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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00236-02

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00236-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR el numeral primero, y en su lugar ESTARSE a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022 dentro del radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. MODIFICAR los numerales tercero y cuarto de la sentencia impugnada, los cuales quedarán en un solo numeral, así: i) DECLARAR probada la excepción de prescripción trienal, de las sumas anteriores al 25 de marzo de 2018, excepto para efectos de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad demandada a: i) Reconocer y pagar la prima especial del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un valor adicional a la remuneración mensual, desde el 25 de marzo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020, por cuanto a partir del 01 de enero de 2021 entró en vigencia el Decreto 272 del 11 de marzo de 2021, siempre que con su aplicación se haya normalizado el problema jurídico aquí resuelto. La prima especial solo constituye factor salarial para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación. Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación de tracto sucesivo y conforme a la formula consignada en la parte motiva de esta providencia. Dedúzcanse las diferencias a recibir todo aquello que, por concepto de otras acciones judiciales, conciliaciones o transacciones relacionadas con las pretensiones hayan recibido el actor. ii) Reconocer y pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, a partir del momento en que inició a desempeñarse como fiscal delegado. Estos aportes deberán pagarse en el porcentaje que corresponda tanto por parte de demandante como por el demandado. www.consejodeestado.gov.co 12 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 17001-23-33-000-2021-00236-02 (1799-2025) Demandante: Hugo Fernel Martínez Díaz TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 28 de marzo de 2025, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2021-00236-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de junio de 2026

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00236-02 (1799-2025)
Demandante: Hugo Fernel Martínez Díaz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2021-00236-02 (1799-2025)
Demandante: Hugo Fernel Martínez Díaz
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992.
Decisión: Revoca numeral primero para estarse a lo resuelto, modifica
numerales tercero y cuarto respecto del restablecimiento y
confirma en lo demás. No se condena en costas

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 28 de
marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda

2. La parte demandante solicitó la nulidad del Oficio No. GSA-31100 – 20480-
0115 del 13 de abril de 20212 y de la Resolución No. 023 del 27 de abril de 20213,
mediante los cuales la entidad demandada negó el reconocimiento y pago del
reajuste solicitado.

3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó: «[…] 3.- [...] reconozca y
pague […], a partir del momento de su vinculación laboral a la Fiscalía General de la
Nación en el cargo de Fiscal, esto es, desde el día 14 de agosto de 2012 y hasta el día
31 de diciembre de 2020, la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992, equivalente al 30% del ingreso básico mensual, la cual debe
adicionarse al salario básico mensual y no deducirse, e igualmente, para que se proceda
a reliquidar sus prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación

1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del
presente proceso.
2 Índice 14 expediente digital, 2ED_CUADERNOPR_02ANEXOSPDF(.pdf), págs. 12-20, Gestión en otros

despachos de Samai.
3 Índice 14 expediente digital, 2ED_CUADERNOPR_02ANEXOSPDF(.pdf), págs. 29-36, Gestión en otros

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Demandante: Hugo Fernel Martínez Díaz

básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima
especial .

4.- […] reconozca y pague […] a partir del momento de su vinculación laboral a la
Fiscalía General de la Nación en el cargo de Fiscal, esto es, desde el día 14 de agosto
de 2012 y hasta el día 31 de diciembre de 2020, las diferencias salariales y
prestacionales (prima de vacaciones, navidad, de servicios, extralegales, bonificación
por servicios, cesantías e intereses a esta, etc), existentes entre las sumas que le fueron
canceladas y las que legalmente le corresponden, reliquidando dichas prestaciones
sociales sobre el 100% de sus salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial […]»4.

Hechos que fundamentan la demanda

4. El señor Hugo Fernel Martínez Díaz ha laborado al servicio de la Fiscalía
General de la Nación como fiscal seccional en el municipio de Anserma (Caldas)5.

5. La parte actora elevó petición el 25 de marzo de 2021 ante la entidad
demandada, en la que solicitó se le reconociera y reliquidara la prima especial de
servicios, y el reajuste de salarios. La cual fue resuelta de manera negativa
mediante los actos demandados.

Fundamentos de derecho

6. Para el abogado de la parte actora, las decisiones enjuiciadas vulneraron los
artículos 1, 2, 4, 13, 25, 53, 58 y 228 de la Constitución Política; 127 del CST,6
42 del Decreto 1042 de 1978; 12 del Decreto 717 de 1978; 12 y 14 de la Ley 4
de 1992; 152 de la Ley 270 de 1996; 10, 102, 137, 148, 189 y 269 la Ley 1437
de 2011.

7. Al desarrollar el concepto de violación, sostuvo que la expresión sin carácter
salarial relacionada con la prima especial de servicios, conforme al artículo 14 de
la Ley 4 de 1992, fue interpretada por el Gobierno nacional en contravía de los
derechos de los trabajadores porque disminuyó el monto de las prestaciones
sociales, lo cual constituye un retroceso en los derechos adquiridos de los
trabajadores.

Contestación de la demanda

8. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda7 y se opuso a las
pretensiones en razón a que no hay lugar a reconocer ninguna reliquidación, toda
vez que, el Gobierno nacional al expedir los decretos salariales de los

4 Transcripción literal del acápite de pretensiones.
5 En los hechos no se relacionan los tiempos de servicio del actor.
6 Código Sustantivo del Trabajo.
7Índice 14, 12ED_CUADERNOPR_12CONTESTACIONDEMAND(.pdf), gestión en otros despachos de
Samai.

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Demandante: Hugo Fernel Martínez Díaz

funcionarios de dicha entidad de los años 2003 en adelante, no incluyó la prima
de 30% para los Fiscales y demás funcionarios como en derecho corresponde.

9. Finalmente, propuso las excepciones de «prescripción» y «cobro de lo no
debido».

Sentencia de primera instancia

10.Mediante sentencia proferida el 28 de marzo de 20258, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca accedió a las súplicas de la demanda.

11. Para arribar a esa decisión, el a quo concluyó que al considerar que el 30%
establecido como prima especial hace parte del salario, y no es un adicional,
generó una disminución en la liquidación de las prestaciones sociales de los
empleados.

12. Determinó que en el presente caso operó la prescripción trienal sobre las
diferencias causadas con anterioridad al 25 de marzo de 2018, toda vez que la
petición de reconocimiento se hizo el 25 de marzo de 2021. Aclarando que la
cotización que se debe hacer para los efectos pensionales no está sujeta al
fenómeno jurídico de la prescripción.

13.En consecuencia, acogió lo dispuesto en la sentencia del 15 de diciembre de
20209, y, a título de restablecimiento del derecho, dispuso:

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la NACIÓN-
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN en virtud del artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
reconocer y pagar a favor del Doctor Hugo Fernel Martínez Díaz, a cancelar el
salario básico en un 30% por concepto de prima especial, desde el 14 de agosto
de 2012, pero con efectos fiscales a partir del 25 de marzo de 2018 (por
prescripción trienal) y hasta el 31 de diciembre de 2020, por cuanto a partir del 01
de enero de 2021 entró en vigencia el Decreto 272 del 11 de marzo de 2021, siempre
que con su aplicación se haya normalizado el problema jurídico aquí resuelto.

Se recuerda que la prima especial solo constituye factor salarial para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación.

Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una
obligación de tracto sucesivo y conforme a la formula consignada en la parte motiva
de esta providencia.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia
siempre y cuando la liquidación (que se debe hacer partir 25 de marzo de 2018),
arroje un saldo en favor de la parte demandante, sin pasar por alto que a partir de
la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa que la prima
especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una suma adicional a
la asignación básica.

8 Índice 34, gestión en otros despachos de Samai.
9 Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00568-01(5472-18).

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Radicación: 17001-23-33-000-2021-00236-02 (1799-2025)
Demandante: Hugo Fernel Martínez Díaz

Dedúzcanse las diferencias a recibir todo aquello que, por concepto de otras
acciones judiciales, conciliaciones o transacciones relacionadas con las
pretensiones hayan recibido el actor.
[…]
CUARTO: DECLARAR probada la excepción de prescripción trienal, por lo
expuesto en la parte motiva de este proveído. Se reconocen los derechos frente a
la prima especial del 30% como una adición al salario y la reliquidación de las
prestaciones sociales sobre el 100% del salario partir del 25 de marzo de 2018 y
hasta el 31 de diciembre de 2020, por cuanto a partir del 01 de enero de 2021 entró
en vigencia el Decreto 272 del 11 de marzo de 2021 o hasta que haya normalizado
su situación conforme lo aquí ordenado.

Atendiendo a que la cotización que se debe hacer para los efectos pensionales no
está sujeta al fenómeno jurídico de la prescripción, se ordena la reliquidación y el
pago de las diferencias que se deban hacer por este concepto, a partir del momento
en que inició a desempeñarse como Fiscal delegado. Estos aportes deberán
pagarse en el porcentaje que corresponda tanto por parte de demandante como por
el demandado.

Recurso de apelación

14.Inconforme con esa decisión, la apoderada de la parte accionada la recurrió
en apelación.10

15. En su intervención, la entidad demandada hizo referencia a la sentencia del
15 de diciembre de 202011 proferida por la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, y señaló que desde el año 2003 en adelante, la
Fiscalía General de la Nación dejó de descontar el 30% de su salario para
imputarse como prima, y en cambio, pago de manera completa su salario básico,
y por tanto sus prestaciones sociales se liquidaron sobre el 100% de su salario.

16. Por otro lado, argumentó que la prescripción para los aportes al Sistema de
Seguridad Social debe ser el mismo aplicable a los aportes fiscales por remisión
del artículo 54 de la Ley 383 de 1997 y en esa medida, la acción de cobro de los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral prescribe en el término de 5 años,
contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles al tenor del
artículo 817 del Estatuto Tributario.

17.Finalmente, sostuvo que los aportes a pensión no fueron pedidos por la parte
demandante, por lo que el fallo es ultra petita, y conforme al principio de
congruencia el juez de la causa solo le resulta permitido emitir pronunciamiento
con base en lo pretendido.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

18. Por auto del 28 de noviembre de 2025,12 se admitió el recurso de apelación
de la entidad demandada.

10 Índice 37 Gestión en otros despachos de Samai.
11 Radicación: 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018).
12 Índice 0004 de Samai.

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Demandante: Hugo Fernel Martínez Díaz

19. Las partes guardaron silencio.

20. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverá la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia

21. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo13, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

22. Le corresponde a la Sala establecer si el actor tiene derecho a que se
reliquiden las prestaciones sociales con base en el 100% de su asignación como
lo determinó el Tribunal de instancia, o si por el contrario la entidad no adeuda
ningún valor por concepto de salario y prestaciones sociales. Asimismo, se
deberá determinar si tiene derecho al reconocimiento de la prima especial de
servicios.

23. Igualmente, si el fallo fue incongruente al acceder el pago de los aportes a
pensión, y si operó la prescripción frente a éstos.

24. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes aspectos:
1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 y el precedente jurisprudencial; y 2. Caso concreto.

La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992

25. La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial14 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del

13 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
14 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de

junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».

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Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de
que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador
Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».

26. Porsu parte, el Gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante el Decreto
53 de 1993, en el cual previó que será de obligatorio cumplimiento para quienes
se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia de este. Igualmente,
estableció que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían
optar una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en ese
decreto (artículo 2), con la excepción15 establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, que excluyó el beneficio de la prima especial.

27. El Legislador tuvo que pronunciarse sobre la prima especial del artículo 14 de
la Ley 4 de 1992, con el fin de precisar su alcance respecto de los servidores
públicos de la Fiscalía General de la Nación. En efecto, en el artículo primero de
la Ley 332 de 199616 determinó con claridad que la prima especial, en los
supuestos que resulte aplicable para la entidad, constituye parte del ingreso
básico de liquidación sólo para efectos de la liquidación de la pensión de
jubilación.

28. Posteriormente se profirió la Ley 476 de 1998, la cual aclaró la anterior
normativa y en su artículo primero dispuso: «Aclárase el artículo 1o. de la Ley
332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión
a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la
Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de
1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En
consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo
subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación
del salario base de liquidación de la pensión de jubilación».

29. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado

15 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General

de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
16 Artículo 6: «[e]l treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos

se considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal
Nacional, Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, Jefe Unidad
Regional de Fiscalía, Fiscal ante Tribunal de Distrito, Fiscal Regional, Jefe Unidad Seccional de Fiscalía,
Fiscal Seccional, Secretario General, Directores Nacionales, Directores Regionales, Directores Seccionales,
Jefes de Oficina, Jefes de División».

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mediante la sentencia del 15 de diciembre de 202017, respecto de la prima
especial de servicios concluyó lo siguiente:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de
la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de
1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica,
sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.”

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de
1969.

30. Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias del
6 de junio de 2023,18 10 de septiembre de 202419 y 5 de noviembre 2024.20

31. Igualmente, mediante sentencia del 21 de septiembre de 202221 de la Sala
de Conjueces del Consejo de Estado, se declaró la nulidad de algunos artículos
de los decretos salariales anuales, expedidos desde 1993, en los cuales señaló
que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al 30% del
salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».

Hechos probados

32. Dentro del proceso se encuentra probado que el actor presta sus servicios

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez

ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-
2017-00568-01(5472-18).
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio 2023. Radicación:

05001233300020150165102 (3578-2018) CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez. Y Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación:
730012333000201700551 01 (2276-2019). CP: Germán Eduardo Palacio Zúñiga.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 10 de septiembre de 2024.

Radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de noviembre 2024.

Radicación: 25000-2342-000-2020-00137-01 (0687-2022). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
21 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.

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Radicación: 17001-23-33-000-2021-00236-02 (1799-2025)
Demandante: Hugo Fernel Martínez Díaz

ininterrumpidamente a la Fiscalía General de la Nación como fiscal delegado ante
jueces penales del circuito del 1 de julio de 1992 sin que a la fecha de expedición
de la certificación laboral se reporte retiro del servicio.22

33. Está demostrado que el actor devengó hasta el año 2002, la remuneración
mensual y las prestaciones sociales por montos inferiores a los que tiene
derecho, ya que la Administración restó la prima especial de servicios del 100%
del salario. A partir del año 2003 percibió el 100% del sueldo correspondiente al
cargo de fiscal que desempeñó y que no reporta ningún emolumento por
concepto de la prima mencionada hasta el 31 de diciembre de 2020. 23

34. Que el 25 de marzo de 202124 la parte actora elevó petición a la entidad
demandada, solicitando el reajuste de la prima especial de servicios, de la cual
obtuvo respuesta negativa mediante los actos administrativos demandados.

Caso concreto

35. La Sala advierte, conforme lo señalado en la jurisprudencia,25 que desde el
año 2003 los decretos salariales que rigen a la Fiscalía General de la Nación no
previeron la prima especial, a pesar de que el reconocimiento de esta sí era
procedente como una adición a la asignación básica, según lo dispuesto en la
Ley 476 de 199826, por lo que a partir de dicho año reconoció el 100% de la
asignación básica, y en consecuencia liquidó las prestaciones sociales teniendo
en cuenta dicho emolumento de forma completa. No obstante, se evidencia que
no reconoció ningún concepto por prima especial de servicios del 30%.

36. Ahora bien, en los preceptos salariales que rigen a la entidad demandada,
expedidos entre 1993 y 2002, sí se estableció la prima especial, consistente en
el 30% de la asignación básica27, lo cual generó que se disminuyeran los ingresos
mensuales de los beneficiarios de esta; por lo que durante ese periodo se restó
la prima especial de servicios del 100% del salario, y por lo tanto el salario y las
prestaciones se liquidaron sobre un 70% de aquel.

22Índice 14 expediente digital, 2ED_CUADERNOPR_02ANEXOSPDF(.pdf), pág. 38, Gestión en otros
despachos de Samai.
23 Índice 14 expediente digital, 2ED_CUADERNOPR_02ANEXOSPDF(.pdf), pág. 38, Gestión en otros

despachos de Samai, y como se desprende de los actos administrativos demandados- pág. 15.
24 Índice 14 expediente digital, 2ED_CUADERNOPR_02ANEXOSPDF(.pdf), págs. 1-11, Gestión en otros

despachos de Samai.
25 Sentencia del 15 de diciembre de 2020, radicación 73001 23 33 000 2017 00568 01 (5472-2018)

conjuez ponente, Jorge Iván Rincón Córdoba.
26 Artículo 1o. Aclárase el artículo 1o. de la Ley 332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí

consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la
Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se
vincularen con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial
de servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan
o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la
pensión de jubilación.
27 Es oportuno aclarar que los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación destinatarios de la prima

especial del 30% tienen derecho a ella a partir de la expedición de la Ley 476 de 1998; no obstante, dicho
emolumento había sido incluido en los decretos salariales emitidos entre 1993 y 2002, como una reducción
del salario básico, pues el 30% de este se tuvo como prima especial, con lo cual, se generó una merma en
el cálculo de sus prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, las cuales
debieron liquidarse sobre el 100% de la asignación básica.

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Radicación: 17001-23-33-000-2021-00236-02 (1799-2025)
Demandante: Hugo Fernel Martínez Díaz

37. Así las cosas, la interpretación del Tribunal de instancia resulta equivocada,
en cuanto ordenó la reliquidación y pago de las diferencias de salarios y
prestaciones sociales a partir del 2018, ya que desde el 2003 el salario fue
reconocido en el 100%, sin descontar ninguna suma respecto de la asignación
básica. En consecuencia, lo que procede es el reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico, la cual no tiene
carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones
sociales, salvo para efectos de pensión. Lo anterior, se traduce sólo en el pago
del 30% que el demandante no recibió a título de prima especial, por lo que al no
presentarse el indebido descuento del 30% del salario el restablecimiento no
comprende una reliquidación de las prestaciones canceladas.

38. Conforme a lo anterior, se advierte que le asiste razón parcialmente a la
entidad apelante, por lo que se modificarán los numerales tercero y cuarto de la
sentencia de primera instancia con el fin de reconocer y ordenar el pago de la
prima especial sin carácter salarial al actor y eliminar el reconocimiento de
diferencias salariales y prestacionales en un periodo en que no había derecho a
ello.

39. Ahora, frente al argumento de que la sentencia de primera instancia vulneró
el principio de congruencia, pues condenó al pago de los aportes pensionales,
pretensión que no fue solicitada por el demandante. Al respecto, se tiene que los
supuestos que dan lugar a la incongruencia de la sentencia se verifican cuando
al demandado se le condena por cantidad superior a la pedida (“ultra petita”), o
por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la
invocada en la misma (“extra petita”), o cuando se omite el pronunciamiento sobre
una de las pretensiones (“minus petita”)28.

40. Ahora bien, una de las garantías del debido proceso consiste en el límite que
tiene la judicatura de no introducir sorpresivamente alegaciones o cuestiones de
hecho, de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna
defensa; por ello, la conformidad entre la sentencia y la demanda en cuanto a las
personas, el objeto y la causa, es ineludible exigencia de cumplimiento de
principios sustanciales del juicio relativos a la igualdad, bilateralidad y equilibrio
procesal, toda vez que la litis fija los límites de los poderes del juez de manera
que lo resuelto guarde identidad jurídica con las peticiones y excepciones
propuestas por las partes en el marco del litigio, salvo que la ley otorgue
facultades oficiosas al juez29. Cuando se supera este marco de operatividad se
produce el quebrantamiento del principio de congruencia.

28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 22,

sentencia del 2 de febrero de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2015-02342-00, C.P. Alberto Yepes
Barreiro.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

del 4 de marzo de 2021, radicación: 11001-03-25-000-2013-01223-00(3095-13), C.P. César Palomino
Cortés; Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación: 11001-03-26-
000-2019-00001-00 (63.104), C.P. María Adriana Marín.

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Demandante: Hugo Fernel Martínez Díaz

41. Revisado el expediente, la Sala encuentra que en las pretensiones de la
demanda la parte actora solicitó: «[…] reconozca y pague […] a partir del
momento de su vinculación laboral a la Fiscalía General de la Nación en el cargo
de Fiscal, esto es, desde el día 14 de agosto de 2012 y hasta el día 31 de
diciembre de 2020, las diferencias salariales y prestacionales (prima de
vacaciones, navidad, de servicios, extralegales, bonificación por servicios,
cesantías e intereses a esta, etc)». Asimismo, se advierte que bajo los mismos
términos fue solicitado ante la entidad demandada.

42. Así las cosas, se debe precisar que los aportes pensionales constituyen un
derecho imprescriptible e irrenunciable30 a favor del trabajador y por virtud de
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 son obligatorios por la
sostenibilidad del sistema31.

43. En consecuencia, la Sala considera que tanto en la reclamación
administrativa como en las pretensiones de la demanda se solicitó «las
diferencias salariales y prestacionales», en ese orden de ideas, se entiende que
dentro del concepto de «prestaciones» están inmersos los aportes pensionales,
pues son el insumo para el reconocimiento de la pensión y ello justifica el
pronunciamiento judicial en esa materia. Máxime que los aportes a Seguridad
Social en Pensión están íntimamente relacionados con el restablecimiento del
derecho, por lo que es procedente tal reconocimiento tal y como lo dispuso el a
quo, esto es a partir del momento en que inició a desempeñarse como fiscal
delegado.

44. Incluso, por lo expuesto anteriormente se descarta el argumento de la parte
recurrente sobre la aplicación de la prescripción de 5 años de la acción de cobro
prevista en el artículo 817 del Estatuto Tributario, porque su alcance está
contemplado exclusivamente para las obligaciones fiscales derivadas de
impuestos, tasas y contribuciones, es decir, para tributos que no sean del orden
parafiscal como lo son las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social,
ya que estas últimas por su misma naturaleza jurídica y destinación específica no
pueden estar sometidas a su extinción por el paso del tiempo, pues en caso de
estarlo se desconocería la finalidad social y el carácter fundamental de derechos
como la pensión, que solo se consolida con la acumulación de estos recursos.32

45. Por otro lado, se dispondrá revocar el numeral primero del fallo impugnado

30 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero

ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
31 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz,
radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
32
Dicho planteamiento ya fue expuesto por esta misma Subsección en sentencias del 26 de marzo de 2026.
Radicado: 05001-23-33-000-2016-00440-02 (3738-2023), y 14 de mayo de 2026, Radicado: 76001-23-33-
000-2022-00760-02 (1530-2025).

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que se estuvo a lo dispuesto en la providencia del 15 de diciembre de 2020, para
estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 202233 de la Sala
de Conjueces del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de algunos artículos
de los decretos salariales anuales, expedidos entre 1993 y 2017 en los cuales
señaló que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al
30% del salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».
Además, se declaró la nulidad de la siguiente previsión «ninguna autoridad podrá
establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas
del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la
Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no
creará derechos adquiridos».

46.De conformidad con lo expuesto, se dispondrá: i) revocar el numeral primero,
y en su lugar estarse a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022
dentro del radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018); ii) modificar los
numerales tercero y cuarto en torno al restablecimiento del derecho; y iii) se
confirmará en lo demás la sentencia apelada.

Condena en costas

47. . La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

48. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.

49. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

50.En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que el recurso de apelación está siendo concedido de manera parcial, por
manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en

33 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.

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el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.

51.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR el numeral primero, y en su lugar ESTARSE a lo resuelto
en la sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces, del 21 de septiembre de 2022 dentro del radicado 11001 03 25 000
2018 01101 00 (3974-2018), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO. MODIFICAR los numerales tercero y cuarto de la sentencia
impugnada, los cuales quedarán en un solo numeral, así:

i) DECLARAR probada la excepción de prescripción trienal, de las sumas
anteriores al 25 de marzo de 2018, excepto para efectos de cotización al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.

A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad
demandada a:

i) Reconocer y pagar la prima especial del 30% prevista en el artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992 como un valor adicional a la remuneración mensual, desde el
25 de marzo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020, por cuanto a partir
del 01 de enero de 2021 entró en vigencia el Decreto 272 del 11 de marzo de
2021, siempre que con su aplicación se haya normalizado el problema jurídico
aquí resuelto.

La prima especial solo constituye factor salarial para determinar el ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación.

Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una
obligación de tracto sucesivo y conforme a la formula consignada en la parte
motiva de esta providencia.

Dedúzcanse las diferencias a recibir todo aquello que, por concepto de otras
acciones judiciales, conciliaciones o transacciones relacionadas con las
pretensiones hayan recibido el actor.

ii) Reconocer y pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, a partir del momento en que inició a desempeñarse como fiscal
delegado. Estos aportes deberán pagarse en el porcentaje que corresponda
tanto por parte de demandante como por el demandado.

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Demandante: Hugo Fernel Martínez Díaz

TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 28 de marzo de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones y con
las precisiones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia.

QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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