Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06769-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06769-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06769-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
25 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06769-00 (10731)
Accionante: José Wilson Correa Rincón
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: subsidio familiar, infantes de marina
profesionales. Subtema 3: defecto sustantivo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el señor José Wilson Correa Rincón contra el
Tribunal Administrativo de Putumayo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor José Wilson Correa Rincón, a través de apoderado, presentó acción de
tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social, que consideró
vulnerados con ocasión de la sentencia del 4 de septiembre de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Putumayo, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 86001-33-33-001-
2022-00295-01.
2. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1.
A partir del escrito de amparo y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06769-00
Accionantes: José Wilson Correa Rincón
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
2.
El señor José Wilson Correa Rincón ingresó a prestar servicio militar obligatorio
en la Armada Nacional el 7 de marzo de 2008. Posteriormente, se vinculó como
alumno de la infantería de marina profesional desde el 27 de abril de 2009 hasta el
2 de julio de 2009. Finalmente, ascendió al grado de infante de marina profesional,
cargo que desempeñó de manera continua desde el 3 de julio de 2009 hasta el 2 de
mayo de 2023.
3.
El accionante contrajo matrimonio el 14 de septiembre de 2013 con la señora
Mauren Karina Maduro.
4.
La Armada Nacional, mediante Resolución 0648 del 1 de septiembre de 2014,
reconoció el subsidio familiar a favor del señor Mora Pabón, en el porcentaje
previsto en el artículo 5 del Decreto 1161 de 2014.
5.
Posteriormente, el accionante, con escrito del 19 de enero de 2016, solicitó que
se incrementara el porcentaje del subsidio familiar otorgado con ocasión del
nacimiento de su hija. Dicho reconocimiento se efectuó a través de la Resolución
núm. 0375 del 5 de mayo de 2016.
6.
El 13 de septiembre de 2022, el actor radicó escrito ante el Ministerio de
Defensa Nacional, Armada Nacional, a través de la cual solicitó el reconocimiento y
pago del subsidio familiar con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000.
7.
La entidad, por medio del oficio núm. 20220030780372621/MDN COGFM-
COARC-SECARJEMPE- JEDHU-DIPER-DIVNOM-1.10 del 16 de septiembre de
2022, negó la petición, pues consideró que al actor ya se le había reconocido el
subsidio en un 23%, conforme el Decreto 1161 de 2014, norma que se encuentra
vigente.
8.
El señor José Wilson Correa Rincón presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho para que se dejara sin efecto el mencionado acto
administrativo y, en consecuencia, se ordenara el pago del subsidio familiar en el
valor equivalente al 4% del salario básico más la prima de antigüedad, de
conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
9.
El Juzgado Primero Administrativo de Mocoa, mediante sentencia del 21 de
marzo de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda. De esta manera, declaró
la nulidad del acto administrativo demandado y, a título de restablecimiento del
derecho, le ordenó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional
lo siguiente:
TERCERO. - ORDENAR a la demandada Nación, Ministerio de Defensa, Armada
Nacional que proceda a reconocer y pagar a favor del demandante José Wilson
Correa Rincón, la partida de subsidio familiar, conforme a lo dispuesto en el artículo
11 del Decreto 1794 de 2000, a partir del 14 de septiembre de 2013, pero con efectos
fiscales a partir del 19 de junio de 2018 por efecto de la prescripción y hasta la fecha
de su retiro, pudiendo descontar de este valor, las sumas que ya le fueran canceladas
por este concepto al señor mismo, habida consideración que a partir de la vigencia
2
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Accionantes: José Wilson Correa Rincón
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
del Decreto 1161 de 2014, al mismo se le reconoció hasta la fecha de su retiro, la
partida de subsidio familiar conforme a lo dispuesto en su artículo 1°.
CUARTO. - CONDENAR a la Nación, Ministerio de Defensa, Armada Nacional a
pagar a favor del actor, las diferencias a que haya lugar, con ocasión de las
prestaciones sociales que para su liquidación dependan del subsidio familiar, en los
términos del Decreto 1794 de 2000, desde el 19 de junio de 2018 y hasta la fecha de
su retiro.
10.
La parte demandada, inconforme con la anterior decisión, presento recurso de
apelación. El Tribunal Administrativo de Putumayo, a través de sentencia del 4 de
septiembre de 2025, revocó la providencia de primera instancia al considerar que el
señor José Wilson Correa Rincón no tenía derecho al reconocimiento del subsidio
familiar, conforme lo previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, debido a
que su situación se definió y consolidó en vigencia del Decreto 1161 de 2014.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
11.
La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:
PRIMERO: Se reconozca los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
MÍNIMO VITAL, A LA SEGURIDAD SOCIAL E IGUALDAD del señor JOSÉ WILSON
CORREA RINCÓN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.093.741.662
expedida en Los Patios.
SEGUNDO: Que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO -
SALA DE DECISIÓN que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación
del fallo de tutela, profiera una decisión de reemplazo dentro del expediente N. °
860013333001-2022-00295-01, en la que establezca que el derecho del señor JOSÉ
WILSON CORREA RINCÓN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
1.093.741.662 expedida en Los Patios, al subsidio familiar contemplado en el artículo
11 del Decreto 1794 de 2000.
TERCERO: En su lugar, CONFIRMAR integralmente la Sentencia de Primera
Instancia del 21 de marzo de 2024, proferida por el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Mocoa, y en consecuencia;
ORDENAR a la NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA, ARMADA NACIONAL, que
proceda al reconocimiento y pago del subsidio familiar a favor del accionante,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por ser la norma
aplicable al momento de la consolidación del derecho, con los efectos fiscales que
legalmente correspondan2.
12.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo porque omitió dar aplicación
al artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 para definir el reconocimiento y pago del
subsidio familiar reclamado y, en su lugar, se limitó a indicar que la prestación se
1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06769-00 índice 2, certificado 4199F47B0C424EC5 F5324858752A54FF
8F6DE56F995F511F 3F82AD8D46051255.
2 Se transcribe incluso con errores de texto.
3
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Accionantes: José Wilson Correa Rincón
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había consolidado con base en lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1161 de
2014.
13.
En este sentido, explicó que la providencia cuestionada no tuvo en cuenta que
el señor José Wilson Correa Rincón adquirió el derecho a recibir el subsidio familiar
el 14 de septiembre de 2013, cuando contrajo matrimonio con la señora Mauren
Karina Maduro, es decir, durante la vigencia del Decreto 1794 de 2000.
14.
Por otro lado, indicó que la sentencia acusada desconoció el precedente
jurisprudencial, por cuanto no tuvo en cuenta la sentencia proferida el 8 de junio de
2017 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del
expediente con radicado 11001032500020100006500, en la cual se declaró la
nulidad del Decreto 3770 de 2009, que había derogado el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000. De modo que, esta última norma «resurgió al mundo jurídico para
regular las situaciones ocurridas durante su vigencia.
15.
Asimismo, indicó que el Consejo de Estado, en sentencias de tutela3, ha
establecido que los soldados e infantes profesionales «que ingresaron a la
institución y que contrajeron matrimonio o declararon la existencia de la unión
marital de hecho en vigencia del Decreto 1794 de 2000, son acreedores a devengar
el subsidio familiar establecido en el artículo 11 ibidem, y que no le es exigible el
requisito de reportar el cambio de estado civil a la institución castrense por existir
una imposibilidad o barrera jurídica y que solo les fue posible reclamar este derecho,
una vez ejecutoriada la sentencia que elimino el Decreto 3770 de 2009 del
ordenamiento jurídico» [sic].
2.3. Trámite procesal
16.
El despacho ponente, mediante auto del 31 de octubre de 20254, admitió la
demanda, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de Putumayo y puso en
conocimiento el escrito de tutela al Juzgado Primero Administrativo de Mocoa y a la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, en su condición de
terceros interesados.
2.4. Intervenciones
17.
El Tribunal Administrativo de Putumayo5 manifestó que la providencia
cuestionada no incurrió en defecto sustantivo ni en desconocimiento del precedente,
pues la decisión tuvo en cuenta la sentencia del 8 de julio de 2017 que declaró la
nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009, que derogó el artículo 11 del
Decreto 1790 de 2000, para concluir que en el caso del actor, aun cuando contrajo
matrimonio el 14 de septiembre de 2013, (cuando el Decreto 1794 del 2000 estaba
derogado), la solicitud y el reconocimiento del subsidio familiar se produjeron en
3 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias del 7 de abril de 2022, radicado núm. del 27 de octubre de
2021, radicado núm. 11001-03-15-000-2021-04441-01. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
radicado núm. 1100103-15-000-2023-06613-01.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06769-00, índice 5, certificado 5F7FBEC1209A2B7A
9A33F9207BEC9DB5 BCA12A8C76DAA1FC 7BAD0C65CD4EA8DD.
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06769-00, índice 10, certificado 123E3F4C9ED82F4 F516C5529A6576F8
9908108A1EEF963B A14DBE16C1C71D60.
4
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Accionantes: José Wilson Correa Rincón
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
vigencia del Decreto 1161 de 2014, a través de las órdenes administrativas núm.
0648 del 1 de septiembre de 2014 y núm. 0375 del 05 de mayo de 2016, por lo que
se consolidó su situación jurídica bajo ese ordenamiento.
18.
Además, informó que dichas decisiones administrativas no fueron cuestionadas
en sede judicial, por lo que el Tribunal no podía analizar la legalidad de tales actos.
19.
Finalmente, destacó que la aludida sentencia puntualmente señaló que sus
efectos eran extensivos a situaciones jurídicas no consolidadas, lo cual no ocurrió
en el caso que se discute.
20.
El Juzgado Primero Administrativo de Mocoa6 remitió, a esta corporación, el
expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho sin
pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.
21.
La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional7 expresó que la
providencia del Tribunal Administrativo del Putumayo realizó un análisis de integral
de las normas y las pruebas aportadas al proceso ordinario sin incurrir en alguna
irregularidad sustancial o procesal, por lo que los argumentos expuestos por la parte
tutelante carecen de fundamento.
22.
De esta manera, indicó que al demandante se le hizo un reconocimiento del
subsidio familiar, con fundamento en lo previsto en el Decreto 1161 de 2014, de ahí
que al momento de declararse la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex
tunc, ya existía una situación jurídica consolidada para el actor.
23.
Destacó que la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009 no implica
remover del mundo jurídico los actos administrativos que efectuaron el
reconocimiento y pago del subsidio familiar en el marco del Decreto 1161 de 2014,
esto es, las «Órdenes Administrativas de Personal – OAP – No. 0648 de fecha 01
de septiembre de 2014 y No.0373 de fecha 05 de mayo de 2015».
24.
Refirió que desde la contestación de la demanda se propuso la excepción de
«inepta demanda por proposición jurídica incompleta», por cuanto obran dos
reconocimientos que en mencionados actos realizó en porcentaje del 20% sobre el
matrimonio celebrado con la señora Mauren Karina Maduro González con el
demandante y del 3% por la menor hija. En esa medida, las órdenes administrativas
de personal siguen vigentes. De modo que se configura una situación jurídica
consolidada.
25.
Por lo anterior, consideró que la decisión del Tribunal accionado debe
mantenerse incólume como quiera que el estudio se hizo al amparo de un
precedente de unificación emanado del órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo.
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06769-00, índice 11, certificado D5E111E48AC22B18
9F86B282C998E6A7 D1AFBE82BB7D1FC3 2534873757042670.
7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06769-00, índice 12, certificado D42D7883DAA7FBD2
B8C2101F371917F7 BF1EE3C5E9859997 95E29D37376B88CE.
5
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Accionantes: José Wilson Correa Rincón
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
26.
Adicionalmente, afirmó que el actor pretende utilizar este mecanismo
constitucional como una tercera instancia para reabrir el debate jurídico y probatorio
que se surtió en las instancias respectivas ante los jueces naturales.
27.
Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se nieguen las pretensiones de la
tutela o, en su defecto, se declare improcedente dado que no se configura ninguno
de los defectos alegados por la parte actora.
3. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
28.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por del señor José Wilson Correa Rincón
contra el Tribunal Administrativo del Putumayo.
3.2. Legitimación en la causa
29.
La legitimación en la causa por activa del señor Wilson Ariel Mora Pabón está
acreditada porque fue el demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus
derechos fundamentales.
30.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Putumayo, debido a que fue la autoridad que profirió la sentencia,
objeto de estudio.
3.3. Cuestión preliminar
31.
Por otra parte, se observa que la parte actora, en el escrito de amparo, alegó
que la sentencia del 4 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Putumayo, incurrió en los defectos sustantivo y de
desconocimiento del precedente; sin embargo, al revisar los hechos y los
argumentos descritos en la solicitud de tutela, se advierte que la inconformidad del
accionante se concreta en la interpretación de la normativa aplicable al caso
concreto que realizó la autoridad judicial accionada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Por esta razón, la Sala analizará el asunto bajo la
posible configuración de un defecto sustantivo.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
32.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) demandante: Alpina, Productos Alimenticios S.A.
6
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Accionantes: José Wilson Correa Rincón
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en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional9.
33.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
34.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales10 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
35.
De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
36.
Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional12 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
37.
Así pues, la Corte Constitucional13 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
11 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
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Accionantes: José Wilson Correa Rincón
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i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»14 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»15;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
38.
En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
39.
También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la
decisión objeto de tutela.
40.
Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 4 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Putumayo fue notificada el 5 de septiembre de 202516 y la demanda de tutela se
presentó el 28 de octubre siguiente17, esto es, dentro del plazo de seis meses
previsto por la jurisprudencia constitucional18 y del Consejo de Estado19 como
razonable.
41.
En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
42.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16 Samai, exp. 86001-33-33-001-2022-00295-01, índice 14.
17 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06769-00, índice 1.
18 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
19Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Accionantes: José Wilson Correa Rincón
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
43.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con el defecto sustantivo, en ese orden,
continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.
3.5. Problema jurídico
44.
Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Putumayo
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital
y a la seguridad social del señor José Wilson Correa Rincón. En particular, deberá
establecer si incurrió en el defecto sustantivo al proferir la sentencia del 4 de
septiembre de 2025, que revocó la providencia del 21 de marzo de 2024, expedida
por el Juzgado Primero Administrativo de Mocoa y, su lugar, negó el reconocimiento
y pago del subsidio familiar reclamado por el accionante.
45.
Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades del defecto invocado; ii) el
subsidio familiar de los soldados profesionales y iii) el caso concreto.
3.5.1. El defecto sustantivo
46.
La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado20.
47.
De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
48.
La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]21.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
21 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
9
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49.
En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
50.
Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).22
3.5.2. El subsidio familiar en las fuerzas militares
51.
El Gobierno nacional creo con el artículo 11 del Decreto 1794 del 14 de
septiembre de 200023 el subsidio familiar para los soldados profesionales que
estuvieran casados o con unión marital de hecho, equivalente al 4% del salario
básico, más la prima de antigüedad, con el requisito de que reportaran el cambio en
el estado civil:
Artículo 11. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente Decreto, el soldado
profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho vigente,
tendrá derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al
cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual más la prima de antigüedad.
Para los efectos previstos en este artículo, el soldado profesional deberá reportar el
cambio de estado civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza de conformidad
con la reglamentación vigente.
52.
El anterior artículo fue derogado por el Decreto 3770 del 30 de septiembre de
200924; sin embargo, el beneficio permaneció para aquellos uniformados que ya lo
devengaban. Luego, el Decreto 1161 del 24 de junio de 201425 creó de nuevo el
subsidio familiar para los soldados profesionales que no fueran favorecidos con la
prerrogativa del Decreto 1794 de 2000, que estuvieran casados, en unión marital o
viudos con hijos a cargo, en cuantía del 20% de la asignación básica, más un
porcentaje por cada hijo26. También para los que tuvieran hijos, en los porcentajes
definidos.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
23 «Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las
Fuerzas Militares».
24 «Por el cual se deroga el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones».
25 «Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales y se
dictan otras disposiciones».
26 «ARTÍCULO 1.º. Subsidio Familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales. Créase,
a partir del 1° de julio del 2014, para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las
Fuerzas Militares en servicio activo, que no perciben el subsidio familiar regulado en los decretos 1794 de 2000
y 3770 de 2009, un subsidio familiar que se liquidará y reconocerá mensualmente sobre su asignación básica,
así:
a. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales casados o con unión marital de hecho
vigente, tendrán derecho a percibir por subsidio familiar el veinte por ciento (20%) de la asignación básica por
la cónyuge o compañera permanente, más los porcentajes a que se pueda tener derecho por los hijos conforme
al literal c. de este artículo.
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53.
Finalmente, en sentencia del 8 de junio de 2017, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró, con efectos ex tunc, la nulidad del
Decreto 3770 de 2009, por cuanto encontró que fue regresivo y carente de legalidad,
que contravino los principios y normas en que debía fundarse y que no era
compatible con el contenido esencial de los derechos a la protección, la seguridad
social, al trabajo, y la seguridad jurídica, toda vez que su objeto no estuvo dirigido
a promover el bienestar general de los soldados profesionales.
54.
Posteriormente, con ocasión de solicitudes de adición y aclaración de la
sentencia del 8 de junio de 2017 en relación con los efectos ex tunc de la nulidad
declarada del Decreto 3770 de 2009, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado emitió el auto, el 8 de septiembre de 2017, en el que las negó.
No obstante, indicó sobre el asunto:
[…] la Sala considera prudente reiterar que conforme con su inveterada y pacífica
jurisprudencia, es claro que la nulidad de un acto administrativo produce efectos ex
tunc, es decir, se retrotrae la actuación desde el momento en que se profirió el acto
administrativo anulado, por consiguiente, queda la situación jurídica en el estado en
que se encontraban antes de la expedición de dicho acto. Por lo tanto, si se declara
la nulidad de un acto administrativo que había derogado o revocado otro acto
administrativo, la consecuencia es que el acto revocado o derogado cobra
nuevamente vigencia, incluida su presunción de legalidad.
Sobre los efectos de los fallos de nulidad, también ha sido abundante la
jurisprudencia de la Corporación en el sentido de que, en relación con las situaciones
jurídicas no consolidadas, son ex tunc, es decir, desde entonces, y se retrotraen al
momento en que nació el acto, y como consecuencia de ello, las cosas se vuelven
al estado en que se encontraban antes de la expedición del mismo, por lo que las
situaciones no consolidadas entre el momento de la expedición del acto y la
sentencia anulatoria del mismo, son afectadas por la decisión que en esta
última se tome. Es así que respecto de las situaciones jurídicas no consolidadas,
se reitera, las sentencias de nulidad de actos de carácter general tienen efecto
inmediato, es decir, sobre aquellas que al momento de producirse el fallo se debatían
o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante esta
jurisdicción; por lo tanto, las “afecta”, de manera inmediata.
[…]
De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto
3770 de 2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia
de vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada por la ausencia
de regulación particular y específica respecto de situaciones jurídicas no
consolidadas desde el momento de su promulgación hasta cuando fue
[…]
c. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales con hijos, tendrán derecho a percibir
subsidio familiar por este concepto calculado sobre su asignación básica así: Por el primer hijo el tres por ciento
(3%), por el segundo hijo el dos por ciento (2%) y el uno por ciento (1%) por el tercer hijo. En ningún caso el
soldado profesional o el infante de marina profesional por este concepto podrá percibir más del seis por ciento
(6%) de su asignación básica.
PARÁGRAFO 1. El subsidio familiar previsto en el presente artículo en ningún caso podrá sobrepasar el
veintiséis por ciento (26%) de la asignación básica de los soldados profesionales e infantes de marina
profesionales».
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subrogado por el Decreto 1161 de 2014, que permanece en vigor desde su
entrada en vigencia hasta nuestros días, por cuanto que no ha sido expulsado del
ordenamiento jurídico por ninguna de las vías legalmente establecidas”.
55.
De acuerdo con lo expuesto, los efectos ex tunc de la sentencia del 8 de junio
de 2017 implican que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 recobró su fuerza
vinculante desde que fue derogado con el Decreto 3770 de 2009, hasta que fue
proferido el Decreto 1161 de 2014 que sigue vigente.
56.
En ese orden, los soldados profesionales que, desde el 30 de septiembre de
200927 hasta el 23 de junio de 201428 cumplieron los requisitos para ser beneficiarios
del subsidio familiar, como contraer matrimonio, y que no pudieron percibirlo en ese
periodo ante la derogatoria del mencionado artículo 11, tuvieron la posibilidad de
reclamar la liquidación de la prestación una vez quedó ejecutoriada la sentencia del
8 de junio de 2017.
57.
Finalmente, se advierte que la sentencia del 8 de junio de 2017 fue objeto de
una acción de tutela29 interpuesta por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado; sin embargo, fue declarada improcedente en primera instancia, decisión
modificada en segunda instancia, que negó la solicitud de amparo.
3.6. Caso concreto
58.
El señor José Wilson Correa Rincón acudió a la acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
al mínimo vital y a la seguridad social. En consecuencia, solicitó que se deje sin
efecto la sentencia del 4 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Putumayo, y que se ordene a la autoridad accionada expedir una
nueva providencia que disponga el reconocimiento y pago del subsidio familiar a
que tiene derecho en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
59.
Para la parte actora, la providencia cuestionada omitió dar aplicación al artículo
11 del Decreto 1794 de 2000 al momento de definir el reconocimiento y pago del
subsidio familiar reclamado por el demandante, pesa a que cumplió el requisito que
exigía la norma, el 14 de septiembre de 2013, cuando contrajo matrimonio con la
señora Mauren Karina Maduro. En su lugar, se limitó a concluir que su situación
jurídica se había consolidado con base en lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto
1161 de 2014.
3.6.1. Fundamentos de la sentencia objeto de tutela
60.
Así pues, revisadas las pruebas aportadas al trámite de tutela, la Sala observa
que el Tribunal Administrativo del Putumayo revocó la sentencia del 21 de marzo de
2024, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Mocoa y, en su lugar, negó
el reconocimiento y pago del subsidio familiar pretendido por el señor José Wilson
Correa Rincón, con base en lo previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
27 Fecha de entrada en vigor del Decreto 3770 de 2009.
28 Día anterior a cuando fue publicado el Decreto 1161 de 2014.
29 Radicado núm. 11001-03-15-000-2018-00859-01.
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61.
Al respecto, la autoridad accionada desarrolló el siguiente análisis.
Como se señaló en párrafos anteriores, el juzgado de instancia, accedió a las súplicas
de la demanda, considerando que al haberse demostrado que, el actor se casó el 14
de septiembre de 2013, es decir, en vigencia del Decreto 1794 de 2000, le asistía el
reconocimiento del subsidio familiar, bajo los términos de ese decreto, sobre todo
cuando con la sentencia del 8 de junio de 2017 del Consejo de Estado, se declaró con
efectos ex tunç, la nulidad total del Decreto 3770 de 2009 "por el cual se derogó el
Artículo 11 del Decreto 1794 de 2000”.
En oposición a lo expuesto, la entidad recurrente señaló que, conforme a las pruebas
que obran en el plenario, el reconocimiento del subsidio familiar como su pedimiento,
se hicieron en vigencia del Decreto 1161 de 2014, de ahí que al momento de declararse
la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc, dichos efectos no eran
procedentes para el caso del actor, en tanto que, ya obraba una situación jurídica
consolidada.
Al respecto, el Tribunal ciertamente, observa que, una vez el demandante realizó la
reclamación del subsidio familiar, la entidad demandada reconoció la prestación,
aplicando el Decreto No. 1161 de 2014, comoquiera que, esa la norma que para el
momento se encontraba vigente dentro del ordenamiento jurídico.
Del mismo modo, la sentencia del 8 de julio de 2017 que declaró la nulidad con efectos
ex tunc30 del Decreto 3770 de 2009, derogatorio del artículo 11 del Decreto 1790 de
2000, contemplando “(…) De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con
efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009 revivió las disposiciones normativas
contenidas en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el
fin de evitar la existencia de vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica
generada por la ausencia de regulación particular y específica respecto de
situaciones jurídicas no consolidadas desde el momento de su promulgación hasta
cuando fue subrogado por el Decreto 1161 de 2014 (…)”.
Se destaca que, aun cuando el demandante contrajo matrimonio el 14 de septiembre
de 2013, es decir, cuando el Decreto 1794 del 2000 estaba derogado; la solicitud y el
reconocimiento del subsidio, como ya se anotó, se hicieron bajo la égida del Decreto
1161 de 2014, a través de órdenes administrativas N° 0648 del 1 de septiembre de
2014 y N° 0375 del 05 de mayo de 2016, pues era el decreto que para ese entonces
se encontraba vigente.
Las anteriores decisiones, a su vez, no fueron objeto de controversia por parte del
demandante, pese a que pudo hacerlo con las mismas razones que ahora expone en
la demanda; esto es, que el régimen jurídico aplicable era el vigente para la fecha en
que contrajo matrimonio.
Razón por la cual, tal y como lo señaló la entidad demandada, la situación jurídica
del demandante al encontrarse consolidada, no le eran extensivos los efectos de la
sentencia del 8 de julio de 2017 que declaró la nulidad con efectos ex tunc del Decreto
3770 de 2009.
En suma, no es procedente acceder al derecho reclamado, es decir, reconocer y pagar
al demandante el subsidio familiar, equivalente al 4% de su salario básico mensual
30 Ello quiere decir que, “las normas que fueron derogadas recuperen sus efectos jurídicos”28 (Auto del 8 de
septiembre de 2017).
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devengado en el servicio activo, más el porcentaje total de la prima de antigüedad
mensual que percibía en servicio activo, desde el 14 de septiembre de 2013 (fecha en
la cual contrajo matrimonio), de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000; dado que su situación se definió y consolidó en vigencia del
tantas veces aludido Decreto 1161 de 2014.
62.
De acuerdo con lo anterior, se observa que el Tribunal Administrativo del
Putumayo, al examinar los documentos aportados al expediente, evidenció que el
señor José Wilson Correa Rincón contrajo matrimonio con la señora Mauren Karina
Maduro el 14 de septiembre de 2013. Así pues, para dicha fecha no se encontraba
vigente el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, toda vez que fue derogado por el
Decreto 3770 de 2009.
63.
De igual manera, indicó que el 14 de julio de 2014 solicitó el reconocimiento y
pago del subsidio familiar, por lo que la Armada Nacional accedió a lo pretendido
por el demandante, con fundamento en lo previsto en el Decreto 1161 de 2014, dado
que era la norma que se encontraba vigente para el momento en que el actor radicó
la petición.
64.
Asimismo, el Tribunal accionado explicó que la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 8 de julio de 2017, declaró
la nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009, que había derogado
previamente el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000; sin embargo, dejó a salvo las
situaciones jurídicas consolidadas.
65.
A partir de lo anterior, la providencia cuestionada precisó que, si bien el
demandante contrajo matrimonio el 14 de septiembre de 2013, cuando el Decreto
1794 de 2000 se encontraba derogado, lo cierto es que la reclamación
administrativa la hizo durante la vigencia del Decreto 1161 de 2014. Razón por la
cual la Armada Nacional reconoció la prestación a través de las órdenes
administrativas núm. 0648 del 1 de septiembre de 2014 y núm. 0375 del 5 de mayo
de 2016, conforme el mencionado decreto.
66.
Adicionalmente, el Tribunal expuso que los actos administrativos referidos «no
fueron objeto de controversia por parte del demandante, pese a que pudo hacerlo
con las mismas razones que ahora expone en la demanda; esto es, que el régimen
jurídico aplicable era el vigente para la fecha en que contrajo matrimonio».
67.
En este orden, la autoridad judicial accionada consideró que la situación jurídica
del demandante se encontraba consolidada por los mencionados actos
administrativos. De modo que no le eran extensivos los efectos de la sentencia del
8 de julio de 2017 que declaró la nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de
2009.
68.
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluyó que no era procedente
reconocer y pagar al demandante el subsidio familiar, equivalente al 4% de su
salario básico mensual devengado en el servicio activo, más el porcentaje total de
la prima de antigüedad mensual que percibía, desde el 14 de septiembre de 2013
(fecha en la cual contrajo matrimonio), de conformidad con lo previsto en el artículo
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11 del Decreto 1794 de 2000, pues su situación se definió y consolidó en vigencia
del tantas veces aludido Decreto 1161 de 2014.
3.6.2. Las consideraciones de la Sala respecto al defecto alegado por el actor
69.
Pues bien, para determinar si el Tribunal Administrativo del Putumayo incurrió
en el defecto expuesto por el accionante en el escrito de tutela, la Sala debe precisar
que al expediente de nulidad y restablecimiento del derecho se aportó copia del
registro civil de matrimonio con indicativo serial núm. 5971499, en el que consta que
el infante de marina profesional de la Armada Nacional José Wilson Correa Rincón
contrajo nupcias con la señora Mauren Karina Maduro González el 14 de septiembre
de 2013.
70.
Ahora, respecto el subsidio familiar para el cuerpo profesional de las Fuerzas
Militares, la Sala destaca que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 reguló dicha
prestación; sin embargo, esta norma fue derogada por el Decreto 3770 del 30 de
septiembre de 200931. Posteriormente, el Decreto 1161 del 24 de junio de 201432
creó de nuevo el subsidio familiar para los soldados profesionales que no fueron
favorecidos con la prerrogativa del Decreto 1794 de 2000, que estuvieran casados,
en unión marital o viudos con hijos a cargo.
71.
Bajo este contexto, se advierte que para el momento en que el señor José
Wilson Correa Rincón contrajo matrimonio no se encontraba vigente el artículo 11
del Decreto 1794 de 200033, por lo que, en principio, no existía un fundamento
jurídico que le permitiera acceder al reconocimiento y pago del subsidio familiar.
Dicha circunstancia se mantuvo hasta la expedición del Decreto 1161 de 2014.
72.
No obstante, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en sentencia del 8 de junio de 2017, declaró, con efectos ex tunc, la nulidad del
Decreto 3770 de 2009. Posteriormente, la corporación, mediante auto del 8 de
septiembre de 2017, negó las solicitudes de adición y aclaración de la citada
sentencia con relación a los efectos ex tunc de la nulidad declarada del Decreto
3770 de 2009; no obstante, expuso lo siguiente:
De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto
3770 de 2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia
de vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada por la ausencia
de regulación particular y específica respecto de situaciones jurídicas no
consolidadas desde el momento de su promulgación hasta cuando fue
subrogado por el Decreto 1161 de 2014, que permanece en vigor desde su
entrada en vigencia hasta nuestros días, por cuanto que no ha sido expulsado del
ordenamiento jurídico por ninguna de las vías legalmente establecidas.
31 «Por el cual se deroga el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones».
32 «Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales y se
dictan otras disposiciones».
33 «Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las
Fuerzas Militares».
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73.
Conforme con lo expuesto, los efectos ex tunc de la sentencia del 8 de junio de
2017 implican que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 recobró su fuerza
vinculante desde que fue derogado por el Decreto 3770 de 2009 para todos aquellos
que contrajeron matrimonio o unión marital de hecho con anterioridad a la entrada
en vigor del Decreto 1161 de 2014, pues esta última norma solo resulta aplicable
para quienes cumplieron con el mencionado presupuesto con posterioridad a su
promulgación.
74.
De esta manera, los soldados e infantes de marina profesional que, desde el 30
de septiembre de 200934 hasta el 23 de junio de 201435 cumplieron los requisitos
para ser beneficiarios del subsidio familiar, como contraer matrimonio, y que no
pudieron percibirlo en ese periodo ante la derogatoria del mencionado artículo 11
del Decreto 1794 de 2000, tuvieron la posibilidad de reclamar la liquidación de la
prestación una vez quedó ejecutoriada la sentencia del 8 de junio de 2017.
75.
Por lo anterior, es claro que al señor José Wilson Correa Rincón le asistía el
derecho a acceder al reconocimiento y pago del subsidio familiar conforme con lo
dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, toda vez que se demostró que
contrajo el vínculo matrimonial el 14 de septiembre de 2013.
76.
Así pues, es pertinente aclarar que, si bien la Armada Nacional reconoció y
ordenó el pago del subsidio familiar a favor del señor José Wilson Correa Rincón
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1161 de 2014, lo cierto
es que ello obedeció al vació jurídico que ocasionó el Decreto 3770 de 2009 y que
el Decreto 1161 de 2014 pretendía subsanar. De este modo, resulta oportuno
precisar que el supuesto de hecho que permitía acudir al Decreto 1161 de 2014
desapareció con ocasión de los efectos ex tunc de la sentencia de nulidad del 8 de
junio de 2017.
77.
En este orden, llama la atención de la Sala el argumento del Tribunal cuando
concluyó que la situación jurídica del actor se consolidó con el reconocimiento que
efectuó la entidad demandada, a través de las órdenes administrativas núm. 0648
del 1 de septiembre de 2014 y núm. 0375 del 5 de mayo de 2016, por cuanto no es
posible inferir que el escenario jurídico del actor, dadas las circunstancias actuales,
tuviera la condición de inmodificables.
78.
Lo anterior, debido a que la sentencia del 8 de mayo de 2017 no solo restableció
los efectos jurídicos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, sino que se constituyó
en un hecho adicional, que le permitió acudir nuevamente a la administración para
que se revisara su situación dado el nuevo panorama jurídico.
79.
En suma, se advierte que la autoridad judicial accionada definió parte del
derecho del actor con base en una norma que no tenían cabida, dado que su análisis
se circunscribió a referir que el demandante ya recibía la prestación en virtud del
Decreto 1161 de 24 de junio de 2014; sin embargo, omitió estudiar adecuadamente
los efectos y aplicación del Decreto 1794 de 2000 frente a los hechos que
justificaban la prestación pretendida por el accionante, así como las implicaciones
34 Fecha de entrada en vigencia del decreto 3770 de 2009.
35 Día anterior a cuando fue publicado el Decreto 1161 de 2014.
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del cambio normativo en cuanto al valor a recibir por el actor.
80.
Resulta oportuno precisar que el derecho que les asiste a los soldados e
infantes de marina profesional de recibir el subsidio familiar no depende de la fecha
en que se presenta la petición ni de aquella en que la administración resuelve el
requerimiento, sino del momento en que, conforme al ordenamiento jurídico, se
cumple con el supuesto de hecho regulado. En este caso, es claro que el
acontecimiento que originó el derecho fue el matrimonio del demandante, que
ocurrió el 14 de septiembre de 2013, por lo tanto, dada la reviviscencia del Decreto
1794 de 2000, era necesario examinar la reclamación del actor a partir del contenido
de dicha norma.
81.
Dicho esto, también es pertinente mencionar que una aplicación del Decreto
1161 de 2014 como lo planteó el Tribunal Administrativo del Putumayo en la
providencia cuestionada implica una desmejora en el valor de la prestación
reclamada por el demandante, pues el monto que se le pagaría al actor con base
en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 es mayor en comparación con el monto
que obtendría con fundamento en el Decreto 1161 de 2014.
82.
Lo expuesto, no solo desconoce el principio de favorabilidad porque limita la
aplicación de una norma que le es beneficiosa al actor, sino que además puede
configurar un desconocimiento del principio de no regresividad en materia laboral,
lo cual, sea de paso advertir, fue un aspecto que se analizó y sirvió de fundamento
en la sentencia del 8 de junio de 2017 proferida por esta corporación para declarar
la nulidad del Decreto 3770 de 2009.
83.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha precisado que «si bien los
jueces, incluyendo las altas cortes, tienen un amplio margen de interpretación en
las normas laborales, no les es dable hacerlo en contra del trabajador, esto es,
seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquel que ostensiblemente
lo desfavorece o perjudica (…) una conducta contraria configura un defecto que
viola los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, por
desconocimiento directo del artículo 53 constitucional»36.
84.
En este orden de ideas, se observa que el Tribunal Administrativo del Putumayo,
al proferir la sentencia del 4 de septiembre de 2025, incurrió en defecto sustantivo
porque concluyó que la prestación pretendida por el tutelante debía regirse por lo
dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1161 de 2014, sin tener en cuenta que el
derecho reclamado por el demandante se configuró bajo los efectos del Decreto
1794 de 2000, al haber contraído matrimonio el 14 de septiembre de 2013 con la
señora Mauren Karina Maduro González.
85.
En este punto, conviene mencionar que el defecto sustantivo, según la
jurisprudencia constitucional, se configura ante «[…] la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación o
aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del
juez»37.
36 Corte Constitucional, sentencia SU-241 de 2015.
37 Corte Constitucional, sentencia SU-241 de 2015.
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86.
Así las cosas, se advierte que la autoridad accionada incurrió en un defecto
sustantivo y, en consecuencia, vulneró el derecho fundamental al debido proceso
del tutelante, en la medida en que no realizó una adecuada interpretación de las
normas que regulan el subsidio de familia a favor de los infantes de marina
profesionales de la Armada Nacional, de cara a la sentencia del 8 de junio de 2017
proferida por esta corporación que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009.
4. CONCLUSIONES
87.
En virtud de lo anterior, la Subsección amparará el derecho fundamental al
debido proceso del señor José Wilson Correa Rincón; y dejará sin efectos la
sentencia del 4 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Putumayo.
88.
En consecuencia, se ordenará a la autoridad judicial accionada que, en un
término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de esta providencia,
emita una nueva providencia en la que decida el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia dentro del expediente con radicado núm.
86001-33-33-001-2022-00295-01, de acuerdo con las consideraciones expuestas
en esta providencia.
5. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor José
Wilson Correa Rincón, por los motivos expuestos en esta decisión.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 4 de septiembre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Putumayo, dentro del expediente con
radicado núm. 86001-33-33-001-2022-00295-01, en atención a las razones
expresadas en esta decisión.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Putumayo que, en el término
de veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia,
profiera una nueva decisión en la que atienda lo indicado en la parte considerativa
de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación.
18
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06769-00
Accionantes: José Wilson Correa Rincón
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
Con aclaración de voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
JLAS/SEJV
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