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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01862-01

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01862-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, en el sentido de: «DECLARAR probada la excepción de prescripción respecto de las sumas reclamadas por el señor Iván Alfredo Fajardo Bernal, con excepción de la obligación de la demandada de pagar las diferencias por concepto de cesantías y de efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones». Segundo: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, para ESTARSE a lo resuelto en las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 29 de abril de 2014 y el 9 de abril de 2024, bajo los radicados: 11001-03-25-000-2007- 00087-00 (1686-07) y 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019), respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero: REVOCAR el numeral tercero de la sentencia del veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria. Cuarto: MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia del veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, el cual quedará así: «QUINTO: CONDENAR a la Nación-Rama Judicial a reajustar los aportes al sistema de seguridad social en pensiones y salud correspondientes a los Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Radicación: 25000-23-42-000-2018-01862-01 (0268-2023) períodos laborados por el señor IVÁN ALFREDO FAJARDO BERNAL como juez de la República, entre el 1.° de enero de 2000 y el 28 de noviembre de 2008, para lo cual deberá considerar, en la respectiva base de liquidación, el 30 % de la asignación básica que fue disminuido y reconocido bajo la denominación de la prima especial de servicios, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-01862-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01862-01 (0268-2023)
Demandante: Iván Alfredo Fajardo Bernal
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

Tema: Prima especial. Prescripción. MODIFICA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la sala1 los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecinueve (2019),
aclarada mediante providencia del veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós
(2022), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, por medio
de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Iván Alfredo Fajardo Bernal interpuso demanda en contra de la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se inapliquen por inconstitucionalidad los decretos 57 de 1993, 106 de
1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 76 de 1997, 64 de 1998, 44 de 1999, 2740 de 2000,
1475 de 2001, 2720 de 2001, 2777 de 2001, 673 de 2002, 3569 de 2003, 4172 de
2004, 936 de 2005, 389 de 2006, 618 de 2007, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 de
2010, 1039 de 2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1105 de 2015 y
234 de 2016.

1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente
proceso. De otro lado, mediante proveídos del 9 de abril del año en curso entre otros procesos dentro de los
radicados 0276-2023, 2102-2021, 2526-2025,2694-2023, 6334-2018; la sala declaró infundado el impedimento
manifestado por el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves por la causal de pleito pendiente, tras considerar frente
al proceso en curso que «si bien existe coincidencia entre las partes, no integran el mismo extremo procesal en
uno y otro proceso; no coincide el medio de control bajo el cual se tramitan ni la causa y objeto que se examina
en ellos».

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3. Que se declare la nulidad de las Resoluciones 4957 del 17 de julio de 2015,
5706 del 19 de agosto del mismo año y 6532 del 28 de septiembre de 2016, a través
de las cuales la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, negó
la reliquidación y el pago de las diferencias debidas por concepto de salarios y
prestaciones sociales, en virtud de la prima especial prevista en el artículo 14 de
la Ley 4.ª de 1992.

4. A título de restablecimiento del derecho se ordene pagar la prima especial de
servicios regulada en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 y a reliquidar las
prestaciones sociales, incluidas las cesantías y los intereses, teniendo en cuenta el
30% del salario que ha sido cancelado como prima especial sin carácter salarial,
«más la prima especial de servicios contempla en el artículo 15 […] desde la
posesión […] como juez de la República hasta la fecha que ocupe el cargo»2.

5. Que se actualicen las sumas reconocidas, se cancelen los intereses
correspondientes, y se dé cumplimiento a la sentencia en los términos
de los artículos 187, 188, 189, 192 y 195 del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

6. Que ha prestado sus servicios en la Rama Judicial, en calidad de juez
promiscuo de familia de Bogotá, «desde el 1 de mayo de 1992 hasta el 19 de
septiembre de 2005 y desde el 20 de septiembre de 2007 hasta el 30 de septiembre
de 2008»; y el 3 de julio de 2015, solicitó a la demandada reconocer y pagar «el
equivalente del 30% como remuneración mensual con carácter salarial con las
consecuencias prestacionales incluidas las cesantías, intereses a las cesantías y la
prima especial consagrada en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de
1992»3, peticiones que se negaron a través de los actos demandados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

7. Considera violados los artículos: 1, 13, 25 y 53 de la Constitución Política; 2,
14 y 15 de la Ley 4ª de 1992; 1, 2, 4 del Decreto 10 de 1993; 14 del Código
Sustantivo del Trabajo; 84 del CCA; 152 numeral 7 de la Ley 270 de 1996.

8. Que los actos acusados fueron expedidos con desconocimiento de la
Constitución, la ley y del precedente desarrollado por esta corporación porque la
entidad interpretó de forma errónea los decretos anuales que regulan la prima
especial correspondiente al 30 % del salario, pues la consideró como parte del
mismo y no como un aumento, lo que generó una disminución en la asignación

2 Folio 129.
3 Folio 9.

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básica y en las prestaciones sociales de sus beneficiarios. Para el efecto, citó la
decisión del 29 de abril de 20144 emitida por el Consejo de Estado.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

9. El 7 de junio de 2019, fue admitida la demanda. La entidad5 se opuso a las
pretensiones bajo el argumento de que los actos administrativos gozan de legalidad,
porque de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, la prima
especial no tiene carácter salarial, es decir, no constituye factor para la liquidación
de las prestaciones sociales. Añadió que dicha disposición fue declarada exequible
por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-279 de 1996.

10. Expresó que, si bien en la sentencia del 29 de abril de 2014 el Consejo de
Estado declaró la nulidad de los decretos proferidos entre 1993 y 2007, no se
pronunció sobre aquellos que se expidieron entre 2008 y 2014, por lo que estaba
en la obligación de darles cumplimiento, so pena de desconocer la normativa
salarial vigente para los servidores de la Rama Judicial.

11. Que se encuentra «ante una imposibilidad material y presupuestal» para
cumplir la condena, ya que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha
asignado los recursos para cubrir el reconocimiento de las acreencias laborales a
los funcionarios beneficiarios.

12. Que de acceder a la reliquidación se superaría el tope establecido en el
Decreto 1251 de 2009.

13. Propuso como excepciones las de integración de litisconsorcio necesario,
ausencia de causa petendi, prescripción y la innominada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, mediante
sentencia del veintinueve (29) de noviembre de (2019)6, accedió parcialmente a las
pretensiones. Declaró la nulidad de los actos acusados y se estuvo a lo resuelto en
las sentencias del 29 de abril de 2014 y del 2 de septiembre de 2019. Expuso que
la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 debe ser entendida
como un incremento y no una disminución de la remuneración básica de los
servidores beneficiarios.

15. Precisó que ocurrió el fenómeno de la prescripción sobre las diferencias
reclamadas, salvo en lo relativo a los aportes al sistema de seguridad social, por
tratarse de derechos irrenunciables e imprescriptibles. Lo anterior, al encontrar
acreditado que el actor prestó sus servicios como funcionario judicial «desde el 29

4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 29 de abril de

2014. Expediente: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-2007). C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
5 Folios 251 a 264.
6 Folios 301 a 307.

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de noviembre de 2000 hasta el 28 de noviembre de 2008», y que la reclamación
administrativa fue radicada el 3 de julio de 2015.

16. Condenó a la entidad a reconocer «como factor salarial a favor del
demandante […] los extremos temporales laborados como juez de la República,
para el pago de aportes a pensiones y seguridad social en salud, desde el 1 de
enero de 2000 hasta el 28 de noviembre de 2008, teniendo en cuenta los valores
correspondientes a la prima especial del 30% establecida en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992».7

RECURSO DE APELACIÓN

17. La parte demandante8 interpuso recurso de apelación en el que sostuvo que
no había lugar a declarar la prescripción, dado que esta debía contabilizarse a partir
de la ejecutoria de la sentencia constitutiva proferida por el Consejo de Estado,
mediante la cual se hace exigible el derecho. Como sustento, citó las sentencias del
15 de marzo de 20079, 19 de febrero10, 30 de julio de 200911, y 27 de octubre de
201112.

18. La parte demandada13 señaló que el accionante no es beneficiario de la
prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992. Agregó
que tampoco resulta procedente reconocer las sumas pretendidas, en
consideración a que, en su calidad de magistrado, percibía una remuneración
equivalente al 80 % de lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta
corte, tope que no puede ser superado, conforme a los Decretos 610 de 1998 y
1102 de 2012, así como a la sentencia del 2 de septiembre de 2019. Finalmente,
solicitó verificar la prescripción declarada por el juez.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

19. El 22 de octubre de 2025 se admitieron los recursos. El demandante reiteró
los argumentos expuestos en el recurso.

20. La parte demandada ni el agente del Ministerio Público se pronunciaron.

7 Tal y como se advierte en la providencia del 29 de julio de 2022, mediante la cual se dispuso: «aclarar el ordinal

quinto de la sentencia», en virtud de la solicitud del demandante, quien advirtió que el juez resolvió las
pretensiones considerando su calidad de magistrado de tribunal, cuando la reclamación se hizo por los períodos
laborados como juez de la República. Ver folios 314 y 349 a 351.
8 Folios 315 a 320.
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 15

de marzo 2007. Expediente: 05001-23-31-000-2003-02713-01 (9475-2005). C.P. Alejandro Ordóñez
Maldonado.
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del

19 de febrero de 2009. Expediente: 15001-23-31-000-2003-01925-01 (2445-2007) C.P. Bertha Lucía Ramírez
de Páez (E).
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del

30 de julio de 2009. Expediente: 76001-23-31-000-2004-02623-01 (0492-2008). C.P. Bertha Lucía Ramírez de
Páez.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del

27 de octubre de 2011. Expediente: 15001-23-31-000-2001-00793-01 (1487-2008) C.P. Alfonso Vargas Rincón.
13 Folios 311 a 313 y 354 a 356.

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01862-01 (0268-2023)

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

21. Deberá resolver la subsección si el demandante tiene derecho a la prima
especial de servicios como componente adicional de la asignación básica y a la
reliquidación de las prestaciones sociales con base en el 100 % de su remuneración;
si operó la prescripción, y si con la eventual reliquidación se supera el tope del 80%
que prevé el Decreto 610 de 1998.

Marco normativo y jurisprudencial

De la prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992

22. La Ley 4.ª de 1992, en el artículo 14, determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

23. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional ha expedido
anualmente los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No
obstante, aquellos proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril
de 201414, al considerar que reconocer el treinta por ciento (30 %) del salario a título
de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la asignación básica
y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones sociales, al liquidarlas
sobre un setenta por ciento (70 %). Con lo que se inobserva la prohibición
establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de 1992, según la cual «En ningún
caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales», y además se
desconoce que la prima «debe entenderse como un fenómeno retributivo de
carácter adicional».

24. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:

11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01862-01 (0268-2023)

septiembre de 201915, 11 de julio de 202316, 5 de septiembre de 202317, 5 de
diciembre de 202318, 6 de agosto de 202419 y 18 de diciembre de 202420. En
particular, se ha precisado que:

• La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que
por dicho concepto resulten a su favor.

• No tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión, lo cual guarda
armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-279
de 1996.

• El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para cada uno
de los cargos que perciban el referido emolumento.

• Los beneficiarios tienen derecho a la reliquidación y pago de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de su asignación básica, sin restarle ni sumarle a
éste el 30 %, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial
y por tanto, no incide en la liquidación de las prestaciones sociales.

25. En esa misma línea argumentativa, esta corporación, mediante sentencia del 9
de abril de 202421, declaró la nulidad de los decretos salariales proferidos entre los
años 2008 y 2018 y reiteró que el 30 % correspondiente a la prima especial « no
puede ser deducido del salario»22.

Resolución del caso concreto

26. Previo a abordar el asunto, resulta necesario precisar el alcance de las
decisiones proferidas dentro del proceso. En efecto, mediante providencia del 29 de
julio de 2022 se dispuso «ACLARAR el ordinal QUINTO de la sentencia del 29 de
noviembre de 2019» el cual quedó así: «QUINTO. - Condenar a la Nación – Rama

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:

25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:

73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:

250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:

250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:

25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:

11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
22 En dicha providencia se precisó que: «la nulidad que se declara no implica que la prima especial sin carácter

salarial del 30% de la remuneración mensual de los servidores públicos beneficiarios, desaparece del mundo
jurídico, sino que, tal como se desprende de la motivación plasmada en esta sentencia, ese porcentaje no puede
ser deducido del salario, sin que en ningún caso pueda ser inferior, a la luz de la norma legal, artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992».
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01862-01 (0268-2023)

Judicial a reconocer como factor salarial a favor de […] IVÁN ALFREDO FAJARDO
BERNAL, los extremos temporales laborados como juez de la República, para el
pago de aportes a pensiones y seguridad social en salud, desde el 1 de enero de
2000 hasta el 28 de noviembre de 2008, teniendo en cuenta los valores
correspondientes a la prima especial del 30% establecida en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 […]».

27. En dicho numeral se había ordenado «[…] el REAJUSTE SALARIAL que
corresponda al 30% del salario básico mensual con sus consecuencias
prestacionales […] en su condición de Magistrado de la Sala de Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, desde el 3 de julio de 2012 hasta cuando
funja en ese cargo […]».

28. La referida «aclaración» fue emitida a solicitud del demandante, quien puso de
presente que la prima especial de servicios se había solicitado en su condición de
juez de la República, precisando que respecto de los tiempos laborados como
magistrado existía otro proceso bajo el radicado 25000-23-42-000-2012-01335-00.
En ese orden, la sala analizará lo relativo al emolumento, exclusivamente en el lapso
en el que el actor fungió como juez23.

29. Se advierte que el tribunal declaró la prescripción de las sumas reclamadas, con
excepción de los aportes al sistema de seguridad social en pensión y salud,
respecto de los cuales dispuso reconocer como factor salarial, para el pago de las
respectivas cotizaciones, los valores correspondientes a la prima especial de
servicios del 30 %, prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, «desde el 1 de
enero de 2000 hasta el 28 de noviembre de 2008»24, lapso en el cual encontró
acreditado que el actor se desempeñó como juez de la República y percibió montos
inferiores a los que le correspondían, debido a la disminución de la asignación
básica por dicho concepto.

30. Así pues, la aludida prima no fue reconocida ni pagada como un incremento del
sueldo, sino que, al considerarla parte de aquel, se desconoció la finalidad del
artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992. En esos términos, el actor, en principio, tendría
derecho al reconocimiento de las diferencias derivadas del reajuste pedido. No
obstante, se observa que la solicitud fue radicada el 3 de julio de 201525, razón por
la cual operó el fenómeno prescriptivo respecto de tales acreencias.

31. Ello, por cuanto el hecho constitutivo del derecho a la prima especial se hizo
exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente la Ley
4ª de 1992, a saber, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en vigencia
del Decreto 57 de 1993. Por consiguiente, desde el 7 de enero de 1993 el interesado
podía haber interrumpido el aludido fenómeno.

23 El cual no se encuentra en discusión.
24 «Folio 15».
25 Folios 3 a 9.

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01862-01 (0268-2023)

32. Lo anterior implica que, si bien se han proferido decisiones judiciales
anulatorias que han abordado la titularidad y la forma de pago de este haber laboral,
no se requiere, en cada caso particular, una sentencia constitutiva de la situación
jurídica, pues tales providencias no tienen esa naturaleza, sino que son de carácter
declarativo con efectos ex tunc, lo cual ratifica que el derecho en discusión, al ser
de creación legal, era susceptible de reclamación sin que fuera necesario un
pronunciamiento judicial. De modo que, no prospera el argumento del accionante
sobre este aspecto.

33. En relación con los aportes al sistema pensional, la subsección ha sostenido
que estos constituyen un derecho imprescriptible e irrenunciable26 y por virtud de
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 199327 son obligatorios, no solo por
su naturaleza parafiscal, sino por la sostenibilidad del propio sistema.28

34. Igual conclusión surge respecto de las cotizaciones al Sistema General de
Seguridad Social en Salud,29 que tienen la misma connotación, y deben efectuarse
aun cuando las normas de un régimen salarial no las contemple, o al margen de la
disponibilidad del servicio a título de contraprestación. En efecto, la Corte
Constitucional, en sentencias C-179 de 1997, y específicamente en la SU-480 del
25 de septiembre de 1997,30 precisó que tales contribuciones derivan del poder

26 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero

ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «[…] la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales. […]».
27 «[…] ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán

efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen. […]»
28 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección

Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4
de septiembre de 2025. Radicado 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023). Providencia en la que se
precisó que los mencionados giros constituyen contribuciones parafiscales que, entendidos como tributos. Ver
también el pronunciamiento del 14 de mayo de 2026. Radicado: 76001-23-33-000-2022-00760-02 (1530-2025).
Demandante: Gustavo Adolfo Guevara Álvarez.
30 En dicha providencia se precisó con claridad lo siguiente: «[…] Hay que admitir que al delegarse la prestación

del servicio público de salud a una entidad particular, ésta ocupa el lugar del Estado para algo muy importante
cual es la prestación de un servicio público; pero eso no excluye que la entidad aspire obtener una legítima
ganancia. Así está diseñado el sistema. Pero, lo principal es que se tenga conciencia de que lo que se recauda
no pertenece a las EPS, ni mucho menos entra al presupuesto nacional ni a los presupuestos de las entidades
territoriales, sino que pertenece al sistema general de seguridad social en salud, es, pues, una contribución
parafiscal. Por tal razón, la Corte no puede ser indiferente al equilibrio estructural del Sistema Nacional de
Seguridad Social en Salud, al plan obligatorio de salud del régimen subsidiario y a los principios de universalidad
y solidaridad que deben ir paralelos. La vigilancia de estos preceptos forma parte de uno de los objetivos del
Estado social de derecho: la solución de las necesidades insatisfechas de salud (art. 366 C.P.).
[…] Lo importante para el sistema es que los recursos lleguen y que se destinen a la función propia de la
seguridad social. Recursos que tienen el carácter de parafiscal.
Como es sabido, los recursos parafiscales “son recursos públicos, pertenecen al Estado, aunque están
destinados a favorecer solamente al grupo, gremio o sector que los tributa”[8], por eso se invierten
exclusivamente en beneficio de éstos. Significa lo anterior que las cotizaciones que hacen los usuarios del
sistema de salud, al igual que, como ya se dijo, toda clase de tarifas, copagos, bonificaciones y similares y los
aportes del presupuesto nacional, son dineros públicos que las EPS y el Fondo de solidaridad y garantía
administran sin que en ningún instante se confundan ni con patrimonio de la EPS, ni con el presupuesto nacional
o de entidades territoriales, porque no dependen de circunstancias distintas a la atención al afiliado.
Si los aportes del presupuesto nacional y las cuotas de los afiliados al sistema de seguridad social son recursos
parafiscales, su manejo estará al margen de las normas presupuestales y administrativas que rigen los recursos
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01862-01 (0268-2023)

impositivo del estado, sin que se pueda predicar correlativamente un beneficio
directo para el sujeto pasivo de dicha carga. Por lo que, sobre este punto, habrá de
confirmarse la decisión.

35. De otra parte, se advierte que dicha figura jurídica tampoco opera respecto de
las cesantías, tal como se expuso en la sentencia de unificación del 25 de agosto
de 201631, según la cual este derecho no prescribe mientras la relación laboral esté
vigente, como ocurre en este caso32.

36. En consecuencia, se modificará el numeral primero, con el fin de declarar
probada la prescripción en relación con las sumas reclamadas, con excepción de la
obligación de la demandada de efectuar las cotizaciones o aportes al sistema
general de seguridad social y de pagar las diferencias por concepto de cesantías.

37. Igualmente, se modificará el numeral quinto, de una parte, con el fin de precisar
el alcance de la condena, por cuanto tal como quedó redactada podría interpretarse
en el sentido de reliquidar los aportes al sistema de seguridad social con
fundamento en la prima especial de servicios, cuando lo que procede es el reajuste
de aquellos conceptos, teniendo en cuenta el 30 % de la asignación básica que fue
disminuido y reconocido bajo dicha denominación; y de otra, para ordenar el pago
de las diferencias correspondientes a las cesantías, causadas durante los períodos
en los que el accionante se desempeñó como juez, entre el 1.º de enero de 2000 y
el 28 de noviembre de 2008, ya que fueron liquidadas sobre el 70 % del salario
básico y lo correcto es que se calculen sobre el 100 % de la remuneración.

38. En consideración a la aclaración efectuada mediante providencia del 29 de julio
de 2022, en la cual se indicó que «conforme a la sentencia […] del 2 de septiembre
de 2019, operó el fenómeno jurídico de la prescripción sobre las sumas diferenciales
causadas con anterioridad al 3 de julio de 2012, con la precisión que laboró como
juez de la República […] hasta el 28 de noviembre de 2008», se revocará el numeral
sexto de la sentencia apelada.33

39. Ahora, contrario a lo sostenido por la entidad, el hecho de que el señor Iván
Fajardo Bernal sea beneficiario de la bonificación por compensación prevista en el
Decreto 610 de 1998 no implica la pérdida del derecho a las diferencias que se

fiscales provenientes de impuestos y tasas, a menos que el ordenamiento jurídico específicamente lo ordene.
(Como es el caso del estatuto general de contratación, art. 218 de la ley 100 de 1993). Por lo tanto no le son
aplicables las normas orgánicas del presupuesto ya que el Estado es un mero recaudador de esos recursos
que tienen una finalidad específica: atender las necesidades de salud. En consecuencia las Entidades
nacionales o territoriales que participen en el proceso de gestión de estos recursos no pueden confundirlos con
los propios y deben acelerar su entrega a sus destinatarios. Ni mucho menos las EPS pueden considerar esos
recursos parafiscales como parte de su patrimonio […]» (Líneas intencionales).
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 08001-23-31-000-

2011-00628-01 (0528-14) CE-SUJ2-004-16. MP: Luis Rafael Vergara
32 Se precisa que el tribunal encontró acreditado que el actor se desempeñó como juez de la República desde

el 1.° de enero de 2000 hasta el 28 de noviembre de 2008 y, adicionalmente, se advierte que, a partir del 29 de
noviembre de 2008, continuó vinculado a la Rama Judicial en el cargo de magistrado de tribunal (folio 15), sin
que tal circunstancia hubiera sido objeto de controversia. Tampoco obra prueba de retiro de servicio.
33
«SEXTO. En consecuencia, la Nación – RAMA JUDICIAL, debe reconocer y pagar con carácter permanente
[…] su salario incluyendo el 30% adeudado, luego del pago de la prima consagrada en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 ya cancelada, con los correspondientes reajustes prestacionales».
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01862-01 (0268-2023)

obtengan sobre el emolumento en controversia en los tiempos en los que laboró en
calidad de juez.

40. No obstante, y atendiendo a que las pretensiones se circunscriben a los
períodos en que ejerció el cargo de juez de la República, se modificará el fallo para
incorporar que, al momento de realizar la liquidación, la demandada deberá verificar
que no se exceda el límite porcentual contemplado en el Decreto 1251 de 2009 ni
en los demás que fijen el salario anualmente.

41. De igual forma, se precisa que, aunque el problema jurídico abordado en
primera instancia se circunscribió a determinar si el actor tenía derecho a la
reliquidación salarial y prestacional derivada de la prima especial de servicios
equivalente al 30 % de la remuneración mensual, prevista en los artículos 14 y 15
de la Ley 4.ª de 1992, lo cierto es que el tribunal concluyó que el señor Fajardo
Bernal era destinatario del derecho consagrado en el artículo 14 ibidem. Tal
determinación también quedó reflejada en la parte resolutiva del fallo,
particularmente en el numeral quinto, mediante el cual se dispuso el
correspondiente restablecimiento del derecho. Por ende, no se advierte
inconformidad alguna frente a este aspecto.

42. Finalmente, debe señalarse que la legalidad de los decretos que incorporaron
la prima especial del treinta por ciento (30 %) como parte de la remuneración fue
definida por la corporación mediante las sentencias del 29 de abril de 2014 y del 9
de abril de 2024, en las que se declaró la nulidad de tales disposiciones; por lo tanto,
dado que el juez se estuvo a lo resuelto en las sentencias del 29 de abril de 2014 y
2 de septiembre de 2019, se modificará el numeral segundo y se revocara el
numeral tercero34, para disponer estarse a lo resuelto, únicamente, en las
sentencias del 29 de abril de 2014 y 9 de abril de 2024.

De la condena en costas en segunda instancia

43. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

44. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el

34 Que dispuso: «Estese a lo resuelto […] en la sentencia […] del 2 de septiembre de 2009 (SIC)».

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01862-01 (0268-2023)

artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

45. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

46. En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia a los recurrentes,
toda vez que se introducen modificaciones al fallo que resultan favorables para
ambos, de modo que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido
vencida en el proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del veintinueve (29) de
noviembre de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria, en el sentido de:

«DECLARAR probada la excepción de prescripción respecto de las sumas
reclamadas por el señor Iván Alfredo Fajardo Bernal, con excepción de la
obligación de la demandada de pagar las diferencias por concepto de cesantías
y de efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social
en materia de pensiones».

Segundo: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del veintinueve (29) de
noviembre de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria, para ESTARSE a lo resuelto en las sentencias
proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 29
de abril de 2014 y el 9 de abril de 2024, bajo los radicados: 11001-03-25-000-2007-
00087-00 (1686-07) y 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019),
respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Tercero: REVOCAR el numeral tercero de la sentencia del veintinueve (29) de
noviembre de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria.

Cuarto: MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia del veintinueve (29) de
noviembre de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria, el cual quedará así:

«QUINTO: CONDENAR a la Nación-Rama Judicial a reajustar los aportes al
sistema de seguridad social en pensiones y salud correspondientes a los
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01862-01 (0268-2023)

períodos laborados por el señor IVÁN ALFREDO FAJARDO BERNAL como juez
de la República, entre el 1.° de enero de 2000 y el 28 de noviembre de 2008,
para lo cual deberá considerar, en la respectiva base de liquidación, el 30 % de
la asignación básica que fue disminuido y reconocido bajo la denominación de
la prima especial de servicios, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
Con la precisión de que la prima especial de servicios solo constituye factor para
efectos pensionales y de salud.

Igualmente, se ordena reliquidar las diferencias por concepto de cesantías
durante los períodos en que se desempeñó como juez de la República, entre el
1.° de enero de 2000 y el 28 de noviembre de 2008, tomando como base el 100
% del salario básico.

Lo anterior condicionado a que la demandada verifique que efectuada la
liquidación, como se ordena en esta sentencia, no exceda el tope previsto en el
Decreto 1251 de 2009 ni en los demás que fijen el salario anualmente».

Quinto: REVOCAR el numeral sexto de la sentencia del veintinueve (29) de
noviembre de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria.

Sexto: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del veintinueve (29) de noviembre
de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria.

Séptimo: Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia.

Octavo: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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