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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2021-00189-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-33-000-2021-00189-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de julio de 2026

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001-23-33-000-2021-00189-01 (2099-2025)
Demandante: Amalia del Carmen Castaño Vega
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Tema: pensión de jubilación docente. Subtema 1. Vinculación docente antes de la Ley
812 de 2003. Subtema 2. Aplicación de la Ley 33 de 1985. Subtema 3. Cómputo de
la labor docente en virtud de los contratos de prestación de servicios para el
reconocimiento pensional.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
el 9 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual accedió
a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Amalia del Carmen Castaño Vega solicitó la nulidad del acto administrativo
a través del cual la entidad accionada le negó el reconocimiento y pago de una pensión
de jubilación. Manifestó que en calidad de docente oficial tiene derecho a esta, según
el régimen previsto en la Ley 33 de 1985, toda vez que se vinculó al servicio docente
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda, al encontrar que la primera
vinculación de la demandante en ejercicio de la docencia oficial se produjo en el año
2001 –antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003–, por lo que el régimen pensional
aplicable es el previsto en la Ley 33 de 1985, aunado a que cumplió 55 años el 28 de
agosto de 2019 y que para esa fecha acreditaba más de 20 años de servicios oficiales,
por lo que concluyó que la pensión resultaba efectiva a partir del 4 de febrero de 2018.

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Radicación: 70001-23-33-000-2021-00189-01 (2099-2025)
Demandante: Amalia del Carmen Castaño Vega
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

La Subsección confirmará la sentencia de primera instancia, toda vez que la parte
accionante probó que la primera vinculación al ejercicio de la docencia oficial se
produjo antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003; además, cumple con los demás
requisitos para que su pensión vejez se liquide con el régimen pensional previsto en la
Ley 33 de 1985. No obstante, se precisará el momento en que se adquirió el estatus
pensional, que en esta oportunidad tuvo lugar cuando la peticionaria cumplió 55 años.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Por medio de escrito del 29 de octubre de 20211, la señora Amalia del Carmen
Castaño Vega, por conducto de apoderada, presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
sintetizan.

2.1.1. Pretensiones

2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad de la Resolución 0012 del
20 de enero de 2021, por medio de la cual la entidad accionada le negó el
reconocimiento y el pago de una pensión de jubilación.

3. A título de restablecimiento, pidió que se ordene a la parte demandada
reconocer y pagar una pensión de jubilación, equivalente al 75 % del promedio de lo
devengado durante el año inmediatamente anterior al cumplimiento del estatus
pensional –28 de agosto de 2019–.

4. Adicionalmente, pidió que se dé cumplimiento a la sentencia de acuerdo con los
artículos 192 y 195 del CPACA; que se le paguen las diferencias en las mesadas
dejadas de percibir, los ajustes de valor a que haya lugar, los intereses moratorios a
partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y, finalmente, que
se condene en costas a la entidad demandada de acuerdo con el artículo 188 ibidem.

2.1.2. Hechos

5. La Sala los sintetiza así:

6. La señora Amalia del Carmen Castaño Vega nació el 28 de agosto de 1964 y
prestó sus servicios como docente en la Secretaría de Educación de Sincelejo

1 Samai Tribunal, índice 00001, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 1, PRESENTADEMANDA.

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Demandante: Amalia del Carmen Castaño Vega
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Sociales del Magisterio

mediante órdenes de prestación de servicios, tiempo que le fue reconocido para
efectos pensionales en la sentencia proferida el 22 de octubre de 2014 por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo, confirmada por el Tribunal
Administrativo de Sucre –decisión que se encuentra debidamente ejecutoriada–.
Dichos tiempos son los siguientes:

• Del 1 de febrero 1997 al 12 de diciembre de 1997.
• A partir del 2 febrero de 1998 al 30 de noviembre de 1998.
• Desde el 1 febrero de 1999 hasta el 30 de noviembre de 1999.
• Del 1 de febrero 2000 al 30 de noviembre de 2000.
• A partir del 1 de febrero 2001 hasta el 30 de noviembre de 2001.
• Desde el 1 de febrero 2002 al 30 de noviembre de 2002.
• Del 13 de enero 2003 hasta el 30 de agosto de 2005.

7. Luego, fue vinculada al municipio de Sincelejo desde el 25 de septiembre de
2003 hasta el 1 de octubre de 2009. Y a partir de ese año –2009– fue incorporada a la
docencia oficial. Nombramiento que continuaba vigente a la fecha de presentación de
la demanda, conforme se indicó.

8. Por lo anterior, al acreditar 55 años de edad y 20 años de servicio oficial, la
accionante le solicitó a la entidad demandada el reconocimiento de la pensión de
jubilación, pero esta le fue denegada a través del acto administrativo acusado, esto,
pese a que se vinculó a la docencia antes del 26 de junio de 2003, fecha de entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

• Ley 33 de 1985, artículo 1.° inciso 2.°.
• Ley 91 de 1989, artículo 15, numerales 1 y 2.
• Ley 60 de 1993, artículo 6.
• Ley 115 de 1994, artículo 115.
• Ley 100 de 1993, artículo 279.
• Ley 812 de 2003, artículo 81.
• Decreto 3752 de 2003, artículos 1 y 2.

9. En cuanto al concepto de la violación, la parte demandante sostuvo que la
entidad accionada incurrió en una indebida aplicación de la normativa al negar la
pensión de jubilación.

10. Adujo que desde la Ley 6.ª de 1945 se reconoció el derecho a la pensión vitalicia
de jubilación para los empleados públicos, régimen que fue actualizado por el artículo
1.° de la Ley 33 de 1985, que fijó en 55 años de edad y 20 años de servicio los

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Sociales del Magisterio

requisitos para acceder a una pensión equivalente al 75 % del salario promedio del
último año.

11. Indicó que la Ley 91 de 1989 ratificó dicha condición para los docentes
nacionales y nacionalizados, estableciendo que quienes se vincularan a partir del 1.°
de enero de 1990 se regirían por las normas aplicables a los servidores públicos del
orden nacional, unificando así el régimen prestacional económico y social del
magisterio con el del resto del sector público.

12. En cuanto al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, explicó que esta disposición
estableció un criterio según el cual a los docentes vinculados con anterioridad al 27 de
junio de 2003 les resulta aplicable el régimen prestacional anterior a dicha ley —esto
es, la Ley 33 de 1985 en concordancia con la Ley 91 de 1989—, mientras que a
quienes se vinculen con posterioridad les corresponde el régimen de prima media de
las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con la excepción de la edad de pensión de vejez
unificada en 57 años. Destacó que el parágrafo transitorio 1. ° del Acto Legislativo 01
de 2005 ratificó este esquema diferenciado.

13. Añadió que el Decreto 3752 de 2003 refuerza esta conclusión, pues su artículo
2.° establece que las prestaciones causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag
están a cargo de la respectiva entidad territorial o entidad de previsión, sin que la falta
de afiliación oportuna pueda trasladarse como perjuicio al trabajador para negar el
derecho pensional.

14. Argumentó que la expresión «vinculados al servicio público educativo oficial»,
contenida en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, no exige que el docente se
encontrara laborando en la fecha exacta de entrada en vigor de dicha norma, sino
simplemente que hubiese tenido una vinculación anterior a esta. En apoyo de tal
interpretación, citó jurisprudencia del Consejo de Estado —entre otras, la sentencia
del 16 de marzo de 2017, expediente 1078-2014— que precisó que el factor
determinante para la aplicación del régimen anterior a la Ley 812 de 2003 es la fecha
de la primera vinculación al servicio docente, con independencia de la continuidad en
la prestación del servicio.

15. Concluyó que la circunstancia de haber sido vinculada al nuevo escalafón
docente establecido por el Decreto 1278 de 2002 es un aspecto de índole salarial que
no incide sobre el régimen pensional, el cual se determina exclusivamente por la fecha
de ingreso al servicio oficial. Por consiguiente, afirmó que al haberse demostrado que
la accionante estuvo vinculada a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003, le
asiste el derecho a la pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985, con una
tasa de reemplazo del 75 % del promedio salarial del último año de servicio.

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2.2. Contestación de la demanda

16. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio no contestó la demanda2.

2.3. Sentencia de primera instancia

17. El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión Oral, mediante
sentencia del 9 de abril de 2025, accedió a las pretensiones de la demanda. Para el
efecto, indicó:

18. El régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fomag se encuentra
determinado por la fecha de vinculación al servicio educativo estatal. Hizo referencia
al marco normativo conformado por las leyes 91 de 1989, 33 de 1985, 60 de 1993, 100
de 1993, 115 de 1994 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, así como por el parágrafo
transitorio 1.° del Acto Legislativo 01 de 2005, para concluir que existen dos regímenes
pensionales diferenciados según la fecha de ingreso al servicio: (a) a los docentes
vinculados antes del 27 de junio de 2003 les es aplicable el régimen previsto en las
leyes 33 y 62 de 1985, en concordancia con la Ley 91 de 1989; (b) en tanto que a
quienes se vinculen con posterioridad a esa fecha les corresponde el régimen de prima
media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad
de pensión de vejez, unificada en 57 años.

19. Apoyó esta conclusión en la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del
25 de abril de 2019 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que fijó como reglas
para los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, la edad de 55 años, 20
años de servicio, tasa de reemplazo del 75 % y como ingreso base de liquidación el
promedio del último año, con los factores previstos en el artículo 1.° de la Ley 62 de
1985 sobre los que se hubiesen efectuado los respectivos aportes.

20. En ese orden, para el caso concreto, estableció que la parte demandante estuvo
vinculada a la Secretaría de Educación Municipal de Sincelejo mediante órdenes de
prestación de servicios desde el 1.° de febrero de 1997 hasta el 30 de agosto de 2003.
Consideró que, dado que a través de la sentencia del Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Sincelejo del 22 de octubre de 2014 —confirmada por el Tribunal
Administrativo de Sucre el 16 de abril de 2015— se declaró la existencia de una
verdadera relación laboral durante esos períodos y se ordenó el pago de los
respectivos aportes a seguridad social, dichos tiempos deben ser computados tanto
para efectos pensionales como para la determinación del régimen aplicable, fijando
así el 1.° de febrero de 1997 como fecha de vinculación al servicio docente oficial.

2 Según se lee de la sentencia de primera instancia del 9 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo

de Sucre.
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21. Igualmente, verificó que la accionante estuvo vinculada en provisionalidad
desde el 25 de septiembre de 2003 hasta el 1.° de octubre de 2009, y en propiedad
desde el 2 de octubre de 2009 hasta el 29 de agosto de 2019.

22. Acreditada la vinculación anterior al 27 de junio de 2003, el Tribunal concluyó
que el régimen pensional aplicable es el previsto en las leyes 33 y 62 de 1985.
Comprobó el cumplimiento del requisito de edad —55 años cumplidos el 28 de agosto
de 2019— y del tiempo de servicio, que estableció en 21 años, 6 meses y 25 días,
acumulados entre el 1.° de febrero de 1997 y el 29 de agosto de 2019, incluyendo los
períodos bajo órdenes de prestación de servicios, en provisionalidad y en propiedad.

23. Con base en dicho cómputo, determinó que la accionante reunió los 20 años de
servicio el 4 de febrero de 2018, fecha a partir de la cual fijó el reconocimiento de la
pensión. Precisó que los factores salariales a tener en cuenta para la liquidación son
los establecidos en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985. En materia de prescripción,
señaló que esta no operó, dado que la solicitud pensional fue formulada el 19 de
noviembre de 2019, resuelta mediante la Resolución 0012 del 20 de enero de 2021 y
la demanda fue presentada el 29 de octubre de 2021. Finalmente, condenó en costas
a la parte demandada.

24. En consecuencia, dispuso declarar la nulidad de la Resolución 0012 del 20 de
enero de 2021 y ordenó a la entidad accionada el reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación equivalente al 75 % de los salarios y primas recibidos en el último año
anterior al cumplimiento del estatus pensional, efectiva a partir del 4 de febrero de
20183.

2.4. Recurso de apelación

25. La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión, bajo los siguientes argumentos4:

26. Sostuvo que la accionante fue afiliada al Fomag el 1. ° de agosto de 2005, es
decir, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. En esa medida,
afirmó que su vinculación legal y reglamentaria al servicio docente oficial solo se
produjo en fecha posterior al 27 de junio de 2003, razón por la cual el régimen
pensional aplicable es el de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, y no el régimen previsto en la Ley 33 de 1985.

3 Textualmente dijo lo siguiente: «SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del

derecho ORDENESE a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio a RECONOCER Y PAGAR una pensión de jubilación equivalente al 75% de los salarios y primas
recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionado, es decir, a partir del 04 de febrero de 2018,
según se expuso».
4 Samai Tribunal, índice 00024, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 24_34.

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27. Argumentó que los tiempos laborados en cumplimiento de órdenes de
prestación de servicios con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003 se pueden
computar para efectos pensionales más no habilitan la aplicación del régimen
pensional anterior a dicha ley, puesto que para el efecto se requiere una vinculación al
sector docente oficial a través de una relación legal y reglamentaria antes del 27 de
junio de 2003. Para sustentar su dicho invocó la sentencia del 17 de abril de 2024
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del expediente 00302-
2022.

28. Añadió que el reconocimiento judicial de tiempos de servicios bajo la modalidad
de contratos de prestación de servicios o la declaración de existencia de una relación
laboral no equivale al reconocimiento de la calidad de empleado público ni genera, por
sí solo, la obligación del Fomag de asumir el pago de la pensión de jubilación bajo el
régimen anterior a la Ley 812 de 2003.

29. Finalmente, sostuvo que la base de liquidación de las prestaciones sociales
causadas con posterioridad a la afiliación al Fomag no puede ser diferente a la base
de cotización sobre la cual el docente efectivamente realizó sus aportes. Invocó
igualmente la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019,
con el propósito de resaltar que los factores salariales a incluir en el ingreso base de
liquidación son exclusivamente aquellos sobre los cuales se hubiesen efectuado los
respectivos aportes, conforme al artículo 1. ° de la Ley 62 de 1985, y que dicha decisión
busca garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

30. Mediante auto del 5 de julio de 20255, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada, y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

31. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA según el cual el Consejo
de Estado conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

5 Samai, índice 00004, ed_expediente_expdig(.rar) NroActua 4_4, AUTOQUEADMITE.

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32. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código
General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a la Sala definir si:

33. ¿La demandante registra una vinculación oficial docente con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, a través de OPS, que le permite disfrutar de
una pensión de jubilación en aplicación de la Ley 33 de 1985 o, por el contrario, su
situación pensional debe analizarse a la luz de la Ley 100 de 1993?

34. Para resolver el interrogante planteado, la Sala abordará los siguientes temas:
(1) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio; (2) el régimen de los docentes oficiales según
la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019; y (3) el
cómputo de la labor docente en virtud de los contratos de prestación de servicios para
el reconocimiento pensional.

35. A partir de las anteriores consideraciones (4) se destacarán los hechos
probados más relevantes, y (5) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverá
el problema jurídico planteado.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. El régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

36. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, que estableció: «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

37. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 19896, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

38. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema especial de financiamiento que se
distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde

6 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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Sociales del Magisterio

los docentes contribuyen con el 5 % de su sueldo básico mensual, mientras que la
nación aporta el 8 % sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago
por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una
de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.

39. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal
nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se
vinculen a partir del 1 de enero de 1990.

40. Sin embargo, la Ley 812 de 20037 en el artículo 81 determinó que los docentes
vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad
importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros. Y
posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del
régimen, al establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo
preceptuado en el artículo 81 de esta».

41. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación
al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional
de los empleados públicos del orden nacional (leyes 33 de 1985 o 71 de 1988). El
segundo, para quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57
años, para ambos géneros—.

3.3.2. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 20198

42. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente
oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

7 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.

45.231, de 27 de junio de 2003.
8 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-

S2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).
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Sociales del Magisterio

43. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la
pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y
territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo.
Tales regímenes son:

44. (a) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33
de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión
y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores
que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los
que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.

45. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1. ° de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y
de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003,
cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, conforme
con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:

✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de remplazo: 75 %.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende (1) el periodo del último año de
servicio docente y (2) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.

46. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en
cuanto a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso base de liquidación,
que además de los antes señalados, deben considerarse los de naturaleza salarial
10

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según las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación pedagógica (Decreto
2354 de 2018)9.

47. (b) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El
ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las
respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la sentencia de
unificación se fijó la siguiente regla:

Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones.

48. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:

✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
✓ Tasa de remplazo: 65 % - 85 %10, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso
base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del
artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797
de 2003.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende: (1) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión y (2) los factores salariales dispuestos en el
Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual; gastos de representación;
prima técnica (cuando sea factor de salario); primas de antigüedad, ascensional
de capacitación cuando sean factor de salario; remuneración por trabajo
dominical o festivo; bonificación por servicios prestados y remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.

9 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad.

15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
10 Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.

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49. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en líneas atrás, sobre la existencia de
normas especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte del
ingreso base de cotización.

50. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que
el factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de
vinculación inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003.
Estas reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en
la jurisprudencia de esta Sección11, tales como:

(1) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la
Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su
vigencia.
(2) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra
especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación
de servicios.
(3) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera
docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).

51. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, garantizando así la sostenibilidad
financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.

3.3.3. Sobre el cómputo de la labor docente en virtud de contratos de prestación
de servicios para el reconocimiento pensional

52. En relación con los tiempos laborados por los docentes mediante contratos de
prestación de servicios, esta corporación ha precisado que el tiempo laborado
mediante contratos de prestación de servicios también puede considerarse para
acreditar el ejercicio de la función docente oficial y, por consiguiente, debe computarse
para efectos pensionales.

11 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01
(0391-2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 25000-23-42-000-2019-00655-01
(2532-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 6 de febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.

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53. Al respecto, ha indicado que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de
1979, la labor docente hace alusión al «ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales
y no oficiales de educación en los distintos niveles», definición que se centra en la
naturaleza material de la actividad, independientemente de la forma de vinculación.

54. En desarrollo de este concepto, la jurisprudencia ha establecido que los
docentes vinculados mediante contratos de prestación de servicios, al igual que los
docentes empleados públicos, desarrollan su labor de manera personal y subordinada
a los reglamentos propios del servicio público educativo. En tal sentido, en la sentencia
de unificación del 25 de agosto de 201612 la Sección Segunda del Consejo de Estado
precisó lo siguiente:

la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el
carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación
existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes
– empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y
vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en
el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos
y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por
el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e
igualdad, los docentes-contratistas merecen una protección especial por parte del
Estado.

55. Por consiguiente, «se ha establecido que el proceso ordinario de
reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través
de contratos de prestación de servicios es viable cuando se pretende la declaración
de la existencia de una relación laboral encubierta o en el evento en que únicamente
se solicite para efectos del cómputo de los periodos laborados bajo la forma
contractual13»14 (se destaca). Lo anterior, en virtud de los principios como el de la
primacía de la realidad sobre las formas, el de favorabilidad y el pro homine, cuya
aplicación permite que los tiempos laborados en ejercicio de la función docente
mediante contratos de prestación de servicios puedan ser computados para efectos
pensionales.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de abril de 2016. Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-2015).
13 En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la acumulación

de tiempos de servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a cuyo cargo esté el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales
obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada
una de aquellas (artículo 75, numeral 3), tal como lo señaló el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 13 de febrero del 2020 proferida dentro del proceso con radicación 54001-23-33-000-2014-00106-
01(0156-15). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30

de enero de 2025, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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56. En línea con lo expuesto, la Sala destaca que la posibilidad de tener en cuenta
los tiempos laborados bajo dicha modalidad no es óbice para que se empleen los
mecanismos previstos en el ordenamiento para el debido recaudo de los aportes al
Sistema de Seguridad Social, en caso de que se hubiese omitido su pago oportuno o
que el monto consignado sea inferior al establecido en la ley. Al respecto, cabe
recordar que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 3752 de 2003, a las entidades
territoriales o las entidades de previsión social a las que se hubieren realizado los
aportes, tendrán a su cargo los trámites relativos a las prestaciones sociales de los
docentes que se hubieren causado con anterioridad a su afiliación al Fomag. Por esta
razón, tales autoridades serán responsables de la omisión en el pago de los aportes
en los lapsos laborados por contratos de prestación de servicios y en esa medida
deberán adelantar las actuaciones pertinentes para obtener su respectivo pago.

57. En relación con lo anterior, la ley establece, entre otras medidas para lograr el
pago de los aportes, las siguientes: (1) la existencia de un interés moratorio a cargo
de los empleados que no realicen el pago de los aportes —artículo 23 de la Ley 100
de 1993—; (2) consecuencias disciplinarias para quienes actúen como ordenadores
del gasto que se abstengan de realizar las cotizaciones de forma oportuna sin justa
causa; (3) la posibilidad de adelantar acciones de cobro y de cobro coactivo—artículos
24 y 57 de la Ley 100 de 1993—; y (4) la facultad de las cajas de previsión obligadas
al pago de la pensión, de «repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra
las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere
servido o aportado a ellos» —artículo 2 de la Ley 33 de 1985—.

58. En conclusión, y de acuerdo con lo expuesto, para la aplicación de la Ley 812
de 2003, si un docente se vinculó mediante contrato de prestación de servicios antes
del 27 de junio de 2003, le será aplicable el régimen pensional anterior, es decir, el
establecido en la Ley 91 de 1989 que remite a la Ley 33 de 1985, independientemente
de que posteriormente haya tenido interrupciones en el servicio o se haya vinculado
bajo otras modalidades.

59. Esta interpretación se fundamenta en dos consideraciones adicionales: (1) la
Ley 812 de 2003 no estableció distinciones respecto a la modalidad de vinculación,
únicamente previó el criterio temporal de ingreso al servicio; y (2) de acuerdo con la
sentencia C-555 de 1994 de la Corte Constitucional, en la que se analizó la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3
del artículo 105 de la Ley 115 de 199415, la diferenciación de los docentes vinculados
como empleados públicos y los contratados por prestación de servicios no puede

15 Ley 115 de 1994, artículo 105. «Vinculación al servicio educativo estatal. La vinculación de personal docente,

directivo y administrativo al servicio público educativo estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho
por decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial. // Únicamente podrán
ser nombrados como educadores o funcionarios administrativos de la educación estatal, dentro de la planta de
personal, quienes previo concurso, hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales […]».
14

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significar el desconocimiento de derechos y garantías laborales que son
irrenunciables, por cuanto realizan una actividad igual.

60. Por consiguiente, cuando se analiza la aplicación del régimen pensional
docente, el hecho de que la vinculación anterior a la Ley 812 de 2003 haya sido
mediante contratos de prestación de servicios no impide la aplicación del régimen
anterior.

3.4. Hechos probados

61. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:

62. La señora Amalia del Carmen Castaño Vega nació el 28 de agosto de 1964,
según la copia de la cédula de ciudadanía16, por lo tanto, para el 19 de noviembre
201917, fecha de la reclamación pensional ante la entidad accionada, contaba con 55
años.

63. Se allegó copia de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo
Oral del Circuito de Sincelejo, del 22 de octubre de 2014 dictada dentro del proceso
70001-33-31-003-2013-00245-0018, promovido por la señora Amalia del Carmen
Castaño Vega contra el municipio de Sincelejo, en el que se reconoció la existencia de
una relación laboral en los periodos comprendidos entre «01 de febrero hasta el 12 de
diciembre de 1997; desde 02 de febrero hasta el 30 de noviembre de 1998, desde el
01 febrero hasta el 30 de noviembre de 1999; desde el 01 de febrero hasta el 30 de
noviembre de 2000, desde el 01 de febrero hasta el 30 de noviembre de 2001; desde
el 01 de febrero hasta el 30 de noviembre de 2002; desde el 13 de enero de 2003
hasta el 30 de agosto de 2005».

64. Mediante sentencia del 16 de abril de 201519 proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, se confirmó el fallo del 22 de octubre de 2014 emitido por el
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo.

65. Según la copia del formato único para la expedición de certificado de historia
laboral expedido por el Fomag – Secretaría de Educación de Sincelejo, expedido el 29
de agosto de 201920, la demandante prestó sus servicios como docente durante los
siguientes periodos:

16 Samai Tribunal, índice 00027, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua
27_19001233300320200061100_002DEMANDA pág. 18.
17 Samai Tribunal, índice 00030, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 30_39, ENVIOOFICIO_DEMANDA, pp 20.
18 Samai Tribunal, índice 00030, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 30_39, ENVIOOFICIO_DEMANDA, pp 24 a 47.
19 Samai Tribunal, índice 00030, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 30_39, ENVIOOFICIO_DEMANDA, pp 48 a 74.
20 Samai Tribunal, índice 00030, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 30_39, ENVIOOFICIO_DEMANDA, pp 80.

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• Al plantel educativo Escuela Rural San Martín del municipio de Sincelejo desde
el 1.º de febrero de 1997 hasta el 12 de diciembre de 1997 y del 2 de febrero
de 1998 hasta el 30 de noviembre de 1998, a través de OPS.
• En el Colegio Técnico Agropecuario La Gallera de Sincelejo entre el 1.º de
febrero de 1999 y el 30 de noviembre de 1999, del 1.º de febrero de 2000 al 30
de noviembre de 2000, a partir del 1.º de febrero de 2001 al 30 de noviembre
de 2001 y del 1.º de febrero de 2002 al 30 de noviembre de 2002, por medio de
OPS.
• En el Instituto Educativo Agropecuario de La Gallera de Sincelejo desde el 13
de enero de 2003 hasta el 30 de agosto de 2005, en virtud de un OPS. En esa
misma institución a partir del 1.º de septiembre de 2003 hasta el 1.º de octubre
de 2009 en virtud del nombramiento efectuado mediante el Decreto 188 de
2003. Posteriormente, se le designó en propiedad a partir del 2 de octubre de
2009 hasta el 29 de agosto de 2019, con ocasión del Decreto 389 de 2009.

66. Sumados los tiempos antes señalados, la accionante prestó el servicio docente
durante 21 años, 7 meses y 27 días. Este cómputo se efectúa sin contabilizar dos
veces el servicio prestado entre el 1 de septiembre de 2003 y el 30 de agosto de 2005,
debido a que durante este lapso coexistió una OPS y un nombramiento en
provisionalidad.

67. El 19 de noviembre de 2019 la accionante solicitó el reconocimiento y pago de
una pensión de jubilación21.

68. Mediante la Resolución 0012 del 20 de enero de 202122, el secretario de
educación del municipio de Sincelejo negó el reconocimiento y el pago de una pensión
de jubilación a favor de la señora Castaño Vega. En esta resolución, se indicó que la
peticionaria se vinculó por medio del Decreto 188 del 23 de agosto de 2003 y su
ingreso es del 25 de septiembre de 2003, de lo cual se desprendía que la norma
aplicable era la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, norma que prevé,
para el efecto, como requisitos 57 años de edad para hombres y mujeres y 1300
semanas cotizadas y que la pensión se liquida con los últimos 10 años de servicios
prestados, con los que no cumplía la demandante.

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

69. En la sentencia de primera instancia se reconoció y ordenó el pago de la pensión
de jubilación de la señora Amalia del Carmen Castaño Vega, de conformidad con los
preceptos de la Ley 33 de 1985, en un monto equivalente al 75 % de los salarios y

21 Según se lee en la Resolución 0012 del 20 de enero de 2021, Samai Tribunal, índice 00027,
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 27_19001233300320200061100_002 DEMANDA págs. 19 a 22.
22 Samai Tribunal, índice 00027, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua
27_19001233300320200061100_002DEMANDA págs. 19 a 22.
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primas recibidas, anteriores al cumplimiento del estatus pensional, desde del 4 de
febrero de 2018, y se dispuso que la liquidación fuera conforme la Ley 62 de 1985.

70. En el recurso de alzada, la parte accionada afirmó que la señora Castaño Vega
fue afiliada al Fomag el 1. ° de agosto de 2005, esto es, en vigor de la Ley 812 de
2003; por consiguiente, no era beneficiaria del régimen pensional previsto en la Ley 33
de 1985. Además, alegó que los tiempos prestados a través de contratos de prestación
de servicios no podían tenerse en cuenta para efectos del cómputo pensional.

71. En este punto, la Sala se detiene para precisar que, si bien de la lectura en
estricto sentido del recurso de apelación objeto de análisis se deriva el planteamiento
del problema jurídico propuesto en el acápite correspondiente de esta providencia
«3.2. Problema jurídico», lo cierto es que para esta Subsección la controversia va más
allá, es decir, no recae propiamente sobre la fecha de afiliación al Fomag de la
accionante, sino en establecer si la fecha de vinculación al servicio docente oficial, y –
se insiste– no la de afiliación al fondo, es la que define la aplicación de la Ley 33 de
1985 o del régimen previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

72. En ese orden, se circunscribe el problema jurídico únicamente a determinar si
la demandante tiene derecho a que, en su condición de docente oficial, se le reconozca
la pensión de jubilación en aplicación de la Ley 33 de 1985, por haber estado vinculada
antes del 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, o si,
por el contrario, lo debe ser con la Ley 100 de 1993, en tanto fue afiliada al Fomag el
1. ° de agosto de 2005.

73. En el caso particular, se demostró que la señora Amalia del Carmen Castaño
Vega se vinculó por primera vez al servicio docente antes de la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003 —27 de junio de 2003—, esto es, del 1.º de febrero de 1997 hasta el
12 de diciembre de 1997. En adelante lo fue desde 2 de febrero de 1998 hasta el 30
de agosto de 2005, todas mediante órdenes de prestación de servicios.

74. Al respecto, conforme se estudió en el acápite de marco normativo de esta
providencia, se destaca que los docentes vinculados mediante contratos de prestación
de servicios no ejercen su labor de manera independiente, pues al igual que los
docentes-empleados públicos, desempeñan sus funciones de manera personal y
subordinada a los reglamentos propios del servicio público de la educación. Tan es así
que, como lo definió la Sección Segunda de esta corporación en la sentencia de
unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 201623, carecen de autonomía en el
desarrollo de su actividad, pues se someten a directrices, inspección y vigilancia de
las autoridades educativas; y sus funciones las ejercen durante una jornada laboral

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016. Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-2015).
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Demandante: Amalia del Carmen Castaño Vega
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Sociales del Magisterio

que está sometida a un calendario académico, lo que los hace merecedores de una
protección especial por parte del Estado.

75. A su vez, la reclamación del reconocimiento de una pensión de jubilación con
inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios, en el
curso de un proceso ordinario es posible, según lo ha estudiado esta corporación, (1)
cuando se persiga la declaración de la existencia de una relación laboral encubierta o
(2) en aquellos casos en los que solo se pretenda el cómputo de los periodos laborados
bajo esa forma contractual. Escenario este último en el que, como lo ha definido la
jurisprudencia24:

es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia de la
entidad de previsión. Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se reglamenta
el Decreto 3135»25 permite la acumulación de tiempos de servicio con la posibilidad de
exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al indicar que la pensión de jubilación
correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de previsión
social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por
la ley y que en los casos de acumulación de tiempo de servicios la entidad o empresa a
cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a
repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad
proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas.

76. Así, la Sala estima que el periodo laborado por la accionante a través de
contratos de prestación de servicios, antes señalado, resulta válido para contabilizar
el tiempo de servicios con efectos pensionales, en virtud de los principios de primacía
de la realidad sobre las formalidades e igualdad, lo cual adquiere mayor sentido si se
tiene en cuenta que existe fallo judicial proferido por el Juzgado Tercero Administrativo
Oral del Circuito de Sincelejo del 22 de octubre de 2014, confirmado por el Tribunal
Administrativo de Sucre a través de sentencia del 16 de abril de 2015, según los cuales
existió una relación laboral entre la accionante y la Secretaría de Educación por los

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de

febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015); sentencia del 13 de febrero del 2020.
Radicado número 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15).
25 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará

al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para
tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de
tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión. 2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a
ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará
directamente por la última entidad o empresa oficial empleadora. 3. En los casos de acumulación de tiempo de
servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas. En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948
y, si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto la
entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamento legal, se
entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el proyecto de
reconocimiento de la pensión».
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periodos comprendidos entre «01 de febrero hasta el 12 de diciembre de 1997; desde
02 de febrero hasta el 30 de noviembre de 1998, desde el 01 febrero hasta el 30 de
noviembre de 1999; desde el 01 de febrero hasta el 30 de noviembre de 2000, desde
el 01 de febrero hasta el 30 de noviembre de 2001; desde el 01 de febrero hasta el 30
de noviembre de 2002; desde el 13 de enero de 2003 hasta el 30 de agosto de 2005».

77. Precisado lo anterior, con el fin de definir el régimen pensional aplicable al
demandante, se recuerda que los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003, gozan del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985 o el
establecido en la Ley 71 de 1988, esta última cuando acumulen aportes por servicios
prestados en los sectores oficial y privado, teniendo en cuenta que la Ley 91 de 1989
no la restringió. En cambio, a aquellos docentes vinculados con posterioridad, afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se les debe aplicar el
régimen de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.

78. En tal sentido, como la señora Amalia del Carmen Castaño Vega, según se dijo
antes, se vinculó por primera vez al servicio docente desde el 1.º de febrero de 1997
hasta el 12 de diciembre de 1997, esto es, antes de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003, le es aplicable la Ley 91 de 1989 y se estima que es beneficiaria del régimen
pensional previsto en la Ley 33 de 1985, como acertadamente lo concluyó el Tribunal.

79. Sobre el particular, es necesario resaltar que la interrupción o suspensión del
servicio oficial docente no puede ser óbice para determinar el régimen pensional que
cobija la situación jurídica, pues como quedó visto antes en esta providencia, la
corporación26 ha avalado el reconocimiento de la pensión de jubilación del personal
docente, considerando la totalidad de los periodos laborados, aun cuando existiere
discontinuidad entre estos.

80. Así, comoquiera que la demandante acreditó haber estado vinculada a la
docencia oficial antes del 27 de junio de 2003, se considera que tiene derecho a la
definición de su situación pensional bajo el régimen pensional de la Ley 33 de 1985.
Además, los factores salariales a tener en cuenta para la liquidación serán los
establecidos en el artículo 1. ° de la Ley 62 de 1985, como bien lo determinó el a quo
en la sentencia objeto de la apelación. Y, además de los antes señalados, deben
considerarse los de naturaleza salarial según las normas posteriores27.

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18

de septiembre de 2020. Radicado número 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019).
Criterio reiterado por la Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 2 de junio de 2022. Rad. 25000-23-42-
000-2019-00143-01 (3061-2021).

27 Luego de la Ley 62 de 1985.

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81. Del análisis de los hechos probados, no puede dejar de advertir la Sala que la
accionante cumplió los 55 años de edad requeridos para pensionarse, a la luz de la
Ley 33 de 1985, el 28 de agosto de 2019, instante para el cual había prestado el
servicio docente por 27 años, 7 meses y 26 días; razón por la cual adquirió el estatus
pensional en la fecha antes señalada –28 de agosto de 2019–, y no el 4 de febrero de
2018 como lo sostuvo el Tribunal solo teniendo el tiempo de servicio requerido para
pensionarse.

82. Como consecuencia de lo anterior, se modificará el fallo de primera instancia
en el sentido de precisar la fecha de adquisición del estatus pensional, lo que supone
también el instante desde el cual es procedente reconocer las mesadas respectivas,
frente a las cuales no opera el fenómeno de la prescripción, teniendo en cuenta que el
derecho se causó el 28 de agosto de 2019, la reclamación administrativa se radicó el
19 de noviembre de 2019 y la demanda se presentó el 29 de octubre de 2021.

83. Las señaladas modificaciones conllevan a que la entidad accionada deba
reconocer un número de mesadas menor a las inicialmente reconocidas desde el 4 de
febrero de 2018, por el juez de primera instancia y además se garantiza que el
reconocimiento de la pensión se apegue a los estrictos términos de ley.

84. Así las cosas, se desestiman los argumentos del recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia, que habrá de confirmarse con las
precisiones antes señaladas.

3.6. Costas

85. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 28 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha

28 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones, a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

86. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 9 de abril de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Sucre, que accedió a las pretensiones de la demanda.

Segundo. Modificar el numeral segundo de la sentencia antes señalada que quedará
así:
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho ordénese a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar una
pensión de jubilación equivalente al 75% de los salarios y primas recibidas,
anteriores al cumplimiento del estatus jurídico de pensionado, es decir, a partir
del 28 de agosto de 2019, según se expuso,

Tercero. Sin condena en costas.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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