Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2015-00346-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2015-00346-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2015-00346-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 23001-23-33-000-2015-00346-02 (0868-2025)
Demandante: Antonio Fabio Díaz Nieves
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1
Tema: Prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 17 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, Sala de decisión de conjueces, mediante la cual accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Antonio Fabio Díaz Nieves presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 1461 del 11 de agosto de 2014, mediante
la cual la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería3
negó el reconocimiento de la prima especial de servicios del 30% y las diferencias
1 En adelante DEAJ.
2 En adelante CPACA.
3 En adelante DESAJ de Montería.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 23001-23-33-000-2015-00346-02 (0868-2025)
Demandante: Antonio Fabio Díaz Nieves
salariales y prestacionales sobre el 30% considerado como prima sin carácter
salarial, y del acto ficto o presunto originado en la omisión de la decisión respecto
del recurso de apelación interpuesto el «5 de septiembre de 2014» contra la anterior
decisión.
2. Asimismo, solicitó que se inaplicara por «inconstitucionalidad» los artículos 6 del
Decreto 658 de 2008; y 8 de los decretos 723 de 2009; 1388 de 2010; 1039 de 2011;
0874 de 2012; 1024 de 2013; y 194 de 2014 « Asimismo, solicitó que se inaplicara por
«inconstitucionalidad e ilegalidad, o porque ya habían sido anulados» los artículos 6 del
Decreto 53 de 1993; 7 del Decreto 108 de 1994; 7 del Decreto 49 de 1995; 7 del
Decreto 108 de 1996; 7 del Decreto 52 de 1997; 7 del Decreto 50 de 1998; 7 del
Decreto 38 de 1999; y 8 del Decreto 2743 de 2000 y los decretos salariales 109 de
1993; 3549 de 2003; 4180 de 2004; 943 de 2005; 396 de 2006; 625 de 2007; 665
de 2008; 1897 de 2009; 730 de 2009; 1395 de 2010; 1047 de 2011; 875 de 2012;
1035 de 2013; 019 de 2014; 205 de 2014; 1087 de 2015; 219 de 2016; 989 de 2017
y 343 de 2018 expedidos por el gobierno nacional y las normas concordantes «a la
fecha de presentación de la demanda no se ha expedido el del año 2019».
3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios como
incremento remuneratorio y no como una disminución del salario desde « el 1° de
enero de 1993 hasta la fecha de la sentencia y en adelante» (sic); ii) la reliquidación de
las prestaciones sociales tales como primas de vacaciones, de navidad y de
servicios, auxilio de cesantías, y demás prestaciones y emolumentos teniendo como
base el 100% del salario para su liquidación, es decir, con el 30% de la asignación
básica mensual que fue considerado prima especial de servicio sin carácter salarial;
iii) el pago de la diferencia del salario básico y prestaciones sociales existente «entre
la liquidación que hasta ahora le ha hecho la administración con el 70% de su salario básico
y el valor que resulte de reliquidar todas sus prestaciones sociales y laborales» (sic); iv) la
indexación y los intereses moratorios de las sumas reclamadas, de conformidad con
los artículos 187, 189 y 192 del CPACA; v) las declaraciones ultra y extra petita por
los derechos ciertos e irrenunciables que resulten probados.
1.1.2. Fundamentos fácticos
4. Como hechos relevantes señaló los siguientes:
4.1. Antonio Fabio Díaz Nieves presta sus servicios a la Rama Judicial desde el 5 de
mayo de 1987, como juez promiscuo de familia del circuito, desde el 10 de enero de
2004 como juez promiscuo municipal, y como juez primero de familia del circuito de
Montería «hasta la fecha».
4.2. El 21 de julio de 2014 solicitó a la DESAJ de Montería el pago de la prima
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especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y las diferencias
salariales y prestacionales «incluyendo en la base de liquidación el 30% de asignación
básica que le ha descontado a esta para estipularla como prima especial sin carácter
salarial, y el reconocimiento y pago de la prima especial sin carácter salarial» (sic).
4.3. Mediante la Resolución 1461 del 11 de agosto de 2014, la DESAJ de Montería
negó la petición anterior.
4.4. El 5 de septiembre de 2014 interpuso los recursos en sede administrativa y
comoquiera que «la administración judicial hasta ahora no ha notificado acto
administrativo que resuelva los recursos de reposición y apelación, (…) al haber
transcurrido más de 2 meses, sin que ello ocurra, se ha generado acto administrativo ficto
o presunto negativo, fruto del silencio administrativo» (sic).
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. Como tales, señaló los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 53 y 209 de la Constitución
Política; 2 y 14 de la Ley 4ª de 1992; y 152, numeral 7, de la Ley 270 de 1996.
6. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente4:
6.1. Los actos administrativos demandados fueron expedidos con infracción de las
normas constitucionales y legales, toda vez que la administración descontó el 30%
del salario básico y lo denominó prima especial de servicios, de tal forma que se le
liquidaron las prestaciones sociales sobre el 70% y no sobre el 100%.
6.2. La Ley 4ª de 1992 prohibió que se desmejorara la remuneración y las
prestaciones sociales de los servidores públicos. No obstante, la interpretación
adoptada respecto de las disposiciones que regulan la prima especial desnaturalizó
tal emolumento al descontarlo de la remuneración básica, cuando su valor debía
constituir un valor adicional de esta. Con ello se desconocieron los principios de
progresividad, remuneración vital y móvil, y favorabilidad.
6.3. Los decretos expedidos por el gobierno nacional que establecieron que el 30%
del salario básico constituía la prima especial son incompatibles con la constitución
y, por lo tanto, debían inaplicarse con fundamento en el artículo 4 constitucional,
razón por la que era procedente la excepción de inconstitucionalidad.
6.4. La administración desconoció la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado,
según la cual la prima especial de servicio prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de
4 Samai, índice 18, expediente digital, archivo «22ED_22_Incorporaexped_23(.pdf) NroActua 18»,
páginas 3 a 30.
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1992 es un valor adicional al salario y las prestaciones sociales deben liquidarse
sobre el 100% de la remuneración básica.
6.5. La administración vulneró su derecho a la igualdad, porque recibió un trato
diferente frente a otros servidores judiciales en situaciones similares, cuyas
prestaciones fueron liquidadas sobre el 100% de la remuneración básica, incluido
el 30% que era denominado prima especial.
6.6. La prima especial continua vigente y al haber sido reconocida por la Ley 4ª de
1992 y sus decretos reglamentarios, constituía un derecho adquirido que no podía
desconocérsele. Además, ante una duda sobre la interpretación de la ley, debía
preferirse la que la reconoce como un incremento del salario y no como una
disminución de este.
6.7. El término de prescripción no había empezado a correr, toda vez que los
decretos que impedían reclamar el derecho a la prima como un adicional y la
correcta liquidación de su remuneración permanecían vigentes y amparados por la
presunción de legalidad. Por lo tanto, el derecho solo era exigible cuando se
profiriera la sentencia que inaplica tales normas, razón por la que los derechos
reclamados podían comprender todos los periodos desde 1993.
1.2. Contestación de la demanda
7. La DESAJ de Montería se opuso a la prosperidad de la demanda con fundamento
en lo siguiente5:
7.1. En atención a que la sentencia del 29 de abril de 2014 proferida por el Consejo
de Estado declaró la nulidad de los artículos de los decretos salariales que versaban
sobre la prima especial de los servidores judiciales expedidos entre los años 1993
y 2007, los derechos reclamados frente al periodo anterior al «31 de diciembre de
2007» se encontraban prescritos, de conformidad con el término trienal previsto en
el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, pues la reclamación administrativa había
sido presentada el 21 de julio de 2014.
7.2. Respecto de los periodos comprendidos entre el 1° de enero de 2008 y «la
ejecutoria de la sentencia», no era procedente el reconocimiento porque los decretos
salariales correspondientes a estas vigencias no habían sido declarados nulos y,
por lo tanto, son «válidos y gozan de presunción de legalidad».
7.3. La prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no
tenía carácter salarial por expresa disposición legal y en virtud de que la Corte
5 Samai, índice 18, expediente digital, archivo «22ED_22_Incorporaexped_23(.pdf) NroActua 18»,
páginas 88 a 95
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Constitucional declaró su exequibilidad. En consecuencia, el 30% reconocido como
prima especial no podía ser utilizado como factor para liquidar las prestaciones
sociales.
7.4. Además, la sentencia del 29 de abril de 2014, que declaró la nulidad de las
disposiciones de los decretos salariales correspondientes a los años 1993 a 2007,
no afectaba la valides de los decretos emitidos con posterioridad.
7.5. Con fundamento en lo anterior, propuso las siguientes excepciones i)
«inexistencia del demandado»; y ii) «prescripción trienal».
1.3. La sentencia apelada
8. En sentencia del 17 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala de Decisión de Conjueces, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. En tal sentido, ordenó lo siguiente:
«PRIMERO. Declarase la nulidad de la Resolución No. 1461 de fecha 11 de agosto de
2014 emanada de la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Sala
Administrativa – Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería, mediante
el cual se le negó al Doctor Antonio Fabio Díaz Nieves, Juez Primero de Familia del
Circuito de Montería la reliquidación de sus prestaciones sociales y laborales y el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales existentes entre lo liquidado por la
administración con el 70% de su salario básico y la liquidación que resulte teniendo como
base 100% de su salario básico, incluyendo el 30% de éste.
SEGUNDO. Declarase la nulidad del acto administrativo ficto o presunto producto del
silencio administrativo de la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería – Córdoba, por no haber
resuelto el recurso de apelación interpuesto el día 5 de septiembre de 2014 contra la
Resolución No. 1461 de fecha 11 de agosto de 2014, que negó la reliquidación y la prima
solicitada.
TERCERO. Declárese probada de oficio parcialmente la excepción de prescripción
propuesta por la parte demandada de las diferencias que debieron pagarse a la
demandante durante el tiempo que ejerció como Juez de la República con anterioridad
al 21 de julio de 2011.
CUARTO. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
condenase a la Nación – Rama Judicial a reconocer y pagar la Prima Especial de
Servicios del 30%, su naturaleza salarial y sus consecuencias prestacionales y de la
seguridad social al actor Antonio Fabio Díaz Nieves, a partir del 21 de julio de 2011 en
aplicación de la prescripción trienal.
QUINTO. Condenase a la Nación – Rama Judicial reconocer y pagar al actor la
reliquidación de sus prestaciones sociales con la inclusión de la Prima Especial del 30%
a partir del 21 de julio de 2011, tal como se expuso en la parte motiva.
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Demandante: Antonio Fabio Díaz Nieves
QUINTO. Las sumas reconocidas serán ajustadas de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 187 del C.P.C.A. Ley 1437 de 2011.
SEXTO. A la presente decisión désele cumplimiento conforme con los términos de los
artículos 192, 194 y 195 del CPACA. Los dineros reconocidos se ajustarán tomando en
cuenta como base el índice de precios al consumidor de conformidad a la parte motiva
de esta providencia.
SÉPTIMO. Sin condena en costas en esta instancia. (…)» (sic).
9. Para tal efecto, expuso lo siguiente6:
9.1. De acuerdo con los lineamientos fijados por el Consejo de Estado en la sentencia
del 2 de septiembre de 2019 y lo acreditado en el proceso, Antonio Fabio Díaz
Nieves se ha desempeñado en diferentes cargos y juzgados desde el 16 de agosto
de 1987 y ocupa como último cargo el de juez primero de Familia del Circuito de
Montería «desde el 10 de enero de 2004 hasta la fecha de presentación de la demanda»,
por lo tanto, tenía derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales sobre ese
30% del salario que se descontó por el concepto de prima especial, es decir, a la
reliquidación de sus prestaciones teniendo en cuenta el 100% del salario.
9.2. Bajo el criterio anterior, tenía derecho al reconocimiento y pago de las diferencias
salariales y prestacionales derivadas de la correcta liquidación de la prima especial
de servicio del 30% durante el periodo en el que se desempeñó como juez primero
de Familia del Circuito de Montería. Sin embargo, frente a las reclamaciones
económicas operó parcialmente la prescripción trienal, porque la solicitud
administrativa había sido presentada el 21 de julio de 2014. En consecuencia,
únicamente podían reconocerse las diferencias causadas desde el 21 de julio de
2011. Ello, en atención a lo previsto en la sentencia del 2 de septiembre de 2019
sobre la prescripción trienal7.
1.4. El recurso de apelación
10. La entidad demandada presentó recurso de apelación en contra de la sentencia
de primera instancia en los siguientes términos8:
10.1. De conformidad con la sentencia del 2 de septiembre de 2019 9, los jueces de
la República tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias generadas
6 Samai, índice 2, expediente digital, archivo «5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_31320251z(.zip)
NroActua 2», documento 14Sentencia.
7 Consejo de Estado – Sala de Conjueces, Sentencia de Unificación de 2 de septiembre de 2019,
Radicado No. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018)
8 Samai, índice 2, expediente digital, archivo «5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_31320251z(.zip)
NroActua 2», documento 16RecursoApelaciónRamaJudicial.
9 Consejo de Estado, Radicado: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018).
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por la reliquidación de sus prestaciones sociales y laborales con base en el 100%
del salario básico mensual, y un 30% adicional, calculado sobre el 100% de la
asignación básica, por concepto de la prima especial de servicios sin carácter
salarial, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
10.2. La entidad no contaba con la apropiación presupuestal por parte del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público que permita cubrir el reconocimiento de las
acreencias laborales derivadas de la sentencia de unificación mencionada y del
Decreto 272 de 2021, lo que imposibilita el establecimiento de fórmulas
conciliatorias, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 del Decreto 111 de
1996.
10.3. Asimismo, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, elevó oficio
DEAJO21-252 de fecha 11 de mayo de 2021, al director(a) de la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE en el cual solicita se convoque a una Mesa
Interinstitucional. la ANDJE a través de comunicación No. 20215000029211-DDJ
del 14 de mayo de 2021, solicitó previo a la convocatoria a la mesa de trabajo, el
cálculo de diferentes variables para determinar un valor aproximado total de lo que
comprendería el reconocimiento y conciliación del retroactivo de la prima especial
del 30% regulada en la Ley 4 de 1992. En respuesta de ese requerimiento, a través
de comunicación DEAJO21-525 del 14 de septiembre de 2021, complementada con
oficio DEAJO21-608 del 21 de octubre de 2021, el director ejecutivo de
Administración Judicial dio respuesta a los interrogantes planteados por la ANDJE
y remitió un informe de cifras consolidadas en relación con el reconocimiento,
reliquidación y/o pago de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y sus
decretos reglamentarios y la bonificación por compensación de que trata el Decreto
610 de 1998, cifras que fueron actualizadas.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
11. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar10.
12. No obstante, la entidad demandada se pronunció para señalar que la prima
especial del 30% no tenía carácter salarial para efectos prestacionales, salvo para
pensión y que cualquier reclamación anterior al 21 de julio de 2011 estaba
prescrita11.
10 Al respecto, ver auto del 20 de mayo de 2025, visible a índice 4 de Samai.
11 Samai, índice 8.
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Demandante: Antonio Fabio Díaz Nieves
1.6. El Ministerio Público
13. El procurador delegado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
14. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia12, se circunscriben a
establecer:
14.1. ¿si la prima especial de servicios constituye factor salarial para la reliquidación
de las prestaciones sociales? y
14.2. ¿si las limitaciones económicas y presupuestales son argumentos válidos para
negar el derecho a la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
15. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del congreso nacional y de la fuerza pública.
16. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:
12 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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Demandante: Antonio Fabio Díaz Nieves
«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial13 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].
17. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).
18. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».
19. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la
opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,
indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de
las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados
del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores
Delegados de la Procuraduría General de la Nación».
13 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-
96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».
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Radicado: 23001-23-33-000-2015-00346-02 (0868-2025)
Demandante: Antonio Fabio Díaz Nieves
20. Luego, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de 1994,
43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000, 1474
de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de 2006,
618 de 200714, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del
2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021, 470
del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como
Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar15».
21. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.
22. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
como prima.
23. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201916, fijó, entre otras, las siguientes
reglas:
14 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la
prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de
radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
15 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales
no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)
10
Radicado: 23001-23-33-000-2015-00346-02 (0868-2025)
Demandante: Antonio Fabio Díaz Nieves
«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
1. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente
2. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.
3. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a
límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.
4. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
5. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.»
24. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores.
25. Asimismo, el Consejo de Estado, a través de la sentencia del 29 de abril de
201417 declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial,
17 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
Declaró la nulidad de los siguientes artículos: 9 del Decreto 51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 54 de
1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9 del Decreto 104 de 1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del
Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995; 7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47
de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del Decreto 35 de 1996; 6 del Decreto 36 de 1996; 9
del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56 de 1997; 6 del Decreto 76 de 1997; 6 del Decreto
64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 67 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 37
de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto 44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000;
9 del Decreto 2739 de 2000; 7 del Decreto 2740 de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del Decreto
1475 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 1482 de 2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724
de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730 de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de
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Radicado: 23001-23-33-000-2015-00346-02 (0868-2025)
Demandante: Antonio Fabio Díaz Nieves
pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es
la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el
legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el
literal a) del artículo 2° de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían
desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber
mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para
determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».
[Se resalta].
18
26. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 corresponde a
un valor adicional al salario básico.
2.3. Caso en concreto
2.3.1. Hechos probados
27. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
27.1. AntonioFabio Díaz Nives se encuentra vinculado a la Rama Judicial en
propiedad y ha desempeñado los siguientes cargos: i) juez primero promiscuo de
Familia del Circuito de Lorica (Córdoba), desde el 16 de agosto de 1987 hasta el 21
de enero de 2001; ii) juez primero promiscuo de Familia del Circuito de Cereté
(Córdoba), desde el 22 de enero de 2001 hasta el 14 de agosto de 2001; iii) juez
primero promiscuo de Familia del Circuito de Lorica (Córdoba), desde el 15 de
agosto de 2001 hasta el 15 de octubre de 2001; iv) juez primero Civil del Circuito de
Lorica (Córdoba), desde el 16 de octubre de 2001 hasta el 5 de noviembre de 2001;
v) juez primero promiscuo de Familia del Circuito de Lorica (Córdoba), desde el 6
de noviembre de 2001 hasta el 9 de enero de 2004; vi) juez primero de Familia del
2002; 8, 10 y 12 del Decreto 683 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3568
de 2003; 6 del Decreto 3569 de 2003; 8, 10 y 12 del Decreto 4169 de 2004; 9 del Decreto 4171 de
2004; 6 del Decreto 4172 de 2004; 8, 10 y 12 del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005;
6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10 y 12 del
Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6 del Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del Decreto
621 de 2007; y 8, 9, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
18 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la sentencia del 31 de octubre de 2012,
Expediente 2001-0642, conjuez ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.
12
Radicado: 23001-23-33-000-2015-00346-02 (0868-2025)
Demandante: Antonio Fabio Díaz Nieves
Circuito de Montería (Córdoba), desde el 10 de enero de 2004 «hasta la fecha
inclusive»19.
27.2. La coordinación del área de Talento Humano de la DESAJ de Montería, a través
de la certificación del 29 de enero de 2015, especificó los salarios y factores
salariales devengados por el demandante, desde el 16 de agosto de 1987 hasta el
30 de diciembre de 201420.
27.3. El 21 de julio de 2014, Antonio Fabio Díaz Nieves solicitó a la DESAJ de
Montería el pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992 y las diferencias salariales y prestacionales « teniendo con carácter
salarial el 100% de la remuneración mensual, donde se incluya en la base de liquidación el
30% de[l] sueldo que la Rama Judicial ha tenido hasta ahora como prima especial sin
carácter salarial», «desde el año 1993 hasta la fecha y en adelante» (sic)21.
27.4. Mediante la Resolución 1461 del 11 de agosto de 2014, la DESAJ de Montería
negó la petición anterior con fundamento en que se encontraba adelantando el
estudio de costos derivado de la nulidad de los decretos salariales de los años 1993
a 2007 para gestionar ante el Ministerio de Hacienda los recursos necesarios. No
tenía competencia para crear u ordenar reajustes salariales ni disponer recursos sin
apropiación presupuestal, y como autoridad administrativa, debía limitarse a cumplir
las decisiones judiciales no para interpretar las leyes o inaplicarlas 22. La decisión
fue notificada el 27 de igual mes y año.
27.5. El 5 de septiembre de 2014, Antonio Fabio Díaz Nieves interpuso el recurso de
apelación contra la anterior decisión; a través de la Resolución 1560 del 17 de
septiembre de 2014 se concedió el recurso ante la DEAJ23; sin embargo, no obra
prueba en el expediente de que se hubiese resuelto24.
27.6. Al expediente se allegó certificación del 30 de noviembre de 2016 expedida por
la coordinación del área de Talento Humano en la que se hace constar la vinculación
del demandante a la Rama Judicial desde el 16 de agosto de 1987 hasta el 4 de
septiembre de 2016; así como su última asignación salarial discriminada de la
siguiente manera: salario básico: $5.287.213; prima especial de servicios:
$1.586.164, y bonificación judicial: $2.196.23025.
19 Según el certificado del 29 de enero de 2015, expedido por el coordinador del área de talento
Humano de la DESAJ de Montería. Samai, índice 18, expediente digital, archivo
«22ED_22_Incorporaexped_23(.pdf) NroActua 18», página 40 a 42.
20 Ibidem.
21 Ibidem, página 35.
22 Ibidem, páginas 36 a 38.
23 Ibidem, página 103.
24 Ibidem, página 43.
25 Ibidem, página 99.
13
Radicado: 23001-23-33-000-2015-00346-02 (0868-2025)
Demandante: Antonio Fabio Díaz Nieves
2.3.2. Análisis sustancial del caso concreto
28. A efectos de abordar los problemas jurídicos planteados, se advierte que el
Tribunal Administrativo de Córdoba concluyó que el demandante tenía derecho a la
reliquidación de las prestaciones sociales con base en el 100% de su salario, al
considerar que el 30% descontado para denominarlo prima especial de servicios
debía integrarse a la base de liquidación, de conformidad con la regla fijada por el
Consejo de Estado en la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019.
29. En tal medida, tenía derecho al reconocimiento y pago de las diferencias
salariales y prestacionales derivadas de la correcta liquidación de la prima especial
de servicio del 30% durante el periodo en el que se desempeñó como juez primero
de Familia del Circuito de Montería. Sin embargo, había operado parcialmente la
prescripción trienal, porque la solicitud administrativa había sido presentada el 21
de julio de 2014. En consecuencia, únicamente podían reconocerse las diferencias
causadas desde el 21 de julio de 2011.
30. Por su parte, la DEAJ cuestionó la anterior decisión, con fundamento en que, los
jueces de la República tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias
generadas por la reliquidación de sus prestaciones sociales y laborales con base en
el 100% del salario básico mensual, y un 30% adicional, calculado sobre el 100%
de la asignación básica, por concepto de la prima especial de servicios sin carácter
salarial. Además, si bien existía el deber de extender los efectos de la sentencia del
2 de septiembre de 2019, estaba en imposibilidad presupuestal para pagar los
mayores valores que se generarían al reliquidar el derecho reclamado por falta de
apropiación presupuestal, lo que le impedía el pago y la adopción de fórmulas
conciliatorias.
31. En torno al primer problema jurídico, se precisa que, en efecto, tal y como se
explicó en el marco normativo, la prima especial de servicios del 30% prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 tiene naturaleza salarial solamente para efectos de
la pensión de jubilación, como lo prevé expresamente la Ley 332 de 1996, aclarada
por la Ley 476 de 1998, que la incluyó exclusivamente en el IBL para dicho fin, sin
extender sus efectos a otras prestaciones sociales.
32. En el mismo sentido, la sentencia del 2 de septiembre de 2019 proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado precisó que la prima especial de servicios
únicamente puede considerarse como factor salarial para efectos pensionales, de
tal manera que su reconocimiento en otros ámbitos implicaría desconocer el marco
legal y exceder la voluntad del legislador.
33. Sin embargo, pese a que en este aspecto existe coincidencia conceptual con lo
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Radicado: 23001-23-33-000-2015-00346-02 (0868-2025)
Demandante: Antonio Fabio Díaz Nieves
señalado en las consideraciones de la sentencia de primera instancia, se advierte
que, en los ordinales 4° y 5° de la parte resolutiva, el a quo dispuso:
«CUARTO. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
condenase a la Nación – Rama Judicial a reconocer y pagar la Prima Especial de
Servicios del 30%, su naturaleza salarial y sus consecuencias prestacionales y de la
seguridad social al actor Antonio Fabio Díaz Nieves, a partir del 21 de julio de 2011 en
aplicación de la prescripción trienal.
QUINTO. Condenase a la Nación – Rama Judicial reconocer y pagar al actor la
reliquidación de sus prestaciones sociales con la inclusión de la Prima Especial del 30%
a partir del 21 de julio de 2011, tal como se expuso en la parte motiva.» (sic) [se subraya].
34. En consecuencia, las ordenes de reconocer la prima especial de servicios con
carácter salarial e incluirla como factor para la liquidación de las prestaciones
sociales no se ajusta a la tesis normativa y jurisprudencial previamente expuesta.
35. Así las cosas, el demandante tenía derecho a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su salario básico, esto es, con la inclusión del 30% que
había sido excluido a título de prima especial, y al reconocimiento y pago de las
diferencias que por concepto de la prima especial resultara a su favor, teniendo en
cuenta que esta sólo constituía factor salarial para efectos de pensión de jubilación,
lo que no corresponde a lo ordenado por el tribunal.
36. De manera que, una cosa es que al demandante se le haya deducido el 30% del
salario con lo que se le quitó a este porcentaje los efectos salariales a la
remuneración mensual, lo cual tuvo un impacto en la liquidación de las prestaciones
sociales que se calcularon con el 70% de su remuneración mensual, y otra distinta
es que el 30% adicional al salario básico al que también tenía derecho a título de
prima especial, tuviese carácter salarial, lo que como se señaló en el marco
normativo no era procedente, salvo para efectos pensionales. En los anteriores
términos se hace necesario modificar los ordinales 4° y 5° de la sentencia de primera
instancia.
37. En lo que corresponde al ordinal 4°, se precisará que Antonio Fabio Díaz Nieves
tiene derecho al reconocimiento de la prima especial, sin carácter salarial,
equivalente al 30% de la asignación básica, así como al pago de las diferencias que
por ese concepto resultaren a su favor, sin que en ningún caso se supere los topes
máximos fijados por el gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente,
desde el 21 de julio de 2011 y hasta que permanezca en el servicio desempeñando
el cargo que le otorga el derecho, o hasta que se haya iniciado a pagar la prima
especial como adición al salario. Sobre el extremo final del reconocimiento, si bien
en la certificación del 30 de noviembre de 2016 se señala el 4 de septiembre de
2016 como fecha final del vínculo, no hay certeza de su retiro, por lo que la orden
se impartirá en los lapsos anteriormente planteados.
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Radicado: 23001-23-33-000-2015-00346-02 (0868-2025)
Demandante: Antonio Fabio Díaz Nieves
38. La anterior orden se establece en esos términos con el propósito de precisar su
alcance y evitar que, al momento de dar cumplimiento a esta, se desconozcan las
sumas que previamente fueron percibidas por el demandante, bajo el entendido de
que recibió los conceptos de salario y prima especial que correspondían en realidad
al 100% de la asignación mensual. En todo caso, el cumplimiento de la sentencia
estará sujeto a que no se hayan efectuado pagos previos por iguales conceptos a
los aquí reconocidos.
39. Ahora bien, aunque el 30% que fue pagado como prima especial no tiene carácter
salarial, sí incide en la base de liquidación de las cotizaciones al sistema pensional,
conforme lo dispone la Ley 332 de 1996.
40. En el presente caso, el demandante presentó la reclamación el 21 de julio de
2014; sin embargo, los periodos reclamados comprenden desde el 7 de enero de
1993 [fecha de entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993] y, como el derecho a la
prima especial de servicios prevista en la Ley 4ª de 1992 se hacía exigible con cada
vigencia. En consecuencia, transcurrieron más de 3 años entre la exigibilidad del
derecho reclamado y la presentación de la reclamación administrativa, por lo tanto,
operó el fenómeno de la prescripción respecto de los derechos anteriores al 21 de
julio de 2011, tal y como lo determinó el a quo.
41. Pese a lo anterior, por ser la seguridad social un derecho irrenunciable 26 e
imprescriptible27, la prescripción opera con excepción de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones. Por esta razón, se hace necesario
adicionar a ese ordinal que, de acuerdo con lo anterior, para la liquidación de los
aportes a seguridad social en pensiones la entidad demandada debe observar los
siguientes extremos: i) del 7 de enero de 1993, [fecha de entrada en vigencia del
Decreto 57 de 1993] hasta la entrada en vigencia de la Ley 332 de 1996, salvo sus
interrupciones, teniendo como base el 100% de la remuneración básica mensual; ii)
desde la entrada en vigor de la anterior norma, esto es desde el 28 de diciembre de
1996, comoquiera que fue a partir de tal fecha que la prima es factor salarial para
pensiones, y hasta que desempeñe el cargo que le otorga la mencionada prima, con
fundamento en la anterior asignación más el 30% correspondiente a la prima
especial.
26 Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar
los principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales».
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de
agosto de 2016, radicado: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala
aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención
a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se
causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las
prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
16
Radicado: 23001-23-33-000-2015-00346-02 (0868-2025)
Demandante: Antonio Fabio Díaz Nieves
42. Para tal efecto, solo debe pagarse al sistema las diferencias causadas entre lo
que pagó y lo que correspondía pagar por concepto de aportes a seguridad social
en pensiones.
43. Por iguales razones, se modificará el ordinal 3° que declaró probada la
prescripción de las diferencias salariales y prestacionales reclamadas durante el
tiempo en el que el actor ejerció como juez de la República con anterioridad al 21
de julio de 2011, para hacer la salvedad respecto de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones.
44. En conclusión, la prima especial de servicios no constituye factor salarial para la
reliquidación de las prestaciones sociales, no obstante, la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia le dio tal alcance; por lo tanto, se modificará y
adicionará el ordinal 4° tal y como se expuso en precedencia.
45. En esa medida, también se modificará el ordinal 5°, para señalar que Antonio
Fabio Díaz Nieves tiene derecho a la reliquidación y pago de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de su salario básico, es decir, con la inclusión del 30 % que
había sido excluido a título de prima especial desde el 21 de julio de 2011.
46. En relación con el segundo problema jurídico que hace referencia al argumento
de la entidad para negar el derecho con sustento en la imposibilidad económica y
presupuestal para reconocer las diferencias reclamadas, la Sala destaca que, de
conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 334 de la Constitución
Política, ninguna autoridad puede invocar la sostenibilidad fiscal para limitar, afectar
o negar la protección de los derechos fundamentales.
47. En concordancia con lo señalado por la Corte Constitucional28, esta situación no
es una justificación que valide el incumplimiento de las obligaciones laborales y
prestacionales por parte de las entidades públicas, en consecuencia, carece de
sustento legal y jurisprudencial para afectar el derecho reclamado; por lo tanto, le
corresponde a la administración reconocer y pagar los derechos causados a pesar
de las dificultades financieras que se pudieran presentar, para lo cual deberá «cre[ar]
una partida presupuestal, si no existiere, o […] reali[zar] las operaciones necesarias para
obtener los fondos, bajo el entendido de que los créditos laborales vinculados al mínimo
vital, gozan de prelación constitucional».
48. Porconsiguiente, la alegada imposibilidad económica y presupuestal de la
entidad no constituye una razón válida para justificar la negativa del derecho
reconocido al demandante, pues las limitaciones financieras no exoneran a la
administración del cumplimiento de sus obligaciones laborales y prestacionales.
28 Ver sentencias SU-995 de 1999 y SU-484 de 2008.
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Radicado: 23001-23-33-000-2015-00346-02 (0868-2025)
Demandante: Antonio Fabio Díaz Nieves
2.4. Costas
54. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
55. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
56. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma29.
57. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
58. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.
3. Conclusión
59. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que: i) la prima especial de
servicios no constituye factor salarial para la reliquidación de las prestaciones
sociales sino únicamente para efectos pensionales, sin incidencia en otras
prestaciones, conforme con la Ley 332 de 1996 y la jurisprudencia del Consejo de
29En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 23001-23-33-000-2015-00346-02 (0868-2025)
Demandante: Antonio Fabio Díaz Nieves
Estado; y ii) la imposibilidad económica y presupuestal invocada por la entidad no
constituye justificación válida para incumplir con las obligaciones laborales y
prestacionales, comoquiera que las limitaciones financieras no exoneran a la
administración de garantizar los derechos reconocidos al demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Modificar los ordinales 3°, 4° y 5° de la sentencia proferida el 17 de
octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala de Decisión de
Conjueces, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
incoada por Antonio Fabio Díaz Nieves contra la Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, los cuales quedarán así:
TERCERO. Declárese probada de oficio parcialmente la excepción de prescripción
propuesta por la parte demandada de las diferencias salariales y prestacionales que
debieron pagarse a la demandante durante el tiempo que ejerció como juez de la
República con anterioridad al 21 de julio de 2011, salvo los aportes al Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones.
CUARTO. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
condenase a la Nación – Rama Judicial a reconocer a Antonio Fabio Díaz Nieves la
prima especial, sin carácter salarial, equivalente al 30% de la asignación básica, así
como al pago de las diferencias que por ese concepto resultaren a su favor, sin que en
ningún caso se supere los topes máximos fijados por el gobierno nacional, atendiendo
el cargo correspondiente, desde el 21 de julio de 2011 y hasta que permanezca en el
servicio desempeñando el cargo que le otorga el derecho, o hasta que se haya iniciado
a pagar la prima especial como adición al salario.
La entidad demandada deberá realizar los pagos de aportes a pensión y para su
liquidación debe observar los siguientes extremos: i) del 7 de enero de 1993, [fecha de
entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993] hasta la entrada en vigencia de la Ley 332
de 1996, salvo sus interrupciones, teniendo como base el 100% de la remuneración
básica mensual; ii) desde la entrada en vigor de la anterior norma, esto es desde el 28
de diciembre de 1996, comoquiera que fue a partir de tal fecha que la prima es factor
salarial para pensiones, y hasta que desempeñe el cargo que le otorga la mencionada
prima, con fundamento en la anterior asignación más el 30% correspondiente a la prima
especial.
Para tal efecto, solo debe pagarse al sistema las diferencias causadas entre lo que pagó
y lo que correspondía pagar por concepto de aportes a seguridad social en pensiones.
QUINTO. Condenase a la Nación – Rama Judicial a reconocer y pagar a Antonio Fabio
Díaz Nieves la reliquidación y pago de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de
prima especial desde el 21 de julio de 2011.
19
Radicado: 23001-23-33-000-2015-00346-02 (0868-2025)
Demandante: Antonio Fabio Díaz Nieves
El cumplimiento de la sentencia estará sujeto a que no se hayan efectuado pagos previos
por iguales conceptos a los aquí reconocidos.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 17 de octubre de 2024
por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala de Decisión de Conjueces.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
20
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