Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2023-00141-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2023-00141-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2023-00141-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 19001-23-33-000-2023-00141-02 (1705-2026)
Demandante: Astrid Yelena Pacheco
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
Tema: Prima especial. MODIFICA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la sala1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Astrid Yelena Pacheco interpuso demanda en contra de la Nación,
Fiscalía General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del Oficio DS-TH-320 del 21 de abril de 2017 y de
la Resolución 22635 del 28 de agosto del mismo año a través de los cuales
la Fiscalía General de la Nación negó la reliquidación y el pago de las diferencias
debidas por concepto de salarios y prestaciones sociales, en virtud de la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
3. A título de restablecimiento del derecho se ordene pagar la prima especial de
servicios equivalente al 30% del salario básico «desde el 1 de enero de 1.993 hasta
la fecha en la cual se inicie el reconocimiento del incremento, adición o agregado al
salario mensual o hasta que se haga efectiva su cancelación», y las prestaciones
sociales, que tengan como base el aludido emolumento para su liquidación.
1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente
proceso. De otro lado, cabe precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves se declaraba impedido
respecto de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por tener un proceso activo en el que se
debatía un asunto similar, el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión que
se encuentra ejecutoriada, por lo que no existe pleito pendiente entre las partes o interés actual al respecto.
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4. Que se actualicen las sumas reconocidas de acuerdo con el IPC, se cancelen
los intereses moratorios correspondientes, conforme a lo previsto en el artículo 187
del CPACA.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que se vinculó a la Fiscalía General de la Nación como asistente judicial
local, desde el 23 de mayo de 1994, y se ha desempeñado como fiscal, así: «desde
el 11 de agosto de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1999», «desde el 4 de julio de
2006 hasta el 31 de diciembre de 2006», «desde el 22 de junio de 2007 hasta el 3
de julio de 2007», «desde el 4 de julio de 2007 hasta el 12 de julio de 2007», «desde
el 13 de julio de 2007 hasta el 7 de octubre de 2007», «desde el 8 de octubre de
2007 hasta el 3 de diciembre de 2007», «desde el 18 de diciembre de 2007 hasta
el 5 de enero de 2008», «desde el 6 de enero de 2008 hasta el 20 de agosto de
2008», «desde el 21 de agosto de 2008 hasta el 30 de septiembre de 2008», «desde
el 1 de octubre de 2008 hasta el 17 de abril de 2009», «desde el 18 de abril de 2009
hasta el 8 de mayo de 2009»,«desde el 9 de mayo de 2009 hasta el 31 de diciembre
de 2009», «desde el 1 de enero de 2010 hasta el 2 de octubre de 2011», «desde el
19 de diciembre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011», «desde el 18 de enero
de 2012 hasta el 24 de enero de 2012», «desde el 25 de enero de 2012 hasta el 31
de enero de 2012», «desde el 21 febrero de 2012 hasta el 30 de abril de 2012»,
«desde el 5 de mayo de 2012 hasta el 2 de julio de 2012», «desde el 3 de julio de
2012 hasta el 1 de octubre de 2012», «desde el 22 de noviembre de 2012 hasta el
1 de diciembre de 2012», «desde el 2 de junio de 2013 hasta el 9 de julio de 2013»,
«desde el 9 de julio de 2013 hasta el 4 de agosto de 2013», «desde el 4 de agosto
de 2013 hasta el 28 de octubre de 2013», «desde el 28 de octubre de 2013 hasta el
23 de diciembre de 2013», «desde el 23 de diciembre de 2013 hasta el 1 de enero
de 2014», «desde el 28 de enero de 2014 hasta el 3 de abril de 2014», y desde el
28 de abril de 2014 hasta la fecha.
6. Que solicitó a la demandada el reconocimiento de la prima especial de
servicios, sin carácter salarial, y las sumas que resulten del reajuste de los
emolumentos, que tengan como base dicho concepto para su
liquidación, petición que se negó a través de los actos demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
31 Considera violados los artículos: 2, 4, 6, 9, 13, 48, 53, 89, 93, 95, 122, 123,
150, numeral 19, 189, 209, 228, 253 de la Constitución Política; 8 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos; 14 del Convenio 95 de la OIT, 4 del Protocolo de
San Salvador; 152, numeral 7, de la Ley 270 de 1996; 11, 13, 21, 127 y 128 del
Código Sustantivo del Trabajo y 1, 2, 3, 4, 10 y 14 de la Ley 4.ª de 1992.
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32 Que los actos acusados fueron expedidos con desconocimiento de la
Constitución y la ley, pues tienen como fundamento los decretos anuales expedidos
por el Gobierno nacional que establecieron que el 30% del salario básico mensual
constituía la prima especial de servicios sin carácter salarial, lo que generó una
disminución en la asignación básica y en las prestaciones sociales de los servidores
de la fiscalía, situación que se prolongó desde 1993 hasta el 2002. Que, a partir del
año 2003, se omitió el aludido emolumento, con lo cual se suprimió lo contemplado
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, al dejar de cancelar un sobresueldo a la
remuneración.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
33 El 24 de septiembre de 2025 fue admitida la demanda. La entidad2 señaló
que ha liquidado los salarios y las prestaciones sociales con base en el 100 % de la
remuneración, dado que desde el 2003 este emolumento no fue regulado y, por
ende, tampoco se efectuó deducción alguna por ese concepto.
34 Sostuvo que el Consejo de Estado declaró la nulidad de las disposiciones de
los decretos salariales expedidos entre 1993 y 2002 que hacían referencia a la prima
especial de servicios para los servidores de la fiscalía. No obstante, precisó que el
reajuste de los emolumentos por ese período puede reclamarse siempre que no
haya operado la prescripción.
35 Agregó que no es posible ningún reconocimiento desde el 1 de enero de
2021, pues desde esa fecha se cancela la prima especial de servicios, en virtud del
decreto 272 expedido ese año.
36 Propuso como excepciones las de: «prescripción» y «carencia de objeto
respecto de la solicitud de prestaciones sociales».
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
37 El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del doce
(12) de junio de dos mil veintiséis (2026)3, accedió parcialmente a las pretensiones.
Expuso que, de acuerdo con la sentencia del 15 de diciembre de 2020, la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 debe ser entendida como
un incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores
beneficiarios.
38 Tuvo por acreditado que la accionante fungió, en encargo, como fiscal
delegada ante los jueces municipales y promiscuos en 1997, 2007, 2008, 2009,
2012 y 2013; y como fiscal delegada ante los jueces del circuito, entre 2007 y 20144.
2 Archivo denominado «044_44_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-202300141CONTESTAC.pdf» SAMAI
del tribunal.
3 Índice 39 de SAMAI del tribunal.
4 «solo se estableció la fecha de inicio».
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En particular, señaló que, a partir del 26 de abril de 2014, los encargos fueron
continuos hasta mayo de 2017.
39 De la certificación correspondiente al año 2013, advirtió que la remuneración
de la accionante estaba integrada por los conceptos de sueldo; diferencia de sueldo,
por encargo; diferencia de gastos de representación, por encargo; y bonificación
judicial, «junto con otros factores», sin que figurara la prima especial de servicios.
De la confrontación de las certificaciones de devengados y deducidos, concluyó que
la entidad no había reconocido ni pagado la prima especial de servicios como un
rubro salarial independiente del sueldo. Por lo que, en principio, la actora tenía
derecho al reconocimiento del emolumento, durante los períodos en que se
desempeñó como fiscal hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha a partir de la cual
la demandada procedió a cancelar el haber laboral, en virtud del Decreto 272 de
2021.
40 Que si bien, habría lugar a ordenar el pago de las diferencias derivadas del
fraccionamiento salarial, entre 1998 y 2002, tomando en consideración el 100 % del
sueldo y no el 70 %, dado que estaba acreditado que la actora ejerció funciones
como fiscal para esos tiempos, lo cierto es que sobre aquellas ocurrió la
prescripción. Que no era procedente el reajuste de las prestaciones con
posterioridad al 1 de enero de 2003 porque desde esa fecha la fiscalía canceló el
100 % de la remuneración y con base en esta se liquidaron los emolumentos.
41 Que como la reclamación administrativa fue radicada el 20 de febrero de
2017, las diferencias causadas antes del 20 de febrero de 2014 se encontraban
prescritas. En ese orden, limitó la condena al pago de la pima especial de servicios
como valor adicional a la asignación básica mensual, del 20 de febrero de 2014 al
31 de diciembre de 2020.
42 Declaró la nulidad de los actos acusados y condenó a la Fiscalía General de
la Nación a reconocer y pagar, de forma indexada, la prima especial de servicios,
como valor adicional a la asignación básica, por los períodos efectivamente
laborados como fiscal entre el 20 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020;
«sin que en ningún caso se superen los límites salariales fijados por el Gobierno
Nacional para cada vigencia fiscal». Declaró prescritas tanto las diferencias
anteriores al 20 de febrero de 2014 en relación con el reconocimiento de tal
emolumento como incremento, como aquellas derivadas de la reliquidación de las
prestaciones sobre el 100 % del salario, en el período comprendido entre el 9 de
septiembre de 1998 y el 31 de diciembre de 2002.
43 Frente a los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones,
declaró la imprescriptibilidad. Dispuso que se realizaran los ajustes respectivos,
conforme a los artículos 17 y 204 de la Ley 100 de 1993, en los porcentajes que
legalmente correspondan, así: «a) Respecto de la prima especial de servicios como
valor adicional a la asignación básica mensual equivalente al treinta por ciento
(30%), correspondiente a los períodos efectivamente desempeñados en cargos de
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fiscal comprendidos entre el 9 de septiembre de 1998 y el 20 de febrero de 2014.
Respecto del cien por ciento (100%) de la asignación básica mensual, por causa
del fraccionamiento salarial identificado por la Sentencia de Unificación del Consejo
de Estado del 15 de diciembre de 2020, correspondiente a los períodos
efectivamente laborados en cargos de fiscal entre el 9 de septiembre de 1998 y el
31 de diciembre de 2002».
44 Además, indicó que la entidad «deberá efectuar las cotizaciones y reportes a
que haya lugar conforme a los artículos 17 y 204 de la Ley 100 de 1993, en cuanto
dispone que la base de cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud debe
ser igual a la contemplada en el Sistema General de Pensiones». Negó las demás
pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
45 La parte demandada5 interpuso recurso de apelación en el que solicitó
revocar el numeral tercero, en tanto se ordenó pagar la prima especial de servicios,
como un incremento al salario, cuando tal haber laboral hace parte de la
remuneración y no es un sobresueldo. Sostuvo que la condena resulta excesiva,
porque desde el año 2003 ha pagado a la demandante el 100 % de la remuneración
y, sobre esa base, ha liquidado sus prestaciones sociales. Afirmó que solo «se le
adeuda el 30% de factor pensional que corresponde a la prima especial y no el
130%, toda vez que el 100% ya fue reconocido».
46 Pidió revocar el numeral quinto, dado que, por virtud de la prescripción los
ajustes al sistema general de pensiones debían limitarse al período comprendido
entre el 20 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, fecha a partir de la cual
la entidad reconoció el emolumento en aplicación del Decreto 272 de 2021.
47 Que el juez no debió extender la orden de cotización al sistema de seguridad
social en Salud, al considerar que dicha pretensión no fue formulada por la actora.
Que la Ley 4.ª de 1992 y la sentencia del 15 de diciembre de 2020 no establecieron
que la prima especial incidiera en los aportes a salud.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
48 El 28 de julio de 2026 se admitió el recurso. Las partes y el agente del
Ministerio Público no se pronunciaron.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
16. Deberá resolver la subsección si la demandante tiene derecho al reconocimiento
de la prima especial de servicios como componente adicional de la asignación
5 Índice 42 de SAMAI del tribunal.
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básica; si hay lugar a declarar la prescripción sobre los aportes al sistema de
seguridad social; y si es procedente la orden de cotización al sistema de seguridad
social en salud, en atención al eventual reajuste.
Marco normativo y jurisprudencial
De la prima especial. Artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
49 La Ley 4.ª de 1992 en el artículo 14 determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
50 En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional fijó el régimen salarial y
prestacional aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante
el Decreto 53 de 1993, el cual sería de obligatorio cumplimiento para quienes
ingresaran con posterioridad a la vigencia de tal normativa.
51 Adicionalmente se dispuso que quienes hubiesen estado vinculados antes del
28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por mantener la regulación
propia del Decreto 2699 de 1991, o bien por el definido en el primer decreto en
mención, sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de
19926 que excluyó para estos efectos el beneficio de la prima especial.
52 Respecto del alcance de dicho emolumento, el artículo 1.º de la Ley 332 de
19967 contempló que este haber constituye parte del ingreso básico solo para
efectos de la liquidación de la pensión de jubilación a quienes fueran titulares de
este derecho.
53 Sin embargo, con la expedición de Ley 476 de 1998 se aclaró dicha disposición
«[…] en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de
1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la
escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con
posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial de
6 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la
Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
7 Artículo 6: «el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos se
considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal Nacional,
jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, jefe Unidad Regional de Fiscalía,
Fiscal ante Tribunal de Distrito, fiscal regional, jefe Unidad Seccional de Fiscalía, Fiscal Seccional, secretario
general, directores nacionales, directores regionales, directores Seccionales, jefes de Oficina, jefes de
División».
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servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores
que lo subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del
salario base de liquidación de la pensión de jubilación. […]».
54 Ahora bien, se destaca que los artículos de los decretos salariales emitidos por
el Gobierno nacional que regulaban la prima especial para los servidores de la
Fiscalía General de la Nación durante el período comprendido entre 1993 y 2002,
fueron anulados por el Consejo de Estado8 al haber identificado que resultaba ilegal
considerar tal emolumento en un 30% como un componente integrador de la
asignación básica, en la medida en que tal disposición implicaba la pérdida del valor
real de la remuneración mensual fijada cada año.
55 Por su parte, ante estas decisiones de nulidad, posteriormente los decretos que
fijaron la remuneración mensual de tales empleados del ente acusador, en especial
desde la expedición del Decreto 3549 de 2003 en adelante, lo que hicieron fue dejar
de regular la prima especial, por lo que, si bien reconocieron el 100% del salario
básico, lo cierto es que se abstuvieron de pagar de manera adicional el referido
haber laboral.
56 Esto es, en esencia se desconoció la consolidación del derecho contemplado
en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, pues si bien se dejó de descontar de la base
de la asignación como se hacía previamente, tampoco se concedió como un
componente agregado al salario, ello al menos hasta el 1.º de enero de 2021 cuando
entró en vigencia el Decreto 272 de 2021, por el cual se estableció adecuadamente
la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
57 Precisamente sobre la materia, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado mediante la sentencia del 15 de diciembre de 2020 9, abordó
un caso relativo al reconocimiento de la prima especial de servicios para los
servidores de la FGN en la que se determinó10 que:
«[…] 1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia,
los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.
2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.
8 En sentencia del 14 de febrero de 2002 (197-99) se anuló el artículo 7° del Decreto 38 de 1999. En sentencia
del 15 de julio de 2004 (3531-02) se anuló el artículo 7º del Decreto 685 de 2002. En sentencia del 15 de abril
de 2004 (71201) se anuló el artículo 8° del Decreto 2743 de 2000. En sentencia del 25 de noviembre de 2004
(4419-01) se anuló el artículo 7° del Decreto 1480 de 2001. En sentencia del 3 de marzo de 2005 (17021-2005)
se anularon el artículo 6 del Decreto 53 de 1993 y 7° de los Decretos 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996 y
52 de 1997. En sentencia del 13 de septiembre de 2007 (0478-03) se anularon los artículos 7° y 8° de los
Decretos 50 de 1998 y 2729 de 2001.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez
ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-2017-
00568-01(5472-18).
10 Estos mismos planteamientos se han reiterado en sentencias del Consejo de Estado proferidas el 6 de junio
de 2023, radicaciones: 05001233300020150165102 (3578-2018), 730012333000201700551 01 (2276-2019),
10 de septiembre de 2024, radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021), y 5 de noviembre 2024,
radicación: 25000-2342-000-2020-00137-02 (0687-2022).
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Radicación: 19001-23-33-000-2023-00141-02 (1705-2026)
3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o
se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima especial
de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en
ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo
el cargo correspondiente.
4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del
30% que había sido excluido a título de prima especial.”
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969. […]».
58 De conformidad con este recuento normativo y jurisprudencial se concluye que,
si bien la prima especial fue creada en virtud de la Ley 4.ª de 1992 con efectos
desde 1993, lo cierto es que, en el caso de los fiscales, la efectividad de su
reconocimiento dependerá de la fecha de su vinculación en razón del régimen
salarial creado con el Decreto 53 de 1993.
59 Al respecto es de resaltar que, el artículo 14 de la ley en mención excluyó
expresamente de este emolumento a quienes «[…] opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º.) de enero
de 1993. […]». Pues bien, fue solo hasta la expedición de la Ley 476 de 1998 que
se aclaró que dicha excepción no cobijaba a los acogidos a la regulación del Decreto
53 de 1993 o a los vinculados con posterioridad a dicha norma.
60 En consecuencia, el pago de la prima especial se causó desde 1993 solo para
los fiscales vinculados antes de ese año o que decidieron no acogerse a esta última
disposición, mientras que para quienes ingresaron en esta clase de cargos con
posterioridad o se sometieron expresamente al nuevo régimen, tal derecho sería
efectivo desde 1998, ya que fue a partir de ese momento en que se resolvió su
situación jurídica frente a la titularidad de dicho haber laboral.
61 Finalmente, además de dichas precisiones jurisprudenciales, esta corporación
mediante sentencia del 21 de septiembre de 202211 declaró la nulidad de algunos
artículos de los decretos salariales anuales expedidos entre 1993 y 2017, en la cual
señaló que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al
30% del salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».
11 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.
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Resolución del caso concreto
62 Se advierte que la fiscalía, en calidad de apelante única, discute tres
aspectos. En primer lugar, el reconocimiento de la prima especial de servicios como
un incremento a la remuneración, interpretación que, a su juicio, desconoce la
sentencia del 15 de diciembre de 2020, pues desde el 2003 ha cancelado el 100 %
del salario y sobre esa base ha liquidado las prestaciones. En segundo lugar,
cuestiona la imprescriptibilidad de los ajustes al sistema pensional y, en tercer lugar,
controvierte la procedencia de extender la orden de cotización al sistema general
de seguridad social en salud.
63 Se observa que el tribunal condenó a la fiscalía a pagar la prima especial de
servicios, equivalente al 30 % de la asignación básica, como valor adicional a esta,
por los períodos efectivamente laborados en el cargo beneficiario desde el 20 de
febrero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020, por virtud de la prescripción. Lo
anterior, al encontrar probado que la señora Astrid Yelena Pacheco se desempeñó,
en encargo12, como fiscal delegada ante los jueces municipales y promiscuos en los
años 1997, 2007, 2008, 2009, 2012 y 2013, y como fiscal delegada ante los jueces
del circuito entre 2007 y 2014, con encargos continuos desde el 26 de abril de 2014
hasta mayo de 2017, y de esa fecha en adelante.
64 De las certificaciones allegadas se desprende que la actora ha prestado sus
servicios en la Fiscalía General de la Nación desde el 1 de julio de 1992,
desempeñando, entre otros, los cargos de asistente judicial, grado 7; técnico judicial
I; asistente de fiscal I; asistente de fiscal III; y fiscal delegada ante jueces
municipales y promiscuos, en encargo del cargo y en encargo de funciones13.
65 Para lo que interesa al caso concreto, se advierte que laboró en encargo del
cargo, así: «del 26/04/2007 al 16/05/2007, del 25/10/2007 al 17/12/2007, del
31/01/2008 al 8/02/2008, del 12/03/2008 al 19/03/2008, del 1/10/2008 al 31/12/200,
del 2/01/2009 al 1/04/2009, del 2/04/2009 al 01/07/2009, del 2/07/2009 al
01/10/2009, del 2/10/2009 al 4/10/2009, del 6/10/2009 al 03/05/2010, del 3/05/2010
al 31/08/2010, del 1/09/2010 al 30/11/2010, del 1/12/2010 al 1/03/2011, del
2/03/2011 al 01/06/2011, del 02/06/2011 al 11/07/2011, del 5/12/2011 al
31/12/2011, del 25/01/2012 al 31/01/2012, del 25/05/2012 al 31/05/2012, del
3/07/2012 al 16/09/2012, del 2/06/2013 al 7/06/2013, del 29/06/2013 al 02/07/2013,
del 3/07/2013 al 3/08/2013, del 4/08/2013 al 18/08/2013, del 20/08/2013 al
28/09/2013, del 28/10/2013 al 31/03/2014, del 28/04/2014 al 27/02/2016, del
1/03/2016 al 10/11/2016, del 1/12/2016 al 6/03/2017, del 12/05/2017 al 31/05/2017,
del 1/07/2017 al 13/07/2017»14.
66 En la constancia de servicios (cargos-encargos), figura que ejerció como
fiscal delegada ante jueces municipales y promiscuos, en las siguientes fechas de
12 No precisó si ello ocurrió en encargo del cargo o en encargo de funciones.
13 A partir del 11 de agosto de 1997.
14 Archivo denominado: «053_53_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-AstridYelenaPachec.pdf».
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Radicación: 19001-23-33-000-2023-00141-02 (1705-2026)
inicio: 17/07/2017; 1/01/2018; 1/01/2019; 1/01/2020; 1/01/2021; 1/01/2022;
1/01/2023; 1/01/2024.15
67 Tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, desde el año 2003 los decretos
salariales que rigen a la FGN no previeron la prima especial de servicios, a pesar
de que el reconocimiento de ésta sí era procedente como una adición a la
asignación básica. Por esa razón, a partir del mencionado año los salarios y
prestaciones sociales se han liquidado sin realizar ningún descuento respecto de la
asignación básica, es decir, en un 100% del valor total fijado anualmente por el
Gobierno nacional.
68 Por lo expuesto, resultaría improcedente ordenar la reliquidación y pago de
las diferencias salariales y prestacionales, pues a partir del 2003 estos haberes se
han calculado correctamente al no efectuarse disminución en la remuneración
mensual, ya que la prima especial solo constituye factor para la liquidación de la
pensión de jubilación.
69 No obstante, lo que no podía desconocerse es que la prima de que trata el
artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 constituía un derecho adquirido, por lo que tampoco
debió haberse dejado de regular lo propio en los actos expedidos desde 2003, tanto
así que el Ejecutivo tuvo que enmendar esta situación con la expedición del Decreto
272 de 2021, cuando ordenó el reconocimiento de dicho factor como una partida
adicional a la asignación básica.
70 Contrario a lo manifestado por la entidad, la prima especial representa un
incremento al salario básico, conclusión a la que llegó la corporación en la sentencia
del 15 de diciembre de 2020. Bajo ese entendimiento, la Fiscalía tenía el deber de
reconocer a favor de la actora la suma equivalente al 30 % del total de su
remuneración, como componente adicional al sueldo, con sus respectivos efectos
legales para el cálculo de los aportes a pensión, en los períodos laborados en
calidad de fiscal, siempre y cuando la accionante continuara vinculada en el cargo
beneficiario para esa fecha.
71 Sin embargo, el juez declaró la prescripción sobre: «a) Las diferencias
derivadas del no reconocimiento de la prima especial de servicios como valor
adicional a la asignación básica mensual causadas con anterioridad al 20 de febrero
de 2014. b) Las acreencias derivadas de la reliquidación de prestaciones sociales
sobre el cien por ciento (100%) de la asignación básica correspondientes al período
comprendido entre el 9 de septiembre de 1998 y el 31 de diciembre de 2002»16, al
encontrar acreditado que la reclamación administrativa se radicó el 20 de febrero de
2017.
15 Archivo denominado: «050_50_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-AstridYelenaPachec.pdf».
16 Numeral cuarto de la parte resolutiva.
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Radicación: 19001-23-33-000-2023-00141-02 (1705-2026)
72 De otra parte, declaró imprescriptibles los aportes al Sistema General de
Seguridad Social y ordenó efectuar los respectivos ajustes, así:
«a) Respecto de la prima especial de servicios como valor adicional a la
asignación básica mensual equivalente al treinta por ciento (30%),
correspondiente a los períodos efectivamente desempeñados en cargos de
fiscal comprendidos entre el 9 de septiembre de 1998 y el 20 de febrero de
2014.
b) Respecto del cien por ciento (100%) de la asignación básica mensual, por
causa del fraccionamiento salarial identificado por la Sentencia de Unificación
del Consejo de Estado del 15 de diciembre de 2020, correspondiente a los
períodos efectivamente laborados en cargos de fiscal entre el 9 de septiembre
de 1998 y el 31 de diciembre de 2002.
Para el cumplimiento de esta orden, la Fiscalía General de la Nación deberá
efectuar las cotizaciones y reportes a que haya lugar conforme a los artículos
17 y 204 de la Ley 100 de 1993, en cuanto dispone que la base de cotización al
Sistema de Seguridad Social en Salud debe ser igual a la contemplada en el
Sistema General de Pensiones, asumiendo junto con la demandante los
porcentajes que legalmente correspondan, quedando facultada para efectuar
los descuentos respectivos o, en su defecto, realizar los reportes ante las
administradoras del sistema»17
73 Se advierte que el juez condenó a la entidad a realizar los aportes desde
1998, partiendo de los tiempos laborados por la actora como fiscal en encargo de
funciones18. No obstante, se acreditó que fue hasta el 26 de abril de 2007, que
laboró como fiscal en encargo del cargo, siendo esta última fecha la que debe ser
tenida en cuenta para las cotizaciones derivadas del reconocimiento de la prima
especial. En ese orden, se suprimirá el literal b) de los numerales cuarto19 y quinto20,
y se modificará el literal a) para señalar que el período en el cual deberán efectuarse
los aportes al sistema de seguridad social respecto de la prima especial de servicios
será desde el 26 de abril de 2007 y durante los períodos efectivamente laborados
por la señora Astrid Yelena en el cargo beneficiario, hasta el 20 de febrero de
201421. Para el efecto, la entidad deberá verificar las fechas en que la accionante
laboró como fiscal en propiedad, en encargo del cargo o en provisionalidad a partir
del mes y año mencionados, lo demás quedará incólume.
17 Numeral quinto de la parte resolutiva.
18 Se precisa que estos tiempos no serán reconocidos, dado que el encargo de funciones no implica la provisión
del empleo ni el ejercicio del cargo en calidad de titular, sino el desempeño transitorio de funciones, sin que el
servidor se desvincule de su empleo de origen. En consecuencia, no se generan los efectos salariales ni
prestacionales propios del cargo.
19 «CUARTO. Declarar prescritas:
[…] b) Las acreencias derivadas de la reliquidación de prestaciones sociales sobre el cien por ciento (100%) de
la asignación básica correspondientes al período comprendido entre el 9 de septiembre de 1998 y el 31 de
diciembre de 2002».
20 «QUINTO. Declarar la imprescriptibilidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones que resulten procedentes respecto de los períodos efectivamente laborados por la demandante en
cargos de fiscal de la Fiscalía General de la Nación, los cuales deben ser realizados:
[…]b) Respecto del cien por ciento (100%) de la asignación básica mensual, por causa del fraccionamiento
salarial identificado por la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 15 de diciembre de 2020,
correspondiente a los períodos efectivamente laborados en cargos de fiscal entre el 9 de septiembre de 1998 y
el 31 de diciembre de 2002. ».
21 Fecha que no será modificada, en atención a que el juez limitó la condena de los aportes al 2014 y la
interesada no lo apeló.
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Radicación: 19001-23-33-000-2023-00141-02 (1705-2026)
74 La sala precisa que los aportes al Sistema General de Pensiones constituyen
un derecho imprescriptible e irrenunciable22 y, por virtud de lo dispuesto en el
artículo 17 de la Ley 100 de 199323 son obligatorios, no solo por su naturaleza
parafiscal, sino por la sostenibilidad del propio sistema.24 Igual situación se predica
respecto de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud,25
que deben efectuarse aun cuando las normas de un régimen salarial no las
contemple.
75 Su procedencia no depende de que la actora hubiera solicitado
expresamente tales cotizaciones en sede administrativa o judicial, ni de que la Ley
4.ª de 1992 o la sentencia del 15 de diciembre de 2020 hubieran efectuado una
referencia específica a los aportes al sistema de salud, pues se trata de un deber y
un derecho derivado de normas de orden público que no pueden ser desatendidos.
76 En ese contexto, la demandada debe realizar la respectiva reliquidación con
el fin de determinar el monto de los aportes adeudados a partir del 26 de abril de
200726, durante los tiempos en que la actora ejerció como fiscal en propiedad, en
encargo del cargo o en provisionalidad.
77 Finalmente, con el fin de sustentar la prosperidad parcial de estas
pretensiones, se ordenará estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre
de 2022 proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, 27 mediante la
cual se declaró la nulidad de algunos artículos de los decretos salariales anuales,
expedidos entre 1993 y 2017, que establecieron la prima especial creada por el
artículo 14 de la Ley 4.a de 1992 como una parte del salario y no como un pago
adicional equivalente al 30 % de aquel y concluyó que «la prima de servicios no
puede ser inferior al 30 % del salario básico mensual y que además ella es una
adición a éste». Conforme a lo anterior, se modificará el numeral primero28 de la
sentencia impugnada, con el fin de incluir lo señalado en precedencia.
22 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «[…] la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales. […]».
23 «[…] ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen. […]»
24 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección
Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
4 de septiembre de 2025. Radicado 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023). Providencia en la que se
precisó que los mencionados giros constituyen contribuciones parafiscales que, entendidos como tributos.
26 Fecha en la cual empezó a desempeñar el cargo de fiscal, en encargo del cargo.
27 Radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018).
28 Que dispuso declarar la nulidad de los actos acusados.
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Radicación: 19001-23-33-000-2023-00141-02 (1705-2026)
De la condena en costas en segunda instancia
78 La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
79 La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
80 En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
81 En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia a la parte
recurrente, porque las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas
de manera parcial, de modo que no puede predicarse que alguna de las partes haya
sido vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de dicha condena en
esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del doce (12) de junio de
dos mil veintiséis (2026) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
en el sentido de incorporar lo siguiente:
«ESTARSE a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 2022 de la
Sala de Conjueces del Consejo de Estado, emitida en el proceso 11001 03 25
000 2018 01101 00 (3974-2018)».
Segundo: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia del doce (12) de junio de
dos mil veintiséis (2026) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
en el sentido de suprimir el literal b).
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Tercero: MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia del doce (12) de junio de
dos mil veintiséis (2026) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
en el sentido de suprimir el literal b) y en el literal a) precisar la fecha inicial de
reconocimiento de los aportes al sistema general de seguridad social. El literal a)
quedará así:
QUINTO. Declarar la imprescriptibilidad de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones que resulten procedentes respecto de los
períodos efectivamente laborados por la demandante en cargos de fiscal de la
Fiscalía General de la Nación, los cuales deben ser realizados:
a) Respecto de la prima especial de servicios como valor adicional a la
asignación básica mensual equivalente al treinta por ciento (30%),
correspondiente a los períodos efectivamente desempeñados en cargos de
fiscal a partir del 26 de abril de 2007, durante los períodos laborados por la
señora Astrid Yelena, en el cargo beneficiario, hasta el 20 de febrero de 2014.
Para el efecto, la entidad deberá verificar las fechas en que la accionante
laboró como fiscal en propiedad, en encargo del cargo o en provisionalidad a
partir del mes y año mencionados.
Cuarto: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del doce (12) de junio de dos mil
veintiséis (2026) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Quinto: Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.
Sexto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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