Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-01902-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-01902-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2014-01902-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de julio de 2026
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01902-02 (6517-2023)
Demandante: Maritza del Socorro Ortíz Castro y Jhon Jairo Gómez Jiménez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01902-02 (6517-2023)
Demandante: Maritza del Socorro Ortíz Castro y Jhon Jairo Gómez
Jiménez
Demandado: Nación-Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: Bonificación por compensación y prima especial de servicios
art. 14 de la Ley 4 de 1992.
Decisión: Estarse a lo resuelto, modifica numeral primero para declarar
la nulidad total de los actos demandados, adiciona frente a la
prescripción, modifica numeral segundo respecto de los
extremos y el restablecimiento, y confirma en lo demás. Sin
condena en costas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver los
recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 13 de
junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda
2. La parte demandante solicitó la nulidad de la Resolución No. DESAJMR No.
14-4175 del 11 de junio de 2014,2 mediante la cual la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín- Antioquia negó el
reconocimiento y pago del reajuste de la bonificación por compensación y la
1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación y la prima especial del artículo 14
de la Ley 4 de 1992, objeto del presente proceso. Cabe precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa
Nieves manifestaba impedimento para conocer de asuntos relacionados con la prima especial del artículo
14 de la Ley 4 de 1992, por tener un proceso en trámite en el que se debatía un asunto similar, el mismo fue
definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión que se encuentra ejecutoriada, por lo
que a la fecha no existe pleito pendiente entre las partes o interés actual sobre la controversia. Por otra
parte, se advierte que el ponente en casos anteriores había manifestado impedimento por pleito pendiente;
sin embargo, este fue resuelto por la Sala mediate auto del 9 de abril de 2026, declarándolo infundado.
2 Índice 65 expediente digital, págs. 13-17 gestión en otros despachos de Samai.
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Demandante: Maritza del Socorro Ortíz Castro y Jhon Jairo Gómez Jiménez
prima especial de servicios a la parte actora, y el acto ficto o presunto derivado
de la falta de respuesta al recurso de apelación.
3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó:3 «SEGUNDO. […]
reconozca, liquide, pague y continúe haciéndolo a futuro a mis mandantes, la
BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN JUDICIAL en la cuantía indicada en el
Decreto 610 y 1239 de 1998, es decir, por el valor equivalente a la diferencia
existente entre la asignación que se les viene pagando desde esa fecha y el 80%
del total de los ingresos percibidos por todo concepto por los magistrados de las
Altas Cortes, teniendo en cuenta para la liquidación, el salario mensual de éstos,
que es igual al de un congresista, […] incluyendo la prima especial de servicios
del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, que actualmente se les paga a todos los
congresistas […], tomando todos los ingresos laborales totales anuales de
carácter permanente […] desde la fecha de posesión, 15 de septiembre de 2003
y desde el 01 de abril de 2005, respectivamente […].
[…] TERCERO. Que se tenga en cuenta el carácter salarial y las consecuencias
prestacionales del 30% de la remuneración mensual […] al quitarle a la prima
especial el carácter no salarial, al negarle la inclusión en la base liquidatoria de
sus cesantías y prestacionales sociales, de ese 30% que percibió como prima
especial […]».
Hechos que fundamentan la demanda
4. Los actores prestan sus servicios a la Rama Judicial como magistrados del
Tribunal Superior de Medellín, así: a) Jhon Jairo Gómez Jiménez desde el 15 de
septiembre de 2003; y b) Maritza del Socorro Ortíz Castro desde el 1 de abril de
2005.
5. Elevaron petición ante la entidad demandada4, solicitando el reajuste de la
prima especial de servicios y la bonificación por compensación. La anterior
solicitud fue resuelta de manera negativa mediante los actos acusados.
Fundamentos de derecho
6. Para el abogado de la parte actora, las decisiones enjuiciadas vulneraron los
artículos 1, 2, 4, 13, 53, 58, 150 y 209 de la Constitución Política; 143 del Código
Sustantivo del Trabajo; 2, 14 y 15 de la Ley 4 de 1992; 2, 3 y 137 de la Ley 1437
de 2011.
7. Al desarrollar el concepto de violación, señaló que los actores tienen derecho
a que se les reconozca la bonificación por compensación en la cuantía indicada
en el Decreto 610 de 1998, es decir, por el valor equivalente a la diferencia
existente entre la asignación que se les viene pagando desde esa fecha y el 80%
3 Se hace transcripción textual de las pretensiones de la demanda de los numerales 2 y 3.
4 En los hechos de la demanda no se relaciona la fecha de la petición.
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del total de los ingresos percibidos por todo concepto por los magistrados de las
Altas Cortes, teniendo en cuenta para la liquidación el salario mensual de éstos,
que es igual al de un congresista, habida cuenta que solo se les pagó hasta el
70%. Así mismo, el reajuste de su asignación básica en un 100% que fue
reducida por el concepto de prima especial
Contestación de la demanda
8. La Rama judicial contestó la demanda5 y se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, por considerar que como autoridad administrativa no tiene la
facultad para interpretar las leyes e inaplicarlas, en razón a que son los jueces en
sus respectivos fueros, a través de sus sentencias los que tienen esa facultad, a
diferencia de la demandada que únicamente está sometida a su imperio y debe
darle estricto cumplimiento.
9. Además, presentó las excepciones de «legalidad de los actos acusados», y
«prescripción trienal».
Sentencia de primera instancia
10. Mediante sentencia del 13 de junio de 2023,6 el Tribunal Administrativo de
Antioquia accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. Para arribar a esa
decisión, el a quo concluyó que frente a la bonificación por compensación «el 25
de septiembre de 2001, ante la declaración de nulidad del decreto 2668, recobró
vigencia el 610, la cual se mantuvo, en coexistencia con el 4040, hasta el 14 de
diciembre de 2011, fecha en que se eliminó del ordenamiento el último para dar
paso finalmente a la soberanía del decreto 610, disposición regente a hasta la
fecha de emisión de esta sentencia». Agregó que «la reclamación o demanda
procedía no solo a partir de la declaración de nulidad del decreto 4040 sino a
partir de la entrada en vigencia de este último o del ingreso al servicio por parte
de los actuales demandantes».Respecto de la prima especial, afirmó que tomar
de la asignación básica el 30% de ella y privarle de su carácter salarial desconoce
los derechos adquiridos.
11. Ahora, frente a la prescripción indicó que «si el decreto 4040 de 2004 no
debería haber producido efectos jurídicos, sí la inactividad de los demandantes
para el ejercicio de sus derechos. […] Por lo tanto, se declararán prescritas las
prestaciones periódicas reclamadas exigibles tres años hacia atrás contados
desde la elevación de la reclamación administrativa (excepto el tiempo laborado
a partir del 27 de enero de 2012, sobre el que no hay controversia)». Igualmente,
en lo que atañe a la prima especial indicó que «restablecerá el carácter
prestacional del 30% de la asignación mensual de los demandantes, pero sus
efectos, excepto en las cotizaciones al sistema de seguridad social, sólo se
irradiarán a las prestaciones laborales derivadas, causadas y exigibles desde tres
5 Índice 65, págs. 156-173 gestión en otros despachos de Samai.
6 Índice 59, gestión en otros despachos de Samai.
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años hacia atrás contados a partir de la presentación de la reclamación
administrativa».
12. En consecuencia, declaró la nulidad parcial de los actos administrativos
demandados, y dispuso:
SEGUNDO. Como restablecimiento del derecho de los demandantes:
A. Respecto de la bonificación por compensación judicial.
Se ordena liquidar y pagar a los demandantes la bonificación por compensación
judicial en una suma igual al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los magistrados del Consejo Superior de la judicatura, de
la Corte Constitucional, de la Corte suprema de Justicia y del Consejo de Estado,
pero solo se irradiarán a las prestaciones laborales derivadas, causadas y exigibles
desde tres años hacia atrás contados a partir de la presentación de la reclamación
administrativa (excepto el tiempo laborado a partir del 27 de enero de 2012, sobre
el que no hay controversia). Las anteriores se declararán prescritas.
B. Respecto de la prima especial
Se ordenará la reliquidación y pago de las prestaciones sociales que se vieron
incididas por la privación del 30 de la asignación básica, como prima especial sin
carácter salarial, desde tres años hacia atrás contados a partir de la presentación
de la reclamación administrativa. La demandada procederá a reliquidar dichas
prestaciones sobre la base del cien por ciento de la asignación básica. Se declaran
prescritas las causadas con anterioridad, excepto en las cotizaciones al sistema
de seguridad social. La demandada realizará las gestiones ante el fondo de
pensiones al que estén afiliados los demandantes para hacer el pago de las
cotizaciones adicionales por los años en que no se tuvo en cuenta el 30% de la
asignación básica como factor salarial para efectos de los aportes al sistema de
seguridad social integral.
TERCERO. COSTAS. Se condena en costas a la demandada […].
Recursos de apelación
• La parte demandante
13. Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandante la
recurrió en apelación7. En su intervención, señaló los siguientes puntos de
inconformidad:
14. Los actos demandados deben anularse en su totalidad y no parcialmente.
15. Por otro lado, señaló que la prescripción ordenada en el fallo de primera
instancia, concerniente al reconocimiento de la bonificación por compensación
del 80% establecida en los Decretos 610 y 1269 de 1998, «no se corresponde
con las fechas que se motivaron», y contradice las sentencias proferidas por al
Consejo de Estado que ordenan la aplicación de la prescripción solamente entre
el 5 de septiembre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, no en las fechas en que
7 Índices 54, 55 y 56, gestión en otros despachos de Samai.
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laboraron los demandantes «(salvo uno de ellos que lo hizo desde 2003, la otra
lo hizo a partir de 2005)».
16. En lo que se refiere al reconocimiento de la prima especial «del artículo 15
de la Ley 4 de 1992» no se hizo referencia clara en la sentencia, por lo que solicita
se adicione en ese sentido.
17. Respecto de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, «sobre
el 30% que debe incluirse en el salario de los demandantes, se procederá a
reliquidar dichas prestaciones sobre la base del cien por ciento de la asignación
básica, tal como RECONOCE y se ordena en la sentencia».
18. Por último, solicita estarse a lo resuelto en las sentencias proferidas por la
Sala de Conjueces del Consejo de Estado del 18 de mayo de 2016 y 2 de
septiembre de 2019.
• La parte demandada
19. El apoderado de la parte demandada recurrió en apelación8 la sentencia de
primera instancia.
20. Adujo que la prima especial de servicios sólo constituye factor salarial para
efectos de pensión de jubilación. Además, que no hay lugar a reconocer a los
magistrados de Tribunal y cargos equivalentes la prima especial de que trata el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 más la reliquidación de las prestaciones sociales,
pues, en todo caso, a tales funcionarios se les paga anualmente el 80% de lo que
por todo concepto devenga anualmente un magistrado de Alta Corte, límite que
no puede ser superado, a la luz de los Decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012.
21. Por otro lado, frente a la prescripción de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Salud y Pensiones, hizo referencia a que la acción de cobro
de cotizaciones atrasadas o dejadas de pagar a dicho sistema prescriben a los 5
años de conformidad con lo dispuesto en el artículo 817 del Estatuto Tributario.
22. Asimismo, indicó frente a la prescripción de la bonificación por
compensación que se debe tener en cuenta la interpretación dispuesta por la
Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado en las
sentencias de 18 de mayo de 2016 y 2 de septiembre de 2019, y la cual no puede
extenderse a la prima especial contenida en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 y
su incidencia en la bonificación, pues dicho emolumento ya está incluido en el
80% y no es necesario pagarlo nuevamente.
23. Agregó que, en virtud del Decreto 1102 de 2012, a partir del 27 de enero de
2012 se empezó a pagar por nómina el 80% de la bonificación por compensación.
8 Índice 57, gestión en otros despachos de Samai.
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24. Por último, solicita se revoque la condena en costas, pues considera que se
debe tener en cuenta factores tales como la temeridad, la mala fe y la existencia
de pruebas en el proceso sobre los gastos y costas en el curso de la actuación,
donde el juez debe ponderar dichas circunstancias y sustentar la decisión para
imponerlas.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
25. Por auto del 17 de octubre de 20259, se admitió el recurso de apelación, y se
ordenó correr traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para que
presentaran sus alegatos de conclusión.
26. Las partes guardaron silencio.
27. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverán las apelaciones, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia
28. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo10, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico
29. Le corresponde a la Sala establecer si los demandantes tienen derecho a que
se reliquiden las prestaciones sociales con base en el 100% de su asignación, ya
que el 30% de esta fue tomado como prima especial que no tiene carácter
salarial, o si por el contrario dicha prestación ya se encuentra incluida en la
bonificación por compensación, al reconocérseles el 80% de lo que por todo
concepto devenga anualmente un magistrado de Alta Corte; si es procedente
adicionar la sentencia frente a la prima especial del artículo 15 de la Ley 4 de
1992, y si acceder a las pretensiones de la demanda superaría el tope establecido
en la ley.
30. Asimismo, si a partir del Decreto 1102 de 2012 la entidad ha cancelado en
debida forma la bonificación por compensación, si el a quo aplicó correctamente
la prescripción respecto de la bonificación por compensación y si esta se extiende
a la prima especial del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, si frente a los aportes al
9 índice 25 de Samai.
10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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Sistema de Seguridad Social se debe acudir a la prescripción establecida para la
acción de cobro en el Estatuto Tributario; si procede la nulidad total de los actos
administrativos demandados; si debe estarse a los resuelto en las sentencias
invocadas por el actor; y si es del caso revocar la condena en costas de primera
instancia a la demandada.
31. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes
aspectos: 1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, la bonificación por compensación y el precedente jurisprudencial;
2. Hechos probados; y 3. Caso concreto.
La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
32. La Ley 4 de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial11 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de
que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador
Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».
33. En cumplimiento del mandato anterior, el Gobierno nacional desde 1993 ha
expedido anualmente los decretos salariales de los servidores públicos. Sin
embargo, aquellos emitidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, el 29 de
abril de 201412 bajo el argumento de que «de acuerdo con los criterios
establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno
Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los
decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2°
de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar
los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al
haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón
suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como
11 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de
junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
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para declarar su nulidad».
34. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201913, respecto de la prima
especial de servicios determinó lo siguiente:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de
la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30
% que había sido excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de
1969.
35. Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias 11
de julio de 202314, 5 de septiembre de 202315, 5 de diciembre de 202316, 6 de
agosto de 202417 y 18 de diciembre de 202418.
36. Posteriormente, esta corporación mediante sentencia del 9 de abril de
202419, declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores públicos
proferidos entre los años 2008 y 2018, pues bajo idéntico criterio se insistió en
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen
Anaya De Castellanos (Conjuez)
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023.
Radicación: 73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023.
Radicación: 250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
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www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01902-02 (6517-2023)
Demandante: Maritza del Socorro Ortíz Castro y Jhon Jairo Gómez Jiménez
que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del
salario».
La bonificación por compensación
37. El Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 199220, la cual en el artículo
15 estableció una prima especial de servicios, sin carácter salarial, para los
magistrados de Alta Corte, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen
a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en
ningún caso los supere, es decir, se equiparó el salario de los magistrados de las
Altas Cortes al de los congresistas.
38. En el año 1998, el Gobierno nacional expidió el Decreto 610 y en su artículo
1 creó la bonificación por compensación, equivalente al 60%, 70% y 80% para
las vigencias fiscales 1999, 2000 y 2001 en adelante; en otros términos, se creó
una bonificación por compensación, equivalente al 60% de lo que por todo
concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes para el año 1999,
el 70% para el año 2000 y del año 2001 en adelante el 80%.
39. Así que, el valor que se cancela por bonificación por compensación es el
resultado de tener en cuenta los ingresos anuales que «por todo concepto»
reciban los magistrados de Alta Corte, para así poder fijar los ingresos anuales
del magistrado de tribunal y demás cargos equivalentes, en un 80% a partir del
año 2001.
40. En distintas providencias21, ha precisado esta Corporación con fundamento
en el marco normativo reseñado que los beneficiarios de la bonificación por
compensación tienen derecho al 80% de los ingresos que por todo concepto
salarial y prestacional devengan los magistrados de Alta Corte, teniendo en
cuenta que éstos deben percibir lo mismo que devengan los congresistas
incluyendo el auxilio de cesantías como parámetro para determinar la liquidación
de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
41. Por otro lado, la exigibilidad del derecho para reclamar el reconocimiento de
la bonificación por compensación regulada en el Decreto 610 de 1998 se dio en
20 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales
y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales
e) y f) de la Constitución Política».
21 Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de
Estado, Rad. 250002325000201000246-02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente
Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta. Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Segunda- Sala de Conjueces, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortiz Bogotá, sentencia tres (03) de
diciembre de dos mil veinticuatro (2024). Referencia: 25000234200020180071602 Número interno: 0499-
2022; Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Segunda- Sala de Conjueces,
conjuez ponente: Miguel Arcángel Villalobos Chavarro sentencia ocho (8) de octubre de dos mil veinticuatro
(2024) Referencia: Expediente N° 17001-23-33-000-2012-00115-02 Número interno: 4006-2015; Consejo
de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda- Sala de Conjueces- conjuez ponente:
Jorge Edisson Portocarrero Banguera- sentencia seis (06) de junio de dos mil veintitrés (2023), Referencia:
25000-23-25-000-2011-00150-02- NI:1139-2019; entre otros.
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dos tiempos diferentes, con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad
del Decreto 2668 (originado durante los períodos comprendidos entre el 5 de
octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, periodo en el cual no hubo dualidad
de normas) y con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto
4040 (3 de diciembre de 2004 y el 27 de enero de 2012 solamente se hicieron
exigibles a partir del 28 de enero de 2012), y ese momento de exigibilidad debe
analizarse en cada caso concreto22. Sirve para ilustrar lo dicho el siguiente
esquema:
Hechos probados
42. Acreditado está en el expediente, que los demandantes prestan sus servicios
a la Rama Judicial, así:
• Jhon Jairo Gómez Jiménez: magistrado de la Sala Penal del Tribunal
Superior desde el 15 de septiembre de 2003, sin que a la fecha se reporte
retiro del servicio. 23
• Maritza del Socorro Ortíz Castro: magistrada de la Sala Penal del Tribunal
Superior desde el 1 de abril de 2005, sin que a la fecha se reporte retiro
del servicio. 24
43. Que percibieron como remuneración el 70% de lo que devengan los
magistrados de las Altas Cortes, con base en la bonificación por gestión judicial
consagrada en el Decreto 4040 de 200425, la cual ha sido percibida durante el
tiempo de sus vinculaciones como magistrados de Tribunal. Igualmente, han
devengado desde un principio la remuneración mensual y las prestaciones
sociales por montos inferiores a los que tienen derecho, ya que la administración
ha restado la prima especial de servicios del 100% del salario, lo que arroja un
70% de éste, y sobre ese 70% ha venido liquidando tanto el salario como las
prestaciones sociales26.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, expediente N° 41001-23-33-000-2016-
00041-02 (número interno 2204-2018), del 2 de septiembre de 2019.
23 Ver índice 65 expediente digital, pág. 25 gestión en otros despachos de Samai.
24 Ver índice 65 expediente digital, pág. 26 gestión en otros despachos de Samai. Certificación 16 de mayo
de 2014.
25 Decreto 4040 de 2004: artículo 2.
Parágrafo 2º. La Bonificación de Gestión Judicial tendrá efectos fiscales a partir del 1ode enero de 2004 y
es incompatible con la Bonificación por Compensación, que hasta la fecha de expedición del presente
Decreto se viene reconociendo a los servidores citados en el presente artículo.
26 Índice 65 expediente digital, págs. 19-23 gestión en otros despachos de Samai.
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44. Que el 12 de junio de 2014,27 los actores solicitaron a la demandada el
reajuste de la prima especial de servicios y la bonificación por compensación,
pero esta petición fue negada mediante los actos demandados.
Caso concreto
45. A la luz de la argumentación arriba expuesta, la Sala advierte que los
demandantes, en su calidad de magistrados del Tribunal Superior, les asiste el
derecho al reconocimiento y pago de la bonificación por compensación
consagrada en el Decreto 610 de 1998, es decir, al 80% de lo que por todo
concepto recibe un magistrado de Alta Corte, teniendo en cuenta que éstos
deben percibir lo mismo que devengan los congresistas, incluyendo la prima
especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, pues es un
ingreso anual permanente que perciben estos funcionarios, conforme a los
antecedentes jurisprudenciales antes expuestos.
46. Toda vez que, según lo señalado en precedencia, el valor que se cancela por
bonificación por compensación es el resultado de la diferencia entre lo proyectado
como ingresos anuales que “por todo concepto” reciban los magistrados de
Alta Corte y los ingresos anuales de magistrado de Tribunal y demás cargos
equivalentes, para fijar el ingreso laboral de éstos últimos en un 80%.
47. Ahora bien, resulta pertinente aclarar que los actores no tienen derecho al
reconocimiento de la prima especial de servicios en los términos previstos en el
artículo 1528 de la Ley 4 de 1992, toda vez que no ostentaron el cargo de
magistrados de Alta Corte. No obstante, sí les asiste el derecho a que, para
efectos de calcular el 80% de lo percibido por todo concepto por un magistrado
de Alta Corte —quienes devengan lo mismo que los congresistas—, se incluya la
prima especial de servicios consagrada en el artículo 15 de la norma citada, por
lo que se modificará el restablecimiento del derecho para precisar lo ya
mencionado.
48. Aunado a lo anterior, es preciso también señalar que no resulta viable
interpretar como lo hace la entidad demandada que, respecto de los funcionarios
beneficiarios de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de
1998, se entienda subsumida la prima especial de servicios consagrada en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, toda vez que dicha disposición no estableció tal
limitación para los magistrados de tribunal ni para los cargos equivalentes.
Distinto es que, al momento de liquidar los ingresos laborales, la entidad deba
observar lo dispuesto en el artículo 1º en el citado decreto, en el sentido de que
estos no superen el ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto
perciben los magistrados de las Altas Cortes, por lo que se adicionará la
sentencia para indicar que se debe atender dicho límite.
27 Índice 65 expediente digital, págs. 26-65 gestión en otros despachos de Samai.
28 ARTÍCULO 15.- Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia,
de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, (…) tendrán una prima especial de servicios (…).
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49. Asimismo, se advierte que no se encuentra probado que la entidad
demandada haya reconocido en debida forma la mencionada bonificación en
vigencia del Decreto 1102 de 2012, es decir, que haya tenido en cuenta el 80%
de lo que por todo concepto devengan los congresistas incluyendo la prima
especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, por lo que
no le asiste razón a la entidad apelante.
50. Ahora, frente a la prescripción, se debe aclarar en primer término que, en el
presente caso no es procedente entrar a analizar dicho fenómeno de manera
independiente respecto de la prima especial del artículo 15 de la Ley 4 de 1992,
pues como ya se precisó los actores no tienen derecho a dicha prima Distinto es
que al ordenar el reajuste de la bonificación por compensación en un 80%,
corresponda tener en cuenta lo que por todo concepto devenga un magistrado
de Alta Corte, los cuales deben percibir lo mismo que los congresistas, por lo que
tal fenómeno se debe analizar únicamente frente al reajuste de la bonificación.
51. Así las cosas, en relación con la bonificación por compensación, advierte
la Sala que al haberse declarado la nulidad del Decreto 4040 de 2004 mediante
sentencia proferida el 14 de diciembre de 201129, la exigibilidad de la bonificación
por compensación tiene lugar a partir de la fecha de ejecutoria de dicho fallo, es
decir el 28 de enero de 2012, para las diferencias reclamadas con posterioridad
al 3 de diciembre de 2004.
52. Respecto de los reajustes reclamados a partir del 1 de enero de 2000 al 2
de diciembre de 2004, cabe recordar que antes de la entrada en vigencia del
Decreto 4040 de 2004 (3 de diciembre de 2004) no existía dualidad normativa
que afectara la exigibilidad del derecho, como regla general operaría la
prescripción, pues así lo ha reconocido esta corporación, al señalar que la misma
procede para los periodos causados con anterioridad al 3 de diciembre de 2004.
53. No obstante, la jurisprudencia30 también ha admitido un alcance excepcional
en el cómputo de dicho fenómeno, al sostener que, si el interesado demuestra
haber interrumpido la prescripción antes de esa fecha, resulta posible retrotraer
sus efectos. Esta excepción, de carácter restrictivo, fue desarrollada por la Sala
de Conjueces en sentencia del 23 de mayo de 201831:
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces.
Sentencia del 14 de diciembre de 2011, Rad. No. 11001-03-25-000-2005-00244-01(10067-05). C.P. Carlos
Arturo Orjuela Góngora.
30 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 23 de mayo de 2018. Exp.
17001-23-33-000-2012-00144-02 (0602-15). C.P. Pedro Simón Vargas Sáenz; Consejo de Estado. Sección
Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 2 de septiembre de 2019. Exp. 41001-23-33-000-2016-00041-
02 (2204-18). C.P. Carmen Anaya de Castellanos; Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 26 de junio de 2025. Exp. 25000 23 42 000 2013 00267 02 (1132-2020). C.P. Luis Eduardo
Mesa Nieves.
31 Conjuez Ponente: Dr. Pedro Simón Vargas Sáenz. Exp. No.170012333000201200144 92 (0602-2015).
Actor: María Rubby Montoya de Uribe.
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Sobre este punto, esta Sala de Conjueces precisa que si bien a través de estas
sentencias se declaró que con la ejecutoria de la sentencia que declaró de nulidad
del Decreto 4040 de 2004, se hizo exigible el derecho al reconocimiento y pago de
la diferencia en el porcentaje que contempla el Decreto 610 de 1998 y el 4040 de
2004, y que por tal razón no se aplicaría la prescripción, lo cierto es que entre el
período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 2668
de 1998 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, si procede decretarla,
pues en este lapso no hubo dualidad de normas y por lo tanto, los beneficiarios de
que trata el artículo 2º del Decreto 610 de 1998 tenían la oportunidad de demandar
el reconocimiento y pago del 80% de lo que devengaban los magistrados de las
altas cortes; salvo que se encontraran en una de las dos situaciones descritas en
el numeral 2º del Decreto 4040 de 2004, que son: i) haber iniciado acciones
judiciales relacionadas con la bonificación por compensación y haber desistido a
sus pretensiones y ii) haber efectuado reclamaciones y suscribir contratos de
transacción. (Se subraya y negrillas fuera de texto).»
54. A partir de ese entendimiento, esta Subsección32 ha aplicado la línea
jurisprudencial referida y, particularmente frente al supuesto contemplado en el
literal b), ha considerado necesario, además de la suscripción del contrato de
transacción, acreditar la presentación de una petición ante la entidad.
55. No obstante, en recientes decisiones33 de la sala sobre el alcance de esa
interpretación se ha precisado que, de la lectura del literal b) del artículo 2.º del
Decreto 4040 de 2004 no se requiere la exigencia de actuaciones adicionales a
la suscripción del contrato de transacción, pues este señala que: «[…] b). Los
que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de
transacción para precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por
Compensación.»
56. Ahora bien, con relación al señor Jhon Jairo Gómez Jiménez que ostenta
el cargo de magistrado desde el 15 de septiembre de 2003, se advierte que frente
a este operó la prescripción trienal, pues no obra prueba dentro del expediente
que dé cuenta de la ocurrencia de alguna de las excepciones antes señaladas o
que hubiere interrumpido dicho fenómeno antes del 3 de diciembre de 2004, por
lo que estarían prescritas las diferencias del 15 de septiembre de 2003 al 2 de
diciembre de 2004.
57. En consecuencia, los demandantes tienen derecho a que se les pague la
diferencia entre lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir, para el señor
Jhon Jairo Gómez Jiménez desde el 3 de diciembre de 2004 y para la señora
Maritza del Socorro Ortíz Castro desde el 1 de abril de 2005, fechas para las
que ostentaban el cargo de magistrados de Tribunal, y en las cuales no corría la
prescripción trienal por la ausencia de exigibilidad del derecho34, y en adelante y
32 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de junio de 2025. Exp. 25000 23
42 000 2013 00267 02 (1132-2020). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
33 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 5 de marzo de 2026. Exp. 25000-
23-25-000-2011-00826-02 (1261-2019) y 25000-23-25-000-2012-01329-02 (1945-2024). C.P. Jorge Iván
Duque Gutiérrez.
34 Si bien es cierto que a través de la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de
2004, se hizo exigible el derecho al reconocimiento y pago de la diferencia en el porcentaje que contempla
el Decreto 610 de 1998; a partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 (3
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hasta que se desempeñen en dicho cargo y/o equivalente. Por lo tanto, le
asiste razón a la parte actora, y en ese sentido se modificará el periodo en que
procede el restablecimiento del derecho frente a dicha prestación, pues frente a
la bonificación por compensación el a quo no aplicó en debida forma la
prescripción.
58. Ahora bien, la cotización al Sistema de Seguridad Social está íntimamente
relacionada con el restablecimiento del derecho, por lo que, al ordenar el reajuste
de dicho emolumento, es deber de la entidad realizar el pago de los aportes, de
conformidad con la ley, por ser un derecho irrenunciable e imprescriptible, no
solo por la naturaleza parafiscal de los mismos sino por la sostenibilidad del
sistema35, que correspondería desde el 15 de septiembre de 2003 para el señor
Gómez Jiménez, y 1 de abril de 2005 para la señora Ortíz Castro y hasta cuando
desempeñen el cargo de magistrados de tribunal y/o equivalente. Así mismo,
dicho reconocimiento también procede por todo el tiempo laborado por los
actores como lo indicó el a quo, por las diferencias respecto del 30% del salario
que fue disminuido para tenerlo en cuenta como prima especial de servicios.
59. Por lo expuesto anteriormente se descarta el argumento de la entidad
recurrente sobre la aplicación de la prescripción de 5 años de la acción de cobro
prevista en el artículo 817 del Estatuto Tributario, porque su alcance está
contemplado exclusivamente para las obligaciones fiscales derivadas de
impuestos, tasas y contribuciones, es decir, para tributos que no sean del orden
parafiscal como lo son las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social,
ya que estas últimas por su misma naturaleza jurídica y destinación específica no
pueden estar sometidas a su extinción por el paso del tiempo, pues en caso de
estarlo se desconocería la finalidad social y el carácter fundamental de derechos
como la pensión, que solo se consolida con la acumulación de estos recursos. 36
En consecuencia, la Sala adicionará la sentencia para precisar en debida forma
como operó la prescripción.
60. Ahora, frente a lo señalado por la parte actora de que se reconozca el reajuste
prestacional frente a la prima especial de servicios, la Sala advierte que los
demandantes tenían derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de sus
ingresos mensuales, y de sus prestaciones sociales, liquidadas sobre la base de
todo el salario básico, sin restarle ni sumarle a éste el 30%, ya que la prima
especial de servicios no tiene carácter salarial y por tanto no incide o es inocua
para liquidar las prestaciones sociales, salvo para efectos de pensión. Distinto es
que el 30% que fue erradamente descontado de su remuneración mensual para
tenerlo a título de prima especial, sí tiene carácter salarial e incidencia
de diciembre de 2004 y el 27 de enero de 2012 solamente se hicieron exigibles a partir del 28 de enero de
2012).
35 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz,
radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
36 Dicho planteamiento ya fue expuesto por esta misma Subsección en sentencias del 26 de marzo de 2026.
Radicado: 05001-23-33-000-2016-00440-02 (3738-2023), y 14 de mayo de 2026, Radicado: 76001-23-33-
000-2022-00760-02 (1530-2025).
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prestacional, ya que constituye un porcentaje de la asignación básica que fue
descontado por una exégesis errada por parte de la entidad demandada.
61. Así las cosas, se encuentra que así lo concedió el a quo al indicar que «la
demandada procederá a reliquidar dichas prestaciones sobre la base del cien por
ciento de la asignación básica». No obstante, se advierte que en la parte
resolutiva de la sentencia el Tribunal no fue claro desde que fecha procedía dicho
reajuste, pues solo mencionó que se reconocía 3 años hacia atrás contados a
partir de la fecha de la reclamación, por lo que se modificará la sentencia para
precisar que el mencionado reajuste procede desde el 12 de junio de 2011 en
adelante, por la prescripción trienal, pues la solicitud fue radicada el 12 de junio
de 2014.
62. Lo anterior, precisando que dicho fenómeno no opera frente a las diferencias
de cesantías causadas durante el periodo en que han ocupado el cargo de
magistrados los demandantes, tal como se expuso en la sentencia de unificación
del 25 de agosto de 201637, según la cual este derecho no prescribe mientras la
relación laboral esté vigente, como en el presente caso, por lo que no procede la
prescripción de dicho emolumento por los periodos reclamados (desde el 15 de
septiembre de 2003 y en adelante hasta que el señor Jhon Jairo Gómez Jiménez
desempeñe el cargo de magistrado de tribunal y/o un cargo equivalente o similar;
y desde el 1 de abril de 2005 y en adelante hasta que la señora Maritza del
Socorro Ortíz Castro desempeñe el cargo de magistrada de tribunal y/o un cargo
equivalente o similar, respectivamente). La prescripción tampoco procede frente
a los aportes al Sistema de Seguridad Social en los periodos mencionados, como
ya antes se precisó, por lo que se medicará el numeral segundo para indicar lo
ya expuesto.
63. Asimismo, la parte actora solicita que se adicione la sentencia para atender
lo señalado en las providencias proferidas por la Sala de Conjueces del 18 de
mayo de 2016 y 2 de septiembre de 2019, lo cierto es que, dichas providencias
no corresponden a una sentencia de nulidad de actos administrativos, sino a un
precedente invocado para resolver el caso concreto, por lo que no es posible
acceder a tal solicitud.
64. Así las cosas, es de resaltar que mediante sentencia del 29 de abril de 201438
se declaró la nulidad de los apartes de los decretos salariales emitidos entre 1993
a 2007, que establecieron la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley
4 de 1992 como una reducción del salario y no como un pago adicional
equivalente al 30% de aquel. Igualmente, mediante fallo del 9 de abril de 202439,
esta Corporación declaró la nulidad de los decretos emitidos entre el 2008 y 2018
que, «establecieron la prima especial, creada por el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, como una parte del salario y no como un pago adicional equivalente al 30%
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 08001-23-31-
000-2011-00628-01 (0528-14) CE-SUJ2-004-16. MP: Luis Rafael Vergara
38 Proceso 11001 03 25 000 2007 00087 00 (1686-07).
39 Proceso 110010325000201900609 00 (4735-2019)
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Demandante: Maritza del Socorro Ortíz Castro y Jhon Jairo Gómez Jiménez
del salario», e indicó que «la nulidad que se declara no implica que la prima
especial sin carácter salarial del 30% de la remuneración mensual de los
servidores públicos beneficiarios, desaparece del mundo jurídico, sino que, tal
como se desprende de la motivación plasmada en esta sentencia, ese porcentaje
no puede ser deducido del salario, sin que en ningún caso pueda ser inferior, a
la luz de la norma legal, artículo 14 de la Ley 4ª de1992». En consecuencia, se
dispondrá estarse a lo resuelto en las sentencias expedidas por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, bajo radicados 11001 03 25 000
2007 00087 00 (1686-07) del 29 de abril de 2014 y 110010325000201900609 00
(4735-2019) del 9 de abril de 2024.
65. Igualmente, frente a la solicitud de que se declare la nulidad total y no parcial
de los actos demandados, se encuentra que le asiste razón a la parte actora,
pues las consideraciones expuestas por la entidad demandada en sede
administrativa no son de recibido para haberle negado el reajuste deprecado a
los demandantes, por lo que se modificará el numeral primero de la sentencia
impugnada.
66. Por otro lado, frente a las costas de primera instancia, la entidad
recurrente señala que deben ser revocadas, pues considera que se debe tener
en cuenta factores como la temeridad, entre otros.
67. Ahora, es del caso precisar que teniendo en cuenta que la sentencia se
expidió el 13 de junio de 2023, se advierte que la modificación del artículo 188
del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en
diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de
la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la
norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
68. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas a la parte vencida en
el proceso40, que para el presente caso corresponde imponerlas a la parte
demandada como lo señaló el Tribunal de instancia en la parte motiva de la
sentencia, por lo que no prospera dicho alegato.
69. De conformidad con lo expuesto, se dispondrá: i) estarse a lo resuelto en las
sentencias expedidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces, bajo radicados 11001 03 25 000 2007 00087 00 (1686-07) del 29 de
40 Posición acogida por la Sala en sesión del 28 de agosto de 2025.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 16
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Radicación: 05001-23-33-000-2014-01902-02 (6517-2023)
Demandante: Maritza del Socorro Ortíz Castro y Jhon Jairo Gómez Jiménez
abril de 2014 y 110010325000201900609 00 (4735-2019) del 9 de abril de 2024;
ii) modificar el numeral primero para declarar la nulidad total de los actos
administrativos demandados; iii) adicionar la sentencia para precisar la
prescripción frente a la bonificación por compensación y la prima especial de
servicios, excepto lo concerniente a los aportes al Sistema de Seguridad Social
y las diferencias de cesantías; iv) modificar el numeral segundo respecto al
restablecimiento del derecho; y v) se confirmará en lo demás la sentencia
apelada.
Condena en costas.
70. Conforme a lo anteriormente expuesto, en relación con los trámites de nulidad
y restablecimiento del derecho, según lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas a la parte vencida en el
proceso.
71. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
72. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que los recursos de apelación están siendo concedidos parcialmente, por
manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en
el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.
73. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. ESTARSE a lo resuelto en las sentencias expedidas por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, bajo radicados 11001 03 25
000 2007 00087 00 (1686-07) del 29 de abril de 2014 y 110010325000201900609
00 (4735-2019) del 9 de abril de 2024, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO. MODIFICAR el numeral primero de la sentencia impugnada en el
sentido de declarar la nulidad de la Resolución No. DESAJMR 14-4175 de 11 de
junio de 2014 y del acto ficto producto de la falta de respuesta al recurso de
apelación.
TERCERO. ADICIONAR la sentencia impugnada en el sentido de declarar
probada la excepción de prescripción, así:
A. Bonificación por compensación:
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Radicación: 05001-23-33-000-2014-01902-02 (6517-2023)
Demandante: Maritza del Socorro Ortíz Castro y Jhon Jairo Gómez Jiménez
• DECLARAR probada la excepción de prescripción frente al señor Jhon Jairo
Gómez Jiménez por los periodos reclamados del 15 de septiembre de 2003 al 2
de diciembre de 2004.
• Dicho fenómeno no operó frente a la obligación de la demandada de efectuar las
cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social de los actores,
por las razones expuestas en el presente proveído.
B. Prima especial de servicios:
• DECLARAR probada la excepción de prescripción trienal respecto de las
diferencias reclamadas por los demandantes anteriores al 12 de junio de 2011,
excepto para efectos de las diferencias de cesantías y de cotización al Sistema
General de Seguridad Social.
CUARTO. MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia impugnada el cual
quedará así:
«A. Bonificación por compensación: A título de restablecimiento del derecho
CONDÉNESE a la Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial a: i) reconocer y pagar a los demandantes el derecho a recibir la diferencia
de la bonificación por compensación, conforme a lo dispuesto en el Decreto 610
de 1998, equivalente al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto
devenga un magistrado de Alta Corte, teniendo en cuenta que éstos deben percibir
lo mismo que devengan los congresistas, incluyendo la prima especial de servicios
de que trata el artículo 15 de la Ley 4a de 1992, sin que de manera alguna
sobrepase el límite porcentual fijado en el Decreto referido, para el señor Jhon
Jairo Gómez Jiménez desde el 3 de diciembre de 2004, y para la señora Maritza
del Socorro Ortíz Castro desde el 1 de abril de 2005, y hasta cuando desempeñen
el cargo de magistrados de tribunal y/o equivalente; ii) Reconocer y pagar los
aportes al Sistema de Seguridad Social a partir del 15 de septiembre de 2003 (Jhon
Jairo Gómez Jiménez), y a partir del 1 de abril de 2005 (Maritza del Socorro Ortíz
Castro) respecto de las diferencias no cotizadas, hasta cuando desempeñen el
cargo de magistrados de tribunal y/o equivalente, de conformidad con la ley.
B. Prima especial de servicios: A título de restablecimiento del derecho
CONDÉNESE a la Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial a: : i) reconocer, reliquidar y pagar las diferencias correspondientes a los
ingresos mensuales sobre la base del salario básico más el 30% de éste, que
corresponde a la prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992; ii) reconocer, reliquidar y pagar las prestaciones sociales a los actores,
liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin restarle ni sumarle a éste
el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial; iii) lo
anterior será reconocido del 12 de junio de 2011 y de ahí en adelante hasta que
desempeñen el cargo de magistrados de tribunal y/o equivalente; y iv)
Reajustar y pagar las cesantías y los aportes al Sistema General de Seguridad
Social, utilizando como ingreso base de cotización el 100 % de la remuneración,
calculado sobre el total de la asignación básica fijada anualmente, las diferencias
por tales conceptos serán reconocidas desde el 15 de septiembre de 2003 (Jhon
Jairo Gómez Jiménez), y a partir del 1 de abril de 2005 (Maritza del Socorro Ortíz
Castro) y en adelante hasta que desempeñen el cargo de magistrados de tribunal
y/o un cargo equivalente o similar, respectivamente, de conformidad con la ley.
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Radicación: 05001-23-33-000-2014-01902-02 (6517-2023)
Demandante: Maritza del Socorro Ortíz Castro y Jhon Jairo Gómez Jiménez
QUINTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 13 de junio de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta sentencia.
SEXTO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia.
SÉPTIMO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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