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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2022-00760-02

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2022-00760-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia proferida el once (11) de abril de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, el cual quedará de la siguiente forma: «[…] CUARTO: Declarar la imprescriptibilidad de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensión que se deben realizar en favor del demandante por el periodo comprendido entre el 18 de noviembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2020. En virtud del reconocimiento del derecho a los funcionarios de la Fiscalía para devengar la prima especial como una adición al salario básico y la previsión legal de que aquella debe conformar la base de liquidación de las cotizaciones en pensión y salud, habrá de ordenarse reliquidar los aportes a seguridad social integral teniendo en cuenta también el 30% de la prima especial de servicios. También deberán realizarse los aportes al sistema de seguridad social en salud por el mencionado periodo declarado imprescriptible en atención a lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dispone que la base de cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud debe ser igual a la contemplada en el Sistema General de Pensiones. En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad social integral; además, queda facultada para realizar los respectivos descuentos de ley a la demandante con la finalidad de que se realicen los mismos. […]» Segundo. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia apelada. Tercero. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia. Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2022-00760-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00760-02 (1530-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Guevara Álvarez
Demandada: Fiscalía General de la Nación

Temas: Reconocimiento de prima especial. Prescripción de valores
adeudados a excepción de aportes a pensión y a salud. Análisis
sobre la procedencia de esta condena respecto de las
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud.
MODIFICA SENTENCIA Y CONFIRMA EN LO DEMÁS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el once (11) de abril de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Gustavo Adolfo Guevara Álvarez instauró demanda2 contra la Fiscalía
General de la Nación en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

2. El 26 de noviembre de 20193, el conjuez sustanciador en su momento escindió
la demanda de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a
esta actuación, por lo que admitió en única instancia el primer medio de control y
ordenó remitir lo relacionado con el segundo al Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca para que conociera de las reclamaciones de carácter particular que son las

1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente
proceso. De otro lado, cabe precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves se declaraba impedido
respecto de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por tener un proceso activo en el que se
debatía un asunto similar, el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión
que se encuentra ejecutoriada, por lo que no existe pleito pendiente entre las partes o interés actual al respecto.
2 Ver expediente digital en el índice 5 de SAMAI – Tribunales.
3 Ibid.

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que constituyen el objeto de estudio en esta oportunidad, y corresponden a las
siguientes:

PRETENSIONES

3. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Oficio DS-
06-12-6-SAJ-871 del 23 de noviembre de 2016, y (ii) Resolución 2-0978 del 6 de
abril de 2017, por medio de los cuales la FGN le negó y confirmó respectivamente
el reconocimiento y pago del 30% de su asignación básica como un componente
adicional a esta con sus efectos para la reliquidación de sus prestaciones sociales.

4. A título de restablecimiento del derecho, se ordene reconocer y pagar de forma
actualizada con base en el IPC, la prima especial de que trata el artículo 14 de la
Ley 4.ª de 1992, equivalente al 30% de su remuneración mensual como un
componte adicional al salario básico, con sus respectivos efectos económicos en la
reliquidación de las prestaciones sociales liquidadas con inclusión de tal concepto
desde el 18 de noviembre de 2013 y mientras siga activo en el servicio.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

5. Que ha prestado sus servicios a la Fiscalía General de la Nación, inicialmente en
calidad de profesional universitario I desde el 30 de junio de 1992, y finalmente como
fiscal delegado ante jueces del circuito, especializados y luego municipales y
promiscuos, esto desde el 15 de mayo de 1996, al menos hasta la fecha de
presentación de la demanda (24 de noviembre de 2017).

6. El 18 de noviembre de 2016 solicitó el reconocimiento de la prima especial en un
30% adicional a su salario mensual, así como la reliquidación y pago de la diferencia
del salario básico y el reajuste de sus prestaciones. No obstante, la entidad
demandada le negó lo reclamado mediante los actos reprochados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

7. Considera vulnerados: los artículos 2, 4, 6, 9, 13, 48, 53, 89, 93, 95, 122, 123,
150 numeral 19 literales e) y f), 189 numeral 11, 209, 228 y 253 de la Constitución
Política; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14 del Convenio 95
Sobre la Protección del Salario; 4 del Protocolo de San Salvador; 152 numeral 7 de
la Ley 270 de 1996; 11, 13, 21, 127 y 128 del CST; 1, 2, 3, 4, 10 y 14 de la Ley 4ª
de 1992.

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8. Afirma que son derechos adquiridos de los fiscales los relacionados con la prima
especial de servicios reconocida como parte del ingreso base para la liquidación de
la pensión, por lo que la eliminación o modificación de este emolumento mediante
decretos gubernamentales constituye una vulneración de las disposiciones
constitucionales y legales invocadas como transgredidas. Asegura que, además, se
desconoce el principio de irretroactividad de la ley, el cual establece que las normas
no pueden aplicarse de manera retroactiva para afectar situaciones consolidadas
como las que ya tenían los fiscales, por lo que se les afectó también la confianza
legítima, la seguridad jurídica y el principio de favorabilidad.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

9. El 28 de agosto de 2023 fue admitida la demanda.4 La entidad accionada planteó5
que la prima especial correspondiente al 30% del sueldo mensual, establecida en la
Ley 4.ª de 1992 no es aplicable a los funcionarios de la Fiscalía General de la
Nación, pues esta fue diseñada para magistrados, agentes del Ministerio Público
delegados ante la Rama Judicial y jueces, pero no incluye a los fiscales que optaron
por el régimen salarial de la entidad establecido en el Decreto 53 de 1993. Destacó
que los funcionarios que optaron por este régimen no tienen derecho a tal
emolumento, lo cual ha sido confirmado por el Consejo de Estado en varias
sentencias que anularon artículos de decretos salariales que incluían esta prima.
Propuso la excepción de prescripción.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6

10. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca mediante sentencia del 11 de abril
de 2025 accedió parcialmente a las pretensiones, para lo cual declaró la nulidad de
los actos demandados, y, en consecuencia, condenó a la entidad accionada a
reconocer y pagar a favor del actor la prima especial de servicios consagrada en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto
del 100% del salario básico, a partir del 18 de noviembre de 2013 por prescripción
trienal que también declaró probada, y hasta el 31 de diciembre de 2020, sin que en
ningún caso pueda superarse el tope máximo establecido por el Gobierno Nacional,
y bajo el entendido de que será factor salarial solo para efectos del SGSS.

11. Adicionalmente ordenó a la FGN reliquidar los aportes a seguridad social
integral teniendo en cuenta también el 30% de la prima especial de servicios desde
el 9 de septiembre de 1998 (cuando entró en vigencia la Ley 476 de 1998), hasta el
18 de noviembre de 2013 por ser un período imprescriptible para tales efectos,
incluidas las cotizaciones a salud en virtud del parágrafo 1 del artículo 204 de la Ley
100 de 1993, por cuanto dispone que la base de cotización a ese sistema debe ser
4 Índice 27 de SAMAI – Tribunales.
5 Índice 35 de SAMAI – Tribunales.
6 Índice 62 de SAMAI – Tribunales.

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igual a la contemplada en el pensional. En razón de lo anterior, autorizó a la parte
demandada a realizar los descuentos de ley al demandante con el fin de asumir el
porcentaje que por tales conceptos le corresponde. Finalmente negó las demás
pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.

12. Expresó que, según la sentencia del Consejo de Estado proferida el 15 de
diciembre de 2020, bajo la aplicación de principio de progresividad y no regresividad
de los derechos sociales, los fiscales tienen derecho a la prima especial en un
porcentaje del 30% como sobresueldo y no como parte de este, indistintamente del
régimen que los cobije (acogidos o no acogidos), a partir de la entrada en vigor de
la Ley 476 de 1998, por lo que también les asiste el derecho a la reliquidación de
las cotizaciones al sistema de seguridad social, no así de las prestaciones sociales,
pues este emolumento por su naturaleza jurídica no es factor para liquidar tales
conceptos, sino solo para pensión.

13. Afirmó que desde el año 1993 hasta el 31 de diciembre de 2002, la asignación
básica de los fiscales acogidos se fragmentaba y al 30% se le daba el calificativo de
prima especial por lo que sus prestaciones sociales se liquidaron sobre el 70% de
la asignación básica y entre el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2020
se cancelaron la totalidad de las prestaciones salariales y sociales con el 100% de
la asignación básica, por tanto, no hay lugar a reliquidar emolumento alguno entre
el 18 de noviembre de 2013 (por efectos de la prescripción) y el 31 de diciembre de
2020.

14. En relación con el fenómeno prescriptivo manifestó que, teniendo en cuenta que
la parte demandante solicitó el reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios a partir del 18 de noviembre de 2013, lo cual coincide con el tiempo de
interrupción de la prescripción de acuerdo con la fecha de radicación de la
reclamación administrativa, esto es, el 18 de noviembre de 2016, es procedente
declarar la prescripción de derechos salariales adeudados con anterioridad al 18 de
noviembre de 2013, ello, al encontrarse acreditado que el actor se vinculó a la FGN
desde el 30 de junio de 1992 y en el ejercicio del cargo de fiscal desde el 15 de
mayo de 1996, por periodos interrumpidos.

15. En todo caso, indicó que esta figura jurídica no opera respecto de los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral, ya que estos son irrenunciables e
imprescriptibles tal como lo recordó el Consejo de Estado en sentencia del 6 de
febrero de 2024, en la que invocó la sentencia de unificación del 25 de agosto de
2016 con el objeto de fundamentar la obligación de la Rama Judicial de realizar
cotizaciones, que debe cumplirse como consecuencia de la orden de pago del 30%
no percibido a título de prima especial y de las diferencias que resulten de la
reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100%, incluso en materia de
salud en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 204 de la Ley 100 de
1993.

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RECURSO DE APELACIÓN7

16. La parte demandada interpuso recurso de apelación a fin de que se revoque
parcialmente la sentencia de primera instancia y en su lugar se niegue la condena
relacionada con los aportes a pensión y salud imprescriptibles, pues consideró que
el tribunal no emitió una motivación o análisis de fondo para adoptar dicha decisión,
y menos por todo el tiempo de vinculación del actor con derecho a la prima especial.

17. Aseguró que los aportes a la seguridad social prescriben a los 5 años contados
desde la fecha en que vencía el plazo para pagarlos por medio de la pila, en razón
de que son un aporte parafiscal sujeto a la prescripción en materia tributaria.

18. Añadió que los aportes a pensión son prestaciones periódicas a lo que se le
deba realizar análisis de prescripción, toda vez que lo que es imprescriptible es el
derecho a la pensión, y en este caso, aunque desde el año que inició a ejercer como
fiscal y hasta el 2020 se reconocieron las cotizaciones a pensión sobre el 70% del
salario decretado, esto no afecta el derecho de jubilación en sí mismo, el cual tiene
dos requisitos: haber cotizado mínimo 1.300 semanas y contar con 57 años si es
mujer y 62 años si es hombre, lo cual no se pone en riesgo con el hecho de que no
se haya realizado el giro completo del aporte.

19. Finalmente expuso que el fallo de primera instancia no encuentra relación entre
la decisión y el fundamento de la misma, ya que en la providencia no se analizó ni
se sustentó la razón de la condena en materia de aportes en salud imprescriptibles.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

20. El 7 de julio de 2025 se admitió el recurso de apelación8 y las partes y el
Ministerio Público se abstuvieron de intervenir.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

21. En el entendido de que solo apeló la parte demandada, deberán analizarse
únicamente los reparos de su recurso, razón por la cual el problema que estudiará
la subsección es determinar si operó la figura jurídica de la prescripción sobre los
aportes a pensión y salud, y si tal decisión no podría emitirse al supuestamente no
haber sido justificada en el fallo, bajo el entendido de que no se tuvo en cuenta la
prescripción tributaria de los 5 años y el hecho de que el derecho que puede ser
reclamado en cualquier tiempo es el de la pensión, no el de los aportes.

7 Índice 65 de SAMAI – Tribunales.
8 Índice 4 de SAMAI.

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Marco normativo y jurisprudencial

De la prima especial. Artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992

22. La Ley 4.ª de 1992 en el artículo 14 determinó que el Gobierno Nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

23. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno Nacional fijó el régimen salarial y
prestacional aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante
el Decreto 53 de 1993, el cual sería de obligatorio cumplimiento para quienes
ingresaran con posterioridad a la vigencia de tal normativa.

24. Adicionalmente se dispuso que quienes hubiesen estado vinculados antes del
28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por mantener la regulación
propia del Decreto 2699 de 1991, o bien por el definido en el primer decreto en
mención, sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de
19929 que excluyó para estos efectos el beneficio de la prima especial.

25. Respecto del alcance de dicho emolumento, el artículo 1.º de la Ley 332 de
199610 contempló que este haber constituye parte del ingreso básico solo para
efectos de la liquidación de la pensión de jubilación a quienes fueran titulares de
este derecho.

26. Sin embargo, con la expedición de Ley 476 de 1998 se aclaró dicha disposición
«[…] en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de
1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la
escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con
posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial de
servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores
que lo subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del

9 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la

Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
10 Artículo 6: «el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos se

considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal Nacional,
jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, jefe Unidad Regional de Fiscalía,
Fiscal ante Tribunal de Distrito, fiscal regional, jefe Unidad Seccional de Fiscalía, Fiscal Seccional, secretario
general, directores nacionales, directores regionales, directores Seccionales, jefes de Oficina, jefes de
División».

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salario base de liquidación de la pensión de jubilación. […]».

27. Ahora bien, se destaca que los artículos de los decretos salariales emitidos por
el Gobierno Nacional que regulaban la prima especial para los servidores de la
Fiscalía General de la Nación durante el período comprendido entre 1993 y 2002,
fueron anulados por el Consejo de Estado11 al haber identificado que resultaba ilegal
considerar tal emolumento en un 30% como un componente integrador de la
asignación básica, en la medida en que tal disposición implicaba la pérdida del valor
real de la remuneración mensual fijada cada año.

28. Por su parte, ante estas decisiones de nulidad, posteriormente los decretos que
fijaron la remuneración mensual de tales empleados del ente acusador, en especial
desde la expedición del Decreto 3549 de 2003 en adelante, lo que hicieron fue dejar
de regular la prima especial, por lo que, si bien reconocieron el 100% del salario
básico, lo cierto es que se abstuvieron de pagar de manera adicional el referido
haber laboral.

29. Esto es, en esencia se desconoció la consolidación del derecho contemplado
en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, pues si bien se dejó de descontar de la base
de la asignación como se hacía previamente, tampoco se concedió como un
componente agregado al salario, ello al menos hasta el 1.º de enero de 2021 cuando
entró en vigencia el Decreto 272 de 2021, por el cual se estableció adecuadamente
la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.

30. Precisamente sobre la materia, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado mediante la sentencia del 15 de diciembre de 202012, abordó
un caso relativo al reconocimiento de la prima especial de servicios para los
servidores de la FGN en la que se determinó13 que:

«[…] 1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia,
los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

11 En sentencia del 14 de febrero de 2002 (197-99) se anuló el artículo 7° del Decreto 38 de 1999. En sentencia

del 15 de julio de 2004 (3531-02) se anuló el artículo 7º del Decreto 685 de 2002. En sentencia del 15 de abril
de 2004 (71201) se anuló el artículo 8° del Decreto 2743 de 2000. En sentencia del 25 de noviembre de 2004
(4419-01) se anuló el artículo 7° del Decreto 1480 de 2001. En sentencia del 3 de marzo de 2005 (17021-2005)
se anularon el artículo 6 del Decreto 53 de 1993 y 7° de los Decretos 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996 y
52 de 1997. En sentencia del 13 de septiembre de 2007 (0478-03) se anularon los artículos 7° y 8° de los
Decretos 50 de 1998 y 2729 de 2001.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez

ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-2017-
00568-01(5472-18).
13 Estos mismos planteamientos se han reiterado en sentencias del Consejo de Estado proferidas el 6 de junio

de 2023, radicaciones: 05001233300020150165102 (3578-2018), 730012333000201700551 01 (2276-2019),
10 de septiembre de 2024, radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021), y 5 de noviembre 2024,
radicación: 25000-2342-000-2020-00137-02 (0687-2022).

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2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o
se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima especial
de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en
ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo
el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del
30% que había sido excluido a título de prima especial.”
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969. […]».

31. De conformidad con este recuento normativo y jurisprudencial se concluye que,
si bien la prima especial fue creada en virtud de la Ley 4.ª de 1992 con efectos
desde 1993, lo cierto es que, en el caso de los fiscales, la efectividad de su
reconocimiento dependerá de la fecha de su vinculación en razón del régimen
salarial creado con el Decreto 53 de 1993.

32. Al respecto es de resaltar que, el artículo 14 de la ley en mención excluyó
expresamente de este emolumento a quienes «[…] opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º.) de enero
de 1993. […]». Pues bien, fue solo hasta la expedición de la Ley 476 de 1998 que
se aclaró que dicha excepción no cobijaba a los acogidos a la regulación del Decreto
53 de 1993 o a los vinculados con posterioridad a dicha norma.

33. En consecuencia, el pago de la prima especial se causó desde 1993 solo para
los fiscales vinculados antes de ese año o que decidieron no se acogerse a esta
última disposición, mientras que para quienes ingresaron en esta clase de cargos
con posterioridad o se sometieron expresamente al nuevo régimen, tal derecho
sería efectivo desde 1998, ya que fue a partir de ese momento en que se resolvió
su situación jurídica frente a la titularidad de dicho haber laboral.

34. Finalmente, además de dichas precisiones jurisprudenciales, esta corporación
mediante sentencia del 21 de septiembre de 202214 declaró la nulidad de algunos
artículos de los decretos salariales anuales expedidos entre 1993 y 2017, en la cual
señaló que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al
30% del salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».

14 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.

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Radicado: 76001-23-33-000-2022-00760-02 (1530-2025)

Resolución del caso concreto

35. La parte demandada en su calidad de apelante única solicitó exclusivamente
que se revoque la condena al pago de aportes a pensión y salud sin prescripción.

36. Al respecto la sala considera que, en relación con el estudio de dicha figura
jurídica en cuanto a los aportes destinados al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, debe tenerse en cuenta que estos constituyen un derecho
imprescriptible e irrenunciable15 y, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley 100 de 199316 son obligatorios, no solo por su naturaleza parafiscal, sino por
la sostenibilidad del propio sistema.17

37. Al respecto se precisa que esta condición sobre los mencionados giros se funda
igualmente en el hecho de que efectivamente es imprescriptible el propio derecho a
la pensión de jubilación como lo afirma la entidad recurrente.

38. Es decir, no acierta la parte demandada al asegurar que esa calidad se predica
únicamente de la prestación como tal, pues desconoce que esta última solo se logra
consolidar con el pago completo, real y actualizado del valor resultante del ingreso
base de cotización que se calcula con los haberes laborales del empleado y que no
puede ser parcial.

39. Si bien uno de los requisitos para adquirir el estatus de jubilado es el de las
semanas, no advierte la accionada que el monto de la pensión se fija con la
aplicación de una tasa de reemplazo sobre un ingreso base de liquidación en el que
se deben computar todos los factores que por ley deban ser tenidos en cuenta, y en
sus valores completos y actualizados, lo que implica que no puede pasarse por alto
el hecho de que haya un nuevo ingreso susceptible de aportar, pues tal omisión
afectaría la propia financiación de la mesada y por ende del sistema.

40. Ahora, frente a las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, esta sala destaca que tal punto fue abordado para un caso similar al presente
en sentencia del 4 de septiembre de 2025,18 en la que se recordó que los
mencionados giros constituyen contribuciones parafiscales que, entendidos como

15 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero

ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «[…] la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales. […]».
16 «[…] ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán

efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen. […]»
17 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección

Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4

de septiembre de 2025. Radicado 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023)

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tributos según la Sección Cuarta del Consejo de Estado,19 tienen una naturaleza de
imprescriptibilidad y de obligatoriedad de recaudo basado en los principios de
universalidad y solidaridad, lo cual convalida la carga de reconocerlos y pagarlos
sobre el cálculo de un IBC, incluso sin importar que las normas de un régimen
salarial los contemple o no, o al margen también de la disponibilidad del servicio a
título de contraprestación.

41. Lo expuesto también encuentra respaldado en las sentencias C-179 de 1997, y
específicamente en la SU-480 del 25 de septiembre de 1997,20 a partir de las cuales
la Corte Constitucional ratificó que los aportes al sistema de salud, al igual que los
demás tributos, a excepción de las tasas, tienen una naturaleza jurídica impositiva
derivada del poder estatal de recaudo, sin que se pueda predicar correlativamente
un beneficio directo para el sujeto pasivo de dicha carga.

42. Es decir, la contribución parafiscal como la cotización bajo estudio se paga
porque es una obligación de todo afiliado para financiar el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, al margen de que acceda o no al mismo por factores
internos o externos a su voluntad, tanto así que tales recursos no son de propiedad
del cotizante, tampoco hacen parte del patrimonio de las EPS o de las diferentes
administradoras especiales, y mucho menos constituyen partidas del presupuesto
nacional.

19 Sentencias de 31 de agosto de 2006, Exp. 14008 C.P. Ligia López Díaz y 30 de octubre de 2008, Exp. 16099.
20 En dicha providencia se precisó con claridad lo siguiente: «[…] Hay que admitir que al delegarse la prestación

del servicio público de salud a una entidad particular, ésta ocupa el lugar del Estado para algo muy importante
cual es la prestación de un servicio público; pero eso no excluye que la entidad aspire obtener una legítima
ganancia. Así está diseñado el sistema. Pero, lo principal es que se tenga conciencia de que lo que se recauda
no pertenece a las EPS, ni mucho menos entra al presupuesto nacional ni a los presupuestos de las entidades
territoriales, sino que pertenece al sistema general de seguridad social en salud, es, pues, una contribución
parafiscal. Por tal razón, la Corte no puede ser indiferente al equilibrio estructural del Sistema Nacional de
Seguridad Social en Salud, al plan obligatorio de salud del régimen subsidiario y a los principios de universalidad
y solidaridad que deben ir paralelos. La vigilancia de estos preceptos forma parte de uno de los objetivos del
Estado social de derecho: la solución de las necesidades insatisfechas de salud (art. 366 C.P.).

[…] Lo importante para el sistema es que los recursos lleguen y que se destinen a la función propia de la
seguridad social. Recursos que tienen el carácter de parafiscal.

Como es sabido, los recursos parafiscales “son recursos públicos, pertenecen al Estado, aunque están
destinados a favorecer solamente al grupo, gremio o sector que los tributa”[8], por eso se invierten
exclusivamente en beneficio de éstos. Significa lo anterior que las cotizaciones que hacen los usuarios del
sistema de salud, al igual que, como ya se dijo, toda clase de tarifas, copagos, bonificaciones y similares y los
aportes del presupuesto nacional, son dineros públicos que las EPS y el Fondo de solidaridad y garantía
administran sin que en ningún instante se confundan ni con patrimonio de la EPS, ni con el presupuesto nacional
o de entidades territoriales, porque no dependen de circunstancias distintas a la atención al afiliado.

Si los aportes del presupuesto nacional y las cuotas de los afiliados al sistema de seguridad social son recursos
parafiscales, su manejo estará al margen de las normas presupuestales y administrativas que rigen los recursos
fiscales provenientes de impuestos y tasas, a menos que el ordenamiento jurídico específicamente lo ordene.
(Como es el caso del estatuto general de contratación, art. 218 de la ley 100 de 1993). Por lo tanto no le son
aplicables las normas orgánicas del presupuesto ya que el Estado es un mero recaudador de esos recursos
que tienen una finalidad específica: atender las necesidades de salud. En consecuencia las Entidades
nacionales o territoriales que participen en el proceso de gestión de estos recursos no pueden confundirlos con
los propios y deben acelerar su entrega a sus destinatarios. Ni mucho menos las EPS pueden considerar esos
recursos parafiscales como parte de su patrimonio […]» (Líneas intencionales).

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43. En realidad, estos son giros de dinero que se efectúan con el fin de que sean
compensados21 bajo la figura de la UPC, la cual la ADRES distribuye por afiliado a
las distintas EPS o EOC, luego de realizar los respectivos abonos a las subcuentas
respectivas del sistema, sin que este concepto se encuentre condicionado a la
prestación o no de un servicio específico respecto de cada usuario cotizante, ya que
lo que se busca es cubrir todas las tecnologías en salud previstas en el plan de
beneficios y que hayan sido facturadas en determinados períodos, indistintamente
de la que haya recibido una u otra persona, pues en cada caso podrá ser mayor o
menor el costo generado por la atención, lo cual hace que el valor de la cotización
individual no se vea necesariamente reflejado en lo suministrado al paciente.

44. Como se observa, el aporte en salud de cada obligado es fundamental para que
se puedan financiar todos los tratamientos, medicamentos, dispositivos, consultas
y demás componentes de la atención en salubridad de cada uno de los usuarios del
sistema, y no solo de quien realiza la contribución, ello precisamente en
cumplimiento de los principios esenciales aludidos anteriormente.22

45. Como fundamento de lo anterior, basta con precisar que los artículos 157 de la
Ley 100 de 199323 y 2.1.4.1. del Decreto 780 de 201624 prevén que todo colombiano
participará en el servicio de salud, dentro de los cuales algunos actúan como
afiliados cotizantes obligatorios, entre estos, los trabajadores privados o servidores
públicos sin distinción de su calidad o régimen aplicables, quienes junto con sus

21 Decreto 780 de 2016 (Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y

Protección Social). ARTÍCULO 2.6.1.1.2.1. Definición del proceso de Compensación. Se entiende por
compensación, el proceso mediante el cual se descuentan de las cotizaciones recaudadas íntegramente e
identificadas de manera plena por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y demás Entidades Obligadas a
Compensar (EOC), para cada periodo al que pertenece el pago de la cotización; los recursos destinados a
financiar la subcuenta de Promoción de la Salud del Fosyga, los de solidaridad del Régimen de Subsidios en
Salud que financian la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga y los recursos que el Sistema reconoce a las EPS
y a las EOC por concepto de Unidades de Pago por Capitación (UPC).
22 Tanto es así que, si se presenta mora en el pago de las cotizaciones de los pensionados, las administradoras

no pueden compensar sino hasta que se reporte dicho abono, tal como lo prevé el artículo 2.1.9.7 del
mencionado Decreto 780 de 2016, lo cual afecta gravemente la sostenibilidad del sistema y la prestación
efectiva de los servicios.
23 «[…] ARTÍCULO 157. Tipos de participantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. A partir de

la sanción de la presente Ley, todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que permite el
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen
contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes vinculados.

A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.

Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en salud:

1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través de contrato
de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad
de pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del régimen contributivo de que trata
el capítulo I del Título III de la presente Ley. […]» (Subrayado intencional).
24 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social”. ARTÍCULO

2.1.4.1. Afiliados al régimen contributivo. Pertenecerán al Régimen Contributivo del Sistema General de
Seguridad Social en Salud

1. Como cotizantes:
[…] 1.3. Los pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sobrevivientes, sustitutos o pensión gracia tanto del
sector público como del sector privado.

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respectivos empleadores tienen a cargo en sus correspondientes proporciones la
totalidad del aporte según los artículos 160, 161, 202 y 204 de la primera norma.

46. Además, tal como lo precisó el tribunal de origen de forma motivada, y contrario
al argumento de la parte recurrente sobre la supuesta falta de pronunciamiento en
primera instancia, el aporte al SGSSS es obligatorio, calculado sobre el ingreso
base de cotización que, según el parágrafo 1.º del artículo 204 de la Ley 100 de
1993,25 debe ser exactamente igual al que se tenga en cuenta para el sistema
pensional.

47. Lo anterior corrobora la premisa relativa a que, si la prima especial de servicios
del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 es factor salarial para la liquidación de la
pensión de jubilación, al punto de que se realizan aportes sobre tal emolumento,
necesariamente debe seguirse la misma interpretación para entender que dicho
haber laboral también hace parte del IBC para cotizar a salud.

48. Esto hace que, ante su reconocimiento en vía judicial, tiene que ordenarse el
reconocimiento de estos pagos, aun a pesar de que lo propio no se haya previsto
expresamente en las normas reglamentarias de la ley en mención o que no hubiese
sido materia de pronunciamiento explícito en sentencias como la del 15 de
diciembre de 2020 proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado.

49. Sobre el punto debe tenerse en cuenta que el Sistema de Seguridad Social
Integral tiene precisamente esa denominación porque integra o congloba unos
subsistemas que buscan gestionar los riesgos derivados de la actividad laboral a
través de un modelo de aseguramiento que se sustenta en la prestación de servicios
públicos esenciales asociados a derechos fundamentales por medio de una
estructura de financiación parafiscal derivada del pago de cotizaciones obligatorias,
imprescriptibles e irrenunciables.

50. Es decir, bajo el símil de una prima de seguro, lo que se busca es cubrir las
contingencias propias del sistema, pero con la diferencia de que el pago de cada
cotizante no se ve reflejado en una contraprestación directa y proporcional al abono,
sino en la fuente de garantía de cobertura generalizada para toda la población
protegida en virtud del principio de solidaridad.

51. A manera de ejemplo, el artículo 2.1.8.4 del Decreto 780 de 2016
(Reglamentario Único del sector Salud), consagró expresamente en su inciso 2.º lo
siguiente: «[…] Reconocida la pensión de vejez, la entidad administradora o pagadora de
pensiones, del valor de las mesadas pensionales retroactivas descontará el valor de las
cotizaciones en salud y las girará al Fosyga o quien haga sus veces, sin que la EPS tenga

25 «[…] La base de cotización de las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores

públicos, afiliados obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, será la misma contemplada
en el Sistema General de Pensiones […]»

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derecho a compensar por estas. […]». Lo expuesto denota cómo incluso cuando un
pensionado no ha recibido su mesada, por concepto de retroactivo también deben
realizarse pagos a título de cotización en salud, pues como se observa, ese dinero
no hará parte de las EPS, sino que entrará a financiar el sistema a través de la actual
administradora (ADRES).

52. Por lo mismo, ante un reconocimiento judicial de un retroactivo por concepto de
un pago laboral susceptible de ser un componente del IBC para seguridad social,
tal como lo es la prima especial concedida a favor del demandante, resulta
consecuente que la entidad demandada tenga que reconocer no solo los aportes a
pensión, sino también los de salud, tal como lo ordenó el juez de origen.

53. Bajo este contexto se concluye que, sí surgía para la parte accionada el deber
de efectuar el respectivo cálculo con el fin de determinar el monto de los aportes a
pensión y salud adeudados por el interregno objeto de condena, así hayan prescrito
las demás sumas relacionadas con la prima especial, porque, en todo caso, tal
haber laboral sí debió ser incluido en el IBC para cotizar al SGSS, ya que se trata
de una obligación legal y no judicial.

54. Sin embargo, en este punto se debe precisar que la misma parte actora en el
escrito de subsanación de la demanda formuló como pretensión expresa que el
reconocimiento de la prima especial, como componente adicional con efectos
prestacionales, se haga desde el 18 de noviembre de 2013 por prescripción trienal.

55. Por tal motivo, la orden en materia de las aludidas cotizaciones también debía
limitarse a ese extremo inicial y no desde el 9 de septiembre de 1998 como lo estimó
el tribunal de origen, pues en virtud del principio de congruencia, la decisión de fondo
tenía que emitirse solo frente lo que fue pretendido. En consecuencia, se modificará
el ordinal cuarto para precisar que el reconocimiento de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social deberá hacerse desde el 18 de noviembre de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2020, que corresponde a la fecha final de
reconocimiento dispuesta en primera instancia y sobre la cual no hubo reparo por
ninguna de las partes.

56. Incluso, por lo expuesto anteriormente se descarta el argumento de la parte
recurrente sobre la aplicación de la prescripción de 5 años de la acción de cobro
prevista en el artículo 817 del Estatuto Tributario, porque su alcance está
contemplado exclusivamente para las obligaciones fiscales derivadas de impuestos,
tasas y contribuciones, es decir, para tributos que no sean del orden parafiscal como
lo son las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social, ya que estas últimas
por su misma naturaleza jurídica y destinación específica no pueden estar
sometidas a su extinción por el paso del tiempo, pues en caso de estarlo se
desconocería la finalidad social y el carácter fundamental de derechos como la
pensión o la prestación universal del servicio de salud, que solo se consolida con la

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acumulación de estos recursos.26

57. Lo anterior claro está sin perjuicio de la prescripción de 5 años para iniciar las
acciones sancionatorias y de determinación por la falta de pago por mora de tales
aportes cuya titularidad es preferente de la UGPP conforme el artículo 178,
parágrafo 2.º de la Ley 1607 de 2012, la cual solo implica un límite para esa entidad
respecto del ejercicio de su facultad punitiva, mas no frente a la vigencia de la
obligación parafiscal que definitivamente es imprescriptible por las razones
señaladas.

58. En consecuencia, estos argumentos son suficientes para modificar la sentencia
recurrida en el punto anterior y confirmarla en todo lo demás.

Condena en costas de segunda instancia

59. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

60. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

61. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

62. En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia a la parte
recurrente, por cuanto con la modificación que se ordenará, se accede parcialmente
a las peticiones del recurso de apelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

26 Dicho planteamiento ya fue expuesto por esta misma Subsección en sentencia del 26 de marzo de 2026.

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00440-02 (3738-2023).

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FALLA

Primero. MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia proferida el once (11) de
abril de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca,
el cual quedará de la siguiente forma:

«[…] CUARTO: Declarar la imprescriptibilidad de los aportes al Sistema de Seguridad
Social en Pensión que se deben realizar en favor del demandante por el periodo
comprendido entre el 18 de noviembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2020. En virtud del
reconocimiento del derecho a los funcionarios de la Fiscalía para devengar la prima especial
como una adición al salario básico y la previsión legal de que aquella debe conformar la
base de liquidación de las cotizaciones en pensión y salud, habrá de ordenarse reliquidar
los aportes a seguridad social integral teniendo en cuenta también el 30% de la prima
especial de servicios.

También deberán realizarse los aportes al sistema de seguridad social en salud por el
mencionado periodo declarado imprescriptible en atención a lo previsto en el parágrafo 1
del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dispone que la base de cotización al
Sistema de Seguridad Social en Salud debe ser igual a la contemplada en el Sistema
General de Pensiones.

En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada debe realizar
los aportes al sistema de seguridad social integral; además, queda facultada para realizar
los respectivos descuentos de ley a la demandante con la finalidad de que se realicen los
mismos. […]»

Segundo. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia apelada.

Tercero. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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