Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02609-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-02609-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02609-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02609-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
24 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02609-00
Accionante: Elcy Jimena Valencia Castrillón
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional. Sentido del fallo de
tutela: Se declara improcedente.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Elcy Jimena Valencia Castrillón,
a nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 5 de mayo de 20252, la parte actora interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad, que considera vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, por cuanto, mediante sentencia del 11 de abril de 2025, revocó la decisión
de primera instancia proferida el 15 de agosto de 2014 por el Juzgado Quinto
Administrativo de Descongestión de Cali, que había accedido parcialmente a las
pretensiones de la demanda, para, en su lugar, declarar probada la excepción de
cosa juzgada y, en consecuencia, negar las pretensiones formuladas dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No.
76001-33-31-703-2011-00283-00.
2. Hechos
2.1. La señora Elcy Jimena Valencia Castrillón presentó demanda3 contra la Nación
– Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que
se declarara la nulidad de las Resoluciones 0718 y 2998 de 2011. A título de
1
Índice 2 de SAMAI, certificado C5E94A02708BADC4 3F866BEA78B1938D C5F3BFD8CB566D75 091185F1DB5AC159.
2
Índice 2 de SAMAI, certificado 1E64912A8D245AF6 CD4A3E7F75588D14 76E2029376D8B936 B9BFBD59433F6B77.
3
Formato onedrive, archivo denominado “2011-00283 [...]”, link contenido en el documento “008ED_[...]”, visible a índice 21
de SAMAI, certificado 8DB252C1321F03A5 DB61D79F64B5460F 3E8175207D5FB306 46031D4A585FED02, folios 35 al 48.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02609-00
Accionante: Elcy Jimena Valencia Castrillón
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
restablecimiento del derecho solicitó, entre otras cosas, i) pagar las diferencias
salariales y prestacionales desde 2009 “con inclusión para dicho reajuste al liquidar
el 70% del artículo 1 del Decreto 4040 del 3 de Diciembre de 2004, incluyendo el
auxilio de cesantías del Magistrado de Altas”; ii) liquidar y pagar todas las
prestaciones sociales con inclusión del 30% de la prima especial mensual contenida
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y sus decretos reglamentarios, como factor
salarial, “para lo cual se ha de inaplicar la expresión ´sin carácter salarial de los
artículos 8 del Decreto 723 del 6 de Marzo de 2009, del Decreto 1388 del 26 de Abril
de 2010 y el Decreto 1039 de 2011, así como los subsiguientes que con el mismo
criterio se expidan”; y iii) cancelar las sumas adeudadas de forma indexada.
2.2. El Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Cali, por medio de
sentencia del 15 de agosto de 2014, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, en los siguientes términos:
“[…] 2) DECLARASE la nulidad de la Resolución No. 0718 del 25 de febrero de 2011,
por medio de la cual el Director Ejecutivo de Administración Judicial resolvió en forma
desfavorable la petición presentada por la demandante […]
3) DECLARASE la nulidad de la Resolución No. 2998 del 2 de mayo de 2011, mediante
la cual se resuelve el recurso de apelación contra la anterior confirmándola en todas sus
partes”.
4) INAPLÍCASE por Inconstitucionales los artículos 8 de los Decretos Nos. 723 de 2009,
1338 de 2010 y 1039 de 2011, en cuanto previeron como Prima, sin carácter salarial, el
treinta por ciento (30%) del salario básico mensual devengado por la Doctora ELCY
JIMENA VALENCIA CASTRILLON.
5) Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, ORDÉNASE a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, liquidar y pagar la remuneración salarial de la Doctora
ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLON, en su calidad de Magistrada de
Descongestión de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali,
desde la fecha de su vinculación, en un porcentaje equivalente al setenta por ciento
(70%) de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados de las Altas Cortes, en
los términos del Decreto 4040 de 2004, resaltando que la base de liquidación, esto es el
100% de los ingresos laborales que por todo concepto devenga un Magistrado de Alta
Corte, debe incluir dentro de la prima especial de servicios de dichos funcionarios, el
valor de las cesantías que devengan los Congresistas.
[…] 7) CONDÉNASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reconocer y pagar a la actora a título de
restablecimiento del derecho, la suma que resulte como diferencia de la reliquidación de
las prestaciones legales el mes de marzo de 2010 hasta el 17 de diciembre de 2010 y
desde el 1 de agosto de 2011 hasta la actualidad con base en la asignación básica
mensual más la prima especial mensual, dichas sumas serán ajustadas conforme quedó
expuesto.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02609-00
Accionante: Elcy Jimena Valencia Castrillón
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
8) La Entidad demandada, deberá realizar los descuentos y traslados respectivos al
Fondo de Pensiones al que se encuentre afiliada la Doctora ELCY JIMENA VALENCIA
CASTRILLON, con el fin de que ello incida en la correcta liquidación de la pensión que,
a futuro se hará acreedora.
[…]
11) NIEGANSE las demás pretensiones de la demanda”.4
2.3. Inconforme con la decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación.
2.4. A raíz de ello, el 11 de abril de 20255, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca emitió sentencia de segunda instancia, a través de la cual revocó la
providencia apelada, para, en su lugar, declarar probada la excepción de cosa
juzgada y, en consecuencia, negar las pretensiones de la demanda.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostuvo que:
3.1. La autoridad accionada incurrió en defecto sustantivo, porque no observó el
principio de favorabilidad al momento de condenarla en costas con base en el
criterio objetivo valorativo. Lo anterior, aunado al hecho de que desconoció su
precedente horizontal contenido en la sentencia del 28 de marzo de 2025, radicado
76001-23-33-007-2016-000263-00, en la que aplicó el criterio subjetivo.
3.2. El tribunal no satisfizo la carga argumentativa necesaria para justificar las
razones por las cuales la condenó en costas ni por las que se aportó de su
precedente.
4. Pretensiones de la acción
La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:
“1-. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29
constitucional), igualdad (art. 13 constitucional), supremacía constitucional (art. 4) por
la fuerza de las decisiones de los órganos de cierre (art. 237.1), confianza legítima
y buena fe (art. 83 constitucional) y certeza del derecho (art. 228 constitucional),
4
Formato onedrive, archivo denominado “2011-00283 [...]”, link contenido en el documento “008ED_[...]”, visible a índice 21
de SAMAI, certificado 8DB252C1321F03A5 DB61D79F64B5460F 3E8175207D5FB306 46031D4A585FED02, folios 256 al
274.
5
Archivo denominado “001 Recepción memor [...]”, visible a índice 21 de SAMAI, certificado 8DB252C1321F03A5
DB61D79F64B5460F 3E8175207D5FB306 46031D4A585FED02.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02609-00
Accionante: Elcy Jimena Valencia Castrillón
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
juridicidad por apartamiento del orden interno armonioso en su contenido con las
normas del bloque de constitucionalidad (art. 93.1).
2. Dejar sin efecto la CONDENA EN COSTAS EN CONTRA DE LA DEMANDANTE -
Impuesta mediante Sentencia No. 055 del 11 de Abril de 2025 notificada en la misma
fecha, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Magistrado Ponente:
GONZALO PERDOMO CABRERA, y la SALA DE DECISIÓN Dres. MARÍA EUGENIA
CLAVIJO y DIEGO LEÓN GÓMEZ MARTÍNEZ, RADICACIÓN:
76001333170320110028301. Dte. ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLON. Dda.
Nación- Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Transitoria - Magistrado
Ponente: GONZALO PERDOMO CABRERA, que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación la providencia de amparo, dicte una decisión de reemplazo en la que tenga
en cuenta las consideraciones en ella expuestas exonerando respecto a la CONDENA
EN COSTAS.”6 (Resaltado original del texto).
5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1. Mediante auto del 5 de septiembre de 20257, el consejero de la Sección
Tercera, Subsección C, William Barrera Muñoz, admitió la acción de tutela, vinculó
a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y al
Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Cali. También dispuso la
notificación a las partes y a los vinculados.
5.2. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial8
aseveró que se configuraba una falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto de dicha entidad y solicitó la vinculación de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cali.
Por otro lado, sostuvo que con la acción de tutela se pretendía reabrir un debate ya
resuelto, con el propósito de modificar una decisión adoptada por el tribunal que se
encontraba debidamente ejecutoriada y había hecho tránsito a cosa juzgada.
5.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca9 afirmó que la acción de tutela es
improcedente al no cumplir el requisito de relevancia constitucional, porque el
propósito de la actora es utilizar la acción tuitiva como una instancia adicional al
6
Índice 2 de SAMAI, certificado C5E94A02708BADC4 3F866BEA78B1938D C5F3BFD8CB566D75 091185F1DB5AC159,
folios 9 y 10.
7
Índice 14 de SAMAI, certificado CFAE4CC1B7326A70 006EEF6BEF8228CA 429A7EE723374A84 BBE3880FE5DD2AAD.
8
Índice 19 de SAMAI, certificado 9751EAF2722CE980 AB3D63995D7025E7 7B0B322208630D09 E882AFDC87D09948.
9
Índice 23 de SAMAI, certificado CEAD5CA2D5422228 369B39F695D7A84A F6500E7C50B928F0 67568E18FF054021.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02609-00
Accionante: Elcy Jimena Valencia Castrillón
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
proceso ordinario, por estar en desacuerdo con la decisión judicial adoptada en
segunda instancia, en específico sobre la condena en costas.
Afirmó que, si bien la accionante sostuvo que existió desconocimiento del
precedente horizontal, lo cierto era que el supuesto fáctico no era el mismo, tanto
por la multiplicidad de demandantes como por el sentido de la decisión de fondo.
Aunado a ello, dada la fecha de radicación de las demandas, para el caso 2011-
00283-01 aplica el CCA y para el proceso 2016-00263-00 se aplica el CPACA, normas
que exigen presupuestos diferentes para la condena en costas, pues la primera
contempla el criterio subjetivo, mientras que la segunda, el objetivo-valorativo.
Indicó que la fecha de radicación del proceso fue el 24 de agosto de 2011, de
manera que la norma que lo rige es el Decreto 01 de 1984. Así, el criterio subjetivo
implica la necesidad de revisar la conducta de las partes, sus responsabilidades y
deberes. Además, de acuerdo con el artículo 365, numeral 4, del CGP, la condena
en costas solo procedía contra la parte vencida o a quien se le revocó la sentencia,
y no contra la parte vencedora, esto es, la Rama Judicial.
En suma, dijo que la condena en costas se ajustó a la actividad procesal, al
comportamiento de las partes en el desarrollo de la causa y al sentido de la
providencia, en la medida en que revocó el fallo de primera instancia. En
consecuencia, no se trató de una orden caprichosa o desproporcionada; por el
contrario, se estudió la actuación de cada parte procesal y lo probado al interior del
plenario, es decir, se emitió una orden razonada y justa.
5.4. El Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Cali10 no se pronunció.
5.5. Mediante auto del 17 de abril de 202611 se declararon infundados los
impedimentos de los consejeros Adriana Polidura Castillo y Nicolás Yepes Corrales.
5.6. A través de auto del 9 de junio de 202612, el despacho ponente avocó
conocimiento de la acción de tutela y corrió traslado a las partes para que, dentro
del término de tres (3) días hábiles, se pronunciaran sobre el trámite surtido hasta
10
Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que el Juzgado Quinto Administrativo de
Descongestión de Cali hubiera rendido informe, pese a la notificación electrónica surtida visible a índice 22 de SAMAI.
11
Índice 38 de SAMAI, certificado 64E21353B48D3A14 C6D57423814AC4D5 C1FBEA5938668998 200C9E2D5939D981.
12
Índice 47 de SAMAI, certificado CC8CF5AA4DD5FC6B 493B287554D6CA38 87B839E65C7932DF D599E60175447B66.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02609-00
Accionante: Elcy Jimena Valencia Castrillón
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
ese momento en el presente asunto. En caso de que no se pronunciaran, se señaló
que se tendrían por saneadas las actuaciones practicadas, por lo que el auto
admisorio, así como las contestaciones e intervenciones que obran en el
expediente, se considerarían válidos.
5.7. Las partes y los vinculados no se pronunciaron.13
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Elcy
Jimena Valencia Castrillón en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo
de Estado.
2. Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.
3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad14 y de procedencia15 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
13
Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que las partes y los vinculados hubiera rendido
informe, pese a la notificación electrónica surtida visible a índice 50 de SAMAI.
14
De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
15
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02609-00
Accionante: Elcy Jimena Valencia Castrillón
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto
4.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”.16
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber17: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202218, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
4.2. Para la Sala se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen el requisito
de relevancia constitucional, pues a través de ellos se pretende reabrir el análisis
jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo constituyera una
instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.
4.3. En el caso concreto, la señora Elcy Jimena Valencia Castrillón cuestiona, en
esencia, que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en un defecto
sustantivo al condenarla en costas con fundamento en el criterio objetivo-valorativo,
16
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
17
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
18
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02609-00
Accionante: Elcy Jimena Valencia Castrillón
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
sin observar el principio de favorabilidad. Asimismo, sostiene que dicha autoridad
judicial desconoció su precedente horizontal contenido en la sentencia del 28 de
marzo de 2025, radicado No. 76001-23-33-007-2016-000263-00, en la cual aplicó
el criterio subjetivo.
Asimismo, señaló que el tribunal no satisfizo la carga argumentativa necesaria para
justificar las razones por las cuales la condenó en costas ni los motivos que
sustentaban el apartamiento de su precedente horizontal.
4.4. Pues bien, al revisar los argumentos contenidos en la sentencia de segunda
instancia proferida el 11 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, se observa que dicha autoridad realizó el siguiente análisis respecto de la
condena en costas que ahora se cuestiona:
“[…] Además, el recurso de apelación interpuesto se radicó el 25 de septiembre de 2014,
esto es, cuando ya había entrado en vigencia la norma procesal dispuesta en el Código
General del Proceso.
Todo lo anterior, para significar que en el caso que ocupa nuestra atención, debe
aplicarse en materia de condena en costas, la regla del artículo 171 del C.C.A. y el
artículo 365 del C.G.P., como quiera que esta fue la norma que reemplazó el Código de
Procedimiento Civil al que remitía la codificación en materia administrativa.
Dilucidado lo anterior, tenemos que el artículo 365 del C.G.P. numeral 1° establece que
“se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación…” Y más adelante el numeral 4° prescribe
que “Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la
parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias”.
De conformidad con todo lo expuesto, en el presente proceso se evidenció que con las
mismas pretensiones, idéntica causa y en tiempos muy cercanos, la parte demandante
activó doblemente la jurisdicción. Adicional a ello, tardó aproximadamente 5 años en
informar que contaba con sentencia ejecutoriada en otro proceso y más de 2 años para
arrimar la prueba de que había recibido el pago efectivo por los periodos aquí
reclamados.
[…] Así, las tarifas del acuerdo establecen que en los procesos con cuantía en segunda
instancia puede condenarse hasta el 5% del valor de las pretensiones reconocidas o
negadas en la sentencia.
Revisado el plenario, la cuantía del proceso se fijó en la suma de $51.000.000; por ende
con fundamento en el numeral 4 del artículo 365 la sala condenará en costas de ambas
instancias a la parte vencida, esto es, al extremo actor y a favor de la entidad
demandada, para lo cual se fija como agencias en derecho un porcentaje del 3% de la
cuantía del proceso, equivalente a la suma de $1.530.000 mcte. Por secretaría deberán
liquidarse el valor total de las costas y agencias en derecho.”19. (Resaltado original del
texto).
19
Archivo denominado “001 Recepción memor [...]”, visible a índice 21 de SAMAI, certificado 8DB252C1321F03A5
DB61D79F64B5460F 3E8175207D5FB306 46031D4A585FED02.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02609-00
Accionante: Elcy Jimena Valencia Castrillón
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
4.5. Luego de lo relatado se advierte que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados y resueltos por
la autoridad judicial accionada en la sentencia censurada.
En efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca indicó que debía aplicarse
el artículo 171 en concordancia con los artículos 267 del CCA y 365 del CGP, dado
que este último sustituyó al Código de Procedimiento Civil al que remitía la
normativa contencioso administrativa.
Precisó que el recurso de apelación fue radicado el 25 de septiembre de 2014,
cuando ya se encontraba vigente el CGP. Así, con fundamento en el numeral 4 del
artículo 365 del CGP, según el cual cuando la sentencia de segunda instancia
revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las
costas de ambas instancias, concluyó que procedía condenar en costas a la parte
vencida, al evidenciar que i) la demandante promovió dos procesos con las mismas
pretensiones y causa; ii) omitió informar durante aproximadamente cinco años la
existencia de una sentencia ejecutoriada en otro proceso; y iii) tardó más de dos
años en aportar la prueba del pago de los períodos reclamados.
Igualmente, aplicó los criterios tarifarios previstos en el Acuerdo 1887 de 2003 del
Consejo Superior de la Judicatura, vigente para procesos iniciados con anterioridad
conforme al Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016. De esta forma,
determinó que como la cuantía del proceso se fijó en $51.000.000, condenó a la
entonces demandante al pago de las costas de ambas instancias y fijó como
agencias en derecho el 3% de la cuantía, equivalente a $1.530.000.
4.6. Resulta claro, entonces, que la parte actora pretende utilizar este mecanismo
constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, los
reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate que tuvo lugar
en el trámite ordinario, con el fin de que prevalezca su interpretación sobre la
acogida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el proceso
76001333170320110028300/01. Cuestión distinta es que la parte accionante no
comparta el sentido de la decisión adoptada, aspecto que desborda el ámbito de
competencia del juez constitucional, en tanto no le corresponde definir la forma en
que el juez natural tiene que decidir.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02609-00
Accionante: Elcy Jimena Valencia Castrillón
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
4.7. Finalmente, respecto al argumento orientado al desconocimiento del
precedente fijado por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, esta última
corporación ha sostenido que establecer su configuración exige que el accionante
vincule la falta de aplicación de una regla jurisprudencial con la violación de una
garantía fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia por qué el
precedente con identidad fáctica y jurídica era aplicable en su caso y de qué forma
la inobservancia de tales consideraciones o reglas jurisprudenciales afectó sus
garantías fundamentales.20
Ahora, en el sub lite, la accionante alude a la sentencia del 28 de marzo de 2025,
radicado No. 76001-23-33-007-2016-000263-00, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. Sin embargo, no es posible concluir que dicha
providencia constituya un precedente horizontal vinculante ni que tenga la fuerza
obligatoria propia de una sentencia de unificación. Por tanto, no puede afirmarse
que aquella configurara un precedente que el juez natural de la causa estuviera
obligado a aplicar al resolver el asunto sometido a su consideración.
El respeto por el precedente exige no solo la referencia a decisiones anteriores, sino
también la identificación clara y precisa de los elementos de identidad fáctica y
jurídica entre los asuntos comparados, con el fin de demostrar que la providencia
cuestionada se apartó injustificadamente de la regla jurisprudencial aplicable al caso
concreto.
4.8. En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la acción de tutela, es preciso señalar que no basta
con manifestar inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de
censura o alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya
que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que
no trascienden al plano constitucional.
4.9. Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra
de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer
la autonomía e independencia judicial ni los principios de cosa juzgada y seguridad
20
Compárese, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11
de octubre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-04599-00.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02609-00
Accionante: Elcy Jimena Valencia Castrillón
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada21, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario22.
5. En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso,
no se encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte
improcedente.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
21
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
22
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.