Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2011-01383-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2011-01383-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-25-000-2011-01383-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-25-000-2011-01383-02 (2556-2022)
Demandante: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero
Demandado: Nación — Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Temas: Falta de congruencia. Bonificación de gestión judicial.
Naturaleza salarial. Debido proceso en la adecuación de la
demanda. REVOCA PARCIALMENTE Y MODIFICA
SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (Decreto 01 de 1984)
Como ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de impedimento para
conocer del presente asunto1, se procede a resolver los recursos de apelación
interpuestos por las partes contra la sentencia proferida el trece (13) de marzo de
dos mil veinte (2020) por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Ramiro de Jesús Pazos Guerrero instauró demanda2 en contra de
la Nación — Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), con el fin
de que se acceda a las siguientes:
1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998, ni prima
especial del artículo 14 y 15 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente proceso. De otro lado, mediante proveídos
del 9 de abril del año en curso entre otros procesos dentro de los radicados 0276-2023, 2102-2021, 2526-2025,
2694-2023, 6334-2018; la sala declaró infundado el impedimento manifestado por el consejero Luis Eduardo
Mesa Nieves por la causal de pleito pendiente, tras considerar frente al proceso en curso que «si bien existe
coincidencia entre las partes, no integran el mismo extremo procesal en uno y otro proceso; no coincide el medio
de control bajo el cual se tramitan ni la causa y objeto que se examina en ellos».
2 Folios 22 a 37.
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PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del oficio DEAJ09-016774 del 17 de septiembre de
2009, por medio del cual la entidad negó el pago de las diferencias por concepto de
bonificación de gestión judicial; como restablecimiento del derecho, sea condenada
a pagar, desde el 1 de enero de 2004, la diferencia salarial que resulte de la
bonificación contemplada en el Decreto 4040 de 2004, «en un porcentaje del 70 %
de la suma que resulte por la nivelación de la prima especial de servicios de los
Magistrados de las Altas Cortes».
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
3. Que se desempeñó como magistrado auxiliar del Consejo de Estado desde
el 4 de abril de 1994 hasta el 28 de febrero de 2001, y como magistrado del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, desde el 1.° de marzo de 2001 al menos hasta la
fecha de presentación de la demanda. Que el 21 de junio de 2011, solicitó a la
entidad reconocer las diferencias salariales y prestacionales adeudadas por
concepto de la bonificación de gestión judicial, en un porcentaje del 70 % de la suma
que resulte de la nivelación de la prima especial de servicios de los magistrados de
altas cortes, petición que se negó a través del acto acusado.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
4. Considera violados los artículos 25 y 53 de la Constitución Política; 152
numeral 7 de la Ley 270 de 1996; 2, 4 y 15 de la Ley 4.ta de 1992; 1 y 2 del Decreto
40404 de 2004.
5. Que el acto acusado desconoce los parámetros legales para la liquidación de
los ingresos que integran la bonificación por gestión judicial. Al respecto, el artículo
1.° del Decreto 4040 de 2004 establece dicho rubro, sumado a la asignación básica
y los demás ingresos, debe igualar el 70 % de lo que por todo concepto devenguen
los magistrados de altas cortes, y que la prima especial de servicios que debe ser
percibida por dichos servidores judiciales tiene incidencia directa en el porcentaje
fijado en la norma, por lo que su exclusión constituye un incumplimiento de las
disposiciones que rigen el derecho en cuestión.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
6. La demanda fue admitida el 18 de diciembre de 20133. La entidad manifestó4
que la facultad para fijar las remuneraciones de los servidores públicos radica en el
Gobierno nacional, y que si bien, el Decreto 4040 de 2004 fue declarado nulo, la
3 Folio 57.
4 Folios 61 a 67.
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sentencia tiene efectos hacia el futuro y produjo efectos mientras estuvo vigente.
Propuso las excepciones que denominó: (i) prescripción trienal, (ii) ausencia de
causa petendi, (iii) cobro de lo no debido, y (iv) la innominada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 13 de
marzo de 2020 accedió parcialmente a las pretensiones. Expresó que, conforme lo
señaló el actor en los alegatos de conclusión, cambiaron los presupuestos fácticos
de la demanda con ocasión de la nulidad del Decreto 4040 de 2004, y que la
reclamación ya no debe entenderse sobre la bonificación de gestión judicial, sino
con relación a la bonificación por compensación para no sacrificar las pretensiones
reclamadas.
8. Concluyó que, el demandante tiene derecho a la bonificación por
compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, equivalente al 80 % de lo que
por todo concepto devengan los magistrados de las altas cortes, incluyendo las
diferencias adeudadas por concepto de la prima especial de servicios liquidada con
base en todos los ingresos totales anuales de carácter permanente devengados por
los congresistas, durante el período laborado como magistrado de tribunal.
9. En aplicación de la sentencia del 2 de septiembre de 2019 proferida por la
Sala de Conjueces de la Sección Segunda Consejo de Estado, determinó que la
prescripción procede respecto de los derechos laborales que pudiera tener con
anterioridad al 2 de diciembre de 2004, por lo que ordenó el reconocimiento del
reajuste reclamado desde el 3 de diciembre de 2004 y hasta la fecha en que se
encuentre vinculado a la Rama Judicial en el cargo citado o su equivalente.
RECURSOS DE APELACIÓN
10. La parte demandada6 interpuso recurso de apelación por considerar que
operó la cosa juzgada al existir un proceso anterior al actual, en el cual la misma
corporación en sentencia del 6 de agosto de 2018 reconoció el pago de la diferencia
del 10 % correspondiente a la bonificación por compensación en los términos del
Decreto 610 de 1998, para los años comprendidos entre 2001 y 2012.
11. A su vez, advirtió que la sentencia recurrida vulneró el principio de
congruencia y decidió extra petita, sin respetar el tribunal el límite de las facultades
legales para administrar justicia pues falló por fuera de las pretensiones incoadas
por el actor.
5 Folios 174 a 188.
6 Folios 204 a 209.
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12. Por su parte, el demandante7 manifestó su desacuerdo con la prescripción
declarada, pues sostuvo que había solicitado de manera previa la bonificación por
compensación, pero que con la expedición del Decreto 4040 de 2004 suscribió un
contrato de transacción y desistió del proceso judicial iniciado en 2003. Que, en vista
de lo anterior, se demuestra que interrumpió la prescripción, por lo que sus derechos
deben ser reconocidos desde el 2001.
13. Además, precisó que en la parte resolutiva de la sentencia no se ordenó
reconocer y pagar la incidencia de la prima especial de servicios del artículo 15 de
la Ley 4.ta de 1992, lo que dificulta el pago efectivo por parte de la entidad al
momento de solicitarse el cumplimiento.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
14. El 2 de mayo de 20238 y el 6 de mayo de 20269 se admitieron los recursos
de apelación. Las partes presentaron sus alegatos de conclusión10 y el Ministerio
público guardó silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Cuestión previa
15. Se precisa que no hay lugar a pronunciarse sobre los argumentos y
documentos que la parte actora invoca para acreditar la supuesta interrupción de la
prescripción de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de
1998, por cuanto se refieren a una prestación distinta de aquella que fue materia de
reclamación en este asunto.
16. En efecto, lo solicitado tanto en sede administrativa como judicial estuvo
dirigido a obtener la reliquidación de la bonificación de gestión judicial regulada por
el Decreto 4040 de 2004, como consecuencia de la incidencia de la prima especial
de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992.
17. Acceder al planteamiento del demandante supondría ampliar el debate y,
particularmente, reintroducir el análisis del Decreto 610 de 1998 que dio lugar al
vicio de incongruencia advertido en la sentencia de primera instancia. Por ello, una
vez identificado dicho defecto, corresponde a la sala restablecer los límites de la
controversia y resolverla conforme a lo reclamado.
7 Folios 222 a 225.
8 Folio 245.
9 Ver índice 54 de SAMAI.
10 Ver índices 30 y 40.
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18. El análisis se circunscribirá, entonces, a establecer si el reajuste salarial
reconocido con fundamento en el Decreto 610 de 1998 era procedente, pese a no
constituir el sustento normativo de lo reclamado, o si, en atención al principio de
congruencia, el asunto debía resolverse conforme a lo previsto en el Decreto 4040
de 2004. De prosperar esta última tesis, se examinarán las pretensiones en los
términos en que fueron formuladas en la demanda.
Marco normativo y jurisprudencial
Del principio de congruencia
19. El artículo 305 del CPC, respecto de la congruencia de la sentencia, prevé lo
siguiente:
«ARTÍCULO 305. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás
oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que
aparezcan probadas, y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá
solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el que verse el proceso, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que haya sido probado oportunamente y
alegado antes de la sentencia o que la ley permita considerarlo de oficio.»
20. Al respecto, esta corporación en diferentes decisiones, entre otras, las
emitidas el 25 de enero de 201811, 4 de marzo de 202112 y 22 de noviembre de la
misma anualidad13, ha sostenido que el principio de congruencia constituye un límite
al contenido de las decisiones judiciales, de manera que lo resuelto guarde identidad
jurídica con las peticiones y excepciones propuestas por las partes en el marco del
litigio, salvo que la ley otorgue facultades oficiosas al juez. Dicho de otro modo, este
principio es entendido como la correspondencia entre lo que se decide por el juez y
lo que constituye la materia del litigio, sin incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o
minuspetita14, como regla general.
11 Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado: 25000-23-41-000-2013-00911-01.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021, radicación: 11001-
03-25-000-2013-01223-00 (3095-13), MP. César Palomino Cortes.
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación:
11001-03-26-000-2019-00001-00 (63.104), M.P. María Adriana Marín.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de 7
de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de 2002,
radicación: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una providencia judicial, no se respeta el
principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en
reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho
que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una
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21. Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, i) externa: cuando la
decisión está en armonía con lo pedido y alegado por las partes y ii) interna: cuando
existe coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte
motiva de la providencia15.
Incidencia de la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4. ta de
1992
22. El artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992 estableció que los magistrados de altas
cortes, entre otros funcionarios, deben percibir ingresos equivalentes a los de los
congresistas, finalidad que se materializa mediante la prima especial de servicios.
En desarrollo de esta disposición, el Decreto 10 de 1993 estableció que dicha prima
corresponde a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales de unos y
otros, entendidos como todos los ingresos de carácter permanente, sin distinguir
entre salario y prestaciones sociales.
23. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
sentencia del 4 de mayo de 200916, afirmó que el artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992
y el Decreto 10 de 1993 aluden a los ingresos laborales totales anuales como a todo
lo percibido en el marco de la relación laboral, por lo que carece de fundamento
excluir las cesantías por no constituir factor salarial, pues la prima especial de
servicios busca igualar la totalidad de los ingresos entre los magistrados de altas
cortes y los congresistas, por lo que no es viable introducir distinciones no previstas
por el legislador.
24. A su vez, la misma corporación mediante sentencia del 18 de mayo de
17
2016 , determinó que la liquidación de la prima especial de servicios de los
magistrados de altas cortes incide en la bonificación por compensación, en la
medida en que esta se fija con base en lo que por todo concepto devenguen dichos
funcionarios; criterio que, para el caso particular, también resulta aplicable a la
bonificación de gestión judicial del Decreto 4040 de 2004, variando únicamente el
porcentaje de equiparación.
Resolución del caso concreto
25. Debe analizar la Sala en primera medida la falta de congruencia entre lo
pedido y lo decidido, advertida por la entidad en su recurso de alzada.
causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre
una de las pretensiones.»
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de noviembre
de 2007. Expediente: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío Ospina Garzón. Demandado:
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
16 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 4 de mayo de 2009. 25000-23-
25-000-2004-05209-02(0552-07). CP. Luis Fernando Velandia Rodríguez.
17 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-
23-25-000-2010-00246-02(0845-15). CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.
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26. Al respecto se tiene que, el demandante solicitó la nulidad del oficio DEAJ09-
016774 del 17 de septiembre de 2009, mediante el cual se le negó el reconocimiento
del 70 % de lo que por todo concepto devengan los magistrados de altas cortes. En
la petición elevada por el actor18, este fue claro en precisar que la prima especial de
servicios del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 tiene incidencia directa en el 70% del
salario de los magistrados auxiliares de alta corte que se acogieron al Decreto 4040
de 2004 y reclamó expresamente la suma que resulte de dicha nivelación.
27. No obstante, el tribunal consideró procedente adecuar la demanda y su
fundamento normativo, con ocasión a la declaratoria de nulidad del Decreto 4040
de 2004 y la variación de los presupuestos fácticos de la demanda, por lo que
resolvió el asunto con base en lo previsto en el Decreto 610 de 1998.
28. A juicio de la Sala, dicha actuación vulneró el derecho fundamental al debido
proceso por desconocer el principio de congruencia como resultado de una indebida
aplicación de la facultad de adecuación de la demanda, la cual debía ejercerse con
plena observancia de las garantías procesales, sin introducir en la sentencia
modificaciones sustanciales que priven a la contraparte de la posibilidad de ejercer
su derecho de defensa.
29. En este caso, la sentencia apelada alteró el marco del debate inicialmente
planteado, al adoptar un fundamento normativo distinto del invocado en la
demanda19, pese a que las pretensiones del actor no se dirigían al reconocimiento
de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, sino a la
correcta liquidación de la bonificación de gestión judicial consagrada en el Decreto
4040 de 2004, con la incidencia de la prima especial de servicios del artículo 15 de
la Ley 4.ta de 1992. En consecuencia, el fallo desconoció lo dispuesto en el artículo
305 del CPC.
30. En ese orden de ideas, se modificará la sentencia apelada con el fin de
remediar el vicio advertido y restablecer el objeto del proceso conforme a lo
realmente debatido.
31. Pues bien, se encuentra acreditado que, conforme a la constancia20 suscrita
por el secretario general del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 17 de junio
de 2011, el demandante desempeñó el cargo de magistrado de dicha corporación
desde el 1.° de marzo de 2001, y según las certificaciones de salarios devengados21,
se constata que para el año 2018 seguía activo en el servicio, siendo titular de la
bonificación de gestión judicial; derecho que en principio no se discute por las
18 Folio 18.
19 Sobre el particular, se precisa que, si bien la sala se ha pronunciado en procesos con situaciones fácticas
similares (radicados: 76001 23 31 000 2011 01114 02 (4037-2022) y 76001-23-31-000-2010-02044-02 (1664-
2024), en dichos asuntos la incongruencia no fue objeto de apelación, de manera que ese punto no hizo parte
del análisis en segunda instancia. Situación diferente a la que se presenta en el caso bajo estudio, en el que la
entidad recurrió expresamente lo decidido en relación con ese aspecto.
20 Folio 24.
21 Folios 118 a 120; 123 a 128; 129 a 144.
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Radicado: 25000-23-25-000-2011-01383-02 (2556-2022)
partes, incluso la entidad en los actos administrativos acusados señaló que el actor
se encontraba sometido en el régimen previsto en el Decreto 4040 de 2004 y que
percibía la bonificación consagrada en dicha norma.
32. Así las cosas, el litigio se circunscribe a determinar la liquidación de dicho
emolumento, sobre lo cual, estima la Sala que le asiste razón al actor, toda vez que
la jurisprudencia de esta corporación22 ha reiterado que la prima especial de
servicios del artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992 se liquida a partir de la equiparación
de la totalidad de los emolumentos percibidos por los congresistas, dentro de los
cuales se destaca que, las cesantías han sido reconocidas23 como ingresos
laborales anuales de carácter permanente, y, por tanto, consideradas como factor
de liquidación de la referida prima destinada a favor de los magistrados de altas
cortes, entre otros, pero que tiene incidencia directa en la bonificación de gestión
judicial, pues esta integra los ingresos laborales de los magistrados de las altas
cortes, los cuales, conforme al Decreto 4040 de 2004, constituyen la base para
determinar dicha bonificación, fijada en un 70 % de lo que aquellos perciben por
todo concepto.
33. Tal incidencia no implica la superación del límite porcentual previsto en la
norma, pues lo que debe entenderse es que, una vez sumados todos los ingresos
laborales, incluida la prima especial, sobre el valor resultante se aplica el porcentaje
correspondiente para determinar el monto de la bonificación.
34. Además, se aclara que, conforme a lo dispuesto en el inciso 3.° del artículo
1.° del Decreto 4040 de 2004, la bonificación de gestión judicial únicamente
constituye factor salarial para efectos de cotización a pensión y no para liquidación
de las prestaciones sociales, y, deberá la entidad efectuar los aportes a seguridad
social, de conformidad con la ley.
35. Ahora bien, la Sala no desconoce que el Decreto 4040 de 2004 fue excluido
del ordenamiento jurídico mediante sentencia del 14 de diciembre de 201124,
ejecutoriada el 27 de enero de 2012, no obstante, se precisa que, en atención a que
lo reclamado no es el reconocimiento del derecho en sí mismo, sino su reliquidación,
esta se concederá únicamente desde el 1. ° de enero de 2004,25 a solicitud del actor,
y hasta que la norma fue declarada nula.
22 Sentencias proferidas el 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-23-25-000-2010-00246-02 (0845-2015). C.P. Jorge
Iván Acuña Arrieta; el 3 de diciembre de 2024. Exp. 25000-23-42-000-2018-00716-02 (0499-2022). C.P. Clara
Elisa Cifuentes Ortiz Bogotá; el 8 de octubre de 2024. Exp 17001-23-33-000-2012-00115-02 (4006-2015). C.P.
Miguel Arcángel Villalobos Chavarro.
23 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 4 de mayo de 2009. 25000-23-25-
000-2004-05209-02(0552-07). CP. Luis Fernando Velandia Rodríguez.
24 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp.
11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
25 Si bien el Decreto 4040 entró en vigencia el 3 de diciembre de 2004, el reajuste se reconocerá a partir del 1
de enero de 2004, en atención a lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 2 que estableció sus efectos fiscales
a partir de dicha fecha.
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Radicado: 25000-23-25-000-2011-01383-02 (2556-2022)
36. Por todo lo expuesto, se revocarán los numerales primero y segundo del fallo
apelado, pues los mismos aluden al cumplimiento de las sentencias del Consejo de
Estado relacionadas con la nulidad del Decreto 4040 de 2004 y las reglas de
prescripción de la bonificación por compensación, asuntos sobre los cuales no versa
el problema jurídico que se resuelve en este caso; además, se modificará el ordinal
cuarto para incluir lo relativo a la declaratoria de nulidad del acto acusado, en
consideración a que el juez lo omitió, y ordenar a la entidad reajustar la
remuneración del actor con base en el Decreto 4040,26 con incidencia de la prima
especial del artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992, incluidas las cesantías en dicho
concepto, desde el desde el 1. ° de enero de 2004 hasta el 27 de enero de 2012,
fecha de ejecutoria de la sentencia del 14 de diciembre de 2011. En lo demás, se
confirmará la sentencia, pero por las razones aquí expuestas.
De la condena en costas en segunda instancia
37. No hay lugar a condenar en costas porque no se demostró temeridad o mala
fe de las partes, tal y como lo regula el artículo 171 del CCA, vigente para este
proceso, que consagra un criterio subjetivo para tales efectos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR los numerales primero y segundo de la sentencia del trece
(13) de marzo de dos mil veinte (2020) proferida por la Sala de Conjueces del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia del trece (13) de marzo
de dos mil veinte (2020) proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará de la siguiente forma:
«CUARTO: DECLARAR la nulidad del oficio DEAJ09-016774 del 17 de
septiembre de 2009 que negó la reliquidación de la bonificación de gestión
judicial, al señor RAMIRO DE JESÚS PAZOS GUERRERO.
En consecuencia, a título de restablecimiento se ORDENA a la Nación —
Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a reconocer
y pagar el reajuste de la bonificación de gestión judicial a favor del señor
Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, equivalente al setenta por ciento (70 %)
26 En sentido similar se pronunció la subsección, en sentencia del 23 de abril de 2026. Expediente:
76001233100020110111202 (6148-2022).
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Radicado: 25000-23-25-000-2011-01383-02 (2556-2022)
de lo que por todo concepto devengan los magistrados de altas cortes, en
concordancia con los ingresos percibidos por los congresistas, incluyendo el
auxilio de cesantías que reciben dichos funcionarios como factor para la
liquidación de la prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la
Ley 4.ta de 1992, desde el 1.° de enero de 2004 y hasta que el Decreto 4040
de 2004 fue declarado nulo, es decir, hasta el 27 de enero de 2012.
La demandada deberá pagar únicamente la diferencia entre los valores
previamente reconocidos, si existieren, y los que resulten de la liquidación
ordenada, así como atender el límite porcentual impuesto por el legislador
anualmente, por lo que deberá verificar que, efectuada la liquidación, no se
supere el tope del 70% según lo expuesto es la parte motiva de esta
sentencia.
La bonificación de gestión judicial únicamente constituye factor salarial para
efectos de cotización a pensión y no incide en la liquidación de prestaciones
sociales. La entidad deberá efectuar los aportes a seguridad social, de
conformidad con la ley.
Tercero. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del trece (13) de marzo de dos mil
veinte (2020) proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones,
pero por las razones aquí expuestas.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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