14. Resaltó que con posterioridad el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 definió que
a partir de su entrada en vigencia, a los docentes oficiales les es aplicable el régimen
pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a
excepción del requisito de edad para la pensión de vejez, que será de 57 años para
hombres y mujeres.
5 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado: 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09)
6 Samai, índice 17, ED_CUADERNO1_13INFORMEPASODESPACH(.pdf)
7 Samai, índice 17, ED_CUADERNO1_23FALLO-CONDENA DEMANDANTE(.pdf)
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15. Asimismo, el referido artículo 81 señaló que para el caso de los docentes
oficiales vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
aplicaría el régimen prestacional de la Ley 91 de 1989, que por la remisión de ésta es
el contenido en la Ley 33 de 1985.
16. Precisó que el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 25 de abril de
2019 definió (i) que los factores a tenerse en cuenta para la liquidación de la pensión
de jubilación de los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, son aquellos sobre los que se hubiesen efectuado los aportes concernientes,
enlistados en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, comoquiera que se les aplica el
régimen previsto en la Ley 33 de 1985. En cambio, (ii) para el caso de los vinculados
a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, a quienes les aplica el régimen pensional de
prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, los factores a incluir
son los señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las
respectivas cotizaciones.
17. Adujo que aunque el artículo 128 de la Constitución Política prevé la prohibición
de desempeñar más de un empleo público simultáneamente y recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, de acuerdo con el Decreto Ley 224 de
1972, la Ley 4 de 1992 y la Ley 60 de 1993, los docentes oficiales tienen la posibilidad
de percibir a la vez pensión y otras remuneraciones.
18. Sostuvo que la señora Flor Marina Maldonado Navas nació el 6 de marzo de
1962 y prestó servicios durante 986 semanas, del 6 de noviembre de 1979 al 29 de
febrero de 2000; del 21 de febrero de 2003 al 21 de junio de 2003; del 29 de enero de
2004 al 12 de julio de 2005; y del 18 de julio de 2005 al 23 de marzo de 2018 (fecha
de presentación de la solicitud de reconocimiento pensional).
19. Afirmó que como la demandante se vinculó al servicio docente el 21 de febrero
de 2003 a través de contrato de prestación de servicios por el término de 121 días, tal
fecha debe tenerse en cuenta para efectos de determinar su régimen pensional, pues
la modalidad de prestación de servicios no desvirtúa el carácter personal de la labor
docente ni tampoco es ajena al elemento de subordinación.
20. Por lo tanto, a la accionante en principio le sería aplicable el régimen pensional
establecido en la Ley 91 de 1989; no obstante, para el 27 de junio de 2003, fecha de
entrada en vigencia de la Ley 812 del mismo año, no ejercía la labor docente, pues se
desvinculó del servicio el 21 de junio de 2003 y se reincorporó hasta el 29 de enero de
2004, existiendo solución de continuidad, comoquiera que entre una y otra fecha
transcurrieron más de 15 días.
21. Concluyó que en el caso particular el régimen pensional aplicable es el
establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, de manera tal que como la
demandante al momento de presentar la solicitud de reconocimiento pensional no
contaba con los 57 años ni con las 1.300 semanas de servicio, que exige la normativa
en comento, no tiene derecho a una pensión de vejez, conforme lo definió la entidad
accionada en el acto acusado.
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22. Condenó en costas a la parte vencida en monto de 1 salario mínimo legal
mensual vigente, conformadas éstas por las expensas que corresponden a los gastos
surgidos con ocasión del proceso y a las agencias en derecho, con fundamento en el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 que prevé su regulación bajo un criterio objetivo.
2.4. Recurso de apelación8
23. La parte actora apeló la sentencia de primera instancia bajo el argumento
consistente en que la señora Flor Marina Maldonado Navas tiene derecho a que se le
reconozca y pague una pensión de jubilación de conformidad con lo previsto en las
leyes 91 de 1989, 33 y 62 de 1985, que exigen 20 años de servicios y 55 de edad, en
cuantía equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales devengados
durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, teniendo en cuenta que
la pensión reconocida a los docentes es compatible con el salario.
24. Manifestó que según el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, la vinculación por
primera vez es la que define el régimen pensional aplicable al personal docente, de
manera que, si esta ocurrió con anterioridad al 27 de junio de 2003, debe reconocerse
la pensión de jubilación de acuerdo con la Ley 91 de 1989, artículo 15; mientras que,
si aconteció después de tal fecha, se aplican las leyes 100 de 1993 y 793 de 2003.
25. Alegó que la señora Maldonado Navas es destinataria del régimen pensional
contenido en la Ley 91 de 1989, por cuanto se incorporó al servicio docente el 21 de
febrero de 2003. Así, toda vez que nació el 6 de marzo de 1962 y se afilió al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, cumple con los requisitos exigidos
en la Ley 33 de 1985 para ser acreedora de una pensión de jubilación.
26. Enfatizó que la condena en costas no es procedente, puesto que solo hay lugar
a éstas cuando se pruebe de manera objetiva su causación, según lo dispuesto en el
artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia9
27. Mediante auto del 21 de octubre de 2021, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación.
28. A través de auto del 7 de abril de 2022, se corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión, con sustento en el numeral
4° del artículo 247 del CPACA.
2.6. Alegatos de conclusión
2.6.1. Parte demandante10
29. Solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, puesto que vulnera
los principios de favorabilidad y no regresividad de los derechos laborales, además
8 Samai, índice 02. 5_ED_ACTUACIONE_11RECURSOAPELACIONP(.PDF)
9 Samai, índice 10.
10 Samai, índice 16.
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contraviene el precedente judicial del Consejo de Estado expuesto en sentencia del 28
de septiembre de 2020, expediente radicado interno 3514-2019, según el cual aun
cuando haya existido solución de continuidad se deben respetar los derechos
adquiridos de los docentes que se hubiesen vinculado con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003.
30. Afirmó que, de acuerdo con lo expuesto, la accionante tiene derecho al
reconocimiento de una pensión de jubilación, en aplicación del régimen previsto en la
Ley 91 de 1989.
2.6.2. Parte demandada11
31. La Nación - Ministerio de Educación Nacional Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio sostuvo que como la señora Flor Marina Maldonado Navas se
vinculó al servicio docente en propiedad en el año 2004, esto es, con posterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, le cobija el régimen pensional establecido
en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
32. Afirmó que, si bien existe la orden de prestación de servicios 005 de 2003, que
acredita el carácter provisional del servicio docente, lo cierto es que correspondía a la
accionante realizar los aportes a seguridad social durante dicha modalidad de
vinculación, de conformidad con el artículo 3° de la Ley 100 de 1993.
2.7. Ministerio Público12
33. No rindió concepto.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
34. El presente asunto es competencia de esta Corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
35. Se circunscribe a establecer, de acuerdo con lo expuesto en el recurso de
apelación contra el fallo de primera instancia, si:
36. ¿La señora Flor Marina Maldonado Navas tiene derecho a que, en su condición
de docente oficial, se le reconozca y pague una pensión de jubilación con fundamento
en las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, teniendo en cuenta que se vinculó por primera
vez al servicio antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, pero no mantuvo
el vínculo para ese momento, o, por el contrario, le resulta aplicable la Ley 100 de
11 Samai, índice 12.
12 Samai, índice 18.
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1993, toda vez que se reintegró al servicio público con posterioridad a la Ley 812 de
2003?
37. Asimismo, corresponde determinar si es procedente la condena en costas
impuesta a la parte actora.
38. Para resolver los interrogantes que integran el problema jurídico, la Sala
abordará los siguientes temas:
(i) el régimen pensional aplicable a los y oficiales - sentencia de unificación
SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019 y
(ii) la aplicación de la Ley 812 de 2003 cuando existe discontinuidad en la
prestación del servicio docente.
39. A partir de las anteriores consideraciones:
(iii) se destacarán los hechos probados más relevantes y
(iv) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverán los problemas
planteados.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales - sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201913
40. La Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia referida fijó las reglas
jurisprudenciales respecto al ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de
jubilación del personal docente oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, en cuanto a los factores salariales y a los regímenes
existentes para tales educadores en virtud de las leyes 91 de 198914 y 812 de 200315.
41. Sobre los efectos de tal providencia, se señala que en esta misma se determinó
que las reglas fijadas se deben acoger de manera obligatoria en todos los casos
pendientes de solución en vía administrativa y judicial, salvo que hubiese operado la
cosa juzgada.
42. En la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el parágrafo
transitorio 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes prestacionales
que rigen el derecho a la pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales,
nacionalizados y territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al
servicio educativo. Así, se tiene:
43. (i) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen pensional
de los servidores públicos del orden nacional, establecido en la Ley 33 de 1985, «por
la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las
13 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-
S2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).
14 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
15 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.
45.231, de 27 de junio de 2003
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prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores que se
deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los que se
hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1°
de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:
En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
44. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1° de enero de 1981 tanto nacionales como nacionalizados, y
de los nombrados a partir del 1° de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003,
cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, conforme con las leyes 91 de 1989 y 33 de
1985, se regula por las siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de remplazo: 75%.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende (i) el periodo del último año anterior
a la adquisición del estatus y (ii) los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica;
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio.
45. (ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El
ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las
respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la providencia se fijó la
siguiente regla:
Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones.
46. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003, son:
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✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: Artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9° de la Ley 797 de 2003.
✓ Tasa de remplazo: 65%-85%16, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base
de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del artículo
34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende:
(i) El promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó el afiliado
durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión y
(ii) los factores salariales dispuestos en el Decreto 1158 de 1994: asignación
básica mensual; gastos de representación; prima técnica (cuando sea
factor de salario); primas de antigüedad, ascensional de capacitación
cuando sean factor de salario; remuneración por trabajo dominical o
festivo; bonificación por servicios prestados y remuneración por trabajo
suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.
3.3.2. De la aplicación de la Ley 812 de 2003 cuando existe discontinuidad en la
prestación del servicio docente
47. Como acaba de indicarse, el régimen pensional docente está condicionado a la
fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial, esto es, si la vinculación
sucedió antes del 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, o si ocurrió luego de ésta.
48. Sobre el punto se destaca que la Sección Segunda de la Corporación ha
avalado el reconocimiento de la pensión de jubilación del personal docente,
considerado la totalidad de los periodos laborados, aun cuando hubiese
discontinuidad entre éstos, es decir, aunque existan dos vinculaciones al servicio
público, una antes de la entrada en vigor de la Ley 812 y otra luego de ella. Además,
ha tenido en cuenta la primera para definir el régimen pensional aplicable al docente.
49. Lo anterior al considerar que17:
En el sub lite, se tiene si bien es cierto que el demandante tuvo una vinculación laboral
con posterioridad a la Ley 812 de 2003, también lo es que no es dable desconocer los
tiempos de servicios prestados, como docente nacionalizado, antes de que empezara
a regir tal normativa, máxime cuando para el 27 de junio de 2003 había acumulado 18
años, 5 meses y 16 días de labor (entre el 19 de agosto de 1978 y el 28 de enero de
1997).
Por lo tanto, al vincularse nuevamente al servicio oficial docente el 16 de febrero de
2009, haber acumulado más de 20 años de servicios en condición de maestro estatal y
adquirido la edad pensional prevista en la Ley 33 de 1985, resulta contrario a los
principios de equidad, justicia social y pro homine, así como a los tratados
16 Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18
de septiembre de 2020. Radicado número 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019).
9
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internacionales atañederos a estos18, desconocer que el accionante había
laborado como profesor en el sector público antes de la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003, máxime cuando de tal norma se infiere que su aplicación es para los
nuevos docentes vinculados durante su vigencia, mas no para los que con
anterioridad fueron nombrados en dicha condición19.
Así las cosas, dado que el demandante fue nombrado como docente nacionalizado con
anterioridad a la Ley 812 de 2003, le resultan aplicables a su situación pensional las
Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989 y, en tal sentido, al tener más de 55 años de edad
(cumplidos el 17 de mayo de 2013, luego de su retiro definitivo del servicio oficial), tiene
derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación, con inclusión de los factores sobre
los cuales efectuó aportes durante el último año de servicios, en aplicación de lo
estipulado en el artículo 3º ibidem, modificado por el artículo 1º de la Ley 62 del mismo
año, tal como se precisó en el acápite anterior. (Se destaca).
3.4. Hechos probados
50. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:
51. La señora Flor Marina Maldonado Navas nació el 6 de marzo de 1962, según
copia de registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía20, por lo tanto, para
el 23 de marzo de 201821, fecha de la reclamación pensional ante la Secretaría de
Educación y Cultura del Municipio de Soacha, contaba con 56 años.
52. La accionante tiene un total de 241,14 semanas cotizadas a Colpensiones, de
las cuales 213,99 corresponden a aportes en el sector público mientras laboró al
servicio de la Contraloría de Santa Fe de Bogotá del 1° de enero de 1996 al 29 de
febrero de 2000, de acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en pensiones de
dicha entidad, actualizado a 22 de enero de 2019 que reposa en el expediente22.
53. El 12 de febrero de 2003, la demandante suscribió orden de prestación de
servicios 055 con el municipio de Soacha, cuyo objeto era la prestación de los servicios
lectivos de docencia en la Institución Educativa Las Villas, sede El Dorado, con una
duración de cuatro meses23.
18 V. gr. Art. 5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); art. 29 Convención Americana sobre
Derechos Humanos (CADH); art. 5 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC);
art. 1.1. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; art. 41
Convención sobre los Derechos del Niño.
19 Sobre este último aspecto, la sala de consulta y servicio civil de esta Corporación, en concepto de 10 de agosto
de 2012, expediente 11001-03-06-000-2011-00004-00(2048), C. P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo, precisó que,
de acuerdo con la Ley 812 de 2003, existen dos grupos de personas: (i) «Integrado por los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, que estaban vinculados al servicio público educativo oficial al momento de
entrar en vigencia la ley 812 de 2003, es decir el 27 de junio de 2003; para este grupo el régimen prestacional
aplicable es el establecido en las normas que como docentes los regían para esa fecha, es decir, la ley 91 de 1989
y demás normas concordantes»; y (ii) «Conformado por quienes estando vinculados a otros sistemas o sectores al
entrar en vigencia la ley 812 de 2003, es decir, el 27 de junio de ese año, ingresan por primera vez al sector
público educativo oficial».
20 Folios 17, 20 del expediente físico.
21 Según la Resolución 0963 de 16 de abril de 2018, visible a folio 18 del expediente físico.
22 Folios 33 a 35 del expediente físico.
23 Folios 21 a 23 del expediente físico.
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54. La señora Maldonado Navas laboró como docente del 21 de febrero de 2003 al
21 de marzo de 2003 en la Institución Educativa Las Villas, según constancia expedida
en la última fecha por el rector del establecimiento educativo24.
55. La demandante prestó sus servicios como docente del 29 de enero de 2004 al
12 de julio de 2005 en la Institución Educativa Las Villas, en el municipio de Soacha,
conforme constancia del 23 de enero de 2018, emitida por la Secretaría de Educación
y Cultura de ese ente territorial25.
56. La accionante laboró como docente del 18 de julio de 2005 al 6 de noviembre
de 2018, al servicio de la Institución Educativa Eduardo Santos del municipio de
Soacha, conforme constancia de la última fecha, emanada por la Secretaría de
Educación y Cultura de la misma entidad territorial26.
57. La señora Flor Marina Maldonado Navas presentó el 23 de marzo de 2018,
solicitud de reconocimiento y pago de una pensión de jubilación ante la Secretaría de
Educación y Cultura del Municipio de Soacha27.
58. Mediante la Resolución 0963 de 16 de abril de 2018, la Secretaría de Educación
y Cultura del Municipio de Soacha en representación del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio negó el reconocimiento de una pensión de vejez
a favor de la accionante, por no cumplir con los requisitos de 57 años y 1.300 semanas
de servicio establecidos en el régimen de prima media con prestación definida de que
trata la Ley 100 de 1993. En dicho acto administrativo se tuvieron en cuenta los
siguientes tiempos de servicio público28:
Entidad de previsión Desde Hasta Días Semanas
Colpensiones (Término inicial y final 06/11/1979 19/02/2000 1.688 241,14
de tiempos discontinuos)
Secretaría de Educación y Cultura 29/01/2004 12/07/2005 527 75,28
de Soacha
Secretaría de Educación y Cultura 18/07/2005 23/03/2018 4.565 652,14
de Soacha
TOTAL 968,57
3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
3.5.1. Resolución del primer problema jurídico - del régimen pensional aplicable
a la docente demandante, aun cuando hubo discontinuidad en la
prestación del servicio público
59. Como se desprende del relato de los antecedentes, la principal inconformidad
de la parte accionante con el fallo de primera instancia consiste en que para la
definición de su situación pensional se descartó la aplicación de la Ley 812 de 2003 (y
24 Folio 25 del expediente físico.
25 Folio 26 del expediente físico.
26 Folio 28 del expediente físico.
27 Conforme se lee en el acto acusado, Resolución 0963 de 16 de abril de 2018, visible a folio 18 del expediente
físico.
28 Folios 18 a 19 del expediente físico.
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por ende, de las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985), bajo el argumento que si bien se
desempeñó como docente antes de su vigencia (27 de junio de 2003), para el momento
en que la misma entró a regir no tenía dicha condición, la cual recobró el 29 de enero
de 2004 cuando se vinculó nuevamente al sector público.
60. Por tal motivo, el primer problema jurídico planteado se formuló alrededor de si
a la demandante se le aplica o no la Ley 812 de 2003, teniendo en cuenta que no
ostentó la calidad de docente de manera ininterrumpida antes y después de la vigencia
de la anterior norma.
61. En efecto, conforme se desprende de las pruebas aportadas, la actora laboró
como docente a través de contrato de prestación de servicios a partir del 21 de febrero
de 2003 y hasta el 21 de marzo del mismo año29.
62. Sobre el particular vale la pena resaltar, que aunque la anterior vinculación fue
a través de contrato de prestación de servicios, lo que en principio conduciría a
considerar que no puede ser tenida en cuenta para efectos pensionales en el sector
público, no puede olvidarse que la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia
de unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 201630, precisó que la labor del
docente contratista no es independiente, por el contrario, se presta de manera personal
y subordinada a los reglamentos propios del servicio público de la educación. En tal
sentido, definió que:
(…) la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa
el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación
existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes
– empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y
vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en
el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos
y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por
el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e
igualdad, los docentes-contratistas merecen una protección especial por parte del
Estado.
63. Así, cuando se reclama el reconocimiento de una pensión de jubilación con
inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios, en el
curso de un proceso ordinario, pueden darse dos escenarios diferentes, conforme lo
ha estudiado esta Corporación31:
(I) La primera es que en caso de que persiga la declaración de existencia de contrato
con realidad con todas sus connotaciones laborales y prestacionales debe darse
previamente el agotamiento de la vía administrativa y convocar como demandada a la
entidad territorial con la cual se suscribieron los contratos, a efectos de garantizar el
29 Según la certificación correspondiente, que es la única que obra en el expediente sobre la efectiva prestación
del servicio durante la ejecución del contrato de prestación de servicios correspondientes, motivo por el cual no
puede considerarse, como al parecer lo hizo el juez de primera, a partir del periodo previsto en el contrato
correspondiente, que se encuentra acreditado que la accionante lo ejecutó durante la totalidad del plazo pactado.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de abril de 2016. Radicado número 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-
2015).
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de
febrero de 2020. Radicado número 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015).
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derecho al debido proceso de la entidad responsable y así mismo el total cumplimiento
de la sentencia.
(II) La segunda se presenta en los casos en que únicamente se persigue el cómputo de
los periodos laborados a través de contratos de prestación de servicios para el
reconocimiento de la pensión de jubilación, escenario en el que es posible que el proceso
ordinario se adelante únicamente con la comparecencia de la entidad de previsión. Esto
por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se reglamenta el Decreto 3135»32
permite la acumulación de tiempos de servicio con la posibilidad de exigir la cuota parte
de las otras entidades oficiales, al indicar que la pensión de jubilación correspondiente
se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual
estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por la ley y que en
los casos de acumulación de tiempo de servicios la entidad o empresa a cuyo cargo esté
el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las
entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que
les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas.
64. De acuerdo con lo expuesto, es aplicable al asunto particular el segundo de los
escenarios propuestos, por cuanto se persigue el reconocimiento de una pensión de
jubilación con la inclusión del tiempo de servicio laborado por la señora Maldonado
Navas, a través del contrato de prestación de servicios.
65. En este orden de ideas toda vez que en el expediente obra el contrato de
prestación de servicios 055 de 2003 y constancia emitida por el rector de la Institución
Educativa Las Villas que prueban la prestación de los servicios como docente de la
accionante del 21 de febrero de 2003 al 21 de marzo de ese año, la Sala estima que
dicho periodo resulta válido para contabilizar el tiempo de servicios con efectos
pensionales, en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las
formalidades e igualdad, comoquiera que la vinculación docente en modalidad de
prestación de servicios no desvirtúa el carácter personal de la labor ni es ajena al
elemento subordinación existente con el servicio público de educación.
66. Aclarado lo anterior, con el fin de definir el régimen pensional aplicable a la
señora Maldonado Navas, se destaca que se dará aplicación a las reglas de unificación
fijadas en la sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, según las cuales
los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985; mientras que a aquellos vinculados con
posterioridad, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se
32 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará
al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para
tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de
tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión. 2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a
ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará
directamente por la última entidad o empresa oficial empleadora. 3. En los casos de acumulación de tiempo de
servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas. En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948
y, si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto la
entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamente legal, se
entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el proyecto de
reconocimiento de la pensión».
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les debe aplicar el régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de
la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.
67. Sobre el particular es necesario subrayar, que contrario a lo señalado por el juez
de primera instancia, la interrupción o suspensión del servicio oficial docente no puede
ser óbice para determinar el régimen pensional que cobija la situación jurídica, pues
como quedó visto en el marco normativo y jurisprudencial de la presente providencia,
esta Corporación33 en casos con supuestos similares al presente, ha avalado el
reconocimiento de la pensión de jubilación del personal docente, considerado la
totalidad de los periodos laborados, aun cuando hubiese discontinuidad entre
estos.
68. Así, pese a que el tribunal de primera instancia consideró que la accionante no
podía ser beneficiaria del régimen pensional establecido en la Ley 91 de 1989, porque
existió una interrupción en la prestación del servicio y al momento de entrar en vigencia
la Ley 812 de 2003, esto es, el 27 de junio de 2003, no se encontraba vinculada como
docente, lo cierto es que tal argumento no es de recibo, por cuanto para efectos de
comprobar cuál es el régimen pensional aplicable, no puede desconocerse la
vinculación que ostentó del 21 de febrero de 2003 al 21 de marzo de 2003, es decir,
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, en tanto ello sería
como afirmar que la prestación de servicios al sector oficial no produce efectos
jurídicos.
69. Dilucidado lo anterior, la Sala tiene acreditado como tiempo de servicios
prestados por la señora Flor Marina Maldonado Navas al sector público, los siguientes:
Entidad Desde Hasta Semanas
Contraloría de Santa Fe de 01/01/1996 29/02/2000 214
Bogotá34
Secretaría de Educación y Cultura 21/02/2003 21/03/2003 4,28
de Soacha (vinculación OPS)35
Secretaría de Educación y Cultura 29/01/2004 12/07/2005 74,71
de Soacha36
Secretaría de Educación y Cultura 18/07/2005 06/11/2018 684
de Soacha37
TOTAL 976,99
70. En línea de lo expuesto, se evidencia que la accionante prestó sus servicios
como docente oficial por primera vez del 21 de febrero de 2003 al 21 de marzo de
2003, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003- 27 de junio de
2003-, de modo que, aunque se desvinculó y se reincorporó al sector oficial el 29 de
enero de 2004, es beneficiaria del régimen pensional previsto para servidores públicos
en las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, que se rige por las siguientes reglas:
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18
de septiembre de 2020. Radicado número 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019).
Criterio reiterado por la Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 2 de junio de 2022. Radicado número
25000-23-42-000-2019-00143-01 (3061-2021).
34 Folios 33 a 35 del expediente físico.
35 Folios 21 a 23 y 25 del expediente físico
36 Folio 26 del expediente físico.
37 Folio 28 del expediente físico.
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✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de remplazo: 75%.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende (i) el periodo del último del último
año anterior a la adquisición del estatus y (ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
71. Así las cosas, aun cuando la señora Maldonado Navas cumplió 55 años el 6 de
marzo de 2017, conforme se acredita en el expediente, no se advierte que cumpla con
el requisito del tiempo de servicio, que exigen las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985,
puesto que como quedó visto en el cuadro anterior, laboró como docente oficial
durante 976,99 semanas que equivalen a 18,78 años.
72. En síntesis, aunque a la accionante le es aplicable Ley 812 de 2003, no le asiste
el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en las leyes 91 de
1989 y 33 de 1985 que reclama, en tanto no se probó la prestación del servicio docente
oficial durante 20 años. Por ende, concierne confirmar la sentencia proferida por el
tribunal, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones aquí expuestas.
3.5.2. Resolución del segundo problema jurídico - condena en costas impuesta
en primera instancia
73. Se observa que en la sentencia apelada se condenó en costas a la demandante
en suma equivalente a 1 salario mínimo legal mensual vigente, bajo la única
consideración que fue la parte vencida, además, citó el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011.
74. Sobre el alcance del anterior precepto, esta Subsección de forma mayoritaria38
considera que, para decretar la condena en costas, debe verificarse que la parte
vencida actuó de manera temeraria o de mala fe, según se desprende de su inciso
38 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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segundo cuando hace referencia a la «manifiesta carencia de fundamento legal»,
como el aspecto que debe valorarse a fin de disponer (inciso primero) sobre la
procedencia o no de dicha sanción.
75. En ese orden ideas, al revisar la actuación de la parte vencida en el proceso de
la referencia, no se advierten circunstancias a partir de las cuales pueda considerarse
que actuó con temeridad o mala fe, por lo que no es procedente condenarla en costas.
En consecuencia, se revocará el fallo impugnado en lo pertinente.
3.6. Conclusión de la decisión
76. A partir del estudio del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales y de
la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 proferida por la Sección Segunda
de la Corporación, que precisó que existen dos regímenes prestacionales que rigen el
derecho a la pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales,
nacionalizados y territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al
servicio educativo, se concluye que aunque la señora Flor Marina Maldonado Navas
se vinculó con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, no tiene
derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación, toda vez que no probó los 20
años de servicio al sector oficial, requisito previsto en las leyes 91 de 1989 y 33 de
1985. Por razón de lo anterior, se debe confirmar la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda.
3.7. Costas en segunda instancia
77. En atención a que la parte vencida no obró con temeridad o mala fe en el trámite
de segunda instancia, no hay lugar a condenarla en costas, según el criterio
mayoritario de esta Subsección.
78. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 5 de noviembre
de 2020, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda promovida por
la señora Flor Marina Maldonado Navas en contra de la Nación- Ministerio de
Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Revocar el numeral segundo de la sentencia apelada, en el sentido de
no condenar en costas a la parte demandante en primera instancia, por las razones
expuestas en este proveído.
TERCERO: Sin condena en costas en segunda instancia.
CUARTO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo SAMAI.
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Demandante: Flor Marina Maldonado Navas
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
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La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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