Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2022-00021-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2022-00021-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2022-00021-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2022-00021-01 (2990-2025)
Demandante: Piedad Yolanda Muñoz Rojano
Demandados: Nación, Ministerio de Salud; ESE Alejandro Próspero
Reverend; y Distrito de Santa Marta
Temas: Relación laboral encubierta
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la demandante y el
Distrito de Santa Marta contra la sentencia proferida el 23 de julio de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Piedad Yolanda Muñoz Rojano presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio del 30 de octubre de 2020, a través
del cual el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la ESE Alejandro Próspero
Reverend le negó la existencia de una relación laboral por sus servicios prestados
como bacterióloga entre el 16 de abril de 2012 y el 30 de noviembre de 2018, y el
pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales que se derivaban
de ella.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de «la diferencia salarial como bacterióloga de la
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 47001-23-33-000-2022-00021-01 (2990-2025)
Demandante: Piedad Yolanda Muñoz Rojano
ESE Alejandro Próspero Reverend y la Cooperativa Servisalud del Caribe SAS, derivada
de la tercerización laboral» [sic]; ii) el pago de las cesantías y sus intereses;
vacaciones y «demás emolumentos que perciba el cargo de bacterióloga de la planta»
[sic]; iii) los intereses corrientes y moratorios de las sumas adeudadas; iv) la
indexación de los valores reconocidos y las sumas adeudas, según lo previsto por
el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011; v) el cumplimiento de la sentencia en los
términos del artículo 192 del CPACA; y vi) la condena en costas.
3. 1.1.2. Fundamentos fácticos
4. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
4.1. Entre el 16 de abril de 2012 y el 30 de noviembre de 2018, Piedad Yolanda
Muñoz Rojano prestó sus servicios como bacterióloga en la ESE Alejandro
Próspero Reverend de Santa Marta, vinculada a través de la Cooperativa
Servisalud del Caribe SAS; periodo en el que realizó sus funciones de manera
personal en el puesto de salud de La Castellana.
4.2. El 15 de enero de 2020, solicitó a la entidad el reconocimiento de la existencia
de una relación laboral por el tiempo en que prestó sus servicios y el pago de las
prestaciones sociales y demás derechos laborales. La cual fue negada mediante
el Oficio del 30 de octubre de 2020.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. Como tales se señalaron los artículos 63 de la Ley 1429 de 2010 y 74 de la Ley
1753 de 2015. En cuanto al concepto de violación, expuso que, con pleno
desconocimiento de la prohibición legal de contratar personal para el cumplimiento
de actividades misionales permanentes, la entidad hizo uso de la tercerización
laboral para vincularla por más de 6 años «cumpliendo la función de bacterióloga de
la ESE Alejandro Propero Reverend, quien la ubic[ó] en una clínica propiedad del Distrito
Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta»2 [sic].
1.2. Contestaciones de la demanda
6. 1.2.1.Servisalud del Caribe SAS contestó la demanda y se opuso a la
prosperidad de las pretensiones porque durante toda la relación laboral a la
demandante se le pagaron en su totalidad las prestaciones laborales y sociales a
2 Samai del tribunal, índices 36; 47Incorpora exped_001Demandapdf(.pdf) NroActua 36; folios 1 al
8.
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Demandante: Piedad Yolanda Muñoz Rojano
las que tenía derecho3.
6.1. Formuló las excepciones de: i) inexistencia del derecho invocado; ii) pago; y iii)
la genérica.
7. 1.2.2. La ESE Alejandro Próspero Reverend se opuso a lo pretendido por la
parte demandante, por los siguientes motivos4:
7.1. Piedad Yolanda Muñoz Rojano nunca tuvo vínculo laboral con la ESE.
7.2. El cargo de bacterióloga no existe en la planta de personal de la entidad.
7.3. La única relación que existió entre las partes se dio por virtud de las OPS261
de 2019 y 570 de esa anualidad, por términos indispensables de 2 y 3 meses
«descartando toda arista de continuidad en la duración de sus contratos» [sic]. De ahí
que se trató de una vinculación contractual regulada por el artículo 32 de la Ley 80
de 1993, para el desarrollo de actividades específicas y por un término definido
«sin que exista subordinación alguna».
7.4. Comoquiera que Servisalud del Caribe es una empresa de servicios temporales
y no una cooperativa de trabajo asociado, le está permitido «dentro del giro normal
de sus funciones el suministro de bienes o servicios por parte de esta empresa a favor de
un tercero contratante –empresa usuaria- quien se beneficia de la actividad que le prestan
sin mayores implicaciones jurídicas y contractuales en relación a las características
particulares de la prestación del determinado servicio toda vez que aquellas hacen parte
de la esfera discrecional de la empresa proveedora» [sic].
7.5. No se configuró una relación laboral entre las partes, ya que la ESE solo «fungió
como beneficiaria de un proceso de intermediación laboral legalmente celebrado y no de
la naturaleza ordinaria laboral» [sic].
7.6. Por último, propuso las excepciones de: i) falta de jurisdicción; ii) falta de
legitimación en la causa por pasiva; iii) cobro de lo no debido e inexistencia de la
obligación; iv) compensación; v) la genérica e innominada; y vi) prescripción.
8. 1.2.3. El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta se opuso a las
pretensiones, toda vez que nunca fungió como empleador de la parte actora; el
verdadero empleador fue Servisalud del Caribe SAS «quien la contrat[ó] como
3 Samai del tribunal; índice 6; 10_MEMORIALALDESPACHO_CONTESTACIONDEDEMA(.pdf)
NroActua 6
4 Samai del tribunal; índice 8; 14_MEMORIALALDESPACHO_CONTESTACIONDEMANDA(.pdf)
NroActua 8.
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Demandante: Piedad Yolanda Muñoz Rojano
trabajadora en misión para prestar sus servicios en las instalaciones de la ESE Alejandro
Porspero Reverend»5 [sic].
8.1. Planteó las excepciones de: i) falta de legitimación en la causa por pasiva; ii)
ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales o por indebida acumulación
de pretensiones; iii) inexistencia de la vinculación con el ente territorial; iv) «nunca
existió relación laboral contractual»; v) «nunca existió relación contractual estatal»; vi)
«nunca existió relación legal y reglamentaria»; vii) inexistencia de las obligaciones
reclamadas; viii) pago y cobro de lo no debido; ix) buena fe; y x) falta de jurisdicción
y competencia.
9. 1.2.4.
La Nación, Ministerio de Salud y Protección Social contestó la
demanda y para tal efecto expuso lo siguiente6:
9.1. No adeuda suma alguna a la demandante pues nunca sostuvo con ella una
relación laboral ni contractual que generara el pago de las prestaciones sociales y
demás derechos laborales que se derivaban de la existencia de la relación laboral
reclamada.
9.2. Asimismo, desconoció la situación planteada por la demandante «por cuanto el
ente ministerial no ha sostenido ninguna clase de relación laboral o contractual con la
actora».
9.3. Por último, propuso las excepciones de: i) falta de legitimación en la causa por
pasiva; ii) inexistencia de la obligación; iii) cobro de lo no debido; iv) inexistencia
de la solidaridad entre entidades privadas y el ministerio; v) falta de jurisdicción y
competencia; y vi) la innominada.
1.3. La sentencia apelada
10. El Tribunal Administrativo Magdalena en sentencia proferida el 23 de julio de
2025 accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto
dispuso lo siguiente 7:
PRIMERO. No desestimar el testimonio del señor Víctor Hugo Esquivel Ledezma,
conforme a lo expuesto en el acápite considerativo de esta sentencia.
SEGUNDO. Declarar la nulidad del Oficio del 30 de octubre de 2020, con el que la ESE
5 Samai del tribunal; índice 9; 15_MEMORIALALDESPACHO_CONTESTACIONDEDEMA(.pdf)
NroActua 9
6 Samai del tribunal, índice 14;
30_MEMORIALALDESPACHO_CONTESTACIONDEMANDAM(.pdf) NroActua 14.
7 Samai del tribunal, índice 79; 77Sentencia_accede_202200021SentenciaPr(.pdf) NroActua 79.
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Demandante: Piedad Yolanda Muñoz Rojano
Alejandro Próspero Reverend negó reconocer a la demandante como empleada, de
conformidad a las consideraciones esbozadas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad, y a título de
restablecimiento del derecho se ordena a la ESE Alejandro Próspero Reverend,
reconocer y pagar a favor de la señora Piedad Yolanda Muñoz de Rojano, las cesantías,
intereses a las cesantías, primas y vacaciones a que tiene derecho, del 16 de abril de
2012 al 30 de noviembre de 2018, conforme al salario devengado en cada vigencia. Se
decantará a la deuda por este motivo, la suma de $35.190,631 pagada como
prestaciones sociales por la Empresa de Servicios Temporales Servisalud del Caribe
ES. S.A.S.
CUARTO. Las sumas referidas deberán ser canceladas debidamente indexadas de
conformidad con la consabida fórmula:
R=Rh x índice final
Índice inicial
Según la cual, el valor presente (R), se determina multiplicando el valor histórico, que
es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que resulta de dividir el
índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente en la fecha de
ejecutoria de esta sentencia), por el índice inicial (vigente para la fecha en que debería
efectuarse el pago).
QUINTO. Denegar las demás pretensiones de la demanda, de conformidad a las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO. Sin condena en costas a la parte vencida, conforme a lo indicado en la parte
motiva de la sentencia» [sic].
11. Como fundamento de su decisión, luego de realizar un recuento legal y
jurisprudencial aplicable al asunto, señaló lo siguiente:
11.1. El hecho de que Víctor Hugo Esquivel Ledezma tenga vigentes demandas
contra la ESE demandada, no afectó su credibilidad o imparcialidad, puesto que
como compañero de trabajo de la demandante conoció de primera mano sobre su
situación y «su narración es elocuente transparente, diáfana y espontanea sin que se
incurriera en contradicciones que pudieren hacer notar al juez que dicho antecedente
pudiere estar afectando su versión a fin de generar un eventual favorecimiento en beneficio
de ellos mediante una condena favorable a sus intereses» [sic].
11.2. Los elementos probatorios recaudados dan cuenta de que Piedad Yolanda
Muñoz Rojano prestó personalmente los servicios como bacterióloga para la ESE
Alejandro Próspero Reverend, vinculada a través de Servisalud del Caribe entre el
16 de abril de 2012 al 30 de noviembre de 2018, y directamente con la entidad
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Demandante: Piedad Yolanda Muñoz Rojano
desde el 18 de enero hasta el 17 de junio de 2019, lo que evidencia la voluntad de
la administración de emplearla de modo permanente y continuo.
11.3. Comoquiera que el periodo de vinculación directa no fue objeto de la
reclamación «de intermediación aludida por el extremo pasivo en el escrito genitor […]
no serán tenidos en cuenta para el estudio de la circunstancia de hecho objeto de debate»
[sic].
11.4. Los desprendibles de pago allegados al proceso dan cuenta de que
Servisalud del Caribe SAS le otorgó una contraprestación pecuniaria por el trabajo
realizado «y si bien la demandante no probó el monto de la remuneración por el tiempo
restante, se presume que esta devengaba 1SMLMV, pues la testigo Gisela Margarita
Remón Lora fue reiterativa en señalar que la actora laboraba 8 horas diarias, de 7:00 am
a 3:00 pm» [sic].
11.5. Las labores de bacteriólogas realizadas por la demandante se desarrollaron
sin autonomía ni independencia, toda vez que, tal y como lo afirmó Gisela Margarita
Remón Lora, debía cumplir con un horario de trabajo bajo la supervisión y
subordinación de la coordinadora médica y el gerente de la ESE.
11.6. La ESE Alejandro Próspero Reverend acudió a un tercero [Servisalud] para
vincular a la demandante para realizar labores permanentes y propias de su
función misional, la cual «requiere permanentemente el empleo de bacteriólogos», con
lo que desconoció la prohibición legal de acudir a la intermediación laboral y la
contratación por prestación de servicios.
11.7. Las funciones ejecutadas sirvieron para dar cumplimiento al objeto misional de
la entidad, además, prestó sus servicios de forma subordinada por más de 6 años,
esto es con inobservancia de lo previsto por el artículo 77 de la Ley 50 de 1990
«que establece que estos servicios temporales no pueden superar más de 1 año y además
debe ser para labores ocasionales, accidentales o transitorias».
11.8. Servisalud del Caribe SAS acreditó el pago efectivo de los salarios y
prestaciones por el periodo laboral comprendido entre el 16 de abril de 2012 al 30
de noviembre de 2018, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 65 del CST,
por tanto «a la deuda de la ESE Alejandro Prospero Reverend se deberá descontar lo
pagado como prestaciones sociales por Servisalud del Caribe ES SAS» [sic].
1.4. Los recursos de apelación
12. 1.4.1. El Distrito de Santa Marta interpuso recurso de apelación con
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Demandante: Piedad Yolanda Muñoz Rojano
fundamento en los siguientes argumentos8:
12.1. Contrario a lo concluido por el tribunal, la demandante no tenía derecho a que
la ESE Alejandro Próspero Reverend le reconociera y pagara las prestaciones
sociales y demás derechos laborales que se derivaban de una relación laboral,
toda vez que «su verdadero empleador fue la sociedad Servisalud del Caribe ES SAS, a
quien de conformidad a la ley y el ordenamiento jurídico vigente prestó sus servicios
mediante contrato de trabajo, sin que existiera tercerización laboral» [sic].
12.2. Las funciones como bacterióloga desempeñadas por la demandante no se
realizaron bajo subordinación de la ESE, puesto que, si bien debía «atender turnos
para la prestación del servicio y existía coordinación para ello, eso no implica
subordinación ya que la entidad puede exigirle que la labor se cumpla en turnos que se le
asignen, rendir informe de la labor y estar bajo la supervisión de la coordinadora de área»
[sic].
12.3. La ESE no acudió a una tercerización laboral para encubrir una verdadera
relación de carácter laboral, pues según la naturaleza jurídica de Servisalud del
Caribe ES. SA «se colige que la misma es una empresa de servicios temporales no una
cooperativa de trabajo asociado por lo cual según los lineamientos normativos
correspondientes hace parte dentro del giro normal de sus funciones el suministro de
bienes o servicios por parte de esta empresa a favor de un tercero contratante – empresa
usuaria- quien se beneficia de la actividad que le prestan sin mayores implicaciones
jurídicas y contractuales en relación a las características particulares de la prestación del
determinado servicio toda vez que aquellas hacen parte de la esfera discrecional de la
empresa proveedora» [sic].
13. 1.4.2. Piedad Yolanda Muñoz Rojano recurrió la sentencia de primera
instancia al encontrarse en desacuerdo con la negativa del reconocimiento y pago
de «las diferencias salariales entre lo devengado y lo que debía devengar […] toda vez
que se demostró que el cargo ocupado es misional de la empresa razón por la cual estaba
prohibido vincularlo por medio de cooperativa, razón por la cual se debió realizar una
condena en abstracto solo para categorizar la liquidación de la condena» 9 [sic].
1.5. Intervenciones en segunda instancia
14. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.
8 Samai del tribunal, índice 83; 80_MemorialWeb_Recurso-RECURSOAPELACIONSE(.pdf)
NroActua 83
9 Samai del tribunal, índice 82; 79_MemorialWeb_Recurso-recursodeapelacion(.pdf) NroActua 82 .
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Demandante: Piedad Yolanda Muñoz Rojano
1.6. El Ministerio Público
15. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Cuestión previa
16. Previo a resolver el presente asunto, encuentra la Sala que en la sentencia objeto
de apelación, el Tribunal Administrativo del Magdalena accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y, como consecuencia, ordenó a «la ESE Alejandro
Próspero Reverend, reconocer y pagar a favor de la señora Piedad Yolanda Muñoz de
Rojano, las cesantías, intereses a las cesantías, primas y vacaciones a que tiene derecho,
del 16 de abril de 2012 al 30 de noviembre de 2018, conforme al salario devengado en cada
vigencia». En ese sentido se observa que en la referida providencia no se condenó al
Distrito de Santa Marta por lo que se estudiará si se encontraba legitimado en la
casusa en el presente asunto.
17. Al respecto, de conformidad con el escrito contentivo de la demanda, Piedad
Yolanda Muñoz de Rojano pretendía se declarara la nulidad del Oficio del 30 de
octubre de 2020, mediante el cual la ESE Alejandro Próspero Reverend le negó «el
reconocimiento como empleada (médica bacterióloga), producto de la tercerización laboral
que existió entre la ESE y la Cooperativa Servisalud del Caribe SAS» y, como
consecuencia, se ordenara a esta ESE pagar «la diferencia salarial como BACTERIÓLOGA
DE LA ESE ALEJANDRO PROSPERO REVERAND Y LA COOPERATIVA SERVISALUD DEL CARIBE SAS,
derivada de la tercerización laboral, efectuada por las entidades en mención, estando
prohibido por el Ministerio del Trabajo y el Honorable Consejo de Estado».
18. Asimismo, el magistrado sustanciador de primera instancia al admitir la demanda
estableció como parte demandada a «la NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD – DISTRITO
TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA – E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND –
SERVISALUD DEL CARIBE S.A.S.» y mediante auto del 11 de julio de 2024 declaró no
probada la excepción de falta legitimación presentada por el Distrito de Santa Marta
al considerar que:
«De las pretensiones transcritas, no se advierte la contradicción alegada por el ente
territorial.
Si bien se persigue que la declaratoria de relación laboral sea con una persona jurídica
distinta, y el restablecimiento del derecho tampoco incluya al Distrito, esto no es óbice para
que el mismo no goce de legitimación en la causa por pasiva formal, la cual se la da el
enfilamiento de la demanda por parte del accionante.
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En tal sentido, confunde el apoderado la falta de legitimación material en la causa por
pasiva, que es la que al parecer argumenta, con la formal y de suyo con la indebida
acumulación de pretensiones.»
19. Ahora, en cuanto a la legitimación, la jurisprudencia y la doctrina han diferenciado
la legitimación en la causa por pasiva de la procesal, la primera se refiere a la posición
sustancial que se tiene frente a los hechos o la relación jurídica en los que se
sustentan las pretensiones que se plantean en el litigio, de la cual, de conformidad
con el ordenamiento jurídico podrían surgir derechos u obligaciones. En otras
palabras, «tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad
con la ley sustancial, se encuentra autorizada para intervenir en el proceso y formular o
contradecir las pretensiones contenidas en la demanda por ser sujeto activo o pasivo de la
relación jurídica sustancial debatida objeto de la decisión del juez, en el supuesto de que
aquélla exista. Es un elemento de mérito de la litis y no un presupuesto procesal10».
20. Y la segunda, la legitimación en la causa de la legitimación en el proceso,
entendida como «la capacidad jurídica procesal de las partes, esto es, atañe a la aptitud
legal de los sujetos para comparecer y actuar en el proceso y a su debida representación
como partes en el mismo; por ello, sí constituye un presupuesto procesal y su falta configura
un vicio de nulidad que compromete el procedimiento y la sentencia que llegue a dictarse11».
21. Lo pretendido en el sub judice se sustentó en que la demandante prestó sus
servicios en la ESE Alejandro Próspero Reverend «como bacterióloga de la Cooperativa
Servisalud del Caribe S.A.S», por lo que solicitó que se condenara a esa empresa al
pago de la diferencia salarial y de las demás prestaciones sociales a las que tenía
derecho. Así las cosas, se advierte que el Distrito de Santa Marta no se encontraba
legitimado en la causa por pasiva porque, de acuerdo con la demanda, en los hechos
en los que se sustentó el presente litigio no se advierte intervención alguna del ente
territorial, ni tampoco se pretendió una condena en su contra.
22. De otra parte, no se desconoce que en aquellos casos en los que la entidad que
ostenta la «legitimación material» [porque intervino directamente en los hechos que
sustentan las pretensiones], no cuenta con personería jurídica debe acudir al proceso
a través de otra entidad que cuente con capacidad y personería jurídica para ser parte
del proceso judicial; sin embargo, no es la situación de las empresas sociales del
estado, toda vez que estas fueron creadas por la Ley 100 de 1993 como «una
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, consejera ponente: Ruth Stella Correa
Palacio; sentencia del 28 de junio de 2012; expediente con radicado 13001-23-31-000-1996-01233-
01(21990).
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, consejera ponente: Ruth Stella Correa
Palacio; sentencia del 28 de junio de 2012; expediente con radicado 13001-23-31-000-1996-01233-
01(21990).
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categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio
propio y autonomía administrativa12» [se resalta].
23. Así las cosas, la ESE Alejandro Próspero Reverend es una entidad pública con
personería jurídica por lo que contaba con la capacidad para para ser parte del
presente proceso como titular del derecho público y subjetivo de defensa.
24. En suma, el Distrito de Santa Marta no se encontraba legitimado en la causa por
pasiva en el presente asunto, toda vez que: i) no intervino en los hechos que
sustentaron el sub judice; ii) con las pretensiones de la demanda no se buscó un
restablecimiento del derecho frente al cual el ente territorial tuviese el deber legal de
adelantar alguna actuación; y iii) la ESE Alejandro Prosperond se encontraba
legitimada en la causa por pasiva y procesalmente, en tanto, sí intervino en la
situación fáctica en la que se sustentó el litigio y contaba con la personería jurídica
que le permitía acudir directamente al proceso.
25. Lo anterior explica porqué, pese a que el Tribunal Administrativo del Magdalena
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda no condenó al Distrito de
Santa Marta, sino que, la orden de restablecimiento del derecho se dirigió
únicamente contra la ESE Alejandro Prosperond, entidad legitimada en la causa.
26. Adicionalmente, la Ley 1564 de 2012 aplicable al proceso contencioso
administrativo por remisión del artículo 306 del CPACA, señala los fines y el
alcance de la apelación, como también el interés para interponerla, al precisar lo
que a continuación se transcribe:
«Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos
concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la
decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la
providencia.» [Se resalta]
27. Por lo que, además de lo antes expuesto, el Distrito de Santa Marta tampoco se
encontraba legitimado para recurrir en tanto, la sentencia de primera instancia no le
fue desfavorable.
28. En suma, se declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva del Distrito
de Santa Marta y, como consecuencia, se rechazará el recurso de apelación
presentado por el ente territorial.
12 Artículo 194 de la Ley 100 de 1993.
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Demandante: Piedad Yolanda Muñoz Rojano
2.2. El problema jurídico
29. De acuerdo con los argumentos expuestos por la demandante, consiste en
determinar ¿si tiene derecho al pago de las diferencias salariales entre lo que
percibió por concepto de honorarios y lo que debió devengar?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
30. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
31. Por su parte, el Decreto 2209 de 199813 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
32. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas
naturales, la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o
para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta.
De allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una
relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
13 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
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33. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.
34. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución
Política que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia
laboral, entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto
señala la norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad
y al trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).
35. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)14 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización15, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los
14 Aprobada el 11 de abril de 1919.
15 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
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métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».
36. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»16 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
37. Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el
honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los
tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».
38. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa
carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de
16 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
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prestación de servicios.
39. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación17 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales18». (Resalta la Sala).
40. Asíentonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se
acrediten fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo,
como son la prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la
subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.
41. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
18 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
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finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
42. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
43. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.
44. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202119 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii)
la delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud
efectuados por el contratista. Al efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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45. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».
46. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
2.4. Lo probado dentro del proceso
2.4.1. Documentales
47. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:
47.1. Certificación expedida el 10 de julio de 2019, por la coordinadora administrativa
de la sociedad por acciones simplificadas Servisalud del Caribe ES, en la cual se
hizo constar que Piedad Yolanda Muñoz Rojano laboró en esa empresa durante el
periodo comprendido entre el 16 de abril de 2012 y el 30 de noviembre de 2018,
en el cargo de bacterióloga20.
47.2. Certificación sin fecha en la cual «para efectos de dar cumplimiento al artículo 23
de la Ley 1150 de 2007», el representante legal de Servisalud del Caribe ES SAS.,
indicó que «ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del
sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensación Familiar, Instituto colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje de la señora Piedad Yolanda Muñoz Rojanpo»21 [sic].
47.3. Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social realizado por
Servisalud del Caribe a favor de la actora, mediante planillas de «aportes en línea»
desde abril de 2012 hasta enero de 201922.
20 Samai del tribunal, índices 36; 47Incorpora exped_001Demandapdf(.pdf) NroActua 36; folios 12
y 44.
21 Samai del tribunal, índice 6; 12_MEMORIALALDESPACHO_CERTIFICADOAPORTES(.pdf)
NroActua 6
22 Ibidem; 8_MEMORIALALDESPACHO_PLANILLASAPORTESPD(.pdf) NroActua 6.
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47.4. Desprendibles de pago de los meses de abril y mayo de 2014, en los que se
evidencia que Servisalud le pagó a la demandante la suma de $1.800.000, por
concepto de salario23.
47.5. Certificación
expedida el 30 de julio de 2019, en la cual el profesional
universitario con funciones de talento humano de la ESE Alejandro Prospero
Reverend certificó que la demandante había prestado sus servicios a la entidad
vinculada a través de los contratos de prestación de servicios 261 del 18 de enero
de 2019 y 570 del 18 de marzo de esa anualidad para prestar los servicios como
bacterióloga24.
47.6. Certificación
expedida el 9 de mayo de 2022, en la cual el profesional
universitario con funciones de talento humano de la ESE Alejandro Prospero
Reverend señaló que «de conformidad con los documentos físicos y sistemáticos de la
oficina de talento humano se consta[tó] que [la demandante] no ha estado vinculada a
través de un nombramiento legal y reglamentario con la entidad»25 [sic].
47.7. Certificación
expedida el 9 de mayo de 2022, en la cual el profesional
universitario con funciones de talento humano de la ESE Alejandro Prospero
Reverend manifestó que el cargo de bacteriólogo no existía en la planta global de
la entidad26.
47.8. Acta de entrega del 6 de abril de 2018, por medio de la cual el jefe de sistemas
de la ESE Alejandro Prospero Reverend hizo entrega de un celular institucional a
la demandante «asignado a la coordinación de la Clínica La Castellana el cual deb[ía]
ser devuelto en prefectas condiciones al momento de terminar su relación laboral y/o
contractual con la institución»27 [sic].
47.9. «Planilla[s] de servicio puesto» en el cual aparece consignado la hora de ingreso
de la demandante para la prestación de los servicios de bacterióloga, entre los
meses de diciembre de 2018 y julio de 201928.
23 Samai del tribunal, índices 36; 47Incorpora exped_001Demandapdf(.pdf) NroActua 36; ibidem
folios 17 y 18.
24 Ibidem; folios 13.
25 Samai del tribunal; índice 8; 14_MEMORIALALDESPACHO_CONTESTACIONDEMANDA(.pdf)
NroActua 8; folios 27.
26 Ibidem, folio 28.
27 Samai del tribunal, índices 36; 47Incorpora exped_001Demandapdf(.pdf) NroActua 36; folio 24.
28 Ibidem, folios 25 al 38.
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47.10. El 15 de enero de 202029, la demandante solicitó a la ESE Alejandro Próspero
Reverend el reconocimiento «como empleada (BACTERIOLOGA) producto de la
tercerización laboral que existió entre la ESE y la Cooperativa Servisalud» [sic], el pago
de las prestaciones sociales que se derivaban de la relación laboral y «la diferencia
salarial».
47.11. La anterior petición fue negada por la jefe de la Oficina Asesora Jurídica de
la entidad, a través del Oficio del 30 de octubre de 2020, por considerar que la
llamada a responder por sus pretensiones «es la persona jurídica autónoma e
independiente denominada SERVISALUD SAS con la cual contrajo un vínculo de orden
laboral no como contratista independiente en trabajo de misión sino como trabajador
directo de dicha sociedad por acciones simplificadas donde laboró a su servicio en calidad
de bacteriologa (según su relato), por lo que se evidencia que las labores fueron en virtud
de una relación personal, desarrollada bajo la continua subordinación y remuneración en
favor de SERVISALUD SAS configurándose entre PIEDAD YOLANDA MUÑOZ ROJANO y dicha
sociedad los elementos de una relación de trabajo, sociales extralegales y/o
convencionales de conformidad con lo señalado en el artículo 23 del Código Sustantivo
del Trabajo»30 [sic].
2.4.2. Testimonios
48. En la audiencia de pruebas celebrada el 29 de octubre de 202431, se recibieron
los testimonios de Víctor Hugo Esquivel Lezdesma y Gisela Margarita Remón Lora,
quienes compartieron sitio de trabajo con la demandante y, en particular, señalaron
lo siguiente:
49. Víctor Hugo Esquivel Lesdesma32 es investigador especializado de profesión,
y actualmente ejerce como rentista capital. Por similares supuestos fácticos y
jurídicos a los planteados por la demandante promovió demanda contra la ESE,
cuyas pretensiones, según afirmó, prosperaron.
49.1. Entre junio de 2014 y diciembre de 2018, prestó sus servicios en la ESE
Alejandro Próspero Reverend como conductor de ambulancia, mientras que
Piedad Yolanda Muñoz Rojano se desempeñaba como jefe del área de
bacteriología de la Clínica La Castellana; vinculados a través de «las cooperativas»
Procesos de la Costa SAS y Servisalud del Caribe SAS.
29 Ibidem, folios 45 al 47.
30 Folio 245.
31 Samai, índice 58; ED_ONEDRIVE_1_982022(.zip) NroActua 2,
7_470012333000201900590011EXPEDIENTEDIGI20220809154400 . 15AudienciaPruebas.
32 Min: 00:13:21 al 00:48:40.
18
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49.2. Aproximadamente, dos años después de haber iniciado su vinculación con la
ESE fue designado como coordinador de ambulancia y, en ejercicio de esa función,
directamente con la demandante programaban los servicios de traslados de
pacientes.
49.3. Conoció a Piedad Yolanda Muñoz Rojano porque ella era la jefe de la sección
de bacteriología de la Clínica de La Castellana.
49.4. Como jefe de sección la demandante tenía a su cargo algunas auxiliares de
enfermería y otras bacteriólogas, pero desconoce «la cantidad de personas, pero
prácticamente ella era la jefe de esa sección»
49.5. Si bien la coordinadora médica [Davis Sevilla] y el gerente administrativo
[Jhony Sivi] eran los servidores que de manera directa solicitaban el servicio de
ambulancia, lo cierto era que, cuando el personal de ambulancia llegaba a la clínica
el «traslado de pacientes era coordinado con la demandante» o con el médico tratante.
49.6. No le consta las funciones técnicas o asistenciales que la actora ejecutaba
como bacterióloga, pues, pese a que acudía a la clínica con ocasión de la
prestación del servicio de ambulancia, no observaba de manera detallada las
labores desarrolladas por cada uno de los trabajadores.
49.7. La ESE vinculó a muchos de sus empleados a través de cooperativas de
trabajo asociado o «sociedades contratistas» las cuales efectuaban el pago de sus
remuneraciones, pero la relación funcional era directa con los servidores de la ESE.
49.8. Los
horarios de los servidores de la clínica eran rotativos; sin embargo,
desconoce con exactitud el que tenía la demandante.
49.9. En su calidad de conductor de ambulancia y luego coordinador de ese servicio
sabía de las funciones propias de las auxiliares de enfermería y de las
bacteriólogas.
49.10. Davis Sevilla fungía como jefe directa de la demandante, pero, en términos
generales, sin importar el tipo de vinculación «todos recibían órdenes de los
empleados de la ESE».
49.11. No le consta qué clase de contratación o vinculación tenía la demandante con
Servisalud.
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50. Gisela Margarita Remón Lora33 es bacterióloga de profesión y laboró en la
Clínica La Castellana de la ciudad de Santa Marta entre los años 2014 a 2018,
vinculada por intermedio de Servisalud.
51. Conoció a Piedad Yolanda Muñoz Rojano durante el lapso en el que prestó sus
servicios en la ESE Alejandro Próspero Reverend, ella era bacterióloga de consulta
externa y «siempre fue coordinadora de bacteriología».
51.1. La demandante fungió como la líder del área de bacteriología y enlace directo
con la ESE.
51.2. Piedad Yolanda Muñoz Rojano recibía órdenes e instrucciones de la doctora
Davi Sevilla.
51.3. Los horarios de trabajo de las bacteriólogas al servicio de la Clínica de La
Castellana eran organizados directamente por la demandante.
51.4. En consulta externa los servicios funcionaban de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
51.5. Desconoce si en la planta de personal de la entidad existía el cargo de
bacterióloga.
51.6. Angie Serna era la secretaria de Servisalud y con ella debían «tramitar la
contratación y permisos».
51.7. Como bacterióloga de la clínica nunca recibió directrices por parte de la
doctora Davi Sevilla.
2.5. Análisis sustancial del caso concreto
52. Piedad Yolanda Muñoz Rojano solicitó que se revocara parcialmente la
sentencia de primera instancia en cuanto negó el pago de las diferencias salariales
entre lo que percibió por concepto de honorarios y lo que debió devengar «toda vez
que se demostró que el cargo ocupado es misional de la empresa razón por la cual estaba
prohibido vincularlo por medio de cooperativa, razón por la cual se debió realizar una
condena en abstracto solo para categorizar la liquidación de la condena».
53. En ese sentido, de conformidad con los argumentos del recurso de apelación la
competencia de la sala se centra en verificar si la demandante tenía derecho a que,
como restablecimiento del derecho se ordenara el pago de las referidas diferencias
33 Min: 0:49:48 al 1:14:10
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salariales.
54. En relación con el reajuste de los salarios percibidos, esto es las diferencias
entre lo recibido por concepto de honorarios y lo devengado por un empleado de
planta, la Sala encuentra necesario exponer que pese a que en oportunidades
anteriores esta Subsección ha señalado que por el reconocimiento de una relación
laboral «no surge el derecho al reconocimiento y pago de las diferencias salariales»34;
esta Sala modificó su postura para señalar que en estos asuntos el
restablecimiento del derecho comporta, además, el reconocimiento y pago de la
diferencia que pueda existir entre lo devengado por los empleados de planta de la
entidad y los honorarios que le fueron pagados a los contratistas35.
55. Lo anterior tiene soporte en las garantías de orden constitucional que impone a
las autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales36, en virtud de los cuales le corresponde al
juez proteger a los trabajadores de las arbitrariedades que se puedan presentar en
sus condiciones laborales.
56. En efecto, situaciones como las planteadas en el sub judice plantean un dilema
que debe resolverse a la luz de los principios y derechos garantizados por la
Constitución Política de manera que el debate jurídico imponga un análisis que
evite vaciar el contenido y alcance de los derechos en pugna, que no son otros que
los de los trabajadores en el marco de un Estado social de derecho, en el que debe
existir proporcionalidad entre el servicio y su remuneración, «puesto que ello es una
lógica consecuencia de la naturaleza sinalagmática y conmutativa de la relación laboral»37.
57. Así las cosas, en aquellos casos en los que los contratistas no reciben la
remuneración correspondiente al ejercicio de esa función pública, pues la
retribución por los servicios prestados es denominado honorarios, los cuales son
consecuencia del ejercicio irregular de una figura contractual que se desnaturalizó,
lo que desconoce el carácter fundamental del derecho al trabajo y la especial
protección que ordena la Constitución y que está estrechamente ligada con la
dignidad humana y la justicia material.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016,
radicado 66001-23-33-000-2013-00091-01 (0237 2014), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de enero de 2024,
radicado 81001-23-39-000-2017-00008-01 (1824-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
36 Artículo 53 de la Constitución Política.
37 Sentencia T-102 de 1995.
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58. Aunado a lo expuesto, reconocer iguales condiciones laborales a los contratistas
que acrediten que prestaron sus servicios a la entidad en el marco de una
verdadera relación laboral, implica darle eficacia a ese principio constitucional al
que se ha aludido a lo largo de esta decisión y aplicarlo en su integridad para así
eliminar las diferencias surgidas en esa relación contractual que encubría una
laboral.
59. De esta manera el juez de lo contencioso administrativo en materia laboral, al
advertir que la carga de igualdad se rompió, pues el contratista fue remunerado en
forma disímil de los demás empleados de planta, debe utilizar los mecanismos
necesarios para combatir esa situación de inequidad y garantizar así la movilidad
salarial.
60. Sobre el particular, valga señalar que la Corte Constitucional ha indicado que
en «tratándose de derechos fundamentales de aplicación inmediata, el juez administrativo
a efecto de asegurar su vigencia y goce efectivos debe aplicar la correspondiente norma
constitucional, en forma oficiosa, así la demanda no la haya invocado expresamente»38,
esto efectiviza y asegura la defensa de los derechos fundamentales. En tal sentido,
la necesidad de proteger los derechos constitucionales fundamentales impone un
cambio en el papel del juez que se sustenta entre otras en la «aplicación preferente
de la Constitución frente a las demás normas jurídicas y así mismo el efecto integrador
que debe dársele a sus disposiciones con respecto a las demás normas del ordenamiento
jurídico (…) La necesidad de dar prevalencia al derecho sustancial (art. 228 C.P.), más
aún cuando este emana de la Constitución y busca hacer efectivas la protección y la
vigencia de los derechos fundamentales»39.
61. Así las cosas, la negativa a reconocer el reajuste salarial constituye no solo una
vulneración a la legislación laboral contenida en el ordenamiento interno, sino
también a los tratados internacionales ratificados por Colombia, los cuales al tenor
del artículo 93 de la Constitución hacen parte del bloque de constitucionalidad.
62. Ahora, descendiendo al caso concreto, se encuentra que el Tribunal
Administrativo del Magdalena negó la pretensión relacionada con el pago de las
diferencias salariales «en tanto que no se allegaron a la Sala elementos de juicio que
permitan acreditar las diferencias en cuestión, entre lo por ella devengado y la suma que
estima debió percibir conforme a los demás vinculados que efectuaban sus mismas
funciones».
38 Sentencia C-197 de 1999.
39 Sentencia SU-039 de 1997.
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63. Al respecto, en el expediente obra certificación del 9 de mayo de 2022, en la
cual el profesional universitario con funciones de talento humano de la ESE
Alejandro Prospero Reverend manifestó que el cargo de bacteriólogo no existía en
la planta global de la entidad. Asimismo, lo narrado por los testigos no permite
evidenciar que en la entidad existiera un empleado de planta que ejerciera iguales
funciones a las desempeñadas por la demandante e, incluso, Gisela Margarita
Remón Lora, quien prestó sus servicios en la entidad demandada, señaló que
desconocía si en la planta de personal existía el empleo de bacterióloga.
64. Así las cosas, aunque, como se explicó antes, cuando se acredita la existencia
de una relación laboral el trabajador tendría derecho a pretender la diferencia de
lo que percibió por concepto de honorarios y lo que percibía un empleado de la
planta que desempeñara sus funciones, en el sub judice no se acreditó la
existencia del empleo de planta que lo haría acreedor de las referidas diferencias
salariales. Por lo que, se confirmará la decisión del tribunal, no porque no se
hubiesen aportados elementos que permitieran acreditar «las diferencias en
cuestión», sino porque se acreditó que, en el lapso reclamado, en la planta de
personal no existía el empleo de bacterióloga.
65. En ese orden de ideas, con fundamento en el material probatorio analizado y la
normativa aplicable al asunto, se declarará la falta de legitimación en la causa por
pasiva del Distrito de Santa Marta y, como consecuencia se rechazará el recurso
de apelación presentado por el ente territorial, y se confirmará la sentencia
apelada.
2.4. Costas
66. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
67. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
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Demandante: Piedad Yolanda Muñoz Rojano
68. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma40.
69. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
70. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
71. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que el Distrito de Santa
Marta no se encontraba legitimado en la causa por pasivo en el presente asunto,
por lo que se rechazará el recurso de apelación presentado por la entidad territorial.
72. Asimismo, Piedad Yolanda Muñoz Rojano no tiene derecho al pago de las
diferencias salariales entre lo que percibió por concepto de honorarios y lo que
debió devengar como empleada de planta, toda vez que, en el sub judice se
acreditó que, para el periodo reclamado, no existía el empleo de bacterióloga. Así
las cosas, se confirmará la sentencia apelada que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y, como
consecuencia, rechazar el recurso de apelación presentada contra la sentencia del
23 de julio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.
40 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Segundo. Confirmar la sentencia del 23 de julio de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena que accedió a las pretensiones de la demanda
incoada por Piedad Yolanda Muñoz Rojano contra la ESE Alejandro Próspero
Reverend, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT/JMC
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