Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00139-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00139-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00139-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
4 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023)
Demandante: Cielo Mar Obregón Salazar
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Tema: Prima especial. Aportes a pensión. Principio de
congruencia. MODIFICA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia proferida el 31 de octubre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Cielo Mar Obregón Salazar interpuso demanda en contra de la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la Resolución 4256 del 5 de mayo de 2017, a través
de la cual la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, negó la
reliquidación y pago de las diferencias salariales y prestacionales, en virtud de la
prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y, del acto ficto
producto del silencio administrativo negativo en el que incurrió la entidad frente al
recurso de apelación interpuesto en contra del referido acto.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023)
Que se inapliquen por inconstitucionales los decretos salariales emitidos entre 2008
y 2018, dentro de los que se prevea que el 30% del salario corresponde a la prima
especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
Que se condene a la demandada a reliquidar y pagar las diferencias salariales y
prestacionales devengadas en su calidad de juez de la República, teniendo en
cuenta el 100% de la asignación, y la prima especial de servicios, sin carácter
salarial, como un aumento al salario.
Que se reconozca la incidencia de dicho cálculo para el ajuste de las cotizaciones
en salud y pensión.
Que se reajusten las sumas reconocidas, se condene en costas y se dé
cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los artículos 187, 188, 189
y 192 del CPACA.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que ha prestado sus servicios en la Rama Judicial de forma ininterrumpida en
diferentes cargos desde el 16 de octubre de 1992. Y en calidad de juez de la
República durante los siguientes periodos: del 21/07/2006 al 30/09/2007; del
8/09/2009 al 25/11/2009; del 9/08/2010 al 16/12/2010; del 30/11/2011 al
13/01/2013; del 29/08/2013 al 30/11/2015; del 20/04/2016 al 13/09/2016 y del
9/11/2017 a la fecha.
Que el 17 de abril de 2017 solicitó a la demandada reliquidar y pagar las diferencias
salariales y prestacionales, con inclusión de los aportes a pensión y salud, entre lo
percibido y lo que debió recibir, durante los periodos en que ocupó el cargo de juez,
teniendo la prima especial como un aumento del salario en los términos descritos
en la sentencia del 29 de abril de 2014, proferida por el Consejo de Estado.
Que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de los actos
administrativos demandados negó lo pedido.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Como normas violadas se citaron los artículos 2, 4, 13, 25, 29, 53, 83, 136, 150
numeral 19 y 209 de la Constitución Política; 2 y 14 de la Ley 4ª de 1992; 152
numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996; 127, 128 y 143 del CST. Así como
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la Convención Interamericana de Derechos Humanos; los Convenios 95, 100, 111
y 151 de la OIT.
Que los actos demandados fueron expedidos con desconocimiento de la
Constitución, la Ley y el precedente que sobre el concepto de salario y prima han
desarrollado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, respectivamente;
porque omitieron la forma correcta en que se debe reconocer la prima especial de
que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, pues se tuvo en cuenta como parte
integrante de la asignación básica y no un aumento de esta, con lo que generó una
disminución en el salario y, por ende, en las prestaciones sociales de sus
beneficiarios. Para el efecto, citó, entre otras, las decisiones del 2 de abril de 20091
y 29 de abril de 20142 expedidas por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 17 de noviembre de 2020 y notificada la demandada3
se opuso a las pretensiones, bajo el argumento de que los actos demandados
fueron proferidos de conformidad con la Constitución y la Ley. Indicó que, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prima especial no
tiene carácter salarial, es decir, que no constituye factor para la liquidación de las
prestaciones sociales.
Propuso como excepciones: «IMPOSIBILIDAD PRESUPUESTAL DE RECONOCER LOS
DERECHOS RECLAMADOS POR EL ACTOR», integración del litis consorcio necesario,
prescripción e innominada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria4, mediante sentencia
del 31 de octubre de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones, porque la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 debe ser entendida como un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores
beneficiarios de aquella. Para el efecto, citó, entre otras, las decisiones del 2 de abril
de 20095, 29 de abril de 2014 y 2 de septiembre de 20196, proferidas por el Consejo
de Estado.
Concluyó que la demandante tiene derecho «a la reliquidación y pago de sus ingresos
1 Radicado: 11001-03-25-000-2007-00098-00
2 Radicado: 11001-03-25-000-2007-00087-00
3 Folios 82 a 85
4 Folios 113 a 122.
5 Radicado: 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07)
6 Radicado: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18)
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mensuales, liquidados a partir del 17 de abril de 2014 y hasta la fecha en que funja o fungió
en el cargo de Juez […] u otro equivalente», sobre la base del 100% del salario básico
más el 30% de la prima especial de servicios, sin carácter salarial, y las prestaciones
sobre la base de todo el salario sin restar el 30%, a título de prima especial.
Que las sumas causadas con anterioridad al 17 de abril de 2014 se encuentran
prescritas, y el reconocimiento ordenado en favor de la demandante, en caso de
resultarle aplicable el Decreto 610 de 1998, estará sujeto al tope del 80% de lo que
por todo concepto percibe un magistrado de alta corte.
Que «la prima del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 es un incremento sobre el salario básico
y que el carácter salarial de la Prima Especial del 30% solo aplica para efectos de cotización
a pensión»
RECURSO DE APELACIÓN
Parte demandada7 interpuso recurso de apelación bajo el argumento de que se
vulneraron los principios de congruencia y justicia rogada, al condenar a la entidad
a reliquidar la pensión o efectuar los aportes al sistema de seguridad social en
pensión y salud, teniendo en cuenta para el efecto la prima especial contenida en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, aun cuando esto no se pidió en sede administrativa
ni judicial.
Que el Tribunal omitió exponer los argumentos que lo llevaron a concluir que la
prima especial constituye factor para efectos de cotizar en el sistema de seguridad
social en pensiones y salud
Que se encuentra en «LA IMPOSIBILIDAD PRESUPUESTAL (...) DE RECONOCER A LOS JUECES
LAS DIFERENCIAS RECONOCIDAS», toda vez que el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público no ha asignado los recursos para cubrir el reconocimiento de acreencias
laborales como la que se ordenó en el presente asunto; y actuar sin el respaldo
presupuestal desconocería las disposiciones contenidas en el artículo 71 del
Decreto 111 de 1996.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 28 de noviembre de 2022 fue admitido el recurso de apelación, y se dispuso que,
una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a despacho para fallo.
Las partes guardaron silencio
7 Folios 129 a 134.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023)
El Ministerio Público pidió modificar confirmar la sentencia apelada.
CONSIDERACIONES
Cuestión previa
Los magistrados Jorge Iván Duque Gutiérrez, con fundamento en la causal 1 del
artículo 141 del CGP y Luis Eduardo Mesa Nieves, con base en las causales 1, 6 y
14 de la misma normativa, manifestaron impedimento para conocer el presente
asunto, en su orden, el 21 de septiembre de 2023 y 26 de junio de 2024.
La Subsección B, de la Sección Segunda, a través de auto del 29 de noviembre de
2024, declaró infundado el impedimento manifestado por el primero de ellos y
fundado el alegado por el segundo. De ahí que, el doctor Luis Eduardo Mesa Nieves
no hará parte de la sala que resuelve el recurso de apelación.
Asunto a resolver
El problema jurídico según el recurso de apelación interpuesto se contrae a
determinar si fueron vulnerados los principios de congruencia y justicia rogada al
condenar a la entidad a la reliquidación o a efectuar los aportes a pensión y salud.
Del principio de congruencia
El artículo 281 del CGP, respecto de la congruencia de la sentencia, prevé lo
siguiente:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio. […]»
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Al respecto, esta corporación en diferentes decisiones, entre otras, las emitidas el
25 de enero de 20188, 4 de marzo de 20219 y 22 de noviembre de la misma
anualidad10, ha sostenido que el principio de congruencia constituye un límite al
contenido de las decisiones judiciales, de manera que lo resuelto guarde identidad
jurídica con las peticiones y excepciones propuestas por las partes en el marco del
litigio, salvo que la ley otorgue facultades oficiosas al juez. Dicho de otro modo, este
principio es entendido como la correspondencia entre lo que se decide por el juez y
lo que constituye la materia del litigio, sin incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o
minuspetita11, como regla general.
Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, i) externa: cuando la decisión está
en armonía con lo pedido y alegado por las partes y ii) interna: cuando existe
coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de
la providencia12.
Resolución del caso
Se advierte que en sede administrativa la demandante pidió, expresamente, entre
otras, «Reconocer y pagar la incidencia sobre las demás obligaciones legales (aportes a
seguridad social) que conlleva las reliquidaciones y reajustes peticionados». Así como
también lo hizo en la demanda, así:
«1.7. CONDENAR a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a: reliquidar y reajustar, mes a
mes, los demás factores SALARIALES Y PRESTACIONALES (BONIFICACIÓN
POR SERVICIOS PRESTADOS, PRIMA DE SERVICIOS, PRIMA DE
VACACIONES, VACACIONES, PRIMA DE NAVIDAD, CESANTÍAS,
INTERESES A CESANTÍAS) y demás devengados […]
1.9. CONDENAR a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL- al reconocimiento y pago de la
incidencia sobre las demás obligaciones legales (cotización en pensión – salud)
que conlleva las reliquidaciones, reajustes y pagos peticionados […]» (Se
subraya)
8 Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado: 25000-23-41-000-2013-00911-01.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021, radicación: 11001-
03-25-000-2013-01223-00 (3095-13), MP. César Palomino Cortes.
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación:
11001-03-26-000-2019-00001-00 (63.104), M.P. María Adriana Marín.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de 7
de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de 2002,
radicación: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una providencia judicial, no se respeta el
principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en
reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho
que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una
causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre
una de las pretensiones.»
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de noviembre
de 2007. Expediente: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío Ospina Garzón. Demandado:
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
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De acuerdo con el apartado transcrito, se advierte que no le asiste razón al
recurrente, pues la demandante sí solicitó el reconocimiento y pago de las demás
prestaciones sociales, específicamente, pidió condenar al pago de los aportes en
pensión y salud, teniendo en cuenta la incidencia que el reajuste de su salario en
un 100%, respecto de la prima especial de servicios genera sobre aquellas. Por
consiguiente, no se vulneraron los principios alegados, máxime teniendo en
consideración que, en todo caso, es una obligación legal del empleador realizar los
respectivos aportes frente a la totalidad del salario y aquellas prestaciones que
hagan parte del ingreso base para efectos de la liquidación de la pensión de
jubilación, conforme lo dispone el artículo 17 de la Ley 100 de 199313.
Aunado a lo anterior, es preciso destacar que, contrario a lo señalado en el recurso
de alzada, el Tribunal expuso en debida forma, que, de acuerdo con las
disposiciones contenidas en la Ley 332 de 1996 en armonía con la jurisprudencia
desarrollada tanto por la Corte Constitucional14 como por el Consejo de Estado15, la
prima especial se debía tener en cuenta para liquidar la pensión de jubilación. De
ahí que no se observa falta de motivación en relación con la orden de efectuar las
respectivas cotizaciones.
Sobre el punto, se destaca que, en efecto, esta corporación en distintas decisiones,
entre ellas, las sentencias del 2 de septiembre de 2019, 11 de julio de 2023 16, 5 de
septiembre de 202317, 5 de diciembre de 202318, 6 de agosto de 202419 y 18 de
diciembre de 202420 ha sostenido que la prima especial no tiene carácter salarial,
salvo para efectos de pensión. Lo cual guarda armonía con lo sostenido por la Corte
Constitucional en la sentencia C-279 de 1996.
En consecuencia, la demandante sí tiene derecho al reconocimiento y pago de los
aportes a pensión por las diferencias reconocidas en el presente asunto y que no
realizó la entidad demandada, sin prescripción alguna, por tratarse de un derecho
13 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
14 Para el efecto cito: C-279 de 1996
15 Para el efecto citó las sentencias del 27 de junio de 2012 bajo el radicado: 2005-00827-02 (0477-09) con
ponencia del conjuez Gabriel de Vega Pinzón; 12 de septiembre de 2018 bajo el radicado: 2012-00183-02
(3546-2015) con ponencia del conjuez Néstor Raúl Correa y 2 de septiembre de 2019 bajo el radicado: 2016-
00041-02 (2204-2018) con ponencia de la conjuez Carmen Anaya de Castellanos.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:
73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:
250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023)
cierto, irrenunciable e imprescriptible que se reconoce en cabeza del servidor público
que presta sus servicios laborales al Estado21, no obstante se modificará la decisión
que se dio sobre este rubro en el sentido de precisar que se tendrán que efectuar las
cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de
pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración,
conforme a la proporción que le corresponda al empleado y al empleador de acuerdo
con los porcentajes de ley, respecto de las diferencias no cotizadas, las cuales
deberán ser dirigidas al Fondo Administrador de Pensiones al que estuviere afiliada.
Ahora, en lo que tiene que ver con los aportes al Sistema de Seguridad Social se
advierte que constituyen contribuciones parafiscales que, entendidas como tributos
según la Sección Cuarta del Consejo de Estado22, tienen una naturaleza de
imprescriptibilidad y de obligatoriedad de recaudo basado en los principios de
universalidad y solidaridad, lo cual implica la imposición de realizar el descuento
respectivo a los sujetos obligados sin importar la disponibilidad o no del servicio a
título de contraprestación.
Lo anterior encuentra respaldado también en las sentencias C-179 de 1997, y
específicamente en la SU-480 del 25 de septiembre de 1997 a partir de las cuales
la Corte Constitucional ratificó que los aportes al sistema de salud, al igual que los
demás tributos, a excepción de las tasas, tienen una naturaleza jurídica impositiva
derivada del poder estatal de recaudo, sin que se pueda predicar correlativamente
un beneficio directo para el sujeto pasivo de dicha carga.
Es decir, la contribución parafiscal como la cotización en salud se paga porque es
una obligación de todo afiliado para financiar el Sistema General de Seguridad
Social en Salud, al margen de que acceda o no al mismo por factores internos o
externos a su voluntad, tanto así que tales recursos no son de propiedad del
cotizante, tampoco hacen parte del patrimonio de las EPS o las diferentes
administradoras especiales, y mucho menos constituyen partidas del presupuesto
nacional.
En realidad, estos son giros de dinero que se efectúan con el fin de que sean
compensados23 bajo la figura de la UPC, la cual la ADRES distribuye por afiliado a
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de agosto de 2016; Consejero ponente: Carmelo
Perdomo Cuéter; Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16.
22 Sentencias de 31 de agosto de 2006, Exp. 14008 C.P. Ligia López Díaz y 30 de octubre de 2008, Exp. 16099.
23 Decreto 780 de 2016 (Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social). ARTÍCULO 2.6.1.1.2.1. Definición del proceso de Compensación. Se entiende por
compensación, el proceso mediante el cual se descuentan de las cotizaciones recaudadas íntegramente e
identificadas de manera plena por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y demás Entidades Obligadas a
Compensar (EOC), para cada periodo al que pertenece el pago de la cotización; los recursos destinados a
financiar la subcuenta de Promoción de la Salud del Fosyga, los de solidaridad del Régimen de Subsidios en
Salud que financian la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga y los recursos que el Sistema reconoce a las EPS
y a las EOC por concepto de Unidades de Pago por Capitación (UPC).
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023)
las distintas EPS o EOC, luego de realizar los respectivos abonos a las subcuentas
respectivas del sistema, sin que este concepto se encuentre condicionado a la
prestación o no de un servicio específico respecto de cada usuario cotizante, ya que
lo que se busca es cubrir todas las tecnologías en salud previstas en el plan de
beneficios y que hayan sido facturadas en determinados períodos, indistintamente
de la que haya recibido una u otra persona, pues en cada caso podrá ser mayor o
menor el costo generado por la atención, lo cual hace que el valor de la cotización
individual no se vea necesariamente reflejado en lo suministrado al paciente.
Como se observa, el aporte en salud de cada obligado es fundamental para que se
puedan financiar todos los tratamientos, medicamentos, dispositivos, consultas y
demás componentes de la atención en salubridad de cada uno de los usuarios del
sistema, y no solo de quien realiza la contribución, ello precisamente en
cumplimiento de los principios esenciales aludidos anteriormente.
Como fundamento de lo anterior, basta con precisar que los artículos 157 de la Ley
100 de 199324 y 2.1.4.1. del Decreto 780 de 201625 prevén que todo colombiano
participará en el servicio de salud, dentro de los cuales algunos actúan como
afiliados cotizantes obligatorios, entre estos, quienes tienen a cargo la totalidad del
aporte según el artículo 143 de la primera norma. De ahí que no haya lugar a revocar
la decisión adoptada por el Tribunal en cuanto a ordenar se efectúen las
correspondientes cotizaciones al sistema de salud por todo el tiempo reclamado.
Como resultado de lo anterior, los recursos provenientes del superávit de las cotizaciones recaudadas se
trasladarán a las respectivas subcuentas del Fosyga y este, a su vez, girará o trasladará a las cuentas de las
EPS y EOC las sumas que resulten a su favor.
En el proceso de compensación se reconocerán a las EPS y EOC los recursos para financiar las actividades de
promoción y prevención. De igual forma, se reconocerán los recursos de la cotización a las EPS y a las EOC
para que estas entidades paguen las incapacidades por enfermedad general a los afiliados cotizantes.
24 «[…] ARTÍCULO 157. Tipos de participantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. A partir
de la sanción de la presente Ley, todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que permite el
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen
contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes vinculados.
A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.
Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en salud:
1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través de contrato
de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad
de pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del régimen contributivo de que trata
el capítulo I del Título III de la presente Ley. […]» (Subrayado intencional).
25 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social”. ARTÍCULO
2.1.4.1. Afiliados al régimen contributivo. Pertenecerán al Régimen Contributivo del Sistema General de
Seguridad Social en Salud
1. Como cotizantes:
1.1. Todas aquellas personas nacionales o extranjeras, residentes en Colombia, vinculadas mediante contrato
de trabajo que se rija por las normas colombianas, incluidas aquellas personas que presten sus servicios en las
sedes diplomáticas y organismos internacionales acreditados en el país.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023)
Finalmente, contrario a lo pretendido por la entidad, el derecho que le asiste a la
demandante no puede estar condicionado al trámite administrativo que la accionada
deberá adelantar ante el organismo correspondiente para que se asigne el rubro
destinado al cumplimiento de la sentencia judicial, so pena de desconocer el núcleo
esencial del debido proceso y el Estado Social de Derecho.
De la condena en costas en segunda instancia.
La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los tramites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume, en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas respecto de la parte vencida en el proceso.
En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandada, toda vez que no
prosperaron sus argumentos de apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaria
del Tribunal Administrativo de Caldas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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FALLA
Primero: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia del 31 de octubre de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, solo en
el aparte en que dispone el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, así:
Se deben efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social
en materia de pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su
remuneración, conforme a la proporción que le corresponda al empleado y al
empleador de acuerdo con los porcentajes de ley, respecto de las diferencias no
cotizadas, las cuales deberán ser dirigidas al Fondo Administrador de Pensiones al
que estuviere afiliada la demandante.
Segundo: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del 31 de octubre de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria.
Tercero: Condenar en costas a la parte demandada en esta instancia, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Cuarto: Reconocer personería al abogado Sergio Mario Márquez Medina 26 como
apoderado de la parte demandada, de conformidad con el poder obrante en el índice
13 de SAMAI.
Quinto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Con impedimento
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
26 A la fecha, el abogado no reporta antecedentes disciplinarios. Véase:
https://antecedentesdisciplinarios.cndj.gov.co/
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