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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02588-00

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02588-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Alberto Estrada Dávila contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02588-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

21 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000- 2026-02588-00
Demandante: Luis Alberto Estrada Dávila

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02588-00
Demandante: Luis Alberto Estrada Dávila
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tema: Tutela contra providencia judicial – nulidad y restablecimiento del
derecho – reconocimiento subsidio familiar

Sentencia primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por el señor Luis
Alberto Estrada Dávila contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de
conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 7 de abril de 2026, el señor Luis Alberto Estrada Dávila, mediante apoderado,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por
estimar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. AMPARAR los derechos fundamentales violados en la sentencia de sentencia de
segunda instancia de fecha 30 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Magistrada Ponente FERNANDO AUGUSTO
GARCIA MUÑOZ, Demandada. NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
EJERCITO NACIONAL, Demandante. LUIS ALBERTO ESTRADA DAVILA, dentro del
radicado N° 76001333301020210003001, como son: derecho a la igualdad, debido
proceso, desconocimiento del precedente judicial, principio de seguridad jurídica y
demás conexos y, en consecuencia:
2. REVOCAR la sentencia de sentencia de segunda instancia de fecha 30 de septiembre
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Magistrada Ponente
FERNANDO AUGUSTO GARCIA MUÑOZ, Demandada. NACION – MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, Demandante. LUIS ALBERTO
ESTRADA DAVILA, dentro del radicado N° 76001333301020210003001.
3. ORDENAR a la autoridad judicial accionada que emita nuevo pronunciamiento
consistente en reconocer a favor del demandante por concepto de subsidio familiar, el
4% del salario básico más la prima de antigüedad, de conformidad con el artículo 11 del
decreto 1794 de 2000 desde el día 22 de febrero de 2012, fecha en la cual, el
demandante adquirió el derecho por haber declarado la existencia de la unión marital de
hecho con la señora MARICELAVALENCIA BALANTA y hasta el día 27 de mayo de
2019, fecha en que se cumplieron los tres meses de alta.
4. ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, en el nuevo pronunciamiento, ordene
la modificación de la hoja de servicios del demandante, manifestando que el subsidio
devengado en actividad es el establecido en el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y,
que, a su vez, remita la hoja de servicios a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
“CREMIL”, para que haga los reconocimientos y actualizaciones a que haya lugar en la
asignación de retiro del actor.
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Radicado: 11001-03-15-000- 2026-02588-00
Demandante: Luis Alberto Estrada Dávila

5. SIRVASE, señor Magistrado reconocerme personería adjetiva para actuar en los
términos y condiciones del poder conferido.»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Situación administrativa que dio origen al medio de control

El señor Luis Alberto Estrada Dávila prestó sus servicios en el Ejército Nacional como
soldado regular desde el 18 de marzo de 1998 hasta el 25 de septiembre de 1999;
posteriormente, como soldado voluntario desde el 1.º de julio de 2000 hasta el 31 de
octubre de 2003 y, finalmente, como soldado profesional desde el 1.º de noviembre
de 2003 hasta el 5 de febrero de 2019.

El 22 de febrero de 2012, mediante la Escritura Pública núm. 342 de la Notaría
Segunda del Circuito de Palmira, el señor Estrada Dávila declaró la constitución de su
unión marital de hecho con la señora Maricela Valencia Balanta. Dicho estado civil fue
reportado ante el Ejército Nacional el 3 de julio de 2014.

A partir del reporte de la novedad, el Ejército Nacional profirió la Orden Administrativa
de Personal núm. EJC 2024 del 30 de septiembre de 2014, mediante la cual le
reconoció al demandante un 25 % de su salario básico por concepto de subsidio
familiar, con fundamento en el Decreto 1161 de 2014. Dicho porcentaje correspondió
a la suma del 20 % por la unión marital de hecho con su compañera permanente, un
3 % por su primer hijo y un 2 % por su segunda hija.

Manifestó que, en sentencia del 8 de junio de 20171, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad, con efectos ex tunc, del Decreto
3770 del 30 de septiembre de 2009, el cual había derogado el artículo 11 del Decreto
1794 del 14 de septiembre de 2000.

Por lo anterior, el 16 de julio de 2020, el demandante solicitó la reliquidación y el pago
del salario mensual que devengaba, así como el reajuste del subsidio familiar
conforme al artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

El Ejército Nacional, a través del Oficio núm. 2020311001358471 del 10 de agosto de
2020, negó la solicitud argumentando que no era viable aplicar los parámetros del
Decreto 1794 de 2000, toda vez que el demandante ya ostentaba una situación
jurídica consolidada al habérsele reconocido el subsidio familiar en los términos del
Decreto 1161 de 2014

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Inconforme con la decisión administrativa, el señor Estrada Dávila interpuso demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

Solicitó que se declarara la nulidad del Oficio núm. 2020311001358471 del 10 de
agosto de 2020 y que, a título de restablecimiento, se ordenara el reajuste y pago del
subsidio familiar (equivalente al 4 % del salario básico mensual más el 100 % de la

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Sección Segunda, sentencia de 8 de junio de
2017, número único de radicación 11001-03-25-000-2010-00065-00, C.P. César Palomino Cortés.
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prima de antigüedad) conforme al artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, reconociendo
las sumas debidamente indexadas.

El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Décimo Administrativo de Cali,
que, mediante sentencia anticipada del 31 de marzo de 2025, accedió a las
pretensiones de la demanda. Fundamentó su decisión en que la nulidad del Decreto
3770 de 2009, declarada por el Consejo de Estado el 8 de junio de 2017 con efectos
retroactivos (ex tunc), implicó la reviviscencia del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
norma que recobró su vigencia hasta que fue subrogada por el Decreto 1161 del 24
de junio de 2014.

En ese orden de ideas, el juez de primera instancia concluyó que, dado que el
demandante declaró la existencia de su unión marital de hecho el 22 de febrero de
2012, su derecho se originó y consolidó durante el lapso en el que el Decreto 1794 de
2000 se encontraba nuevamente vigente.

Por lo tanto, determinó que al señor Estrada Dávila le asistía el derecho a que se
aplicara la normativa vigente en el momento exacto en que se configuró su situación
jurídica, ordenando así el reajuste reclamado

Contra la providencia de primera instancia, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional interpuso recurso de apelación. Como fundamento principal argumentó que,
si bien el Consejo de Estado anuló el Decreto 3770 de 2009, la situación jurídica del
demandante ya se encontraba consolidada para el momento del fallo. Explicó que
para el 22 de febrero de 2012 (fecha en la cual el actor constituyó su unión marital de
hecho), la prestación social contenida en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 ya
no se encontraba vigente en el ordenamiento jurídico debido a su derogatoria expresa.

Asimismo, la entidad apelante cuestionó que la pretensión del señor Estrada Dávila
implicaba aplicar únicamente la parte más favorable del Decreto 1794 de 2000, lo cual
resulta improcedente. Además, señaló que, la norma debe aplicarse en su integridad
(principio de inescindibilidad), por lo que no es legalmente viable combinar aspectos
y prebendas de diferentes regímenes para obtener un mayor beneficio.

Finalmente, concluyó que la normativa aplicable a la situación particular del soldado
profesional es el Decreto 1161 de 2014. Por consiguiente, sostuvo que el acto
administrativo que negó inicialmente la petición de reajuste (Oficio núm.
2020311001358471) se expidió ajustado a derecho y no se encuentra viciado de
nulidad.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 30 de septiembre
de 2025, revocó la decisión de primera instancia al considerar que el demandante, en
su condición de soldado profesional, declaró su unión marital el 22 de febrero de 2012,
razón por la que no tiene derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar,
porque ese beneficio no estaba previsto en la Ley para ese entonces.

Reconoció que la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de
2009 revivió el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, en aplicación de la doctrina de
la reviviscencia, hasta que esa norma fue subrogada por el Decreto 1161 de 2014.

A partir de esa premisa, señaló tres reglas jurisprudenciales para los soldados
profesionales que reclaman el reajuste salarial con inclusión del subsidio familiar, así:

(i) Quienes reportaron la unión marital de hecho o el matrimonio entre el 1.º de
enero de 2001 y el 29 de septiembre de 2009 tienen derecho al subsidio
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Demandante: Luis Alberto Estrada Dávila

familiar equivalente al 4 % del salario básico mensual más el 100 % de la
prima de antigüedad, conforme al Decreto 1794 de 2000.
(ii) Quienes lo reportaron entre el 30 de septiembre de 2009 y el 30 de junio de
2014 no tienen derecho a esa prestación, porque durante ese lapso la
norma había desaparecido temporalmente del ordenamiento jurídico, por lo
que no contaban con un derecho adquirido ni una expectativa legítima que
les permitiera exigirlo
(iii) Quienes lo reportaron a partir del 1.º de julio de 2014 tienen derecho al
subsidio familiar previsto en el Decreto 1161 de 2014, equivalente al 20 %
de la asignación básica mensual por la cónyuge o compañera permanente,
más los porcentajes que correspondan por los hijos, sin exceder del 26 %.

Explicó que el accionante declaró su unión marital de hecho el 22 de febrero de 2012,
esto es, dentro del lapso comprendido entre el 30 de septiembre de 2009 y el 30 de
junio de 2014, durante el cual el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 había sido
derogado por el Decreto 3770 de 2009. Agregó que la circunstancia de que el vínculo
solo hubiese sido reportado ante el Ejército Nacional el 3 de julio de 2014 (cuando ya
había entrado en vigor el Decreto 1161 de 2014) confirmaba que el actor tampoco
percibió el subsidio familiar bajo la vigencia del Decreto 1794 de 2000.

Por lo tanto, concluyó que el señor Estrada Dávila no tenía un derecho consolidado ni
una expectativa legítima, sino una mera expectativa, para la cual ningún tipo de
protección estableció en su favor la legislación estudiada ni la jurisprudencia de la
Corte Constitucional.

Precisó que, si se tratara de un soldado profesional de las Fuerzas Militares casado o
con unión marital de hecho vigente, debidamente reportada entre el 1.º de enero de
2001 y el 29 de septiembre de 2009, el parágrafo 1.º del Decreto 3770 de 2009
estableció un régimen de transición a su favor en el sentido de que seguirían
percibiendo el subsidio familiar equivalente al cuatro por ciento (4 %) de su salario
básico mensual más el 100 % de la prima de antigüedad.

Advirtió que, en virtud del Decreto 1161 de 2014, el actor sí tiene derecho (y, de hecho,
viene percibiendo) el subsidio familiar a partir del 1.º de julio de 2014, en un porcentaje
total del 25 % de su asignación básica mensual (20 % por la cónyuge, 3 % por el
primer hijo y 2 % por el segundo).

Agregó que esa interpretación no quebranta el derecho a la igualdad, pues lo que se
busca es proteger a los soldados profesionales que venían gozando del subsidio
familiar bajo la vigencia del Decreto 1794 de 2000 frente a cambios legislativos
intempestivos que los despojaran de un beneficio ya incorporado a su patrimonio,
situación que no se predicaba del actor, en cuyo patrimonio dicho beneficio nunca
ingresó.

Indicó que la decisión adoptada se apoyaba en el precedente horizontal contenido en
la sentencia del propio Tribunal Administrativo del Valle del Cauca del 31 de julio de
2024 (radicado 76001-33-33-021-2022-00182-01) y en el precedente vertical de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, que mediante sentencia de tutela del 23 de
octubre de 2024 (radicado 11001-03-15-000-2024-04840-00) avaló esa misma línea
hermenéutica.

3. Argumentos de la tutela

A juicio de la parte actora, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en
defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial, violación directa de la
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Constitución, vulneración de los principios de favorabilidad y no regresividad en
materia prestacional, y falta de motivación, conforme a los argumentos que se
sintetizan a continuación.

Sostuvo que el tribunal demandado debió inaplicar por inconstitucional el artículo 5 del
Decreto 1161 de 2014 y, en su lugar, ordenar el reconocimiento del subsidio familiar
bajo el régimen del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, equivalente al 4 % del salario
básico mensual más la prima de antigüedad. Lo anterior, por cuanto la subrogación
normativa resulta contraria al principio de prohibición de regresividad de los derechos
laborales y al derecho a la igualdad entre los soldados profesionales, en concordancia
con la sentencia del 8 de junio de 2017 (Sección Segunda del Consejo de Estado,
expediente 11001-03-25-000-2010-00065-00), que declaró con efectos ex tunc la
nulidad total del Decreto 3770 de 2009.

Indicó que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 fija tres requisitos para acceder al
subsidio familiar: (i) ostentar la calidad de soldado profesional; (ii) estar casado o tener
unión marital de hecho vigente; y (iii) reportar el cambio de estado civil al Comando
de la Fuerza desde su inicio. En el caso concreto, el demandante cumplió los dos
primeros (ingresó como soldado profesional el 1.° de noviembre de 2003 y declaró su
unión marital de hecho con la señora Maricela Valencia Balanta el 22 de febrero de
2012 mediante escritura pública N.° 342), mientras que el tercero no pudo cumplirse
oportunamente porque, para esa fecha, el artículo 11 se encontraba derogado por el
Decreto 3770 de 2009, lo que configuraba una barrera jurídica insalvable que impedía
reportar el cambio de estado civil respecto de una prestación inexistente en el
ordenamiento.

Afirmó que solo a partir de la ejecutoria de la sentencia del 8 de junio de 2017 le fue
jurídicamente posible reclamar el reconocimiento de la prestación, comoquiera que
dicha decisión, por virtud de la doctrina de la reviviscencia normativa y de los efectos
retroactivos con los que se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, reincorporó
al ordenamiento el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 entre su expedición original
y la entrada en vigor del Decreto 1161 de 2014. En consecuencia, lo procedente era
verificar si en el periodo comprendido entre el cambio de estado civil (22 de febrero
de 2012) y la expedición del Decreto 1161 de 2014 el actor tenía derecho a la
prestación, dado que el hecho generador se consolidó durante la vigencia (recobrada
retroactivamente) del Decreto 1794 de 2000.

Cuestionó que la providencia atacada no realizó una interpretación sistemática de las
normas aplicables ni valoró adecuadamente los efectos ex tunc de la nulidad
declarada por el Consejo de Estado, lo que llevó al tribunal a aplicar el Decreto 1161
de 2014 a una situación jurídica ya consolidada bajo la norma anterior. Reprochó, en
particular, que el tribunal hubiese construido sus propias reglas jurisprudenciales, al
exigir que el reporte del estado civil se efectuara entre el 30 de septiembre de 2009 y
el 30 de junio de 2014, sin advertir que precisamente esa imposibilidad de reportar es
el supuesto fáctico que origina la controversia, pues durante ese lapso operaba la
barrera jurídica derivada de la derogatoria del beneficio; de haber sido posible el
reporte, no existiría litigio.

En respaldo de su tesis citó las sentencias de tutela proferidas por el Consejo de
Estado en los expedientes 11001-03-15-000-2023-06613-01, 11001-03-15-000-2021-
07051-01 y 11001-03-15-000-2021-04441-01, así como las sentencias del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dictadas en los expedientes
11001334204620180019101, 25269333300220180013801,
11001334205120180036801 y 11001333502020190000301, en las que, frente a

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casos fáctica y jurídicamente análogos, se ordenó el reajuste del subsidio familiar
conforme al Decreto 1794 de 2000.

Sostuvo que la línea jurisprudencial invocada puede sintetizarse en tres premisas: (i)
los soldados profesionales que ingresaron a la institución y contrajeron matrimonio o
declararon unión marital de hecho durante la vigencia, real o retroactivamente
recobrada, del Decreto 1794 de 2000 tienen derecho al subsidio familiar previsto en
su artículo 11; (ii) el requisito de reportar oportunamente el cambio de estado civil no
les es exigible, pues durante el lapso de la derogatoria operó una barrera jurídica que
lo impedía; y (iii) solo desde la ejecutoria de la sentencia del 8 de junio de 2017 fue
posible reclamar tal derecho, lo que excluye, además, la operancia de la prescripción
extintiva en el caso concreto.

Adujo también la violación de los principios de favorabilidad y no regresividad en
materia prestacional, en la medida en que la aplicación del Decreto 1161 de 2014 al
hecho generador del 22 de febrero de 2012 produce una desmejora salarial efectiva
frente al 4 % más prima de antigüedad previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000, en contravía del mandato de preferencia normativa hacia la mayor protección
social.

Por último, alegó que en la providencia atacada no consta un examen crítico y
comparado de los Decretos 1794 de 2000 y 1161 de 2014, ni una explicación de por
qué la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Consejo de Estado no irradia
sus efectos al caso del actor, omisión que configura una falta de motivación contraria
a los estándares mínimos del debido proceso (artículo 228 de la Constitución y
artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011).

Solicitó, en consecuencia, amparar sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y a la seguridad jurídica; dejar sin efectos la sentencia del 30 de
septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; y
ordenar a dicha autoridad judicial proferir una nueva providencia con observancia de
la doctrina de la reviviscencia normativa y los efectos ex tunc fijados por el Consejo
de Estado en la sentencia del 8 de junio de 2017.

4. Trámite previo

En auto del 10 de abril de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a la parte demandante; al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
en calidad de demandado; y, en condición de terceros con interés, a la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y al Juzgado Décimo Administrativo Oral de
Cali, a quienes remitió copia de la demanda.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio frente a los hechos
objeto de debate.

6. Intervención de los terceros con interés

El Ministerio de Defensa Nacional adujo que el señor Luis Alberto, en su condición
de soldado profesional, declaró su unión marital el 22 de febrero de 2012; es decir,
que no tiene derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar, porque ese
beneficio no estaba previsto en la ley para ese entonces.

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Explicó que el soldado profesional con unión marital de hecho vigente, debidamente
reportada entre el 30 de septiembre de 2009 y el 30 de junio de 2014, no percibió el
subsidio familiar en vigencia del Decreto 1794 de 2000; por lo tanto, no tiene un
derecho consolidado ni una expectativa legítima, sino una mera expectativa que
ningún tipo de protección estableció en su favor la legislación estudiada ni la
jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Precisó que la acción de tutela no fue instituida como una tercera instancia ni como
herramienta para modificar decisiones judiciales que hayan hecho tránsito a cosa
juzgada, razón por la cual solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda.

El Juzgado Décimo Administrativo Oral de Cali remitió el expediente para consulta;
no obstante, guardó silencio frente a los hechos de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1.º establece: «Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, su procedencia es excepcional y se reconoce únicamente cuando se
advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
del 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional» 2, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.

2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Radicado: 11001-03-15-000- 2026-02588-00
Demandante: Luis Alberto Estrada Dávila

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad del señor Luis
Alberto Estrada Dávila, al proferir el fallo del 30 de septiembre de 2025 que revocó la
sentencia de primera instancia y en su lugar negó las pretensiones del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que el actor pretendía el
reajuste de la asignación de retiro con la inclusión del subsidio familiar en los términos
del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

Para el efecto, la parte demandante indicó que el Tribunal demandado incurrió en
defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución al no acceder al reajuste de su asignación mensual con la inclusión del
subsidio familiar en las condiciones estipuladas en el Decreto 1794 de 2000.

La Sala anticipa que negará la solicitud de amparo, por cuanto la autoridad judicial
demandada no incurrió en los defectos alegados por la parte actora.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: i) verificación
de los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencia judicial y ii)
análisis del caso concreto.

i) Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso

La Sala anota que la acción de tutela cumple con el (i) requisito de relevancia
constitucional porque la parte actora invoca la protección
de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad; se sustentan con
suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada afecta dichos
derechos; no se trata de un asunto de mera legalidad o económico, y los
cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi de la decisión.

Tampoco se advierte que la acción de tutela se utilice como una instancia
adicional, toda vez que las decisiones de primera y segunda instancia fueron dictadas
en sentidos opuestos.

Además, de configurarse alguno de los requisitos especiales de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, se verían comprometidos los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, en tanto la autoridad judicial demandada
habría realizado una aplicación indebida de la norma.

Se cumple con el (ii) requisito general de subsidiariedad porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados, como se señaló anteriormente.

En igual sentido, el (iii) requisito general de inmediatez se satisface, pues el
ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la
providencia objeto de debate se profirió el 30 de septiembre de 2025, fue notificada
mediante correo electrónico enviado el 27 de octubre de ese mismo año, y el ejercicio
de la acción de tutela tuvo lugar el 7 de abril de 2026.

En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que el accionante alega una (iv) irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte
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Demandante: Luis Alberto Estrada Dávila

actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración; y (vi) se cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona
una sentencia de segunda instancia de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

En razón de lo anterior, la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos alegados.

ii) Caso concreto

La parte actora alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto
sustantivo5, desconocimiento del precedente judicial6 y violación directa de la
Constitución al denegar el reajuste al subsidio familiar que percibe conforme con el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

La Sala precisa que estudiará los cargos de manera conjunta porque apuntan a
demostrar que se debió confirmar la decisión de primera instancia del proceso
ordinario, que había ordenado el reajuste al subsidio familiar del señor Luis Alberto
Estrada Dávila.

Para resolver tales cargos, la Sala estima necesario referirse a las pruebas aportadas
al expediente y al análisis realizado en la providencia acusada.

En el expediente ordinario se incorporaron como pruebas, entre otras:

• Escritura pública núm. 342 del 22 de febrero de 2012, donde consta que el actor
declaró la existencia de la unión marital de hecho con la señora Maricela
Valencia Balanta.
• Solicitud del 4 de julio de 2014, en la que el actor reportó la unión marital de
hecho que tiene con la señora Valencia Balanta y pidió al Ejército Nacional el
reconocimiento y pago del subsidio familiar, establecido en los Decretos núm. 1161 y 1162 de 2014.
• Constancia del 5 de febrero de 2019, proferida por la sección de atención al
usuario DIPER del Ejército Nacional, en la que se señaló: 5
Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta el
denominado defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al
caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no
guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado. Sin embargo, para que se
predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, en razón de que los jueces son autónomos para escoger entre diversas
interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico (art. 230 de la Constitución
Política). Para la Corte Constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable
al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente, (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en
el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva (Sentencia T – 462 de 2003, Corte Constitucional). 6
Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado
y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser
considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye
las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los
jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción. Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el
órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del
precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos
supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la importancia de la regla de vinculación del
precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede
desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial.

Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los
principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por esa razón, se ha
advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico,
siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez
corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad. 9
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• Oficio núm. 20193080467471MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-
DIPER-1.10 del 13 de marzo de 2019, expedido por la dirección de personal
del Ejército Nacional, en el que se informó que el señor Luis Alberto Estrada
Dávila se encontraba retirado de esa institución en calidad de soldado
profesional desde el 27 de febrero de 2019.
• Petición del 16 de julio de 2020, elevada por el actor y dirigida al director de
personal del Ejército Nacional, en la que solicitó:

«1. Reconocer, incluir y pagar el subsidio familiar establecido en el artículo 11 del
decreto 1794 de 2000, de conformidad con la sentencia del Consejo de Estado
correspondiente al radicado11001-03-25-000-2010-00065-00 NI 0686-2010 de
fecha junio 08 de 2017 y sus respectivas aclaraciones, desde el momento en que
mi representado legalizo su vida conyugal.
2. Aplicar los ajustes de valor (indexación) correspondientes al reconocimiento
solicitado, de acuerdo con el IPC certificado por el DANE al momento de su pago.
3. Reconocer y pagar los intereses de qué trata el numeral 3º del artículo 192 de la
ley 1437 de 2011.»

• Oficio núm. 2020311001358471 MDN-COGFM-COEJCSECEJ-JEMGF
COPER-DIPER-1-10 del 10 de agosto de 2020, por medio del cual la Dirección
de Personal del Ejército Nacional denegó la petición relacionada en el párrafo
anterior.

Ahora bien, en la sentencia del 30 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca explicó que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 definió que a
los soldados profesionales se les podía reconocer el subsidio familiar siempre que
acreditaran la condición de estar casados o en unión marital de hecho vigente,
presupuesto que el actor cumplía según la escritura pública aportada al proceso, que
daba cuenta de la unión marital de hecho declarada el 22 de febrero de 2012.

No obstante, señaló que la condición prevista en el inciso 2 del artículo 11 del Decreto
1794 de 2000 fue reportada ante el Ejército Nacional para el reconocimiento del
subsidio familiar solo hasta el 4 de julio de 2014, momento en el que ya había entrado
en vigor el Decreto 1161 de 2014, lo que implicaba que esta última norma era la que
regía el reconocimiento del derecho al mencionado emolumento y no el Decreto 1794
de 2000 como lo pedía el actor.

Explicó que si bien era cierto que, con la sentencia del 8 de junio de 2017 proferida
por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, el Decreto 1794 de
2000 mantuvo su vigencia, no podía perderse de vista que el señor Estrada Dávila
solo había cumplido el requisito sine qua non para acceder al subsidio familiar
después de que se profirió el Decreto 1161 de 2014, norma bajo la cual en su
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momento se consolidó el derecho, dado que antes de la entrada en vigencia del
Decreto 1161 de 2014, al demandante no se le podía reconocer el subsidio familiar,
debido a que no había acreditado el vínculo ante la entidad.

En razón de lo anterior, el tribunal destacó que el demandante no había adquirido el
derecho al reconocimiento del subsidio familiar antes de la expedición del Decreto
1161 de 2014, es decir, en vigencia del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000; por lo
tanto, no era procedente declarar la nulidad del acto demandado y, por ello, no era
factible ordenar el reajuste del subsidio familiar en los términos aducidos en la
demanda, por lo que se debía revocar la sentencia apelada y negar las pretensiones
de la demanda.

A partir de lo anterior, la Sala estima que la interpretación que hizo la autoridad judicial
demandada para concluir que el demandante no tiene derecho al reajuste del subsidio
familiar en los términos del Decreto 1794 de 2000 se ajusta a la interpretación que,
sobre los efectos de la sentencia del 8 de junio de 2017, hizo la misma autoridad
judicial que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, para precisar que los efectos
ex tunc declarados solo aplicaban a las situaciones jurídicas no consolidadas.

En efecto, mediante auto del 8 de septiembre de 2017, la Subsección B de la Sección
Segunda de esta Corporación7, al resolver las solicitudes de aclaración y adición de
la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, precisó el alcance
temporal de la reviviscencia del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y el régimen de
los efectos ex tunc declarados, en los siguientes términos:

«Sobre los efectos de los fallos de nulidad (…), en relación con las situaciones jurídicas
no consolidadas, son ex tunc, es decir, desde entonces, y se retrotraen al momento en
que nació el acto (…).

Lo dicho quiere significar que solo las situaciones no definidas son afectadas por la
decisión anulatoria (…). Se excluyen, entonces, aquellas situaciones consolidadas en aras
de la seguridad jurídica y de la cosa juzgada (…)

(…)

Por consiguiente, la declaratoria de nulidad de un acto administrativo que, a su vez, ha
derogado expresa o tácitamente otras disposiciones, “revive” los preceptos derogados, es
decir, produce el efecto de reincorporar tales normas al ordenamiento jurídico, dejando sin
efectos su derogatoria. Esto es lo que se ha llamado “reviviscencia”.

De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770
de 2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del Decreto 1794
de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia de vacíos normativos y,
por ende, la inseguridad jurídica generada por la ausencia de regulación particular y
específica respecto de situaciones jurídicas no consolidadas desde el momento de su
promulgación hasta cuando fue subrogado por el Decreto 1161 de 2014, que
permanece en vigor desde su entrada en vigencia hasta nuestros días, por cuanto no ha
sido expulsado del ordenamiento jurídico por ninguna de las vías legalmente establecidas»
(negrillas fuera del texto).

De lo anterior se desprenden dos consecuencias relevantes para el caso, así: (i) el
Decreto 1794 de 2000 fue subrogado por el Decreto 1161 de 2014, lo que implica que
el primero únicamente estuvo vigente hasta el momento en que entró a regir el
segundo; la reviviscencia derivada de la nulidad solo cobija las situaciones jurídicas
no consolidadas que tuvieron lugar entre la promulgación del Decreto 1794 de 2000 y
la entrada en vigor del Decreto 1161 de 2014. Tal como lo señaló el tribunal

7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto de 8 de septiembre de 2017, radicado 11001-03-25-000-2010-00065-
00, C.P. César Palomino Cortés.
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demandado, el actor solo acreditó ante el Ejército Nacional el vínculo marital el 4 de
julio de 2014, esto es, cuando ya regía el Decreto 1161 de 2014, norma bajo la cual
se le reconoció efectivamente el subsidio familiar.

Conforme a las pruebas aportadas al medio de control, el tribunal demandado
encontró demostrado que, si bien el actor declaró la unión marital de hecho en febrero
de 2012, lo cierto es que no solicitó el reconocimiento del subsidio familiar antes de la
expedición del Decreto 1161 de 2014, pues solo hasta el 4 de julio de 2014 lo hizo, y
este fue reconocido con fundamento en dicho decreto; por lo tanto, su situación
jurídica quedó definida y consolidada bajo el régimen del Decreto 1161 de 2014,
vigente al momento del reconocimiento.

En tal sentido, considera la Sala que el análisis realizado por el tribunal demandado
para determinar si los efectos ex tunc de la sentencia del 8 de junio de 2017 le eran
aplicables al caso del demandante y, en consecuencia, si debía reajustarse el subsidio
familiar en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, fue razonable y
estuvo debidamente justificado en aplicación de los principios de autonomía judicial y
de la sana crítica, máxime si se considera que el demandante ya contaba con un acto
administrativo previo de reconocimiento del subsidio familiar (proferido en aplicación
del Decreto 1161 de 2014 a raíz de la solicitud del 4 de julio de 2014), acto que no fue
oportunamente controvertido por el actor, goza de presunción de legalidad y, por tanto,
define el régimen aplicable a su situación jurídica con independencia del acto
demandado en el proceso ordinario que dio origen a esta tutela.

En cuanto al presunto desconocimiento del precedente judicial fijado en las sentencias
dictadas por el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
los procesos de tutela con radicado 1001-03-15-000-2021-04441-01, 11001-03-15-
000-2021-07051-01 y 11001-03-15-000-2023-06613-01, la Sala considera que dichas
decisiones no imponen la obligación de resolver en el mismo sentido, pues en
aplicación del principio de autonomía judicial las diferentes secciones del Consejo de
Estado han resuelto controversias similares en sentidos distintos8.

De igual forma sucede con los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado: 11001-33-42-046-2018-00191-01, 25269-33-33-002-2018-00138-01,
11001-33-42-051-2018-00368-01, 11001-33-35020-2019-00003-01 en los que el
actor afirma que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las
pretensiones de la demanda en casos con similitud fáctica; no obstante, es necesario
indicar que la prosperidad de las pretensiones en un caso como el del actor depende
de la forma en que se prueben los hechos, razón por la cual en estricto sentido dichas
decisiones no imponen un precedente.

Cabe resaltar que, en casos anteriores y con similares supuestos fácticos, esta
Sección se ha pronunciado en igual sentido. Así lo hizo, entre otras, en las sentencias
de 6 de julio de 2023 (radicado 11001-03-15-000-2023-00787-01), 8 de agosto de
2024 (radicado 11001-03-15-000-2024-02566-01), 26 de febrero de 2026 (radicado
11001-03-15-000-2025-06813-01, demandante Eusebio Mesa Bonilla) y 26 de marzo
de 2026 (radicado 11001-03-15-000-2025-05118-01, demandante José Guillermo
Olave Jiménez).

8
Ver entre otras sentencias del Consejo de Estado:
Sección Tercera, Subsección C del 26 de mayo de 2023, Rad. 11001031500020230175100 y 11001031500020230185700 que
declararon improcedente la acción de tutela.
Sección Segunda, Subsección B del 21 de abril de 2023, Rad 11001031500020230139300 que denegó la solicitud de amparo.
Sección Cuarta del 3 de diciembre de 2020, Rad. 11001031500020200345601, del 27 de mayo de 2021, Rad.
11001031500020210079500 y del 17 de febrero de 2022, Rad. 11001031500020210450101 que denegaron la solicitud de
amparo.
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En esta última decisión, la Sala examinó un supuesto fáctico similar al que ahora se
decide, esto es, soldado profesional que contrajo vínculo antes de la entrada en vigor
del Decreto 1161 de 2014, pero que solo reportó esa condición a la institución
castrense cuando ya regía esta última norma; y concluyó que no se configura defecto
sustantivo ni desconocimiento del precedente cuando el juez ordinario limita la
aplicación del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 a las situaciones jurídicas
efectivamente consolidadas antes de la subrogación operada por el Decreto 1161 de
2014.

Lo anterior resulta suficiente para desestimar los cargos formulados por la parte
actora. En consecuencia, se negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Alberto Estrada Dávila contra
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, conforme con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha

(Firmado electrónicamente) (Fimado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

13
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