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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06613-01

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06613-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 7 de diciembre de 2023, por la cual la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional, por las razones aquí descritas. SEGUNDO: AMPARAR los derechos al debido proceso e igualdad de José David Castro Navia, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: DEJAR SIN EFECTO la Sentencia de 7 de julio de 2023, Rad. 76109- 33-33-002-2020-00146-01, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y, en consecuencia, ORDENAR a dicha autoridad judicial que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, emita la correspondiente providencia en la que se acate las consideraciones descritas en la presente providencia. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin18. QUINTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 18 secgeneral@consejodeestado.gov.co 11 de 12 Radicación: 11001-03-15-000-2023-06613-01 Demandante: José David Castro Navia Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Revocar y amparar ______________________________________________________________________________________________________________ SEXTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-06613-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

4 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 4 de abril de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06613-01
Demandante: José David Castro Navia
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUIDICIAL | Defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente | Violación directa a la Constitución | Subsidio familiar
para soldados profesionales

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de segunda instancia que confirmó
la decisión de primer grado, por medio de la cual se negaron las pretensiones de una
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que se reclamó el
reconocimiento y pago de un subsidio familiar para un infante de marina.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 7 de
diciembre de 2023, por la cual la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por falta
de relevancia constitucional2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 26 de octubre de 2023, José David Castro Navia, a través de
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, al considerar que
la Sentencia de 7 de julio de 2023, Rad. 76109-33-33-002-2020-00146-01, por
medio de la cual se negó el reconocimiento y pago del subsidio familiar
establecido en el Decreto 1794 de 2000, incurrió en los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa a la Constitución.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por José David Castro Navia, de

conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. (…)”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06613-01
Demandante: José David Castro Navia
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar y amparar
______________________________________________________________________________________________________________

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“1. REVOCAR la sentencia […] de segunda instancia de fecha julio 07 de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Magistrado
Ponente OMAR EDGAR BORJA SOTO, Demandada. NACION – MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL, Demandante. JOSE DAVID CASTRO
NAVIA, dentro del radicado N° 76109333300220200014601.

2. AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, los
cuales, fueron vulnerados con la sentencia […] de segunda instancia de fecha
julio 07 de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Magistrado Ponente OMAR EDGAR BORJA SOTO, Demandada. NACION –
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL, Demandante. JOSE
DAVID CASTRO NAVIA, dentro del radicado N° 76109333300220200014601 y, en
consecuencia:

3. ORDENAR a la autoridad judicial accionada que emita nuevo
pronunciamiento consistente en reconocer a favor del demandante por
concepto de subsidio familiar, el 4% del salario básico más la prima de
antigüedad, de conformidad con el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 desde
el día 09 de mayo de 2012, fecha en la cual, el demandante declaro la
existencia de la unión marital de hecho con GREISI ELIANA LOPEZ REALPE.

4. ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, en el nuevo
pronunciamiento, ordene la modificación de la hoja de servicios del
demandante, manifestando que el subsidio devengado en actividad es el
establecido en el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y que, a su vez, remita la
hoja de servicios a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares “CREMIL”, para que
haga los reconocimientos y actualizaciones a que haya lugar en la asignación
de retiro del actor.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) José David Castro Navia presta sus servicios como infante de marina
profesional en la Armada Nacional desde el 16 de octubre de 2004.

5. 2) Mediante Escritura Pública No. 306 de 9 de mayo de 20123, José
David Castro Navia y Greisi Eliana López Realpe declararon la existencia de
una unión marital de hecho.

6. 3) La Armada Nacional, mediante la Orden Administrativa de Personal
(OAP) No. 647 de 1 de septiembre de 2014, reconoció un subsidio familiar al
señor Castro Navia, de conformidad con el artículo 1 del Decreto 1161 de
20144.

7. 4) El 16 de enero de 2020, la parte actora solicitó el reconocimiento y
pago del subsidio familiar previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 20005,

3 De la Notaría Única del Círculo de Candelaria (Valle del Cauca).
4 Prestación liquidada inicialmente sobre el 23% de la asignación básica devengada, habida cuenta la unión

marital de hecho (20%) y el nacimiento de un primer hijo (3%). Posteriormente mediante la OAP No. 1551 de 2 de
diciembre de 2019, dicho subsidio fue aumentado al 25%, con ocasión del nacimiento de un segundo hijo.
5 “Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las

Fuerzas Militares.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06613-01
Demandante: José David Castro Navia
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar y amparar
______________________________________________________________________________________________________________

de acuerdo a lo decidido por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la Sentencia de 8 de junio de 2017, Rad. 11001-03-25-
000-2010-00065-00, por medio de la cual se declaró la nulidad del Decreto
3770 de 20096.

8. 5) Mediante Oficio No. 20200423330019751 de 20 de enero de 2020, la
Armada Nacional negó lo solicitado, tras indicar que, de acuerdo con la
providencia aludida, dicho reconocimiento debía realizarse sobre
situaciones jurídicas no consolidadas. Por lo tanto, como al señor Castro
Navia se le había otorgado un subsidio familiar de acuerdo al Decreto 1161
de 2014, no era posible acceder a su petición.

9. 6) Por lo anterior, José David Castro Navia presentó demanda7
orientada a obtener la nulidad del mencionado acto administrativo y, como
consecuencia de ello, a título de restablecimiento del derecho, se le
reconociera y pagara la prestación solicitada, de acuerdo a lo decidido en
la Sentencia de 8 de junio de 2017 del Consejo de Estado.

10. 7) Mediante Sentencia de 11 de julio de 2022 el Juzgado 2
Administrativo de Buenaventura negó las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de su decisión, indicó que el señor Castro Navia había
consolidado su derecho al subsidio familiar desde el 7 de septiembre de 2014
con ocasión de la OAP No. 647 de la misma fecha, por lo que no le eran
aplicables los efectos de la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de
2009 para obtener los beneficios del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

11. 8) Inconforme con la anterior decisión, la parte actora presentó
recurso de apelación8, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de

6 “DECLARAR, con efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770 de 2009, “por el cual se deroga el artículo 11

del Decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Gobierno Nacional.”
7 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
8 En el que indicó que si bien solo hasta el 16 de enero de 2020 informó a la Armada Nacional su cambió de estado

civil, esto es, en vigencia del Decreto 1161 de 2014 (se trascribe) “(…) tal situación obedece a que había una
imposibilidad jurídica de solicitar el subsidio familiar (…) del decreto 1794 de 2000, debido a que, el mismo se
encontraba derogado y, fue solo hasta la sentencia que declar[ó] la nulidad del decreto 3770 de 2009, que se
habilita al demandante a reclamar el derecho (…)”. Que presentó la documentación para que se le reconociera
el subsidio indicado, no obstante, que la Oficina de Personal de la Unidad Militar no se la recibió, pues el Decreto
1194 de 2000 estaba derogado, por lo que (se trascribe) “a pesar de que el demandante cumplía uno de los
requisitos para que se le reconociera el subsidio familiar establecido en el (…) decreto 1794 de 2000, solamente le
fue posible presentar la reclamación correspondiente en vigencia del decreto 1161 de 2014, por lo tanto, cuando
qued[ó] ejecutoriada la sentencia que declar[ó] la nulidad del decreto 3770 de 2009, fue que se abrió la
posibilidad de reclamar el subsidio familiar establecido en el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 (…) Luego, esta
defensa no comparte el criterio esbozado por el Aquo, al manifestar que existe una situación jurídica consolidada,
toda vez que, era imposible demandar el reconocimiento del subsidio familiar cuando no existía la norma que lo
ampara (…)”. Expuso varias providencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y un fallo de
tutela de la Sección Quinta del Consejo de Estado (Rad. 11001-03-15-000-2021-07051-01), de las que sostuvo (se
trascribe): “(...)al analizar los precedentes judiciales traídos a colación en este escrito, se puede observar que los
mismos comportan supuestos facticos y jurídicos similares al caso en concreto, por lo que, desconocer el
precedente judicial que se ha fijado sobre el tema, constituiría una flagrante violación al derecho a la igual entre
iguales. Como consecuencia de lo anterior, el demandante tiene derecho a que se le reconozca y pague el
subsidio familiar de conformidad con las previsiones del artículo 11 del decreto 1794 de 2000, toda vez que, se
consolido su derecho antes de la entrada en vigencia del decreto 1161 de 2014, es decir, estando en vigencia
aquel y, por virtud de la declaratoria de nulidad del decreto 3770 de 2009, además, porque, se concluye que el
demandante satisfizo la exigencia contenida en el artículo 11 del decreto 1794 de 2000, mientras este surtió sus
efectos.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06613-01
Demandante: José David Castro Navia
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar y amparar
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Valle del Cauca, a través de Sentencia de 7 de julio de 2023, decisión que
confirmó la providencia de primera instancia. El Tribunal observó que el señor
Castro Navia solicitó el reconocimiento de un subsidio familiar el 10 de julio
de 2014 y, que, si bien se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con
efectos retroactivos, mediante la Sentencia de 8 de junio de 2017 de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado (Exp. 2010-
00065-00), lo cierto era que la norma aplicable a su caso era el Decreto 1161
de 2014, dada la fecha en la que solicitó el reconocimiento de dicha
prestación.

12. Así las cosas, concluyó que, pese a que al señor Castro Navia no le
era exigible notificar su cambio de estado civil porque el Decreto 1794 de
2000 estaba derogado, aunado a que ello no tendría beneficio alguno para
él, lo cierto fue que solo cumplió con dicho requisito el 10 de julio de 2014,
esto es, en vigencia del Decreto 1161 de 2014, por ende, dicha norma era
la aplicable a su caso.

13. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que la
providencia enjuiciada incurrió en un defecto sustantivo pues si bien el
Decreto 1794 de 2000 estableció unos requisitos para acceder al subsidio
familiar9, dentro de los cuales se encontraba reportar el cambio de estado
civil, para la fecha en la que fue declarada la existencia de la unión marital
de hecho, los efectos jurídicos del Decreto 1794 de 2000 habían sido
derogados por el Decreto 3770 de 2009, razón por la cual no le era exigible
realizar dicho reporte dado que no existía norma que lo (se trascribe)
“obligara” a realizar dicha diligencia, ya que ello no representaba ningún
beneficio para él.

14. Adujo que exigir el reporte de cambio de estado civil como requisito
para acceder a la prestación presentada, tal como lo entendió el tribunal,
desbordó la hermenéutica y lógica del Decreto 1794 de 2000, pues dicha
carga no le era exigible dado que aquella norma fue derogada para la
fecha en que declaró la existencia de su unión marital. En concordancia
con lo anterior, indicó que, de esa manera, se desconoció el precedente y
los efectos ex tunc con los que fue proferida la Sentencia de 8 de junio de
2017 del Consejo de Estado que declaró la nulidad del Decreto 3770 de
2009; así como un fallo de tutela de 27 de octubre de 2021 de la Sección
Quinta de esta Corporación10. Por ende, la providencia enjuiciada no solo
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, sino
también el principio de supremacía constitucional.

9 Los cuales adujo eran: (a) que el solicitante ostentara la calidad de soldado profesional, (b) que estuviera casado

o con unión marital de hecho vigente y, (c) haber reportado el cambio de estado civil al Comando de la Fuerza.
10 Rad. 11001-03-15-000-2021-04441-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06613-01
Demandante: José David Castro Navia
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar y amparar
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15. En el mismo sentido, advirtió que se desconocieron diferentes
providencias de varios tribunales administrativos del país, en las que se
reconoció la prestación solicitada, las cuales afirmó tenían identidad fáctica
y jurídica a su caso y en las que no se exigió haber reportado el cambio de
estado civil. Adujo que dicho cargo (desconocimiento del precedente) se
encuadraba a su vez en una violación directa a la Constitución pues ello
vulneró su derecho fundamental a la igualdad en el sentido de que su caso
no podía resolverse de una manera diferente.

1.2. Fallo de primera instancia e impugnación

16. Mediante Sentencia de 7 de diciembre de 2023, la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la
acción de amparo por falta de relevancia constitucional. Como
fundamento de su decisión, indicó que lo alegado por la parte actora fue
resuelto por el juez natural del asunto a través de la providencia enjuiciada,
por lo que se pretendió usar la acción de tutela como una instancia
adicional al proceso ordinario por el desacuerdo con la interpretación que
realizó el Tribunal accionado. En razón a ello, advirtió que este mecanismo
constitucional tenía carácter residual, razón por la cual no podía usarse para
desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica. Por otra parte, determinó que la controversia
presentada era una cuestión simplemente legal y de carácter económico
y, por lo tanto, el asunto no trascendió la esfera constitucional.

17. Frente al presunto desconocimiento del precedente, adujo que no se
satisfizo la carga argumentativa para valorar si se configuró, o no, dicho
defecto, dado que si bien la parte actora manifestó que se desconoció el
fallo de tutela de 27 de octubre de 2021 de la Sección Quinta de esta
Corporación11, lo cierto fue que no señaló las razones por las que el juez
ordinario debió tener en cuenta dicho fallo, así como la similitud entre su
caso y el de aquella providencia. Finalmente, refirió que no se expresaron
los motivos por los que se consideró que los fundamentos de la decisión
enjuiciada eran incorrectos.

18. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora presentó
escrito de impugnación en el que señaló que no pretendió reabrir un debate
judicial y que el asunto tenía relevancia constitucional habida cuenta los
casos similares al suyo en los que fue reconocido el subsidio familiar del
Decreto 1794 de 2000, por lo que se vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad y el principio de seguridad jurídica, dado que
se generó una discriminación entre soldados profesionales.

11 Rad. 11001-03-15-000-2021-04441-01

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06613-01
Demandante: José David Castro Navia
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar y amparar
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19. Reiteró que el Decreto 3770 de 2009 derogó el subsidio familiar del
Decreto 1794 de 2000, por lo cual no le era exigible reportar su cambio de
estado civil pues jurídicamente no estaba obligado a ello dado que dicha
norma no estaba vigente, cargo que adujo se encuadraba en un defecto
sustantivo. A su vez, manifestó que se desconoció la Sentencia de 8 de junio
de 2017 del Consejo de Estado y la aplicación de los efectos ex tunc en que
fue proferida, así como el precedente horizontal indicado en el escrito de
tutela, en los que se resolvieron asuntos con identidad fáctica y jurídica al
suyo.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia 2.2 Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Verificación de defectos y afectación a derechos fundamentales.
2.4. Conclusión.

2.1. Fijación de la controversia

20. Pese a que la parte actora señaló como vulnerados varios derechos,
esta Sala centrará su análisis en la violación al debido proceso y el acceso
a la administración de justicia, pues, ante una presunta vulneración de las
garantías constitucionales en el marco de una actuación judicial, cobra
relevancia estudiar si estos derechos fueron lesionados durante el desarrollo
del trámite judicial. Aunado a ello, no puede perderse de vista que la
vulneración de las demás garantías invocadas (derecho a la igualdad)
surge como consecuencia de la misma afrenta a los derechos al debido
proceso y acceso a la administración de justicia. En consecuencia, en el
evento de encontrar lesionados estos derechos, existirá razón suficiente para
conceder el amparo.

21. Asimismo, se estima necesario precisar que la Sala estudiará los
defectos alegados de manera conjunta en razón a que la Sentencia de 8
de junio de 2017 (Rad. 2010-00065-00), de la que se alega fue desconocida
por el Tribunal enjuiciado, fue proferida en un medio de control de nulidad
simple. Dicha decisión declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, lo que
generó que recobrara vigencia el Decreto 1794 de 2000, es decir, que
contiene el alcance de esta última norma, respecto de la cual se alegó el
defecto sustantivo. A su vez, la presunta violación directa a la Constitución
fue presentada como consecuencia del desconocimiento de la decisión
previamente aludida, por lo cual los defectos alegados por la parte actora
guardan estrecha relación.

22. Así las cosas, corresponde a la Sala determinar, luego de verificados
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, si el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca incurrió en los defectos alegados, de cara

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06613-01
Demandante: José David Castro Navia
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar y amparar
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al alcance y aplicación que dio a la Sentencia de 8 de junio de 2017 (Rad.
2010-00065-00), así como del Decreto 1794 de 2000. Como consecuencia de
lo anterior, se procederá a revocar, modificar o confirmar la decisión
impugnada.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial12

23. La Sala advierte que la acción de tutela es procedente porque: (1)
no existe recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte actora alegar los
reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos
presuntamente vulnerados; (2) existió un plazo razonable entre la
notificación de la providencia enjuiciada (31/7/23)13 y la presentación de la
acción de amparo (26/10/23); (3) José David Castro Navia es el titular de los
derechos invocados como violados, por lo cual tiene legitimación activa en
la causa. De igual manera, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
tiene legitimación pasiva en la causa, porque de esta se predica la
vulneración; (4) no se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se
relaciona con una sentencia en un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho de carácter laboral; (5) se identificaron de manera clara,
detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de
ellos.

24. (6) Ahora bien, para la Sala, a diferencia de lo expuesto en la
sentencia de tutela impugnada, el asunto tiene relevancia constitucional
pues trata sobre la presunta afectación a las garantías fundamentales de la
parte actora, con ocasión de una providencia judicial, de segunda
instancia, respecto de la cual se alegó (1) el desconocimiento del
precedente establecido en la Sentencia de 8 de junio de 2017 de esta
Corporación, (2) un defecto sustantivo dada la aplicación del Decreto1794
de 2000 y, (3) una violación directa a la Constitución por el desconocimiento
del precedente horizontal dado en asuntos similares al suyo. Así las cosas, las
pretensiones de la parte actora buscan que se deje sin efectos la
providencia enjuiciada y, en su lugar, se reconozca un subsidio familiar,
prestación que tiene como objetivo la protección de la familia como base
de la sociedad, por lo cual el estudio de la presunta vulneración no solo
implica la afectación de los derechos fundamentales del accionante sino
también de su núcleo familiar.

25. Por otra parte, a diferencia de lo indicado por el juez de primera
instancia, la Sala observó que el asunto no versa sobre un debate de simple
legalidad comoquiera que la parte actora consideró que se le debía

12 El siguiente análisis se realiza de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la

Sentencia T-66 de 2019.
13 El 27 de julio de 2023 la autoridad judicial enjuiciada envió un mensaje de datos a las partes del proceso ordinario,

por medio del cual comunicó que había proferido la decisión aludida.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06613-01
Demandante: José David Castro Navia
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar y amparar
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reconocer y pagar el subsidio familiar de que trata el Decreto 1794 de 2000,
de acuerdo a lo decidido por el Consejo de Estado en la Sentencia de 8 de
junio de 2017.

2.3. Verificación de defectos y afectación a derechos fundamentales

26. La Sala amparará los derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia del señor Castro Navia, por las razones que se
explican a continuación:

27. El presidente de la República, en ejercicio de las facultades otorgadas
por la Ley 4 de 1992, profirió el Decreto 1794 de 2000, por medio del cual se
determinó el régimen salarial y prestacional de los soldados e infantes de
marina profesionales de las Fuerzas Militares, cuyo artículo 11 contenía el
reconocimiento de un subsidio familiar14. Norma que fue derogada por el
Decreto 3770 de 200915.

28. Posteriormente, a través del Decreto 1161 de 2014, el Gobierno
Nacional creó nuevamente el subsidio familiar en los siguientes términos (se
trascribe):

“Artículo 1. Subsidio Familiar para soldados e infantes de marina profesionales.
Créase, a partir del 1 de julio del 2014, para los soldados profesionales e infantes
de marina profesionales de las Fuerzas Militares en servicio activo, que no
perciben el subsidio familiar regulado en los decretos 1794 de 2000 y 3770 de
2009, un subsidio familiar que se liquidará y reconocerá mensualmente sobre su
asignación básica, así:

a. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales casados o
con unión marital de hecho vigente, tendrán derecho a percibir por subsidio
familiar el veinte por ciento (20%) de la asignación básica por la cónyuge o
compañera permanente, más los porcentajes a que se pueda tener derecho
por los hijos conforme al literal c. de este artículo.

b. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales viudos
siempre y cuando hayan quedado a cargo de los hijos habidos dentro del
matrimonio o dentro de la unión marital de hecho, tendrán derecho a percibir
por subsidio familiar el veinte por ciento (20%) de la asignación básica más los
porcentajes a que se pueda tener derecho por los hijos conforme al literal c. del
presente artículo.

c. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales con hijos,
tendrán derecho a percibir subsidio familiar por este concepto calculado sobre

14 “Artículo 11. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente decreto, el soldado profesional de las Fuerzas

Militares casado o con unión marital de hecho vigente, tendrá derecho al reconocimiento mensual de un subsidio
familiar equivalente al cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual más la prima de antigüedad. Para los
efectos previstos en este artículo, el soldado profesional deberá reportar el cambio de estado civil a partir de su
inicio al Comando de la Fuerza de conformidad con la reglamentación vigente.”
15 “Artículo 1. Derógase el artículo 11 del decreto 1794 de 2000, (…) Parágrafo 1. Los Soldados profesionales e

Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares que a la fecha de entrada en vigencia del presente
decreto estén percibiendo el subsidio familiar previsto en el derogado artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
continuarán devengándolo hasta su retiro del servicio, (…) Parágrafo 2. Aclárase que el valor del subsidio familiar
a que se refiere el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 es el resultado de aplicar la siguiente fórmula: 4% Salario
Básico Mensual + 100% Prima de Antigüedad Mensual, (…) Artículo 2°. El presente Decreto rige a partir de la fecha
de su publicación y deroga el artículo 11 del Decreto 179 de 2000,”

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06613-01
Demandante: José David Castro Navia
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar y amparar
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su asignación básica así: Por el primer hijo el tres por ciento (3%), por el segundo
hijo el dos por ciento (2%) y el uno por ciento (1%) por el tercer hijo. En ningún
caso el soldado profesional o el infante de marina profesional por este
concepto podrá percibir más del seis por ciento (6%) de su asignación básica.

Parágrafo 1. El subsidio familiar previsto en el presente artículo en ningún caso
podrá sobrepasar el veintiséis por ciento (26%) de la asignación básica de los
soldados profesionales e infantes de marina profesionales.

Parágrafo 2. Para los efectos previstos en este artículo los soldados profesionales
e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares a partir del 01 de Julio
de 2014, podrán elevar al Comando de Fuerza. la solicitud de reconocimiento
del subsidio familiar previsto en el presente decreto, y el reconocimiento tendrá
efectos fiscales a partir de la fecha de presentación de la solicitud de que trata
el presente parágrafo, siempre y cuando cumplan con los requisitos para su
reconocimiento y pago.

Parágrafo 3. Los soldados profesionales e infantes de marina profesionales de
las Fuerzas Militares que estén percibiendo el subsidio familiar previsto en los
decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, no tendrán derecho a percibir el subsidio
familiar que se crea en el presente decreto.”

29. Mediante la Sentencia de 8 de junio de 2017, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado16 declaró, con efectos ex tunc, la
nulidad del Decreto 3770 de 2009, tras considerar que dicha norma era
contraría al principio de progresividad pues observó que el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000 reconoció a los soldados e infantes de marina
profesionales el derecho a un subsidio familiar, no obstante, el Decreto 3770
de 2009 eliminó dicho derecho lo cual generó un retroceso en materia
prestacional para los soldados, lo que afectó sus derechos al trabajo y a la
seguridad social.

30. Luego, a través de Auto de 8 de septiembre de 2017, la Subsección B
de la Sección Segunda de esta Corporación resolvió unas solicitudes de
aclaración y adición de la sentencia aludida, en donde indicó que la
declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009 (se
trascribe): “revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11
del Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la
existencia de vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica
generada por la ausencia de regulación particular y específica respecto de
situaciones jurídicas no consolidadas desde el momento de su promulgación
hasta cuando fue subrogado por el Decreto 1161 de 2014, que permanece
en vigor desde su entrada en vigencia hasta nuestros días, por cuanto que
no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico por ninguna de las vías
legalmente establecidas (…)”.

31. Ahora bien, en lo que respecta al caso concreto, la Sala observó que,
José David Castro Navia y Greisi Eliana López Realpe convivían en una unión

16 Rad. 11001-03-25-000-2010-00065-00 (0686-10), M.P. César Palomino Cortés.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06613-01
Demandante: José David Castro Navia
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar y amparar
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marital de hecho, de la que declararon su existencia mediante la Escritura
Pública No. 306 de 9 de mayo de 2012.

32. No obstante, con ocasión de la Sentencia de 8 de junio de 2017,
proferida con efectos ex tunc, el Decreto 1794 de 2000 recobró su vigencia.
Así las cosas, los efectos de la sentencia aludida cobijaban la situación
jurídica particular del accionante, por lo que la norma aplicable para el
reconocimiento de tal beneficio era el artículo 1 del Decreto 1794 de 2000,
a diferencia de lo concluido por la autoridad judicial accionada, pues fue
en vigencia de dicha norma que consolidó su derecho.

33. En este sentido, el accionante cambió su estado civil el 9 de mayo de
2012, esto es, previo a la entrada en vigencia del Decreto 1161 de 2014
(25/6/14), por lo que aceptar la postura del Tribunal accionado según la cual
como el señor Castro Navia solicitó el reconocimiento y pago del subsidio
familiar en vigencia de dicha norma (10/7/14), la misma era la aplicable a
su caso, resulta erróneo pues para la fecha en que declaró la existencia de
su unión marital el Decreto 1794 de 2000 había recobrado vigencia con
ocasión de la Sentencia de 8 de junio de 2017. Por lo que, no fue hasta que
dicha decisión cobró ejecutoria que el demandante solicitó el reajuste de
su subsidio familiar pues previo a dicha decisión, el Decreto 1794 de 2000
estaba derogado.

34. En concordancia con lo anterior, imponer una carga como lo era
declarar el cambio de su estado civil antes de la entrada en vigencia del
Decreto 1161 de 2014 resulta desproporcionado, pues se reitera que en la
fecha en la que el señor Castro Navia declaró su unión marital, es decir, que
consolidó su derecho al subsidio familiar, el Decreto 1794 de 2000 se
encontraba derogado por el Decreto 3770 de 2009.

35. Adicionalmente, esta Corporación en sede de tutela ha amparado
los derechos fundamentales de diferentes soldados profesionales e infantes
de marina a los que no les fue reconocido el subsidio familiar del Decreto
1794 de 2000 en el tiempo en que dicha norma estuvo derogada por el
Decreto 3770 de 2009, y en los casos en que fueron desconocidos los efectos
retroactivos en que fue proferida la Sentencia de 8 de junio de 2017, asuntos
que guardan identidad fáctica y jurídica al caso en concreto17. La Sala
estima necesario indicar que si bien es cierto, en ocasiones anteriores, para
controversias relacionadas con el reconocimiento y pago del subsidio
familiar ha optado por declarar la improcedencia por falta del requisito de
relevancia constitucional, también lo es que la decisión que aquí se adopta
se estructuró a partir de los hechos materiales del caso, así como del

17 De la Sección Quinta de esta Corporación: Exp. 11001-03-15-000-2021-04444-01; Exp. 11001-03-15-000-2020-03102-

00 y, Exp.11001-03-15-000-2021-07051-01

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06613-01
Demandante: José David Castro Navia
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar y amparar
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cumplimiento, para este caso, del mencionado requisito de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial.

2.4. Conclusión

36. Con fundamento en las razones dadas, la Sala amparara los derechos
de la parte actora y, se ordenará a la autoridad judicial accionada que
profiera una nueva providencia en la que se tenga en cuenta el precedente
jurisprudencial establecido en la Sentencia de 8 de junio de 2017 de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Exp. 11001-03-
25-000-2010-00065-00 y, los efectos ex tunc en la que fue proferida.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 7 de diciembre de 2023, por la cual
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró
improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional,
por las razones aquí descritas.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos al debido proceso e igualdad de José
David Castro Navia, por las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: DEJAR SIN EFECTO la Sentencia de 7 de julio de 2023, Rad. 76109-
33-33-002-2020-00146-01, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca y, en consecuencia, ORDENAR a dicha autoridad judicial que, dentro
de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, emita la
correspondiente providencia en la que se acate las consideraciones
descritas en la presente providencia.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin18.

QUINTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

18 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06613-01
Demandante: José David Castro Navia
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar y amparar
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SEXTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con salvamento de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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