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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2022-00010-02

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2022-00010-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 29 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda incoada por Clara Marcela Botero Zambrano, Martha Cecilia Minota Flórez, Sonia Isleny Alegría Burgos y María Inés Venegas Beltrá en contra de la Fiscalía General de la Nación, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del 31En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 22 Radicado: 76001-23-33-000-2022-00010-02 (3265-2025) Demandante: Clara Marcela Botero Zambrano y otros Consejo de Estado Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. DMGT 23

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2022-00010-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00010-02 (3265-2025)
Demandante: Clara Marcela Botero Zambrano, Martha Cecilia Minota Flórez,
Sonia Isleny Alegría Burgos y María Inés Venegas Beltrán
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación1

Temas: Prima especial de servicios artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 29 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Clara Marcela Botero Zambrano, Martha Cecilia Minota Flórez, Sonia Isleny
Alegría Burgos y María Inés Venegas Beltrán presentaron demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2, en orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos:

1 En adelante FGN.
2 En lo que sigue CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00010-02 (3265-2025)
Demandante: Clara Marcela Botero Zambrano y otros

Oficio Radicado Peticionarios Resuelve
-. Clara Marcela Botero Negó el reconocimiento de
STH-31010 Zambrano; la prima especial de
del 11 de julio 20210060163021 -. Martha Cecilia Minota servicios del artículo 14 de la
de 2021 Flórez; y Ley 4ª de 1992 como un
-. Sonia Isleny Alegría Burgos incremento adicional del
STH-31010 salario básico. Así como la
del 11 de julio 20210060163061 María Inés Vanegas Beltrán reliquidación y pago de las
de 2021 prestaciones.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitaron: i) el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios como «un
incremento adicional del salario básico y/o asignación mensual, en un porcentaje no inferior
al 30% ni superior al 60% prevista en la Ley 476 de 1998» [sic]; ii) la reliquidación de las
prestaciones sociales y aportes a pensión con la inclusión del 30% «que había sido
excluido a título de prima especial. Lo anterior, teniendo en cuenta los periodos causados
desde la fecha de vinculación a la entidad a la actualidad y los que se causen hacía el
futuro» [sic]; iii) la indexación de las sumas adeudadas por concepto del porcentaje
del ingreso laboral reclamado y las prestaciones laborales que de ello se deriven;
iv) el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 187, 192 y 195
del CPACA; y v) la condena en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes señalaron los siguientes3:

3.1. Las demandantes sostuvieron una relación legal y reglamentaria con la FGN,
así:

Demandante Cargos Desde Hasta
Clara Marcela Botero Asistente de Fiscal I 06/06/1995 17/02/1998
Zambrano Asistente de Fiscal IV 24/04/2015 Sin especificar
Fiscal delegado ante jueces 24/03/2017 Estado: Activo
municipales
Martha Cecilia Minota Técnico Judicial II 24/03/1994 Sin especificar
Flórez Fiscal delegado ante jueces 13/03/1995 Estado: Activo
municipales
Sonia Isleny Alegría Burgos Fiscal delegado ante jueces 01/06/1994 Estado: Inactivo
municipales Novedad: Retiro
por muerte
María Inés Vanegas Fiscal delegado ante jueces 05/09/2012 Estado: Inactivo
Beltrán municipales Novedad: Edad
de retiro forzoso

3.2. Durante el lapso de vinculación como fiscales delegados ante jueces

3 Los hechos se sintetizarán de conformidad con las pruebas allegadas al plenario.

2

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00010-02 (3265-2025)
Demandante: Clara Marcela Botero Zambrano y otros

municipales y promiscuos, la FGN no les reconoció el derecho a percibir el 30% de
la remuneración mensual faltante para el total del 100% del salario. Dicho concepto
«solo les fue reconocida y cancelada con efectos a partir de enero de 2021 según el Decreto
272 del 11 de marzo de 2021, adicional a la asignación básica, equivalente al 30% del
salario básico, pero nada dijo de los periodos causados con anterioridad» [sic].

3.3. El 21 de enero y el 24 de febrero de 2021, las demandantes solicitaron a la FGN
el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios como un monto adicional
al salario básico y la reliquidación de los aportes al sistema de seguridad social en
pensiones.

3.4. Las peticiones fueron resueltas de manera desfavorable a través de los actos
demandados.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución Política; 14
de la Ley 50 de 1990; 1 y 14 de la Ley 4 de 1992; y 1 y 14 de la Ley 476 de 1998.

5. En cuanto al concepto de violación, expusieron lo siguiente4:

5.1. Las demandantes fueron objeto de un trato salarial desigual, en la medida en
que la FGN no les reconoció la prima especial como un verdadero incremento a la
remuneración, sino que, la agregó como una parte del salario previamente
devengado, es decir que dicha prima operó como una simple recomposición de la
estructura salarial y no como un ingreso adicional.

5.2. La entidad le atribuyó un tratamiento contradictorio a la prima especial, pues por
una parte la consideró parte de la remuneración mensual, esto es para
«deducciones de salud y pensiones», pero a la par le negó la naturaleza salarial
para efectos del reconocimiento, liquidación y pago de prestaciones sociales. Así,
la denominada prima especial terminó constituyendo una disminución efectiva de
los emolumentos con incidencia prestacional, pues fue tenida en cuenta para ciertos
efectos derivados de la relación laboral, pero excluida injustificadamente para otros.

5.3. La citada prima fue reconocida para los funcionarios de la FGN a partir del
Decreto 272 de 2021 que ordenó el pago desde el 1° de enero de ese año, pero no
dispuso nada en relación con los emolumentos generados previamente.

4 Samai del tribunal, índice 3; 1_EXPEDIENTEDIGITAL_01PRIMERAINSTANCIAZ(.ZIP) NroActua

3; 01PrimeraInstancia 002Demanda.pdf. La demanda fue presentada el 13 de enero de 2022.

3

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Demandante: Clara Marcela Botero Zambrano y otros

5.4. Los actos administrativos cuestionados vulneraron el principio de legalidad y los
derechos a la igualdad y progresividad laboral al no reconocer la prima especial de
servicios como un «sobresueldo» sino como una desagregación del salario básico,
interpretación que disminuyó la asignación básica mensual de los servidores
judiciales y desmejoró sus condiciones laborales.

5.5. Laposición planteada por la entidad demandada también desconoció la
sentencia del Consejo de Estado del 15 de diciembre de 2020 5, según la cual la
prima especial de servicios debe reconocerse como un incremento al salario y no
como parte de él.

1.2. Contestación de la demanda

6. La FGN se pronunció en los siguientes términos6:

6.1. Si bien entre los años de 1994 y 2002, con fundamento en los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional se les pago la prima «tomando del salario básico
el 30% para pagarlo como prima especial» [sic], lo cual afectó las prestaciones sociales,
lo cierto es que «al respecto se deberá verificar la prescripción».

6.2. No es cierto que desde el año 2003 en adelante se les haya afectado el ingreso
mensual ni sus prestaciones, toda vez que «[d]el año 2003 a 2020, no se pagó toda vez
que los decretos salariales de la FGN no incluyeron la prima especial, por lo anterior se
reconoció el salario básico ordenado al 100% y las prestaciones sociales al 100%» [sic].

6.3. ElConsejo de Estado ha decantado su posición en relación con el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios para los servidores de la
FGN y ha señalado que dicho emolumento debe reconocerse como un haber
adicional al salario básico.

6.4. La prima especial de servicios solo constituye factor salarial para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, de conformidad con la
sentencia proferida el 15 de diciembre de 2020 por el Consejo de Estado. En
consecuencia, no procedía su reconocimiento como factor salarial respecto de otras
prestaciones.

6.5. La administración actuó conforme a derecho, pues dio cabal cumplimiento a las
disposiciones fijadas por el gobierno nacional y desacatarlas implicaría modificar el
régimen salarial.

5 Radicado 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018) C.P. Jorge Iván Rincón Córdoba.
6 Samai del tribunal, índice 32; 54_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 32.

4

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Demandante: Clara Marcela Botero Zambrano y otros

6.6. Se configuró la prescripción trienal de que trata el artículo 102 del Decreto 1848
de 1969, toda vez que i) María Inés Vanegas Beltrán presentó su solicitud el 21 de
enero de 2021; y ii) Clara Marcela Botero Zambrano, Martha Cecilia Minota Flórez,
Sonia Isleny Alegría Burgos reclamaron el 24 de febrero de igual anualidad.

6.7. Por último, propuso las excepciones de: i) prescripción; ii) carencia de objeto
respecto de la pretensión sobre prestaciones sociales; iii) «inaplicabilidad como factor
salarial diferente al ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación» [sic]; y iv)
«improcedencia de extralimitar el límite previsto en el artículo 4 de la Ley 4 de 1992» [sic].

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia proferida el 29 de
mayo de 20257 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En tal
sentido ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: Declarar la nulidad del Oficio STH-31010 del 11 de julio de 2021 Radicado
No. 20210060163021 y el Oficio STH-31010 del 11 de julio de 2021 radicado No.
20210060163061 expedidos por la Subdirectora Regional de Apoyo del Pacifico de la
Fiscalía General de la Nación, por medio del cual, se da respuesta a las peticiones
formuladas el 24 de febrero y 21 de enero de 2021, respectivamente.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la parte demandada a
reconocer y pagar:

I. En favor de Clara Marcela Botero Zambrano la prima especial de servicios
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola como un incremento del
30% respecto del 100% del salario básico, a partir del 24 de febrero de 2018 y hasta el
31 de diciembre de 2020, en todo caso según los tiempos de servicio prestados por la
parte demandante como Fiscal, sin que en ningún caso pueda superarse el tope máximo
establecido por el Gobierno Nacional, a lo cual deberá dar estricto cumplimiento la
entidad. Periodo dentro del cual deberán hacerse los respectivos aportes a seguridad
social integral y para ello se autoriza al empleador que efectúe los descuentos de ley.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y
cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 24 de febrero de 2018 y hasta el
31 de diciembre de 2020 arroje valores en favor de la parte demandante, sin pasar por
alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera
expresa que la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una
suma adicional a la asignación básica, y constituye factor salarial únicamente para las
cotizaciones en seguridad social.

Dentro de la liquidación se deben deducir las sumas que por concepto de prima especial
de servicios haya recibido la beneficiaria por vía administrativa o judicial en virtud de
transacciones, conciliaciones, sentencias ordinarias o ejecutivas, entre otras.

7 Samai del tribunal; índice 55; 81Sentencia_00020220001000Sent1e(.pdf) NroActua 55.

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Demandante: Clara Marcela Botero Zambrano y otros

II. En favor de Martha Cecilia Minota Flórez la prima especial de servicios consagrada
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto
del 100% del salario básico, a partir del 24 de febrero de 2018 y hasta el 31 de diciembre
de 2020, en todo caso según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante
como Fiscal, sin que en ningún caso pueda superarse el tope máximo establecido por el
Gobierno Nacional, a lo cual deberá dar estricto cumplimiento la entidad.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y
cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 24 de febrero de 2018 y hasta el
31 de diciembre de 2020 arroje valores en favor de la parte demandante, sin pasar por
alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera
expresa que la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una
suma adicional a la asignación básica, y constituye factor salarial únicamente para las
cotizaciones en seguridad social. Periodo dentro del cual deberán hacerse los
respectivos aportes a seguridad social integral y para ello se autoriza al empleador que
efectúe los descuentos de ley.

Dentro de la liquidación se deben deducir las sumas que por concepto de prima especial
de servicios haya recibido los beneficiarios por vía administrativa o judicial en virtud de
transacciones, conciliaciones, sentencias ordinarias o ejecutivas, entre otras.

III. En favor de Sonia Isleny Alegría Burgos y dado su fallecimiento a favor de su
masa sucesoral, la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley
4 de 1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto del 100% del salario
básico, a partir del 24 de febrero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2020, en todo
caso según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante como Fiscal, sin
que en ningún caso pueda superarse el tope máximo establecido por el Gobierno
Nacional, a lo cual deberá dar estricto cumplimiento la entidad.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y
cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 24 de febrero de 2018 y hasta el
31 de diciembre de 2020 arroje valores en favor de la parte demandante, sin pasar por
alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera
expresa que la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una
suma adicional a la asignación básica, y constituye factor salarial únicamente para las
cotizaciones en seguridad social. Periodo dentro del cual deberán hacerse los
respectivos aportes a seguridad social integral y para ello se autoriza al empleador que
efectúe los descuentos de ley.

Dentro de la liquidación se deben deducir las sumas que por concepto de prima especial
de servicios haya recibido la beneficiaria por vía administrativa o judicial en virtud de
transacciones, conciliaciones, sentencias ordinarias o ejecutivas, entre otras.

IV. En favor de María Inés Venegas Beltrán, la prima especial de servicios consagrada
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto
del 100% del salario básico, a partir del 21 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre
de 2020, en todo caso según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante
como Fiscal, sin que en ningún caso pueda superarse el tope máximo establecido por el
Gobierno Nacional, a lo cual deberá dar estricto cumplimiento la entidad.

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Radicado: 76001-23-33-000-2022-00010-02 (3265-2025)
Demandante: Clara Marcela Botero Zambrano y otros

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y
cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 24 de febrero de 2018 y hasta el
31 de diciembre de 2020 arroje valores en favor de la parte demandante, sin pasar por
alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera
expresa que la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una
suma adicional a la asignación básica, y constituye factor salarial únicamente para las
cotizaciones en seguridad social. Periodo dentro del cual deberán hacerse los
respectivos aportes a seguridad social integral y para ello se autoriza al empleador que
efectúe los descuentos de ley.

Dentro de la liquidación se deben deducir las sumas que por concepto de prima especial
de servicios haya recibido la beneficiaria por vía administrativa o judicial en virtud de
transacciones, conciliaciones, sentencias ordinarias o ejecutivas, entre otras.

TERCERO: Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción de los valores
reconocidos con anterioridad al 24 de febrero de 2018 respecto de las señoras Clara
Marcela Botero Zambrano, Martha Cecilia Minota Flórez y Sonia Isleny Alegría Burgos.
Y declarar probada parcialmente la prescripción de los valores reconocidos con
anterioridad al 21 de enero de 2018 para la señora María Inés Venegas Beltrán, de
acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: Declarar la extinción del derecho al pago de la reliquidación de las
prestaciones salariales y sociales reconocidos para los períodos 9 de septiembre de
1998 hasta 31 de diciembre de 2002, de acuerdo con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.

QUINTO: Declarar la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de social en pensión
que se deben realizar en favor de los demandantes.

Periodo comprendido entre el 9 de septiembre de 1998 hasta el 21 de enero de 2018
para la señora María Inés Venegas Beltrán y entre el 9 de septiembre de 1998 y hasta
el 24 de febrero de 2018 respecto de las señoras Clara Marcela Botero Zambrano,
Martha Cecilia Minota Flórez y Sonia Isleny Alegría Burgos, siempre que entre los
periodos se hayan desempeñado en el cargo de Fiscal. En virtud del reconocimiento del
derecho a los funcionarios de la Fiscalía para devengar la prima especial como una
adición al salario básico y la previsión legal de que aquella debe conformar la base de
liquidación de las cotizaciones en pensión y salud, habrá de ordenarse reliquidar los
aportes a seguridad social integral teniendo en cuenta también el 30% de la prima
especial de servicios.

[…]

OCTAVO: Negar las demás pretensiones de la demanda

NOVENO: Sin condena en costas en la instancia» [sic].

8. Para tal efecto, expuso lo siguiente:

8.1. De acuerdo con las reglas previstas por la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del
15 de diciembre de 2020, a las demandantes les asiste el derecho a que a partir de
la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998, la FGN les reconozca y pague la prima

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especial de servicios como un incremento al salario básico sin que en ningún caso
supere el porcentaje máximo fijado por el gobierno nacional.

8.2. Las
pretensiones de reliquidación de prestaciones sociales distintas de la
pensión resultan improcedentes, «pues la misma norma de creación desestimó el
carácter salarial del emolumento para esos fines».

8.3. Comoquiera que a través del Decreto 272 de 2021 el gobierno nacional
estableció la prima especial como una adición a la asignación básica, el
reconocimiento del derecho solo se hará hasta que se le haya iniciado a pagar dicho
factor en las condiciones allí previstas.

8.4. Dese el año de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2002, la asignación básica de
los fiscales acogidos se «fragmentaba y al 30% se le daba el calificativo de prima especial
por lo que sus prestaciones sociales se liquidaron sobre el 70% de la asignación básica y
entre el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2020 se cancelaron la totalidad de
las prestaciones salariales y sociales con el 100% de la asignación básica, por tanto, solo
habría lugar al pago de la prima especial de servicios correspondiente al 30% como un
adicional del salario a la asignación básica, según sea el caso» [sic].

8.5. Las demandantes ocuparon los cargos de fiscales delegadas ante los jueces
municipales, por lo que les asistía el derecho a que la FGN les pagara la prima
especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 en cuantía del 30% de la
asignación básica mensual y la reliquidación de los aportes al sistema de seguridad
social, de acuerdo con ese emolumento que, solo es factor de salario para dicho
efecto, así:

8.5.1. Clara Marcela Botero Zambrano se desempeñó como fiscal desde el 24 de
marzo de 2017, razón por la cual el restablecimiento del derecho se efectuará a
partir de esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2020; no obstante, comoquiera
que la reclamación administrativa se presentó el 24 de febrero de 2021, las sumas
anteriores al 24 de febrero de 2018, estarían prescritas, acorde con la regla 4 de la
sentencia del 15 de diciembre de 2020.

8.5.2. Martha Cecilia Minota Flórez se desempeñó como fiscal desde el 13 de
marzo de 1995, razón por la cual el restablecimiento del derecho se efectuará a
partir de esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2020; no obstante, comoquiera
que la reclamación administrativa se presentó el 24 de febrero de 2021, las sumas
anteriores al 24 de febrero de 2018, estarían prescritas, acorde con la regla 4 de la
sentencia del 15 de diciembre de 2020.

8.5.3. Sonia Isleny Alegría Burgos se desempeñó como fiscal desde el 1º de junio

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Radicado: 76001-23-33-000-2022-00010-02 (3265-2025)
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de 1994, razón por la cual el restablecimiento del derecho se efectuará a partir de
esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2020; no obstante, comoquiera que la
reclamación administrativa se presentó el 24 de febrero de 2021, las sumas
anteriores al 24 de febrero de 2018, estarían prescritas, acorde con la regla 4 de la
sentencia del 15 de diciembre de 2020.

8.5.4. María Inés Vanegas Beltrán se desempeñó como fiscal desde el 5 de
septiembre de 2012, razón por la cual el restablecimiento del derecho se efectuará
a partir de esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2020 no obstante, comoquiera
que la reclamación administrativa se presentó el 21 de enero de 2021, las sumas
anteriores al 21 de enero de 2018, estarían prescritas, acorde con la regla 4 de la
sentencia del 15 de diciembre de 2020.

8.6. Los aportes al sistema de seguridad social en pensión son imprescriptibles,
según lo previsto por el Consejo de Estado en sentencia del 6 de febrero de 20248.

1.4. El recurso de apelación

9. La FGN presentó el recurso de apelación con fundamento en lo siguiente9:

9.1. La condena impuesta resulta excesiva, pues desde el año 2003 ha liquidado y
pagado el 100% del salario y el 100% de las prestaciones sociales sobre este sin
descontar ningún porcentaje para reconocerlo como prima especial.

9.2. En los decretos salariales expedidos por el gobierno nacional para la FGN, del
año 2003 en adelante, no se incluyó la prima especial del 30%, por lo que, en
cumplimiento de estos, la entidad no descontó del salario básico el 30% para
pagarlo como prima especial, además no pagó desde el 2003 y hasta el año 2020
ningún valor por concepto de prima especial, ya que los decretos no la facultaron
para ello.

9.3. Los aportes a pensión eran prestaciones periódicas a las que se les debió
realizar un análisis de prescripción, toda vez que lo imprescriptible era el derecho a
la pensión, «aunque desde el año que iniciaron a ejercer como Fiscales y hasta la fecha,
se le reconocieron los aportes a pensión sobre el 70% del salario decretado, esto no afecta
el derecho a la pensión, el cual tiene dos requisitos ampliamente conocidos. Primero: Haber
cotizado mínimo 1300 semanas y segundo contar con 57 años si es mujer y 62 años si es

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de febrero de 2024, expediente 17001-23-

33-000-2017-00738-02 (5600-2019). M.P. Miguel Arcángel Villalobos Chavarro.
9 Samai del tribunal; índice 58; 82_MemorialWeb_Recurso-RECURS1(.pdf) NroActua 58.

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Radicado: 76001-23-33-000-2022-00010-02 (3265-2025)
Demandante: Clara Marcela Botero Zambrano y otros

hombre» [sic].

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.

1.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó que se confirmara la
sentencia apelada, por cuanto las demandantes tenían derecho al reconocimiento
de la prima especial de servicios del 30% como un valor adicional al salario, sin
embargo, no les asistía razón en la solicitud de la reliquidación de sus prestaciones
sociales y factores salariales sobre el 100% de la asignación básica, toda vez que
desde el año 2003 esta se reconoció y pagó sin reducción alguna, por lo que la
totalidad de los valores percibidos conservaron la naturaleza salarial y sirvieron
como base de liquidación de las prestaciones correspondientes.

12. De otra parte, en relación con la prescripción de los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones indicó que la prescripción no «aplica en materia de
seguridad social en pensiones, comoquiera que tales aportes, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, constituyen un derecho imprescriptible e
irrenunciable del trabajador» [sic].

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia10, se circunscriben a

10 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

10

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00010-02 (3265-2025)
Demandante: Clara Marcela Botero Zambrano y otros

establecer lo siguiente:

13.1. ¿si es procedente el pago de la reliquidación de las prestaciones sociales a las
demandantes, teniendo en cuenta que desde el año 2003 la FGN no descontó
porcentaje alguno del salario base por concepto de prima especial de servicios?

13.2. ¿si los aportes a pensión están sometidos al término de prescripción trienal
extintiva?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
de la FGN

14. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del congreso nacional y de la fuerza pública.

15. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial11 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
11 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-

96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».

11

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00010-02 (3265-2025)
Demandante: Clara Marcela Botero Zambrano y otros

Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

16. Por su parte, mediante el Decreto 53 de 1993, el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación,
en el cual previó que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993
podrían optar por una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en
ese decreto (artículo 2), con la excepción12 establecida en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992, que excluyó el beneficio de la prima especial.

17. Igualmente, en su artículo 6 señaló: «[e]l treinta por ciento (30%) del salario básico
mensual de los siguientes servidores públicos se considera como prima especial de
servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal Nacional, Jefe Unidad
de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, Jefe Unidad Regional
de Fiscalía, Fiscal ante Tribunal de Distrito, Fiscal Regional, Jefe Unidad Seccional de
Fiscalía, Fiscal Seccional, Secretario General, Directores Nacionales, Directores
Regionales, Directores Seccionales, Jefes de Oficina, Jefes de División».

18. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación,
con la excepción allí establecida [la relativa a la opción de acogerse a la escala
salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base únicamente para efectos de
la liquidación de la pensión de jubilación.

19. Laanterior norma fue aclarada por la Ley 476 de 1998, en el sentido de
establecer que la excepción prevista en la Ley 332 de 1996, que hace alusión a la
Ley 4ª de 1992 no se refiere a los fiscales de la Fiscalía General de la Nación que
se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes
se vincularan con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos
servidores, la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 6 del Decreto
53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogaron o lo adicionaron, tendría
carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de
la pensión de jubilación.

20. Así las cosas, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica y que este era adicional al 100% de esa asignación,

12 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía

General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».

12

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00010-02 (3265-2025)
Demandante: Clara Marcela Botero Zambrano y otros

lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario básico]; la
segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación mensual
básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de servicios
recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos laborales de
los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado como prima.

21. Ahora bien, en sentencia del 2 de abril de 2009 13, la Sección Segunda del
Consejo de Estado precisó que «la noción de “prima" como concepto genérico emerge
a título de reconocimientos económicos adicionales para el empleado a fin de expresar
cualidades o características particulares del mismo, que con todo, implican un aumento en
su ingreso laboral, es así, como la prima técnica, la prima de antigüedad, la prima de clima,
entre otras, representan un sistema utilizado en la función pública para reconocer un
"plus" en el ingreso de los servidores públicos, sin importar que en la definición
normativa de esencia, sea o no definido su carácter salarial, prestacional o simplemente
bonificatorio». [Se resalta].

22. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores.

23. En sentencia del 29 de abril de 201414, el Consejo de Estado declaró la nulidad
de algunas normas que reglamentaban la prima especial, pues consideró que «[d]e
acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro
que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición
de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2° de la
mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07), MP.

Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
14 Radicado 11001-03-25-000-2007-00081-00 (1583-2007) Declaró la nulidad del Artículo 9 del

Decreto 51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 54 de 1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9 del Decreto 104 de
1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995;
7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47 de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del
Decreto 35 de 1996; 6 del Decreto 36 de 1996; 9 del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56
de 1997; 6 del Decreto 76 de 1997; 6 del Decreto 64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13
del Decreto 67 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 37 de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto
44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9 del Decreto 2739 de 2000; 7 del Decreto 2740
de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del Decreto 1475 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 1482 de
2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730 de 2001;
6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 683 de 2002; 8, 10 y
12 del Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3568 de 2003; 6 del Decreto 3569 de 2003; 8, 10 y 12
del Decreto 4169 de 2004; 9 del Decreto 4171 de 2004; 6 del Decreto 4172 de 2004; 8, 10 y 12 del
Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388 de
2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10 y 12 del Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6
del Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8, 9, y 11 del Decreto 3048
de 2007.

13

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00010-02 (3265-2025)
Demandante: Clara Marcela Botero Zambrano y otros

prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron
erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario
de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios
a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad». [Se resalta].

24. Asimismo, la sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
en sentencia del 15 de diciembre de 202015, frente al reconocimiento de la prima
especial para aquellos fiscales que se acogieron al régimen salarial del Decreto 53
de 1993 y a quienes se vincularon con posterioridad, indicó lo siguiente:

«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se
hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima especial de
servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún
caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad
tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100
% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que
había sido excluido a título de prima especial.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969».

25. A tales conclusiones llegó la sala de conjueces, luego de considerar que «[a]nte
la existencia de un imperativo legal y el reconocimiento de un derecho por vía reglamentaria
que posteriormente es suprimido, el operador debe aplicar el principio de progresividad y
no regresividad de los derechos sociales, en este caso concreto, aquellos derivados de una
relación de derecho administrativo laboral […] [N]o sólo las leyes 4ª de 1992 y 476 de 1998
consagran el derecho, sino que el mismo fue previsto por el Gobierno Nacional anualmente
hasta el año 2002. Ante esta realidad resulta indiscutible la necesidad de no disminuir el
nivel de protección conseguido, aspecto que no sólo es un mandato reconocido en el
artículo 53 de la Constitución sino además en instrumentos internacionales como el Pacto

15Radicado 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018), conjuez ponente Jorge Iván Rincón
Córdoba.

14

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00010-02 (3265-2025)
Demandante: Clara Marcela Botero Zambrano y otros

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales». De acuerdo con lo
anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 corresponde a un
valor adicional al salario básico.

26. Finalmente, la sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante sentencia del 21 de septiembre de 202216, declaró la nulidad de los
decretos anuales que establecían el régimen salarial y prestacional para los
servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, dictados en los años 1993
a 2017, al considerar que el 30% del salario básico mensual de los servidores de
esa entidad «no puede ser considerado como prima especial de servicios, como lo
disponen las normas sub judice […], no puede ser imputada como parte del salario, sino
sumada, agregada, adicionada a éste». [Se resalta].

2.2.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la
imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión

27. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

28. En la sentencia del 2 de septiembre de 200917, el Consejo de Estado determinó
que en materia de la prima especial de servicio prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha
de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado
Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho.

29. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos
a partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada en

16 Radicado 11001-03-25-000-2018-01101-00 (3974-2018), declaró la nulidad de los artículos 6 y 16

del Decreto 53 de 1993, 7 y 18 del Decreto 108 de 1994, 7 y 17 del Decreto 49 de 1995, 7 y 17 del
Decreto 108 de 1996, 7 y 17 del Decreto 52 de 1997, 7 y 18 del Decreto 50 de 1998, 7 y 17 del
Decreto 38 de 1999, 8 y 17 del Decreto 2743 de 2000, 8 y 17 del Decreto 2729 de 2001, 7 y 16 del
Decreto 685 de 2002, 15 del Decreto 3549 de 2003, 15 del Decreto 4180 de 2004, 15 del Decreto
943 de 2005, 15 del Decreto 396 de 2006, 15 del Decreto 625 de 2007, 15 del Decreto 665 de 2008,
16 del Decreto 730 de 2009, 16 del Decreto 1395 de 2010, 15 del Decreto 1047 de 2011, 15 del
Decreto 875 de 2012, 15 del Decreto 1035 de 2013, 15 del Decreto 205 de 2014, 16 del Decreto
1087 de 2015, 16 del Decreto 219 de 2016 y 17 del Decreto 989 de 2017.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez).

15

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00010-02 (3265-2025)
Demandante: Clara Marcela Botero Zambrano y otros

vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».

30. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales beneficiarios
de la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional que establece la escala salarial que regirá para
la respectiva anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales la que
determina el punto de partida para el cómputo de la prescripción.

31. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior18 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad,
progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de
seguridad social en pensiones.

32. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.

33. Así, en palabras de esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-0519 «no
aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a
que los aportes pensionales se relacionan en mayor medida con el deber del
empleador de cumplir con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

34. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

18 Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo

la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad
y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
19 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01

(0088-2015).

16

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00010-02 (3265-2025)
Demandante: Clara Marcela Botero Zambrano y otros

34.1. Las demandantes sostuvieron una relación legal y reglamentaria con la FGN,
así:

Demandante Cargos Desde Hasta
Clara Marcela Botero Asistente de Fiscal I 06/06/1995 17/02/1998
Zambrano20 Asistente de Fiscal IV 24/04/2015 tomó Sin especificar
posesión el 14
de mayo de
2015
Fiscal delegado ante jueces 24/03/2017 tomó Estado: Activo
municipales posesión el 3 de
abril de 2017
Martha Cecilia Minota Técnico Judicial II 24/03/1994 tomó Sin especificar
Flórez21 posesión el 3 de
mayo de 1994
Fiscal delegado ante jueces 02/28/1995 tomó Estado: Activo
municipales posesión el 13
de marzo de
1995
Sonia Isleny Alegría Fiscal delegado ante jueces 01/06/1994 Estado: Inactivo
Burgos22 municipales Novedad: Retiro
por muerte
27/09/2022

34.2. Durante la vinculación con la entidad a las accionantes se le reconocieron los
siguientes emolumentos:

Información salarial
Gastos por Bonificación Prima
Accionante Fecha Sueldo
representación judicial especial
03/04/2017 $4.276.574 $1.425.525 $0 $0
01/01/2018 $4.494.251 $1.498.084 $3.484.293 $
01/01/2019 $4.696.496 $1.565.498 $3.595.094 $
Clara Marcela Botero
01/01/2020 $4.936.954 $1.645.651 $3.779.163 $
Zambrano23
01/01/2021 $5.065.808 $1.688.602 $3.840.008 $2.026.323
01/01/2022 $5.433.587 $1.811.195 $4.055.817 $2.173.435
01/01/2023 $6.227.978 $2.075.992 $4.632.555 $2.491.191
Información salarial
Gastos por
Accionante Fecha Sueldo Prima especial
representación
Martha Cecilia Minota 01/01/1995 $959.132.31 $319.710.76 $383.652.93
Flórez24 01/01/1997 $0.00 $0.00 $0.00
01/01/1998 $1.190.650 $396.883 $538.174
01/01/1999 $1.345.435 $448.479 $587.847
01/01/2000 $1.469.619 $489.874 $607.482

20 Samai del tribunal; índice 31;
21_ANTECEDENTESADMINISTRATIVOS_EXTRACTOHISTORIALA(.pdf) NroActua 31.
21 Ibidem; 19_ANTECEDENTESADMINISTRATIVOS_EXTRACTOHISTORIALA(.pdf) NroActua 31.
22 Ibidem; 22_ANTECEDENTESADMINISTRATIVOS_EXTRACTOHISTORIALA(.pdf) NroActua 31.
23 Ibidem; 25_ANTECEDENTESADMINISTRATIVOS_EXTRACTOHISTORIALA(.pdf) NroActua 31.
24 Ibidem; 19_ANTECEDENTESADMINISTRATIVOS_EXTRACTOHISTORIALA(.pdf) NroActua 31;

y 23_ANTECEDENTESADMINISTRATIVOS_EXTRACTOHISTORIALA(.pdf) NroActua 31.

17

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00010-02 (3265-2025)
Demandante: Clara Marcela Botero Zambrano y otros

01/01/2001 $1.518.704 $506.236 $636.459
01/01/2002 $1.591.147 $530.383 $0.00
01/01/2003 $2.155.369 $718.456 $0.00
01/01/2004 $2.249.128 $749.709 $0.00
01/01/2005 $2.372.830 $790.944 $0.00
01/01/2006 $2.491.472 $830.491 $0.00
01/01/2006 $3.205.972 $1.068.658 $0.00
01/01/2007 $3.350.242 $1.116.747 $0.00
01/01/2008 $3.540.871 $1.180.290 $0.00
01/01/2009 $3.865.59 $1.288.523 $0.00
13/09/2009 $0.00 $0.00 $0.00
14/09/2009 $3.004.068 $1.001.356 $0.00
01/01/2010 $3.079.170 $1.026.390 $0.00
01/03/2010 $3.079.170 $1.026.390 $0.00
01/01/2011 $3.176.780 $1.058.927 $0.00
01/01/2012 $3.335.619 $1.111.873 $0.00
01/01/2013 $3.450.365 $1.150.122 $0.00
01/01/2014 $3.551.806 $1.183.936 $0.00
01/01/2015 $3.717.321 $1.239.107 $0.00
01/01/2016 $4.006.157 $1.335.386 $0.00
01/01/2017 $4.276.574 $1.425.525 $0.00
01/01/2018 $4.494.251 $1.498.084 $0.00
01/01/2019 $4.696.493 $1.565.498 $0.00
01/01/2020 $4.936.954 $1.645.651 $0.00
01/01/2021 $5.065.808 $1.688.602 $2.026.323
01/01/2022 $5.433.587 $1.811.195 $2.173.435
01/01/2023 $6.227.978 $2.075.992 $2.491.911
Información salarial
Gastos por
Accionante Fecha Sueldo Prima especial
representación
01/01/2016 $2.359.603 $1.335.386 $
01/01/2017 $2.518.877 $1.425.525 $
11/05/2018 $4.494.251 $1.498.084 $
Sonia Isleny Alegría
01/01/2019 $4.696.493 $1.565.498 $
Burgos25
01/01/2020 $4.936.954 $1.645.651 $
01/01/2021 $5.065.808 $1.688.602 $2.026.323
01/01/2022 $5.433.587 $1.811.195 $2.173.435
Información salarial
Gastos por
Accionante Fecha Sueldo Prima especial
representación
01/01/2016 $4.006.157 $1.335.386 $0.00
01/01/2017 $4.276.574 $1.425.525 $0.00
01/01/2018 $4.494.251 $1.498.084 $0.00
María Inés Vanegas 01/01/2019 $4.696.493 $1.565.498 $0.00
Beltrán26 01/01/2020 $4.936.954 $1.645.651 $0.00
01/01/2021 $5.065.808 $1.688.602 $2.026.323
01/01/2022 $5.433.587 $1.811.195 $2.173.435
01/01/2023 $6.227.978 $2.075.992 $2.491.911

25 Ibidem; 22_ANTECEDENTESADMINISTRATIVOS_EXTRACTOHISTORIALA(.pdf) NroActua 31.
26 Ibidem; 24_ANTECEDENTESADMINISTRATIVOS_EXTRACTOHISTORIALA(.pdf) NroActua 31.

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Demandante: Clara Marcela Botero Zambrano y otros

34.3. El 2127 de enero y el 2428 de febrero de 2021, las demandantes solicitaron a la
FGN el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios como un monto
adicional al salario básico y la reliquidación de los aportes al sistema de seguridad
social en pensiones.

34.4. Las anteriores peticiones fueron negadas por medio de los Oficios STH-31010-
2021006016302129 y STH-31010-2021006016306130 del 11 de julio de 2021,
proferido por la Subdirección Regional de Apoyo Pacifico de la FGN en el que se
indicó que esa entidad había pagado los salarios y prestaciones sociales en los
términos indicados en la norma.

2.4. Análisis sustantivo

38. A efectos de abordar los problemas jurídicos planteados, se advierte que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró i) parcialmente probada la
excepción de prescripción, con excepción de los aportes a seguridad social en
pensiones; ii) la nulidad de los actos administrativos acusados; y iii) a título de
restablecimiento del derecho condenó a la FGN al reconocimiento y pago de la
prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en el equivalente al
30% del salario y su indexación hasta la entrada en vigencia del Decreto 272 de
2021, según el tiempo de servicio prestado por cada una de las demandantes en el
cargo como fiscal.

39. En contra de esta decisión la FGN presentó recurso de apelación en el que
señaló que i) no era procedente la condena a la reliquidación de las prestaciones
sociales debido a que desde el año 2003 dejó de pagar la prima especial de
servicios, por lo que pagó el 100% del salario y las prestaciones sociales sin
deducción alguna y ii) los aportes a pensión eran una prestación respecto de la cual
debió realizarse el análisis de la prescripción, toda vez que lo imprescriptible era el
derecho a la pensión.

40. Antes de abordar la solución de los problemas jurídicos propuestos, la Sala
considera necesario precisar que la FGN, que funge como apelante único, no
cuestionó el derecho que le asiste a las demandantes a percibir la prima especial
de servicios, de modo que el estudio de la segunda instancia partirá de dicho
presupuesto y se limitará a los disentimientos puntualmente propuestos.

27 Samai del tribunal; índice 3 1_EXPEDIENTEDIGITAL_01PRIMERAINSTANCIAZ(.ZIP) NroActua

3; 01PrimeraInstancia; 003Anexos.pdf; folios 12 al 16.
28 Ibidem; folios 1 al 6.
29 Ibidem; folios 20 al 25.
30 Ibidem; folios 27 a l 32.

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Demandante: Clara Marcela Botero Zambrano y otros

41. Así las cosas, en relación con el primer problema jurídico planteado, tal y como
se explicó ampliamente en el marco normativo, desde la Ley 332 de 1996 aclarada
mediante la Ley 476 de 1998, se señaló que los fiscales de la FGN eran
destinatarios de la prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, en ese entendido y al acreditarse que las demandantes fueron
fiscales durante varios periodos, sí eran beneficiarias de la aludida prima.

42. En consecuencia, tenían derecho a la prima especial de servicios del artículo 14
de la Ley 4ª de 1992, toda vez que, desde su vinculación en el cargo de fiscal la
FGN no les efectuó el pago de este concepto con ocasión de la expedición de los
decretos salariales anuales, en los cuales el gobierno nacional omitió incluir
expresamente este emolumento.

43. En ese sentido, el tribunal reconoció el pago de la prima especial de servicios
como una adición al salario, y contrario a lo afirmado por la entidad demandada, no
ordenó la reliquidación de las prestaciones sociales, toda vez que acorde con la
sentencia del 15 de diciembre de 2020 «hasta el año 2002 al personal de fiscales se les
descontó un 30% de la asignación básica, la que se pagó como prima especial; sin
embargo, a partir del siguiente año tal situación cesó, esto significa que se pagó el 100%
del salario básico y sobre este se hizo la liquidación de las prestaciones sociales, y también,
que a partir de año 2003 se dejó de cancelar el 30% como sobresueldo a título de prima
especial» [sic].

44. Precisamente, a las demandantes que se vincularon en el cargo de fiscal con
posterioridad al año 2003, tenían derecho al reconocimiento y pago del 30% como
emolumento adicional al salario básico, a título de prima especial de servicios, en
los términos previstos en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, desde que las
demandantes se vincularon en alguno de los cargos de que trata el mencionado
artículo, y hasta la entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021, mediante el cual
la FGN reconoció la prima especial del 30% a sus destinatarios a partir del 1° de
enero de 2021, sin perjuicio de la prescripción trienal que se analiza a continuación,
razón por la cual en este punto se confirmará la sentencia apelada.

45. Ahora bien, en relación con el segundo problema jurídico planteado, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto
1848 de 1969 «[l]as acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto
3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha
en que la respectiva obligación se haya hecho exigible» plazo que puede interrumpirse
por uno igual a partir de la reclamación efectuada por el trabajador, en este
entendido, toda vez que las demandantes presentaron la reclamación ante la
entidad demandada, el 21 de enero y el 24 de febrero de 2021, tal y como lo
determinó el a quo, se encuentran prescritos los derechos prestacionales, así:

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Demandante: Clara Marcela Botero Zambrano y otros

Actor Reclamación Prescripción
-. Clara Marcela Botero Zambrano; 24 de febrero de 2021 24 de febrero de 2018
-. Martha Cecilia Minota Flórez; y
-. Sonia Isleny Alegría Burgos
María Inés Vanegas Beltrán 21 de enero de 2021 21 de enero de 2018

46. En efecto, tal y como se expuso en el marco normativo, la prima especial solo
constituye factor salarial para determinar el ingreso base de liquidación de la
pensión de jubilación, además aquellos aportes son imprescriptibles, razón por la
cual deberán reajustarse por todo el tiempo en que las demandantes hayan
percibido o debieron percibir el citado emolumento, de acuerdo con las siguientes
reglas: (i) desde la fecha de vinculación de cada demandante como fiscal y hasta la
entrada en vigencia de la Ley 476 de 1998, debe efectuarse teniendo como base el
100% de la remuneración básica mensual; (ii) desde la entrada en vigor de la
anterior norma, esto es el 9 de septiembre de 1998 hasta la fecha en que ocupen
un cargo que los haga beneficiarios de este derecho, con base en la anterior
asignación más el 30% correspondiente a la prima especial.

2.5. Costas

47. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

48. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

49. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la

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Demandante: Clara Marcela Botero Zambrano y otros

medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.31

50. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

51. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

3. Conclusión

52. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que i) el tribunal no ordenó el
pago de las diferencias ni a la reliquidación de las prestaciones sociales toda vez
que, a partir del año 2003 pagó estos emolumentos sin deducción alguna; y ii) los
aportes a seguridad social en pensión son imprescriptibles, por lo que se deben
reconocer a las demandantes por todo el tiempo en que ejercieron en alguno de los
cargos que las hicieran beneficiarias de la prima especial de servicios del artículo
14 de la Ley 4ª de 1992.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 29 de mayo de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que accedió de manera parcial a las
pretensiones de la demanda incoada por Clara Marcela Botero Zambrano, Martha
Cecilia Minota Flórez, Sonia Isleny Alegría Burgos y María Inés Venegas Beltrá en
contra de la Fiscalía General de la Nación, conforme con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del

31En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Clara Marcela Botero Zambrano y otros

Consejo de Estado

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DMGT

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