CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número:73 001-23-33-000-2017-00540-01(0566-19)
Actor: GEHITER MAURICIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Demandado: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (ESE) HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL (TOLIMA)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Contrato realidad
Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y accionada contra la sentencia de 27 de septiembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 398 a 420 del cuaderno principal 2). El señor Gehiter Mauricio Rodríguez Martínez, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital San Juan Bautista de Chaparral (Tolima), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare (i) que «[…] tuvo el carácter de servidor público, como empleado público de hecho, en su vinculación y prestación de servicios con el HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. DE CHAPARRAL, Tolima, desde el […] 26 de julio de 2010 […] hasta el 31 de mayo de 2015» (sic); y (ii) la nulidad del oficio 327-17 de 23 de junio de 2017, por medio del cual se negó la existencia de una relación laboral entre las partes.
A título de restablecimiento del derecho, se condene al pago de «[…] el auxilio de cesantías y los intereses sobre las mismas, primas de servicios, de navidad [y] vacaciones, indemnizaciones a que hubiere lugar, ya así como los demás emolumentos legales y especiales a que tiene derecho, en forma igual a los empleados públicos al servicio de esta entidad, que desempeñan las mismas funciones que ejerció […] aplicando para el efecto, la indexación o corrección monetaria certificada por el DANE» (sic).
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que «[…] estuvo vinculado al HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. DE CHAPARRAL desde el 26 de julio de 2010» (sic), por medio de contratos de prestación de servicios como médico general, «[…] hasta el 31 de mayo de 2015 […] excepto los meses de febrero, marzo y abril de 2014» (sic).
Que «[…] se le asignaron varias responsabilidades que implicaban el cumplimiento de un horario de trabajo […]», las que «[…] se realizaron en condiciones de subordinación y dependencia, en idéntica forma a las desempeñadas por el personal vinculado directamente a la planta de personal al servicio de esa empresa social del Estado» (sic).
Afirma que los contratos suscritos «[…] se ejecut[aron] en forma personal y directa, bajo las órdenes impartidas por sus superiores inmediatos, esto es, el coordinador médico, es decir, en continua subordinación y dependencia propia de una relación laboral» (sic) y, por ende, «[d]urante el tiempo en que […] realizó las actividades de MÉDICO GENERAL, sus servicios se prestaron en las instalaciones de la entidad demandada y por orden del hospital en ocasiones recibía orden de asistir al ancianato municipal, en horarios que le eran asignados como consulta externa, para realizar atención a los pacientes adultos mayores» (sic).
Que el 15 de mayo de 2017 solicitó de la accionada el reconocimiento de la existencia de la relación laboral, negado con el acto acusado.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por el acto administrativo demandado los artículos 4, 13, 48, 53, 121 a 123, 125 y 209 de la Constitución Política; 26 de la Ley 10 de 1990; 2 y 32 de la Ley 80 de 1993; 15, 17, 18, 20, 22, 23, 128, 157, 194, 195, 197 y 204 de la Ley 100 de 1993; 2, 5, 8, 9, 11, 82, 83, 110 y 111 de la Ley 489 de 1998; y 25 del Decreto 1045 de 1968. Asimismo, las Leyes 4ª de 1992 y 344 de 1996.
Arguye que prestó sus servicios de manera personal, continua y subordinada, como elementos propios de una relación laboral, y por ello tiene derecho a que se le reconozcan las prestaciones propias de este vínculo, motivo por el cual el acto acusado está viciado de nulidad, pues niega el pago de las prestaciones reclamadas, dada la suscripción de los contratos de prestación de servicios.
1.5 Contestación de la demanda (ff. 500 a 505 del cuaderno principal 2). La entidad accionada, por intermedio de apoderada, se opuso a la prosperidad de las súplicas del libelo introductorio; respecto de los hechos dijo que unos son ciertos y otros no, por lo que deben probarse; y su defensa se limitó a la formulación de las excepciones denominadas prescripción y pago total de la obligación de servicio prestada por el actor a favor de la entidad demandada.
1.6 La providencia apelada (ff. 611 a 620 del cuaderno principal 2). El Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia de 27 de septiembre de 2018, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda (con condena en costas), al considerar que «[…] de acuerdo con los criterios expuestos por la Corte Constitucional […] la función contractual contratada es que usualmente debía y debe adelantar el Hospital accionado mediante vínculo laboral, en los términos señalados en la Constitución, la ley y el reglamento (criterio funcional); tales labores indiscutiblemente son las mismas que las de los servidores públicos vinculados en [la] planta de personal del Hospital y, como cumplen los tres elementos de la relación laboral, debe acudirse a la relación legal y reglamentaria o al contrato laboral y no a la contratación pública (criterio de igualdad); las funciones que fueron contratadas son cotidianas, y conllevaron al cumplimiento de un horario de trabajo, porque la actividad contratada tuvo que ejecutarse dentro del horario en que el Hospital debía prestar sus servicios, de donde surge una relación laboral y no contractual, o sea que si se suscriben órdenes de trabajo sucesivas, que muestra el indiscutible ánimo de la administración por emplear de modo permanente y continuo los servicios de una misma persona, y no se trata de una relación o vínculo de tipo ocasional o esporádico, es lógico concluir que nos referimos a una verdadera relación laboral (criterio temporal o de la habitualidad) […]».
Que «[…] la tarea contratada no corresponde a actividades nuevas, sino al giro normal de las actividades del Hospital, y las mismas no podrían ser desarrolladas de manera transitoria con el personal de planta, razón por la cual si la actividad es continua, la misma debía prestarse con personal de planta (criterio de excepcionalidad); y finalmente, como la vinculación se realizó mediante contratos sucesivos de prestación de servicios para desempeñar funciones del giro ordinario de la administración hospitalaria, esto es, para desempeñar funciones de carácter permanente, la verdadera relación existente es de tipo laboral (criterio de la continuidad)».
En lo atañedero al fenómeno jurídico-procesal de la prescripción, advierte que la prestación de servicios se dio en dos períodos, desde el 28 de julio de 2010 hasta el 1º. de enero de 2014 y del 1º. de mayo de 2014 al 31 de mayo de 2015; de igual modo, «[…] el actor elevó inicialmente una reclamación el 2 de julio de 2016 para el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales, cuya solicitud fue desestimada a través del oficio RH-131-272-08-2016; adicionalmente, el día 15 de mayo de 2017, nuevamente solicitó el reconocimiento de su calidad de empleado público y reiteró el pago de sus prestaciones sociales, cuya reclamación fue desestimada a través del oficio No. 327-17 del 23 de junio de 2017». No obstante, «[c]omo el acto administrativo sometido a examen de legalidad fue únicamente el contenido en el oficio No. 327-17 del 23 de junio de 2017, se debe concluir entonces que la prescripción en relación con ésta última petición operó a partir del 15 de mayo de 2015, de suerte que los reconocimientos indemnizatorios anteriores a esa fecha se encuentran prescritos, teniendo en cuenta que la decisión contenida en el oficio RH-131-272-08-2016 no fue cuestionada, y […] goza de presunción de legalidad».
En consecuencia, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad del acto acusado y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la accionada:
[…]
SEGUNDO: […] pagar […] el valor equivalente a las prestaciones sociales que corresponden a los empleados de la entidad, durante el período que prestó sus servicios el […] [actor] (entre el 15 de mayo de 2014 [y el] […] 31 de mayo de 2015), liquidadas conforme al valor pactado como honorarios en los contratos de prestación de servicios, así como el pago de los aportes por dicho período al [s]istema de [s]eguridad [s]ocial en su proporción respectiva […]
Así mismo, la entidad deberá descontar de las sumas que resulten en favor del demandante el porcentaje de cotización que a éste le corresponde efectuar.
[…] (sic para toda la cita).
1.7 Los recursos de apelación.
1.7.1 Actor (ff. 632 a 637 del cuaderno principal 2). Por intermedio de su apoderada, interpuso recurso de apelación (parcial), en lo concerniente a que (i) para el pago de las prestaciones sociales, «[…] solo tuvo en cuenta la asignación básica mensual (“honorarios pactados”) […] [y] no los valores efectivamente recibidos, mes [a] mes, como se encuentra demostrado en el expediente» (sic); (ii) «[o]mitió la condena correspondiente a los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social […] desde el 28 de julio de 2010 al 1º de enero de 2014 y desde el 01 de mayo de 2014 al 31 de mayo de 2015» (sic); (iii) «[n]o estableció la devolución de los aportes correspondientes a salud que efectuó […] en su totalidad durante los períodos de la vinculación laboral» (sic); y (iv) «[l]imitó el período de la condena al lapso transcurrido entre el 15 de mayo de 2014 y el 31 de mayo de 2015» (sic).
Agrega que se calculó en forma incorrecta el término prescriptivo, deben reconocerse y pagarse los aportes a pensión durante todo el tiempo de prestación de servicios y devolvérsele lo cotizado en salud.
1.7.2 Entidad demandada (ff. 628 a 631 del cuaderno principal 2). Inconforme con la anterior sentencia, por conducto de su apoderada, también formuló recurso de apelación, en el que estima que «[…] la conducta como médico, la cual fuere desplegada al interior de la entidad, debe acatar ciertos parámetros, lo cual de lleno no implica la subordinación para declarar la existencia de un contrato realidad, pues debe por intermedio del coordinador médico, saber cuándo se debe prestar el servicio, que como quedó claro NO SE PODÍA PRESTAR CON EL PERSONAL DE PLANTA […]» (sic).
Que «[…] observándose las manifestaciones de los testigos, […] las funciones que dijeron ellos el actor desempeñaba, hacen parte de las […] propias de cada acto contractual, así como hicieron evidente que su contratación obedeció A LA NECESIDAD DE LSERVICIO AL NO PODER CUMPLIR EL HOSPITAL […] con sus deberes con el personal de planta […]» (sic).
Además, no se probó el elemento de la subordinación y dependencia dentro de la relación laboral, toda vez que «[n]o existe prueba del cumplimiento de órdenes de superior (gerencia, directores u otros) ni la obligatoriedad en el cumplimiento de capacitaciones internas, solo su asistencia, que por demás fue voluntaria y necesaria para su crecimiento como profesional […]».
II. TRÁMITE PROCESAL.
Los recursos de apelación fueron concedidos mediante proveído de 14 de noviembre de 2018 (ff. 649 a 651 del cuaderno principal 2) y admitidos por esta Corporación a través de auto de 6 de noviembre de 2019 (f. 657 ibidem), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitidas las alzadas, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, con providencia de 3 de julio de 2020 (f. 663 del cuaderno principal 2), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por las primeras para reiterar sus argumentos de demanda, defensa y apelaciones.
III. CONSIDERACIONES.
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Problema jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste razón jurídica o no para reclamar de la ESE Hospital San Juan Bautista de Chaparral (Tolima) el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales no devengadas durante el tiempo que permaneció vinculado como contratista, en aplicación del principio de «primacía de la realidad sobre formalidades»; o por el contrario, si los contratos de prestación de servicios que celebró con dicha entidad se ajustan a la normativa legal vigente, por cuanto no se configuró una relación laboral.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.
En principio, cabe precisar que respecto de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.
Posteriormente, este artículo fue modificado por los Decretos 165 de 1997, 2209 de 1998 y 2170 de 2002, que precisaron «solo se realizarán para fines específicos o no hubiere personal de planta suficiente para prestar el servicio a contratar».
Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.
Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso […] general relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, así:
Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo.
Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968, «[p]or el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]», dispone:
Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural.
Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo.
Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.
Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.
Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones.
La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia, entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una relación laboral. Frente al tema, expuso:
La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos.
De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales.
De igual manera, en decisión la subsección B de esta sección segunda recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión, elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en cuenta para decidir el asunto sub examine.
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se destaca:
a) El accionante prestó sus servicios como médico general en la ESE Hospital San Juan Bautista de Chaparral (Tolima), en forma personal e interrumpida, desde el 28 de julio de 2010 hasta el 31 de mayo de 2015, en virtud de los siguientes contratos de prestación de servicios:
Contratos de prestación de servicios
Inicio
Finalización
Folios en el cuaderno principal 1
20100443
28/07/2010
31/07/2010
5
20100474
01/08/2010
31/08/2010
6
20100520
01/09/2010
30/09/2010
7
20100581
01/10/2010
31/10/2010
8
135 de 1º. de noviembre de 2010
01/11/2010
31/12/2010
11 y 12
20100661
01/11/2010
30/11/2010
9
20100732
01/12/2010
31/12/2010
10
20110026
01/01/2011
31/01/2011
13
19 de 1º. de febrero de 2011
01/02/2011
31/12/2011
25 a 27
20110080
01/02/2011
28/02/2011
14
20110127
01/03/2011
31/03/2011
15
20110186
01/04/2011
30/04/2011
16
20110250
01/05/2011
31/05/2011
17
20110293
01/06/2011
30/06/2011
18
20110328
01/07/2011
31/07/2011
19
20110404
01/08/2011
31/08/2011
20
20110437
01/09/2011
30/09/2011
21
20110477
01/10/2011
31/10/2011
22
20110515
01/11/2011
30/11/2011
23
20110575
01/12/2011
31/12/2011
24
17 de 1º. de enero de 2012
01/01/2012
31/03/2012
40 y 41
20120020
01/01/2012
31/01/2012
28
20120072
01/02/2012
29/02/2012
29
20120122
01/03/2012
31/03/2012
30
20120165
01/04/2012
30/04/2012
31
20120218
01/05/2012
31/05/2012
32
64 de 1º. de junio de 2012
01/06/2012
31/08/2012
42 y 43
20120293
01/06/2012
30/06/2012
33
103 de 1º. de julio de 2012
01/07/2012
30/09/2012
44 y 45
20120327
01/07/2012
31/07/2012
34
20120366
01/08/2012
31/08/2012
35
20120413
01/09/2012
30/09/2012
36
146 de 1º. de octubre de 2012
01/10/2012
31/12/2012
46 y 47
20120453
01/10/2012
31/10/2012
37
20120501
01/11/2012
30/11/2012
38
20120551
01/12/2012
31/12/2012
39
20130021
01/01/2013
31/01/2013
48
20130096
01/02/2013
28/02/2013
49
20130134
01/03/2013
31/03/2013
50
20130196
01/04/2013
30/04/2013
51
20130263
01/05/2013
31/05/2013
52
20130313
01/06/2013
30/06/2013
53
20130371
01/07/2013
31/07/2013
54
20130448
31/08/2013
31/08/2013
55
20130515
01/09/2013
30/09/2013
56
20130585
01/10/2013
31/10/2013
57
74 de 1º. de noviembre de 2013
01/11/2013
31/12/2013
58 y 59
20140008
01/01/2014
31/01/2014
60
Interrupción de 60 días hábiles
20140194
01/05/2014
31/05/2014
62
20140195
01/05/2014
31/05/2014
61
Interrupción de 18 días hábiles
82 de 1º. de julio de 2014
01/07/2014
31/12/2014
65 y 66
20140417
01/11/2014
30/11/2014
63
20140445
01/12/2014
31/12/2014
64
20150028
01/01/2015
31/01/2015
67
20150067
01/02/2015
28/02/2015
68
sin número de 1º. de marzo de 2015
01/03/2015
31/05/2015
72 y 73
20150103
01/03/2015
31/03/2015
69
sin número de 1º. de abril de 2015
01/04/2015
30/04/2015
74 y 75
20150166
01/04/2015
30/04/2015
70
20150222
01/05/2015
31/05/2015
71
b) Los anteriores interregnos están, en su gran mayoría, avalados en la certificación de 21 de mayo de 2015, emitida por el profesional universitario del área de personal de la ESE accionada (f. 4 del cuaderno principal 1); sin embargo, cabe destacar que en dicho documento se indica que la vinculación del actor fue desde «[…] 26 de julio de 2010 hasta el 31 de enero de 2014 y desde mayo de 2014 a la fecha», lo que varía un poco de lo probado, pues se evidenciaron 3 interrupciones, como se observa en el cuadro anterior.
c) En los folios 129 y 160 a 390 del cuaderno principal 1 obran las planillas de los turnos desempeñados por el accionante en su labor de médico general de la entidad demandada, así como en los folios 132 a 148 ibidem allegó fotos que muestran su desempeño laboral.
d) En los folios 76 a 125 del cuaderno principal 1 están los extractos bancarios con los que el accionante prueba que recibió la remuneración por la prestación de sus servicios como médico general, respaldados con las relaciones de pago contenidas en los folios 554 a 564 ibidem y en los folios 124 a 127 A del mismo cartulario se encuentran diversos paz y salvos sobre el cabal cumplimiento de sus funciones.
e) En los folios 128, 130 y 149 a 152 del cuaderno principal 1 obran las diferentes directrices que eran impartidas por la institución de salud a sus médicos generales, sin distinción alguna entre personal de planta y contratistas.
f) El 15 de mayo de 2017 (ff. 391 y 392 del cuaderno principal 1), el demandante solicitó de la gerente de la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital San Juan Bautista de Chaparral (Tolima) el reconocimiento de una relación laboral, debido a su desempeño como médico general, negado con el acto acusado (ff. 393 y 394 ibidem).
g) Dentro de este proceso judicial se recaudaron los testimonios de los señores Teófila Inés Villa Parra y Eduardo Rocha Pérez, que relataron circunstancias referentes a la prestación de servicios del accionante como médico de la referida institución de salud (ff. 565 a 572 del cuaderno principal 2).
De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se tiene que el actor prestó de manera personal e interrumpida sus servicios como médico general de la ESE Hospital San Juan Bautista de Chaparral (Tolima) desde 28 de julio de 2010 hasta el 31 de mayo de 2015, vinculado a través de contratos de prestación de servicios, durante los siguientes períodos:
Contratos de prestación de servicios
Inicio
Finalización
20100443
28/07/2010
31/07/2010
20100474
01/08/2010
31/08/2010
20100520
01/09/2010
30/09/2010
20100581
01/10/2010
31/10/2010
135 de 1º. de noviembre de 2010
01/11/2010
31/12/2010
20100661
01/11/2010
30/11/2010
20100732
01/12/2010
31/12/2010
20110026
01/01/2011
31/01/2011
19 de 1º. de febrero de 2011
01/02/2011
31/12/2011
20110080
01/02/2011
28/02/2011
20110127
01/03/2011
31/03/2011
20110186
01/04/2011
30/04/2011
20110250
01/05/2011
31/05/2011
20110293
01/06/2011
30/06/2011
20110328
01/07/2011
31/07/2011
20110404
01/08/2011
31/08/2011
20110437
01/09/2011
30/09/2011
20110477
01/10/2011
31/10/2011
20110515
01/11/2011
30/11/2011
20110575
01/12/2011
31/12/2011
17 de 1º. de enero de 2012
01/01/2012
31/03/2012
20120020
01/01/2012
31/01/2012
20120072
01/02/2012
29/02/2012
20120122
01/03/2012
31/03/2012
20120165
01/04/2012
30/04/2012
20120218
01/05/2012
31/05/2012
64 de 1º. de junio de 2012
01/06/2012
31/08/2012
20120293
01/06/2012
30/06/2012
103 de 1º. de julio de 2012
01/07/2012
30/09/2012
20120327
01/07/2012
31/07/2012
20120366
01/08/2012
31/08/2012
20120413
01/09/2012
30/09/2012
146 de 1º. de octubre de 2012
01/10/2012
31/12/2012
20120453
01/10/2012
31/10/2012
20120501
01/11/2012
30/11/2012
20120551
01/12/2012
31/12/2012
20130021
01/01/2013
31/01/2013
20130096
01/02/2013
28/02/2013
20130134
01/03/2013
31/03/2013
20130196
01/04/2013
30/04/2013
20130263
01/05/2013
31/05/2013
20130313
01/06/2013
30/06/2013
20130371
01/07/2013
31/07/2013
20130448
31/08/2013
31/08/2013
20130515
01/09/2013
30/09/2013
20130585
01/10/2013
31/10/2013
74 de 1º. de noviembre de 2013
01/11/2013
31/12/2013
20140008
01/01/2014
31/01/2014
Interrupción de 60 días hábiles
20140194
01/05/2014
31/05/2014
20140195
01/05/2014
31/05/2014
Interrupción de 18 días hábiles
82 de 1º. de julio de 2014
01/07/2014
31/12/2014
20140417
01/11/2014
30/11/2014
20140445
01/12/2014
31/12/2014
20150028
01/01/2015
31/01/2015
20150067
01/02/2015
28/02/2015
sin número de 1º. de marzo de 2015
01/03/2015
31/05/2015
20150103
01/03/2015
31/03/2015
sin número de 1º. de abril de 2015
01/04/2015
30/04/2015
20150166
01/04/2015
30/04/2015
20150222
01/05/2015
31/05/2015
También se encuentra acreditado que el 15 de mayo de 2017 el demandante solicitó de la gerente de la ESE Hospital San Juan Bautista de Chaparral (Tolima) el reconocimiento de la existencia de una relación laboral, por su desempeño como médico general, negado con el acto demandado.
En primer lugar, ha de advertirse que, contrario a lo alegado en la demanda y lo establecido por el a quo como límite temporal en la prestación del servicio por parte del actor, los únicos períodos acreditados por este son los descritos en el cuadro que precede, toda vez que se carece de certeza frente a las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que él prestó sus servicios a la ESE en los restantes interregnos reclamados en el libelo introductorio, por cuanto esta Corporación evidenció una interrupción significante en las labores desarrolladas.
Por lo tanto, los períodos de prestación de servicios probados fueron: (i) 28 de julio de 2010 a 31 de enero de 2014, (ii) 1º. a 31 de mayo de 2014 y (iii) 1º. de julio de 2014 a 31 de mayo de 2015, respecto de los cuales se analizarán los elementos de la relación laboral.
Sobre la configuración del contrato realidad, resulta oportuno precisar que, de acuerdo con los precitados contratos de prestación de servicios, su objeto fue «[…] prestar los servicios profesionales como [p]rofesional en [m]edicina [g]eneral, al HOSPITAL, y en especial en los servicios de [h]ospitalización, cirugía, urgencias, [p]romoción y [p]revención, y consulta externa».
De igual modo, se encuentra demostrado con la copia de los contratos de prestación de servicios, los demás documentos y los testimonios recaudados, la existencia de los elementos de la relación laboral, por un lado, (i) la prestación personal del servicio, por cuanto efectivamente el demandante fue contratado por la ESE Hospital San Juan Bautista de Chaparral (Tolima) para desempeñarse como médico general, según el objeto contractual ya relatado, lo que implica que fue quien prestó el servicio; por otro, (ii) la remuneración por el trabajo cumplido, comoquiera que en dichos contratos de prestación de servicios se estipuló una «Forma de pago» con cargo a los recursos presupuestales de la entidad, es decir, la suma de dinero que tenía derecho a recibir y la modalidad del pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de su denominación (honorarios o salario), que le era pagada de manera mensual, según la suma acordada y de acuerdo con los comprobantes de pago allegados al proceso.
En lo concerniente a (iii) la subordinación, como último elemento de la relación laboral, resulta procedente examinar la naturaleza de las funciones desempeñadas por el actor en el ente demandado y su verdadero alcance, con el fin de establecer si existió o no.
Lo primero que ha de precisarse es que la entidad demandada tiene como misión la de «[p]restar servicios integrales de salud de baja y mediana complejidad, en forma efectiva, oportuna, ética y con calidez humana a la población de Chaparral, su área de influencia y otras, como una organización empresarial, que nos permita una adecuada rentabilidad social y económica», por lo que, contrario a lo expresado por aquella, la funciones ejercidas por el accionante no fueron temporales, sino permanentes y directamente relacionadas con su misión, sumado a lo cual deben observarse los más de cuatro años (con sus interrupciones) en que laboró para esa entidad.
Igualmente, cabe destacar que de los documentos aportados por el actor, se desprende que cumplía un horario y tenía turnos fijos asignados, lo que descarta el planteamiento de alzada con el que se pretende desvirtuar el elemento de la subordinación y, por el contrario, refuerza el fundamento sobre la falta de autonomía e independencia en las labores.
Amén de esta prueba documental, fueron atendidos en audiencia de pruebas los testimonios de los señores Teófila Inés Villa Parra y Eduardo Rocha Pérez, quienes aseguraron que el demandante laboraba como médico general, atendía los pacientes de la ESE en igualdad de condiciones de tiempo, modo y lugar que los médicos de planta, cumplía horario, recibía órdenes de los directivos o coordinadores; además, atendía especialidades médicas como ginecobstetricia, pediatría, medicina interna y cirugía, así como lo referente a medicina general.
Así las cosas, los medios de prueba permiten evidenciar la concurrencia de los tres elementos propios de una relación de trabajo (subordinación, prestación personal y remuneración); pero, sobre todo, que el accionante prestó la labor en forma dependiente respecto del empleador, lo cual conduce a concluir que no se trató de una relación de coordinación, sino de una en la que imperó la subordinación.
Se aclara que el principio de coordinación, ínsito en los contratos de prestación de servicios, consiste en la sincronización de las actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la ejecución eficiente y eficaz, por lo que es indispensable que exista una concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, sin embargo, en armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito.
Diferente es la subordinación, en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia su empleador y, en tal sentido, esta cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que le asista ningún tipo de independencia.
Por consiguiente, en el presente caso no puede hablarse de coordinación, habida cuenta de que el desempeño de las funciones por parte del actor estaba sujeto a la imposición de medidas y/o órdenes de la demandada, tales como: un horario prácticamente inmodificable debido al funcionamiento de la institución, imposibilidad en la prestación del servicio por otras personas, sino de manera directa por el contratista, y, además, la situación referente a que debía cumplir diferentes labores relacionadas con la entidad, lo que denota sin lugar a dudas que la accionada, en su condición de empleadora, tenía la posibilidad de disponer del trabajo del demandante, lo que demuestra la existencia de una verdadera subordinación.
Por lo tanto, si bien el accionante se vinculó a la ESE Hospital San Juan Bautista de Chaparral (Tolima), a través de contratos de prestación de servicios, se desdibujaron las características propias de este tipo de vínculos, circunstancia que originó una relación laboral distinguida por la permanencia y continuidad en su ejecución y la correspondiente subordinación, tal como lo determinó el a quo.
En este orden de ideas, al asunto le es aplicable el principio de «la primacía de la realidad sobre formalidades», pues es indudable que el actor se encontraba en las mismas condiciones de otros empleados públicos de la planta de personal de la entidad.
La jurisprudencia de esta sección ha sostenido que cuando el objeto del contrato versa sobre el desempeño de funciones de carácter permanente y en el proceso se demuestra que hubo subordinación y dependencia respecto del empleador, surge el derecho al pago de prestaciones, porque de lo contario se afectan los derechos del trabajador.
No obstante, pese a que se encuentran probados los elementos configurativos de una relación laboral en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades (prestación personal del servicio, contraprestación y subordinación o dependencia), destaca la Sala que ello no implica que la persona obtenga la condición de empleado público, puesto que no median los componentes para una relación de carácter legal y reglamentaria en armonía con el artículo 122 superior.
En lo atañedero a la configuración del fenómeno jurídico-procesal de la prescripción, se tiene que en este caso la prestación del servicio del demandante se dio en tres períodos, con una interrupción de 60 y 18 días hábiles, motivo por el que, en aplicación de la sentencia de unificación CE-SUJ2 5 de 25 de agosto de 2016 que, entre otras, fijó la regla de que «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual», se evidencia el acaecimiento de tal fenómeno, por cuanto hubo solución de continuidad y, por ende, el término prescriptivo debe contabilizarse de modo independiente para cada uno de ellos. Al respecto, se tiene que desde la finalización del primer período (31 de enero de 2014) y la reclamación presentada (15 de mayo de 2017) sí trascurrieron más de tres años, lo que no ocurrió con los restantes interregnos, pues desde su culminación (31 de mayo de 2014 y 31 de mayo de 2015) hasta la petición (15 de mayo de 2017) no se superó el término prescriptivo. Bajo tales argumentos, la sentencia de primera instancia será modificada.
Por otra parte, el Tribunal de instancia no especificó las prestaciones sociales pagaderas al accionante y, en atención a la competencia absoluta otorgada en virtud de la interposición de la alzada por ambas partes, procede la Sala a realizar las siguientes precisiones acerca de las deprecadas por aquel.
Sobre las vacaciones, esta subsección, en sentencia de 29 de abril de 2010, al resolver un caso de «contrato realidad», sostuvo que no tiene «[…] la connotación de prestación salarial porque [es] un descanso remunerado que tiene el trabajador por cada año de servicios», no obstante, en pronunciamiento de 21 de enero de 2016, asumió un entendimiento diferente de aquellas, cuando dijo:
Dentro de nuestra legislación, las vacaciones están concebidas como prestación social y como una situación administrativa, la cual consiste en el reconocimiento en tiempo libre y en dinero a que tiene derecho todo empleado público o trabajador oficial por haberle servido a la administración durante un año y el monto de las mismas se liquidará con el salario devengado al momento de salir a disfrutarlas.
Por tanto, resulta menester precisar, en consonancia con este último criterio, que las vacaciones comportan una prestación social y son un derecho de los trabajadores, derivado del principio de garantía de descanso previsto por el artículo 53 de la Constitución Política, consistente en la concesión de 15 días no laborables remunerados, que de manera excepcional ha de ser reconocido monetariamente en los términos de Decreto ley 1045 de 1978, que dispone:
Artículo 20º.- De la compensación de vacaciones en dinero. Las vacaciones solo podrán ser compensadas en dinero en los siguientes casos:
a) Cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para evitar perjuicios en el servicio público, evento en el cual solo puede autorizar la compensación en dinero de las vacaciones correspondientes a un año;
b) Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado definitivamente del servicio sin haber disfrutado de las vacaciones causadas hasta entonces.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que en la sentencia de unificación CE-SUJ2 5 de 25 de agosto de 2016, la sección segunda de esta Corporación determinó, entre otras reglas, que el reconocimiento de prestaciones, derivado de la nulidad del acto administrativo que niega la existencia de la relación laboral, procede a título de restablecimiento del derecho, pues al trabajador ligado mediante contratos y órdenes de prestación de servicios, «[…] pese a su derecho a ser tratado en igualdad de condiciones que a los demás empleados públicos vinculados a través de una relación legal y reglamentaria […] le fue cercenado su derecho a recibir las prestaciones que le hubiere correspondido si la Administración no hubiese usado la modalidad de contratación estatal para esconder en la práctica una relación de trabajo».
Por ende, al haber declarado la existencia de una relación laboral entre el supuesto contratista y la Administración, corresponde compensarle al primera el derecho a descansar de sus labores y a la par recibir remuneración ordinaria, pero comoquiera que el daño de impedirle el goce de tal período se encuentra consumado, ha de compensársele con dinero tal garantía en los términos del aludido artículo 20 del Decreto ley 1045 de 1978, así como de la Ley 995 de 2005.
Frente al reconocimiento de las primas, bonificaciones, cesantías y sus intereses, cabe destacar que esta Sala, en sentencia de 4 de febrero de 2016, precisó que «con el fin de determinar cuáles son las prestaciones sociales que se deberán reconocer a título de reparación integral del daño al declararse una relación de carácter laboral, […] acude a la clasificación que se ha hecho de estas prestaciones sobre la base de quien debe asumirlas. En ese orden de ideas, se encuentran las que son asumidas por el empleador directamente y las que se prestan o se reconocen de forma dineraria por el Sistema de Seguridad Social Integral. Dentro de las prestaciones sociales que están a cargo directamente del empleador se encuentran las ordinarias o comunes como son entre otras las primas, las cesantías; y las prestaciones sociales que se encuentran a cargo del Sistema Integral de Seguridad Social son la salud, la seguridad social, los riesgos profesionales y el subsidio familiar, que para ser asumidas o reconocidas por cada sistema debe mediar una cotización». Asimismo, en providencia de 6 de octubre siguiente, aclaró que «el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre la formalidades que conlleva a la declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público, por lo que no es posible reconocer prestaciones sociales de carácter extralegal que devenguen otros funcionarios de la planta de personal del ente territorial demandado, máxime cuando la accionante no acreditó dentro del proceso cuales son las prestaciones a las que considera tener derecho ni el origen de las mismas».
En virtud del derrotero jurisprudencial expuesto, al demandante le asiste el derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales de carácter legal que devenga, en este caso, un médico general de la ESE Hospital San Juan Bautista de Chaparral (Tolima), tales como vacaciones, primas, bonificaciones, cesantías y las reconocidas por el sistema integral de seguridad social, mas no podrán reconocérsele aquellas extralegales, por cuanto comportan un beneficio para los empleados públicos, condición de la que él carece.
En ese sentido, le corresponderá a la entidad accionada al momento de cumplir la condena impuesta en este fallo, determinar las prestaciones sociales que serán objeto de liquidación a favor de la actora.
En lo referente a la devolución de los aportes efectuados por el actor a salud y pensión, lo cierto es que, en criterio de la sala mayoritaria, esos recursos del sistema integral de seguridad social son de obligatorio pago y recaudo para fines específicos y no constituyen un crédito a favor del contratista, por lo tanto, no es dable que se le sufraguen directamente al interesado. En consecuencia, resulta improcedente que se disponga el reembolso por los mencionados conceptos en la forma solicitada por el demandante, sino que únicamente es dable consignar los correspondientes al sistema de seguridad social en salud y pensiones, aspecto que será objeto de modificación en este fallo.
Por último, en relación con la condena en costas y las agencias en derecho que corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, esta Corporación, en sentencia de 1º. de diciembre de 2016, se pronunció así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».
Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.
Por lo tanto, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandada, se revocará la condena en costas impuesta al ente accionado.
3.5 Síntesis de la Sala. Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se confirmará parcialmente el fallo de primera instancia, que accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda, y se modificará su parte decisoria así: (i) el ordinal segundo, en el sentido de que la relación laboral entre las partes trascurrió durante los siguientes interregnos: desde el 28 de julio de 2010 hasta el 31 de enero de 2014, del 1º. al 31 de mayo de 2014 y entre el 1º. de julio de 2014 y el 31 de mayo de 2015, así como para ordenar que se efectúe el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones y salud por el tiempo trabajado por el demandante bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios durante el período comprendido desde el 28 de julio de 2010 hasta el 31 de mayo de 2015 (salvo sus interrupciones), en los términos fijados en el fallo de unificación CE-SUJ2 5 de 25 de agosto de 2016 de esta sección; y (ii) el ordinal tercero, solo para precisar que el fenómeno jurídico-procesal de la prescripción de las prestaciones sociales pagaderas al actor se configuró para el primero de los períodos laborados. De igual modo, revocará la condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°. Confírmase parcialmente la sentencia de 27 de septiembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Gehiter Mauricio Rodríguez Martínez contra la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital San Juan Bautista de Chaparral (Tolima), conforme a lo indicado en la parte motiva.
2°. Modifícase el ordinal segundo de la parte decisoria del fallo de 27 de septiembre de 2018, en el sentido de que la relación laboral entre las partes trascurrió durante los siguientes interregnos: desde el 28 de julio de 2010 hasta el 31 de enero de 2014, del 1º. al 31 de mayo de 2014 y entre el 1º. de julio de 2014 y el 31 de mayo de 2015. Asimismo, se ordena efectuar el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones y salud por el tiempo trabajado por el demandante bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios durante el período comprendido desde el 28 de julio de 2010 hasta el 31 de mayo de 2015 (salvo sus interrupciones), en los términos fijados en el fallo de unificación CE-SUJ2 5 de 25 de agosto de 2016 de esta sección, de acuerdo con lo expuesto.
3º. Modifícase el ordinal tercero de la parte dispositiva de la sentencia apelada, solo para precisar que el fenómeno jurídico-procesal de la prescripción de las prestaciones sociales pagaderas al actor se configuró para el primero de los períodos laborados, según los anteriores motivos.
4º. Revócase la condena en costas impuesta a la parte demandada, de acuerdo con la motivación de este fallo
5º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
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SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Se dará aplicación a lo previsto en el inciso segundo del artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), en virtud del cual «[…] [c]uando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]». Modificado por el Decreto 3074 del mismo año. En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10). Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-00020-01 (316-2014). Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso administrativo, sentencia de 18 de noviembre de 2003, expediente: IJ-0039.
«No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público […]». Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (88-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter. En lo concerniente al término prescriptivo, su fundamento normativo está consagrado en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, que regulan el régimen prestacional de los empleados públicos, según los cuales aquel lapso es de 3 años contados a partir del momento en que el derecho se hace exigible y que se interrumpe por una sola vez con el reclamo escrito del trabajador. Cabe destacar que el a quo efectuó el análisis de este fenómeno jurídico-procesal en consideración a que en los hechos de la demanda se indicó la existencia de una petición anterior, empero, dicho documento (con su respuesta por parte de la Administración) no fue allegado al proceso, motivo por el que esta Corporación no cuenta con los elementos necesarios para afirmar o descartar que se trate de los mismos fundamentos de hecho y de derecho. Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 29 de abril de 2010, expediente 05001-23-31-000-2000-04729-01(0821-09), posición reiterada por la misma subsección en fallo de 6 de octubre de 2011 dentro del proceso 25000-23-25-000-2007-01245-01(0493-11). Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, providencia de 21 de enero de 2016, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-23-31-000-2005-03979-01 (2316-12). De conformidad con el Decreto 3135 de 1968, «por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales», artículo 8º, «Los empleados públicos o trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones, por cada año de servicio, salvo lo que se disponga por los reglamentos especiales para empleados que desarrollan actividades especialmente insalubres o peligrosos […]». Expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al presidente de la República mediante ley 51 de 1978, «por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional». Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (88-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
«Artículo 1°.
Del reconocimiento de vacaciones en caso de retiro del servicio o terminación del contrato de trabajo. Los empleados públicos, trabajadores oficiales y trabajadores del sector privado que cesen en sus funciones o hayan terminado sus contratos de trabajo, sin que hubieren causado las vacaciones por año cumplido, tendrán derecho a que estas se les reconozcan y compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo efectivamente trabajado». Expediente 810012333000201200020-01 (316-2014). Expediente 660012333000201300091 01 (237-2014). Del cual en pronunciamientos anteriores se ha apartado el suscrito ponente, porque la devolución del porcentaje de cotizaciones al sistema integral de seguridad social en salud y pensiones hace parte del restablecimiento del derecho del demandante (lo que estará sujeto al fenómeno prescriptivo), y una decisión en contrario podría constituir un enriquecimiento sin justa causa a favor de la entidad estatal demandada. De igual manera, una cosa es que las entidades completen al sistema los aportes correspondientes a pensión (que comporta un derecho imprescriptible), como se dejó sentado en la sentencia de unificación CE-SUJ2 5 de 25 de agosto de 2016, y otra, la devolución de lo que el demandante tuvo que sufragar respecto del porcentaje que correspondía a su empleador, que, se insiste, integra su restablecimiento del derecho. Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter. Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (88-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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