Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2016-00251-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2016-00251-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2016-00251-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2016-00251-02 (2727-2021)
Demandante: Rosiris María Llerena Vélez
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional
Cartagena1
Tema: Prima especial de servicios. Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 24 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Conjueces, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Rosiris María Llerena Vélez presentó demanda2 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 936 del 10 de agosto de 2015 y del acto
ficto negativo derivado de la falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto
contra la mencionada resolución.
1 En adelante DESAJ.
2 La demanda fue radicada el 28 de octubre de 2014. Visible en Samai tribunales. Índice 2. Archivo:
6_6_ED_ACTUACIONE_001EXPEDIENTE13001. Páginas 21.
3 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2016-00251-02 (2727-2021)
Demandante: Rosiris María Llerena Vélez
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reconocimiento y pago del
reajuste salarial, prestacional y «otro a que tenga derecho» [sic] en aplicación
efectiva de los artículos 2 y 14 de la Ley 4ª de 1992; y ii) la indexación de la condena.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes señaló los siguientes4:
3.1. Rosiris María Llerena Vélez se desempeñó como juez en distintos periodos y
juzgados, así:
• Juzgado Quinto Civil Municipal de Cartagena desde i) el 1 de junio de 1996
hasta el 9 de marzo de 1997; y ii) el 16 de abril hasta el 9 de diciembre de
2001.
• Juzgado Primero Civil Municipal de Cartagena, desde el 1 de octubre de 2002
hasta el 26 de abril de 2006.
• Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena, desde el 27 de abril de 2006
«hasta la fecha» [sic].
3.2. El13 de marzo de 2015 solicitó ante la DESAJ de Bolívar el pago de las
diferencias salariales, prestaciones y «otras adeudadas» [sic] de conformidad con el
reajuste correspondiente, en virtud de los artículos 2 y 14 de la Ley 4ª de 1992.
3.3. Mediante la Resolución 936 de 10 de agosto de 2015 se le negó lo solicitado.
Decisión contra la cual interpuso recurso de apelación, sin que a la fecha de
presentación de la demanda se le notificara decisión alguna, por lo que se configuró
el silencio administrativo negativo.
3.4. El 9 de diciembre de 2015 presentó solicitud de conciliación extrajudicial, la cual
se declaró fallida en la audiencia celebrada el 29 de febrero de 2016.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, señaló los artículos 1, 2, 13, 25, 53 y 58 de la Constitución Política; 2
y 14 de la Ley 4ª de 1992; y 152.7 y 157 de la Ley 270 de 1996.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente5:
6. El artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 dispuso la creación de una prima especial del
30% de la remuneración básica mensual. No obstante, el gobierno nacional
interpretó de manera errada esta disposición, al considerar que el emolumento
correspondía al 30% de aquella, en lugar de entender que dicho porcentaje debía
calcularse sobre el 100% de la asignación básica y adicionarse a esta. Como
4 La demanda se radió el 28 de marzo de 2016. Samai tribunales. Índice 2. Archivo:
6_6_ED_ACTUACIONE_001EXPEDIENTE13001. Página 2.
5 Samai tribunales. Índice 2. Archivo: 6_6_ED_ACTUACIONE_001EXPEDIENTE13001. Páginas 2 a
21.
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Demandante: Rosiris María Llerena Vélez
consecuencia, el salario se le redujo al 70 % de su valor, en lugar de adicionarle el
porcentaje correspondiente a la referida prima.
7. Esta interpretación privó de efectos salariales al 30 % de la asignación básica, lo
que afectó sus condiciones laborales y la base para la liquidación de las
prestaciones sociales. De esta manera, se desconoció la situación jurídica individual
y subjetiva reconocida por la Ley 4ª de 1992, que no podía ser modificada por una
norma posterior, en contravía de los artículos 1, 2 y 58 de la Constitución Política.
8. En tal sentido, mediante sentencia del 29 de abril de 2014, el Consejo de Estado
anuló las disposiciones de los decretos salariales anuales que regulaban la prima
especial y señaló que el gobierno había disminuido las prestaciones sociales de sus
beneficiarios. Así precisó que, «[e]l Ejecutivo desbordó su poder por cuanto bajo la
apariencia de una prima especial equivalente al 30% del sueldo básico, EN REALIDAD
DESPOJÓ DE EFECTOS SALARIALES A DICHO PORCENTAJE, con lo que disminuyó el
monto de las prestaciones sociales […]» [sic].
1.2. Contestación de la demanda
9. La DESAJ de Bucaramanga se opuso a las pretensiones de la demanda, por las
razones que se expresan a continuación6:
10. La Ley 4ª de 1992 otorgó al gobierno nacional la facultad exclusiva para fijar el
régimen salarial y prestacional de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
En desarrollo de esta facultad, anualmente expidió los decretos que determinaron
la remuneración de los servidores públicos, con fundamento en los criterios
establecidos en dicha ley. Así, el artículo 6 del Decreto 57 de 1993 estableció que
el 30% del salario básico mensual constituía una prima especial sin carácter salarial.
11. Por mandato de la Ley 4ª de 1992, la prima especial no tenía carácter salarial,
razón por la cual dicho porcentaje no podía incluirse en la liquidación y pago de las
primas de servicios y de navidad, las vacaciones, el auxilio de cesantías y la
bonificación por servicios prestados.
12. La facultad para fijar la remuneración de los servidores públicos correspondió
exclusivamente al gobierno nacional que, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, expidió
los decretos anuales que regularon el régimen salarial y prestacional de los
funcionarios de la Rama Judicial. Por tanto, reliquidar las prestaciones sociales
incluyendo el 30 % de la prima especial como factor salarial y pagar las diferencias
derivadas de la interpretación de la Ley 4ª de 1992 y de los decretos salariales
habría desconocido el ordenamiento vigente para la época.
13. El Consejo de Estado, en sentencia proferida el 29 de abril de 2014 declaró la
nulidad de las disposiciones de los decretos salariales expedidos entre 1993 y 2007
6 Samai tribunales. Índice 2. Archivo: 6_6_ED_ACTUACIONE_001EXPEDIENTE13001. Páginas 91
a 98.
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Demandante: Rosiris María Llerena Vélez
que regulaban la prima especial, pero sin reconocer derecho alguno a favor de una
persona determinada. Dicha decisión no comprendió los decretos expedidos a partir
de 2008, los cuales, al conservar su presunción de legalidad y encontrarse vigentes,
no podían ser desconocidos por la administración. En ese sentido, desde 2008 la
entidad liquidó la prima especial conforme a la reglamentación expedida por el
gobierno nacional.
14. No era posible reconocer las diferencias laborales correspondientes al período
laborado hasta el 31 de diciembre de 2007, pues frente a estas operó la prescripción
trienal, de acuerdo con la fecha de la reclamación administrativa. En consecuencia,
aunque el Consejo de Estado declaró la nulidad de los decretos salariales hasta el
año 2007, las pretensiones de pago y reliquidación correspondientes a dicho
período se encontraban prescritas.
15. Como excepciones propuso las siguientes: i) falta de causa para demandar; ii)
prescripción trienal de los derechos reclamados; y iii) innominada.
1.3. La sentencia apelada
16. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Conjueces, en sentencia del 24 de
febrero de 20207 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó
en costas. En tal sentido ordenó lo siguiente:
«[…] PRIMERO: DECLARAR NO FUNDADA la excepción formulada por la demandada,
denominada Falta de Causa para demandar, conforme a lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA la excepción formulada por la demandada,
denominada PRESCRIPCION TRIENAL DE LOS DERECHOS RECLAMADOS,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución No. 936 del 10 de
Agosto de 2015, proferida por la Dirección Seccional Administración Judicial- Bolívar
"Por la cual se resuelve una petición", y de la Resolución No. 6816 del 10 de Octubre de
2016, "Por la cual se resuelve el Recurso de Apelación Interpuesto contra la Resolución
No. 936 del 10 de agosto de 2015.
CUARTO: Como consecuencia de. lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
CONDENAR a la NACION-DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
JUDICIAL-RAMA JUDICIAL, a reconocer y pagar al demandante, Dra. ROSIRIS MARIA
LLERENA VELEZ, desde el doce (12) de Marzo de Dos Mil Doce (2012) hasta la fecha
de vinculación de la demandante con la RAMA JUDICIAL, el CIEN POR CIENTO (100%)
del salario básico legalmente previsto en los decretos anuales por el gobierno, sin
superar el tope máximo establecido en el decreto 1251 de 2009 y demás que lo adicionen
o modifiquen.
QUINTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
CONDENAR a la NACION-DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
JUDICIAL-RAMA JUDICIAL, a reconocer y pagar al demandante, Dra. ROSIRIS MARIA
LLERENA VELEZ, desde el doce (12) de Marzo de Dos Mil Doce (2012) hasta la fecha
7 Samai tribunales. Índice 2. Archivo: 6_6_ED_ACTUACIONE_001EXPEDIENTE13001. Páginas
281 a 332.
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Demandante: Rosiris María Llerena Vélez
de vinculación de la demandante con la RAMA JUDICIAL, la prima especial de servicio
sin carácter salarial, en cuantía equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) de la
asignación básica legal mensual, legalmente prevista en los decretos del Gobierno,
teniéndolo como un plus o valor adicional sobre la misma y no como parte integrante de
esta como hasta el momento lo ha hecho.
SEXTO: CONDENAR a la NACION-DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
JUDICIAL RAMA JUDICIAL, a reliquidar, reajustar y pagar al accionante, Dra. ROSIRIS
MARIA LLERENA VELEZ, desde el doce (12) de Marzo de Dos Mil Doce (2012) hasta
la fecha en que sean nivelados los salarios y prestaciones sociales de la accionante o
hasta la fecha de su desvinculación; en el evento de que dicha situación haya ocurrido
con anterioridad a la presente providencia, la suma que resulte como diferencia existente
entre lo pagado hasta ahora con el 70% de su remuneración mensual básica y la
reliquidación de todas sus prestaciones y emolumentos que resulten teniendo como base
de liquidación el 100% de la remuneración básica mensual legal, incluyendo el 30% que
se le ha restado a esta para considerarlo como prima especial. […]». [sic]
17. Luegode realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al asunto,
fundamentó su decisión en lo siguiente:
17.1. Rosiris María Llerena Vélez se vinculó a la Rama Judicial el 16 de octubre de
1990, quien laboró en distintos despachos y durante diferentes periodos como juez
en Cartagena, así:
• Juez quinto civil municipal desde el 1 de junio de 1996 hasta el 9 de marzo
de 1997, y desde el 16 de abril de 2001 hasta el 9 de diciembre de 2001;
• juez tercero del circuito desde el 22 de mayo de 2002 hasta el 4 de junio de
2002; y
• juez primero civil municipal desde el 1 de octubre de 2002 hasta el 26 de abril
de 2006. Juez octavo civil del circuito de Cartagena desde el 27 de abril hasta «la
fecha» [sic].
17.2. Los decretos salariales anuales expedidos por el gobierno nacional no crearon
emolumentos adicionales al salario, comoquiera que a un porcentaje de la
asignación básica le dieron la connotación de prima y la incorporaron como una
parte de esta, con lo cual se le restó el carácter salarial y se creó una «prima
aparente» debido a que no se constituyó ningún valor adicional, con lo que se le
despojó de los efectos salariales al 30% del sueldo básico.
17.3. El Consejo de Estado, en sentencia del 29 de abril de 2014 declaró la nulidad
de los decretos salariales expedidos desde el año 1993 hasta el 2007 y definió que
la prima especial debía ser un agregado del 30% al salario básico y las prestaciones
sociales de los servidores judiciales se debían liquidar con base en el 100% de la
asignación mensual y no sobre el 70%, como se hizo.
17.4. La entidad dividió en dos conceptos el salario básico de la demandante desde
la fecha en que se vinculó como juez, el 30% lo llamó prima especial y el 70%
restante salario básico, y con este último liquidó las prestaciones sociales.
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17.5. Los aportes a seguridad social en pensión derivados de la reliquidación del
salario y la prima especial de servicios no fueron pretendidos en la demanda, por lo
que no era dable su reconocimiento.
17.6. Se debía pagar a Rosiris María Llerena Vélez el 100% del salario básico
señalado en los decretos salariales anuales, la liquidación de todas sus
prestaciones sociales sobre ese porcentaje, más la prima del 30% del artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992, la cual solo tenía carácter salarial para efectos pensionales, por
lo que ese 30% adicional al 100% del salario reconocido, solo se tenía en cuenta
para la liquidación del incremento del salario básico devengado.
17.7. Los conceptos devengados con anterioridad al 13 de marzo de 2012 estaban
prescritos, toda vez que la reclamación administrativa se presentó 13 de marzo de
2015.
1.4. El recurso de apelación
18. La entidad demandada solicitó la revocatoria de la sentencia de instancia y, en
su lugar, que se negaran las pretensiones formuladas, pues, pese a que existía una
sentencia de unificación que ordenaba el reconocimiento a los jueces de la
reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% del salario básico y del
30% adicional a este por concepto de prima especial sin carácter salarial, no
contaba con la apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para el pago de los mayores valores que se generaran en las
asignaciones de los funcionarios judiciales por reconocimientos y conciliaciones
relacionadas con la reliquidación de prestaciones sociales y acreencias laborales
de los jueces «derivadas de la sentencia de unificación» [sic].
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
19. De conformidad con los numerales 4 y 5 del artículo 247 del CPACA, modificado
por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se prescindió de la celebración de la
audiencia de alegatos y juzgamiento y se ordenó correr traslado a las partes para
alegar de conclusión8.
1.5.1 Alegatos de conclusión
20. La demandante9 se pronunció en los siguientes términos:
20.1. El gobierno nacional reajustó el salario de los servidores de la Rama Judicial y
fijó la asignación básica mensual, sin embargo, la prima especial del 30% de la Ley
4ª de 1992 se le liquidó de manera errónea, toda vez que se le despojó del salario
el 30% a título de prima especial, con lo que además se afectó el pago de las
prestaciones sociales ya que no se liquidaron sobre el 100% de aquel. La asignación
8 Samai índice 50.
9 Samai índice 54.
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básica asignada en los decretos no coincidió con el valor que efectivamente recibió
a título de salario, pero sí al sumarle la prima especial reconocida.
20.2. El Consejo de Estado en la sentencia proferida en el proceso identificado con
el radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 «unificó criterios» y señaló que la
prima especial debía ser in incremento al salario básico, en consecuencia, los
beneficiarios tenían derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que por
concepto de prima especial resultaran y a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% de la asignación mensual básica.
21. La entidad demandada guardó silencio en esta instancia.
1.5.2. El Ministerio Público
22. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
23. La Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias»
y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso-administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos [...]».
2.2. Los problemas jurídicos
23.1. De acuerdo con el artículo 328 del CGP, la competencia del juez de segunda
instancia está enmarcada por los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
en esas condiciones, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
contrae a determinar: ¿si las limitaciones presupuestales por parte de la DESAJ de
Bucaramanga podían condicionar el reconocimiento del derecho reclamado o el
cumplimiento de la condena??
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
34. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del congreso nacional y de la fuerza pública.
35. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
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expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:
[…] El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial10 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad. [Se resalta].
36. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto [artículos 1 y 2].
37. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[s]e considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».
38. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la
opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,
indicó que se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de las Altas
Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal
Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores Delegados de
la Procuraduría General de la Nación».
39. Luego, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de 1994,
43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000, 1474
10 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-279-
96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».
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Demandante: Rosiris María Llerena Vélez
de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de 2006,
618 de 200711, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del
2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021, 470
del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como
Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar12».
40. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.
41. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
como prima.
42. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201913, fijó, entre otras, las siguientes
pautas:
«[…] La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
1. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
11 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la
prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de
radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). MP María Carolina Rodríguez Ruiz.
12 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales
no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)
9
Radicado: 13001-23-33-000-2016-00251-02 (2727-2021)
Demandante: Rosiris María Llerena Vélez
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente
2. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.
3. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.
4. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
5. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo. […]».
43. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de
septiembre de 201914.
44. Asimismo, el Consejo de Estado, a través de la sentencia del 29 de abril de
201415 declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial,
pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es
la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el
legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-
2016-00041-02(2204-2018).
15 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). MP María Carolina Rodríguez Ruiz.
Declaró la nulidad de los siguientes artículos: 9 del Decreto 51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 54 de
1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9 del Decreto 104 de 1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del
Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995; 7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47
de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del Decreto 35 de 1996; 6 del Decreto 36 de 1996; 9
del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56 de 1997; 6 del Decreto 76 de 1997; 6 del Decreto
64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 67 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 37
de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto 44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000;
9 del Decreto 2739 de 2000; 7 del Decreto 2740 de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del Decreto
1475 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 1482 de 2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724
de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730 de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de
2002; 8, 10 y 12 del Decreto 683 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3568
de 2003; 6 del Decreto 3569 de 2003; 8, 10 y 12 del Decreto 4169 de 2004; 9 del Decreto 4171 de
2004; 6 del Decreto 4172 de 2004; 8, 10 y 12 del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005;
6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10 y 12 del
Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6 del Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del Decreto
621 de 2007; y 8, 9, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
10
Radicado: 13001-23-33-000-2016-00251-02 (2727-2021)
Demandante: Rosiris María Llerena Vélez
literal a) del artículo 2° de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían
desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber
mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para
determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».
[Se resalta].
16
45. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 corresponde a
un valor adicional al salario básico.
2.3.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la
imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión
46. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
47. En la sentencia del 2 de septiembre de 201917, el Consejo de Estado determinó
que en materia de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha
de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado
Decreto 3135 de 1968, es decir, a partir de la fecha de exigibilidad del derecho.
48. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos
a partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada en
vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».
49. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales beneficiarios
de la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional que establece la escala salarial que regirá para
la respectiva anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales la que
16 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la sentencia del 31 de octubre de 2012,
Expediente 2001-0642, conjuez ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez).
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determina el punto de partida para el cómputo de la prescripción.
50. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior18 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad,
progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de
seguridad social en pensiones.
51. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.
52. Así, en palabras de esta Sección en sentencia CE-SUJ2-0519 «no aplica el
fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a
que los aportes pensionales se relacionan en mayor media con el deber del
empleador de cumplir con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Hechos probados
53. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
53.1. Rosiris María Llerena Vélez se vinculó a la Rama Judicial el 16 de octubre de
1990, pertenecía al «Régimen Salarial Acogido» y se desempeñó como juez en
distintos periodos desde el 1 de junio de 1996, y estuvo vinculada hasta por lo
menos el 10 de octubre de 2016 [fecha de expedición de la Resolución 6816, en la
que la DESAJ así lo afirmó].
53.2. De acuerdo con la certificación del 16 de julio de 201520 expedida por la DESAJ
de Cartagena, se evidenciaron los pagos realizados desde el año 1996 hasta el
2015 y que la remuneración mensual fue fraccionada. Por ejemplo, para los años
1996, 2006 y 2014 recibió pagos por los siguientes conceptos:
18 Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo
la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad
y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
19 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01
(0088-2015)
20 Páginas 25 a 29 ibidem.
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Rosiris María Llerena Vélez
Síntesis de los ingresos percibidos como juez municipal [1996 y 2006] y juez del circuito [2014]
Año Decreto Remuneración Sueldo Prima especial Gastos de Bonificación
salarial mensual del básico de servicios representación judicial
decreto
1996 Decreto 36 $1.539.348 $888.086 $355.234 $296.028
2006 Decreto 389 $3.321.963 $2.555.356 $766.607 0 0
2014 Decreto 194 $6.093.848 $4.687.575 $1.406.273 0 $1.059.365
53.3. El 13 de marzo de 20152122 Rosiris María Llerena Vélez solicitó ante la DESAJ
de Cartagena i) la reliquidación y pago del salario y las prestaciones sociales con
base en el 100% de la asignación básica mensual; ii) el pago retroactivo de las
diferencias salariales y prestacionales adeudadas como consecuencia de la
reliquidación; iii) «[q]ue en adelante, los pagos que se realicen por concepto de salarios y
prestaciones sociales incorporen el reajuste salarial y prestacional equivalente al treinta por
ciento (30 %) de la asignación básica salarial» [sic]; y iv) la indexación de los pagos.
53.4. A través de la Resolución 936 del 10 de agosto de 201523, notificada el 13 de
agosto de 201524, la DESAJ de Cartagena negó lo peticionado con fundamento en
que i) con ocasión de la sentencia del 29 de abril de 2014, le competía al gobierno
nacional la presentación de un proyecto de presupuesto y la ley de apropiaciones
presupuestales de conformidad con su política económica y fiscal para el pago de
la reliquidación de las prestaciones sociales, por lo que cualquier orden de
modificación desbordaba su competencia; ii) «a la fecha» no se había modificado el
decreto salarial vigente para los servidores de la Rama Judicial que pertenecían al
régimen del Decreto 57 de 1993, el cual debía acatar; iii) la sentencia del 29 de abril
de 2015 no era título constitutivo de gasto, por lo que no podía «aplicarse
administrativamente a los posibles reclamantes ante cada Dirección Seccional» [sic]; y iv)
la demandante pertenecía al régimen de acogidos, a quien se le pagaron los salarios
establecidos en los decretos salariales expedidos por el gobierno que establecieron
que el 30% del salario mensual de los jueces correspondía a la prima especial de
servicios sin carácter salarial.
53.5. El 19 de agosto de 2015 interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, el cual se concedió el 24 del mismo mes y año25.
21 Samai tribunales. Índice 2. Archivo: 6_6_ED_ACTUACIONE_001EXPEDIENTE13001. Páginas 32
a 36.
22 Se precisa que, si bien la fecha de radicación no es legible en el documento, se tendrá como tal el
13 de marzo de 2015, toda vez que así se refirió en la demanda y en la contestación la entidad ratificó
dicho presupuesto fáctico. Adicionalmente ello no fue objetado en sede de apelación.
23 Páginas 37 a 44 ibidem.
24 Página 121 ibidem.
25 Página 129 ibidem.
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53.6. El 9 de diciembre de 2015, la demandante presentó solicitud de conciliación
extrajudicial, la cual se declaró fallida en audiencia del 29 de febrero de 201626.
53.7. Mediante la Resolución 6816 del 10 de octubre de 201627, notificada el 3 de
marzo de 2017, la DESAJ de Cartagena resolvió desfavorablemente la petición.
2.4.2. Análisis sustancial
54. A efectos de abordar los problemas jurídicos planteados, se advierte que el
Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Conjueces i) declaró fundada la
excepción de prescripción; ii) la nulidad parcial de las Resoluciones 936 del 10 de
agosto de 2015 y 6816 del 10 de octubre de 2016; iii) el reconocimiento y pago del
100% del salario básico; iv) el reconocimiento y pago de la prima especial del 30%
de la asignación básica como una adición a esta; v) el reajuste, reliquidación y pago
de las diferencias salariales y prestacionales; vi) la indexación de la condena; y vii)
la condena en costas.
55. El a quo concluyó que la demandante tenía derecho a la reliquidación de sus
prestaciones sociales con la inclusión del 30% que fue sustraído erróneamente del
salario básico a título de prima especial de servicios. Operó la prescripción de las
sumas causadas con anterioridad al 12 de marzo de 2012, debido a que la
reclamación administrativa se presentó el 13 de marzo de 2015.
56. La DESAJ de Cartagena cuestionó la anterior decisión con fundamento en que
no contaba con la apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público que permitiera cubrir el reconocimiento de dichas acreencias
laborales.
57. La prima especial de servicios del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992 constituye un emolumento adicional al salario básico mensual, que solo tiene
carácter salarial para efectos pensionales. Así lo definió expresamente la Ley 332
de 1996 al disponer que esta prestación solo integra el ingreso base de liquidación
para la pensión de jubilación, lo que excluye cualquier incidencia en otras
prestaciones sociales.
58. Este criterio ha sido reiterado por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
entre otras, en las sentencias del 2 de septiembre de 201928 y 15 de diciembre de
202024, en las cuales se precisó que dicha prestación únicamente podía
considerarse como factor salarial para efectos pensionales, de manera que su
reconocimiento en otros ámbitos implicaría desconocer el marco legal y exceder la
voluntad del legislador.
26 Páginas 23 a 24 ibidem
27 Acto que se expidió con posterioridad a la radicación de la demanda y fue aportado con la
contestación de la demanda. Página 130 a 147 ibidem.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP
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59. Esta tesis se acompasa con lo definido por la Corte Constitucional29 al declarar
la exequibilidad del aparte «sin carácter salarial» que previó el legislador en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, situación a la que quedó sujeta la prima especial de
servicios contenida en dicha norma. Al respecto precisó que «[e]l considerar que los
pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de
los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de
protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta
de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».
60. Tal como se expuso en el marco normativo de esta decisión, la Ley 4ª de 1992
creó una prima «no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter
salarial» para unos servidores de la Rama Judicial, con efectos a partir del 1 de enero
de 1993.
61. En este proceso se demostró que la demandante ejerció el cargo de juez
municipal y del circuito en diferentes periodos, en consecuencia, le asistió el
derecho al reconocimiento y pago de la prima especial de que trata el artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992, modificada por la Ley 332 de 1996 por ser una prima prevista a
favor de los servidores de la Rama Judicial, se insiste, sin carácter salarial salvo
para efectos de los aportes a seguridad social en pensión.
62. A pesar de lo anterior, se acreditó que su asignación básica mensual fue
fraccionada en un 30% que se pagó a título de prima especial de servicios, en lugar
de ser incrementada, lo que generó no solo la disminución de la base salarial, sino
también la liquidación de las prestaciones sociales a partir de una base de
liquidación desmejorada.
63. Situación que permite concluir que la demandante tenía derecho al pago de la
prima especial de servicios como una adición al salario básico [30% más el 100%]
y a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% del salario básico,
como lo reconoció el a quo, y lo cual no fue objeto del recurso de apelación.
64. Sin embargo, al confrontar el contenido de los ordinales cuarto y quinto de la
sentencia apelada, esta Sala advierte que el a quo incurrió en una imprecisión de
redacción al haber ordenado doble vez el pago de un 30%, la primera a título de
salario impagado y la segunda como prima especial. Conforme con la certificación
de pagos, sumados el sueldo básico y la prima especial dan como resultado el 100%
de la asignación básica señalada en los decretos. Por ello, condenar al pago del
100% del salario [ordinal cuarto] y el 30% de la prima especial como una adición al
salario [ordinal quinto], implicó reconocer el 30% dos veces, pues el a quo no
distinguió que una cosa es la recomposición del salario para la reliquidación de las
prestaciones sociales sobre el 100% de este, y otra el reconocimiento de la prima
especial como un emolumento adicional a la asignación básica mensual, razón por
la cual esta Sala procederá a realizar el ajuste correspondiente en el acápite
resolutivo.
29 Al respecto ver las sentencias C-279 de 1996; C-052 de 1999.
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65. En este punto, se pone de presente que el tribunal declaró la nulidad parcial de
los actos acusados, sin embargo, de su contenido se establece que hay lugar a
declararla, pero de forma total, pues de trató de actos que decidieron lo pertinente
solo respecto del petitum de la accionante, sin que incluyera puntos decisionales
ajenos a la controversia bajo análisis.
66. Precisado lo anterior, respecto de la imposibilidad presupuestal alegada por la
entidad, la Sala destaca que, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del
artículo 334 de la Constitución, ninguna autoridad puede invocar la sostenibilidad
fiscal para limitar, afectar o negar la protección de los derechos fundamentales. En
concordancia con lo señalado por la Corte Constitucional30, esta situación no es una
justificación que valide el incumplimiento de las obligaciones laborales y
prestacionales por parte de las entidades públicas, de tal manera que carece de
sustento legal y jurisprudencial para afectar el derecho reclamado; por lo tanto, le
corresponde a la administración reconocer y pagar los derechos causados a pesar
de las dificultades financieras que se pudieran presentar, para lo cual deberá «cre[ar]
una partida presupuestal, si no existiere, o […] reali[zar] las operaciones necesarias para
obtener los fondos, bajo el entendido de que los créditos laborales vinculados al mínimo
vital, gozan de prelación constitucional».
67. En consecuencia, la alegada imposibilidad económica y presupuestal de la
entidad no constituye una razón válida para justificar la negativa del derecho
reconocido a la demandante, pues las limitaciones financieras no exoneran a la
administración del cumplimiento de sus obligaciones laborales y prestacionales.
Razón por la cual, este cargo de apelación no tiene vocación de prosperidad.
68. En relación con los aportes a pensión, se recuerda que el a quo no los reconoció
al considerar que la demandante no los pretendió, sin embargo, esta Sala precisa
que los aportes a seguridad social en pensiones son imprescriptibles [ver acápite
2.3.2.], los cuales se reconocerán de oficio, por lo tanto, deberán realizarse teniendo
como base de liquidación el 100% del salario básico mensual, más el 30%
correspondiente a la prima especial de servicios, respecto de las diferencias, entre
lo pagado y lo que debió pagarse en atención a las siguientes reglas: (i) desde el 1
de junio de 1996, y hasta la entrada en vigencia de la Ley 332 de 1996 los aportes
se calcularán con base en el 100% de la remuneración básica mensual [sin la
deducción del 30%, ni el incremento en igual porcentaje]; (ii) desde la entrada en
vigencia de la mencionada ley esto es desde el 19 de diciembre de 1996, hasta la
fecha en la que ocupe un cargo que la haga beneficiaria de este derecho o hasta el
31 de diciembre de 2020, día anterior a la entrada en vigencia del Decreto 272 de
2021 se regularizó el pago de la aludida prima con efectos desde el 1 de enero de
2021, los aportes se realizarán con base en la asignación en el 100% de
remuneración básica mensual, más el 30% de prima especial de servicios.
69. En este punto, aunque la declaratoria de prescripción no fue objeto de apelación
30 Ver sentencias SU-995 de 1999 y SU-484 de 2008.
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esta Sala modificará el contenido del ordinal segundo del fallo de primera instancia
para precisar que operó la prescripción parcial, solo respecto de los derechos
salariales y prestacionales anteriores al 13 de marzo de 2012, en razón a que la
reclamación fue radicada el 13 de marzo de 2015, salvo de los aportes a pensión
los cuales son de naturaleza imprescriptible.
70. Ahora, si bien la Sala confirmará la decisión del tribunal que declaró la nulidad
de los actos demandados y ordenó el restablecimiento del derecho, lo cierto es que
este último habrá de precisarse en los términos legal y jurisprudencialmente
establecidos [ver párrafo 64] así como lo pertinente a la declaratoria de prescripción,
salvo en cuanto a los aportes a seguridad social en pensión. Por ello, para mayor
claridad se procederá a modificar31 su contenido [ordinales segundo, tercero, cuarto,
quinto y sexto] y establecer las puntuales órdenes, así:
• En el ordinal segundo, se declarará probada parcialmente la prescripción de
los derechos prestacionales causados con anterioridad al 13 de marzo de 2012.
Excepto de los aportes a pensión los cuales son de naturaleza imprescriptibles;
• en el ordinal tercero, se declarará la nulidad de las resoluciones 936 del 10
de agosto de 2015 y de la 6816 del 10 de octubre de 2016; y
• en los ordinales cuarto, quinto y sexto, respectivamente, a título de
restablecimiento se condenará a la entidad a i) el reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios, sin carácter salarial a partir del 13 de marzo de 2012 hasta
que tenga derecho, por razón del cargo que ejerza o haya ejercido, sin superar la
fecha de entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021 [1 de enero de 2021]; ii) el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales teniendo en cuenta para el 30%
del salario que en su momento se había sustraído erróneamente a título de prima
especial de servicios; y iii) el reconocimiento y pago de las diferencias por concepto
de aportes a pensión con base en las siguientes reglas: (1) desde el 1 de junio, y
hasta la entrada en vigencia de la Ley 332 de 1996 los aportes se calcularán con
base en el 100% de la remuneración básica mensual [sin la deducción del 30%, ni
el incremento en igual porcentaje]; y (2) desde la entrada en vigencia de la
mencionada ley esto es desde el 19 de diciembre de 1996, y hasta la fecha en que
ejerza o haya ejercido en el cargo que la hace beneficiaria de dicha prima, con base
en el 100 % de la remuneración básica mensual más el 30 % correspondiente a la
prima especial de servicios, o hasta el 31 de diciembre de 2020, día anterior a la
entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021.
Y se referirá que, lo aquí dispuesto estará condicionado a que la entidad demandada
no haya realizado otro pago a la demandante por los mismos conceptos y que el
monto reconocido no supere en ningún caso los topes fijados por el gobierno
31 En esta oportunidad, por técnica jurídica, se propone emitir con precisión nuevamente las órdenes,
toda vez que, de acuerdo con lo expuesto, se debe modificar la redacción de la declaratoria de
nulidad de los actos acusados; revocar el reconocimiento doble de un 30%; precisar que la
reliquidación de las prestaciones salariales procede sobre el 100% del salario básico mensual;
precisar la declaratoria de prescripción; y adicionar lo pertinente al reajuste de los aportes a pensión.
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Radicado: 13001-23-33-000-2016-00251-02 (2727-2021)
Demandante: Rosiris María Llerena Vélez
nacional.
2.5. Costas
71. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
72. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
73. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma32.
74. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
75. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas y se revocará la condena impuesta en primera instancia.
3. Conclusión
76. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que i) que la imposibilidad
económica y presupuestal invocada por la entidad no constituye justificación válida
para incumplir con las obligaciones laborales y prestacionales; y ii) la demandante
tenía derecho al pago de la prima especial de servicios, como emolumento adicional
al salario básico mensual, el cual constituye factor salarial únicamente para efectos
de los aportes a pensión, los cuales son imprescriptibles e irrenunciables, por lo
tanto, pese a no haber sido solicitados en la demanda, se reconocen de oficio como
garantía de su derecho a la seguridad social.
32En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, CP Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-
33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Rosiris María Llerena Vélez
77. En consecuencia, la Sala confirmará parcialmente la sentencia proferida el 24 de
febrero de 2015 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Conjueces, y
modificará, adicionará y revocará lo pertinente en los términos anunciados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
F A L L A:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 24 de febrero de 2020
por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Conjueces que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Segundo: Revocar el ordinal octavo de la sentencia proferida el 24 de febrero de
2020 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Conjueces, que condenó en
costas. En su lugar, negarla en esa instancia.
Tercero: Modificar la sentencia referida en los ordinales anteriores, de acuerdo con
la precisión efectuada en la parte motiva, la cual queda así:
SEGUNDO: DECLARAR parcialmente probada excepción de prescripción, respecto de
las sumas causadas con anterioridad al 13 de marzo de 2012. Excepto de los aportes a
pensión, los cuales son imprescriptibles.
TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD de las resoluciones 936 del 10 de agosto de
2015 y de la 6816 del 10 de octubre de 2016 por las cuales se resuelve una petición y el
recurso de apelación interpuesto contra la primera, respectivamente.
CUARTO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la nación, Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al reconocimiento y pago de la
prima especial de servicios, sin carácter salarial, a favor de Rosiris María Llerena Vélez
como una adición a la asignación básica. A partir del 13 de marzo de 2012 hasta que
tenga derecho, por razón del cargo que ejerza o haya ejercido, sin superar la fecha de
entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021 [1 de enero de 2021];
QUINTO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la nación, Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a la reliquidación y pago las
prestaciones sociales devengadas por Rosiris María Llerena Vélez causadas desde el
13 de marzo de 2012 hasta que tenga derecho, por razón del cargo que ejerza o haya
ejercido, sobre el 100% de su remuneración mensual, es decir, teniendo en cuenta para
el efecto el 30% del salario que en su momento se había sustraído erróneamente a título
de prima especial de servicios, y
SEXTO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la nación, Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a la reliquidación y pago de las
diferencias por concepto de aportes a pensión con base en las siguientes reglas: (i)
desde el 1 de junio, y hasta la entrada en vigencia de la Ley 332 de 1996 los aportes se
calcularán con base en el 100% de la remuneración básica mensual [sin la deducción
del 30%, ni el incremento en igual porcentaje]; y (ii) desde la entrada en vigencia de la
mencionada ley esto es desde el 19 de diciembre de 1996, y hasta la fecha en que ejerza
o haya ejercido en el cargo que la hace beneficiaria de dicha prima, con base en el 100
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Demandante: Rosiris María Llerena Vélez
% de la remuneración básica mensual más el 30 % correspondiente a la prima especial
de servicios, o hasta el 31 de diciembre de 2020, día anterior a la entrada en vigencia
del Decreto 272 de 2021.
El cumplimiento de lo aquí dispuesto está condicionado a que la entidad demandada no
haya realizado otro pago a la demandante por los mismos conceptos y que el monto
reconocido no supere en ningún caso los topes fijados por el gobierno nacional.
Cuarto: No condenar en costas en esta instancia.
Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SSPS
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