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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2011-01112-02

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2011-01112-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo. MODIFICAR EL ORDINAL SEGUNDO de la sentencia apelada, el cual quedará de la siguiente forma: «SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en las resoluciones 3397 del 13 de abril de 2010, 3643 de 7 de mayo de 2010, y 5348 de diciembre 31 de 2010, que negaron la reliquidación de la bonificación de gestión judicial, al señor LUIS FELIPE SALCEDO WAGNER, Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho ordena: PRIMERO: ORDENAR a la Nación — Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a reconocer y pagar el reajuste de la bonificación 22 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicado: 76001-23-31-000-2011-01112-02 (6148-2022) de gestión judicial a favor del señor Luis Felipe Salcedo Wagner, la cual equivale a un setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto devengan los magistrados de altas cortes, en concordancia con los ingresos percibidos por los congresistas, incluyendo el auxilio de cesantías que reciben dichos funcionarios como factor para la liquidación de la prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992, desde el 1.° de enero de 2004 y hasta que el Decreto 4040 de 2004 fue declarado nulo, es decir, hasta el 28 de enero de 2012. La demandada deberá pagar únicamente la diferencia entre los valores previamente reconocidos, si existieren, y los que resulten de la liquidación ordenada, así como atender el límite porcentual impuesto por el legislador anualmente, por lo que deberá verificar que, efectuada la liquidación, no se supere el tope del 70% según lo expuesto es la parte motiva de esta sentencia. La bonificación de gestión judicial únicamente constituye factor salarial para […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-31-000-2011-01112-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-31-000-2011-01112-02 (6148-2022)
Demandante: Luis Felipe Salcedo Wagner
Demandado: Nación — Rama Judicial — Consejo Superior de la Judicatura
— Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Temas: Falta de congruencia. Bonificación de gestión judicial.
Naturaleza salarial. Debido proceso en la adecuación de la
demanda. MODIFICA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (Decreto 01 de 1984)

Como ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de impedimento para
conocer del presente asunto1, se procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la demandada contra la sentencia proferida el veintisiete (27) de julio
de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por
medio de la cual accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Luis Felipe Salcedo Wagner instauró demanda2 en contra de la Nación
— Rama Judicial — Consejo Superior de la Judicatura — Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo
(Decreto 01 de 1984), con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones 3397 del 13 de abril de 2010,
3643 del 7 de mayo de 2010 y 5348 del 31 de diciembre de 2010, por medio de
las cuales la entidad negó el derecho a percibir una remuneración mensual

1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998, ni prima
especial del artículo 14 y 15 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente proceso. De otro lado, mediante proveídos
del 9 de abril del año en curso entre otros procesos dentro de los radicados 0276-2023, 2102-2021, 2526-2025,
2694-2023, 6334-2018; la sala declaró infundado el impedimento manifestado por el consejero Luis Eduardo
Mesa Nieves por la causal de pleito pendiente, tras considerar frente al proceso en curso que «si bien existe
coincidencia entre las partes, no integran el mismo extremo procesal en uno y otro proceso; no coincide el medio
de control bajo el cual se tramitan ni la causa y objeto que se examina en ellos».
2 Folios 1 a 16.

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equivalente al 70 % de lo que por todo concepto devengan los magistrados de
altas cortes. Como restablecimiento del derecho, sea condenada al pago en
debida forma de la bonificación de gestión judicial, incluyendo en los ingresos de
los mencionados servidores judiciales, la prima de navidad y el auxilio de
cesantías, desde el 1.° de enero de 2004 al menos hasta la presentación de la
demanda.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

3. Que desde antes de la vigencia del Decreto 4040 de 2004 se encuentra
vinculado como magistrado de la sala laboral del Tribunal Superior de Buga.

4. Que es beneficiario del Decreto 4040 de 2004, pero la entidad no tomó como
parámetro la remuneración total anual devengada por los magistrados de altas
cortes para liquidar la bonificación de gestión judicial, por lo que el 1.° de marzo
de 2010 presentó reclamación administrativa; sin embargo, la respuesta de la
entidad fue incongruente, pues abordó la solicitud como si se pretendiera el
reconocimiento del 80 % de la bonificación por compensación del Decreto 610
de 1998. Por tal motivo, interpuso recurso de reposición y apelación, aclarando
que su petición no buscaba un porcentaje distinto al 70 %, sino la correcta
liquidación del mismo.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

5. Considera violados los artículos 25, 53, 150, 209 y 215 de la Constitución
Política; 14 del Código Sustantivo del Trabajo y 27 del Código Civil; las Leyes
4.ta de 1992 y 270 de 1996, y el Decreto 4040 de 2004.

6. Que la administración incurrió en una falsa motivación al expedir los actos
acusados, toda vez que, el actor nunca solicitó la aplicación de la bonificación
por compensación del Decreto 610 de 1998. Su reclamo se limitó a exigir la
correcta ejecución del régimen que lo cobijaba en su momento, es decir, el
previsto en el Decreto 4040 de 2004, siendo incongruente la decisión de la
demandada, pues la reclamación administrativa versó sobre el pago de la
bonificación por gestión judicial por debajo del 70 % de lo que devengan los
magistrados de altas cortes, esto al omitirse la inclusión de la prima de navidad
y las cesantías como ingresos anuales para la liquidación, desconociendo así el
artículo 1.º del citado Decreto 4040.

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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

7. La demanda fue admitida el 6 de junio de 20143. La entidad manifestó4 que,
según las normas aplicables, la prima especial no tiene carácter salarial, lo que
implica que esta no hace parte de las prestaciones sociales, estando entre ellas
las cesantías, por lo que no pueden ser iguales a la de los congresistas. Que en
todo caso, la entidad ha liquidado las bonificaciones decretadas por el Gobierno
nacional con respeto a las normas vigentes, ya que su facultad como autoridad
no es interpretarlas ni inaplicarlas. A su vez estimó que operó la prescripción
trienal de derecho laborales, teniendo en cuenta que solo hasta abril de 2010 el
interesado elevó su solicitud de reconocimiento. Propuso como excepciones las
que denominó: (i) inexistencia de causa para demandar, (ii) prescripción trienal
de los derechos laborales, y (iii) la innominada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 27 de julio
de 2022 accedió a las pretensiones. De manera previa a resolver el asunto,
consideró necesario adecuar las pretensiones de la demandada, prescindiendo
de normas declaradas nulas. En este sentido, advirtió que, si bien la demanda
se fundamentó en el Decreto 4040 de 2004—vigente al momento de su
presentación—, dicha norma fue anulada con posterioridad por decisión judicial,
por lo que estimó oportuno resolver la controversia conforme a lo previsto en el
Decreto 610 de 1998.

9. A partir de lo anterior, concluyó que al actor le asiste el derecho a la reliquidación
salarial conforme a dicho decreto por ocupar el cargo de magistrado de tribunal,
sin que operara la prescripción de sus derechos, por lo que ordenó el pago de la
bonificación por compensación desde el 1.° de enero de 2004 hasta que
permanezca en el cargo. A su vez, inaplicó por inconstitucional la expresión «la
bonificación por compensación sólo constituirá factor salarial para efectos de
determinar las pensiones (…)», y en su lugar, precisó que dicho emolumento
debía ser considerado como factor salarial.

RECURSO DE APELACIÓN

10. La parte demandada6 interpuso recurso de apelación por considerar que, si bien
reconoce la función interpretativa del juez, la jurisdicción de lo contencioso
administrativo debe ceñirse a lo solicitado, por lo que no resulta adecuado que
la sentencia haya analizado los actos acusados con normas no invocadas ni
acordes con el concepto de violación planteado.

3 Folios 182 a 185.
4 Folios 193 a 197.
5 Folios 412 a 429.
6 Folios 431 a 437.

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11. A su vez, defendió la legalidad de los actos administrativos acusados,
argumentando que estos se ajustaron a la normativa vigente al momento de su
expedición, y que la nulidad del Decreto 4040 de 2004 tiene efectos hacia el
futuro (ex nunc), por lo que no puede aplicarse de forma retroactiva el régimen
del Decreto 610 de 1998 para un periodo en el que el demandante se encontraba
bajo el amparo de una norma diferente, y que en todo caso, la bonificación por
compensación y la bonificación por gestión judicial son incompatibles.

12. Señaló que la bonificación por compensación solo tiene efectos salariales para
el pago de aportes a seguridad social, y que de liquidarse las prestaciones
sociales incluyendo dicho emolumento, se superaría el tope legal establecido en
la norma.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

13. El 10 de septiembre de 20247 se admitió el recurso. El demandante presentó
alegatos de conclusión8 exponiendo que, con posterioridad a la presentación de
la demanda, el Decreto 4040 de 2004 que servía de fundamento a los actos
administrativos acusados fue declarado nulo con efectos ex tunc, por lo que
desapareció del ordenamiento jurídico, quedando vigente el Decreto 610 de
1998, pero que, en todo caso, su situación de desventaja persiste porque en la
liquidación no se han incluido las cesantías como ingreso laboral. La demandada
y el Ministerio público guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Avoca conocimiento

14. De conformidad con lo previsto en el artículo 116 del CPACA, cuando se
modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los
conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique causal de
impedimento o recusación, como ocurre en este caso9; por ello se avocará
conocimiento del proceso.

15. La Sala debe determinar si el reajuste salarial reconocido con fundamento en el
Decreto 610 de 1998 era procedente, pese a no constituir el sustento normativo
de lo reclamado, o si el caso debía resolverse conforme a lo previsto en el
Decreto 4040 de 2004, en atención al principio de congruencia. De prosperar
esta última tesis, se analizarán las pretensiones en los términos en que fueron
formuladas las pretensiones en la demanda.

7 Ver índice 30 de SAMAI.
8 Ver índice 35 de SAMAI.
9La Sección Segunda, actualmente, declara infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de

la Sala, en los casos en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así se observa en
la siguiente decisión: Consejo de Estado. Auto del 6 de febrero de 2025. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
41001-23-33-000-2012-00203-04 (1969-2022).

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Marco normativo y jurisprudencial

Del principio de congruencia

16. El artículo 305 del CPC, respecto de la congruencia de la sentencia, prevé lo
siguiente:

«ARTÍCULO 305. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás
oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que
aparezcan probadas, y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá
solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el que verse el proceso, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que haya sido probado oportunamente y
alegado antes de la sentencia o que la ley permita considerarlo de oficio.»

17. Al respecto, esta corporación en diferentes decisiones, entre otras, las emitidas
el 25 de enero de 201810, 4 de marzo de 202111 y 22 de noviembre de la misma
anualidad12, ha sostenido que el principio de congruencia constituye un límite al
contenido de las decisiones judiciales, de manera que lo resuelto guarde
identidad jurídica con las peticiones y excepciones propuestas por las partes en
el marco del litigio, salvo que la ley otorgue facultades oficiosas al juez. Dicho de
otro modo, este principio es entendido como la correspondencia entre lo que se
decide por el juez y lo que constituye la materia del litigio, sin incurrir en fallos
ultrapetita, extrapetita o minuspetita13, como regla general.

18. Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, i) externa: cuando la decisión
está en armonía con lo pedido y alegado por las partes y ii) interna: cuando existe

10 Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado: 25000-23-41-000-2013-00911-01.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021, radicación: 11001-

03-25-000-2013-01223-00 (3095-13), MP. César Palomino Cortes.
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación:

11001-03-26-000-2019-00001-00 (63.104), M.P. María Adriana Marín.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de 7

de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de 2002,
radicación: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una providencia judicial, no se respeta el
principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en
reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho
que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una
causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre
una de las pretensiones.»

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coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva
de la providencia14.

Incidencia de la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4. ta de
1992

19. El artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992 estableció que los magistrados de altas
cortes, entre otros funcionarios, deben percibir ingresos equivalentes a los de
los congresistas, finalidad que se materializa mediante la prima especial de
servicios. En desarrollo de esta disposición, el Decreto 10 de 1993 estableció
que dicha prima corresponde a la diferencia entre los ingresos laborales totales
anuales de unos y otros, entendidos como todos los ingresos de carácter
permanente, sin distinguir entre salario y prestaciones sociales.

20. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
sentencia del 4 de mayo de 200915, afirmó que el artículo 15 de la Ley 4.ta de
1992 y el Decreto 10 de 1993 aluden a los ingresos laborales totales anuales
como a todo lo percibido en el marco de la relación laboral, por lo que carece de
fundamento excluir las cesantías por no constituir factor salarial, pues la prima
especial de servicios busca igualar la totalidad de los ingresos entre los
magistrados de altas cortes y los congresistas, por lo que no es viable introducir
distinciones no previstas por el legislador.

21. A su vez, la misma corporación mediante sentencia del 18 de mayo de 201616,
determinó que la liquidación de la prima especial de servicios de los magistrados
de altas cortes incide en la bonificación por compensación, en la medida en que
esta se fija con base en lo que por todo concepto devenguen dichos funcionarios;
criterio que, para el caso particular, también resulta aplicable a la bonificación
por gestión judicial del Decreto 4040 de 2004, variando únicamente el porcentaje
de equiparación.

Resolución del caso concreto

22. Debe analizar la Sala en primera medida la falta de congruencia entre lo pedido
y lo decidido, advertida por la entidad en su recurso de alzada.

23. Al respecto se tiene que, el demandante solicitó la nulidad de las Resoluciones
3397 del 13 de abril de 2010, 3643 del 7 de mayo de 2010 y 5348 del 31 de
diciembre de 2010, mediante las cuales se le negó el reconocimiento del 70 %
de lo que por todo concepto devengan los magistrados de altas cortes. En la

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de noviembre

de 2007. Expediente: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío Ospina Garzón. Demandado:
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
15 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 4 de mayo de 2009. 25000-23-
25-000-2004-05209-02(0552-07). CP. Luis Fernando Velandia Rodríguez.
16 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-

23-25-000-2010-00246-02(0845-15). CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.

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petición elevada por el actor17 a la entidad y en los recursos interpuestos, este
fue claro en precisar que su reclamación se dirigía exclusivamente a obtener
dicho porcentaje, conforme al Decreto 4040 de 2004, y no al reconocimiento de
uno distinto con fundamento en el Decreto 610 de 1998, postura que reiteró de
manera consistente en la demanda y en el concepto de violación.

24. No obstante, el tribunal de origen consideró procedente adecuar la demanda y
su fundamento normativo, con ocasión a la declaratoria de nulidad del Decreto
4040 de 2004, y resolvió el asunto con base en lo previsto en el 610 de 1998.

25. A juicio de la Sala, dicha actuación vulneró el derecho fundamental al debido
proceso por desconocer el principio de congruencia como resultado de una
indebida aplicación de la facultad de adecuación de la demanda, la cual debía
ejercerse con plena observancia de las garantías procesales, sin introducir en la
sentencia modificaciones sustanciales que priven a la contraparte de la
posibilidad de ejercer su derecho de defensa.

26. En este caso, la sentencia apelada alteró el marco del debate inicialmente
planteado, al adoptar un fundamento normativo distinto del invocado en la
demanda, pese a que el actor fue enfático en señalar que su pretensión no se
dirigía al reconocimiento de la bonificación por compensación prevista en el
Decreto 610 de 1998, sino a la correcta liquidación de la bonificación de gestión
judicial consagrada en el Decreto 4040 de 2004, con la incidencia de la prima
especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992. En consecuencia, el
fallo desconoció lo dispuesto en el artículo 305 del CPC.

27. En ese orden de ideas, se modificará la sentencia apelada con el fin de remediar
el vicio advertido y restablecer el objeto del proceso conforme a lo realmente
debatido.

28. Pues bien, se encuentra acreditado que, conforme a la constancia18 suscrita por
la coordinadora de talento humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial del Valle del Cauca, el demandante desempeñó el cargo
de magistrado del Tribunal Superior de Buga desde el 1.° de septiembre de 1977
hasta el 31 de agosto de 2014, siendo titular de la bonificación de gestión judicial;
derecho que en principio no se discute por las partes, incluso la entidad en los
actos administrativos acusados señaló que el actor se encontraba sometido en
el régimen previsto en el Decreto 4040 de 2004 y que percibía la bonificación
consagrada en dicha norma.

29. Así las cosas, el litigio se circunscribe a determinar la liquidación de dicho
emolumento, sobre lo cual, estima la Sala que le asiste razón al demandante,

17 Folios 4 a 5 y 12 a 14.
18 Folio 250.

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toda vez que la jurisprudencia de esta corporación19 ha reiterado que la prima
especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992 se liquida a partir de
la equiparación de la totalidad de los emolumentos percibidos por los
congresistas, dentro de los cuales se destaca que, las cesantías han sido
reconocidas20 como ingresos laborales anuales de carácter permanente, y, por
tanto, consideradas como factor de liquidación de la referida prima destinada a
favor de los magistrados de altas cortes, entre otros, pero que tiene incidencia
directa en la bonificación de gestión judicial, pues esta integra los ingresos
laborales de los magistrados de altas cortes, los cuales, conforme al Decreto
4040 de 2004, constituyen la base para determinar dicha bonificación, fijada en
un 70 % de lo que aquellos perciben por todo concepto.

30. Tal incidencia no implica la superación del límite porcentual previsto en la norma,
pues lo que debe entenderse es que, una vez sumados todos los ingresos
labores, incluida la prima especial, sobre el valor resultante se aplica el
porcentaje correspondiente para determinar el monto de la bonificación.

31. Además, se aclara que, conforme a lo dispuesto en el inciso 3.° del artículo 1.°
del Decreto 4040 de 2004, la bonificación de gestión judicial únicamente
constituye factor salarial para efectos de cotización a pensión y no para
liquidación de las prestaciones sociales, y, deberá la entidad efectuar los aportes
a seguridad social, de conformidad con la ley. Sin perjuicio de lo anterior, la
sentencia apelada inaplicó por inconstitucional tal disposición por considerar que
el Gobierno nacional excedió los postulados y principios establecidos en la Ley
4.ta de 1992.

32. Al respecto, comparte la Sala lo manifestado por esta corporación en sentencia
de unificación del 12 de mayo de 202221, al concluir que, tanto el Gobierno en
su configuración legislativa, así como el legislador, tienen la facultad de regular
el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, así como decidir
qué emolumentos constituyen factor salarial para efectos de liquidar
prestaciones sociales y cuáles no, potestad que no vulnera derechos de los
trabajadores pues no existe una obligación constitucional que exija que todos los
ingresos deban ser tenidos en cuenta como base para dichas prestaciones. Por
lo expuesto, no encuentra asidero la inaplicación determinada por el tribunal de
origen, por lo que se modificará el ordinal segundo de la sentencia recurrida para
prescindir de la misma.

19 Sentencias proferidas el 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-23-25-000-2010-00246-02 (0845-2015). C.P. Jorge

Iván Acuña Arrieta; el 3 de diciembre de 2024. Exp. 25000-23-42-000-2018-00716-02 (0499-2022). C.P. Clara
Elisa Cifuentes Ortiz Bogotá; el 8 de octubre de 2024. Exp 17001-23-33-000-2012-00115-02 (4006-2015). C.P.
Miguel Arcángel Villalobos Chavarro.
20 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 4 de mayo de 2009. 25000-23-25-

000-2004-05209-02(0552-07). CP. Luis Fernando Velandia Rodríguez.
21 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de unificación del 12 de mayo de 2022. Exp. 05001-33-33-

000-2013-01009-01(2263-2018).

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Radicado: 76001-23-31-000-2011-01112-02 (6148-2022)

33. Ahora, bien, la Sala no desconoce que el Decreto 4040 de 2004 fue excluido del
ordenamiento jurídico mediante sentencia del 14 de diciembre de 201122,
ejecutoriada el 28 de enero de 2012, situación que también fue advertida por el
demandante en los alegatos de conclusión de segunda instancia; no obstante,
se precisa que, en atención a que lo reclamado no es el reconocimiento del
derecho en sí mismo, sino su reliquidación, esta se concederá únicamente desde
el 1. ° de enero de 2004, a solicitud del actor, y hasta que la norma fue declarada
nula.

34. Por lo tanto, se modificará el ordinal el ordinal segundo del fallo apelado, para
ordenar a la entidad reajustar la remuneración del actor con base en el Decreto
4040, con incidencia de la prima especial del artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992,
incluidas las cesantías en dicho concepto, desde el desde el 1. ° de enero de
2004 hasta el 28 de enero de 2012, fecha de ejecutoria de la sentencia del 14
de diciembre de 2011. En lo demás, se confirmará la sentencia, pero por las
razones aquí expuestas.

De la condena en costas en segunda instancia

35. No hay lugar a condenar en costas porque no se demostró temeridad o mala fe
de las partes, tal y como lo regula el artículo 171 del CCA, vigente para este
proceso, que consagra un criterio subjetivo para tales efectos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.

Segundo. MODIFICAR EL ORDINAL SEGUNDO de la sentencia apelada, el cual
quedará de la siguiente forma:

«SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos
en las resoluciones 3397 del 13 de abril de 2010, 3643 de 7 de mayo de
2010, y 5348 de diciembre 31 de 2010, que negaron la reliquidación de la
bonificación de gestión judicial, al señor LUIS FELIPE SALCEDO WAGNER,
Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Buga.

En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho ordena:
PRIMERO: ORDENAR a la Nación — Rama Judicial — Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial a reconocer y pagar el reajuste de la bonificación
22 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp.

11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora.

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de gestión judicial a favor del señor Luis Felipe Salcedo Wagner, la cual
equivale a un setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto devengan
los magistrados de altas cortes, en concordancia con los ingresos percibidos
por los congresistas, incluyendo el auxilio de cesantías que reciben dichos
funcionarios como factor para la liquidación de la prima especial de servicios
prevista en el artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992, desde el 1.° de enero de
2004 y hasta que el Decreto 4040 de 2004 fue declarado nulo, es decir, hasta
el 28 de enero de 2012.

La demandada deberá pagar únicamente la diferencia entre los valores
previamente reconocidos, si existieren, y los que resulten de la liquidación
ordenada, así como atender el límite porcentual impuesto por el legislador
anualmente, por lo que deberá verificar que, efectuada la liquidación, no se
supere el tope del 70% según lo expuesto es la parte motiva de esta
sentencia.

La bonificación de gestión judicial únicamente constituye factor salarial para
efectos de cotización a pensión y no incide en la liquidación de prestaciones
sociales. La entidad deberá efectuar los aportes a seguridad social, de
conformidad con la ley.

SEGUNDO: Las sumas que deben pagarse al demandante, serán indexadas
mes a mes de acuerdo con lo expuesto en esta providencia»

Tercero. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el veintisiete (27) de julio
de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por
medio de la cual accedió a las pretensiones, pero por las razones aquí expuestas.

Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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