Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2010-02044-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2010-02044-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-31-000-2010-02044-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de agosto de 2026
Radicación: 76001-23-31-000-2010-02044-02 (1664-2024)
Demandante: Ana Luz Escobar Lozano
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-31-000-2010-02044-02 (1664-2024)
Demandante: Ana Luz Escobar Lozano
Demandado: Nación-Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: Bonificación por compensación
Decisión: Revoca numeral primero, modifica numeral segundo frente
a la prescripción, modifica y adiciona el numeral cuarto frente
al restablecimiento del derecho, y confirma en lo demás. Sin
condena en costas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 15 de
noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda
2. La parte demandante solicitó la nulidad de las Resoluciones Nos. 2688 del 27
de mayo de 2010,2 y 3596 del 9 de agosto de 20103 mediante las cuales la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó el reconocimiento y pago del
reajuste solicitado por la parte actora.
3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó4: «SEGUNDO. Que tal
liquidación se disponga desde el 1 de enero de 2004 desde el 1° de enero de 2004, fecha
1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación, objeto del presente proceso. Por
otra parte, se advierte que el ponente en casos anteriores había manifestado impedimento por pleito
pendiente; sin embargo, este fue resuelto por la Sala mediate auto del 9 de abril de 2026, declarándolo
infundado. Así mismo, se pone de presente que en el presente caso los doctores Jorge Iván Duque Gutiérrez
y el Dr. Luis Eduardo Mesa Nieves manifestaron impedimento, los cuales fueron declarados infundados
mediante auto del 13 de noviembre de 2025 (ver índice 36 de Samai).
2 Índice 75 expediente digital, gestión en otros despachos de Samai.
3 Índice 75 expediente digital, gestión en otros despachos de Samai.
4 Se hace transcripción textual de las pretensiones de la demanda.
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Demandante: Ana Luz Escobar Lozano
en que entro a producir efectos el Decreto 4040 de 2004, que estableció para los
magistrados, […], una remuneración equivalente al 70% del ingreso anual y total que
devenguen los magistrados de las altas cortes que en la liquidación se tenga en cuenta
que los magistrados de las altas cortes, de conformidad con la Ley 4a. de 1992 (art. 15),
perciben la misma e idéntica remuneración o ingreso laboral que por todo concepto
tienen los senadores de la república y los representantes a la cámara.
TERCERO. Que para la anterior liquidación se incluya expresamente en la remuneración
de los miembros del congreso de la república el valor de las cesantías, factor éste que
según el ordenamiento jurídico, igualmente, hace parte del cómputo de los ingresos
anuales y totales de los magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de
Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura».
Hechos que fundamentan la demanda
4. La actora presta sus servicios a la Rama Judicial como magistrada del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, desde el «16 de abril» de 1996 hasta la
actualidad.
5. Elevó petición ante la entidad demandada el 3 de febrero de 2010, la cual fue
resuelta de manera negativa mediante los actos acusados.
Fundamentos de derecho
6. Para el abogado de la parte actora, las decisiones enjuiciadas vulneraron los
artículos 13, 25, 29, 53, 122 a 131 y 150 de la Constitución Política; artículos 127
y 128 del Código Sustantivo de Trabajo; Decretos Ley 3135 de 1968 y 1950 de
1973; 85 del CCA; Decreto 10 de 1993; 1, 2 y 15 de la Ley 4 de 1992; 11, 19,
125, 127 y 128 Ley 270 de 1996 y Decreto 4040 de 2004.
7. Al desarrollar el concepto de violación, señaló que la base para el cálculo de
la remuneración de los magistrados del tribunal está disminuida en el valor
correspondiente a las cesantías y otras prestaciones de los congresistas, cuyos
ingresos son la base para determinar aquellos de los magistrados de las Altas
Cortes y éstos, a su vez, para la liquidación de los ingresos de los magistrados
de los tribunales superiores y contencioso administrativos.
Contestación de la demanda
8. La Rama judicial contestó la demanda5 y se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, por considerar que las cesantías no son un ingreso permanente, y
el artículo 16 de la Ley 4 de 1992, determina tácitamente que las prestaciones de
los magistrados son diferentes a las de los congresistas, por lo que la Rama
Judicial no puede aplicar equivalencias entre el valor que se liquida por concepto
de cesantías a los congresistas, y el que se reconoce a los magistrados de Altas
Cortes, y que a su vez, se utiliza para la liquidación del 70% o el 80% de lo que
por todo concepto perciben dichos funcionarios.
5 Índice 75 expediente digital, gestión en otros despachos de Samai.
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9. Además, presentó la excepción de «prescripción».
Sentencia de primera instancia
10. Mediante sentencia del 15 de noviembre de 2023,6 el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca accedió las súplicas de la demanda. Para
arribar a esa decisión, el a quo trajo a colación en extenso la sentencia del 18 de
mayo de 2016 y concluyó que a la demandante le asiste el derecho a que se
reliquide «su salario» conforme lo establecido en el Decreto 610 de 1998.
11. Ahora, frente a la prescripción indicó que la reclamación fue radicada el 3
de febrero de 2010, por lo que no operó dicho fenómeno, ya que la reclamación
la presentó antes de la fecha de ejecutoria de la sentencia que decretó la nulidad
del Decreto 4040 de 2004.
12. En consecuencia, se estuvo a lo resuelto en la sentencia del 18 de mayo
de 20167, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, y a título
de restablecimiento del derecho dispuso:
«SEGUNDO: Conceder la reliquidación de lo solicitado, desde el 01 de enero de
2004, hasta la fecha en caso que se encuentre vinculada a la Nación - Rama
Judicial, de conformidad a lo resuelto en la sentencia de julio de dos mil dieciocho
(2018), Radicación número: 68001-23-31-000-2009-00797-02(2946-16) y a lo
solicitado por la parte actora.
[…]
CUARTO: En consecuencia, de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
SE ORDENA a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a Reliquidar el salario de la demandante en forma
retroactiva conforme a la parte motiva de la presente demanda, y de conformidad
con lo previsto en el Decreto 610 DE 1998. […].»
Recurso de apelación
13. La apoderada de la parte demandada recurrió en apelación8 la sentencia
de primera instancia.
14. Adujo que el a quo no advirtió que frente a los períodos reclamados
anteriores a la entrada en vigor del Decreto 4040 de 2004, esto es, del 5 de octubre
de 2001 al 2 de diciembre de 2004, la interrupción de la prescripción solo podía
producirse mediante la presentación de la correspondiente reclamación dentro de
ese mismo interregno, por lo que si no se presentó tal situación las acreencias
reclamadas se encuentran prescritas.
15. Por otro lado, señaló que a partir del 27 de enero de 2012, por virtud del
6 Índice 71, gestión en otros despachos de Samai.
7 Así lo dispuso en el numeral primero de la parte resolutiva.
8 Índice 74, gestión en otros despachos de Samai.
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Decreto 1102 de 2012, se empezó a pagar por nómina el 80%.
16. Así mismo, señaló que respecto de las sumas dinerarias de las cuales se
dispuso la reliquidación, el Tribunal no tuvo en cuenta que «se realicen los
descuentos para el pago al Sistema de Seguridad Social»9.
17. Sostuvo frente al restablecimiento dispuesto en el numeral cuarto del fallo
recurrido, que la bonificación por compensación no tiene efectos salariales y que
acceder a las pretensiones de la demanda se superaría el tope establecido en la
ley.
18. Finalmente, argumentó que no existe prueba en el proceso de que al actor
no se le hubiere cancelado la bonificación en mención, conforme lo establece la
norma.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
19. Por auto del 12 de junio de 202610, se admitió el recurso de apelación, y se
ordenó correr traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para que
presentaran sus alegatos de conclusión.
20. La entidad demandada11 presentó alegatos de conclusión, reiterando los
argumentos señalados en el recurso de apelación. Agregó que, el Tribunal de
instancia incurre en una motivación insuficiente, pues no efectuó un verdadero
control de legalidad de los actos administrativos acusados, pues sustituyó dicho
análisis en reproducir apartes de la sentencia del 18 de mayo de 2016, proferida
por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
21. Las demás partes guardaron silencio.
22. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
resolverá la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia
23. De conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso
Administrativo (CCA), subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, esta
Sala de Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación presentado.
Problema jurídico
9 Así fue solicitado por la entidad recurrente.
10 índice 42 de Samai.
11
Índice 49 de Samai.
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24. Le corresponde a la Sala establecer si la actora Ana Luz Escobar Lozano tiene
derecho a la bonificación por compensación consagrada en el Decreto 610 de
1998, equivalente al 80% de lo que por todo concepto devenguen los magistrados
de las Altas Cortes, incluidas las cesantías de los congresistas, para efectos de
liquidar la prima especial de servicios de dichos funcionarios judiciales, o si por el
contrario la entidad pagó dicho emolumento conforme a la norma. Así mismo, si
el Tribunal dispuso se realicen los respectivos descuentos para el Sistema de
Seguridad Social.
25. Igualmente, si dicho emolumento constituye factor salarial para la
liquidación de las prestaciones sociales, si al ordenar el reajuste mencionado se
superaría el monto referido dispuesto en la ley, si en el presente caso se declaró
de manera adecuada la prescripción; y si la entidad ha pagado en debida forma
la bonificación por compensación con la entrada en vigor del Decreto 1102 de
2012.
26. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes aspectos:
1. La bonificación por compensación y el precedente jurisprudencial; 2. Hechos
probados; y 3. Caso concreto.
Asunto previo
27. Revisado el expediente la Sala advierte que el actor radicó la demanda del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 14 de diciembre de
201012 y las pretensiones de la demanda estuvieron encaminas al reajuste de la
bonificación por gestión judicial establecida en el Decreto 4040 de 2004.
28. A su vez, en los alegatos de conclusión13 la parte actora solicitó al a quo que
se tuviera en cuenta que mediante sentencia del 14 de diciembre de 2011 se
declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004. Así las cosas, señaló que la
demandante quedó cobijada por el Decreto 610 de 1998 que contempla la
bonificación por compensación en un 80% de lo percibido por todo concepto por
los magistrados de las Altas Cortes, la cual debe ser reajustada en los mismos
términos solicitados en el escrito de demanda.
29. Conforme con lo anterior, el Tribunal de instancia en la sentencia objeto de
apelación ordenó el restablecimiento del derecho conforme a lo establecido en el
Decreto 610 de 1998, lo cual encuentra respaldo en el artículo 170 del CCA 14 que
señalaba «[…] Para restablecer el derecho particular, los organismos de lo contencioso
administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y
modificar o reformar éstas […]. Igual, redacción trae el CPACA en su artículo 187 el
cual indica que el operador judicial en la sentencia está facultado «Para restablecer
el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir
12 Índice 1, gestión en otros despachos de Samai.
13Índice 64, gestión en otros despachos de Samai.
14 Norma aplicable para el momento de radicación de la demanda.
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disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas».
30. En consecuencia, se procede a resolver los problemas jurídicos planteados
atendiendo estrictamente lo cuestionado en el recurso, de conformidad con lo que
esta Sala ha definido en oportunidades anteriores15.
La bonificación por compensación.
31. El Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 199216, la cual en el artículo
15 estableció una prima especial de servicios, sin carácter salarial, para los
magistrados de Alta Corte, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen
a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en
ningún caso los supere, es decir, se equiparó el salario de los magistrados de las
Altas Cortes al de los congresistas.
32. En el año 1998, el Gobierno nacional expidió el Decreto 610 y en su artículo
1 creó la bonificación por compensación, equivalente al 60%, 70% y 80% para
las vigencias fiscales 1999, 2000 y 2001 en adelante; en otros términos, se creó
una bonificación por compensación, equivalente al 60% de lo que por todo
concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes para el año 1999,
el 70% para el año 2000 y del año 2001 en adelante el 80%.
33. Así que, el valor que se cancela por bonificación por compensación es el
resultado de tener en cuenta los ingresos anuales que «por todo concepto»
reciban los magistrados de Alta Corte, para así poder fijar los ingresos anuales
del magistrado de tribunal y demás cargos equivalentes, en un 80% a partir del
año 2001.
34. En distintas providencias17, ha precisado esta Corporación con fundamento
en el marco normativo reseñado que los beneficiarios de la bonificación por
compensación tienen derecho al 80% de los ingresos que por todo concepto
salarial y prestacional devengan los magistrados de Alta Corte, teniendo en
cuenta que éstos deben percibir lo mismo que devengan los congresistas
15 Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda – Subsección A- consejero
ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves, sentencia del cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025),
radicación: 76001 23 31 000 2011 01114 02 (4037-2022)
16 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales
y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales
e) y f) de la Constitución Política».
17 Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de
Estado, Rad. 250002325000201000246-02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente
Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta. Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Segunda- Sala de Conjueces, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortiz Bogotá, sentencia tres (03) de
diciembre de dos mil veinticuatro (2024). Referencia: 25000234200020180071602 Número interno: 0499-
2022; Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Segunda- Sala de Conjueces,
conjuez ponente: Miguel Arcángel Villalobos Chavarro sentencia ocho (8) de octubre de dos mil veinticuatro
(2024) Referencia: Expediente N° 17001-23-33-000-2012-00115-02 Número interno: 4006-2015; Consejo
de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda- Sala de Conjueces- conjuez ponente:
Jorge Edisson Portocarrero Banguera- sentencia seis (06) de junio de dos mil veintitrés (2023), Referencia:
25000-23-25-000-2011-00150-02- NI:1139-2019; entre otros.
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incluyendo el auxilio de cesantías como parámetro para determinar la liquidación
de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
35. Por otro lado, la exigibilidad del derecho para reclamar el reconocimiento de
la bonificación por compensación regulada en el Decreto 610 de 1998 se dio en
dos tiempos diferentes, con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad
del Decreto 2668 (originado durante los períodos comprendidos entre el 5 de
octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, periodo en el cual no hubo dualidad
de normas) y con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto
4040 (3 de diciembre de 2004 y el 27 de enero de 2012 solamente se hicieron
exigibles a partir del 28 de enero de 2012), y ese momento de exigibilidad debe
analizarse en cada caso concreto18. Sirve para ilustrar lo dicho el siguiente
esquema:
Hechos probados
36. Acreditado está en el expediente, que la demandante presta sus servicios a
la Rama Judicial, como magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali en propiedad desde el 11 de julio de 1996, sin que a la fecha se reporte retiro
del servicio. 19
37. Que percibió como remuneración el 70% de lo que devengan los
magistrados de las Altas Cortes, con base en la bonificación por gestión judicial
consagrada en el Decreto 4040 de 200420, la cual ha sido percibida durante el
tiempo de su vinculación como magistrada de Tribunal21.
38. Que el 3 de febrero de 2010,22 la actora solicitó a la demandada el reajuste
de la bonificación por compensación, pero esta petición fue negada mediante los
actos demandados.
Caso concreto
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, expediente N° 41001-23-33-000-2016-
00041-02 (número interno 2204-2018), del 2 de septiembre de 2019.
19 Índice 75 expediente digital, documento pdf pág. 20, gestión en otros despachos de Samai.
20 Decreto 4040 de 2004: artículo 2.
Parágrafo 2º. La Bonificación de Gestión Judicial tendrá efectos fiscales a partir del 1ode enero de 2004 y
es incompatible con la Bonificación por Compensación, que hasta la fecha de expedición del presente
Decreto se viene reconociendo a los servidores citados en el presente artículo.
21 Índice 75 expediente digital, documento pdf pág. 44 y 50-66, gestión en otros despachos de Samai, y
como se desprende de los actos administrativos demandados.
22 Índice 75 expediente digital, documento pdf pág. 48-49, gestión en otros despachos de Samai, y como se
desprende de los actos administrativos demandados.
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39. A la luz de la argumentación arriba expuesta, la Sala concluye que la
demandante, en su calidad de magistrada de Tribunal, tiene derecho al
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación consagrada en el
Decreto 610 de 1998, es decir, al 80% de lo que por todo concepto recibe un
magistrado de Alta Corte, teniendo en cuenta que éstos deben percibir lo mismo
que devengan los congresistas, incluyendo el auxilio de cesantías de dichos
dignatarios como parámetro para determinar la liquidación de la prima especial
de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 199223, pues es un ingreso
anual permanente que perciben dichos funcionarios, conforme a los
antecedentes jurisprudenciales antes expuestos.
40. Toda vez que conforme a lo señalado en precedencia el valor que se cancela
por bonificación por compensación es el resultado de la diferencia entre lo
proyectado como ingresos anuales que “por todo concepto” reciban los
magistrados de Alta Corte y los ingresos anuales de magistrado de Tribunal y
demás cargos equivalentes, para fijar el ingreso laboral de éstos últimos en un
80%.
41. Ahora, es del caso precisar que al haberse declarado la nulidad del Decreto
4040 de 2004 mediante sentencia proferida el 14 de diciembre de 2011 24, se
reconoció la plena vigencia del Decreto 610 de 1998, en virtud de la cual todos
los funcionarios contemplados en dicho precepto adquirieron el derecho a percibir
una bonificación por compensación que equiparara sus ingresos laborales al 80%
de lo devengado por todo concepto por los magistrados de las Altas Cortes.
42. Así mismo, se advierte que por mandato expreso de los Decretos 610 de
1998, 4040 de 2004 (cuando estuvo vigente) y el actual 1102 de 2012, solo
constituye factor salarial como parte del ingreso base de cotización del Sistema
General de Pensiones.
43. Por lo tanto, la Sala encuentra que le asiste razón a la parte recurrente, y en
ese sentido es procedente modificar el numeral cuarto de la sentencia impugnada
que dispuso el restablecimiento del derecho, ya que el Tribunal de instancia
ordenó la reliquidación del salario de la demandante, cuando lo procedente era
el reajuste de la bonificación por compensación bajo los términos antes
señalados.
44. Así mismo, vale la pena señalar que no se encuentra probado que la entidad
demandada haya reconocido en debida forma la mencionada bonificación en
23 La Sala advierte que si bien la demandante no tiene derecho a la prima especial de servicios en los
términos dispuestos en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, pues esta no ostentó el cargo de magistrado de
Alta Corte, sino que siempre se desempeñó como magistrada de tribunal, lo cierto es que para calcular ese
80% de lo que por todo concepto devenga un magistrado de Alta Corte, se deba tener en cuenta lo mismo
que devengan los congresistas, incluyendo el auxilio de cesantías de dichos dignatarios como parámetro
para determinar la liquidación de la prima especial de servicios.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces.
Sentencia del 14 de diciembre de 2011, Rad. No. 11001-03-25-000-2005-00244-01(10067-05). C.P. Carlos
Arturo Orjuela Góngora.
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vigencia del Decreto 1102 de 2012, pues la liquidó sin tener en cuenta las
cesantías25 de los congresistas como parámetro para determinar la liquidación
de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992,
cuando dicho emolumento es de carácter permanente.
45. Así mismo, la Sala considera que la entidad demandada al efectuar el
reajuste como se ordena en esta sentencia debe respetar lo dispuesto en el
artículo 1 del Decreto 610 de 1998, esto es, que los ingresos labores no superen
el 80% de lo que por todo concepto perciben los magistrados de Alta Corte26.
46. Por otro lado, frente a la prescripción en relación con la bonificación por
compensación, advierte la Sala que al haberse declarado la nulidad del Decreto
4040 de 2004 mediante sentencia proferida el 14 de diciembre de 201127, la
exigibilidad de la bonificación por compensación tiene lugar a partir de la fecha
de ejecutoria de dicho fallo, es decir el 28 de enero de 2012, para las diferencias
reclamadas generadas a partir del 3 de diciembre de 2004.
47. Respecto de los reajustes reclamados a partir del 1 de enero de 2000 al 2
de diciembre de 2004, cabe recordar que antes de la entrada en vigor del Decreto
4040 de 2004 (3 de diciembre de 2004) no existía dualidad normativa que
afectara la exigibilidad del derecho, como regla general operaría la prescripción,
pues así lo ha reconocido esta corporación, al señalar que la misma procede para
los periodos causados con anterioridad al 3 de diciembre de 2004.
48. No obstante, la jurisprudencia28 también ha admitido un alcance excepcional
en el cómputo de dicho fenómeno, al sostener que, si el interesado demuestra
haber interrumpido la prescripción antes de esa fecha, resulta posible retrotraer
sus efectos. Esta excepción, de carácter restrictivo, fue desarrollada por la Sala
de Conjueces en sentencia del 23 de mayo de 201829:
Sobre este punto, esta Sala de Conjueces precisa que si bien a través de estas
sentencias se declaró que con la ejecutoria de la sentencia que declaró de nulidad
del Decreto 4040 de 2004, se hizo exigible el derecho al reconocimiento y pago de
la diferencia en el porcentaje que contempla el Decreto 610 de 1998 y el 4040 de
2004, y que por tal razón no se aplicaría la prescripción, lo cierto es que entre el
período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 2668
de 1998 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, si procede decretarla,
pues en este lapso no hubo dualidad de normas y por lo tanto, los beneficiarios de
que trata el artículo 2º del Decreto 610 de 1998 tenían la oportunidad de demandar
25 Tal y como lo sustentó la entidad en sede administrativa y en la contestación de la demanda.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, expediente N° 41001-23-33-000-2016-
00041-02 (número interno 2204-2018), del 2 de septiembre de 2019.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces.
Sentencia del 14 de diciembre de 2011, Rad. No. 11001-03-25-000-2005-00244-01(10067-05). C.P. Carlos
Arturo Orjuela Góngora.
28 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 23 de mayo de 2018. Exp.
17001-23-33-000-2012-00144-02 (0602-15). C.P. Pedro Simón Vargas Sáenz; Consejo de Estado. Sección
Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 2 de septiembre de 2019. Exp. 41001-23-33-000-2016-00041-
02 (2204-18). C.P. Carmen Anaya de Castellanos; Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 26 de junio de 2025. Exp. 25000 23 42 000 2013 00267 02 (1132-2020). C.P. Luis Eduardo
Mesa Nieves.
29 Conjuez Ponente: Dr. Pedro Simón Vargas Sáenz. Exp. No.170012333000201200144 92 (0602-2015).
Actor: María Rubby Montoya de Uribe.
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el reconocimiento y pago del 80% de lo que devengaban los magistrados de las
altas cortes; salvo que se encontraran en una de las dos situaciones descritas en
el numeral 2º del Decreto 4040 de 2004, que son: i) haber iniciado acciones
judiciales relacionadas con la bonificación por compensación y haber desistido a
sus pretensiones y ii) haber efectuado reclamaciones y suscribir contratos de
transacción. (Se subraya y negrillas fuera de texto).»
49. A partir de ese entendimiento, esta Subsección30 ha aplicado la línea
jurisprudencial referida y, particularmente frente al supuesto contemplado en el
literal b), ha considerado necesario, además de la suscripción del contrato de
transacción, acreditar la presentación de una petición ante la entidad.
50. No obstante, en recientes decisiones31 de la sala sobre el alcance de esa
interpretación se ha precisado que, de la lectura del literal b) del artículo 2.º del
Decreto 4040 de 2004 no se requiere la exigencia de actuaciones adicionales a
la suscripción del contrato de transacción, pues este señala que: «[…] b). Los que
no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para
precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación.»
51. Ahora bien, se advierte que la demandante conforme a las pretensiones
de la demanda solicita se reconozca el reajuste de la bonificación a partir del 1
de enero de 2004, por lo que operó la prescripción trienal, pues no obra prueba
dentro del expediente que dé cuenta de la ocurrencia de alguna de las
excepciones antes señaladas o que hubiere interrumpido dicho fenómeno antes
del 3 de diciembre de 2004, por lo que estarían prescritas las diferencias del 1 de
enero de 2004 al 2 de diciembre de 2004.
52. En consecuencia, la demandante tiene derecho a que se les pague la
diferencia entre lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir, desde el 3 de
diciembre de 2004, fecha para la cual ostentaba el cargo de magistrada de
Tribunal, y en la cual no corría la prescripción trienal por la ausencia de
exigibilidad del derecho32, y en adelante y hasta que se desempeñe en dicho
cargo y/o equivalente. Por lo tanto, le asiste razón a la parte demandada, y en
ese sentido se modificará el periodo en que procede el restablecimiento del
derecho frente a dicha prestación, pues frente a la bonificación por compensación
el a quo no aplicó en debida forma la prescripción.
53. Ahora bien, frente a lo señalado por la entidad de que el a quo no dispuso
los descuentos del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, se encuentra que
le asiste razón, y en dicho sentido es procedente ordenar tal deducción, pues
está íntimamente relacionada con el restablecimiento del derecho, por ser un
30 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de junio de 2025. Exp. 25000 23
42 000 2013 00267 02 (1132-2020). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
31 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 5 de marzo de 2026. Exp. 25000-
23-25-000-2011-00826-02 (1261-2019) y 25000-23-25-000-2012-01329-02 (1945-2024). C.P. Jorge Iván
Duque Gutiérrez.
32 Si bien es cierto que a través de la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de
2004, se hizo exigible el derecho al reconocimiento y pago de la diferencia en el porcentaje que contempla
el Decreto 610 de 1998; a partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 (3
de diciembre de 2004 y el 27 de enero de 2012 solamente se hicieron exigibles a partir del 28 de enero de
2012).
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derecho irrenunciable e imprescriptible, no solo por la naturaleza parafiscal de
los mismos sino por la sostenibilidad del sistema33. En consecuencia, se
dispondrá que se realicen los respectivos aportes desde el 1 de enero de 200434
y hasta cuando desempeñen el cargo de magistrados de tribunal y/o equivalente,
de conformidad con la ley.
54. Finalmente, se ordenará revocar el numeral primero que se estuvo a lo
resuelto en la sentencia del 18 de mayo de 2016, en cuanto no es de unificación
jurisprudencial, como ya lo ha señalado esta Corporación.
55. De conformidad con lo expuesto, se dispondrá: i) revocar el numeral
primero que se estuvo a lo resuelto en la sentencia del 18 de mayo de 2016; ii)
modificar el numeral segundo, en el sentido de declarar la prescripción respecto
del periodo referido; iii) modificar y adicionar el numeral cuarto en el sentido de
precisar el restablecimiento del derecho conforme lo antes indicado; y iv) se
confirmará en lo demás la sentencia apelada.
Condena en costas
56. Finalmente, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de
conformidad con el artículo 171 del CCA, en concordancia con el artículo 365 del
CGP aplicables al caso por la remisión del artículo 267 del CCA, y atendiendo la
conducta asumida por las partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la
actuación procesal, por lo que se abstendrá de condenar en costas en esta
instancia.
57. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
I. FALLA
PRIMERO. REVOCAR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia
impugnada, conforme lo dispuesto en el presente proveído.
SEGUNDO. MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia impugnada en el
sentido de DECLARAR probada la excepción de prescripción frente a los periodos
reclamados entre el 1 de enero de 2004 al 2 de diciembre de 2004, con excepción de
la obligación de la demandada de efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General
de Seguridad Social en materia de pensiones, por las razones expuestas en el presente
proveído.
TERCERO. MODIFICAR Y ADICIONAR el numeral cuarto, el cual quedará así:
33 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz,
radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
34
Conforme a las pretensiones de la demanda.
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CUARTO. A título de restablecimiento del derecho CONDÉNESE a la
Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a: i)
reconocer y pagar a la demandante el derecho a recibir la diferencia de la
bonificación por compensación, conforme a lo dispuesto en los Decretos 610
de 1998, equivalente al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto
devenga un magistrado de Alta Corte, teniendo en cuenta que éstos deben
percibir lo mismo que devengan los congresistas, incluyendo el auxilio de
cesantías de dicho dignatarios como parámetro para determinar la liquidación
de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4a de 1992,
sin que de manera alguna sobrepase el límite porcentual fijado en el Decreto
referido, desde el 3 de diciembre de 2004 y hasta cuando desempeñe el cargo
de magistrada de Tribunal y/o equivalente; ii) Reconocer y pagar los aportes
al Sistema de Seguridad Social en Pensiones a partir del 1 de enero de 2004
respecto de las diferencias no cotizadas, hasta cuando desempeñe el cargo de
magistrada de Tribunal y/o equivalente, de conformidad con la ley.
CUARTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 15 de noviembre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
QUINTO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia.
SEXTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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