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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00840-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00840-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: REVOCAR el numeral primero de la sentencia del veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, para ESTARSE a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 2022 de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, emitida en el proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018). Segundo: MODIFICAR los numerales cuarto y quinto de la sentencia del veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, con el fin de disponer en un solo numeral lo siguiente: «CUARTO.- Condénese a la Nación – Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar al demandante, DIEGO FERNANDO FERNÁNDEZ ÁVILA, de manera retroactiva, desde el 26 de enero de 2014 y durante los períodos en los que se desempeñó como fiscal, hasta el 31 de diciembre de 2020, la prima especial de servicios equivalente al 30 % de la asignación básica mensual, como una adición a la remuneración básica mensual. Con la precisión de ser factor salarial para la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación laboral, desde el 1.° de abril de 2003 y en adelante, solamente mientras ocupe o haya ejercido uno de los cargos beneficiarios del derecho, así como para aportes a seguridad social en salud, conforme a lo expuesto en la parte motiva. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Radicación: 25000-23-42-000-2021-00840-01 (6031-2022) Tercero: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria. Cuarto: CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. Quinto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00840-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00840-01 (6031-2022)
Demandante: Diego Fernando Fernández Ávila
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Tema: Prima especial. MODIFICA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la sala1 los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, por medio de la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Diego Fernando Fernández Ávila interpuso demanda en contra de
la Nación, Fiscalía General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del Oficio DS-06-12-6SAJ-0338 del 28 de marzo
de 2017 y de la Resolución 22002 del 30 de junio de 2017, a través de los cuales
la Fiscalía General de la Nación, negó la reliquidación y el pago de las diferencias
debidas por concepto de salarios y prestaciones sociales, en virtud de la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.

3. A título de restablecimiento del derecho se ordene pagar la prima especial de
servicios equivalente al 30 % de su remuneración, así como las prestaciones
sociales que tengan como base dicho factor para efectos de liquidación.

1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente
proceso. De otro lado, cabe precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves se declaraba impedido
respecto de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por tener un proceso activo en el que se
debatía un asunto similar, el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión que
se encuentra ejecutoriada, por lo que no existe pleito pendiente entre las partes o interés actual al respecto.

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4. Que se actualicen las sumas reconocidas y se cancelen los intereses
correspondientes

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

5. Que se incorporó a la Fiscalía General de la Nación como auxiliar judicial
local, y ha prestado sus servicios así: «del 1.° de abril de 2003 al 1.° de agosto de
2006, como fiscal delegado ante los jueces municipales y promiscuos; del 1.° de
agosto de 2006 al 28 de agosto de 2006, como fiscal delegado ante los jueces del
circuito; del 28 de agosto de 2006 al 18 de abril de 2008, como fiscal delegado ante
los jueces del municipales y promiscuos; desde el 18 de abril de 2008 hasta la fecha,
como fiscal delegado ante los jueces del circuito».

6. Que el 26 de enero de 2017 solicitó a la demandada reconocer la prima
especial de servicios, equivalente al 30% de su salario y reliquidar las prestaciones
sociales, con la inclusión del mencionado emolumento, petición que se negó a
través de los actos demandados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

7. Considera violados los artículos: 2, 5, 6, 9, 13, 48, 53, 89, 93, 95, 122, 123,
150, 189, 209, 228, 253 de la Constitución Política, 152, numeral 7, de la Ley 270
de 1996; 11, 13, 21, 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo; 1, 2, 4 y 14 de la
Ley 4.ª de 1992

8. Que los actos acusados fueron expedidos con desconocimiento de la
Constitución, la ley y del precedente desarrollado por esta corporación pues tienen
como fundamento los decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional que
establecieron que el 30% del salario básico mensual se consideraba prima especial
de servicios sin carácter salarial, lo que generó una disminución en la asignación
básica y en las prestaciones sociales del actor. Citó, entre otras, la decisión del 29
de abril de 20142, proferida por el Consejo de Estado.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

9. El 10 de noviembre de 2021 fue admitida la demanda. La entidad3 señaló que
ha liquidado los salarios y las prestaciones sociales con base en el 100 % de la
remuneración, teniendo en cuenta que para la época en la que el demandante
empezó a laborar como fiscal, desde el 2003 hasta el 2020, no pagaba la prima
especial de servicios, en razón a que para esas anualidades no fue regulada y, por
ende, tampoco se efectuó deducción alguna por ese concepto. No obstante, precisó,

2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 29 de abril de

2014. Expediente: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-2007). C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
3 Folios 63 a 68.

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que a partir del año 2021 cancela tal emolumento, en cumplimiento del Decreto 272
de 2021.

10. Propuso como excepciones las de: «prescripción», «carencia de objeto»,
«inaplicabilidad como factor salarial diferente al ingreso base de liquidación de la
pensión de jubilación», «improcedencia de extralimitar el límite previsto en el artículo
4.° de la Ley 4.ª de 1992».

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, mediante
sentencia del veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022)4, accedió
parcialmente a las pretensiones. Expuso que la prima especial prevista en el artículo
14 de la Ley 4.ª de 1992 debe ser entendida como un incremento y no una
disminución de la remuneración básica de los servidores beneficiarios.

12. Dispuso estarse a lo resuelto en la sentencia del 15 de diciembre de 2020;
declaró la prescripción de las sumas causadas con anterioridad al 26 de enero de
2014 y condenó a la demandada a reconocer y pagar «el REAJUSTE SALARIAL
que corresponda al 30% del salario básico mensual, con sus consecuencias
prestacionales en la reliquidación en idéntico porcentaje […] causados desde el 26
de enero de 2014, en adelante, y hasta cuando funja como fiscal delegado ante los
jueces del circuito […] con la precisión de ser factor salarial para la reliquidación de
la pensión de jubilación durante toda la relación laboral así (sic) para aportes a
seguridad social en salud […]»

RECURSOS DE APELACIÓN

13. La parte demandada5 interpuso recurso de apelación en el que sostuvo que,
en cumplimiento de los decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional, desde
2003 hasta el 2020, ha liquidado y pagado el 100% del salario y de las prestaciones
al actor, por lo que, lo único que se adeuda es la prima especial de servicios,
equivalente al 30 % del salario, como adición a la remuneración.
14. Que el extremo final de la condena corresponde al 31 de diciembre de 2020
y no «hasta cuando funja como fiscal delegado ante los jueces del circuito o de los
cargos destinatarios del derecho», debido a que, en virtud del Decreto 272 de 2021,
ha cancelado la prima especial de servicios, a partir del 1.° de enero de 2021.

15. Frente a la orden relativa a considerar la prima como factor salarial para la
reliquidación de la pensión de jubilación y para los aportes al sistema de seguridad
social en salud durante toda la relación laboral, solicitó que, en caso de confirmarse
la sentencia, se aclare que el reconocimiento solo procede respecto del tiempo
desempeñado en el cargo de fiscal, teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la
Ley 476 de 1998.

4 Folios 122 a 143.
5 Folios 151 a 154.

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16. La parte demandante6 indicó que, en el caso concreto, no aplica la sentencia
del 15 de diciembre de 2020. Que cuando radicó la reclamación ante la entidad no
había pronunciamiento respecto a la aplicación de la prescripción ni de los artículos
que regulaban la prima especial para los fiscales, por lo que no se configuró tal
fenómeno jurídico.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

17. El 13 de mayo de 2025 se admitieron los recursos. La parte demandada y el
agente del Ministerio Público no se pronunciaron.

Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES

18. Deberá resolver la subsección si el demandante tiene derecho al
reconocimiento de la prima especial de servicios como componente adicional de la
asignación básica y a la reliquidación de las prestaciones sociales con base en el
100 % de su remuneración, sin descontar el 30 % del referido emolumento; si operó
el fenómeno de la prescripción; si, para efectos de la reliquidación de los aportes al
sistema de seguridad social en pensión y salud, deben tenerse en cuenta
únicamente los períodos laborados en calidad de fiscal, a partir del 9 de septiembre
de 1998; y si el extremo final de la condena debe limitarse al 31 de diciembre de
2020.

Marco normativo y jurisprudencial

De la prima especial. Artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992

19. La Ley 4.ª de 1992 en el artículo 14 determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

20. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional fijó el régimen salarial y
prestacional aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante
el Decreto 53 de 1993, el cual sería de obligatorio cumplimiento para quienes
ingresaran con posterioridad a la vigencia de tal normativa.

6
Folios 156 a 157.
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21. Adicionalmente se dispuso que quienes hubiesen estado vinculados antes del
28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por mantener la regulación
propia del Decreto 2699 de 1991, o bien por el definido en el primer decreto en
mención, sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de
19927 que excluyó para estos efectos el beneficio de la prima especial.

22. Respecto del alcance de dicho emolumento, el artículo 1.º de la Ley 332 de
19968 contempló que este haber constituye parte del ingreso básico solo para
efectos de la liquidación de la pensión de jubilación a quienes fueran titulares de
este derecho.

23. Sin embargo, con la expedición de Ley 476 de 1998 se aclaró dicha disposición
«[…] en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de
1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la
escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con
posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial de
servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores
que lo subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del
salario base de liquidación de la pensión de jubilación. […]».

24. Ahora bien, se destaca que los artículos de los decretos salariales emitidos por
el Gobierno nacional que regulaban la prima especial para los servidores de la
Fiscalía General de la Nación durante el período comprendido entre 1993 y 2002,
fueron anulados por el Consejo de Estado9 al haber identificado que resultaba ilegal
considerar tal emolumento en un 30% como un componente integrador de la
asignación básica, en la medida en que tal disposición implicaba la pérdida del valor
real de la remuneración mensual fijada cada año.

25. Por su parte, ante estas decisiones de nulidad, posteriormente los decretos que
fijaron la remuneración mensual de tales empleados del ente acusador, en especial
desde la expedición del Decreto 3549 de 2003 en adelante, lo que hicieron fue dejar
de regular la prima especial, por lo que, si bien reconocieron el 100% del salario
básico, lo cierto es que se abstuvieron de pagar de manera adicional el referido
haber laboral.

7 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la

Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
8 Artículo 6: «el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos se

considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal Nacional,
jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, jefe Unidad Regional de Fiscalía,
Fiscal ante Tribunal de Distrito, fiscal regional, jefe Unidad Seccional de Fiscalía, Fiscal Seccional, secretario
general, directores nacionales, directores regionales, directores Seccionales, jefes de Oficina, jefes de
División».
9 En sentencia del 14 de febrero de 2002 (197-99) se anuló el artículo 7° del Decreto 38 de 1999. En sentencia

del 15 de julio de 2004 (3531-02) se anuló el artículo 7º del Decreto 685 de 2002. En sentencia del 15 de abril
de 2004 (71201) se anuló el artículo 8° del Decreto 2743 de 2000. En sentencia del 25 de noviembre de 2004
(4419-01) se anuló el artículo 7° del Decreto 1480 de 2001. En sentencia del 3 de marzo de 2005 (17021-2005)
se anularon el artículo 6 del Decreto 53 de 1993 y 7° de los Decretos 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996 y
52 de 1997. En sentencia del 13 de septiembre de 2007 (0478-03) se anularon los artículos 7° y 8° de los
Decretos 50 de 1998 y 2729 de 2001.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00840-01 (6031-2022)

26. Esto es, en esencia se desconoció la consolidación del derecho contemplado
en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, pues si bien se dejó de descontar de la base
de la asignación como se hacía previamente, tampoco se concedió como un
componente agregado al salario, ello al menos hasta el 1.º de enero de 2021 cuando
entró en vigencia el Decreto 272 de 2021, por el cual se estableció adecuadamente
la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.

27. Precisamente sobre la materia, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado mediante la sentencia del 15 de diciembre de 202010, abordó
un caso relativo al reconocimiento de la prima especial de servicios para los
servidores de la FGN en la que se determinó11 que:

«[…] 1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia,
los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o
se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima especial
de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en
ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo
el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del
30% que había sido excluido a título de prima especial.”

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969. […]».

28. De conformidad con este recuento normativo y jurisprudencial se concluye que,
si bien la prima especial fue creada en virtud de la Ley 4.ª de 1992 con efectos
desde 1993, lo cierto es que, en el caso de los fiscales, la efectividad de su
reconocimiento dependerá de la fecha de su vinculación en razón del régimen
salarial creado con el Decreto 53 de 1993.

29. Al respecto es de resaltar que, el artículo 14 de la ley en mención excluyó
expresamente de este emolumento a quienes «[…] opten por la escala de salarios

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez

ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-2017-
00568-01(5472-18).
11 Estos mismos planteamientos se han reiterado en sentencias del Consejo de Estado proferidas el 6 de junio

de 2023, radicaciones: 05001233300020150165102 (3578-2018), 730012333000201700551 01 (2276-2019),
10 de septiembre de 2024, radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021), y 5 de noviembre 2024,
radicación: 25000-2342-000-2020-00137-02 (0687-2022).
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00840-01 (6031-2022)

de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º.) de enero
de 1993. […]». Pues bien, fue solo hasta la expedición de la Ley 476 de 1998 que
se aclaró que dicha excepción no cobijaba a los acogidos a la regulación del Decreto
53 de 1993 o a los vinculados con posterioridad a dicha norma.

30. En consecuencia, el pago de la prima especial se causó desde 1993 solo para
los fiscales vinculados antes de ese año o que decidieron no se acogerse a esta
última disposición, mientras que para quienes ingresaron en esta clase de cargos
con posterioridad o se sometieron expresamente al nuevo régimen, tal derecho
sería efectivo desde 1998, ya que fue a partir de ese momento en que se resolvió
su situación jurídica frente a la titularidad de dicho haber laboral.

31. Finalmente, además de dichas precisiones jurisprudenciales, esta corporación
mediante sentencia del 21 de septiembre de 202212 declaró la nulidad de algunos
artículos de los decretos salariales anuales expedidos entre 1993 y 2017, en la cual
señaló que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al
30% del salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».

Resolución del caso concreto

32. Se advierte que el tribunal condenó a la entidad a pagar la prima especial de
servicios, y a reliquidar las prestaciones sociales del demandante, teniendo en
cuenta tal emolumento, desde el 26 de enero de 2014 hasta la fecha en la que funja
como fiscal delegado ante los jueces del circuito, «con la precisión de ser factor
salarial para la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación
laboral, así (sic) para aportes a seguridad social en salud».

33. Lo anterior, al encontrar probado que el señor Diego Fernando Fernández Ávila
«ha estado vinculado a la Fiscalía General de la Nación, ejerciendo el cargo de
Fiscal Delegado ante los Jueces del Circuito desde el 17 de junio de 1994» (sic)13 y
ha percibido montos inferiores a los que le correspondían.

34. La subsección precisa que, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, desde
el año 2003 los decretos salariales que rigen a la FGN no previeron la prima especial
de servicios, a pesar de que el reconocimiento de ésta sí era procedente como una
adición a la asignación básica. Por esa razón, a partir del mencionado año los
salarios y prestaciones sociales se han liquidado sin realizar ningún descuento
respecto de la asignación básica, es decir, en un 100% del valor total fijado
anualmente por el Gobierno nacional.

35. Por lo expuesto, resultaría improcedente ordenar la reliquidación y pago de
las diferencias salariales y prestacionales, pues a partir del 2003 estos haberes se
han calculado correctamente al no efectuarse disminución en la remuneración
mensual, ya que la prima especial no es factor salarial para tales efectos.

12 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.

13 Folio 123.

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00840-01 (6031-2022)

36. No obstante, lo que no podía desconocerse es que la prima de que trata el
artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 constituía un derecho adquirido, por lo que tampoco
debió haberse dejado de regular lo propio en los actos expedidos desde 2003, tanto
así que el Ejecutivo tuvo que enmendar esta situación con la expedición del Decreto
272 de 2021, cuando ordenó el reconocimiento de dicho factor como una partida
adicional a la asignación básica.

37. Bajo ese entendimiento, la Fiscalía General de la Nación tenía el deber de
reconocer a favor del actor la suma equivalente al 30 % del total de su remuneración,
como componente adicional al salario, con sus respectivos efectos legales para el
cálculo de los aportes a pensión, en los períodos laborados en calidad de fiscal,
siempre y cuando continuara vinculado en el cargo beneficiario para esa fecha.

38. Frente a la forma de contabilizar la prescripción ante la supuesta inexistencia
de sentencias de nulidad respecto de los actos de reglamentación salarial, a
diferencia de lo sostenido por el recurrente, se considera que esta excepción debe
estudiarse, en la medida en que tiene aplicación sobre los efectos económicos de
esta clase de derechos, en procura de la seguridad jurídica y del interés general.
Tanto es así que debe contarse desde la fecha de exigibilidad de la situación jurídica
en tensión, la cual, para este caso, no es otra que la de su primera vinculación en
como fiscal, concretamente desde el 1.° de abril de 2003.

39. Contrario a lo indicado por el tribunal, dicho empleo no fue ejercido desde el
año 1994, pues entre el 2 de junio de 1994 y el 29 de septiembre de 2000 el
accionante se desempeñó como auxiliar judicial local, director administrativo y
financiero, técnico judicial I y II. Solo hasta el año 2003 tomó posesión como fiscal
delegado ante los jueces municipales y promiscuos.

40. Se recuerda que la fecha de exigibilidad del derecho corresponde a la de la
misma creación del emolumento, en virtud de la vigencia de los decretos
reglamentarios de la Ley 4.ª de 1992, que lo constituyeron en favor de los
beneficiarios. Tratándose de los servidores de la Fiscalía General de la Nación,
estos podían solicitar la prima especial, según el régimen aplicable, desde la fecha
de vinculación como fiscales o a partir de 1998,14 cuando debieron comenzar a
devengarlo, ello al margen de que tal concepto se haya pagado de forma incorrecta
en los decretos salariales anuales que fueran anulados mediante sentencias
posteriores.

41. Lo anterior implica que, si bien se han proferido decisiones anulatorias que
han abordado la titularidad y la forma de pago de este haber laboral, no se requiere,
en cada caso particular, una sentencia constitutiva de la situación jurídica, pues tales
providencias no tienen esa naturaleza, sino que son de carácter declarativo con

14 Ver sentencia del 15 de diciembre de 2020 en la que se indicó que: «[…] A partir de la entrada en vigor de la

Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el
Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima especial de
servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente. […]»
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00840-01 (6031-2022)

efectos ex tunc, lo cual ratifica que el derecho en discusión, al ser de creación legal,
era susceptible de reclamación sin que fuera necesario un pronunciamiento judicial
previo. De modo que, no prospera el argumento del accionante sobre este aspecto.

42. Definidos estos puntos, se advierte que, como el señor Diego Fernando
Fernández radicó la reclamación administrativa el 26 de enero de 201715, al tenor
de los lineamientos jurisprudenciales expuestos en el marco normativo, se
encuentran prescitos los valores adeudados a título de prima especial causados con
anterioridad a los 3 años previos a la presentación de la solicitud, esto es, al 26 de
enero de 2014.

43. Es decir que el demandante tiene derecho a que se le pague la prima especial
de servicios desde el 26 de enero de 2014, durante los tiempos en que ejerció como
fiscal y mientras ocupe alguno de los cargos beneficiarios del derecho contemplado
en la norma.

44. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario señalar que el fenómeno extintivo no
opera en relación con los aportes a pensión generados sobre el valor de la prima
especial de servicios durante el período de vinculación como fiscal, en la medida en
que el referido factor debió incluirse en el IBC del actor, exclusivamente para cotizar
al Sistema de Seguridad Social, lo cual constituye una obligación imprescriptible
e irrenunciable16, y por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de
199317 son obligatorios no solo por su naturaleza parafiscal, sino por la
sostenibilidad del sistema.18 Igual situación se predica respecto de las cotizaciones
al Sistema General de Seguridad Social en Salud,19 que deben efectuarse aun
cuando las normas de un régimen salarial no las contemple, o al margen de la
disponibilidad del servicio a título de contraprestación.

45. En ese contexto, surge el deber de la entidad de realizar la respectiva
reliquidación con el fin de determinar el monto de los aportes adeudados, desde el
1.º de abril de 200320, en los tiempos en que ejerció como fiscal.

46. Ahora bien, se observa que el tribunal dispuso el pago de las prestaciones
sociales teniendo en cuenta la prima especial de servicios, pese a que, conforme a

15 Folios 96 a 98.
16 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero

ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
17 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán

efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
18 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección

Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

4 de septiembre de 2025. Radicado 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023). Providencia en la que se
precisó que los mencionados giros constituyen contribuciones parafiscales que, entendidos como tributos.
20 Fecha en la cual empezó a desempeñar el cargo de fiscal.

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00840-01 (6031-2022)

lo expuesto, la entidad ha venido cancelando desde el 2003 la totalidad del sueldo
sin efectuar descuento alguno.

47. En ese orden, se modificarán los numerales cuarto y quinto de la sentencia
apelada, en el sentido de excluir lo relativo al reajuste de las prestaciones sociales
y, en su lugar, ordenar a la Fiscalía General de la Nación reconocer únicamente las
diferencias adeudadas por concepto de la prima especial de servicios.

48. De igual manera, prospera el argumento de apelación relacionado con el
límite temporal de la condena, ya que, según las constancias21 remitidas con la
contestación de la demanda, en el año 2021 el demandante percibió, en su
condición de fiscal delegado ante los jueces del circuito,22 la remuneración mensual
constituida por la asignación básica y los gastos de representación por valor de $
8.691.427, así como la prima especial de servicios en una suma de $ 2.607.428.

49. Tales valores corresponden a los previstos en el Decreto 987 de 2021,
mediante el cual se fijó el régimen salarial y prestacional de los servidores de la
fiscalía. Lo anterior evidencia que, para dicha anualidad, la demandada canceló
adecuadamente el derecho objeto de litigio. En consecuencia, se modificará el
mismo numeral para precisar que el restablecimiento del derecho comprenderá las
sumas causadas hasta el 31 de diciembre de 2020.

50. Finalmente, con el fin de sustentar la prosperidad parcial de estas
pretensiones, se ordenará estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre
de 2022 proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, 23 mediante la
cual se declaró la nulidad de algunos artículos de los decretos salariales anuales,
expedidos entre 1993 y 2017, que establecieron la prima especial creada por el
artículo 14 de la Ley 4.a de 1992 como una parte del salario y no como un pago
adicional equivalente al 30 % de aquel y concluyó que «la prima de servicios no
puede ser inferior al 30 % del salario básico mensual y que además ella es una
adición a éste». Conforme a lo anterior, se revocará el numeral primero de la
sentencia impugnada que se estuvo a lo dispuesto en la sentencia del 15 de
diciembre de 2020, para en su lugar estarse a lo resuelto en la providencia antes
señalada.

De la condena en costas en segunda instancia

La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

21 Expedida el 31 de enero de 2022, visibles a folio 86.
22 Cargo desempeñado para esa anualidad según «CONSTANCIA KARDEX DEVENGADOS Y DEDUCIDOS».
23 Radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018).

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00840-01 (6031-2022)

51. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

52. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

53. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte
demandante, por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: REVOCAR el numeral primero de la sentencia del veintinueve (29) de julio
de dos mil veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria, para ESTARSE a lo resuelto en la sentencia del 21
de septiembre de 2022 de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, emitida en
el proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018).

Segundo: MODIFICAR los numerales cuarto y quinto de la sentencia del
veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022) proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, con el fin de disponer en un solo
numeral lo siguiente:

«CUARTO.- Condénese a la Nación – Fiscalía General de la Nación a
reconocer y pagar al demandante, DIEGO FERNANDO FERNÁNDEZ ÁVILA,
de manera retroactiva, desde el 26 de enero de 2014 y durante los períodos en
los que se desempeñó como fiscal, hasta el 31 de diciembre de 2020, la prima
especial de servicios equivalente al 30 % de la asignación básica mensual,
como una adición a la remuneración básica mensual. Con la precisión de ser
factor salarial para la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la
relación laboral, desde el 1.° de abril de 2003 y en adelante, solamente mientras
ocupe o haya ejercido uno de los cargos beneficiarios del derecho, así como
para aportes a seguridad social en salud, conforme a lo expuesto en la parte
motiva.

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00840-01 (6031-2022)

Tercero: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del veintinueve (29) de julio de
dos mil veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sala Transitoria.

Cuarto: CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia,
conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

Quinto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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