Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00440-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00440-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-00440-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00440-02 (3738-2023)
Demandante: Álvaro Enrique Arenas Marín
Demandada: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Temas: Prima especial. Prescripción. Falta de congruencia respecto de
los actos demandados y la reliquidación de aportes a pensión
que son imprescriptibles. MODIFICA, REVOCA Y CONFIRMA
PARCIALMENTE SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala1 los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la
sentencia proferida el ocho (8) de marzo de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por medio de las cuales se accedió parcialmente a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Álvaro Enrique Arenas Marín instauró demanda2 contra la Nación -
Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: Resoluciones
(i) DESAJMR14-4665 del 9 de septiembre de 2014, y (ii) 7149 del 31 de diciembre
de 2015; por medio de las cuales la entidad demandada negó y confirmó dicha
1 Se precisa que, si bien el 17 de mayo de 2016 en calidad de magistrado del Tribunal Administrativo de
Antioquia suscribí impedimento para conocer del asunto (art. 141-1), de manera conjunta con los demás
magistrados de dicha corporación, el cual fue aceptado por el Consejo de Estado el 30 de junio de 2016, dicha
actuación no constituye una gestión en instancia anterior, ya que estuvo dirigida a dar trámite al proceso, no se
enmarca en ninguna causal de impedimento y, en gracia de discusión, actualmente la Subsección B en distintos
pronunciamientos lo ha declarado infundado. De ahí que es innecesario manifestarlo.
2 Folios 1 a 9.
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decisión respectivamente, en cuanto a la petición de que le sea reconocido el 30%
de la prima especial devengada con carácter salarial y prestacional.
3. Que se tenga en cuenta para fallar la aplicación uniforme de la jurisprudencia,
específicamente de las sentencias proferidas por el Consejo de Estado el 2 de abril
de 2009 y el 29 de abril de 2014 respecto de la nulidad de los decretos salariales
que contemplaban el pago del mencionado emolumento.
4. A título de restablecimiento del derecho, se ordene reconocer la prima especial
que le había sido descontada de su remuneración mensual, pero con efectos en su
salario y sus prestaciones causadas entre 2000 y 2010 cuando ejerció el cargo de
juez promiscuo municipal. Que, en consecuencia, se condene a la entidad
demandada a reliquidar y pagar de manera actualizada las diferencias entre los
valores de la referida prima, de sus prestaciones sociales y del IBC de sus
cotizaciones al SGSSP que resulten del reajuste en mención.
5. Se dé cumplimiento al fallo conforme los artículos 187 y 192 del CPACA, y que
por consiguiente se reconozcan los intereses a que haya lugar y la condena en
costas por concepto de agencias en derecho.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
6. Que prestó sus servicios a la Rama Judicial de manera ininterrumpida, vinculado
bajo el cargo de juez promiscuo municipal de Murindó y de Abriaquí entre 2000 y
2010 cuando se retiró de manera definitiva por haber adquirido el estatus pensional.
El 25 de agosto de 2014 solicitó la reliquidación y pago de la diferencia del salario
básico y el reajuste de sus prestaciones en atención a la exclusión de la prima
especial como componente de la asignación básica, esto durante el lapso en
mención. No obstante, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Medellín le negó lo reclamado mediante los actos demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
7. Consideró vulnerados: los artículos 1, 13, 25, 48, 53, 58, 150 numeral 19 y el 230
de la Constitución Política; 10, 102, 123, 138, 189, 269, 270, 271 del CPACA; 2,
literal a, 3, 14, y 15 de la Ley 4.ª de 1992; 5 y 10 de la Ley 153 de 1887; 152, numeral
7 de la Ley 270 de 1996; 115 de la Ley 1395 de 2010; y 12 del Decreto 717 de 1978.
8. Expresó que se configuran las causales de nulidad de infracción de las normas
en que debía fundarse el acto, desviación de poder y falsa motivación, bajo el
argumento de que hay una violación de las reglas generales, objetivos y criterios
establecidos en la Ley 4.ª de 1992, en lo que respecta a la fijación del régimen
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salarial de los empleados de la Rama Judicial, debido a que se desmejoró no
solamente el monto de lo que les corresponde por primas de servicio, vacacional,
navidad y cesantías, sino también la cuantía del salario ordinario.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
9. El 5 de marzo de 2019 fue admitida la demanda.3 La entidad accionada4
manifestó que no puede dársele carácter salarial a la prima especial del 30%,
porque así lo indican los decretos que reglamentan el régimen salarial, además en
razón a que el artículo 1 de la Ley 332 de 1996 consagró que tal emolumento solo
tiene esa naturaleza para efectos de la liquidación de la pensión, de manera que no
se pueden liquidar las vacaciones, prima de servicios, cesantías e intereses a las
cesantías con el 100% del salario pagado, sino con el 70% del mismo. En todo caso
afirmó que en la sentencia del 29 de abril de 2014 proferida por la sala de Conjueces
del Consejo de Estado solo fueron declarados nulos los decretos anuales de los
periodos de 1993 a 2007, sin que al momento exista pronunciamiento frente a los
actos posteriores.
10. Propuso como excepciones las de integración del litisconsorcio necesario,
prescripción, ausencia de causa petendi, legalidad de los actos acusados y la
genérica.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
11. El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 8 de marzo de
2023 declaró la nulidad de las Resoluciones DESAJMR 14-4885 del 1.º de octubre
de 2014 y DESAJMR14-5065 del 4 de noviembre de 2014. Por esta razón condenó
a la entidad demandada a reconocer y pagar de manera indexada el saldo restante
del salario y prestaciones sociales favor del actor (prima de servicio, prima de
vacaciones, prima de navidad, auxilio de cesantías e intereses a las cesantías), en
un 30% a título de prima especial que ordenó tener en cuenta como factor salarial
por el período laborado desde el año 2000 hasta 2007, siempre y cuando no hayan
sido pagadas tales diferencias.
12. Adicionalmente declaró no probada la excepción de prescripción, negó las
demás pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.
13. Expresó que en virtud de la potestad otorgada por la Ley 4ª de 1992, el
Gobierno Nacional expidió los decretos salariales de la Rama Judicial con los que
reprodujo año por año la previsión de que el 30% del salario devengado por los
funcionarios enumerados en el artículo 14 de la mencionada ley sería considerado
3 Folios 96 a 100.
4 Folios 118 a 133.
5 Índice 35 de SAMAI – Tribunales.
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como prima.
14. Aseguró que tales actos no ofrecieron la suficiente claridad y fueron
interpretados erróneamente por las entidades encargadas de aplicarlos, pues
entendieron que el 30% del salario básico era la prima misma y no que esta era
adicional al salario básico, pese a que ambas situaciones son completamente
diferentes, pues la primera interpretación implica una reducción de la asignación al
70%, mientras que la segunda, que es la correcta de conformidad con la ley y la
Constitución Política, implica que se puede tomar el 30% del salario pero solamente
para efectos de cuantificar la prima especial, para luego adicionarla a la
remuneración.
15. Manifestó que, en ese sentido, se requiere una orden judicial para que la entidad
demandada extienda al demandante las consecuencias jurídicas que se
desprenden de la sentencia del 29 de abril de 2014 donde la Sala de Conjueces del
Consejo de Estado (radicado 1686-07) determinó una “interpretación correcta” del
artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 y de sus decretos reglamentarios, al precisar que
la prima especial debe responder a los principios constitucionales de progresividad
y favorabilidad, al punto de que se entiende que tal haber laboral es un incremento
y no una disminución de la remuneración básica de los servidores judiciales como
los jueces de la República, el cual a su vez constituye factor salarial.
16. Planteó que por esa razón deberá estarse a lo resuelto en la referida sentencia
y por tanto inaplicar los decretos salariales que previeron el error sobre el cálculo
del emolumento en mención, sin embargo, tal decisión no fue consignada de
manera expresa en la parte resolutiva del fallo.
17. Respecto de la tesis expuesta en la sentencia del Consejo de Estado del 29 de
abril de 2014 sobre la prescripción contada desde la creación de la prima especial,
expresó que se apartaría de dicha providencia al asegurar que en la fecha en que
se declaró la nulidad de los citados Decretos reglamentarios de la Ley 4ª de 1992,
los actos administrativos de carácter particular expedidos con base en dichas
normas ya habían sido controvertidos en sede administrativa y estaban
demandados ante la jurisdicción, lo que hace que se presente una situación jurídica
no consolidada que se afecta con la aludida sentencia de nulidad, al punto de que
consideró que no es procedente sancionar al actor con una prescripción trienal de
su derecho, cuando dicho término se cuenta a partir del día siguiente a la exigibilidad
del derecho, y para el caso específico se reputa solo desde el 18 de mayo de 2014
que fue la ejecutoria de tal fallo.
RECURSOS DE APELACIÓN
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18. La parte demandante6 sostuvo que los actos administrativos anulados por el
tribunal no corresponden a los que fueron demandados, pues estos se corrigieron
mediante reforma a la demanda que fue admitida, esto es, las decisiones
reprochadas eran las Resoluciones DESAJMR14-4665 del 9 de septiembre de 2014
que negó la petición presentada el 25 de agosto de 2014, y la 7149 del 31 de
diciembre de 2015 con la que se confirmó manifestación primigenia.
19. Añadió que en la sentencia recurrida no se contempló en la condena los
períodos posteriores de pago después de 2007 y hasta el año 2010 que fue la fecha
de retiro definitivo del servicio, pese a que los decretos siguientes a la nulidad de
aquellos que regularon la prima especial, según la sentencia del 29 de abril de 2014,
deben ser inaplicados ya que está prohibido reproducir actos suspendidos o
anulados por la jurisdicción cuando no hayan desaparecido los fundamentos legales
de su retiro del ordenamiento conforme lo reglado en el artículo 9.° del CPACA.
20. Expuso que el fallo impugnado es incongruente con todas las pretensiones
planteadas, porque no hubo manifestación alguna sobre la reclamación quinta
relacionada con el reajuste y pago del ingreso base de cotización (IBC) al Sistema
General de Pensiones para al giro de sus respectivos aportes, los cuales fueron
dejados de pagar por la entidad demandada al no liquidar adecuadamente la prima
especial de servicios del 30%, a pesar de que este emolumento sí tiene carácter
salarial para dichos efectos y además bajo el entendido de que las cotizaciones son
imprescriptibles y por tanto deben cubrir todo el período laborado entre el año 2000
y 2010.
21. La parte demandada7 interpuso recurso de apelación por considerar que no se
le dio aplicación integra a la Sentencia SUJ 016- CE-S2-2019 del 2 de septiembre
de 2019, en el entendido que por mandato legal del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
la prima especial no tiene carácter salarial, lo que significa que dicho porcentaje no
constituye factor para la liquidación y pago de las primas de servicios, prima de
navidad, vacaciones, auxilio de cesantía, ni bonificación por servicios prestados, lo
cual se conforma con el análisis de fondo efectuado por la Corte Constitucional en
sentencia C-279 de 1996.
22. Afirmó que tampoco se le dio aplicación a las reglas de dicha providencia en
torno a la prescripción trienal, toda vez que el actor agotó la vía administrativa el 26
de agosto de 2014, conforme consta en la Resolución DESAJMR14-4665 del 09 de
septiembre de 2014, por lo cual, la misma operaria tres años hacia atrás, esto es el
26 de agosto de 2011, ello bajo el entendido de que aquel se retiró de la entidad el
31 de julio de 2010, fecha en la que obtuvo el estatus de pensionado, por lo cual,
tenía tres años después de ese momento para hacer la reclamación administrativa.
6 Índice 38 de SAMAI – Tribunales.
7 Índice 39 de SAMAI – Tribunales.
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23. Adujo que, en cuanto a la prescripción de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Salud y Pensiones dejados de pagar oportunamente, también
opera el fenómeno prescriptivo de 5 años conforme el artículo 817 del Estatuto
Tributario.
24. Destacó que, en el caso de los jueces de la República, de conformidad con el
Decreto 272 de 2021 se fijó la prima especial con efectos fiscales a partir del 1 de
enero de 2021 como valor adicional a la asignación básica. Sin embargo, planteó
que presupuestalmente resulta inviable pagar las obligaciones anteriores a esa
fecha, ya que no se cuenta con la apropiación presupuestal por parte del Ministerio
Hacienda y Crédito Público que permita cubrir el reconocimiento de dichas
acreencias laborales, pues en caso de asumir dicha obligación se desconocería la
prohibición contenida en los artículos 71 del Decreto 111 de 1996 y 2.8.3.2.1. del
Decreto 1068 de 2015.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
25. El 9 de mayo de 2025 se admitieron los recursos8 y ni las partes ni el agente del
Ministerio Público se pronunciaron.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
26. Deberá resolver la Subsección si en primera instancia se declaró la nulidad de
unos actos administrativos que no fueron demandados. Adicionalmente se verificará
si en el fallo impugnado existe una falta de congruencia al no haberse resuelto sobre
las pretensiones de pago de las diferencias por concepto de reliquidación salarial y
prestacional con base en la prima especial desde 2008 hasta 2010, al igual que en
lo relacionado con el reajuste del mayor valor de los aportes al Sistema General de
Pensiones.
27. Definido lo anterior tendrá que determinarse si este último emolumento
constituye o no factor salarial y si operó el fenómeno jurídico de la prescripción
respecto de todos los valores adeudados, incluidas las cotizaciones a pensión.
Finalmente se establecerá si la falta de apropiación presupuestal justifica la falta de
pago de la condena con anterioridad al 1.º de enero de 2021.
Marco normativo y jurisprudencial
De la prima especial. Artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
8 Ver índice 28 de SAMAI.
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28. La Ley 4.ª de 1992 en el artículo 14 determinó que el Gobierno Nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
29. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno Nacional ha expedido anualmente
los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No obstante, aquellos
proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos por el Consejo de
Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril de 20149, al
considerar que reconocer el treinta por ciento (30%) de la asignación básica a título
de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la remuneración total
y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones sociales, al liquidarlas
sobre un setenta por ciento (70%). Con lo que se inobserva la prohibición
establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de 1992, según la cual «En ningún
caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales», y además se
desconoce que la prima «debe entenderse como un fenómeno retributivo de
carácter adicional».
30. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de
septiembre de 201910, 11 de julio de 202311, 5 de septiembre de 202312, 5 de
diciembre de 202313, 6 de agosto de 202414 y 18 de diciembre de 202415. En
particular, se ha precisado que:
• La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que
por dicho concepto resulten a su favor.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.
Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:
73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:
250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00440-02 (3738-2023)
• No tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión, lo cual guarda
armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-279
de 1996.
• El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada uno
de los cargos que perciban el referido emolumento.
• Los beneficiarios tienen derecho a la reliquidación y pago de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su asignación básica, sin restarle ni sumarle a este
el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial y por
tanto, no incide en la liquidación de las prestaciones sociales.
31. En esa misma línea argumentativa, esta corporación mediante sentencia del 9
de abril de 202416, declaró la nulidad de los decretos salariales proferidos entre los
años 2008 y 2018 y reiteró que el 30 % correspondiente a la prima especial «no
puede ser deducido del salario».17
Resolución del caso concreto
32. En primera instancia se determinó que la prima especial del artículo 14 de la
Ley 4.ª de 1992 a la que tenía derecho el demandante no fue reconocida ni pagada
como un incremento del sueldo, sino que, al considerarlo parte de aquel, se
desconoció la finalidad de la norma en mención, lo cual también se encuentra
acreditado en esta oportunidad.18
33. Pues bien, el tribunal de primera instancia accedió a las pretensiones al estarse
a lo resuelto en la sentencia del 29 de abril de 2014 proferida por el Consejo de
Estado, por lo que decidió inaplicar vía excepción de inconstitucionalidad los
artículos el artículo 6.º del Decreto 57 de 1993, 6.º del Decreto 106 de 1994, 7.º del
Decreto 43 de 1995, 6.º del Decreto 36 1996, 6.º del Decreto 76 de 1997, el 6.º del
Decreto 64 de 1998, el 6.º del Decreto 44 de 1999, el 7.º del Decreto 2740 de 2000,
7.º del Decreto 1475 de 2001 y 6.º del Decreto 673 de 2002; así como todos los
actos posteriores que reprodujeran esos mismos enunciados anulados. Aun así,
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
17 En dicha providencia se precisó que: «la nulidad que se declara no implica que la prima especial sin carácter
salarial del 30% de la remuneración mensual de los servidores públicos beneficiarios, desaparece del mundo
jurídico, sino que, tal como se desprende de la motivación plasmada en esta sentencia, ese porcentaje no puede
ser deducido del salario, sin que en ningún caso pueda ser inferior, a la luz de la norma legal, artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992».
18 Ver constancias laborales y de salarios del 6 de junio de 2019 (folios 138 y 144 a 158), expedidas por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia. Con base en estas pruebas se encuentra
acreditado que el demandante laboró como juez promiscuo municipal de Murindó entre el 1 de junio de 2000 y
el 31 de agosto de 2005, y bajo el mismo cargo en el municipio de Abriaquí desde el 1.º de septiembre de 2005
hasta el 31 de julio de 2010 cuando se certificó que se retiró del servicio, cargos en los cuales devengó la prima
especial como un componente integral de su asignación mensual y no como un pago adicional al salario básico.
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esto fue solo un planteamiento expuesto en la parte considerativa de la sentencia
sin haberlo plasmado directamente en la parte resolutiva de la misma.
34. Ahora, debe precisarse que la legalidad de estas normas que incorporaron la
prima especial del treinta por ciento (30%) como parte de la remuneración fue
definida por la corporación mediante las sentencias del 29 de abril de 2014 y del 9
de abril de 2024, en las cuales se declaró la nulidad de dichas disposiciones, por lo
que resulta improcedente declarar la aludida excepción para inaplicar tales actos,
pues los mismos ya dejaron de surtir efectos.
35. En consecuencia, dada la ausencia de pronunciamiento expreso en la decisión
de primera instancia, la Sala en esta oportunidad ordenará estarse a lo resuelto en
las providencias citadas, en las que se determinó que el referido emolumento
constituye una adición al salario.
36. Adicionalmente es de resaltar que, como resultado del análisis anterior, en el
fallo apelado se declaró la nulidad de las Resoluciones DESAJMR 14-4885 del 1.º
de octubre de 2014 y DESAJMR14-5065 del 4 de noviembre de 2014, ya que el juez
de origen consideró que estas fueron las decisiones que materializaron la negativa
de la reclamación de reliquidación salarial y prestacional del actor.
37. No obstante, tal como este lo aseguró en su recurso, con la reforma de la
demanda19 claramente se determinó que los actos reprochados serían únicamente
las Resoluciones DESAJMR14-4665 del 9 de septiembre de 2014 que negó la
petición presentada el 25 de agosto de 2014, y la 7149 del 31 de diciembre de 2015
que confirmó lo anterior. En todo caso, es de destacar que incluso al revisar la
demanda original, en ningún momento se había cuestionado la legalidad de las dos
primeras resoluciones que fueron examinadas por el tribunal.
38. Por esta razón es evidente que, con base en lo dispuesto en el artículo 281,
inciso 1.º del CGP, se presenta una falta de congruencia entre lo reclamado y lo
resuelto en primera instancia al haber desconocido los verdaderos actos
demandados y por tanto haber efectuado un control de legalidad sobre decisiones
que no corresponden a la situación jurídica negada al accionante y frente a las
cuales este solicita su anulación y el consecuente restablecimiento del derecho.
39. En ese orden de ideas, se modificará el ordinal primero de la sentencia recurrida
para declarar la nulidad de las Resoluciones DESAJMR14-4665 del 9 de septiembre
de 2014 y 7149 del 31 de diciembre de 2015, las cuales corresponden a los actos
realmente demandados por el actor.
19 Folios 75 a 77.
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40. Definido lo anterior y tal como lo resolvió el tribunal de origen, el accionante sí
tenía derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de las diferencias en sus
ingresos mensuales, liquidados sobre el salario básico pagado en su momento
sobre un 70% del fijado por decreto, más el 30% de este que ha sido reconocido a
título de prima, así como al de las diferencias por el mayor valor faltante de la propia
prima especial calculada en un 30% del valor total de la debidamente fijada.
41. De esta forma, también resultaba procedente la reliquidación de sus
prestaciones sociales, calculadas sobre todo el salario básico calculado en la forma
señalada previamente, pero sin sumarle un 30% de manera adicional, ya que la
prima especial de servicios no tiene carácter salarial como lo sostiene la entidad
apelante. Es decir, contrario a lo resuelto por el juez de origen, dicho haber no incide
en la fijación de las aludidas prestaciones, salvo para efectos de pensión como lo
previó el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
42. Al respecto debe tenerse en cuenta que esa naturaleza fue dada por el
legislador dentro del marco de su libertad de configuración y bajo su propia
competencia al fijar las condiciones propias en las que reconocería dicha prima, lo
cual no puede ser desconocido en vía administrativa ni judicial.
43. Por esa razón solo sería procedente la reliquidación de las prestaciones
sociales del demandante y el pago de los valores resultantes adeudados,
determinados con base en el 100% de la asignación básica fijada para cada año en
que devengó la prima especial, esto es, sin deducir ni adicionar un 30% a ese valor,
pues se reitera, tal haber laboral no tiene carácter salarial para la fijación de estos
derechos prestacionales.
44. Sin perjuicio de lo expuesto, también se observa que en primera instancia
únicamente se accedió a las reclamaciones relacionadas con el pago de las
diferencias salariales y prestacionales en virtud del reajuste de estos conceptos con
base en el 100% de la asignación básica entre 2000 y 2007, sin emitir ningún
pronunciamiento expreso en la parte resolutiva frente a las pretensiones dirigidas a
que le fuera concedido lo propio también por el período restante de labor
comprendido entre 2008 y 2010 cuando se retiró del servicio,20 lo cual implicaría
que igualmente existió otra falta de congruencia en este aspecto al haber dejado de
resolver una reclamación expresa del demandante.
45. No obstante, para determinar si se configuró el derecho al pago de estos
conceptos y por tales períodos, será necesario verificar si operó o no la prescripción
que también es uno de los reparos exclusivamente de la parte demandada.
20 Al respecto, ver la certificación laboral del 6 de junio de 2019 emitida por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia, en la que se indica con precisión que el actor laboró como juez promiscuo
municipal de manera ininterrumpida entre el 1 de junio de 2000 y el 31 de julio de 2010.
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De la prescripción
46. En lo que respecta a dicho fenómeno, esta corporación ha sostenido de manera
pacífica21 que el derecho a la prima especial se hizo exigible con la entrada en
vigencia del Decreto 57 de 1993 que reglamentó primigeniamente la Ley 4.ª de
1992, es decir, el 7 de enero de 1993.
47. A partir de ese instante un interesado podía interrumpir el término extintivo, de
modo que, contrario al análisis efectuado en primera instancia, no fue con la
ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió aquel derecho, dada
su naturaleza declarativa. Por lo mismo, el actor contaba con 3 años desde esa
fecha o la de su vinculación en un cargo destinatario de dicho emolumento para
reclamar lo propio, lo cual, específicamente en su situación se hacía exigible desde
el 1.º de junio de 2000 cuando se vinculó como juez promiscuo municipal, fecha
que, en todo caso corresponde al del extremo inicial solicitado en la demanda.
48. Ahora, como la petición fue radicada ante la administración el 25 de agosto de
2014,22 esto es, con más de 3 años de posterioridad a las fechas en mención, se
concluye, en principio, que el reclamante solo habría consolidado el derecho a que
se le pague la diferencia entre lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir, así
como a la reliquidación de sus prestaciones, 3 años antes de la reclamación y desde
ese día en adelante, concretamente, a partir del 25 de agosto de 2011.
49. Sin embargo, como el accionante solo exigió el mencionado reajuste por los
años 2000 a 2010, bajo el entendido de que se retiró del servicio como juez
promiscuo municipal el 31 de julio de 2010, resulta evidente que en realidad, dada
la fecha de efectividad del derecho en razón de la prescripción, no existirían valores
adeudados a título de condena a cargo de la entidad demandada.
50. Al margen de lo expuesto, también se aclara que la figura bajo estudio no opera
en lo que se refiere a la obligación de la demandada de realizar, en favor del
accionante, los aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de
pensiones.
21 Para el efecto pueden consultarse:
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación: 25000-
23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación:
170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
22 Ver sello de radicación de la petición que obra de folios 38 a 41.
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51. En relación con la orden de aportes destinados al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones, estos constituyen un derecho imprescriptible e irrenunciable23 a
favor del trabajador24 y por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de
199325 son obligatorios, no solo por la naturaleza parafiscal de las mismas, sino por
la sostenibilidad del sistema.26
52. De hecho, por ese motivo no encuentra respaldo la tesis de apelación de la
entidad demandada sobre la aplicación de la prescripción de la acción de cobro
prevista en el artículo 817 del Estatuto Tributario, porque su alcance está
contemplado exclusivamente para las obligaciones fiscales derivadas de impuestos,
tasas y contribuciones, es decir, para tributos que no sean del orden parafiscal como
lo son las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social, ya que estas últimas
por su misma naturaleza jurídica y destinación específica no pueden estar
sometidas a su extinción por el paso del tiempo, pues en caso de estarlo se
desconocería la finalidad social y el carácter fundamental de derechos como la
pensión que solo se consolida con la acumulación de estos recursos.
53. Lo anterior claro está sin perjuicio de la prescripción de 5 años para iniciar las
acciones sancionatorias y de determinación por la falta de pago de tales aportes
cuya titularidad es exclusiva de la UGPP conforme el artículo 178, parágrafo 2.º de
la Ley 1607 de 2012, la cual solo implica un límite para esa entidad respecto del
ejercicio de su facultad punitiva, mas no frente a la vigencia de la obligación
parafiscal que definitivamente es imprescriptible por las razones señaladas.
54. Por lo tanto, resulta indispensable emitir una orden al respecto, incluso en el
eventual caso de que no se hubiera solicitado lo propio en la demanda. En ese
contexto, a la entidad le corresponde realizar la reliquidación de dichos aportes, para
determinar el monto de las sumas debidas de conformidad con las obligaciones
previstas en la ley.
55. Sobre el particular se observa que, tal como lo mencionó el demandante, en el
fallo impugnado no se hizo alusión a esta pretensión relacionada con el pago de las
cotizaciones por todo el tiempo en que ejerció el cargo de juez promiscuo municipal,
beneficiario de la prima especial calculada erradamente, ello pese a que, además
23 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 23001-23-33-000-
2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16. MP: Carmelo Perdomo Cuéter.
25 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
26 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección
Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
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de ser una reclamación expresa de la demanda, también es un elemento esencial
de pronunciamiento por ser un aspecto legal relacionado necesariamente con la
variación salarial y prestacional.
56. Por tal motivo, se advierte que la providencia apelada efectivamente incurre en
otra falta de congruencia al haber dejado de resolver una de las pretensiones
expresas del accionante, de manera que, en virtud de los artículos 328, inciso 2.º y
287, inciso 2.º del CGP, es decir, en razón de que ambas partes apelaron la totalidad
de la sentencia y por tanto habilitaron el estudio del litigio sin limitaciones, y además,
como la parte perjudicada con esta omisión es precisamente el actor que también
es recurrente, se revocará el ordinal cuarto con el fin de declarar probada la
excepción de prescripción propuesta por la parte demandada respecto de los
montos adeudados con anterioridad al 25 de agosto de 2011, a excepción de lo
relacionado con el pago de los aportes a pensión.
57. En ese orden de ideas, igualmente se revocará el ordinal segundo del fallo
impugnado para que, en lugar de la orden de reliquidación salarial y prestacional,
se condene a la entidad demandada a realizar el giro de la diferencia por concepto
de mayor valor de las cotizaciones a pensión del demandante ante el fondo o
administradora en la que este se encuentre afiliado, utilizando como ingreso base
de cotización el 100% de la remuneración mensual, calculada sobre el total de la
asignación fijada anualmente por el Gobierno Nacional para los servidores de la
Rama Judicial, esto es, el salario básico pagado en su momento sobre un 70%, más
el 30% que le había sido descontado a título de prima especial, con inclusión
adicional de este último emolumento debidamente reajustado, el cual solo es factor
para efectos pensionales, esto durante el período comprendido entre el 1.º de junio
de 2000 y el 31 de julio de 2010. Lo anterior de conformidad con la ley.
58. Finalmente, y a diferencia de lo argumentado por la entidad apelante, el derecho
que le asiste al accionante (por lo menos el relacionado con los aportes que fue el
que prosperó), no puede condicionarse al trámite administrativo que la accionada
deberá adelantar ante el organismo correspondiente para que se asigne el rubro
destinado al cumplimiento de la sentencia, so pena de desconocer el núcleo
esencial del debido proceso y del Estado Social de Derecho.
59. Nótese que, si bien los artículos 71 del Decreto 111 de 1996 y 2.8.3.2.1. del
Decreto 1068 de 2015 contemplan una prohibición para las autoridades de asumir
obligaciones dinerarias sin disponibilidad presupuestal, lo cierto es que estas
normas solo aplican en relación con el ámbito de competencia autónoma de las
entidades, no así frente a la imposición de condenas judiciales que deben ser
cumplidas conforme el artículo 192 del CPACA.
60. En todo lo demás que no fue materia de discusión se confirmará el fallo apelado.
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De la condena en costas en segunda instancia
61. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
62. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
63. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
64. En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia, ya que se accede
parcialmente a los argumentos de apelación de ambas partes, de manera que no
puede predicarse que estas hayan sido vencidas en la presente oportunidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. ESTARSE a lo resuelto en las sentencias dictadas por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 29 de abril de 2014 y el 9 de abril
de 2024, bajo los radicados: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07) y 11001
03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019), de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia proferida el ocho (8) de
marzo de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual
quedará de la siguiente forma:
«PRIMERO: Declarar la nulidad de las Resoluciones DESAJMR14-4665 del 9 de
septiembre de 2014 y 7149 del 31 de diciembre de 2015.»
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Tercero. REVOCAR los ordinales segundo y cuarto de la providencia recurrida, y
en su lugar:
«[…] SEGUNDO: Condenar a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial a reajustar y girar a la administradora o fondo de pensiones
a la que esté afiliado el señor Álvaro Enrique Arenas Marín, la diferencia por
concepto de mayor valor de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones del reclamante, utilizando como ingreso base de cotización para esta
reliquidación el 100% de la remuneración mensual, calculado sobre el total de la
asignación fijada anualmente por el Gobierno Nacional para los servidores de la
Rama Judicial, esto es, el salario básico pagado en su momento sobre un 70%, más
el 30% reconocido en su momento a título de prima especial, con inclusión adicional
de este último emolumento también debidamente reajustado, el cual solo es factor
para estos efectos pensionales, ello por el período comprendido entre el 1.º de junio
de 2000 y el 31 de julio de 2010. Lo anterior de conformidad con la ley.»
«[…] CUARTO: Declarar probada la excepción de prescripción respecto de los
valores adeudados al actor con anterioridad al 25 de agosto de 2011. […]»
Cuarto. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada.
Quinto. Sin condena en costas en esta instancia.
Sexto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Con impedimento
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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