Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00716-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00716-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-00716-02
Consejero ponente: Conjuez Clara Elisa Cifuentes Ortiz
3 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SALA DE CONJUECES
CONJUEZ PONENTE: CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
Bogotá, tres (03) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).
Referencia: 25000234200020180071602
Número interno: 0499-2022
Demandante: Oscar Santander España
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN
Corresponde a la Sala de Conjueces decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, contra la sentencia proferida el 26 de marzo de 2021, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Sala Transitoria, que decidió, acceder
las pretensiones de la demanda.
1. ANTECEDENTES
1.1. LA DEMANDA1
Se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por OSCAR
SANTANDER ESPAÑA contra de la Procuraduría General de la Nación.
1 Índice 8 expediente digital, ED_CUADERNO1_01DEMANDA(.pdf) de Samai.
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Número Interno: 0499-2022
Demandante: Oscar Santander España
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Las pretensiones fueron las siguientes:
1) Que se declare la nulidad del Oficio No. SG- No. 003265 del 22 de julio de 2014,
expedido por la Secretaria General de la entidad demandada, que resolvió negar el
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación, creada por los
Decretos 610 y 1239 de 1998.
Y a título de restablecimiento del derecho, solicitó:
“SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anteriormente solicitado, y a título de
restablecimiento del derecho, se condene a la Procuraduría General de la Nación, a
reliquidar la asignación mensual percibida por el doctor OSCAR SANTANDER ESPAÑA,
en su calidad de Procurador 364 Judicial II Penal, incluyendo dentro de la misma
bonificación por compensación de acuerdo con la equivalencia establecida en los
Decreto 610 y 1239 de 1998, esto es, que sumada a la asignación básica y demás
emolumentos mensualmente percibidos por mi poderdante, equivalga al 80% de lo
que por todo concepto devengan los magistrados de las altas cortes, incluyendo las
diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios, teniendo en
cuenta para la liquidación de esta todos los ingresos laborales totales anuales de
carácter permanente devengados por los congresistas, que son: sueldo básico, gastos
de representación, prima de localización y vivienda, prima de salud, primas de servicios,
prima de navidad y cesantías, durante el periodo comprendido desde el día cinco (05)
de abril de dos mil diez (2010) y en delante hasta que conserve el cargo que ocupa
actualmente con los correspondientes ajustes de conformidad con las pautas legales y
jurisprudenciales sobre la materia.
TERCERO: Que se condene a la Procuraduría General de la Nación, pagar al doctor
OSCAR SANTANDER ESPAÑA, las diferencias dejadas de percibir desde el 05 de abril de
2010, hasta la fecha en que se realice la reliquidación solicitada en la pretensión
inmediatamente anterior (…).” (Resaltado fuera de texto)
CUARTO: Que, como consecuencia de la reliquidación de los salarios, igualmente se
disponga la reliquidación de las primas, vacaciones, cesantías y en general las demás
prestaciones sociales a que haya lugar.
Igualmente, solicitó el reajuste de las sumas adeudadas, el pago de intereses moratorios
conforme a los artículos 192, 195 y 203 del CPACA.
1.2. HECHOS
Relató que el demandante se desempeña en el cargo de procurador 364 judicial II desde el
05 de abril de 2010.
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Sostuvo que el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 2668 de 1998, que pretendió
disminuir el monto de la bonificación por compensación consagrada en los Decretos 610 y
1239 de 1998. No obstante, el Consejo de Estado declaró la nulidad de aquel decreto
mediante la sentencia del 25 de septiembre de 2001, por lo cual los Decretos 610 y 1239
de 1998, recobraron su vigencia.
Mediante petición del 01 de julio de 2014, el demandante solicitó el reajuste de la
bonificación por compensación, lo cual fue negado por la Procuraduría General de la Nación
mediante Oficio SG- No. 003265 del 22 de julio de 2014.
1.3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
Del orden constitucional los artículos 4, 13, 53 y 280; del orden legal el Decreto 610 y 1239
de 1998 y Decreto 4040 de 2004.
Indicó que, los Decretos 610 y 1239 de 1998 se encuentran vigentes por virtud de las
sentencias expedidas por el Consejo de Estado en sede de simple nulidad, que retiraron
del ordenamiento jurídico los decretos que pretendían eliminar la bonificación por
compensación, en consecuencia, las prerrogativas laborales consagradas son ciertas e
indiscutibles, y por tanto irrenunciables.
Señaló que el actor le es aplicable la bonificación por compensación establecida en los
Decretos 610 y 1239 de 1998, por virtud de la regla de equivalencia remuneratoria
establecida en el artículo 280 de la Constitución Política, según el cual los agentes del
Ministerio Público serán remunerados en condiciones iguales a como son remunerados los
titulares de los despachos ante los cuales actúan, en el caso concreto son los magistrados
del Tribunal Superior de Distrito Judicial.
Concluyó que, el Decreto 4040 de 2004, contrario a lo que se sostiene en el acto
administrativo cuya nulidad se demanda, es inaplicable al caso del actor, en la medida que
dicha norma fue anulada por el Consejo de Estado, por los serios reparos de
inconstitucionalidad.
1.4. La contestación de la demanda
La entidad demandada no contestó la demanda.
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1.5. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA2
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Sala Transitoria, profirió
sentencia el 26 de marzo de 2021, mediante fallo de primera instancia decidió:
PRIMERO. – Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en las
sentencias de unificación jurisprudencial proferida el día 18 de mayo de 2016, por las
razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO. - Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio S.G. No.
003265 del 22 de julio de 2014, expedido por la Secretaría General de la Procuraduría
General de la Nación, por medio de la cual no se accedió al pago y reconocimiento de los
derechos laborales reclamados por el demandante, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.
TERCERO.- Condénese a la NACIÓN- PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer
y pagar a Oscar Santander España, el derecho adquirido a recibir las diferencias adeudadas,
por concepto de bonificación por compensación, en su condición de procurador judicial II,
las cuales le deben ser reconocidas y pagados con carácter permanente, en el equivalente
al 80% de lo devengado por todo concepto por los magistrados de las Altas Cortes,
incluyendo la prima de servicio- art. 15 Ley 4 de 1992- prima de vacaciones, prima de
navidad, bonificación por servicios y las diferencias adeudadas por concepto de prima
especial de servicios, teniendo en cuenta para la liquidación de esta todos los ingresos
laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los congresistas, que
son: sueldo básico, gastos de representación, prima de localización, y vivienda, prima de
salud, prima de servicios, prima de navidad y cesantías, durante el periodo comprendido
entre el 05 de abril de 2010 y hasta el día en que funja o fungió en el cargo de procurador
judicial II u otro equivalente, con los correspondientes reajustes, de lo cual se descontará lo
que ya se hubiese cancelado al actor por concepto del Decreto 4040 de 2004. De tal manera,
que el 80% de la bonificación por compensación para los magistrados y/o procuradores
judiciales II y cargos homologados, es un límite que no puede ser superado con el
reconocimiento de la prima especial de servicios, incluido el auxilio de cesantías, esto es,
que la reliquidación de la bonificación procede respecto de los citados funcionarios, siempre
que en la respectiva anualidad, sus ingresos anuales percibidos no hayan alcanzado el tope
del 80% de lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte, incluido en ello
las cesantías de los congresistas, todo esto, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.
(…)” Resaltado fuera de texto
Como fundamento de la decisión, señaló que la bonificación por compensación no tiene el
carácter de factor salarial para liquidación y pago de las prestaciones sociales, solo para
determinar el valor de las pensiones de cualquier naturaleza, postura que se mantendrá en
virtud del necesario respeto a los principios de legalidad, seguridad jurídica e igualdad.
2 Índice 8 expediente digital, ED_CUADERNO1_51FALLO- CONDENAADEMANDADO(.pdf) de Samai.
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Indicó que dentro del expediente se encuentra probado que el actor se vinculó a la
Procuraduría General de la Nación, en el cargo de procurador 364 judicial II penal desde el
05 de abril de 2010. Igualmente, concluyó: “(i) probada la calidad de procurador judicial II
que ostenta el demandante, por lo cual tiene derecho a la reliquidación y pago de la
bonificación por compensación, incluido el derecho adquirido a recibir las diferencias
adeudadas, atendiendo también la prima especial creada por el artículo 15 de la Ley 4 de
1992.
Que conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado las cesantías de los congresistas
forman parte de la prima especial de los magistrados de Altas Cortes, rubro que debe
sumarse a la liquidación de bonificación por compensación, teniendo en cuenta, para su
liquidación, los porcentajes relacionados en el artículo 1° del Decreto 10 de 1993, esto es,
el equivalente al 80% de todos los ingresos laborales totales anuales de carácter
permanente devengados por los congresistas, que son: asignación básica, gastos de
representación, prima de servicios, prima de navidad y auxilio de cesantías, conceptos que
se deben reliquidar a partir del 5 de abril de 2010 y hasta el día en que funja en el referido
cargo, con los correspondientes reajustes, descontando las sumas que se hubiesen
cancelado por concepto de bonificación por gestión judicial- Decreto 4040 de 2004.
Precisó que la prima especial de servicios- de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992-
debe ser tenida en cuenta como parte de los ingresos de los magistrados de Alta Corte, de
manera que ella no constituye un ítem adicional al 80% de la bonificación por
compensación. Dicho, en otros términos, el 80% es un porcentaje de una suma que ya
incluye la prima especial de servicios.
1.6. Recurso de apelación
La parte demandada presentó recurso de apelación3; solicitó se revoque el fallo primera
instancia y en su lugar se nieguen las pretensiones.
Adujo que la competencia general en materia de fijación de salarios y prestaciones para los
servidores del Estado, según lo previsto en los artículos 189, numeral 11, y 150, numeral
19, literal e de la Constitución Política y la Ley 4 de 1992, corresponde exclusivamente al
3 Índice 8 expediente digital, ED_CUADERNO1_57RECURSOAPELACIONP(.pdf) de Samai.
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Gobierno Nacional, en cabeza del presidente de la República, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y el director del Departamento Administrativo de la Función Pública. En este
sentido, resulta ilegal que cualquier otra autoridad administrativa, efectúe reconocimientos
laborales distintos o con montos diferentes a los establecidos en los actos administrativos
expedidos o cambie la naturaleza legal de cada uno de los emolumentos reconocidos en la
ley, que, además, tienen carácter de orden público.
Agregó que, el Gobierno Nacional tiene la investidura para regular el régimen salarial y
prestacional, entre otros, de los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación
y no es legal que pueda efectuar reconocimientos laborales distintos o con montos
diferentes a los establecidos en los actos administrativos que se expidan para el efecto.
Citó la sentencia proferida el 18 de julio de 2018 por el Consejo de Estado y afirmó que la
bonificación por compensación no es factor salarial para la liquidación de las prestaciones
sociales, pero si es factor salarial para la liquidación de las pensiones de vejez, invalidez
total o parcial.
1.7. Alegatos de segunda instancia
Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no intervino4.
2. Consideraciones de la sala
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA, modificado por la Ley 1564
de 2012, artículo 615, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, es
competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
2.2. El problema jurídico.
Conforme al recurso de apelación, procederá la Sala a examinar si: ¿Tiene derecho Oscar
Santander España al pago de la diferencia entre el valor reconocido por la demandada y el
valor que resultaría de reconocerle la bonificación por compensación consagrada en el
Decreto 610 de 1998, equivalente al 80% de los ingresos salariales de los magistrados de
4 Índice 33 de Samai.
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las Altas Cortes?, en caso afirmativo desde cuándo, si dicho emolumento constituye factor
salarial y si ha operado prescripción de derechos causados.
Así mismo, debe analizar la Sala si es legal ordenar el reconocimiento de la prima especial
de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, pago al que tienen derecho los
Magistrados de Alta Corte, como lo ordenó el a-quo.
2.2.1. De la bonificación por compensación:
El Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992 “Mediante la cual se señalan las normas,
objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública
y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política”, en el artículo 15 estableció una prima especial de servicios, sin carácter
salarial, para los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema
de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la
Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor
del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil, que sumada a los demás ingresos
laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que
en ningún caso los supere, es decir, se equiparó el salario de los magistrados de las Altas
Cortes al de los congresistas.
En el año 1998, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 610 de 1998 y en su artículo 1 creó
la bonificación por compensación. Dispuso:
“ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente
decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a la
prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta por
ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de
la Judicatura.
La Bonificación por Compensación sólo constituirá factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los mismos términos de la
prima especial de servicios de los Magistrados de las Altas Cortes…” (negrillas fuera de
texto).
En los considerandos del Decreto 610 se estipuló lo siguiente:
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• Para el año que corresponda a la vigencia fiscal para la cual se apruebe por primera
vez la apropiación presupuestal correspondiente, se aplicará un ajuste a los
ingresos laborales que igualen el sesenta por ciento (60%) de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
• Para la vigencia fiscal siguiente, el ajuste igualará al setenta por ciento (70%) de lo
que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo
de Estado.
• A partir del año correspondiente a la tercera vigencia fiscal, los ingresos laborales
serán igual al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
El artículo 3º ordenó su pago a partir del 1º de enero del 1999.
Así la Bonificación por Compensación, creada en el Decreto 610 de 1998, lo fue en
porcentajes equivalentes al 60%, 70% y 80% para la vigencia fiscal 1999, 2000 y 2001 en
adelante; en otros términos, se creó una bonificación por compensación, equivalente
al 60% de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados de las Altas Cortes
para el año 1999, el 70% para el año 2000 y del año 2001 en adelante el 80%.
Ahora bien, la norma señala que, para la vigencia fiscal de 2001, los ingresos laborales
serían iguales al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
En la Sentencia de Unificación dictada por esta Sala de Conjueces5, se definió la base de
liquidación de los ingresos laborales de los Magistrados de las Altas Cortes para determinar
el porcentaje de la bonificación por compensación. En la mencionada sentencia se dijo lo
siguiente:
5Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de Estado, Rad.
250002325000201000246-02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta.
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“Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido
consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del Consejo de
Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene plena razón de ser pues se trata de una
erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y que se causa por
cada día de trabajo del empleado.
De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser tenido en
cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los funcionarios
mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen derecho a percibir una
suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los congresistas.
Este régimen tiene una clara incidencia en la determinación de la bonificación por
compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos al Decreto 610 de 1998
pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del Decreto 10 de 1993, previó la
nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “… de lo que por todo concepto devenguen los
Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes,
respectivamente.
En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es un ingreso
laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado en atención a lo decidido
por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003, habría que
señalarse que no existen razones para que se haga abstracción de la misma, o de cualquiera
de los factores que se tienen en cuenta para su liquidación, al momento de fijar el monto a
cancelar por concepto de bonificación por compensación a favor de los servidores
mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998. Habiendo señalado que el auxilio
de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los jueces de mayor
jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría violatorio del principio de
igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia el señalar que
esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente con el propósito de disminuir la
base de liquidación de la bonificación por compensación de la que son acreedores los
funcionarios mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.
En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos que el Estado
debe realizar a los Congresistas por concepto de cesantías puede calcularse la diferencia
total entre lo que ellos perciben y la asignación de los Magistrados de las Altas Cortes para,
así, determinar el valor de la prima especial de servicio a la que tienen derecho estos
últimos…” (negrilla fuera de texto).
Así entonces, el valor que se cancela por concepto de bonificación por compensación es el
resultado de la diferencia entre lo proyectado como ingresos anuales que “por todo
concepto” reciban los magistrados de Alta Corte y los ingresos anuales de magistrado de
Tribunal y demás cargos equivalentes, para fijar el ingreso laboral de éstos últimos en un
80% a partir del año 2001
Esta Sala de conjueces, en distintas sentencias, ha precisado con fundamento en el marco
normativo reseñado que a los beneficiarios de la bonificación por compensación se les debe
otorgar el 80% por ciento de los ingresos que devengan los magistrados de Alta Corte,
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ingresos que deben incluir la prima especial de servicios y las cesantías percibidas por los
Congresistas, de conformidad con la sentencia de unificación de fecha 18 de mayo de 2016
dictada con ponencia del Conjuez Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta.6
Adicionalmente, como los Decretos 610 y 1239 de 1998 revivieron a partir de la sentencia
proferida el 25 de septiembre de 2001, que cobró ejecutoria el 5 de octubre siguiente, por
la declaratoria de nulidad del Decreto 2668 de 1998, es claro que estas normas, hoy
vigentes, fueron las que regularon el pago de la bonificación por compensación y el Decreto
610 en su artículo 3º dispuso “La Bonificación por Compensación establecida en el presente decreto
se pagará mensualmente, una vez se haya aprobado el presupuesto presentado por el Gobierno
Nacional al Congreso de la República y tendrá efectos fiscales desde el primero de enero de 1999.”
Para la vigencia fiscal siguiente, el ajuste igualará al setenta por ciento (70%) de lo
que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura,
de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado;
A partir del año correspondiente a la tercera vigencia fiscal, los ingresos laborales
serán igual al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
Conforme a lo anterior, se advierte conforme las pruebas obrantes en el proceso, que el
demandante prestó sus servicios como procurador judicial II del 05 de abril de 2010 sin
que reporte retiro del servicio7, por lo cual tiene derecho al reconocimiento y pago de la
bonificación por compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, o sea para el
año 2010 y siguientes el 80% de lo que por todo concepto salarial recibe un
magistrado de Alta Corte, funcionario que, a su vez, tiene derecho a recibir el 100% de la
remuneración y prestaciones sociales que se pagan, por todo concepto, a un Congresista
de la República, incluido el auxilio de cesantía.
Así mismo, por mandato expreso de los Decretos 610 de 1998, 4040 de 2004, mientras
estuvo vigente, y al actual Decreto 1102 de 2012, la Bonificación por Compensación sólo
constituye factor salarial como parte del ingreso base de cotización del Sistema General de
Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, disposiciones frente a las
6 Sala de Conjueces, sentencia de 01 de diciembre de 2020, Rad. 050012310002009012352 (0685-2014) Demandante
Willian Enrique Santa y otros. Conjuez Ponente Henry Joya Pineda
7Índice 8 expediente digital, ED_CUADERNO1_03ANEXOS(.pdf) pág. 6 de Samai.
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cuales no se modifica el marco legal vigente que fija los factores que se deben tener en
cuenta para liquidar las diferentes prestaciones sociales, es decir, la Bonificación por
Compensación no constituye factor salarial para la liquidación y pago de dichos
emolumentos”.
2.2.3. De la prescripción
Frente a la prescripción de la bonificación por compensación8, en sentencia de Unificación
Jurisprudencial proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, se estableció, lo siguiente:
“Retomando las normas citadas en el párrafo anterior en relación con la prescripción de los
derechos laborales, se debe partir del presupuesto de que el derecho sobre el cual se solicita
el reconocimiento administrativo y/o judicial debe encontrarse en su momento de
exigibilidad, para que, a partir de allí, se empiece a contabilizar el término de su
prescripción. Es decir, el prerrequisito de la aplicación de la prescripción del derecho es que
éste se encuentre en el estado jurídico de la exigibilidad.
El asunto que se debate en torno a la aplicación de la prescripción trienal es que, ante la
coexistencia de dos regímenes salariales diferentes, no es posible hablar de exigibilidad del
derecho a reclamar, debido a que para los beneficiarios de los derechos existía la disyuntiva
del Decreto 610 de 1998, que reconoce la Bonificación por Compensación Judicial y el
régimen salarial del Decreto 4040 de 2004, que reconocía la Bonificación por Gestión
Judicial. Es decir, no se podía establecer con exactitud cuál de los regímenes era el aplicable,
ante lo cual resultaba imposible referirse a la exigibilidad del derecho.
En este sentido solo puede hablarse de exigibilidad de la Bonificación por Compensación, a
partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la nulidad del Decreto 4040, es decir el
28 de enero de 2012.” (Subrayado fuera de texto)
No obstante, se debe agregar que mediante el Decreto 2668 del 31 de diciembre de 1998
se derogaron los Decretos 610 y 1239 de 19989; decreto que también fue demandado ante
la Sección Segunda del Consejo de Estado y mediante sentencia de la Sala de Conjueces,
proferida el 25 de septiembre de 2001, se declaró su nulidad. Esta sentencia quedo
debidamente ejecutoriada el 05 de octubre de 2001.
8 ARTÍCULO 187 del CPACA. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.
(…)
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El
silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o
no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
9 Que dispuso incluir a los secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte
Constitucional y al secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
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Número Interno: 0499-2022
Demandante: Oscar Santander España
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Así entonces, la declaratoria de nulidad del Decreto 2668 de 1998, retrotrajo la situación
normativa al estado anterior, es decir, que los Decretos 610 y 1239 de 1998, recobraron su
vigencia, por lo tanto, es a partir de allí -desde la ejecutoria de la mencionada sentencia de
nulidad- que los beneficiarios de la bonificación por compensación estaban facultados para
solicitar su reconocimiento y hasta tres (3) años después, es decir, hasta el 5 de octubre
de 2004, so pena, de aplicar la prescripción trienal de que trata el Decreto 3135 de 1968,
reglamentado por el Decreto 1848 de 1969.
La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia
de 23 de mayo de 2018, realizó las siguientes precisiones sobre la prescripción trienal en
cuanto se refiere a la bonificación por compensación:
“…Sobre este punto, esta Sala de Conjueces precisa que si bien a través de estas sentencias
se declaró que con la ejecutoria de la sentencia que declaró de nulidad del Decreto 4040 de
2004, se hizo exigible el derecho al reconocimiento y pago de la diferencia en el porcentaje
que contempla el Decreto 610 de 1998 y el 4040 de 2004, y que por tal razón no se aplicaría
la prescripción, lo cierto es que en el período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia
que anuló el Decreto 2668 de 1998 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, si
procede decretarla, pues en este lapso no hubo dualidad de normas y por lo tanto, los
beneficiarios de que trata el artículo 2º del Decreto 610 de 1998 tenían la oportunidad de
demandar el reconocimiento y pago del 80% de lo que devengaban los magistrados de las
altas cortes; salvo que se encontraran en una de las dos situaciones descritas en el numeral
2º del Decreto 4040 de 2004, que son :i) haber iniciado acciones judiciales relacionadas con
la bonificación por compensación y haber desistido a sus pretensiones y ii) haber efectuado
reclamaciones y suscribir contratos de transacción.”
Dado lo anterior, se desestiman las razones que sustentan el recurso de apelación
presentado por la parte demandada no sólo porque el tema de la bonificación por
compensación, en los supuestos que informan la demanda, ya se encuentra definido a partir
de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, con efectos ex tunc, sino también
cuando se repara respecto a la prescripción alegada que el momento de exigibilidad en el
presente caso, de conformidad con la sentencia de unificación Jurisprudencial, se reputa
sólo hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad de la bonificación
por gestión judicial; momento para el cual el demandante ya había interpuesto la
correspondiente acción de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la
actuación que ocupa la atención de la Sala de Conjueces.” (Subraya y negrillas fuera de
texto).
De la jurisprudencia antes transcrita, se concluye que, en relación con la prescripción de
los derechos laborales, se debe partir del presupuesto de que el derecho sobre el cual se
solicita el reconocimiento administrativo y/o judicial debe encontrarse en su momento de
exigibilidad, para que, a partir de allí, se empiece a contabilizar el término de su
prescripción.
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Entonces resulta necesario tener en cuenta dos situaciones jurídicas, inherentes a la
exigibilidad del derecho y por ende a la aplicación del régimen prescriptivo:
(i) Los Decretos 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 del 31
de diciembre de 1998, decreto que fue demandado ante la Sección Segunda del
Consejo de Estado y mediante sentencia de la Sala de Conjueces, proferida el
25 de septiembre de 2001, se declaró su nulidad. Esta sentencia quedó
debidamente ejecutoriada el 5 de octubre de 2001.
La declaratoria de nulidad del Decreto 2668 de 1998, retrotrajo la situación normativa al
estado anterior, es decir, que los Decretos 610 y 1239 de 1998, recobraron su vigencia, por
lo tanto, es a partir de allí -desde la ejecutoria de la mencionada sentencia de nulidad- que
los beneficiarios de la bonificación por compensación estaban facultados para solicitar su
reconocimiento y hasta tres (3) años después, es decir, hasta el 5 de octubre de 2004, so
pena, de aplicar la prescripción trienal de que trata el Decreto 3135 de 1968, reglamentado
por el Decreto 1848 de 1969.
(ii) El Decreto 4040 de 2004 y el régimen de la bonificación por gestión judicial
frente al Decreto 610 de 1998.
Como lo definió la jurisprudencia de unificación antes referida, ante la coexistencia de dos
regímenes salariales diferentes, no es posible hablar de exigibilidad del derecho a reclamar,
debido a que para los beneficiarios de los derechos existía la disyuntiva del Decreto 610
de 1998, que reconoce la Bonificación por Compensación Judicial y el régimen salarial del
Decreto 4040 de 2004, que reconocía la Bonificación por Gestión Judicial. Es decir, no se
podía establecer con exactitud cuál de los regímenes era el aplicable, ante lo cual resultaba
imposible referirse a la exigibilidad del derecho.
En consecuencia, resulta que la exigibilidad del derecho para reclamar el reconocimiento
de la bonificación por compensación regulada en el Decreto 610 de 1998 se dio en dos
tiempos diferentes, con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto
2668 y con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 y ese
momento de exigibilidad debe analizarse en cada caso concreto. Sirve para ilustrar lo dicho
el siguiente esquema:
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Para el caso concreto:
Conforme a las pruebas obrantes en el proceso, se advierte que el actor se desempeñó
como procurador judicial II desde el 05 de abril de 2010 sin que reporte retiro del
servicio10.
Revisado el plenario se advierte que el demandante presentó derecho de petición a la
entidad demandada el 01 de julio de 201411 y la demanda fue presentada el 13 de enero
de 201512, es decir que ninguna prescripción afectó los derechos del actor causados desde
el 05 de abril de 2010.
2.2.4. De la prima especial del artículo 15 de la Ley 4 de 1992
Revisado el expediente, se advierte que a título de restablecimiento del derecho el
demandante pidió:
“SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anteriormente solicitado, y a título de
restablecimiento del derecho, se condene a la Procuraduría General de la Nación, a
reliquidar la asignación mensual percibida por el doctor OSCAR SANTANDER
ESPAÑA, en su calidad de Procurador 364 Judicial II Penal, incluyendo dentro de la
misma bonificación por compensación de acuerdo con la equivalencia establecida
en los Decreto 610 y 1239 de 1998, esto es, que sumada a la asignación básica y
demás emolumentos mensualmente percibidos por mi poderdante, equivalga al
80% de lo que por todo concepto devengan los magistrados de las altas cortes,
10Índice 8 expediente digital, ED_CUADERNO1_03ANEXOS(.pdf) pág. 6 de Samai.
11 Índice 8 expediente digital, ED_CUADERNO1_03ANEXOS(.pdf) pág. 1-3 de Samai.
12 Índice 8 expediente digital, ED_CUADERNO1_04ACTAREPARTO(.pdf) de Samai.
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incluyendo las diferencias adeudadas por concepto de prima especial de
servicios.(…)
La pretensión de la demanda se contrajo al pago de las diferencias surgidas como
consecuencia de la aplicación de las normas que crearon la bonificación por
compensación– Decreto 610 de 1998 - y la bonificación por gestión judicial - Decreto
4040 de 2004-.
Ahora, la sentencia apelada en materia del restablecimiento del derecho decidió:
“ TERCERO.- Condénese a la NACIÓN- PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer
y pagar a Oscar Santander España, el derecho adquirido a recibir las diferencias adeudadas,
por concepto de bonificación por compensación, en su condición de procurador judicial II,
las cuales le deben ser reconocidas y pagados con carácter permanente, en el equivalente
al 80% de lo devengado por todo concepto por los magistrados de las Altas Cortes,
incluyendo la prima de servicio- art. 15 Ley 4 de 1992- prima de vacaciones, prima de
navidad, bonificación por servicios y las diferencias adeudadas por concepto de prima
especial de servicios, teniendo en cuenta para la liquidación de esta todos los ingresos
laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los congresistas, que
son: sueldo básico, gastos de representación, prima de localización, y vivienda, prima de
salud, prima de servicios, prima de navidad y cesantías, durante el periodo comprendido
entre el 05 de abril de 2010 y hasta el día en que funja o fungió en el cargo de procurador
judicial II u otro equivalente, con los correspondientes reajustes…”
(…)” Subrayado y resaltado fuera de texto.
Las pretensiones de la demanda expresaron que ese 80% de lo que percibe un magistrado
de alta Corte incluyera “…las diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios,
teniendo en cuenta para la liquidación de esta todos los ingresos laborales totales anuales de carácter
permanente por los Congresistas…” pero de allí no podía inferirse, como lo hizo el a-quo, que
debía ordenar como restablecimiento la inclusión de una prima especial que devengan los
Magistrados de alta Corte pues el actor ostenta el cargo de Procurador judicial II.
Es decir, no cabe duda, el actor no tiene derecho al reconocimiento de la prima especial de
servicios en los términos dispuestos en el artículo 1513 de la Ley 4ª de 1992, pero no lo es
menos que como procurador judicial II, es titular de la bonificación por compensación, que
es, se reitera, la pretensión principal en lo que atina al porcentaje pagado, por lo que tal
imprecisión impone ser corregida.
13 ARTÍCULO 15.- Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte
Constitucional, del Consejo de Estado, (…) tendrán una prima especial de servicios (…).
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala
de Conjueces de la Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO. – Confirmar la sentencia proferida 26 de marzo de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Sala Transitoria en el proceso iniciado
por Oscar Santander España contra la Procuraduría General de la Nación, excepto el
numeral 3º que se revoca y en su lugar se dispone:
A título de restablecimiento del derecho la Procuraduría General de la Nación pagará a
Oscar Santander España las diferencias adeudadas por concepto de Bonificación por
Compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, devengada desde el 05 de abril
de 2010 en cuantía inferior al 80% de lo que por todo concepto devengaban los
Magistrados de Alta Corte incluidas las cesantías y la prima especial de servicios. De
la condena se descontarán todos los pagos que por este concepto se hayan realizado a
Oscar Santander España e igualmente se harán los descuentos para aportes al sistema de
seguridad social.
Parágrafo 1º: La bonificación por compensación sólo constituye factor salarial para
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes.
Parágrafo 2º: El valor mensual para reconocer al demandante en ningún caso podrá
superar el ochenta ciento (80%) de lo que por todo concepto devengaron los Magistrados
de Alta Corte en el período en el que el demandante ocupe el cargo de Procurador Judicial
II.
SEGUNDO. - Sin costas en esta instancia.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las
anotaciones pertinentes en el programa informático SAMAI.
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
Firmado electrónicamente
CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
Conjuez ponente
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Firmado electrónicamente
HÉCTOR SANTAELLA QUINTERO
Conjuez
Firmado electrónicamente
FERNANDO J. TAFUR GÁLVIS
Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala de
Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA
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