el caso objeto de estudio.

En la providencia que se cita como desconocida se resaltó que el hecho dañoso a partir
del cual se edificaban las pretensiones era la conducta omisiva desplegada por las
accionadas en el seno de un juicio policivo, y que en ese escenario, la caducidad de la

15 C.P: MARÍA ADRIANA MARÍN

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Demandante: Sociedad Comercial OGB SCS

acción debía computarse “desde el momento en que se incumpla la obligación legal”14,
situación que, en ese caso concreto, ocurrió cuando se realizó la última actuación en el
procedimiento policivo, es decir, cuando se expidió la providencia mediante la cual este
concluyó sin que se cumplieran los fines de restablecimiento del statu quo y protección
de los derechos del querellante que le son inherentes17.
Por el contrario, la razón por la cual la Sección Tercera- Subsección C se sustentó en
que la contabilización de la caducidad para este caso corresponde a las reglas
establecidas para casos en que se ha desobedecido una orden judicial, la cual tiene su
fundamento en diversos pronunciamientos de esta Corporación.

En efecto, en providencia del 26 de abril de 2018 (Exp. 58242), se observa que la decisión
de confirmar la caducidad se basó en que la parte demandante, tras el vencimiento del
plazo de 18 meses del artículo 177 del C.C.A. no ejerció las acciones judiciales de cobro,
limitándose a invocar trámites administrativos ante la entidad.

Asimismo, en sentencia del 24 de septiembre de 2020 (Exp. 65716), se confirmó la
caducidad porque el demandante dejó transcurrir más de diecinueve años desde la
ejecutoria de la sentencia (1998) hasta la presentación de la demanda de reparación
directa (2019), limitando su defensa a la teoría del daño continuado por la falta de
restitución del inmueble, tesis que fue desestimada al considerar que el daño se configuró
una vez venció el plazo legal para el cumplimiento del fallo.

En fallo de 29 de agosto de 2016 (Exp. 51797), se declaró la caducidad debido a que los
demandantes pretendían revivir un término fenecido alegando un hecho reciente (una
cesión gratuita de 2011), pese a que el daño real (la ocupación permanente de su
inmueble por el Ejército Nacional) había iniciado en 1952 y fue conocido por el causante
sin que ejerciera acción alguna durante décadas.

También en pronunciamiento del 9 de octubre de 2014 (Exp. 32074), se concluyó que la
acción estaba caducada respecto de la omisión de tramitar una querella policiva
presentada en 1994, dado que el demandante dejó transcurrir más de ocho años sin
ejercer las acciones judiciales pertinentes frente a dicho incumplimiento administrativo.

Hechas esas precisiones, para la Sala resulta irrelevante el hecho de que la autoridad
judicial demandada no hubiera considerado que por auto de 9 de junio de 2018 se hubiera
fijado como nueva fecha para realizar la diligencia de lanzamiento el 30 de agosto de
2018, pues, como se explicó, partió del entendimiento de que el hecho dañoso alegado
por la sociedad demandante se configuraba a partir del incumplimiento de la sentencia
de tutela del 6 de julio de 2012.

Así las cosas, el criterio adoptado por la Sección Tercera Subsección C aquí accionada,
fue razonable en la medida en que justificó que el incumplimiento de los deberes de las
entidades fue analizado no solo en el trámite policivo correspondiente, sino también fue
objeto de una orden judicial dictada en una acción de tutela, lo que permitía señalar que
la omisión se produjo a partir del incumplimiento de tales órdenes dictadas por la
autoridad judicial como criterio para contabilización de la caducidad.

Finalmente, la sociedad tutelante sostiene que el Consejo de Estado ha debido
considerar que en el trámite de la primera instancia ya se había decidido que no operó el
fenómeno de la caducidad y dicha decisión se tomó con base en un precedente de la
Sección Tercera Subsección A del Consejo de Estado.

Sobre el particular, la Sala advierte que el análisis de la caducidad del medio de control
constituye un deber oficioso del Juez quien no está atado a las decisiones previas que se
hayan adoptado en el trámite del proceso, pues se trata de un término perentorio,

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improrrogable y de orden público, cuya verificación es obligatoria en cualquier etapa del
proceso, de manera que el Consejo de Estado tenía el deber y la facultad de verificar si
había ocurrido el fenómeno extintivo de la acción en sede de segunda instancia.

De igual manera, conviene resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
determinado que la acción de tutela contra decisiones judiciales se concibe como un juicio
de validez, mas no de corrección16, y que, por lo tanto, este mecanismo no puede
utilizarse como una instancia para discutir asuntos de índole probatoria que dieron origen
a los procesos ordinarios.

En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para denegar la
solicitud de amparo, por cuanto la autoridad judicial demandada no incurrió en los
defectos alegados.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la Sociedad Comercial
OGB SCS, conforme a lo expuesto en esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Salvo voto

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

16 Ver, entre otras, las sentencias T.344 de 2015, SU-425 de 2016, y T-022 de 2019.

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